CAPÍTULO SEGUNDO:
L
AS VIOLACIONES
DE LOS DERECHOS HUMANOS
Y LOS HECHOS DE VIOLENCIA 13
I. Introducción 13
ESTRATEGIAS Y MECANISMOS DE LAS PARTES 18
L
AS ESTRATEGIAS CONTRAINSURGENTES
DURANTE EL ENFRENTAMIENTO
ARMADO INTERNO
18
II. Las estrategias y unidades
militares del Ejército
18
La estrategia militar 19
Las operaciones contrainsurgentes 21
Las operaciones de apoyo
a las operaciones contrainsurgentes 39
Las principales unidades militares
del Ejército que participaron
en el enfrentamiento armado 46
El control de las operaciones
contrainsurgentes 69
III. La inteligencia 74
Caracterización 75
Índice
La evolución del sistema de Inteligencia
durante el enfrentamiento armado 105
Los escuadrones de la muerte 111
El modus operandi de la Inteligencia 120
IV. Otras fuerzas
de seguridad del Estado 147
La Policía Nacional 147
La Guardia de Hacienda 155
E
L INVOLUCRAMIENTO DE LA
POBLACIÓN CIVIL EN EL
ENFRENTAMIENTO ARMADO INTERNO
158
V. Los comisionados militares 158
Creación y evolución
de los comisionados militares 158
Organización y funciones asignadas
por el Ejército 163
Distribución y número
de comisionados militares 167
Participación de los comisionados
militares en el enfrentamiento armado 169
La responsabilidad
de los comisionados militares
en las violaciones de derechos
humanos perpetradas durante
el enfrentamiento armado 180
VI. Las Patrullas
de Autodefensa Civil 181
Antecedentes y fundamento legal 182
Objetivos y propósitos
en la utilización de las PAC
por parte del Ejército 187
La organización de la población
contra la insurgencia 188
Organización de las PAC 200
Participación de las PAC
en el enfrentamiento armado 212
La disolución de las PAC 231
VII. Las estrategias de las
organizaciones guerrilleras
235
El Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) 238
Las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) 244
La Organización del Pueblo
en Armas (ORPA) 256
El Ejército Guerrillero
de los Pobres (EGP) 270
La coordinación militar entre
las cuatro organizaciones guerrilleras 298
VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS 301
VIII. Marco jurídico 301
Análisis del mandato de la CEH 303
Derecho Internacional
de los Derechos Humanos 305
Derecho Internacional Humanitario 308
Principios comunes a ambos
cuerpos normativos 312
Protección constitucional
de los derechos humanos 313
El genocidio 314
Derecho de los pueblos indígenas 315
IX. Síntesis estadística 317
Principales violaciones 318
Las víctimas 321
X. Las ejecuciones arbitrarias 325
Marco jurídico 325
Cronología y regionalización
de las ejecuciones arbitrarias 327
Los autores
de las ejecuciones arbitrarias 337
El mensaje de terror provocado
por las ejecuciones arbitrarias 356
Mecanismos que impidieron
la investigación de las ejecuciones
arbitrarias 369
Los sectores más afectados
por las ejecuciones arbitrarias 382
La ejecución arbitraria
y su relación con la violación
de otros derechos humanos 402
XI. Las desapariciones forzadas 404
Periodización y regionalización
de la desaparición forzada en Guatemala 406
Los autores de las desapariciones forzadas 411
Características de la desaparición forzada 412
A modo de síntesis 458
XII. La tortura y otros tratos crueles,
inhumanos y degradantes 459
Datos de casos de tortura
recibidos por la CEH 461
Objetivos de la tortura 463
Los métodos de tortura 470
Los responsables de la tortura 491
Las cárceles clandestinas 499
Las víctimas de la tortura 513
Actuación del Organismo
Judicial frente a los actos de tortura 517
APÉNDICES
1. Organigrama (Ley Constitutiva del Ejército,
Decreto 1387 del 1 de octubre de 1960) 519
2. Organigrama (Ley Constitutiva del Ejército,
Decreto 1782 del 5 de septiembre de 1968) 520
3. Organigrama (Ley Constitutiva del Ejército,
Decreto 149-83 del 5 de diciembre de 1983) 521
4. Organigrama (Ley Constitutiva del Ejército,
Decreto 26-86 del 10 de enero de 1986) 522
5. Organigrama (Ley Constitutiva del Ejército,
Decreto 72-90 del 13 de diciembre de 1990) 523
6. Distribución territorial
del Ejército a partir de 1961 524
7. Distribución territorial del Ejército
a partir de 1983 525
8. Organización de una
Fuerza de Tarea tipo 526
9. Red de Inteligencia 527
10. Líneas de coordinación
y mando de la Inteligencia militar 528
I. INTRODUCCIÓN
738.
El presente capítulo contiene el análisis de los dolorosos aconteci-
mientos del enfrentamiento armado interno que se desprenden de los tes-
timonios y otras fuentes de información recogidos por la Comisión. En-
frentarse a su texto, lo sabemos, es también doloroso, porque se trata de
una casi interminable secuencia de actos no solamente ilegales sino reves-
tidos de inhumana brutalidad. Sin embargo, esta es la realidad que la Co-
misión tenía el mandato de esclarecer, sobre todo para que el pueblo de
Guatemala lo conozca y recuerde, siempre con el objetivo de asegurar que
lo ocurrido no vuelva a repetirse.
739.
El capítulo ofrece la descripción de las estrategias contrainsurgente y
guerrillera, destacándose en la primera de ellas tanto la participación de la
Inteligencia militar como el involucramiento de la población civil en el en-
frentamiento. Se transita por narraciones de graves violaciones de derechos
humanos y hechos de violencia contra civiles indefensos, incluso mujeres
y niños, algunas de carácter masivo, como fueron las masacres y los despla-
zamientos forzados, y se da cuenta, finalmente, de actos de genocidio en
contra de grupos de la población maya.
740.
Las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia co-
metidos por las Partes del enfrentamiento armado han sido analizadas den-
tro del marco jurídico que les corresponde, ofreciéndose también datos es-
tadísticos y cuadros descriptivos que ilustran las terribles dimensiones de la
violencia que afectó al pueblo guatemalteco.
741.
Sin embargo, a pesar del esfuerzo de investigación desplegado en
cumplimiento de su mandato, la Comisión está consciente de no haber
podido esclarecer todas y cada una de las violaciones de derechos huma-
nos y hechos de violencia cometidos en el enfrentamiento armado inter-
no. Tampoco fue posible a la Comisión esclarecer en profundidad el en-
frentamiento armado interno en todas sus ramificaciones y, especialmen-
te, la influencia y participación de otros actores, aparte del Ejército y la
guerrilla.
Capítulo segundo: Las violaciones
de los derechos humanos
y los hechos de violencia
“No debéis tolerar que os obliguen a matar a los hombres,
ni debéis tolerar que os obliguen a destruir a las mujeres.”
Palabras de Xkik, la dos veces madre de Q´umarkaaj
Popol Wuj
742.
Esto último ocurre, por ejemplo, al tratarse el involucramiento de
otros estados en las violaciones de derechos humanos y hechos de violen-
cia y la asistencia que brindaron, unos al Gobierno de Guatemala y otros
a la guerrilla. Aun sabiendo que los gobiernos extranjeros no tenían la
obligación de proporcionar información sobre violaciones de derechos
humanos o hechos de violencia de los que hayan tenido conocimiento,
la CEH se dirigió a varios de ellos, solicitando la información pertinen-
te, pero el único que hizo una contribución efectiva fue el Gobierno de
los Estados Unidos de América, que proporcionó una serie de documen-
tos importantes de sus archivos. Ninguno de los otros gobiernos consul-
tados sobre dicho involucramiento dio una respuesta satisfactoria a la
Comisión.
743.
También es importante destacar que fue difícil a la Comisión poder
determinar con exactitud la participación de otros actores internos en el
enfrentamiento armado interno. Ello se debió, fundamentalmente, a que
quienes señalaron que, además del Ejército y la guerrilla, hubo otros acto-
res de la violencia, no proporcionaron antecedentes concretos suficientes a
la CEH, sino que se limitaron a manifestar dicha idea en forma general o
por los medios de comunicación.
744.
Un número importante de militares, incluso oficiales, que de algún
modo participaron en violaciones de derechos humanos, prestaron volun-
tariamente testimonios que fueron de gran utilidad. Sin embargo, fueron
poquísimos los altos oficiales invitados oficialmente a declarar que se acer-
caron a la CEH. A la Comisión le consta que, a nivel de la oficialidad del
Ejército se generó una reticencia a declarar, sobre la base de un equivoca-
do temor a las consecuencias que sus declaraciones pudieran acarrear para
ellos mismos. Con respecto a la guerrilla, varios de sus integrantes, inclu-
yendo sus altos mandos, dieron testimonios voluntariamente que también
fueron de gran utilidad para el esclarecimiento histórico.
745.
En cuanto se refiere a graves violaciones de carácter sistemático de
responsabilidad del Estado, el testimonio de algunos testigos clave y el
análisis de fuentes oficiales, contrastados con miles de testimonios de las
víctimas, permitió a la Comisión aproximarse a los niveles de responsabi-
lidad de aquellas decisiones. Sin embargo, con respecto a las desaparicio-
nes forzadas, sobre todo, no fue posible a la CEH llegar a determinar con
entera precisión cuál fue el centro de toma de decisiones desde donde fue-
ron impartidas las órdenes de cometer los actos y operaciones más san-
grientas. El propio mandato de la Comisión, que no tenía poderes judi-
ciales, le impidió obligar a nadie a prestar testimonios, ya se tratare de par-
ticulares o de autoridades del Estado, aunque estas tenían la obligación le-
gal de apoyar a la Comisión, según el Artículo 10 de la Ley de Reconcilia-
14
ción Nacional. En este sentido es importante notar que la CEH no reci-
bió ni un solo documento informándola sobre las actividades de los servi-
cios de Inteligencia.
746.
A la luz de estas circunstancias la Comisión no pretende que este ca-
pítulo constituya la versión exhaustiva de las violaciones de derechos hu-
manos y hechos de violencia cometidos en el enfrentamiento armado in-
terno en Guatemala. Menos aún puede considerarse este Informe como la
última palabra sobre la historia del enfrentamiento armado en Guatemala.
747.
Generaciones de estudiosos habrán de esforzarse, en el futuro, para
dilucidar, en su total profundidad y complejidad, todos los factores y me-
canismos del terror que fueron utilizados para golpear al pueblo de Gua-
temala durante más de tres décadas.
748.
Será necesario llegar a la explicación más precisa de por qué los
actores del enfrentamiento cometieron actos extremadamente inmora-
les, que remecen la conciencia civilizada. Por qué el fin perseguido fue
considerado como autorización para el empleo de todos los métodos,
incluidos la tortura y la desaparición forzada, sin que hasta la fecha se
haya expresado un arrepentimiento. Por qué, como lo demuestran las
páginas que siguen, la violencia fue particularmente cruel en contra de
mujeres, niños y ancianos. Por qué se llegó a la agresión cometida con-
tra lo más íntimo de la conciencia moral de los seres humanos, al des-
preciar y atacar las creencias y símbolos, tanto de la religión cristiana co-
mo de la espiritualidad maya que confluyen en la cultura de la mayoría
del pueblo.
749.
Una vertiente explicativa que se debería profundizar más en el fu-
turo es el absoluto desprecio a las normas jurídicas por los gobiernos en
funciones entre los años 1962 y 1985, que actuaron, sin sujeción a las le-
yes, como dueños absolutos del país y dueños de la vida y la muerte de
sus hombres y mujeres, sin respetar reglas mínimas de la conducta huma-
na civilizada.
750.
Finalmente, aunque no fue extraño que, en tales circunstancias,
fuerzas opositoras a los gobiernos militares hayan invocado un derecho de
rebelión ante la opresión para recurrir a las armas, también en el futuro ha-
brá que continuar analizando, con mayor profundidad, por qué miembros
de la guerrilla cometieron atrocidades contra inocentes, empañando la pu-
reza inicial del proclamado derecho a la rebelión popular.
751.
Este Informe demuestra que el recurso a las armas no mejoró la vi-
da de los guatemaltecos, sino que condujo a una espiral de violencia fratri-
cida que, según las estimaciones de la CEH, dejó un saldo de aproximada-
mente 200,000 muertos.
752.
Por último, la CEH puede asegurar que lo que se describirá en este
capítulo ocurrió efectivamente. La Comisión ha cumplido su misión con
15
toda objetividad, equidad e imparcialidad, confiando en que el conoci-
miento de esta verdad, por terrible que sea, encaminará al pueblo de Gua-
temala, preservando la memoria de las víctimas, a fomentar una cultura de
respeto mutuo y observancia de los derechos humanos, a efecto de fortale-
cer el proceso democrático.
753.
El capítulo se estructura en dos secciones. La primera analiza las es-
trategias y estructuras de las Partes. Esta trata sobre las estrategias del Esta-
do de Guatemala y, posteriormente, las estrategias político-militares de las
organizaciones guerrilleras. La segunda desarrolla las violaciones de dere-
chos humanos perpetradas por agentes del Estado y a continuación expo-
ne los hechos de violencia realizados por las organizaciones guerrilleras.
754.
Cada una de las secciones es complementaria entre sí y ambas es-
tán estrechamente ligadas. Las estrategias y estructuras de las Partes nos
permite entender el quién, cómo y para qué se realizaron violaciones de
derechos humanos y hechos de violencia durante el enfrentamiento. El
esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos y hechos de vio-
lencia, que es una de las principales finalidades de la Comisión, permite
presentar y demostrar cuáles fueron las estrategias y estructuras de las
Partes del enfrentamiento. Para llevar a cabo este propósito, la CEH pre-
senta casos concretos de violaciones de derechos humanos y hechos de
violencia, ilustrándolos con las voces de las víctimas, de algunos respon-
sables y testigos clave.
755.
En el apartado de la estrategia del Ejército se persigue, partiendo de
la Doctrina de Seguridad Nacional (DNS), describir las operaciones que
llevaron a cabo las principales unidades militares, explicar los métodos y
procedimientos aplicados por el Ejército para ejecutar esas operaciones, ex-
poner las características y modus operandi de la Inteligencia y la Policía du-
rante el enfrentamiento armado, así como explicar la estructura, organiza-
ción y participación de las PAC y los comisionados militares en el enfren-
tamiento armado.
756.
Para estos efectos, a partir de la Doctrina de Seguridad Nacional, se
tiene en cuenta la noción de enemigo utilizada por el Ejército y su inter-
pretación de quienes eran combatientes y no combatientes, el control de
las operaciones militares por parte de la Institución castrense demostrando
la planificación de éstas y consecuentemente su responsabilidad en las vio-
laciones de derechos humanos.
757.
En el apartado del movimiento guerrillero, se expone la estrategia
político-militar de cada organización, cuáles fueron sus organismos de
dirección, su estructura militar y su esquema de organización hacia la po-
blación civil. Asimismo, se muestra cuál fue el proyecto político que tu-
vieron las organizaciones guerrilleras, cuál fue la justificación de la lucha
armada del movimiento insurgente y también se menciona cuál fue la
16
noción de enemigo que aplicaron durante el enfrentamiento armado.
758.
La sección sobre las violaciones de los derechos humanos y los he-
chos de violencia se inicia con el marco jurídico aplicado por la CEH a
dichos actos, señalándose los instrumentos y las normas del derecho na-
cional e internacional que considera aplicable la CEH para calificar una
situación como violación de derechos humanos, o hechos de violencia.
759.
En el apartado sobre las violaciones de derechos humanos se expo-
nen los períodos y años en que los mismos se cometieron con mayor fre-
cuencia, los lugares donde se efectuaron, quiénes fueron los responsables,
cómo actuaron y cuáles fueron las víctimas. Las violaciones investigadas
son las ejecuciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la tortura y
otros tratos crueles inhumanos, la violencia sexual contra las mujeres, el
desplazamiento forzado, la violencia contra la niñez, la privación de la li-
bertad, el reclutamiento forzoso ilegal y discriminatorio, la denegación
de justicia y las violaciones a los derechos políticos, en particular a la li-
bertad de expresión. También se analizan las violaciones a la identidad e
integridad cultural de los pueblos indígenas y las masacres.
760.
En el análisis de cada una de estas violaciones de derechos huma-
nos se resalta cómo esa violencia ejercida contra las mayorías del país de-
bilitó y destruyó el tejido social de las instituciones públicas y de las co-
munidades, sustituyéndolas por otras formas de organización bajo con-
trol del Ejército. Asimismo se subrayan las categorías de pertenencia ét-
nica, sector social y militancia política de las víctimas, y se mencionan
los principales componentes de la militarización del Estado y la sociedad.
761.
El apartado de hechos de violencia describe los actos cometidos
por las organizaciones guerrilleras. En él se describe en primer orden las
violaciones al derecho de vida: ajusticiamientos y fusilamientos; conti-
núa con los atentados al derecho a la libertad y a la integridad personal:
la desaparición, el secuestro, el impuesto de guerra, el reclutamiento for-
zoso, los miembros de las fuerzas armadas puestos fuera de combate por
detención, la tortura, los tratos crueles inhumanos y degradantes; poste-
riormente trata los atentados contra los bienes civiles como son los efec-
tuados contra las municipalidades, contra otros bienes civiles del Estado,
las torres de energía, las obras viales, los bienes de propiedad de los par-
ticulares y el pillaje.
762.
A continuación se describen las infracciones cometidas por las di-
ferentes organizaciones guerrilleras en operaciones militares, documenta-
das por la CEH, como son la muerte o heridas causadas a civiles en hos-
tilidades, los civiles muertos o heridos por colocación de minas antiper-
sonales, armas trampas u otros artefactos, así como los civiles muertos
por desplazamiento. En cada hecho se analiza la victimización de la po-
blación civil y su involucramiento en el enfrentamiento.
17
LAS ESTRATEGIAS CONTRAINSURGENTES
DURANTE EL ENFRENTAMIENTO ARMADO INTERNO
763.
Durante el enfrentamiento armado el Ejército de Guatemala, con
base en la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), elaboró y ejecutó una
serie de estrategias con una noción de enemigo interno que le permitiera
combatir las organizaciones guerrilleras y controlar a la población. El co-
nocimiento del contenido de estas estrategias permitirá esclarecer las viola-
ciones de derechos humanos.
764.
Con el propósito de explicar algunos aspectos de las políticas estata-
les y las estrategias militares, en las siguientes páginas se abordarán las prin-
cipales estrategias y unidades militares del Ejército; el papel que jugó el sis-
tema de Inteligencia durante el enfrentamiento —aunque la Inteligencia
es un componente fundamental dentro de la estrategia se presentará por
separado, debido al protagonismo que adquirió durante el enfrentamien-
to—; también se expondrá la participación de otras fuerzas de seguridad
del Estado como fueron la Policía Nacional y la Guardia de Hacienda, y se
abordarán dos de las principales modalidades que desarrolló el Estado pa-
ra involucrar a civiles en el enfrentamiento armado, como fueron los co-
misionados militares y las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC).
II. LAS ESTRATEGIAS Y UNIDADES
MILITARES DEL
EJÉRCITO
765.
En este apartado se presentarán cuáles fueron las estrategias
1
del Ejér-
cito durante el enfrentamiento armado teniendo como punto de partida la
Doctrina de Seguridad Nacional. Se detallarán las operaciones militares
1 Las principales definiciones de estrategia constan en compilaciones y análisis de varios estrategas
militares como Clausewitz, Liddell Hart y Moltke, entre otros. Con base en sus conceptos se pue-
de definir la estrategia como “El arte militar para utilizar y dirigir los recursos humanos y materiales
puestos a disposición de un comandante, con la finalidad de maniobrar convenientemente, creando una
situación ventajosa que le permita alcanzar los objetivos de la guerra”.
2 La CEH no utilizará las calificaciones utilizadas por el Ejército de subversivo (a) (s) o contrasub-
versivo (a) (s) a menos que aparezca en una cita literal. La CEH utilizará las expresiones guerri-
llero (a) (s), contraguerrillero (a) (s), insurgente (s) y contrainsurgente (s).
ESTRATEGIAS Y MECANISMOS DE LAS PARTES
contrainsurgentes,
2
que se aplicaron con el objeto de alcanzar esas estrate-
gias. En seguida se mencionarán las principales unidades militares del Ejér-
cito que, por su actuación e importancia, fueron las ejecutoras de las ope-
raciones militares contrainsurgentes. Por último, se identificarán las res-
ponsabilidades institucionales del Ejército, y por consiguiente del Estado,
en las violaciones de los derechos humanos.
La estrategia militar
766.
Los conceptos de la Doctrina de Seguridad Nacional, analizados
dentro del capítulo uno, son básicos para comprender los planes y las in-
tenciones del Estado y del Ejército durante el enfrentamiento armado in-
terno. Los objetivos alcanzados por el Estado dentro de su política con-
trainsurgente fueron cuidadosamente planificados y estructurados con ba-
se en esta doctrina.
767.
Con la evolución de las estructuras militares, fundamentalmente con
la creación del Centro de Estudios Militares en 1970, el Ejército comenzó
la sistematización de la planificación de sus operaciones. La formación aca-
démica de los oficiales del Ejército dentro de las doctrinas militares y polí-
ticas, en particular de la Doctrina de Seguridad Nacional, tuvo en este cen-
tro militar un verdadero laboratorio de planificación que aplicaron los
componentes básicos de la Doctrina de Seguridad Nacional en el enfren-
tamiento armado. El objetivo era la “erradicación de la subversión propician-
do las condiciones de seguridad, paz y tranquilidad ... a través del empleo efi-
caz del poder militar, apoyado por otras acciones gubernamentales”.
3
768.
Esta serie de estudios políticos y estratégicos concluyó con recomen-
daciones concretas, para ser ejecutadas por el Gobierno, durante el enfren-
tamiento armado interno.
“Se reconoce que exista un escalón encargado de preparar y desarrollar
la Seguridad Nacional. El está identificado con el Gobierno, ya que
la Seguridad Nacional requiere de la participación de todas las acti-
vidades nacionales ... al escalón Gobierno le corresponde materializar
en su aspecto integral el concepto de Seguridad Nacional, lo que sig-
nifica: establecer en forma legal y permanente la organización que se
le dará al país para preparar y conducir la guerra; planificar la Segu-
ridad Nacional estableciendo misiones por cada una de las activida-
des nacionales y coordinar el esfuerzo conjunto de ellas; determinar la
necesidad de afrontar un enfrentamiento bélico y establecer el objeti-
vo que con ella se va a buscar...”
4
19
3 “Evaluación estratégica del Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo”, pg. 19, 1 de abril de 1982.
4 Ejército de Guatemala. “La preparación político-estratégica de la guerra”. Revista Militar, ene-
mar.1972, pg. 3.
769.
El objetivo del Estado, establecido por el Gobierno y materializado
por el Ejército, fue la eliminación total del comunismo y la subversión ar-
mada, así como de las organizaciones paralelas.
5
El componente ideológi-
co fue fundamental dentro de la aplicación de la Doctrina de Seguridad
Nacional. Más allá de los decretos del Gobierno contra el comunismo, en
la década de los cincuenta, el Ejército a partir de la década de los sesenta
comenzó un fuerte adoctrinamiento ideológico anticomunista. Comen-
zando por los cuadros de oficiales formados en un nacionalismo de dere-
cha, fue inculcando estas concepciones en los cuadros subalternos de la
institución castrense y en todos los estratos de la sociedad. Inicialmente la
formación ideológica se impartió en la Escuela de las Américas, localizada
en Panamá y, luego, en Estados Unidos, y posteriormente en los centros de
formación académica militar de Guatemala.
770.
Este hecho fue reconocido cuando, en respuesta a una comunica-
ción de la Comisión, el Ministro de la Defensa Nacional señaló que
“...muchos de los hechos que la Comisión investiga ocurrieron en un contexto
político administrativo, en el cual la filosofía y los mecanismos de la llamada
Doctrina de Seguridad Nacional y de la lucha de contrainsurgencia, como ex-
presión de la guerra fría en nuestra región, dieron lugar a mecanismos total-
mente irregulares, alentados externamente”.
6
Estos mecanismos fueron una
de las mayores causas de las violaciones de derechos humanos perpetradas
durante el enfrentamiento armado interno. Sin embargo, a pesar de su ca-
rácter “irregular” hubo una estrategia cuidadosamente planificada por el
Ejército de Guatemala. Esta conclusión se fundamenta no sólo en los
conceptos de la Doctrina de la Seguridad Nacional, sino en los testimo-
nios recibidos por la CEH, en el análisis de los planes de campaña pues-
tos a disposición de la CEH por el Ejército y en el estudio de la aplica-
ción táctica de las operaciones militares contrainsurgentes.
771.
La estrategia aplicada por el Ejército, durante el período de mayor
intensidad del enfrentamiento, se materializó en los planes de campaña del
Ejército. Las operaciones militares fueron “las contrasubversivas, de guerra
ideológica, de seguridad interna y de desarrollo”
7
y se concibieron dentro del
concepto de eliminar al enemigo interno.
“Enemigo interno son todos aquellos individuos, grupos u organiza-
ciones que por medio de acciones ilegales, tratan de romper el orden
20
5 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, anexo H, “Ordenes permanentes para el de-
sarrollo de las operaciones contrasubversivas”, Guatemala 1982.
6 República de Guatemala, Ministerio de la Defensa Nacional, oficio No. 001-MDN-acom/98 del
5 de enero de 1998 del ministro de la Defensa Nacional, Héctor Mario Barrios Celada, dirigido
al Coordinador de la CEH, Christian Tomuschat.
7 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, párrafo IV, misión. Guatemala 1982.
establecido, representados por los elementos que siguiendo consignas
del comunismo internacional, desarrollan la llamada guerra revolu-
cionaria y la subversión en el país”.
8
[También es (sic)] “considerado
enemigo interno aquellos individuos, grupos u organizaciones que sin
ser comunistas tratan de romper el orden establecido”.
9
772.
Dentro de esta concepción el Ejército actuó con extrema dureza: el
ciudadano estaba a su favor o en su contra, no existiendo lugar para la neu-
tralidad. En los hechos, el Ejército consideró de forma permanente como
enemigo interno, además de los miembros de las organizaciones guerrille-
ras, a todas aquellas personas que se identificaron con la ideología comu-
nista o que pertenecieron a una organización —sindical, social, religiosa,
estudiantil— o a aquéllos que por cualquier causa no estuvieran a favor del
régimen establecido. Esta noción fue de tal amplitud que se aplicó contra
cualquier ciudadano dependiendo del capricho o de la arbitrariedad de los
agentes del Estado.
773.
Debe destacarse además que dentro de la población civil, la pobla-
ción maya fue el principal sujeto de esa represión, especialmente en el área
rural, donde durante la década de los ochenta las operaciones militares
arrojaron un saldo de miles de víctimas.
Las operaciones contrainsurgentes
774.
La eliminación del enemigo interno se implementó a través de di-
versas operaciones militares. El Ejército utilizó básicamente tres tipos de
operaciones para alcanzar sus objetivos estratégicos. En esta medida, a lo
largo del enfrentamiento desarrolló operaciones contrainsurgentes, de apo-
yo y tácticas.
775.
Las operaciones contrainsurgentes fueron aquellas planificadas con
el objeto de destruir al enemigo interno definido por el Ejército. Estas ope-
raciones fueron muy variadas y distintas. En este apartado sólo se mencio-
narán las que produjeron violaciones de derechos humanos y sobre todo
las que estuvieron destinadas a producir terror en la población. Las princi-
pales fueron las operaciones de tierra arrasada, de desplazamiento, de cas-
tigo, de control y de aniquilamiento de población civil, acciones militares
encubiertas, de Inteligencia y operaciones psicológicas.
10
21
8 Centro de Estudios Militares del Ejército de Guatemala, Manual de guerra contrasubversiva, Edi-
ción 1983, pg. 3.
9 Ibid.
10 Estas operaciones militares están contenidas en su mayoría a título expreso dentro de los planes
de campaña que ordenaron las acciones militares; aquellas que no están contenidas en los planes
antes referidos en forma expresa, son el resultado de un análisis realizado por la CEH de las ope-
raciones reales que realizó el Ejército y de los manuales de instrucción contrainsurgente que estu-
vieron en vigencia durante el enfrentamiento y que tuvieron consecuencias sobre la guerrilla, y en
particular sobre la población civil.
776.
Las operaciones de apoyo a las operaciones contrainsurgentes fue-
ron las destinadas a coadyuvar esta tarea con el objetivo de reducir las cau-
sas generadoras del enfrentamiento y captar a la población a favor del Es-
tado. Estas fueron las operaciones de desarrollo, las operaciones de guerra
ideológica y las operaciones de seguridad interna. Las tácticas fueron la
forma real o práctica en que se condujeron las unidades militares en el te-
rreno, con la finalidad de llevar a cabo una operación militar contrainsur-
gente.
777.
Muchas de las operaciones tácticas fueron implementadas con téc-
nicas militares que no se encontraban en los manuales de instrucción, pe-
ro obedecían a la puesta en práctica de la estrategia contrainsurgente y que
fueron incorporadas en cada una de las operaciones. La represión selecti-
va de personas acusadas de pertenecer o de colaborar con la guerrilla fue
una de esas técnicas militares usadas por el Ejército. En muchos casos las
personas capturadas por el Ejército eran sometidas a torturas para obtener
su confesión, para saber si pertenecían o eran colaboradoras de la guerri-
lla. Entre los lugares utilizados para realizar torturas encontramos desta-
camentos militares de donde provenían la fuerza o el comando de la zo-
na militar o sitios clandestinos de detención. Posteriormente, en muchos
casos, el detenido era ejecutado arbitrariamente y su cadáver abandonado
o desaparecido.
778.
Las acciones militares que se tradujeron en violaciones de derechos
humanos combinaron varios de estos tipos de operaciones militares. Por
ejemplo, una masacre selectiva realizada en una comunidad pudo ser rea-
lizada por una patrulla de combate (operación táctica), una operación de
tierra arrasada (operación contrainsurgente propiamente dicha), acompa-
ñada de una acción de propaganda anticomunista (operación de guerra
ideológica de apoyo a la operación contrainsurgente).
779.
La estrategia aplicada durante el enfrentamiento a partir de la déca-
da de los ochenta se sintetiza en la misión del plan de campaña Victoria 82
que establece: “Los comandos involucrados conducirán operaciones de seguri-
dad, desarrollo, contrasubversivas y de guerra ideológica en sus respectivas áreas
de responsabilidad a partir del día ‘D’ hora ‘H’ hasta nueva orden, con el ob-
jeto de localizar, capturar o destruir grupos o elementos subversivos, para ga-
rantizar la paz y seguridad de la Nación...”
11
780.
La descripción de estas operaciones militares realizadas por el Ejér-
cito no es exhaustiva, simplemente se mencionan las que por su aplicación
produjeron violaciones de los derechos humanos y que fueron conocidas
por la CEH.
22
11 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, párrafo IV, misión. Guatemala 1982.
781.
Las operaciones contrainsurgentes, como su nombre lo dice, fue-
ron aquellas que estuvieron destinadas a combatir a las organizaciones
guerrilleras, o mejor, al enemigo interno, conforme lo entendió el Ejér-
cito. Del análisis de los planes de campaña facilitados por el Ejército y de
los testimonios recibidos por la CEH, se colige que las principales ope-
raciones contrainsurgentes que generaron terror fueron las de aniquila-
miento, tierra arrasada, desplazamiento, control y castigo a la población
civil, acciones militares encubiertas, de Inteligencia y de operaciones psi-
cológicas.
Operaciones de aniquilamiento
782.
Las operaciones de aniquilamiento de los Comités Clandestinos Lo-
cales (CCL) y de las Unidades Militares Permanentes de la guerrilla
(UMP) fueron concebidas como uno de los objetivos estratégicos del Ejér-
cito en los planes de campaña.
“Recuperar aquellos miembros de las Fuerzas Irregulares Locales
(FIL) que sea posible y a la vez eliminar a los subversivos que no
quieran deponer las armas”.
“Aniquilar a los Comités Clandestinos Locales (CCL) y a las Unida-
des Militares Permanentes del enemigo (UMP)”.
12
783.
Se dispuso un tratamiento militar diferente para las FIL y los CCL.
Por un lado, se ordenaba recuperar a las FIL a través de una amnistía otor-
gada por el Gobierno y eliminar a las que no depusieran las armas. Las FIL
estaban conformadas por personas que durante el día realizaban labores en
el campo, como civiles, y en las noches, cuando las circunstancias eran pro-
picias o se lo ordenaban, retiraban armas de los buzones para realizar ac-
ciones de apoyo a las Unidades Militares Permanentes de la guerrilla.
784.
Por otro lado, se ordenaba aniquilar a los Comités Clandestinos Lo-
cales. Estos, al igual que las FIL, estaban integrados por campesinos de las
comunidades, normalmente desarmados. Eran dirigentes que apoyaban
políticamente a las fuerzas insurgentes. En muchas ocasiones dichos líde-
res eran autoridades comunitarias. La eliminación física de dichos dirigen-
tes era prioritaria para el Ejército porque significaba terminar con el enla-
ce político entre las unidades guerrilleras y sus bases de apoyo social.
“Algo así como atacar a la dirigencia, a los que están motivando el
movimiento, es lo que se trató de poner allí ... eliminar físicamente a
23
12 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, párr. II-A-2 y 3. Guatemala 1982.
los directivos locales ... encuadrado dentro de la Doctrina de Seguri-
dad Nacional está siempre el líder que hay que eliminar porque es el
menos riesgoso de los costos que eliminar una masa...”
13
“Es entonces que yo tenía que hacer un balance entre él, mi persona y
los hombres que yo tenía que comandar ... Si yo tengo que eliminar u
ordenar la eliminación física de una, cien o mil personas va a ser mi
responsabilidad y voy a justificar el hecho con base en las circunstan-
cias que a mí me está presentando el escenario del conflicto. Nadie, al
menos en mi caso, puede sentirse satisfecho con eso ... pues obviamen-
te eso ha generado traumas que ha costado ir superando ... Nosotros
teníamos que decidir entre la eliminación física de una persona o res-
catar veinte o cien o algo...”
14
785.
También las Comunidades de Población en Resistencia (CPR), con-
formadas por población civil e indefensa, fueron consideradas un objetivo
militar por el Ejército dentro de las operaciones militares y calificadas co-
mo refugio de los guerrilleros. Durante las operaciones el Ejército dirigió
su esfuerzo militar a la eliminación de estas comunidades.
“En 1981 comenzaron a quemar todas las casas y las producciones,
todos los animales ... por eso salimos a las montañas escondidos ... si
no, nos vienen a acabar a nosotros también...”
15
“La organización del Ejército respecto de la población fue una reac-
ción a los métodos operativos de ellos ... y todos con diferencia entre
ORPA, EGP y FAR, unos tenían FIL, otros tenían Resistencia de
Campo y los otros las Milicias Populares, pero tenían un componente
poblacional que cubrían los diferentes sabotajes, y los demás, si no
participaban, estaban involucrados por ellos. Yo digo que obviamente
las operaciones militares cobraron cierto impacto y obviamente la pre-
sencia del Ejército era sinónimo de desplazamiento masivo de las mis-
mas CPR ... Yo personalmente lo reconozco, otros no lo reconocen, a
mí me tocó comandar una operación contra las CPR en la aldea Chi-
sís, la consideré un objetivo militar ... porque Chisís tenía un simbo-
lismo especial para las estructuras organizativas del EGP y era desde
aquí donde se habían planeado y dirigido las principales acciones que
24
13 Testigo (general en situación de retiro del Ejército de Guatemala) CEH. (T.C. 34).
14 Testigo (oficial superior en actividad del Ejército de Guatemala) CEH. (T.C. 102).
15 Testimonio con las autoridades comunitarias de Cabá, CPR.
el EGP había realizado en la región de Chajul, Cotzal, Nebaj, San-
ta Avelina y todas las aldeas periféricas...”
16
786.
La operación militar contra la población civil aglutinada en esta
CPR es corroborada por víctimas de esa operación militar, que concluyó
con la masacre de la aldea Chisís:
17
“13 de febrero de 1982, Chisís, municipio de San Juan Cotzal, de-
partamento de Quiché ... un día sábado a las cinco de la mañana
muchos grupos de soldados ocuparon la aldea, pusieron un cerco, la
gente tenía confianza porque ya tenían organizadas las patrullas ...
pero los soldados entraron a las casas disparando a toda la gente, has-
ta los niños y las mujeres embarazadas, quemando todas las casas ...
los soldados encontraron en la aldea un grupo de veinte patrulleros,
ellos pensaron que les iban a dar una orientación y se dispusieron en
fila, pero los soldados les volaron sus cabezas, los apuñalaron y los ma-
chetearon ... la gente empezó a correr, a huir de sus casas, iban salien-
do y los soldados les dispararon a todos, mataron a más de 200 perso-
nas, y había muchos niños y mujeres...”
18
Operaciones de tierra arrasada
19
787.
A raíz del concepto de enemigo interno que tenía el Ejército, las ope-
raciones de aniquilamiento se extendieron en su aplicación táctica a la po-
blación civil que no estaba involucrada en el enfrentamiento, arrasando al-
deas, matando indiscriminadamente a los habitantes de las comunidades
por el solo hecho de ser sospechosos de pertenecer o de colaborar con la
guerrilla, o por interferir en sus operaciones militares. Estas acciones fue-
ron complementadas con la quema de plantaciones, cosechas, viviendas y
en general con los bienes de las personas. Así lo establecían los planes de
campaña:
“Durante la última semana de agosto y el mes de septiembre, las uni-
dades se empeñarán para ubicar y destruir las fuerzas enemigas con
todo su esfuerzo y capacidad militar, apoyando sus operaciones con el
máximo de elementos de las PADCIL
20
para poder arrasar con todos
los trabajos colectivos de siembra que la subversión posee en determi-
nadas áreas donde se ha comprobado plenamente la participación ac-
25
16 Testigo (oficial superior en actividad del Ejército de Guatemala) CEH. (T.C. 102).
17 CI 92, febrero, 1982, Chisís, Cotzal, Quiché.
18 C 3704. 1982. San Juan Cotzal, Quiché.
19 Este tema se desarrolla con amplitud y detalle en el apartado de masacres.
20 Patrullas de Autodefensa Civil.
tiva y de colaboración de aldeas comprometidas que simpatizan y es-
tán organizadas por la subversión...”
21
“Además de tratar de destruir totalmente a los grupos subversivos, se
deben destruir sus trabajos colectivos de siembra, media vez sean com-
probadas o estén en áreas donde se sospecha existan sus campamentos,
con el propósito de cortarles sus fuentes de abastecimientos y obligarlos
a que por hambre se rindan o se descubran en sus desplazamientos por
las áreas que frecuenten y poder así combatirlos, con el propósito de
desorganizarlos lo suficiente como para que en el año 1984, se pueda
lograr aniquilarlos, consolidando con las PADCIL”.
22
788.
Con anterioridad al plan de campaña Victoria 82, el Ejército reco-
noció las violaciones de los derechos humanos cometidas durante las ope-
raciones militares:
“Buena cantidad de errores cometidos por las tropas, tales como van-
dalismos, violaciones, robos y destrucción de cosechas, han sido explo-
tados hábilmente por la subversión nacional e internacional...”
23
789.
El arrasamiento de áreas de población civil no combatiente, cultivos
y bienes de las personas, se fue extendiendo con más fuerza en las regiones
donde el enfrentamiento con la guerrilla era más intenso. En las operacio-
nes militares el arrasamiento de población no fue una operación aislada, si-
no la culminación de otras operaciones combinadas, como las de Inteli-
gencia, control de la población, psicológicas, desplazamiento de las pobla-
ciones, junto con otras técnicas violatorias de los derechos humanos.
“Yo tuve la oportunidad de estar en diferentes sectores, con diferentes
grados militares ... estuve en Nebaj en agosto de 1982 ... estaba todo
el mundo polarizado, la gente se desplazó hacia las cabeceras munici-
pales de Nebaj, Cotzal y Chajul. El concepto con las demás aldeas era
que los que no estaban con la guerrilla se vinieron a estos poblados y
el resto era guerrilla ... el concepto era que de los Cuchumatanes para
el norte todos eran enemigos ... se reaccionaba así, porque cuando una
patrulla llegaba a la aldea, esta estaba vacía, pero estaban los chuchos,
las gallinas, el fuego de la casa encendido ... pero no se encontraba a
nadie ... esto significaba que colaboraban con la guerrilla y el oficial
26
21 Ejército de Guatemala, plan de campaña Firmeza 83-1, párr. III-C-1-a-1. Guatemala 1983.
22 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, instrucciones de coordinación, numeral 18.
Guatemala 1982.
23 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, anexo F, párr. I-A-2-c. Guatemala 1982.
al mando tomaba la decisión de quemar la aldea ... esto sin contar
que cuando iba a entrar había trampas con púas y el oficial reaccio-
naba con mayor cólera...”
24
790.
Una operación militar que culminaba con una o varias áreas de tie-
rra arrasada, se puede describir de la siguiente forma, a la luz de los múlti-
ples testimonios recogidos por esta Comisión y que arrojan patrones co-
munes en la forma de operar del Ejército. En una región del enfrentamien-
to, la Inteligencia obtenía la información de que una o varias comunida-
des eran afines a la insurgencia o se encontraban dentro de un área de in-
fluencia de la guerrilla. Con esta información el Ejército optaba por la rea-
lización de una operación militar con fuerzas regulares o especiales.
791.
Varios testigos manifestaron que en algunas ocasiones las fuerzas re-
gulares de una zona militar o fuerzas de tarea comenzaban la operación lle-
gando a las comunidades con listas de sospechosos, a los que capturaban e
interrogaban a través de torturas. Las personas eran ejecutadas arbitraria-
mente, no sin antes cometer con ellos actos de crueldad, quema de bienes,
destrucción de cosechas, entre otros.
“Patrullando uno encontraba siembras, cultivos de maíz, plantacio-
nes de guineos y nosotros nos las volábamos ... los niños salían gri-
tando cuando las granadas estallaban algo cerca ... me llamaba la
atención que no era algo bueno lo que estábamos haciendo ... las
ollas las destruíamos con machete y a tiros, a las viviendas les pega-
mos fuego...”
25
792.
Algunas de estas operaciones fueron una acción única y aislada den-
tro de una región, y otras fueron varias acciones en serie. El Ejército utili-
zó estas operaciones contra la población civil como uno de los principales
mecanismos del terror para inhibir el apoyo de las comunidades a la gue-
rrilla y como forma de castigo por los sabotajes o emboscadas que los gue-
rrilleros realizaban.
“El jueves santo, 2 de abril de 1981, la población de Cocob, Nebaj,
estaba preparando la fiesta; en la mañana rodearon la aldea puros
kaibiles, puros soldados, grandes, fuertes ... llegaron por Río Azul, Ne-
baj y Pexlaj ... dijeron: ‘Ustedes de plano son guerrilleros, por eso es-
tán concentrados’. La comunidad quedó arrasada, vivían alrededor de
ochenta familias, quemaron todas las casas, las milpas y el frijol, des-
27
24 Testigo (alto oficial del Ejército de Guatemala) CEH. (T.C. 92).
25 C 11418. 1985. Ixcán, Quiché.
truyeron todo para que la población no pudiera regresar ... quebraron
las piedras de moler, saquearon las casas, comieron los alimentos que
la comunidad tenía preparados para la fiesta ... parte de la población
logró huir, otros fueron capturados y concentrados en Xemamaté ... a
los que mataron los masacraron salvajemente, a unos con cuchillo,
otros con bala, con lazo a niños, mujeres embarazadas, ancianos ...
algunos enterraron los restos en dos hoyos...”
26
793.
Por lo general, las órdenes de arrasamiento de las comunidades se
trasmitían en forma verbal.
“Una vez recibí la orden personalmente del jefe del Estado Mayor de
la Defensa, de arrasar una población completa y yo se lo comenté al
mayor de esa época encargado del destacamento, ... mire, me dieron
la orden de desaparecer ... [una aldea]”.
27
Operaciones de desplazamiento de la población
794.
También fue parte de la estrategia del Ejército la eliminación de la
población civil a través de desplazamientos forzados,
28
lo cual le permitió
mantener ciertas áreas de operaciones “limpias” de población civil. Me-
diante estas incursiones el Ejército pretendía eliminar el supuesto apoyo de
la población civil a la guerrilla y facilitar la identificación de los guerrille-
ros o sus colaboradores. “Guerrillero visto, guerrillero muerto” era una de las
consignas enseñadas a los soldados.
29
795.
Los desplazamientos fueron consecuencia de las más violentas ope-
raciones militares contrainsurgentes: masacres y tierra arrasada. Son nu-
merosos los testimonios recogidos por la CEH en los que consta que, des-
pués de una masacre, la población sobreviviente huía por las montañas sin
posibilidad de regreso, ya que la aldea donde vivían había sido quemada
y sus pertenencias destruidas. En otras ocasiones, la población civil, aler-
tada por la cercanía de las fuerzas militares, huía dejando todos sus bie-
nes, los que eran destruidos por los militares para que no regresaran. El
desplazamiento forzado fue una de las causas de mayor sufrimiento de la
población civil.
“Lo que se hizo fue hacer el desplazamiento de la población, quizás
mucha de esa gente apareció dentro de un grupo de personas que no-
sotros encontramos perdidas en la montaña ... el Ejército forzó el des-
28
26 C 3040. Abril, 1982. Ixcán, Quiché.
27 Testigo (oficial del Ejército de Guatemala) CEH. (T.C. 102).
28 Sobre el desplazamiento forzado véase el tema en este capítulo y en el siguiente.
29 Testigo (autoridades comunitarias de Nebaj) CEH. (T.C. 254).
plazamiento en muchos casos ... es parte del aislamiento ... se lo dice
quien tuvo la experiencia de haberlo hecho”.
30
796.
Si bien algunas de las personas desplazadas formaban parte de las es-
tructuras políticas y administrativas de la guerrilla, se debe diferenciar que
éstas nunca fueron combatientes, aun cuando militaban en algunas de sus
unidades. Muchos de estos desplazados eran acompañados por pequeñas
unidades de la guerrilla para su protección.
Operaciones de control de la población
797.
Como parte integral de la estrategia, en las operaciones militares, se
incluyó el control físico y psicológico de la población. Este concepto tota-
litario de militarización fue producto de la Doctrina de Seguridad Nacio-
nal, en la que el control de las actividades de los ciudadanos y de las estruc-
turas estatales buscaba reducir al mínimo los riesgos de que la población
apoyara o se incorporara a las unidades de la insurgencia. El plan de cam-
paña Victoria 82 señala:
“Efectuar todas las operaciones de control de la población y sus recur-
sos, según lo demande la situación particular de cada área de opera-
ciones y comando jurisdiccional...”
31
798.
Las operaciones psicológicas y de Inteligencia cumplieron un papel
primordial posibilitando que el Ejército se inmiscuyera en las actividades
del Estado, de la sociedad civil y de los individuos. De este control, el Ejér-
cito obtuvo la mayor fuente de información que aplicó directamente en las
operaciones militares.
799.
Se aplicaron, fundamentalmente, dos métodos de control de la po-
blación: los formales, reconocidos por el Ejército, y los clandestinos, no re-
conocidos por la institución. La mayoría de los métodos utilizados en los
controles formales se encuentran dentro de las directivas emitidas junto
con los planes de campaña. Los más comunes derivaban de la necesidad de
obtener información acerca de las actividades de la población civil. Así por
ejemplo, se efectuó una vigilancia permanente sobre el personal de traba-
jadores extraordinarios que del Altiplano de la República se trasladaban a
la Costa Sur.
800.
También se efectuaron controles de la población por medio de pa-
trullajes permanentes y puestos de registros en carreteras y cascos urbanos,
29
30 Testimonio (oficial superior en actividad del Ejército de Guatemala) CEH. (T.C. 102).
31 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, anexo G, párr. III-C-5. Guatemala 1982.
censos poblacionales, toques de queda, inspección de documentos de
identificación individuales y pases, operaciones de búsqueda, captura de
los simpatizantes de los guerrilleros. Además se impidieron reuniones po-
líticas y se ejerció control sobre el suministro del agua en áreas rurales, so-
bre municiones, explosivos, medicinas y dinero, sobre la producción o al-
macenaje y distribución de alimentos. En resumen, se controlaron todas
las actividades públicas y privadas del país, empresariales y de organismos
del Estado.
“Ya en 1978 empezaron un control, le daban un carné a la gente, ‘el
que tiene ese carné es persona nuestra’, decían ... pero la mayoría de
la gente tiene miedo de sacar esa tarjeta militar, porque los que van
al cuartel son capturados o secuestrados, y esas personas ya no las ve-
mos, ya no se vuelven...”
32
801.
La infiltración lograda por el Ejército en los diferentes ministerios
del Estado, organismos autónomos y semiautónomos, en particular por
miembros de la Inteligencia militar, le permitió controlar estas entidades y
a la vez disponer de todos los medios estructurales y económicos para apo-
yar las operaciones contrainsurgentes. En las áreas urbanas el control se
realizó en forma minuciosa a través de un control de manzanas, utilizando
una acción de vigilancia constante y de información de las actividades ci-
viles. Dentro de cada manzana existió un líder de zona y de manzana,
quien periódicamente daba cuenta al comandante militar, o a la autoridad
civil de la que dependía, de todos los movimientos ocurridos en su área de
control.
802.
Por intermedio de las operaciones de Inteligencia, utilizando méto-
dos de vigilancia clandestina a través del espionaje telefónico, la grabación
de conversaciones, la infiltración en conferencias internacionales, lograron
el objetivo de controlar las actividades oficiales gubernamentales y de la so-
ciedad civil, tanto en el área rural como en la urbana.
803.
De manera frecuente los civiles fueron utilizados en tareas de control
de la población. Uno de los mayores mecanismos empleados en las áreas ru-
rales fueron las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC).
33
Las PAC tenían en-
tre sus funciones las de controlar rutas, documentos de identificación, de-
nunciar y detener personas sospechosas para entregarlas al Ejército. Los co-
misionados militares también cumplieron tareas de control de la población
civil; entre otras, llevaban un registro dentro de su jurisdicción de las perso-
nas que estaban en edad de prestar servicio militar en el Ejército.
30
32 Testimonio de autoridades comunitarias de Santa Clara, Ixcán, Quiché.
33 Véase apartado de las Patrullas de Autodefensa Civil.
804.
Uno de los procedimientos utilizados en el área rural fue el siguien-
te: el comandante de la Patrulla de Autodefensa Civil de una determinada
comunidad era instruido por los militares que debía reunir a los residentes
de la aldea en un lugar público. Los campesinos acudían al lugar de reu-
nión, junto con las mujeres, los niños y los ancianos. La patrulla militar ro-
deaba la aldea con sus efectivos para evitar que las personas pudieran salir.
El oficial a cargo de la patrulla militar se hacía presente con una “lista ne-
gra”
34
y procedía a nombrar a las personas incluidas solicitando la identi-
ficación correspondiente. Así lo disponían las técnicas de enseñanza.
805.
Los habitantes de las áreas rurales que eran obligados a integrar las
PAC, participaron en distintas operaciones militares. Dice un plan de cam-
paña:
“Orientar y estimular a los miembros de las Patrullas de Autodefensa
Civil para que colaboren al máximo en la destrucción y aniquila-
miento de los grupos subversivos...”
35
806.
En muchas de las operaciones militares las PAC efectuaron, obliga-
das por el Ejército, rastreos, búsqueda de guerrilleros, apoyo de embosca-
das; colaboraron en torturas, cavaron fosas para enterrar cadáveres y ejecu-
taron e hicieron desaparecer personas.
“Después de haber disparado a todos el teniente dijo: [A los patrulle-
ros que le acompañaban en la operación] ‘ahora estamos cansados,
por culpa de ellos ustedes tienen que patrullar para poder matar tan-
tos pisados y estos pisados no quieren morir’ ... pareció que no todos es-
tuvieron muertos, entonces unos soldados tenían que meter sus armas
en los pechos de los tres que todavía vivían y les dispararon ... ‘para
terminar, ahora vamos a hacer picadillo a los pisados, ustedes [los pa-
trulleros] tienen que hacerlo, porque yo estoy cansado de matar tan-
tos pisados’ ... así hablaba el teniente para animarnos a todos los pre-
sentes, para darnos valor de participar en la matanza ... entonces sol-
dados, patrulleros y comisionados militares empezaron a machetear
cadáveres hasta que solo quedaron pedazos ... nos dice el teniente:
‘ahora ya experimentaron un valor para el futuro para matar pisados
... ya saben ustedes que también pueden ser como soldados...”
36
31
34 Lista de nombres de personas sospechosas de pertenecer o colaborar con la insurgencia. Estas lis-
tas eran elaboradas por la Inteligencia de la zona militar, por informaciones de la red de Inteligen-
cia local o eran datos aportados por la Dirección de Inteligencia.
35 Ejército de Guatemala, plan de operaciones Firmeza 83-1, anexo G, asuntos civiles, párrafo III,
ejecución, apartado D, numeral 5. Guatemala 1983. Véase título de la intervención de las PAC
en el enfrentamiento armado interno.
36 CI 83, Junio, 1982. Barillas, Huehuetenango.
807.
En el plan de movilización de 1982, del plan de campaña Victoria
82, se hacía referencia al empleo de civiles en el manejo de los vehículos en
las operaciones militares:
“En la medida de lo posible, se tratará que los vehículos [requisados]
sean conducidos por los dueños o conductores nombrados por ellos...”
37
Operaciones de castigo
808.
Estas operaciones militares perseguían, mediante el uso de la vio-
lencia y la propagación del terror, infligir un castigo a las comunidades
para inhibir cualquier intento de apoyo a la insurgencia. Cuando era de-
tectada la presencia de la guerrilla en un área o se tenía conocimiento de
la realización de una acción guerrillera, el Ejército se hacía presente en el
lugar o en alguna población cercana y efectuaba una acción violenta con-
tra la población civil. Estas acciones en el área rural llegaron a ser muy
frecuentes, principalmente en las áreas donde el Ejército rastreaba a los
guerrilleros.
“Estaban terminando de almorzar cuando, a la una del mediodía,
estalló una bomba ... mientras pasaba un camión del Ejército ... di-
cen que fue la guerrilla ... llegó el Ejército ... dieron el alto a la gen-
te y la acusaron de guerrillera ... de repente dispararon a María Ca-
simira Oscal del Can, de 60 años de edad ... murió en el momento
... después descubrieron que en la vecindad habían matado ya a on-
ce personas, previamente torturadas, colocaron estacas en el piso
donde sentaron a los hombres hasta que las mismas les salían por la
boca, les cortaron la lengua, las partes nobles y parte de la cabeza a
modo de huacal...”
38
809.
Algunas de estas premeditadas acciones se ejecutaron contra comu-
nidades que colaboraban o simpatizaban con la guerrilla; sin embargo,
mayoritariamente afectaron a población civil que no tenía vinculación al-
guna con las partes enfrentadas. Estas operaciones fueron debidamente
planificadas:
“Con una saturada publicidad, creará el ambiente necesario para la
justificación de operaciones militares en gran escala realizando medi-
das punitivas [castigo]...”
39
32
37 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, anexo D-IV-P, Guatemala, 1982.
38 C 361. Enero, 1982. San Andrés Itzapa, Chimaltenango.
39 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, anexo F, párrafo III-B-2-c-1. Guatemala
1982.
“Existen métodos muy probados, uno es derrotar al terrorismo con
contraterrorismo, o sea, si alguien vuela un puente, detener a todos los
aldeanos de la vecindad y ejecutar algunos rehenes...”
40
810.
Otro de los efectos provocados con la realización de este tipo de ope-
raciones fue crear confusión en las comunidades, en tanto que comenza-
ron a culpar a la guerrilla por estos sufrimientos.
811.
Las operaciones de castigo no sólo se dirigieron contra la población
civil, también incluyeron a miembros de grupos paramilitares, PAC y co-
misionados militares, porque no brindaban una colaboración eficaz y
oportuna en la lucha contrainsurgente. Entre las ejecuciones arbitrarias
que ilustran este tipo de operaciones se encuentra la masacre de Josefinos,
La Libertad, Petén.
“El día de la masacre la guerrilla ajustició al hijo de don Agapito por
ser ‘oreja’ ... él era de Las Cruces pero lo mataron allí en Josefinos ...
ahora dicen que la razón de la masacre fue porque los de Josefinos no
dieron parte al Ejército sobre esas acciones de la guerrilla y que éra-
mos simpatizantes de ellos. Seguramente, sí había algunos simpati-
zantes, pero los que mataron fue al azar ... los mataron con balas,
después le quitaron las cabezas y se las pusieron en sus brazos. La be-
bé quedó mamando aunque su madre estuviera muerta ... aproxi-
madamente veinte personas más fueron matadas esa noche entre pa-
trulleros y familias...”
41
Operaciones encubiertas
812.
Dentro de las operaciones contrainsurgentes, las encubiertas se ca-
racterizaron por la utilización de técnicas clandestinas y de engaño a la po-
blación civil. En determinadas incursiones, el Ejército actuó uniformado
como la guerrilla, utilizó armas similares, vehículos civiles y perpetró gra-
ves violaciones de los derechos humanos.
813.
El objetivo de este tipo de operaciones era evitar ser identificados co-
mo integrantes del Ejército y culpar a las organizaciones guerrilleras, enga-
ñando al menos inicialmente a la comunidad nacional e internacional. En
este tipo de operaciones intervinieron fuerzas especiales y tropas regulares,
que utilizaban un código de identificación como los alias o un cintillo vi-
sible en algún lugar de la ropa. La masacre de Xemal
42
fue realizada por
33
40 La Revista Militar del Ejército guatemalteco publicaba en julio de 1966 un artículo del general in-
glés J. Michel Calvert, especialista en guerra especial y en operaciones de jungla. En el libro escri-
to por Calvert, El patrón de la guerra de guerrillas, se detallan concepciones estratégicas y tácticas
sobre operaciones contrainsurgentes. Los artículos que publican las revistas militares son hechos
probados o de interés para la institución que la publica con fines de instrucción.
41 C 10309. Abril, 1982. Josefinos, La Libertad, Petén.
42 CI 27, agosto 1982, Colotenango, Huehuetenango.
miembros del Ejército y de las PAC vestidos de civil y que decían ser gue-
rrilleros.
43
Otro ejemplo de operación encubierta fue la masacre del río Pix-
cayá,
44
en la que la mayoría de los soldados no se encontraban uniforma-
dos y algunos vestían güipiles y cortes. En los momentos iniciales de la ma-
sacre de Las Dos Erres
45
también se aprecian con claridad los elementos de
una operación contrainsurgente encubierta.
Operaciones de Inteligencia
814.
Las operaciones de Inteligencia
46
se desarrollaron en las áreas rura-
les y urbanas dentro del marco convencional de obtención de informa-
ción. Estas se realizaron a través de operaciones clandestinas, con modus
operandi irregulares y precisos, muy conocidos también en las redes inter-
nacionales de la Inteligencia militar de los ejércitos latinoamericanos. La
confección de listas negras, la tortura, las desapariciones y otras violacio-
nes causadas por la Inteligencia formaron parte de esa sobredimensiona-
da estrategia.
815.
Los análisis de Inteligencia del Ejército son muy específicos y cuida-
dosos en cuanto al estudio realizado sobre las fuerzas guerrilleras que ope-
raron en Guatemala. La recolección, procesamiento, análisis y disemina-
ción de la información quedaron plasmados en la Apreciación de Situación
que realizó la Dirección de Inteligencia, y que se encuentran en todos los
anexos “A” de los planes de campaña que elaboró el Ejército. Estas aprecia-
ciones de Inteligencia constituyeron la información básica y determinante
para la selección de los tipos de operaciones que realizó el Ejército en sus
acciones contra la guerrilla y la población civil.
816.
Los análisis consideraron los factores macro del entorno de la situa-
ción nacional e internacional y la situación particular de cada organización
guerrillera. En la situación internacional, por ejemplo, se analizaba el en-
torno político y militar de los países de la región y de aquéllos que se con-
sideraban proclives al apoyo de la guerrilla. Son innumerables las aprecia-
ciones de Inteligencia que lo avalan:
“La posición solapada del Gobierno mexicano, que tiene relación con
gobiernos comunistas que apadrinan la subversión en Guatemala y
que ayudan a las organizaciones subversivas mediante el uso de su te-
rritorio para fines políticos y militares...”
34
43 Véase más adelante fuerzas especiales kaibiles.
44 CI 50, marzo, 1982, en San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.
45 CI 31, diciembre, 1982. Petén.
46 Atendida la importancia del tema, éste se analiza específicamente en el apartado siguiente.
“La actual situación de Belice, cuyo Gobierno está en contubernio con
el Gobierno de Cuba, permitiendo el tráfico libre de personal, armas
y municiones a nuestro territorio...”
47
817.
También la información de los guerrilleros capturados por el Ejér-
cito era examinada, en un primer interrogatorio, por parte del oficial al
mando de la operación. Si la información que poseía era valiosa para las
operaciones militares, lo enviaban al escalón superior, por ejemplo a la zo-
na militar o destacamento, donde era interrogado por el oficial G-2, y
mediante técnicas de tortura extraían la información que buscaban o lo
ejecutaban.
“El batallón inició operaciones con una acción de búsqueda y registro
de San Juan Ostuncalco ... en esa ocasión, arrestaron a cinco personas
acusados de pertenecer a la guerrilla ... después lo entregaron a miem-
bros de la Inteligencia militar...”
48
818.
Una vez analizados los diferentes grupos guerrilleros la Dirección de
Inteligencia elaboraba las conclusiones y recomendaciones, acordes con su
línea política y estratégica, para ser consideradas en la elaboración del plan
de campaña. Como ejemplo de las recomendaciones de las apreciaciones
de Inteligencia, se transcribe la correspondiente al plan de campaña Forta-
lecimiento Institucional 89 en su anexo A:
“1. Que se dedique el esfuerzo principal en el área de ORPA, prin-
cipalmente en el volcán Tajumulco, para destruir la radio Voz Po-
pular y con ello al batallón Luis Ixmatá, eliminando así el santua-
rio de la ORPA ... al mismo tiempo el área del frente Javier Tambriz
y evitar que puedan activarse para aliviar la presión al batallón Luis
Ixmatá.
2. Mantener la presión operacional en el área del EGP (Huehuete-
nango, Quiché y Playa Grande) para consolidar la derrota que se les
infligió en el 88.
3. Presionar militarmente a las FAR para evitar que continúen for-
taleciéndose cualitativamente y cuantitativamente.
4. Retrasar por varios años el retorno de los refugiados, si es posible
hasta que la delincuencia terrorista se haya eliminado y se haya cons-
truido en las áreas de conflicto la infraestructura necesaria para reci-
birlos en mejores condiciones.
35
47 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, anexo F, párrafo I-A-4-a-2 y 3. Guatemala
1982.
48 C 5011. Febrero, 1982. Quetzaltenango.
5. Lograr el retiro de la Cruz Roja Internacional, porque su presencia
influirá:
a. en el retorno de los refugiados,
b. en la humanización del conflicto,
c. en la aceptación de la existencia de un conflicto armado,
d. en el reconocimiento de una fuerza beligerante a la URNG,
e. y en un nuevo diálogo Gobierno-URNG”.
Operaciones psicológicas
819.
[Las] “operaciones psicológicas pueden definirse como el uso planeado de
la propaganda y otras acciones designadas para influenciar en las emociones,
actitudes, opiniones o conducta de grupos de personas, de manera que se apoye
la consecución de los objetivos nacionales ... las operaciones psicológicas no son
más que la explotación deliberada de las emociones humanas: miedo, esperan-
za y aspiraciones, para vencer al enemigo, y como tal es una parte del arte de
la guerra ... sus medios son el ardid y la sorpresa, y su desarrollo el pánico o el
terror...”
49
820.
Estas operaciones estuvieron dirigidas a lograr un efectivo control y
manejo de la población. Como lo establece un plan de campaña del Ejér-
cito: “La población es el objetivo principal, debiendo alcanzar su control físi-
co y psicológico...”
50
821.
En virtud de que el Ejército no contaba con personal especializado
en este tipo de operaciones, el Ejército norteamericano, como parte de su
ayuda militar, brindó el apoyo necesario y a través de especialistas en el te-
ma, impartió la instrucción correspondiente a los oficiales del Ejército de
Guatemala. Inicialmente la capacitación se dio dentro del territorio guate-
malteco y posteriormente en Panamá y en los Estados Unidos.
822.
El 17 de agosto de 1961 se creó, dentro del Ejército de Guatemala,
el Servicio de Cultura y Acción Cívica cuya misión fue cooperar en obras
y actividades de utilidad nacional, en el plan de desarrollo económico y de
cultura y fomentar relaciones de acercamiento entre el pueblo y el Ejérci-
to. El establecimiento de la Acción Cívica fue el antecedente inmediato de
la Dirección 5 del Estado Mayor de la Defensa Nacional, cuya responsabi-
lidad fue la planificación en los temas de Asuntos Civiles y Operaciones
Psicológicas. Además, este departamento fue el encargado de la coordina-
ción, supervisión y control de las operaciones psicológicas del Ejército y
debía considerar las precisiones establecidas con una conceptualización es-
tratégica y centralizada al más alto nivel de Gobierno.
36
49 Ejército de Guatemala, Manual de operaciones psicológicas, TE-318-01, pg. 20.
50 Ejército de Guatemala, plan de campaña Firmeza 83, párrafo IV-C-1. Guatemala 1983.
823.
Dentro de las técnicas más utilizadas en las operaciones psicológicas,
la propaganda fue una herramienta eficaz. Esta consistía en cualquier in-
formación, idea, doctrina o sugestión especial, difundida para influenciar
las emociones o comportamientos de cualquier grupo con el propósito de
ganar su apoyo para lograr el objetivo trazado. Otro método fue la contra-
propaganda, que es el esfuerzo publicitario para hacer frente a la propagan-
da adversa y puede emplear las mismas técnicas.
824.
Los métodos más utilizados fueron el rumor de hechos irreales para
confundir a la población; la comunicación cara a cara que se utilizó prin-
cipalmente en el terreno donde llegaba el Ejército a dar pláticas; la utiliza-
ción de prisioneros en los medios de prensa y la propaganda negra, que tu-
vo sus orígenes en información de fuentes falsas como por ejemplo sugerir
que había elementos disidentes y desleales dentro de las filas de la guerri-
lla. El manual del Ejército señala:
“Las apelaciones tendientes a provocar temor y las amenazas deben ser
empleadas sagazmente en la propaganda ... se pueden comunicar al
destinatario como un ultimátum directo ... el ultimátum directo se
debe respaldar con la presencia y con la voluntad manifiesta de em-
plear al máximo la fuerza ... un fracaso en el empleo de la fuerza co-
mo castigo por no dar cumplimiento a lo exigido por el ultimátum po-
dría destruir la credibilidad de la propaganda...”
51
825.
La actitud de permanente amenaza del uso de la fuerza, y de su em-
pleo directo para dar credibilidad a las operaciones militares, se dirigió fun-
damentalmente a la población civil no combatiente y sospechosa de apo-
yar a la guerrilla. Las operaciones psicológicas, con su componente estruc-
turado de terror y miedo, tal cual lo especifica su propia definición, estu-
vieron estrechamente coordinadas con las operaciones de Inteligencia mi-
litar. Básicamente, en todas las unidades militares que operaron en el terre-
no, cualquiera fuera su tamaño, hubo personal especialista en Inteligencia
y operaciones psicológicas. Su objetivo primordial fue siempre aislar a la
población civil de la insurgencia, castigando indiscriminadamente a esta
última.
826.
Algunos medios utilizados para la ejecución de estas operaciones fue-
ron los volantes y panfletos escritos, las radios comerciales y la televisión.
Sin embargo, lo que más intimidó y aterrorizó a la población fue la boci-
na altoparlante, sobre todo cuando era utilizada desde un helicóptero. En
muchas operaciones militares este procedimiento precedió a la comisión
de masacres, o se verificaron durante ataques a personas desplazadas y
37
51 Ejército de Guatemala, Manual de operaciones psicológicas, TE-318-01, pg. 40.
bombardeos a aldeas de civiles, entre otras. Un plan de campaña del Ejér-
cito establece:
“El empleo de bombardeo aéreo y/o artillería como operaciones psico-
lógicas deberá planificarse y podrá solicitarse al Estado Mayor de la
Defensa Nacional como acción psicológica por parte de los comandos
de las zonas y bases militares”.
52
Actos de extrema crueldad
827.
Durante el desarrollo de estas operaciones contrainsurgentes, el Ejer-
cito cometió numerosas violaciones de los derechos humanos: en algunos
de estos hechos se cometieron actos de extrema crueldad, con el evidente
propósito de provocar en la población un mayor grado de terror del que
habitualmente se causaba durante las incursiones. Estos casos registrados
por la CEH se refieren a actos de canibalismo, es decir, donde los agreso-
res comieron miembros o vísceras de sus víctimas u obligaron a las vícti-
mas a beber su propia sangre o a comerse sus miembros.
53
828.
Tales actos fueron realizados por el Ejército, en forma pública, en las
comunidades, o bien dejó rastros o huellas de estos hechos para que la po-
blación tomara conocimiento de ellos, una vez realizada la incursión mili-
tar, aumentando en ambos casos el efecto de propagar el terror en las co-
munidades.
“2 de mayo de 1981, aldea Xenaxicul, Aguacatán, Huehuetenango.
Llegaron aproximadamente 200 soldados vestidos de verde olivo y ca-
muflados y con las caras pintadas de negro ... reunieron solamente a
los hombres ... un total de 23 ... los hombres fueron obligados a cami-
nar hasta la escuela de la aldea Las Majadas, a 4 kilómetros; dentro
de la escuela les ordenaron formarse y dejaron ir a un anciano del gru-
po ... fusilaron y mataron a los 22 hombres ... después los soldados
partieron los cráneos y se comieron sus cerebros ... cerca de la escuela
hay un barranco donde los soldados botaron los cuerpos de las vícti-
mas ... cuando los soldados se fueron, la gente fue a mirar y en la es-
cuela encontraron platos en la mesa que contenían masa cerebral...”
54
829.
Otro declarante describe así la acción de los soldados y los patrulle-
ros al entrar a una aldea:
38
52 Ejército de Guatemala, plan de campaña Fortaleza 87, anexo B-III-A-2-d segunda fase (penetra-
ción psicológica). Guatemala 1987.
53 Véase también apartado violaciones a los derechos de existencia, integridad e identidad cultural de
los pueblos indígenas.
54 C 5601. Abril, 1982. Aguacatán, Huehuetenango.
“Los que encontraban en las casas los mataban, arrasaban con la siem-
bra, cortaban la milpa, quemaban las casas, a los hombres se los lleva-
ban amarrados con lazo ... sacaron a seis personas y enfrente de todos
les cortaron las orejas y ordenaron que se las comieran...”
55
“Los llevaron amarrados, bien golpeados estaban ya, a la Finca San
Francisco, a una de las víctimas le cortaron una oreja y lo obligaron
a comérsela delante de toda la gente”.
56
830.
En otros casos documentados por la CEH se constató que algunas de
estas operaciones psicológicas, que incluyeron actos de extrema crueldad, se
ejecutaron bajo la modalidad de la coprofagia o similares, esto es, obligar a
las víctimas a comer excrementos o a beber orines propios o ajenos.
831.
La comisión de estas acciones refleja claramente el propósito de sem-
brar un “terror ejemplificante” para obtener la colaboración forzada de las
comunidades con el Ejército y disuadirlas de cualquier intento de apoyo a
la guerrilla. Estos actos de extrema crueldad fueron el resultado de la pues-
ta en práctica de entrenamientos específicos que recibió la tropa para eje-
cutarlos contra la población civil.
“Al final nos hicieron una práctica autorizada por el comandante ...
era de noche y había popó de ellos mismos y había que echarlo en unos
botes, y de último nos lo hicieron comer. Todo fue en el campo de fút-
bol. Algunos vomitaban, pero más les daban para que se lo tragaran;
eso fue en el curso de tigres”.
57
Las operaciones de apoyo a las operaciones contrainsurgentes
832.
Como ya se indicó, las operaciones contrainsurgentes, que tenían
como objetivo la eliminación del enemigo interno, fueron respaldadas por
otro tipo de operaciones también acordes con los objetivos que integraban
la Doctrina de Seguridad Nacional. Estas fueron: operaciones de guerra
ideológica, de seguridad interna y de desarrollo, dirigidas específicamente
hacia la población civil para obtener su apoyo.
Las operaciones de guerra ideológica
833.
A partir de la década de los cincuenta, bajo los auspicios del Gobier-
no estadounidense, se inicia en Guatemala una guerra ideológica contra el
comunismo. La proscripción del partido comunista y el registro de sus mi-
39
55 C 883. Julio, 1981. Rabinal, Baja Verapaz.
56 C 2608. 1981. Cotzal, Quiché.
57 C 11451. Testigo directo CEH, mayo de 1985. Playa Grande, Ixcán, Quiché.
litantes o simpatizantes por una dependencia denominada Comité de De-
fensa Nacional contra el Comunismo fueron los primeros pasos de la ma-
terialización del control ideológico sobre la población.
834.
Este registro fue utilizado también durante las décadas de los cin-
cuenta y los sesenta en operaciones contra los grupos guerrilleros, y apro-
vechado por la Inteligencia militar y la Policía Judicial en los operativos ur-
banos, en la eliminación de líderes de la izquierda que estuvieran compro-
metidos con los movimientos insurgentes o de otras organizaciones socia-
les consideradas como enemigo interno por el régimen imperante.
835.
Dentro de la guerra contrainsurgente, el Ejército determinó que es-
tas operaciones psicológicas tendrían la misión de desarrollar las tareas de
propaganda contra la ideología comunista y a favor de las estructuras de
gobierno, que contaban con el apoyo incondicional de la derecha política.
Como parte de tales operaciones y como uno de los objetivos primordia-
les para ganarse a la población en favor del Estado y del Ejército, el plan
de operaciones psicológicas del plan de campaña Victoria 82 señaló como
uno de sus objetivos: “Crear un marco de legalidad y justificación para com-
batir abiertamente al comunismo...” y más adelante, en el inciso “c” estable-
ció: “Elevar el espíritu nacional dentro de la ideología anticomunista...”
58
y
ordena al Departamento de Cultura y Relaciones Públicas del Ejército que
“ocho días antes de vencer el plazo
59
y en coordinación con la Secretaría de Re-
laciones Públicas de la Presidencia dará inicio a la campaña publicitaria an-
ticomunista, la cual se saturará al finalizar el plazo...”
60
836.
En la implementación de esta intensa y amplia campaña de propa-
ganda anticomunista, y particularmente en su elaboración y distribución,
el Ejército recurrió a métodos clandestinos, llegando al extremo de utilizar
a civiles. Uno de los objetivos perseguidos con este procedimiento fue el de
confundir a la población civil. Al respecto, el plan de campaña Victoria 82,
expresa: “Se elaborarán mantas y efectuarán pintas en forma clandestina en
contra de las facciones subversivas, de preferencia deberán ser elaboradas y co-
locadas por la defensa civil...”
61
837.
La propaganda a favor del Ejército y del Gobierno también contó
con un planificado montaje dirigido a manipular la opinión pública: “Se
incentivarán concentraciones de apoyo de la población civil al Ejército y repu-
40
58 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, anexo F, apartado III-C-1-a. Guatemala
1982.
59 Se refiere al plazo de la amnistía para los insurgentes, que otorga Ríos Montt al comenzar su Go-
bierno de facto.
60 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, anexo F, párrafo III, apartado B-2-c-3. Gua-
temala 1982.
61 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, apéndice B, párrafo III, apartado A-2-a-2-a
y b. Guatemala 1982.
dio a la subversión, teniendo especial cuidado en que estas actividades aparen-
ten ser iniciativas de la población...”
62
838.
Como parte de ese programa de adoctrinamiento ideológico se pla-
nificó y ejecutó un cuidadoso plan de reeducación de la población civil,
principalmente de aquellas personas y comunidades más golpeadas por el
enfrentamiento. Los elementos seleccionados para cumplir esta función
mantenían contacto permanente con la base social, a fin de obtener infor-
mación y un cambio de imagen del Ejército.
63
839.
El Ejército aprovechó psicológicamente la desorganización comuni-
taria y la ruptura del tejido social de las comunidades para lograr un efec-
to de alto impacto en la conciencia de las personas y obtener el apoyo de
la población. Así, el programa de reeducación ideológica para amnistiados,
desplazados y refugiados contempló un programa de adoctrinamiento
ideológico anticomunista. El plan fue implementado a través de charlas en
las que se culpaba a la guerrilla de los daños ocasionados a la población y
sobre los propósitos de la insurgencia, entre otras.
840.
Dentro de las filas del Ejército también existió un programa de for-
mación que consistió, básicamente, en el adoctrinamiento ideológico de
los fundamentos que conforman la Seguridad Nacional. Este adoctrina-
miento ideológico incluía temas como la amenaza de agresión extranjera,
particularmente del “comunismo internacional”, los procedimientos utiliza-
dos por los grupos insurgentes para captar adherentes dentro de la pobla-
ción y la forma de vida en los países con sistemas comunistas. La concep-
tualización e identificación del enemigo “interno” tuvo un importante es-
pacio dentro de la formación ideológica de la tropa.
“Yo no sé nada de eso, a mí me han dicho los jefes que si el comunis-
mo entra en nuestro país ya no va a haber libertad, todos vamos a te-
ner que trabajar para el Gobierno y la comida va a ser racionada;
también me han dicho que en Cuba a los señores que pasan de los 60
años los matan porque ya no sirven para nada ... entonces, por eso de-
bemos luchar para que esto no suceda en nuestro país, aunque tenga-
mos que matar a todos estos indios...”
64
841.
La campaña de guerra ideológica también fue orientada contra gru-
pos religiosos instalados en el país. El Ejército señalaba que las institucio-
nes religiosas apoyaban o alentaban a través de su prédica los movimientos
41
62 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, apéndice B, párrafo III-A-2-a-1. Guatemala
1982.
63 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, apéndice A. Guatemala 1982.
64 Testigo (ex miembro de la PMA del Ejército de Guatemala) CEH. (T.C. 104).
guerrilleros, teniendo como punto de referencia la teología de la liberación,
como lo especifica en el informe que entregó a la CEH:
“Dentro de ese espacio de tiempo se dio el involucramiento en el mo-
vimiento de algunas organizaciones, las que, a su vez, fueron instan-
cias de socialización en otras esferas de la experiencia humana como,
por ejemplo, la religiosa. A través de quienes se manifestaron proclives
o simpatizantes de la teología de la liberación se dio la participación
en la organización de base. Como se puede advertir, la influencia en
estos sectores se dio, sobre todo, en las actividades de los grupos que ba-
saban su trabajo en tratar de legitimizar su proyecto y su tendencia
marxista-leninista por vía de la penetración ideológica de las masas
para su posterior manipulación. Se menciona esto porque fue a través
de estas actividades que algunos de estos sectores se vieron involucra-
dos en el enfrentamiento...”
65
842.
La labor de la Inteligencia militar y de las operaciones psicológicas
sobre las Organizaciones no Gubernamentales, nacionales e internaciona-
les, fue permanente. Se trataba de evitar que dichas organizaciones fueran
infiltradas por la guerrilla para ejercer presión sobre el Gobierno:
“A la par del involucramiento de integrantes de organizaciones de
tanto peso histórico y social como las diferentes iglesias, se vieron invo-
lucradas también otro tipo de organizaciones. Se trataba de organiza-
ciones sociales afines financiadas desde el extranjero y de aquellas ins-
tancias establecidas por las facciones políticas del movimiento que de
una u otra forma expresaban intereses de grupos...”
66
[La guerrilla puede] “organizar y utilizar a las masas con fines insu-
rreccionales a través del Comité de Unidad Campesina (CUC), Gru-
po de Apoyo Mutuo (GAM), Comité Nacional de Viudas de Guate-
mala (CONAVIGUA) y de la Unión Sindical de Trabajadores de
Guatemala (UNSITRAGUA)”.
67
[La guerrilla puede en lo ideológico] “penetrar ideológicamente en
los grupos de poder (en el sector privado, Iglesia, medios de comunica-
42
65 Ejército de Guatemala, “Informe oficial del Ejército sobre el conflicto armado interno”, entrega-
do a la CEH, pg. 12. Guatemala 1998.
66 Ejército de Guatemala, “Informe oficial del Ejército sobre el conflicto armado interno”, entrega-
do a la CEH, pgs. 12 y 13. Guatemala 1998.
67 Ejército de Guatemala, plan de campaña Fortalecimiento Institucional 89, anexo A-II-A-1-a. Gua-
temala 1989.
ción social, cuadros bajos del Ejército y partidos políticos), así como
también en los grupos de presión (sindicatos, agrupaciones estudianti-
les, ligas campesinas, GAM y grupo del padre Andrés Girón)”.
68
843.
Sin embargo, tanto el sector religioso como las organizaciones de
defensa de los derechos humanos y otras fueron objeto de la acción del
Ejército, más allá de la guerra ideológica. Durante el enfrentamiento ar-
mado fueron consideradas como parte del enemigo interno al cual había
que destruir.
69
Las operaciones de seguridad interna
844.
Las leyes constitutivas del Ejército de 1960 y 1968 establecieron que
la institución armada es la destinada a mantener la independencia, la inte-
gridad del territorio, la paz y la seguridad exterior e interior. La Ley Cons-
titutiva de 1983 también recogió los conceptos de soberanía, independen-
cia e integridad, pero no especificó las funciones del Ejército en materia de
seguridad interna y externa.
845.
Durante el enfrentamiento armado interno el Estado entregó en ma-
nos del Ejército la seguridad pública. La Policía Nacional y la Guardia de
Hacienda fueron instituciones subordinadas al Ejército, lo cual permitió a
este último tener el control de la población. Así, los jefes de la Policía y
otros mandos intermedios fueron militares. En la época del general Ger-
mán Chupina Barahona, director de la Policía Nacional durante el Gobier-
no de Romeo Lucas García (1978-1982), se exigía como requisito para ser
agente policial haber sido militar.
846.
Por esta razón, incluso las operaciones de seguridad interna contra la
delincuencia común fueron absorbidas por el Ejército, como consecuencia
de detentar el control militar de las gobernaciones departamentales, prin-
cipalmente en aquellas regiones catalogadas “rojas” por la intensidad del
enfrentamiento:
“Coordinar las fuerzas de seguridad para llevar efectivamente medi-
das de seguridad en el área, tanto a personal militar como a personal
civil que coopera en la lucha contra la subversión y la población civil
en general...”
70
847.
Estas operaciones de seguridad interna sirvieron de soporte y com-
plemento a las operaciones contrainsurgentes. El Ejército se valió perma-
nentemente de las fuerzas policiales para realizar operaciones militares y así
43
68 Ejército de Guatemala, plan de campaña Unidad 88, anexo A-II-A-3. Guatemala 1988.
69 Véase capítulo III, destrucción del tejido social.
70 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, anexo G, párrafo III-C-3. Guatemala 1982.
evitar el desgaste de sus propias fuerzas. Un claro ejemplo de lo anterior se
encuentra en la masacre de la Embajada de España, donde la fuerza poli-
cial se subordinó a las órdenes de la Inteligencia militar.
71
848.
Para la realización de las operaciones de Inteligencia encubiertas con-
tra la población civil, el Ejército también utilizó delincuentes comunes o
personas con antecedentes policiales.
“En casos extremos, se pueden utilizar ciertas personas con anteceden-
tes policiales. Este chantaje, desagradable y no muy ético, puede sin
embargo dar al agente la audacia que determinadas acciones exi-
gen...”
72
849.
Dentro de la seguridad interna del país el Ejército también tuvo has-
ta 1973 el apoyo de los sectores empresarial y agrícola, al contar éstos con
facultades legales para actuar como policía. El Código Penal, Decreto 2164
del 29 de abril de 1936, establecía:
“[A] todo propietario de finca rústica, sus administradores o repre-
sentantes legales se les equipara a la categoría de agentes de la auto-
ridad y están obligados a capturar, o en su caso a perseguir, a toda
clase de delincuentes, poniéndolos a disposición de la autoridad más
inmediata”.
73
Las operaciones de desarrollo
850.
Las operaciones contrainsurgentes exigían que las estructuras del Es-
tado estuvieran en función de las campañas militares. En la década de los
sesenta, en la región del Oriente, y debido a la ubicación geográfica del en-
frentamiento, el Ejército implementó la acción cívica como complemento
de las operaciones militares. La acción cívica fue una parte estructural y or-
gánica del Ejército, su incorporación a las fuerzas armadas latinoamerica-
nas fue realizada por el Ejército estadounidense a partir de la Segunda
Guerra Mundial.
851.
El objetivo de las acciones cívicas era eliminar las causas sociales que
motivaron el surgimiento del enfrentamiento armado.
“Se pondrán en práctica los planes elaborados por cada uno de los mi-
nisterios del Estado en el área rural, teniendo como base prioritaria
44
71 CI 79. Enero 1980. Ciudad de Guatemala.
72 Centro de Estudios Militares del Ejército de Guatemala, Manual de guerra contrasubversiva, capí-
tulo X , “Lucha contra el terrorismo”, apartado C: Las acciones represivas, 1983, pg. 113.
73 El Código Penal de 1936 mantuvo vigencia hasta 1973, derogado por Decreto 17-73. El Artícu-
lo 154 del Decreto 2164 menciona la obligación antes citada.
reformas importantes de carácter social y económico en las áreas afec-
tadas por el estado de violencia, en donde el enemigo ha desarrollado
una adecuada labor de concienciación, tendrán trato preferencial en
cuanto a obras de infraestructura en las áreas de salud, educación,
agricultura y vivienda...”
74
852.
En la práctica, el Ejército dispuso de su personal especializado en la
construcción y reparación de puentes, carreteras, reparto de alimentos, se-
guridad pública, entre otras acciones. El Gobierno tuvo que disponer de
los esfuerzos de otros ministerios con sus recursos humanos, materiales y
técnicos. Estos apoyos, complementarios de otros medios del Estado en las
operaciones contrainsurgentes, se presentaron sobre todo a partir de fina-
les de la década de los setenta y principios de la década de los ochenta. En
los planes de campaña se establece esa participación de otras estructuras es-
tatales en las operaciones contrainsurgentes.
“De acuerdo a lo establecido por el Señor Presidente de la República,
el Comité de Reconstrucción Nacional es el coordinador general del
Plan de Desarrollo y deberá tener conocimiento de los planes que rea-
lizan los Comandos Militares, con el objeto de apoyar el esfuerzo mi-
litar de guerra, conocimiento que deberá ser establecido a través de la
Jefatura del Estado Mayor General del Ejército...”
75
853.
Dentro de estas operaciones se encuentran las denominadas “fusiles
y frijoles” y “techo, tortillas y trabajo”, que tenían como objetivos:
“Dotar a las poblaciones desplazadas, evacuadas o refugiadas de ali-
mentos, viviendas y trabajo con el objeto de demostrar a los grupos que
apoyan a la subversión en forma forzada que abandonen a los sub-
versivos. Pueden encontrar refugio seguro, asimismo restarle apoyo po-
pular a los grupos armados y crear internacionalmente una imagen
positiva de las acciones tomadas por el Gobierno”.
76
854.
Este plan fue implementado en diferentes fases. La fase I, denomi-
nada “fusiles y frijoles”, utiliza los medios que había donado el Programa
Mundial de Alimentos; construyeron campamentos para refugiados y se
45
74 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, anexo F, parráfo III-A-3-a-1. Guatemala
1982.
75 Ejército de Guatemala, plan de campaña Firmeza 83, apéndice 4, párrafo III-E-12. Guatemala
1983.
76 Ejército de Guatemala, plan de campaña Firmeza 83-1, apéndice 3, anexo G, “Planes de desarro-
llo socioeconómico a las operaciones contrasubversivas”, párrafo V. Guatemala 1983.
entregó alimentos por trabajo. La intención era dotar a las poblaciones des-
plazadas de medios de subsistencia y adoctrinarlas ideológicamente contra
el comunismo. En la fase II entrenaron militarmente a la población civil y
la organizaron como cuerpos de defensa.
Las principales unidades militares del Ejército
que participaron en el enfrentamiento armado
855.
La disposición y organización del Ejército durante el enfrentamien-
to armado está en las leyes constitutivas de los años 1960,
77
1968,
78
1983,
79
1986
80
y 1990
81
. Estas cinco leyes se inspiraron en los fundamentos con-
tenidos en la Doctrina de Seguridad Nacional y se modificaron a medida
que el enfrentamiento armado se desarrollaba.
856.
En la década de los sesenta, el Ejército contó con una estructura con-
vencional similar a los ejércitos latinoamericanos, con influencia del Ejér-
cito estadounidense en cuanto a su doctrina de actuación militar. La apa-
rición de una insurgencia armada y organizada generó cambios paulatinos
en la Institución Armada. Algunas de las principales novedades y cambios
en la evolución y modernización del Ejército fueron: la dependencia orgá-
nica de la Fuerza Aérea y de la Marina al Ejército; la creación de la Policía
Militar Ambulante; la acción cívica; las operaciones psicológicas; el au-
mento del tiempo de duración del servicio militar obligatorio; la modifi-
cación en los planes de estudios de los principales centros de enseñanza mi-
litar; la creación de la fuerza contraterrorista y de operaciones especiales
kaibiles, y la sistematización en la enseñanza de la Inteligencia militar.
857.
No es propósito de la CEH explicar la organización del Ejército de
Guatemala ni presentar los cambios que sufrió durante el enfrentamiento.
Simplemente y con el afán de ayudar a comprender la participación del
Ejército durante el enfrentamiento, se harán algunas consideraciones sobre
las unidades militares que tuvieron mayor relevancia dentro de las opera-
ciones contrainsurgentes y que, según los testimonios recogidos por la
CEH, ocasionaron el mayor número de violaciones de los derechos huma-
nos e infracciones del derecho internacional humanitario. Estas son las
unidades regulares desplegadas en las zonas y bases militares, las Fuerzas de
Tarea, las Fuerzas Especiales Kaibiles, la Policía Militar Ambulante, la
46
77 Apéndice No. 1, organigrama de la estructura del Ejército de Guatemala acorde a la Ley Consti-
tutiva del Ejército de 1960. Decreto 1387, 1 de octubre de 1960.
78 Apéndice No. 2, organigrama de la estructura del Ejército de Guatemala acorde a la Ley Consti-
tutiva del Ejército de 1968. Decreto 1782, 5 de septiembre de 1968.
79 Apéndice No. 3, organigrama de la estructura del Ejército de Guatemala acorde a la Ley Consti-
tutiva del Ejército de 1983. Decreto-Ley 149/83, 5 de diciembre de 1983.
80 Apéndice No. 4, organigrama de la estructura del Ejército de Guatemala acorde a la Ley Consti-
tutiva del Ejército de 1986. Decreto-Ley 26/86, 10 de enero de 1986.
81 Apéndice No. 5, organigrama de la estructura del Ejército de Guatemala acorde a la Ley Consti-
tutiva del Ejército de 1990. Decreto 72/90, 13 de diciembre de 1990.
Fuerza Aérea, el Estado Mayor Presidencial y el Estado Mayor de la De-
fensa Nacional.
Las unidades regulares
858.
La evolución de las operaciones contrainsurgentes y la regionaliza-
ción del enfrentamiento armado fueron factores determinantes para el des-
pliegue territorial de las unidades militares. La doctrina del Ejército en la
década de los sesenta fue, básicamente, de protección de sus fronteras an-
te una agresión militar externa para enfrentar operaciones de índole con-
vencional. Sin embargo, después de los inicios del enfrentamiento arma-
do, la importancia estratégica de las diferentes regiones en que se dividió
el país en esta década, obedeció a una distribución con carácter geopolíti-
co militar y estuvo puntualizada principalmente en la región del Oriente
del país, donde se focalizó la acción de la guerrilla.
82
859.
Hacia finales de la década de los setenta y principios de la década de
los ochenta, con el resurgimiento de las acciones militares por parte de la
guerrilla, el Ejército empleó dos conceptos y objetivos estratégicos: uno, el
control físico del terreno ocupado por efectivos militares; y dos, la utiliza-
ción de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Estas últimas consolida-
ron el control territorial, cubriendo el espacio físico que el Ejército no ocu-
paba y ejerciendo labores de control sobre la población civil.
860.
En 1983 el Ejército alcanzó el objetivo estratégico territorial a través
de la creación de nuevas zonas y bases militares. Esta organización territo-
rial en el interior del país se realizó desplegando una o más unidades mili-
tares por departamento, que coincidieron con los límites políticos admi-
nistrativos. En la ciudad capital siguieron existiendo varias unidades mili-
tares, en proporción al número de población y al concepto de despliegue
militar urbano.
83
861.
Las zonas militares, por su distribución geográfica y número de
miembros, recibieron a las unidades más preparadas durante el enfrenta-
miento. Estas instalaciones militares conformaron la base estructural del
Ejército y en ellas prestaron su servicio la mayoría de los oficiales. Al ser
instalaciones militares fijas y permanentes, permitieron al Ejército tener
una o más bases de operaciones centralizadas en cada región del enfrenta-
miento, las que podía crear, reunificar o replegar cada vez que fuese nece-
sario. La permanencia de estas unidades dentro de las zonas, significó la
continuidad operativa en el terreno, a diferencia de las Fuerzas de Tarea,
que se articulaban para una operación determinada y se desactivaban una
47
82 Apéndice No. 6, despliegue territorial del Ejército de Guatemala a partir de la nueva regionaliza-
ción militar, 1961.
83 Apéndice No. 7, despliegue territorial del Ejército de Guatemala a partir de la creación de nuevas
zonas militares en 1983.
vez cumplida la misión. Las tropas especiales, como los paracaidistas y kai-
biles, estaban constituidas para dar apoyo a las operaciones de estas unida-
des militares.
862.
De la totalidad de violaciones de los derechos humanos atribuidas al
Ejército durante el enfrentamiento, el 89.99% corresponde a las unidades
regulares desplegadas en las zonas y bases militares.
Las Fuerzas de Tarea
84
863.
La continua evolución del enfrentamiento armado modificó la con-
ceptualización estratégica y táctica sobre el empleo de las fuerzas militares
en los teatros de operaciones, lo que permitió, fundamentalmente en la dé-
cada de los setenta, formar un núcleo militar heterogéneo en cuanto a la
composición de sus fuerzas. Estuvo integrado por todas las armas profesio-
nales (infantería, artillería, blindados, marina, fuerza aérea) y de organiza-
ción variable, en cuanto a la cantidad de efectivos militares empleados. Es-
to permitió al Ejército combinar tropas para determinados tipos de opera-
ciones, dando rápida respuesta a nuevas situaciones en un enfrentamiento
armado convencional.
864.
Esta nueva forma de operar se denominó Fuerza de Tarea. Dicha
fuerza posee la suficiente flexibilidad para integrarse en corto plazo, reali-
zar operaciones militares por el tiempo que sea necesario, y sus unidades
pueden ser relevadas en caso de prolongarse la operación. Una vez que con-
cluye la misión, se desmoviliza y los efectivos militares regresan a sus uni-
dades de origen.
865.
Este nuevo concepto fue aplicado integralmente por el Ejército pa-
ra combatir a las fuerzas insurgentes, a partir de finales del año 1981, con
la conformación de su primera Fuerza de Tarea llamada Iximché.
85
Esta
Fuerza de Tarea comenzó sus operaciones militares en diciembre de 1981
y su área de operaciones, que llevó el mismo nombre, fue el Altiplano cen-
tral (el departamento de Chimaltenango, el nororiente del departamento
de Sololá y el sur del departamento de Quiché).
“Y la ofensiva nuestra comenzó a finales de 1981; si no recuerdo mal,
más o menos en octubre de 1981 se convence al jefe del Estado Ma-
yor, que era el general Benedicto Lucas, en esa época, del volumen o
del crecimiento que había tenido el movimiento guerrillero, que ya
ellos habían llegado con sus unidades al área de Chimaltenango y que
48
84 La actuación de estas unidades durante 1982 se detalla en el apartado de masacres.
85 El nombre de esta Fuerza de Tarea, así como el de otras eran de origen maya: Iximché, Gumarcaj,
Quiriguá, Xancatal eran ciudades mayas. El Quetzal y el Tigre eran nahuales mayas. Cabracán y
Sinacán eran personajes míticos mayas.
tenían consolidado el occidente del país ... convencido él de esto se es-
tructuran las primeras iniciativas militares ... como Fuerzas de Ta-
rea ... y tal vez, la más simbólica dentro de ese esfuerzo que llama-
mos ofensiva militar fue la Iximché que estuvo basada en Chimalte-
nango...”
86
866.
En ese año era fundamental contener el Frente Augusto César San-
dino (FACS), que actuaba básicamente en el departamento de Chimalte-
nango y sur de Quiché.
“En octubre del 81, el Estado Mayor de la Defensa ordenó el replie-
gue de prácticamente casi todos los destacamentos y efectivos militares
del área ixil, Playa Grande, otros lugares de Quiché y norte de Hue-
huetenango y los concentró en la base de La Aurora, en septiembre de
ese año, para reentrenarlos para lanzar una ofensiva ... fue una ope-
ración engaño ... la fecha era un secreto. Se reunían muchos genera-
les y coroneles en el Agrupamiento Táctico de Seguridad para plani-
ficar en secreto. Una mañana nos dieron la orden de hacernos cargo
de nuestras unidades y trasladarnos de inmediato a Chimaltenango
y nos prohibieron que les avisáramos a nuestras familias. En Chimal-
tenango nos comunicaron cuál era la operación que íbamos a hacer,
y la de Fuerza de Tarea Iximché era la concentración de tropas más
grande que se hizo en Guatemala hasta ese momento, 2,800 hom-
bres de todas las armas, con equipo de combate. La operación comen-
zó en el mes de noviembre, avanzando hacia el norte, con la inten-
ción de combatir al Frente Augusto Sandino y obligarlo a replegarse.
Hubo muchos combates, mucha gente muerta; nosotros tuvimos mu-
chas bajas, también hubo muchos excesos como parte de las operacio-
nes militares...”
87
867.
En la fecha que operó esta Fuerza de Tarea en el departamento de
Chimaltenango y sur de Quiché, la CEH registró graves y numerosas vio-
laciones de los derechos humanos entre las que se cuentan masacres, eje-
cuciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas.
“4 de enero de 1982, terreno Rincón Grande, pueblo de San Andrés
Itzapa. A las doce del mediodía sentí una explosión y luego vi que lle-
gaba un pelotón del Ejército, me rodearon y preguntaron: ‘¿Quiénes
fueron?’ ... eran 50 o 60 soldados ... subieron y se desplegaron con ca-
49
86 Testigo (oficial del Ejército de Guatemala) CEH. (T.C. 102).
87 Ibid.
miones y comenzaron a bombardear con helicóptero ... todas las per-
sonas que trabajaban por allí se vinieron a sus casas ... nunca antes
el Ejército había estado desplegado en este lugar ... en esta masacre
murieron once vecinos ... al siguiente día, junto con los bomberos
fueron a ver los cadáveres que estaban en sus terrenos: unos tenían
atravesados sus propios machetes (desde la espalda hasta el abdomen).
A otros les cortaron los testículos y se los metieron en la boca. Uno de
los cadáveres mostraba signos de haber querido huir del lugar, esta-
ba debajo de un palo de anona. En esa época el destacamento mili-
tar ya estaba ubicado en la alameda de Chimaltenango ... de allí sa-
lieron ... los cadáveres están enterrados en el cementerio de San An-
drés ... además hubo otras matanzas en abril de 1982 en las aldeas
de Los Corrales, Cajahualtén, Panimaquín, Chicasanga, Chima-
choy, San Diego...”
88
868.
Los éxitos obtenidos en esta ofensiva, en cuanto a los objetivos de
golpear fuertemente a la guerrilla y obligarla a replegarse hacia el norte,
motivaron a los mandos militares a planificar futuras operaciones con-
trainsurgentes con este tipo de fuerzas. Debe tenerse en cuenta que debi-
do a la prolongación de las operaciones, las unidades componentes de una
Fuerza de Tarea eran relevadas periódicamente por fuerzas de otras unida-
des, por lo que desde la conformación inicial hasta la fecha de su desacti-
vación podía tener unidades completamente diferentes, inclusive en cuan-
to a las armas de apoyo.
89
869.
El plan de campaña Victoria 82, dentro de sus misiones específicas,
ordenó la conformación de dos Fuerzas de Tarea que, sumadas a la ante-
rior, continuaron las operaciones contrainsurgentes en aquellas áreas don-
de la guerrilla aumentaba sus operaciones militares.
90
A partir de junio de
1982, la Fuerza de Tarea Gumarcaj operó en el área ixil de Quiché, en el
área de operaciones del mismo nombre. La Fuerza de Tarea Tigre operó en
Ixcán, Quiché, en el área de operaciones del mismo nombre y la Fuerza de
Tarea Iximché continuó sus operaciones en la misma área de responsabili-
dad. En el anexo K ordenó la conformación de la Fuerza de Tarea Quiri-
guá, que actuó en el área de operaciones del mismo nombre, en el depar-
tamento de San Marcos.
870.
En el plan de campaña Fortaleza 87 se menciona el comienzo de las
operaciones de la Fuerza de Tarea Kaibil Balam en el área de operaciones
50
88 C 361. Enero 1982. San Andrés Itzapa, Chimaltenango.
89 Apéndice No. 8, organización tipo de una Fuerza de Tarea del Ejército de Guatemala. Esta orga-
nización es la contemplada en el plan de campaña del año 1988. La Fuerza de Tarea Kaibil Balam
fue conformada en el año 1987 con otras unidades diferentes.
90 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, párrafo VIII, apartados P, Q y R.
que comprende aproximadamente el área ixil, y de la Fuerza de Tarea Xan-
catal, que inició operaciones el 28 de septiembre de 1987 en la zona de
operaciones del Frente Javier Tambriz, de la ORPA, en parte de los depar-
tamentos de Sololá, Chimaltenango y Mazatenango, y se desactivó el 1 de
marzo de 1988. En el plan de campaña Unidad 88 se menciona la conti-
nuación de las operaciones de la Fuerza de Tarea Kaibil Balam desactiván-
dose a partir del 15 de marzo de 1988.
871.
En el plan de campaña Fortaleza por la Paz 91 se ordenó la confor-
mación de la Fuerza de Tarea Cabracán, en jurisdicción de la zona militar
No. 302, en el departamento de Chimaltenango. Inició las operaciones el
11 de octubre de 1991 y quedó desactivada el 23 de diciembre de ese mis-
mo año. El plan de campaña Consolidación por la Paz 92 ordenó la forma-
ción de la Fuerza de Tarea El Quetzal a partir de febrero de 1992, con área
de operaciones en los departamentos de Suchitepéquez, Retalhuleu, Toto-
nicapán, Quetzaltenango y Huehuetenango, y de la Fuerza de Tarea Mira-
mundo, a partir del 14 de mayo de 1992, con área de operaciones en el de-
partamento de Santa Rosa. Su desactivación se dispuso a partir del 31 de
julio de dicho año.
872.
El plan de campaña Integración 94 ordenó la integración de la Fuer-
za de Tarea Sinacán, con área de operaciones en los departamentos de Chi-
maltenango, Escuintla, Suchitepéquez y Retalhuleu; fue activada el 19 de
mayo de 1994 y desactivada el 6 de octubre del mismo año. En el plan de
campaña Integración 95 se conformaron las Fuerzas de Tareas Carmona y
Xinca, que operaron en la jurisdicción de los departamentos de Chimalte-
nango y Escuintla a partir del 10 de mayo y 2 de octubre de 1995 en los
departamentos de Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa, respectivamente.
La formación del soldado en el Ejército
durante el enfrentamiento armado
873.
Durante el enfrentamiento armado interno, la formación de los sol-
dados en el Ejército tuvo como antecedente el reclutamiento forzoso, ile-
gal y discriminatorio,
91
que fue el principal mecanismo empleado para la
captación de hombres de la tropa. Este fenómeno, esencialmente violento
desde su origen, fue el preámbulo de otro conjunto de actos de igual o su-
perior dureza: el adoctrinamiento ideológico y la preparación física aplica-
da sobre quienes ingresaban como soldados regulares a la institución. Es-
tos procesos, que permiten comprender algunos actos extremos de cruel-
dad cometidos por soldados en las masacres, a veces contra población civil
de su propia etnia, vulneraron no sólo la legalidad interna de la propia ins-
titución castrense, sino que conllevaron violaciones de derechos humanos
51
91 Véase apartado sobre reclutamiento forzoso en este mismo capítulo.
52
cometidas contra los propios soldados y llegaron a provocar incluso la
muerte de algunos de ellos.
“Murieron soldados durante el entrenamiento, algunos se fracturaron,
otros perdieron la vista ... Por ejemplo, en el descenso de vehículos en
marcha, ahí se quebraron cinco, el día que yo vi. Hubo uno que es-
tuvo muy grave, se cayó en la marcha y los que venían detrás le pasa-
ron por encima y lo dañaron por dentro y me dijeron que murió”.
92
874.
Los procedimientos que el Ejército utilizó para contar con una tro-
pa ideológicamente afín y sumisa ante órdenes que conducían indefectible-
mente a la comisión de graves violaciones de los derechos humanos contra
población indefensa, estuvieron constituidos, básicamente, por castigos fí-
sicos, amenazas y actos de degradación moral. Muchos de los soldados que
fueron víctimas de este proceso relataron a la CEH sus experiencias y los
sufrimientos que experimentaron a raíz de los métodos empleados por sus
superiores.
“Me llevaron a la zona militar de Huehuetenango donde recibí en-
trenamiento durante tres meses. Fue muy duro, siempre los oficiales
nos maltrataban, nos pateaban, nos golpeaban y nos trataban de gue-
rrilleros. Yo no sabía nada de la guerrilla pero nos acusaban siempre
de ser guerrilleros. No respetaban a la gente y no se podía suplicar por
nuestros derechos. Si uno rechazaba el entrenamiento, recibía castigos
como correr durante horas y horas en puro lodo o cargar una mochi-
la con piedras. Al cabo de tres meses de entrenamiento ya somos solda-
dos, no más entrenamiento por motivo de la guerra nos dijeron. Y se-
guían los castigos. Si un soldado perdía su arma, tenía que ser mata-
do ... Nosotros los soldados no queríamos hacer guerra pero todos está-
bamos obligados al servicio militar y lo hacíamos por miedo a ser ma-
tados por los oficiales y acusados de ser guerrilleros”.
93
875.
El castigo físico, mediante la aplicación de tratos crueles, inhumanos
y degradantes, con el sólo objeto de lograr un “aprendizaje” rápido y eficaz,
fue el método más frecuentemente utilizado. Estos apremios partían del
perverso supuesto de que en el dolor, el miedo y el temor radica el funda-
mento de la obediencia militar.
“Algunas de las posiciones que teníamos que hacer eran colgado de la
cama: tenía que poner los pies para arriba y la cabeza para abajo; el
92 C 11431. 1983. Ixcán, Quiché.
93 Testigo CEH. (T.C. 91)
puente roto: con la cabeza pegada al suelo y sujetarse con la punta de
los pies. El diablito pensando: tumbado, sólo apoyar los codos y los
pies. El Cristo padeciendo en la cama: abrazar las dos columnas de
las camas y tener que levantar los pies a la altura del pecho. La posi-
ción de choper [helicóptero]: poner los puños y la cabeza como pun-
tos de apoyo y las rodillas apoyadas sobre los codos. Eran las más du-
ras. A todos nos ponían a hacerlas”.
94
876.
Mediante el empleo de tales prácticas ilegítimas de adiestramiento,
el Ejército intentó asegurar la obediencia ciega de la tropa y un espíritu de
cuerpo fundamentado en la complicidad del grupo para preservar la im-
punidad de todas sus acciones, no sólo aquellas dirigidas contra la pobla-
ción civil sino también las cometidas en las propias filas de la institución.
De este modo, las órdenes del superior, aunque fuesen abiertamente ilega-
les, no eran discutidas por los subordinados y cualquier obstáculo en su
realización era también castigado. Esas órdenes prevalecían sobre la ley. El
espíritu corporativo dirigido a proteger a los autores de violaciones de de-
rechos humanos constituyó uno de los principales sustentos de la actua-
ción impune del Ejército.
“Un día el comandante ... del pelotón y el sargento segundo ... man-
daron a secuestrar a un hombre de civil; ese día ambos estaban ebrios
y el hombre secuestrado se murió a causa de las torturas. El coman-
dante mandó a un soldado que descolgara a la víctima a quien ha-
bía picado con un puñal; le dijo al soldado que se lo llevara lejos. El
soldado no se movió y el comandante le pegó ... el sargento bajó el ca-
dáver, lo envolvió en un poncho de agua y se lo llevó. El soldado que
estaba en la garita marcó alto para pedir la seña y contraseña para
que se identificara, él se identificó y dio todas las señas. El soldado se
le acercó y él le dijo que se retirara, como no lo hizo le dio una pata-
da en el pecho. El sangrerío fue lavado por los soldados, y lo fue a ti-
rar a una pista de aterrizaje de aviones. Para borrar las huellas y des-
pistar acerca de lo ocurrido en ese momento, mandó llamar a la fa-
milia entera y les dijo que el hombre estaba en otra aldea y que de-
bían ir hasta allí. La familia aceptó desplazarse pero el sargento
mandó una escuadra de soldados por delante para que cuando vie-
ran a la familia la mataran, y lo hizo bien porque cuando salió a la
luz lo sucedido no se logró aclarar todo. Cuando pasaron el punto,
los soldados posteados en el camino comenzaron a disparar y mata-
ron a los niños y mujeres y se apachó el clavo. El soldado informó que
53
94 C 11418. 1985. Ixcán, Quiché.
iba apoyando a una familia y que se encontró con la guerrilla que
mató a la familia”.
95
877.
El entrenamiento militar fue particularmente más violento cuando
los soldados eran indígenas, quienes, por lo demás, constituían el sector
mayoritario y a la vez el más vulnerable entre los reclutados forzosamente
por el Ejército. Esta práctica discriminatoria, de antigua data, significó
agravar las condiciones de su adiestramiento. Todo se hacía aún más peno-
so si no entendían el idioma castellano en que se impartían las órdenes.
“Había mucha discriminación con el indígena. A los indígenas los
golpeaban, casi por gusto, porque no podían decir una palabra. La
misión era enseñarles el español a puro golpe y algunos pedían la ba-
ja. A los indígenas que más golpeaban, porque no podían hablar, era
a los del Estor y Cobán. Muy poquito hablaban, apenas se les enten-
día. No entendían las órdenes, y como no entendían, decían sí sin sa-
ber. Por ejemplo les preguntaban, ‘¿quieres estar de alta?’ Y quizás de-
cían, ‘sí’; pero después les preguntaban, ‘¿te gusta la vida militar?’ y
decían que no. Quien más les pegaba era un sargento encargado de la
formación. No había clases, tenían que aprender a pura fuerza”.
96
878.
Durante el período de entrenamiento, el nuevo soldado era someti-
do a rutinas que poco tienen que ver con la preparación militar propia-
mente dicha, pues consistían en prácticas inhumanas y aberrantes orienta-
das a generar una paulatina degradación de los valores, asegurando con ello
la posterior utilización del soldado como un instrumento de actos absolu-
tamente reñidos con las normas elementales de respeto al ser humano.
“Ante el trabajo, el dolor, casi nunca he llorado. A veces mi papá me
pegó duro, pero lloré amargamente en la última fase del entrenamien-
to que se llama olores, sabores y sonidos. Debes decir el olor que sien-
tes, el sabor que sientes y el sonido que oyes, comenzando por el cali-
bre del disparo que oyes, disparan una serie de armas, bombas, gra-
nadas ... Después te tapan los ojos y te dejan sólo con la nariz y tienes
que decir qué producto es. Después te tapan la nariz y nos hicieron
probar un montón de babosadas. La mierda es cuando me he sentido
más humillado, heces humanas, uno con un palo te lo pone en la len-
gua, grasa, aceite quemado, tierra o lo que ellos encuentren. Después
te traían en un bote una mezcla de heces y metían tu mano, y es obli-
54
95 C 11431. 1983. Ixcán, Quiché.
96 C 11418. 1985. Ixcán, Quiché.
gatorio y hay garrote para pegar al que no lo haga. Cuando uno sien-
te el sabor y el olor comienza a vomitar. Yo me tiré y me revolqué y
dije que eso es una mierda, no sentía el dolor. Ya había pasado el en-
trenamiento físico, los golpes en el estómago, el dolor, yo ya llevaba
una buena forma física y en esa fase, en la última, yo me sentí malí-
simo, humillado, lloré amargamente, es lo peor de mi vida que he pa-
sado. Después nos llevaron a comer, esa noche no hubo comida, daba
asco comer, después ni comer queríamos”.
97
879.
En la época del enfrentamiento armado interno, la preparación del
soldado en el Ejército, según logró verificarlo la CEH, fue concebida cen-
tralmente, con la finalidad de obtener de aquél una conducta semejante a
la recibida. Esto explica, en parte, la magnitud y la crueldad de las viola-
ciones de derechos humanos perpetradas por soldados, hijos del pueblo,
contra sus propios hermanos.
“Me pareció que la formación que le dan a uno es infrahumana y a
la población se le trata como si fueran enemigos y no puede uno acer-
carse a la población, hay que tratarles como enemigos, por muy ami-
ga que sea la población siempre se dice al soldado que no se acerque
mucho, siempre está la mala idea de que la población sea tratada co-
mo animales”.
98
Las Fuerzas Especiales Kaibiles
880.
A inicios de la década del sesenta comenzaron los primeros intentos
del Ejército por conformar tropas para realizar operaciones especiales, de
comandos y contraterroristas. Existían tres compañías de paracaidistas con
entrenamiento de fuerzas especiales, con base en los oficiales que realiza-
ron cursos de Rangers en Estados Unidos. Estas compañías se disolvieron
con la caída del presidente Ydígoras Fuentes.
881.
En la permanente evolución y actualización de las técnicas de com-
bate se fue gestando la creación de una tropa de élite, durante la década de
los sesenta y principios de los setenta, con la finalidad de contar con tro-
pas de especialistas. Estas permitían al Ejército dar una respuesta más rápi-
da a las operaciones de la guerrilla, tanto en el área urbana como en la ru-
ral, con mayor economía de medios y golpeando contundentemente a las
unidades de los insurgentes.
882.
Durante estas dos décadas el Ejército envió numerosos oficiales a
realizar cursos de fuerzas especiales a varios países, como por ejemplo Pe-
55
97 C 11431. 1983. Ixcán, Quiché.
98 Ibid.
rú, Chile, Colombia y Panamá donde se encontraba el Fuerte Gulick, lu-
gar de funcionamiento de la Escuela de las Américas. Desde los años se-
senta los cadetes de la Escuela Politécnica, durante los últimos seis meses
antes de graduarse como oficiales del Ejército, realizaban en Panamá cur-
sos de operaciones contrainsurgentes.
883.
Estos antecedentes dieron lugar a la creación de la Escuela Kaibil,
99
la que estuvo ubicada inicialmente en el paraje denominado El Infierno,
La Pólvora, Melchor de Mencos, Petén, cerca de la frontera de Belice,
creada el 4 de diciembre de 1974 como Escuela de Comandos. El 5 de
marzo de 1975 se denominó Escuela Kaibil y posteriormente el 12 de
enero de 1989 fue trasladada al municipio de Poptún, Petén, en las anti-
guas instalaciones de la zona militar No. 23, lugar donde actualmente se
encuentra con el nombre de Centro de Adiestramiento y Operaciones Es-
peciales Kaibil.
884.
La Escuela Kaibil se organizó inicialmente en función de un objetivo
político-militar: la recuperación del territorio de Belice para Guatemala.
“Es hasta 1976 en que soy trasladado a la entonces Brigada Militar
General Luis García León, con sede en Poptún; hoy en esas instala-
ciones se encuentra la Escuela de Kaibiles. Entonces, cuando yo soy
designado a esa unidad, mi primera experiencia militar es el inten-
to de recuperar Belice. La mayoría de las unidades que se desplaza-
ron a la línea de frontera fue con la intención de pelear por la recu-
peración de Belice ... Para estas acciones hubieron órdenes concretas
al Ejército ... del Gobierno del general Eugenio Laugerud García, y
el comandante de Poptún en ese entonces era el coronel y luego ge-
neral Manuel Benedicto Lucas ... yo tuve un objetivo militar que
nunca atacamos pues nos retiramos de la línea de frontera, nunca se
me olvida el nombre, el campamento militar de Las Machacas ...
Por eso su sede era El Infierno y su posición era la frontera con Be-
lice. Yo pasé por esa Escuela, los ejercicios eran para recuperar Beli-
ce, y vamos a Belice y todo era para Belice ¿no? Conforme va evolu-
cionando el proceso guatemalteco se vuelve la unidad de élite, que
éramos muy pocos al principio y se empiezan a involucrar en opera-
ciones militares...”
100
885.
“El Kaibil es una máquina de matar cuando fuerzas o doctrinas extra-
ñas atentan contra la patria o el Ejército”. Así se expresa en el numeral 9 del
56
99 Kaibil Balam fue un rey mam, que gracias a su astucia no pudo ser capturado por los conquista-
dores españoles. Era considerado un verdadero estratega y recibía consultas de caciques de otras
tribus.
100 Testigo (oficial del Ejército de Guatemala) CEH. (T.C. 102).
Decálogo del Kaibil, inserto dentro de la misión y capacidades de la Escue-
la Kaibil.
101
Ese lema puede ser considerado como la expresión de la filoso-
fía de los kaibiles.
886.
La influencia doctrinaria ideológica y operacional del Ejército nor-
teamericano en el adiestramiento de los oficiales y cadetes del Ejército de
Guatemala, en los cursos realizados en Panamá, fue notoria. Los instruc-
tores fueron oficiales y suboficiales norteamericanos; la mayoría con expe-
riencia de combate en Vietnam, condecorados por acciones de guerra y
con un claro concepto y adiestramiento en las técnicas de las operaciones
contrainsurgentes principalmente en áreas selváticas.
887.
Algunos integrantes de las tropas norteamericanas que eran releva-
dos de la guerra de Vietnam, sobre todo los conocidos como Boinas Ver-
des y los Rangers, antes de regresar a los Estados Unidos permanecían esta-
cionados en Panamá y servían de instructores en los ejercicios militares rea-
lizados en los cursos de instrucción.
888.
Dicho entrenamiento se basó fundamentalmente en técnicas de so-
brevivencia en situaciones extremas de combate, técnicas de tortura a pri-
sioneros de guerra con la finalidad de obtener rápida información sobre los
insurgentes, adoctrinamiento ideológico anticomunista y técnicas de ope-
raciones psicológicas, entre otros. Como parte del entrenamiento se simu-
laban ataques, penetraciones y destrucción de aldeas.
889.
También existió la influencia de otros países donde militares de Gua-
temala accedieron a cursos de fuerzas especiales que fueron adaptados al
aprendizaje de los kaibiles, como son los cursos de lanceros de Colombia,
comandos peruanos y comandos chilenos.
“Kaibil sale de una mezcla de experiencias de Rangers de los Estados
Unidos, lanceros colombianos, comandos peruanos, comandos chile-
nos, sumaron todas estas experiencias e hicieron un modelo adaptado
a nuestra realidad, el curso kaibil. Posteriormente ya la mística del
Kaibil se volvió una mística propia...”
102
890.
La misión de la Escuela fue preparar a los combatientes y jefes de
unidades menores en la conducción de operaciones especiales; desarrollar
la iniciativa y mantener la moral en todo momento, principalmente en si-
tuaciones críticas y en operaciones especiales, y seleccionar, por medio de
entrenamiento arduo y bajo presión física y mental, a los elementos del
Ejército que estuvieran en capacidad de realizar operaciones de comandos.
891.
La Escuela tuvo como objetivo principal incrementar la mística de
combate, compañerismo, iniciativa, agresividad, lealtad y disciplina en los
57
101 Ejército de Guatemala, Revista Militar, No. 21, junio 1980.
102 Ibid.
miembros del Ejército, así como reafirmar la doctrina de la Institución Ar-
mada y desarrollar la habilidad, conocimientos técnicos y tácticos para
conducir operaciones especiales y contraterroristas.
892.
En la formación profesional de un oficial, ser Kaibil fue, en algunos
casos, determinante para escalar posiciones dentro de la carrera, y una dis-
tinción dentro de la corporación de oficiales del Ejército.
“El hecho de ser Kaibil le podía representar a uno ser instructor de ca-
detes o ir a una beca al exterior”.
103
893.
Desde el momento en que era aceptado en la Escuela, el entrena-
miento del Kaibil constaba de tres fases. La primera era de tres semanas y
se exigía el máximo rendimiento físico y mental del alumno; cualquier fal-
ta era sancionada con ejercicios extras, se le hostigaba en todo momento
para comprobar su resistencia a la presión psicológica. La segunda fase
constaba de cuatro semanas en selva, montañas y en centros poblados, in-
cluyendo sobrevivencia en áreas carentes de los medios normales de sub-
sistencia, empleo de trampas cazabobos
104
en áreas de enfrentamiento, in-
filtraciones en áreas enemigas, entre otros. La tercera fase era eminente-
mente práctica y se realizaba en terreno montañoso y selvático e incluía in-
cursiones, emboscadas, ataques de aniquilamiento, Inteligencia y operacio-
nes en áreas urbanas.
105
894.
Dentro de la mística del Kaibil incidían varios factores tendientes a
crear un soldado de élite con la mejor preparación profesional. Dentro del
curso se fomentó al máximo el sentido de agresividad y valor a través de la
presión mental y física deshumanizada. Era esencial el hecho de matar ani-
males, particularmente perros, y comérselos crudos o asados y beber su
sangre para evidenciar el valor.
“Teníamos que comer animal crudo, matar gallinas por la cabeza, to-
mar la sangre, comer nuestros propios vómitos, para no desperdiciar
nada. Uno lo hace pero no se acostumbra...”
106
895.
La enseñanza de torturar prisioneros de guerra, como método rápi-
do para obtener información que fuera de utilidad en las operaciones, sig-
nificó otra de las desviaciones de la enseñanza.
58
103 Ibid.
104 Trampas generalmente explosivas que se fabrican en el lugar en que se utilizan, fundamentalmen-
te en áreas selváticas, al estilo Vietnam, aunque se pueden utilizar en áreas urbanas dentro de lo-
cales.
105 Ejército de Guatemala, Plan de instrucción de los kaibiles.
106 Testigo (ex kaibil del Petén) CEH. (T.C. 242).
“Eran patrones equivocados, no hay que señalar solamente a la Escue-
la de Kaibiles como la responsable de eso ... me preguntaron, ‘mire, y
desde cuándo enseñamos eso del derecho humanitario, y si a los cade-
tes ya le enseñan eso’; y yo le dije, ‘cuando yo era cadete lo único que
me enseñaron a mí fue prisionero de guerra y el ejercicio se llamaba
campamento de prisioneros’; pero era tan equivocado el ejercicio que se
hacía en la academia militar que, si uno caía prisionero, era sinóni-
mo de tortura, o sea, pues, se estaba mal educando a las personas...”
107
896.
Otro de los componentes de la deformación de la enseñanza fue la
brutalidad de los instructores oficiales para con los alumnos. Los malos tra-
tos, las humillaciones y los castigos físicos y mentales fueron elementos co-
tidianos del entrenamiento del Kaibil, con la consigna de que quien aguan-
ta está en óptimas condiciones de combatir en las circunstancias más ex-
tremas. Como parte de este trato degradante se puede contabilizar la muer-
te de un oficial instructor, efectuada por un alumno, en acto de venganza
por el mal trato que estaba recibiendo.
108
Además, resultaron varios muer-
tos y heridos en dichos entrenamientos.
“La sanción a los alumnos cuando cometían faltas se le castigaba con
‘dominadas’ (flexiones de brazos) frente a piedras pintadas de color
blanco y se debían hacer mirando hacia el Este, que significaba mi-
rar hacia Belice, fomentando de esa forma el espíritu nacionalista ha-
cia nuestro enemigo, y acorde a la gravedad de la falta se le hacía ca-
minar por unas horas, dentro del perímetro de la escuela, con una mo-
chila cargada con piedras...”
“Si hasta en el mismo curso kaibil, yo que pasé por esa escuela, fui a
encontrar un ejercicio que se llamaba ‘moco con cola’ y era totalmen-
te aberrante ... era poner una soga y amarrar a todos los alumnos con
una gasa, a todos así, entonces el instructor llevaba luz y obviamente
podía ir viendo el camino de noche, pero todos los alumnos no, enton-
ces eso era un chumbulungo, y había fracturados, golpeados y todo, en-
tonces no tenía ningún sentido. Cuando el ejercicio original, que yo lo
hice, era efectivamente una navegación nocturna para tomar un ob-
jetivo en condiciones de visibilidad limitada ... pero fue degenerándo-
se de tal manera que entonces los amarraban y los jalaban de arriba
para abajo y ese era el ejercicio y entonces había quemaduras de cable
en la cintura, dedos quebrados o fusiles extraviados...”
109
59
107Testigo (oficial del Ejército de Guatemala) CEH. (T.C. 102).
108 Ibid.
109 Ibid.
897.
Se pretendía que el personal militar seleccionado para ser entrenado
como kaibil aumentara su perfil de agresividad a través de determinadas
técnicas. “Todos los alumnos aprenderán el lema y el decálogo kaibil, y lo re-
petirán para que se impregne en su conciencia”.
110
898.
Algunos de los puntos del decálogo kaibil que estaban destinados al
aumento de la agresividad eran los siguientes: “Siempre atacar, siempre
avanzar; el ataque de un kaibil será planeado con secreto, seguridad y astucia
y lo conducirá con fuerza, vigor y agresividad; el kaibil es una máquina de ma-
tar cuando fuerzas o doctrinas extrañas atentan contra la patria o el Ejército;
al ser emboscado, acompañándose del máximo volumen de fuego, el kaibil se
lanza al ataque aniquilador”.
111
899.
Inicialmente los kaibiles graduados conformaron pequeñas unidades
orgánicas para actuar en operaciones independientes o de apoyo a otra
fuerza mayor. A partir del recrudecimiento del enfrentamiento, en 1980,
los kaibiles fueron distribuidos en diferentes unidades del Ejército, con ex-
cepción de los que prestaban servicios en las unidades del Centro de Adies-
tramiento. De esa forma actuaron como elemento multiplicador de la ins-
trucción a la tropa regular de las distintas zonas y bases militares, impri-
miéndole la agresividad en la formación del soldado regular.
“En los centros de adiestramiento de reclutas de las fuerzas regulares
se da el entrenamiento salvaje. A mí me hicieron comer carne de pe-
rro cruda y beber su sangre ... a este entrenamiento le llamaban su-
pervivencia ... mandaron a cuatro soldados a la calle a buscar un pe-
rro, tenía la enfermedad ‘chino’ ... un oficial lo mató y comenzó a dar
un trozo a cada uno ... todos lo comimos a puro tubo ... después vino
la prueba de los sonidos y olores ... le daban a uno a oler gasolina, hu-
le quemado ... con los ojos vendados, y al final nos daban a comer es-
tiércol humano...”
112
900.
Durante las operaciones contrainsurgentes, oficiales y tropas kaibi-
les actuaron junto con tropas regulares, apoyaron operaciones como parte
de una Fuerza de Tarea o actuaron en operaciones especiales en forma in-
dependiente. Un caso fue el de la Fuerza de Tarea Kaibil Balam, creada el
11 de septiembre de 1987.
“A los kaibiles los usaron como una unidad especial, como un equipo,
donde utilizaban a los instructores y a los subinstructores y era un ries-
60
110 Ejército de Guatemala, Revista Militar, No. 21, junio 1980.
111 Ibid.
112 C 11418. 1985. Ixcán, Quiché.
go para nosotros porque era muy grande la calidad de la gente. Eran
doce personas, fueron al campamento Los Tumbos de ORPA. Tuvie-
ron éxitos importantes ... pocas veces los utilizaron, pero obtuvieron
buenos resultados...”
113
901.
Un caso que refleja la utilización operativa de esta fuerza, actuando
como grupo militar orgánico, aplicando la agresividad y los métodos bár-
baros inculcados, fue el de la masacre de Las Dos Erres, ocurrida en Petén
el 6 de diciembre de 1982.
“Comenzaron a sacar violentamente a la gente casa por casa y fueron
concentrando a las mujeres y niños en las iglesias y a los hombres en la
escuela ... uno de los jefes de la patrulla, con rango de teniente kaibil,
violó a una niña atrás de la iglesia evangélica ... como a las dos de la
tarde del día 6 de diciembre comenzó la masacre cuando se arrojó vi-
vo a un niño de tres o cuatro meses de edad a un pozo seco ... a las ni-
ñas de 10 y 14 años los kaibiles las violaron sucesivamente antes de
matarlas ... todos los menores fueron muertos con golpes de una almá-
dana en la cabeza, a los muy pequeños los estrellaban en los muros o
palos sujetándolos de los pies y posteriormente eran arrojados a ese po-
zo ... después se siguió con los hombres, mujeres y ancianos ... y al igual
que a los niños, les pegaban en el cráneo y los lanzaban al pozo ... así
se siguió todo el día 6 de diciembre ... [según un ex kaibil] a las mu-
jeres embarazadas que no habían sido ejecutadas les provocaban abor-
tos, como consecuencia de los golpes y maltratos recibidos; se podía ver
cómo las golpeaban en el vientre con las armas o las acostaban y los
soldados les brincaban encima una y otra vez hasta que el niño salía
malogrado ... el 7 de diciembre ya no se siguió con el procedimiento
anterior, sino que se empezó a matar hombres, mujeres y niños por
igual ... así como iban llegando al pozo así los iban matando [señaló
un ex kaibil que participó en la masacre] ... cuando el pozo estaba
casi lleno algunas personas aún seguían vivas y se levantaban tratan-
do de salir, pedían auxilio y mentaban a Dios ... después cuando los
estaban tapando, todavía se escuchaban quejas y llantos de las vícti-
mas ... los que no cupieron en el pozo fueron mantenidos vivos en la
iglesia y en la escuela ... fueron llevando a las mujeres a patadas y ma-
nadas, del pelo las agarraban, las llevaron a un lado debajo de la es-
cuela ... las pusieron allí y se oyeron los disparos, las descargas, se oyó
un solo grito, después se oyó que se quejaban niños y gente grande, si-
guieron las descargas, se oyó cómo las remataban, unos 15 o 20 tiros
61
113 Testigo (oficial del Ejército de Guatemala) CEH. (T.C. 92).
más ... después los armados regresaron cargando de nuevo sus tolvas,
iban riendo como si nada hubiera pasado ... esa noche la tropa de kai-
biles festejó el haber matado a todos, se alegraban de cómo habían
matado a las personas y de las violaciones que habían hecho y cómo
las habían hecho, de que ya no quedaba nadie...”
114
La Policía Militar Ambulante
902.
El 19 de abril de 1958 se creó esta unidad militar por acuerdo pre-
sidencial. El propósito de la creación de la Policía Militar Ambulante
(PMA) fue suplir en parte las funciones que cumplía la Guardia de Ha-
cienda en las áreas rurales desde 1954 y que consistían en las operaciones
antinarcóticos, operaciones contrainsurgentes en el área urbana y control
de disturbios civiles.
903.
En 1965 por Decreto 332 se dispuso que la PMA actuaría en todo
el ámbito rural. En el Artículo 6º de este decreto se establece como una de
sus funciones “...dar parte de toda actividad que tienda a exacerbar los áni-
mos entre las masas campesinas o en los poblados rurales, y en su caso reprimir
por medios lícitos cualquier desorden que ocurriese...” En 1971 con el Decre-
to-Ley 56, del 27 de mayo, se ampliaron sus funciones en todo el territo-
rio nacional en calidad de un comando militar especial.
904.
La PMA se dividió en dos cuerpos principales, la Policía Militar Am-
bulante Ordinaria (PMA-O), que era la propia Policía Militar de una es-
tructura ordinaria del Ejército, y la Policía Militar Ambulante Especial
(PMA-E), que cumplía funciones de seguridad a empresas privadas y fin-
queros, pagada por ellos mismos, y que desarrolló un fuerte trabajo de In-
teligencia a través de la sección 2.
905.
En algunos planes de campaña se asignan tareas operativas a este
cuerpo. En el plan de campaña Victoria 82, en el párrafo VIII, apartado V,
se especifica que todos los destacamentos de la Policía Militar Ambulante
diseminados en la República quedarán bajo control operacional de los co-
mandos zonales y con el personal disponible en su sede llevarán a cabo
operaciones especiales. La PMA fue utilizada también en trabajos de Inte-
ligencia a través del oficial G-2 de su Estado Mayor.
“Iniciará operaciones ofensivas en el departamento en búsqueda de
Inteligencia, para desarrollar la situación, dejando bajo jurisdicción
militar de la base de tropas paracaidistas GFC [General Felipe
Cruz] los municipios del puerto de San José e Iztapa...”
115
62
114 CI 31. Diciembre, 1982. Las Dos Erres, La Libertad, Petén.
115 Ejército de Guatemala, plan de operaciones Firmeza 83-1, párrafo IV, apartado 24, numeral 3,
tercera fase. Guatemala 1983.
906.
Esta fuerza fue utilizada de manera frecuente para suplir la deficien-
cia de la Policía Nacional; destacaba unidades en la capital, anexas a la Bri-
gada Guardia de Honor, a la Brigada Mariscal Zabala y al Cuartel Gene-
ral del Ejército, para colaborar con las unidades que realizaban operaciones
militares en la ciudad de Guatemala.
907.
Esta unidad militar actuó con extrema dureza en sus operaciones, ya
fuera apoyando a otras unidades mayores o como unidad orgánica inde-
pendiente. Los testimonios que siguen a continuación pertenecen a un ex
integrante de la PMA que presenció directamente los hechos del relato.
“Chicamán, municipio de Uspantán, departamento del Quiché, me-
diados de año de 1979. Un informador llevó la noticia al destacamen-
to de que la guerrilla tomó el municipio de Uspantán. El capitán se
trasladó con 150 soldados y pasó por la aldea de Chicamán para inte-
rrogar a la gente por dónde había pasado la guerrilla ... reunió a la
gente y comenzó a interrogarlos ... como no respondían lo que el capi-
tán quería, los amarraron, comenzaron a clavarles agujas debajo de las
uñas y daban unos gritos horribles ... el capitán cortó la yugular a un
joven, quien dio un grito desgarrador, cayó al suelo y se vació en san-
gre ... la gente se puso a llorar ... el capitán ordenó amarrar a los hom-
bres por los testículos ... uno de ellos se acusó de ser guerrillero y lo lle-
varon como guía a las montañas para perseguirlos ... la guerrilla los
emboscó con un saldo de varios muertos y heridos de ambos lados ... a
los guerrilleros prisioneros el capitán los torturó; con la bayoneta les pi-
caba los ojos y les sacaba los dientes, sin misericordia ... como no con-
testaban les rebanaron los pies y al final el capitán despellejó vivos a los
dos prisioneros. Al otro día volvimos a la aldea y el capitán ordenó ma-
tar a todos, hombres, mujeres y niños, y quemar sus casas...”
116
“Teníamos que ‘quebrarnos’ a cinco presos peligrosos que estaban con-
denados, unos a 20 y otros a 30 años de cárcel y que iban a ser con-
ducidos a otro lugar con custodios, pero no había problemas porque
los custodios sabían que nosotros les íbamos a salir al paso, como des-
conocidos, y se los íbamos a secuestrar para luego matarlos ... el día de
la misión, el teniente nos escogió a cinco y nos ordenó vestirnos de ci-
vil ... el teniente ordenó ponerse las pelucas y atravesó la camionetilla
en la carretera para que el otro vehículo se detuviera ... encañonamos
a los custodios ... y los desarmamos ... mientras tanto otros elementos
bajaron a los prisioneros y los echaron a la camioneta ... nos fuimos
rápidamente ... al llegar al lugar que el teniente había elegido, los reos
63
116 Testigo (ex miembro de la PMA del Ejército de Guatemala) CEH. (T.C. 104).
fueron bajados violentamente y puestos boca abajo contra el suelo ...
el teniente sacó su pistola 45 y les disparó en la cabeza ... luego nos di-
jo: ‘Quiero que cada uno de ustedes también les dé un balazo a estos
desgraciados, para que nos aseguremos que estén bien muertos’ ... y to-
dos cumplimos la orden; yo también tuve que disparar sobre ellos, que
quedaron muertos a la orilla del camino...”
117
908.
En 1997 la Policía Militar Ambulante fue disuelta en cumplimien-
to de los Acuerdos de Paz. Una de las razones que determinaron su disolu-
ción fue precisamente el cuestionamiento por su vinculación en varias vio-
laciones de derechos humanos.
La Fuerza Aérea
909.
La Fuerza Aérea de Guatemala (FAG) fue creada en la década de los
años veinte como parte del Ejército. Durante el enfrentamiento interno
contó con tres bases militares aéreas en el territorio nacional. Las instala-
ciones de la base militar La Aurora, ubicada en la ciudad capital, anexa al
aeropuerto internacional del mismo nombre. La base de Santa Elena, ubi-
cada en Petén, y la tercera base en San José, Escuintla. La FAG contaba con
un comando central ubicado en La Aurora asesorado por un Estado Ma-
yor con las mismas características de otras unidades militares.
910.
Durante la década de los sesenta los pilotos fueron entrenados por
la Fuerza Aérea norteamericana. También los oficiales y especialistas fue-
ron entrenados en el Fuerte Albrook, base aérea de los Estados Unidos ubi-
cada en Panamá, y en la base aérea de Maxwell, del estado de Alabama de
los Estados Unidos.
911.
La FAG no estuvo bien equipada en cuanto a su material bélico; sin
embargo, por las necesidades del enfrentamiento se le asignó material pa-
ra utilización, casi de manera exclusiva, en operaciones contrainsurgentes.
912.
Contó con aviones a reacción A-37, de fabricación norteamericana,
los cuales fueron diseñados para el apoyo de las fuerzas terrestres en bom-
bardeos y ametrallamientos a baja altura y aviones IAI Arava, de fabrica-
ción israelí, cuyo diseño también fue orientado a la lucha contrainsurgen-
te, inclusive para el transporte de tropas y abastecimientos. Otro de los
aviones que por sus características técnicas fue utilizado en operaciones
contrainsurgentes fue el PC-Pilatu de fabricación suiza, y el avión C-47,
de fabricación norteamericana, apropiado para bombardeos y para lanzar
paracaidistas sobre objetivos identificados.
913.
No obstante, la aeronave que causó mayor temor dentro de la po-
blación rural, por sus efectos psicológicos, fue el helicóptero UH de fabri-
64
117 Ibid.
cación norteamericana. Durante las operaciones contrainsurgentes fue el
medio más utilizado para bombardeos y ametrallamiento de la guerrilla y
población civil, transporte de personal y abastecimiento, evacuación de
muertos y heridos.
118
“Un compañero que fue fiel colaborador de nosotros lo detectó el Ejér-
cito ... lo llevaron en un helicóptero buscando la Sierra de las Minas
... a este señor, de apellido Carranza, lo echaron en el helicóptero ...
ahí lo dejaron venir vivo, lo sueltan, lo menean y lo sueltan para que
se haga pedazos contra el suelo...”
119
914.
En las operaciones contrainsurgentes la FAG bombardeó aldeas con
población civil desarmada, con la consiguiente pérdida de vidas, destruc-
ción de cosechas, viviendas, animales y otros bienes.
“27 de agosto de 1982, aldeas de Seguamó, Setzacpec y Chactelá ...
llegaron aviones militares y lanzaron aproximadamente cuarenta
bombas, la fecha coincide con la feria patronal de Panzós, y nosotros
veníamos de jugar al fútbol y nos obligaron a ir a las aldeas ... noso-
tros [patrulleros] entramos con armas y quemamos sus casas después
... como consecuencia del bombardeo murieron como cien personas
entre hombres, mujeres y niños...”
120
“Estábamos ahí sentados cuando viene un avión y un helicóptero y co-
mienzan a bombardear ... el helicóptero va dando vueltas y ametra-
llando ... ya había detectado a la gente, pasó bajito y nos metimos ba-
jo un trozo de madera; cuando nos metimos comienza el ametralla-
miento, merito a las doce ... parte de la gente huyó ... murió una se-
ñora de Todos Santos por una bala en los riñones ... cuando salía de
su champa le cayó el chorro de ametrallamiento ... cuando la fuimos
a ver tenía todas sus tripas afuera”.
121
“Cabal estoy en mi casa, como hay un tronco de palo, entonces me
fui a esconder abajo con mi esposa ... vi que estaba lleno debajo del
palo, entonces me retiré un poquito ... como eran cuatro mujeres ...
que estaban escondidas en el palo, entonces cabal las vieron la fuer-
za aérea y tiraron la bomba ... de hecho la bomba abarcó unas dos
65
118 El helicóptero de guerra UH es equivalente al Bell Jet-Ranger de uso civil, que se puede artillar y
utilizar para operaciones militares.
119 Testigo (ex miembro de las FAR) CEH. (T.C. 43).
120 C 15253. Agosto, 1982. Cahabón, Alta Verapaz.
121 C 11549. Julio, 1983. Ixcán, Quiché.
cuerdas, cuando estallaron fue como un barranco que hicieron ... me
asustó y vi que no está mi esposa, ya está bien llenada por tierra ...
las cuatro personas ya estaban muertas ... ya solita mi hija estaba vi-
va todavía...”
122
915.
Otras de las operaciones en que participó la FAG fue en la simula-
ción
123
de ejecuciones arbitrarias y la eliminación de los cadáveres de vícti-
mas mediante su lanzamiento desde aeronaves a las aguas del océano.
124
Es-
ta práctica de eliminación de las personas también fue utilizada por algu-
nos ejércitos latinoamericanos, entre otros los de Argentina y Chile, y fue-
ron técnicas para causar el terror dentro de la población civil.
“Una técnica usada ... para eliminar insurgentes que han sido asesi-
nados durante el interrogatorio, y que a veces estaban todavía vivos
pero necesitaban hacerlos desaparecer, era lanzarlos desde los aviones
sobre el océano. El Arava IAI 201 estaba normalmente aparcado en
la parte final sur de la pista después de medianoche, tripulado úni-
camente por un piloto y un copiloto. El personal de la D-2 llevaba a
grupos de prisioneros y cuerpos afuera a esperar el avión y cargarlos a
bordo. A los pilotos se les ordenaba volar 30 minutos fuera de la cos-
ta de Guatemala y luego empujar a los prisioneros y a los cuerpos fue-
ra del avión. De esa forma la D-2 podía eliminar la evidencia que
mostraba que los prisioneros habían sido torturados y asesinados”.
125
916.
La FAG también realizó operaciones psicológicas sobre la población,
a través de la propaganda y la contrapropaganda.
“Estaba un chamaquito parado encima de un bordo y le disparan y
todos salen ... el chamaquito se llama Baudilio Monzón Martínez, de
9 años ... fue capturado por el Ejército, a los tres meses un helicóptero
lanzó octavillas con su foto y un mensaje detrás: soy Baudilio Mon-
zón (Odilio), papá, mamá, Floridalma, Amparo, Edelmira, compa-
ñeros, gracias a Dios que estoy vivo y con los ojos abiertos a la verdad,
por favor váyanse de Xalbal...”
126
66
122 CI 58, diciembre, 1989. Chajul, Quiché.
123 CI 98, julio, 1981, Quetzaltenango.
124 CI 68, marzo 1966, ciudad de Guatemala, Mazatenango, Retalhuleu, Río Hondo, Zacapa, El
Rancho, San Agustín Acasaguastlán y El Progreso.
125 Traducción del documento desclasificado de EEUU, PG 2550, pg. 67.
126 C 11451. Mayo, 1985. Ixcán, Quiché.
917.
La CEH también pudo constatar que algunas instalaciones de la
FAG fueron utilizadas como cárceles clandestinas.
“El 19 de julio lo hacen bañar, limpian su cara desfigurada y las he-
ridas que supuran, le proporcionan ropa verde olivo y lo trasladan en
avión al aeropuerto La Aurora .... El 15 de agosto el detenido regresa
al Agrupamiento Táctico de la Fuerza Aerea en la capital”.
127
El Estado Mayor Presidencial
918.
En los primeros años de la década de los sesenta el Estado Mayor
Presidencial fue una unidad orgánica del Comando Especial; a partir de la
Ley Constitutiva de 1968 dependió directamente del Presidente de la Re-
pública. Durante el enfrentamiento armado, esta unidad tuvo varios cam-
bios estructurales, según el criterio del Presidente del momento.
919.
Estaba compuesto por un departamento de apoyo administrativo, un
departamento de mantenimiento y un departamento o jefatura de servicio,
que tenía como función principal brindar seguridad al Presidente o funcio-
nes de operaciones. Otras dependencias eran el personal de seguridad del
palacio y la guardia del Presidente. Si bien el personal en su mayoría era mi-
litar, contaba entre sus filas con personal policial en comisión.
920.
La dependencia más conocida del Estado Mayor Presidencial duran-
te el enfrentamiento armado fue una unidad de Inteligencia que se cono-
ció popularmente como La Regional o el Archivo, que fue la de mayor
evolución en su estructura. Esta unidad, que tenía la finalidad de brindar
información sobre la seguridad del Presidente, cobró particular notoriedad
por su intervención en operaciones clandestinas de Inteligencia. Algunos
detalles adicionales se abordarán en el apartado de Inteligencia.
El Estado Mayor de la Defensa Nacional
921.
El Estado Mayor de la Defensa Nacional
128
es el centro técnico y
consultivo del Ejército de Guatemala. Asesora al Ministro de la Defensa en
todos los asuntos militares. Esta es la definición formal de las principales
funciones, recogida de las leyes constitutivas del Ejército de 1960, 1968,
1983, 1986 y 1990. Como todos los estados mayores, es un órgano asesor
y de planificación de los asuntos militares. Su jefe es el responsable de la
coordinación.
922.
El jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional tiene como funcio-
nes la organización, entrenamiento, educación, disciplina, conducta, pla-
67
127 CI 98, Julio, 1981, Quetzaltenango.
128 El Estado Mayor de la Defensa Nacional tuvo cambios de nombre según los cambios de las leyes
constitutivas del Ejército, habiéndosele denominado también Estado Mayor del Ejército y Esta-
do Mayor General del Ejército. Véase apéndices 1 al 5.
nificación y empleo táctico y estratégico del Ejército. El análisis de los di-
ferentes componentes de la cadena de mando determina las responsabili-
dades de los cargos ejercidos dentro del Ejército durante su actuación.
923.
Ejerce su acción de comando a través de los jefes de los comandos
militares, de los comandos militares especiales, de los servicios que confor-
man un Estado Mayor Especial y de los directores de los centros educati-
vos militares. El Estado Mayor de la Defensa Nacional tiene como funcio-
nes principales las de asesoramiento del comandante, planificación, coor-
dinación, supervisión y control de los planes y operaciones dispuestos por
el superior.
924.
Está orgánicamente conformado por cinco direcciones (D-1, D-2,
D-3, D-4 y D-5). Los responsables, normalmente coroneles en actividad,
son los asesores directos del jefe del Estado Mayor. El Estado Mayor del
Ejército es el nivel máximo de este órgano asesor dentro de una institución
militar. Existen en los escalones subordinados, como las zonas y bases mi-
litares, los estados mayores que son asesores del comandante de la unidad
respectiva denominados G (G-1, G-2, G-3, G-4 y G-5), y aun en nivel ba-
tallón existe un estado mayor, que asesora al jefe de batallón y se denomi-
na S (S-1, S-2, S-3, S-4 y S-5). Este es el nivel mínimo de unidad militar
en que existe un estado mayor. En las unidades de la Fuerza Aérea se de-
nominan A las diferentes secciones del Estado Mayor (A-1, A-2, A-3, A-4
y A-5) y en la Marina N (N-1, N-2, N-3, N-4 y N-5).
925.
El Estado Mayor de la Defensa Nacional emite la orden de opera-
ciones o plan de campaña. Durante el desarrollo de las operaciones se efec-
túa una continua apreciación de situación, mediante la cual se le da segui-
miento a la evolución de las operaciones. La denominación oficial de los
planes de campaña del Ejército de Guatemala y el año que le correspon-
den son los siguientes: plan de campaña Victoria 82, plan de campaña Fir-
meza 83 y Firmeza 83-1, plan de campaña Reencuentro Institucional 84,
plan de campaña Estabilidad Nacional 85, plan de campaña Consolidación
Nacional 86, plan de campaña Fortaleza 87, plan de campaña Unidad 88,
plan de campaña Fortalecimiento Institucional 89, plan de campaña Avan-
ce 90, plan de campaña Fortaleza por la Paz 91, plan de campaña Consoli-
dación por la Paz 92, plan de campaña Paz 93, plan de campaña Integra-
ción 94, plan de campaña Integración 95 y plan de campaña Integración
Nacional 96.
926.
Los planes de campaña emitidos por el Ejército de Guatemala se dis-
tribuyeron a todas las unidades involucradas en las operaciones, además de
aquellas que el jefe del Estado Mayor disponía que se les remitiera por ne-
cesidades de coordinación o apoyos.
927.
Dentro del párrafo de instrucciones de coordinación de los planes de
campaña, se disponía que las unidades involucradas en las operaciones de-
68
69
bían confeccionar un plan propio de la zona de responsabilidad de opera-
ción. Así, una zona militar recibía el plan de campaña del Estado Mayor
del Ejército, estudiaba su misión y directivas generales, efectuaba su estu-
dio de apreciación y emitía su propio plan, que no podía contradecir el
plan general, y que contenía elementos propios del área de operaciones
asignada. Establece el plan de campaña Victoria 82:
“Cada comando involucrado deberá hacer entrega de los documentos
de planeamiento, por medio de su oficial S-3 el 21 de junio de
1982.
129
La comandancia de cada comando involucrado deberá ela-
borar los siguientes documentos de planeamiento: plan de operaciones
con su anexo de operaciones psicológicas, plan logístico, estado de fuer-
za e instrucciones operativas de transmisiones”.
130
928.
El Centro de Operaciones Conjuntas (COC) fue creado con la fina-
lidad de coordinar las operaciones militares del Ejército, las fuerzas de tie-
rra, aire y mar. Dependía orgánicamente del Estado Mayor del Ejército y
se ubicaba físicamente dentro de sus instalaciones. Su función principal era
servir como elemento de enlace para la coordinación y control de las ope-
raciones contrainsurgentes entre las unidades militares que se encontraban
operando en el terreno y el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Para ello
recibió los reportes de operaciones y los canalizó para el conocimiento del
comandante.
“Los resultados de los encuentros armados deberán reportarse al COC
tan pronto como se tenga información y con datos exactos”.
131
929.
Su responsabilidad era recibir y tramitar las solicitudes de coordina-
ción de apoyo de fuegos de artillería, de apoyo aéreo para misiones de reco-
nocimiento táctico y de transportes, entre otros.
132
En este centro funciona-
ba además la estación de control de red operacional las 24 horas del día, en-
lazando y manteniendo el contacto con todas las unidades en operaciones.
El control de las operaciones contrainsurgentes
930.
Las violaciones de los derechos humanos y las infracciones al dere-
cho internacional humanitario, ocurridas durante las acciones militares,
129 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, párr. IX, apartado R. Guatemala 1982.
130 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, párr. XI, apartados A, B, C y D. Guatema-
la 1982.
131 Ejército de Guatemala, plan de campaña Unidad 88, párr. III, apartado H-9. Guatemala 1988.
132 En el plan de campaña Fortaleza 87, en el párr. III, apartado B, lo establece como ejemplo al igual
que en el plan de campaña Firmeza 83-1 en su párr. III-C-2-a-b.
como se analizará en detalle, no fueron producto de la mera casualidad o
el resultado de excesos, sino que obedecieron a operaciones diseñadas y
planificadas por el Alto Mando del Ejército. El Estado Mayor ejerció un
permanente control sobre las operaciones contrainsurgentes utilizando dos
procedimientos: el control formal de los canales de mando y la presencia
del comandante en las áreas de operaciones.
931.
El Alto Mando del Ejército está conformado por el Presidente de la
República como comandante general del Ejército, el Ministro de la Defen-
sa Nacional como segundo en la línea de mando y el jefe del Estado Ma-
yor del Ejército, como tercero. Quien ocupa este último cargo es la perso-
na que ejerce el mando directo sobre todas las unidades militares del Ejér-
cito y a quien deben de responder e informar de lo que sucede dentro de
su área de operaciones, durante las acciones militares. En el nivel inmedia-
tamente inferior y dependiendo directamente del Jefe del Estado Mayor se
encuentran los comandos militares, el comando militar especial, los servi-
cios y los centros educativos.
133
932.
Dentro del Ejército la línea de mando es absolutamente vertical en
términos de obediencia militar; dentro del articulado de sus diferentes le-
yes constitutivas establece que el Ejército “...es único e indivisible, apolítico,
esencialmente obediente y no deliberante...”
933.
Como se expresa líneas arriba, el control siempre estuvo centraliza-
do en el Estado Mayor. La cadena de mando y la subordinación jerárqui-
ca implican una doble responsabilidad. Por un lado, en todos los niveles
los jefes de las unidades que llevan a cabo las operaciones en el terreno tie-
nen la obligación de reportarlas al superior que las ordenó; por otro lado,
el superior que dio las órdenes tiene la responsabilidad de controlar y su-
pervisar que se cumplan las órdenes emitidas.
934.
La mayoría de los planes de operaciones que pudo revisar la CEH
establecen mecanismos de control en la evolución de las operaciones:
“Los comandos deberán de reportar puntualmente cada 15 días su
IPO (informe periódico de operaciones) conteniendo los siguientes
datos: dispositivos de sus unidades (en su sede, en el área de opera-
ciones propia y en otros comandos) acciones de combate y resumen
de resultados (muertos del enemigo, armamento y equipo capturado
y perdido)”.
134
“Muchos jefes de pelotón, que se encontraban operando solos con su
personal en la montaña, poseían una radio que usaban únicamente
70
133 Véase apéndices 1 al 5.
134 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, párr. VIII, apartado P. Guatemala 1982.
para las comunicaciones necesarias. Las circunstancias de las operacio-
nes hacían que ese oficial, ya fuera subteniente o teniente, utilizara su
criterio para resolver las situaciones de combate y con ese criterio mu-
chas veces cometía excesos masacrando una aldea y después lo reporta-
ba como muertos en combate...”
135
935.
La cadena de mando del Ejército de Guatemala exige que todo acto
realizado por un militar debe ser reportado a su superior, quien está en la
obligación de conocer las actuaciones de sus subordinados. Por lo tanto,
todas las acciones que se ejecutaban sobre la población civil no combatien-
te fueron reportadas al comandante responsable del área de operaciones; en
caso contrario, éste tuvo la obligación de conocer lo hechos ocurridos.
“Una masacre era un hecho muy evidente. Era imposible que pasara
desapercibida, pero si producto de mis operaciones, yo, al mando de
una patrulla, me topé con civiles ... y eliminé 10, 20 o 30, los sepul-
taba, quizás ni los identificaba ni sabía quiénes eran y llamaba a mi
nivel superior por radio, o mandaba un mensaje codificado y decía:
‘bueno mire, en misión de patrullaje tal y tal, tuve una acción tal’ ...
aunque lo haya hecho sin combatir...”
136
936.
La presencia del comandante, jefe del Estado Mayor, en el área de
operaciones fue fundamental para supervisar y controlar las operaciones en
forma directa.
“Yo tengo la experiencia particular de haber combatido a la par de él.
El entraba con uno a los campamentos de la guerrilla, siendo general,
jefe del Estado Mayor ... y casi todos los días iba a las zonas del con-
flicto a ver el desarrollo de las operaciones...”
137
“Puedo narrar mi experiencia en el caso particular en que nosotros ac-
tuamos [en la aldea] ... porque no sé quiénes se quieren atribuir el
protagonismo del enfrentamiento armado, pero fue por ese hecho
138
que el jefe del Estado Mayor me dio la orden personalmente de arra-
sar la aldea...”
139
71
135 Testigo (oficial del Ejército de Guatemala) CEH. (T.C. 92).
136 Testigo (oficial del Ejército de Guatemala) CEH. (T.C. 102).
137 Ibid.
138 Ataque del EGP a un destacamento militar donde murieron tres oficiales y aproximadamente
veinte soldados del Ejército.
139 Testigo (oficial del Ejército de Guatemala) CEH. (T.C. 102).
937.
Era muy claro que a través de esta forma de comandar las tropas en
operaciones, contemplada dentro de los procedimientos del mando mili-
tar, el jefe del Estado Mayor o cualquier comandante de tropas en opera-
ciones, más allá de las formalidades de la comunicación de la cadena de
mando, estuvieron siempre en conocimiento directo de las violaciones de
los derechos humanos que estaban ocurriendo. Dicen los planes de cam-
paña en varios de sus apartados:
“Los diferentes comandos militares involucrados determinarán su pro-
pia forma de operar en su área de responsabilidad, de acuerdo a la In-
teligencia y situación propia...”
140
“Cada comandancia de los cuerpos militares involucrados es responsa-
ble de todos los aspectos tácticos y logísticos de sus unidades propias y
agregadas en el área asignada...”
141
“Cada comandante de Area de Operaciones es el responsable directo
del planeamiento y toma de decisiones adecuadas y acertadas en su
área...”
142
“Cada Area de Operaciones mantendrá comunicación permanente
con el Estado Mayor del Ejército, a través del Centro de Operaciones
Conjuntas (COC)...”
143
“Todos los comandos militares tienen libertad operacional...”
144
938.
Sin embargo, la libertad operacional no significaba absoluta discre-
cionalidad en la forma de conducir las acciones militares. Los planes de las
diferentes zonas militares siempre tuvieron como referencia el plan de
campaña general del Ejército. En el plan Victoria 82 especifica que: “Los
detalles no previstos en el presente plan de campaña deberán ser consultados al
Estado Mayor General del Ejército”.
145
De igual forma lo especifican otros
planes de campaña emitidos por el Ejército.
939.
Dentro de estas consideraciones de la legislación militar, los miem-
bros del Ejército de Guatemala no actuaron independientemente cuando
realizaron acciones militares contra la guerrilla o contra la población civil
72
140 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, párr. IX, apartado A. Guatemala 1982.
141 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, párr. IX, apartado C. Guatemala 1982.
142 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, párr. IX, apartado Ñ. Guatemala 1982.
143 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, párr. IX, apartado T. Guatemala 1982.
144 Ejército de Guatemala, plan de campaña Reencuentro Institucional 84, párr. III, apartado Ñ-7 y
plan de campaña Consolidación Nacional 86, párr. III-K-3. Guatemala 1984 y 1986.
145 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, párr. IX, apartado A, Guatemala 1982.
73
indefensa, sino que cumplían órdenes previamente recibidas. Estas órde-
nes, verbales o escritas (como los planes de campaña), correspondieron en
todos los casos a la implementación de una operación planificada con an-
terioridad y que perseguía alcanzar algunos de los objetivos estratégicos de
la lucha contra insurgente.
“Uno no puede mandar a un comandante a una operación sin decir-
le, ‘mire esto es lo que hemos planificado, este es el mapa, este es el te-
rritorio, esta es la población, esta es su misión’, no le puedo decir, ‘mi-
re váyase para allá y dentro de seis meses me reporta lo que sucede’ ...
un oficial no puede salir así ... hay que darle órdenes claras ...”
146
940.
Prácticamente en todos los planes de campaña que fueron presenta-
dos a la CEH, se la responsabilidad de los comandantes de las zonas mili-
tares, Fuerzas de Tarea o con responsabilidad de un área de operaciones.
Por lo tanto, los comandantes militares, en esta situación, son los prime-
ros directos responsables, ya sea en la acción u omisión, de lo que se haga
o deje de hacer en sus respectivas áreas de operaciones, de acuerdo con los
principios jurídicos militares que rigen en materia de obediencia, mando y
disciplina.
941.
En el escalón superior, el jefe del Estado Mayor del Ejército, ya sea
por los procedimientos de la cadena de mando o por presencia personal en
el lugar de la operación, pudo y debió tener conocimiento de las violacio-
nes cometidas durante las operaciones militares. Queda claro que dentro
del estamento militar no se concebía castigar los crímenes de lesa humani-
dad, porque los ejecutores materiales actuaban precisamente cumpliendo
las órdenes emanadas del Alto Mando del Ejército. Como se ha señalado,
la planificación de las operaciones militares, elaborada en este nivel, impli-
caba necesariamente la violación de derechos humanos para alcanzar el ob-
jetivo impuesto.
942.
Dentro del Ejército, la disciplina militar fue llevada a extremos que
no sólo significaron una grave infracción a las normas contenidas en el de-
recho internacional humanitario, sino también la transgresión de los lími-
tes de la legalidad interna. En efecto, los cuerpos constitucionales que es-
tuvieron vigentes durante el enfrentamiento armado consagraron el con-
cepto de la obediencia, dentro del marco de la legalidad. La Constitución
de 1956 dispuso en su Artículo 44: “Ninguno está obligado a cumplir ni
acatar órdenes o mandatos que no estén basados en la ley”. Por su parte, tan-
to la Constitución de 1965, en el Artículo 146, como la de 1985, en su
Artículo 156, consagraron este principio básico en idénticos términos:
146 Testigo (general en situación de retiro del Ejército de Guatemala) CEH. (T.C. 42).
“Ningún funcionario o empleado público, civil ni militar, está obligado a
cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un
delito”.
943.
La interpretación que realizó el Ejército de la obediencia militar,
concibiéndola como una “obediencia ciega”, desconoció la observancia de
este principio básico, en el sentido de que las órdenes manifiestamente ile-
gales no deben ser cumplidas, llevó a desconocerlo y vulnerarlo sistemáti-
camente a lo largo del enfrentamiento armado. Lo anterior se tradujo, ha-
cia afuera de la Institución Armada, en la comisión de graves e innumera-
bles violaciones de derechos humanos, y hacia dentro, produjo una pro-
funda y creciente degeneración de sus valores morales.
944.
Junto a la disciplina, el honor y el espíritu de cuerpo también son
conceptos que integran los valores castrenses en su vertiente moral. El pro-
tagonismo que tuvo el Ejército en la lucha contrainsurgente, en la tarea por
alcanzar los objetivos planteados en la Doctrina de Seguridad Nacional y
su consecuente participación en violaciones de derechos humanos, vulne-
raron estos principios. El honor militar quedó reducido a un concepto va-
cío de contenido moral, desligado de la ética y plenamente compatible con
la práctica sistemática de la tortura, el exterminio de población civil, la eje-
cución arbitraria de mujeres, niños y ancianos. El espíritu de cuerpo se ma-
nifestó en una posición de defensa cerrada de la institución, dirigida a ase-
gurar la impunidad de sus miembros.
III. LA INTELIGENCIA
945.
El sistema de Inteligencia militar (en adelante Inteligencia) de Gua-
temala fue diseñado con base en la Doctrina de Seguridad Nacional
(DSN) aplicada en Latinoamérica dentro del conflicto Este-Oeste bajo los
parámetros de la guerra total del Estado contra el comunismo. Este siste-
ma no tuvo novedades en relación con los modelos de otros países latinoa-
mericanos y en particular con los centroamericanos, inscritos en la políti-
ca contrainsurgente.
946.
El Ejército de Guatemala entendió por Inteligencia “el producto que
resulta de la búsqueda, registro, evaluación, análisis, integración e interpreta-
ción de toda la información disponible, la cual concierne a uno o más aspectos
de las naciones extranjeras o de las zonas de operaciones y la cual es significati-
va inmediatamente o en el futuro para la formulación de planes”.
147
Agrega que
74
147 Ejército de Guatemala, Centro de Estudios Militares, Escuela de Comando y Estado Mayor, Ma-
nual de Inteligencia G-2, pg. 1. Ejército de Guatemala, Centro de Estudios Militares, Escuela de
Comando y Estado Mayor, Guerra Irregular, pg. 20. Ejército de Guatemala, Centro de Estudios
Militares, Escuela de Comando y Estado Mayor, Inteligencia de combate en el batallón y escalones
subordinados, pg. 1.
“la información incluye todos los hechos, documentos, material, fotografías, dia-
gramas, mapas y reportes de observación de cualquier clase que aumente nues-
tro conocimiento de un posible o actual enemigo o zona de operaciones”.
148
947.
Sin embargo, en Guatemala no tuvo como única función la de bus-
car e interpretar información sobre las organizaciones guerrilleras. Aunque
no se puede desconocer que la Inteligencia realizó actividades propias vin-
culadas con el enfrentamiento armado, este sistema sirvió esencialmente a
intereses diferentes a los de la lucha contra la insurgencia. La Inteligencia
fue el eje conductor de una política de Estado que aprovechó el escenario
del enfrentamiento armado para controlar a la población, a la sociedad, al
Estado y al propio Ejército y que se ejecutó mediante una estrategia polí-
tico-militar fundada en mecanismos que desconocieron la Constitución y
la ley y violaron los derechos humanos.
948.
Para explicar con más detalles estas distorsiones de la Inteligencia en
Guatemala, en este capítulo se presentarán en una primera parte las carac-
terísticas de la Inteligencia durante el enfrentamiento armado; posterior-
mente se explicará la evolución cronológica, luego se describirá el modus
operandi de la Inteligencia y finalmente se examinará la participación de los
escuadrones de la muerte en los hechos de violencia, ilustrando, en la me-
dida de lo posible, cada uno de estos aspectos con casos y testimonios re-
cogidos por la CEH. Si bien el análisis se refiere al pasado, la Inteligencia
es un sistema que sigue existiendo y que todavía goza de muchas de las ca-
racterísticas que tuvo durante el enfrentamiento armado interno.
Caracterización
949.
Con el propósito de explicar cómo la Inteligencia se convirtió en
protagonista de primer orden en la implementación de la política con-
trainsurgente del Ejército, en las siguientes páginas se subrayarán algunas
características esenciales de este sistema.
950.
Las características que se exponen estuvieron presentes a lo largo de
todo el enfrentamiento. Sin embargo, fue a partir del Gobierno de Romeo
Lucas García (de julio de 1978 a marzo de 1982) que muchas de ellas em-
pezaron a definirse de manera más clara y se consolidaron como particu-
laridades propias de este sistema. Esto ocurre así, ya que a partir de 1979
se inició una mayor profesionalización de la Inteligencia y se la fortaleció
para utilizarla con sentido estratégico. Como se verá, fue durante este Go-
bierno que la Inteligencia alcanzó un profundo conocimiento de las orga-
nizaciones guerrilleras; una mejor dotación de recursos de todo tipo; am-
plió su red de informantes; utilizó a la Policía para sus propios objetivos, y
75
148 Ejército de Guatemala, Centro de Estudios Militares, Escuela de Comando y Estado Mayor, In-
teligencia de combate en el batallón y escalones subordinados, pg. 1.
comenzó a ejercer un control más efectivo en las esferas militares, estatales
y sociales.
951.
Con esta caracterización se busca resaltar que la Inteligencia era un
sistema muy sofisticado. A pesar de la compleja articulación de cada una
de las siguientes características, se puede sostener que era un sistema es-
tructurado donde no hubo espacio para la improvisación y en el que cada
asunto hizo parte de una laboriosa estrategia.
1º La Inteligencia, con base en la Doctrina
de Seguridad Nacional, aplicó un concepto
no convencional y distorsionado de enemigo
interno que le permitió operar con métodos y técnicas
que no respetaron la Constitución, la ley,
ni los derechos humanos
952.
Como una derivación típica de la Doctrina de Seguridad Nacional,
la Inteligencia dejó de ser un sistema de recolección y análisis de informa-
ción exclusivamente táctico para que, a partir de sus interpretaciones estra-
tégicas, el Estado Mayor de la Defensa Nacional pudiera determinar el ti-
po de operaciones contrasubversivas a realizar en el terreno. Fue funda-
mental dentro de su análisis estratégico sobre el enemigo interno, determi-
nar quiénes eran los elementos de la población civil “que pretendían rom-
per el orden establecido”, considerándose básica esta información para la se-
lección y supresión de los enemigos del régimen.
149
Este sistema aplicó una
noción de enemigo amplia y ambigüa, que incluyó a todos aquellos que no
apoyaron de manera decidida los intereses políticos imperantes.
953.
Bajo el pretexto de perseguir inicialmente a los comunistas y poste-
riormente a los guerrilleros, durante el enfrentamiento armado la Inteli-
gencia aplicó el refrán de “quien no está conmigo está en mi contra”. Lo re-
levante, y en consecuencia grave, es que la Inteligencia señalaba quiénes
eran los enemigos, quiénes no estaban apoyando los intereses dominantes
al interior del Ejército y, para utilizar una expresión militar expuesta en los
planes de campaña del Ejército, quiénes debían ser aniquilados.
150
Desde el
Comité Nacional de Defensa contra el Comunismo la Inteligencia califi-
có a los enemigos del Estado y manipuló la información en contra de los
intereses constitucionales y legales de los guatemaltecos.
954.
Es característica general de las agencias de Inteligencia de los diver-
76
149 Sobre el particular, véase Jorge Tapia Valdés, “La Doctrina de Seguridad Nacional y el rol políti-
co de las fuerzas armadas”, en Nueva Sociedad, No. 47, Caracas, marzo-abril de 1980, pg. 39.
150 En el plan de campaña Victoria 82 en varios apartes se reitera, ya sea como propósito general o
como misión de las patrullas, “aniquilar al enemigo”. Véase el numeral 3 del literal A del punto
II del plan de campaña o el numeral 1 del literal E del anexo H del mismo plan de campaña. Ade-
más no se debe olvidar que este plan fue de obligada referencia para el Ejército en el desarrollo
del enfrentamiento armado.
sos países
151
que estos organismos no realicen operaciones con base en la in-
formación que ellos mismos obtienen e interpretan. Las secciones 2 de In-
teligencia de un estado mayor son asesores del comando y no tienen man-
do de tropa ni facultad operativa.
955.
Sin embargo, en Guatemala la Inteligencia realizó operaciones no
convencionales, de carácter irregular y ajenas a cualquier orden legal. Los
métodos y técnicas bajo los cuales operó no eran propios de un ejército que
respetara los derechos ciudadanos. Lo sucedido con la Inteligencia en Gua-
temala, como en la mayoría de los ejércitos de Latinoamérica, fue una mal-
formación de las tareas de Inteligencia.
2º La Inteligencia tuvo un papel importante
en el combate de las organizaciones guerrilleras
durante el enfrentamiento armado
956.
No se puede desconocer que la Inteligencia golpeó al movimiento
guerrillero. Una de sus tareas permanentes era la búsqueda y sistematiza-
ción de información sobre las organizaciones guerrilleras, siendo su mejor
fuente el propio adversario, para lo cual era fundamental un conocimien-
to profundo de éste. Conocerlo no era fácil y era importante hacerlo tan-
to en su conjunto como en su individualidad, tanto a la organización co-
mo a sus integrantes. Sobre la organización, eran temas de interés los rela-
cionados con concepciones, estructuras, funcionamiento, planes, métodos,
puesto que uno de sus objetivos centrales era el de identificar, localizar,
capturar y destruir sus medios y recursos. Por esta razón, los miembros de
Inteligencia constituyeron el personal militar que tenía mayor conoci-
miento sobre las organizaciones guerrilleras.
“Como regla, Inteligencia estuvo muy involucrada en lo que fue el en-
frentamiento armado. La tarea que teníamos era saber qué pasaba en
las estructuras de la guerrilla, teníamos dos o tres expertos en cada gru-
po. Inteligencia militar se encargaba de cualquier dato en relación con
la guerrilla y ahí se procesaba. Después de dos años era la persona que
más podía saber sobre el EGP. La regla en Inteligencia fue estar muy
metidos en los temas de la guerrilla”.
152
Un ex comandante de una de las organizaciones guerrilleras admite:
“Yo quiero decirles [que] la Inteligencia militar en los años ochenta,
tuvo un repunte y de una manera muy profesional, y ahí sucede una
77
151 Secciones de Inteligencia de las fuerzas de seguridad como del Ejército y la Policía, y organismos
de Inteligencia estratégico-políticos de los jefes de Estado.
152 Testigo CEH. (T.C.92).
cosa, distribuyen las fuerzas de la Inteligencia militar de acuerdo a las
diferentes organizaciones que tienen que controlar y analizar, y esos
analistas de Inteligencia se convierten en verdaderos profesionales, in-
cluso llegan a conocernos a nosotros a la perfección...”
153
957.
La Inteligencia empezó a lograr importantes resultados en la lucha
contrainsurgente hacia principios de la década de los ochenta, con la ubi-
cación y el desmantelamiento de las “casas de seguridad” de las diferentes
organizaciones guerrilleras que prácticamente determinaron la eliminación
de los frentes urbanos de la capital.
154
El lema utilizado por los miembros
de la Inteligencia por ese entonces fue el siguiente: “Para uno que madru-
ga otro que no duerme”.
“El Ejército ... con una labor de Inteligencia previa, nos da severos gol-
pes en los meses de junio y julio del 81, en donde caen varias casas de
seguridad nuestras ...prácticamente toda esa estructura urbana fue de-
sarticulada ... creo que nos confiamos mucho, que eso nos llevó a co-
meter errores de concentrar tanta gente en casas de seguridad, nos re-
basó la acción represiva del enemigo...”
155
958.
Mediante muy diversos métodos, la Inteligencia obtuvo valiosa in-
formación de las organizaciones guerrilleras. Las prácticas violatorias de
derechos humanos, como fueron los interrogatorios realizados bajo tortu-
ra, la infiltración en las organizaciones guerrilleras, la utilización de miem-
bros de las propias organizaciones insurgentes que colaboraron de manera
obligada o voluntaria con el Ejército, fueron algunos de estos métodos que
se verán más adelante.
3º Son características de la Inteligencia su secretividad,
su verticalidad, y su compartimentación
959.
La Inteligencia mantiene en secreto sus funciones, actividades y la
información que obtiene e interpreta, ante las demás estructuras del pro-
pio Ejército y con mayor razón ante otras entidades del Estado y la pobla-
ción en general. Sólo la máxima estructura, la Dirección de Inteligencia del
Estado Mayor de la Defensa Nacional, conoce la totalidad de la informa-
ción; las otras estructuras, como las secciones de Inteligencia de las zonas
militares, conocen de manera parcial la información, que es la que utilizan,
y de esta forma se garantiza la compartimentación.
78
153 Entrevista de la CEH con la URNG. 23 de enero de 1998, pg. 13.
154 Sobre los efectos de la Inteligencia contra las organizaciones guerrilleras, puede consultarse sobre
el EGP en la capital en 1981 a Mario Payeras, El trueno en la ciudad, episodios de la lucha arma-
da urbana de 1981 en Guatemala, Juan Pablos Editor, México, 1987.
155 CI 87. Septiembre, 1984. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
960.
Esta subdivisión en compartimentos estancos se aplicó tanto a la in-
formación como a sus medios, fuentes, planes y hasta a las propias opera-
ciones. Además, en cada nivel funcional dentro de la estructura de Inteli-
gencia se respetó la compartimentación: el superior no le exigía al subor-
dinado las fuentes o los medios de información, sino su clasificación en
cuanto a la veracidad y confiabilidad de las mismas.
961.
Las operaciones ilegales de la Inteligencia fueron clandestinas, tanto
en su planeación como en su desarrollo. El propósito de las operaciones de
la Inteligencia fue garantizar esa secretividad para que no se pudiese deter-
minar la autoría intelectual y criminal del hecho, exculpar de toda respon-
sabilidad a los agentes del Estado y así asegurar la ineficiencia de cualquier
investigación judicial y policial. La realización de operaciones clandestinas
fue una característica de la Inteligencia del Ejército de Guatemala.
962.
Ese actuar clandestino aparece en los propios planes de campaña del
Ejército. El plan Victoria 82 establece que “efectuarán pintas en forma clan-
destina en contra de las facciones subversivas...”
156
El plan Estabilidad Nacio-
nal 85 dice que “[el] personal de la compañía especial,
157
deberá operar en for-
ma clandestina fuera de las zonas militares y por ningún motivo deberá ser em-
pleado en funciones operativas de la S-2 (DCI).
158
Estos elementos no deberán
conocerse entre sí ni asistir a reuniones de las zonas militares. Queda terminan-
temente prohibido realizar reuniones con este personal y con confidenciales ya
que se pierde la compartimentación”.
159
963.
La clandestinidad de sus actuaciones se extendió a la utilización de
lugares legales de detención en donde las víctimas no sólo estuvieron pri-
vadas de manera arbitraria de su libertad, sino que fueron objeto de inte-
rrogatorios bajo tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En ca-
si todas las instalaciones de las unidades militares del Ejército de Guatema-
la, en muchas instalaciones policiales, incluso en varias casas y locales par-
ticulares, existieron sitios que fueron conocidos popularmente como “cár-
celes clandestinas”.
160
El siguiente es un ejemplo de ello:
964.
En el caso de la desaparición forzada de Ana Lucrecia Orellana Stor-
mont y Edgar Raúl Rivas Rodríguez capturados en la capital el 6 de junio
79
156 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, apéndice B, capítulo III-2-b.
157 Es una unidad militar establecida en diferentes dependencias militares donde se agrupaba parte de
la red de informantes que operó en la colección de información clandestina del Ejército.
158 Destacamento de contrainteligencia.
159 Ejército de Guatemala, plan de campaña Estabilidad Nacional 85, anexo A de Inteligencia, aparte V
sobre órdenes y pedidos de información, literal F.
160 El relator especial de Naciones Unidas para Guatemala en 1984, vizconde Colville de Culross, en
su informe presentado a la Comisión de Derechos Humanos de 1985, recibió denuncias sobre el
particular y hace referencia al tema en los párrafos 72 a 79 de su informe (E/CN.4/1985/19 del 8
de febrero de 1985).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en uno de sus informes sobre un caso de Gua-
temala dice sobre el particular: “La detención en centros clandestinos es una forma especialmente grave
de privación arbitraria de la libertad. Las acciones de los agentes del Gobierno que participan en activi-
de 1983, se tienen evidencias de que estuvieron detenidos de manera ile-
gal en el Cuartel General Matamoros. A los ocho días de la desaparición
de Lucrecia, los captores se comunicaron con su familia indicándole que
se encontraba detenida en el Cuartel General Matamoros y que necesitaba
medicina para su enfermedad, porque padecía de asma.
161
El 19 de junio
la familia de Edgar Raúl recibió una llamada telefónica de un desconoci-
do, quien les indicó que se comunicaran lo más pronto posible con un fa-
miliar influyente y con Lucrecia Orellana y denunciaran la desaparición en
los periódicos, puesto que Edgar Raúl se encontraba detenido en el Cuar-
tel General Matamoros e iba ser fusilado en cinco días.
162
965.
Los familiares de Lucrecia y Edgar Raúl realizaron gestiones ante di-
ferentes funcionarios del Gobierno, quienes les confirmaron que estas dos
personas efectivamente se encontraban detenidas en el Cuartel General
Matamoros.
163
966.
Tres meses después, un familiar de Lucrecia viajó a Washington donde
se entrevistó con Robert Blohm, encargado de Guatemala en el Departamen-
to de Estado, quien le confirmó que Lucrecia estaba viva y que se encontra-
ba detenida en el Cuartel General Matamoros.
164
Seis meses después, la fami-
lia se volvió a entrevistar con el mismo funcionario y le informó de la muer-
te de Lucrecia.
165
Otro testigo, amigo de la familia, informa que fue vista vi-
va los días cercanos a su muerte, entre el 22 y el 25 de octubre de 1983, en el
hospitalito del Segundo Cuerpo de la Policía Nacional.
166
Finalmente, otra
fuente indica que el 5 de noviembre de 1983, los cadáveres de Lucrecia y otra
desaparecida fueron llevados del Cuartel General Matamoros a otro lugar pa-
ra ser enterrados, probablemente en Magdalena Milpas Altas, Sacatepéquez,
donde les dieron sepultura en una fosa de ubicación imprecisa.
167
4º La Inteligencia desarrolló una permanente
actividad de desinformación y de manipulación
de información
967.
La desinformación es una actividad tan importante como la planea-
ción o el desarrollo de una operación de Inteligencia. Incluso en algunos
80
dades de esa naturaleza trascienden las fronteras de la ley y, por ser secretas, no pueden ser examinadas.
Los agentes del Gobierno que participan en casos de esa naturaleza deben negar el secuestro o la existen-
cia del lugar de detención para protegerse y mantener el secreto del centro de detención. En general, la víc-
tima puede interiorizarse de pocos detalles relacionados con el lugar de detención, o sus secuestradores, y
no está en condiciones de hacer identificaciones. No sólo es imposible para la víctima ejercer sus derechos
legales durante su detención, sino que le será muy difícil confrontar a las autoridades así sea liberada con
vida”. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe 31/96, caso 10526, Guatemala,
16 de octubre de 1996, párr. 113.
161 CI 022. Noviembre, 1983. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
162 C 73. Junio, 1983. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
163 Ibid.
164 Ibid.
165 Ibid.
166 Ibid.
167 Ibid.
casos la Inteligencia cometió violaciones de derechos humanos inculpan-
do a las organizaciones guerrilleras o utilizando los modus operandi pro-
pios de éstas.
968.
En el caso de la desaparición de los estudiantes de la USAC, ocu-
rrida entre agosto y septiembre de 1980 en la ciudad capital,
168
y que in-
vestigó la CEH, consta que con posterioridad aparecieron los cuerpos sin
vida de cuatro de ellos con una nota en la que se sindicaba como respon-
sable a la Asociación de Estudiantes Universitarios por fricciones entre los
diversos grupos políticos estudiantiles.
169
La versión fue corroborada por
el propio Ministro de Defensa de ese entonces al sostener que eran los es-
tudiantes los responsables de las desapariciones y las ejecuciones.
170
Aun-
que es cierto que se dió una controversia entre las diversas organizaciones
estudiantiles por razones financieras,
171
existen varios elementos para de-
terminar que fue la Inteligencia la responsable de estos hechos. La gran
cantidad de recursos humanos y técnicos desplegados en un período tan
corto de tiempo para cometer dichas violaciones de derechos humanos
(tan sólo en tres días fueron desaparecidas siete personas), la evidencia de
que el movimiento estudiantil fue infiltrado por el Ejército,
172
las múlti-
ples calificaciones del movimiento estudiantil como subversivo por parte
de agentes estatales
173
y la coyuntura del hecho en un momento de resur-
gimiento social
174
son razones que nos llevan a concluir que efectivamen-
te fue la Inteligencia, y no los propios estudiantes, la autora de estas gra-
ves violaciones.
969.
Otra forma muy utilizada por la Inteligencia para generar desinfor-
mación y garantizar la clandestinidad fue la de actuar bajo la fachada de los
escuadrones de la muerte. Como se verá más adelante en detalle, éstos fue-
ron controlados por el Ejército, entre otros objetivos, para generar confu-
sión en la sociedad sobre los verdaderos autores de los hechos ilícitos co-
metidos. Por el momento se puede ilustrar este proceder con el siguiente
caso: “El 20 de octubre de 1978, terminada la manifestación conmemorativa
de la revolución del 44, a la altura de la 8ª. Calle con 6ª. Avenida fue ejecu-
81
168 CI 30. Agosto-septiembre, 1980. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
169 Dicha nota fue encontrada el 10 de septiembre de 1989 en la parte oriental de la Universidad San
Carlos junto con los cadáveres de Silvia María Azurdia Utrera y Víctor Hugo Rodríguez Jarami-
llo, quienes habían sido detenidos el 23 de agosto, de Carlos Leonel Chutá Camey detenido el 8
de septiembre y de Carlos Humberto Cabrera Rivera detenido el 9 de septiembre. Proceso 3146-
89, folios 120 y 127.
170 Americas Watch, Guatemala Renewed Violence Against Students, pgs. 4 y 7.
171 Véase boletín Alternativa, año 1, número 4, Guatemala, noviembre y diciembre de 1987, órga-
no de divulgación del Movimiento Estudiantil Universitario.
172 William Ligorría “se infiltró en el movimiento estudiantil para informar a los militares sobre las ac-
tividades políticas de sus compañeros”, El Periódico, 16/09/97. Testigo CEH. (T.C. 30).
173 C 729. 1989. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
174 Ibid.
tado el líder estudiantil Oliverio Castañeda de León.
175
Un día antes, el Ejér-
cito Secreto Anticomunista (ESA), en un comunicado público amenazó a 39
personas, entre ellos al estudiante Castañeda. En la operación, en la que resul-
taron heridas cinco personas más, intervinieron un carro sedán alargado, color
turquesa, de placas P-109,
176
un jeep Toyota, color blanco, de placas oficiales
0-8038 y un carro tipo bronco, de placas P-11716.
176
Por las características de
la operación, estas unidades participaron con la coordinación de la Dirección
de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército. Según información de un ex
miembro de la Policía Nacional, el carro turquesa pertenecía a La Regional del
Estado Mayor Presidencial y el jeep Toyota al Comando Seis de la Policía Na-
cional” .
177
970.
La manipulación de la información fue otro de los procedimientos
y de las finalidades utilizados por la Inteligencia. Esta podía tener múlti-
ples objetivos, desde emplearse como una técnica contra el enemigo hasta
usarse para controlar a los medios de comunicación.
971.
La Inteligencia manipuló la información contra las propias organi-
zaciones guerrilleras, tanto para generar desinformación como para dirigir
operaciones psicológicas con el objeto de quebrar la moral del enemigo. La
propaganda elaborada y distribuida por la Inteligencia cumplía con ese ob-
jetivo. Incluso se llegó al extremo de colaborar y repartir propaganda co-
mo si fuese de la guerrilla. Según un ex policía judicial, buena parte de la
propaganda política de la guerrilla que fue distribuida bajo el Gobierno de
Lucas García fue repartida por la G-2.
178
972.
La Inteligencia ejerció un eficaz control sobre los medios de comu-
nicación, ya sea a través de la censura, el chantaje, la manipulación de al-
gunos profesionales de la prensa, o bien al privilegiar la información que
se suministraba a los reporteros y al infiltrar información a los medios.
5º La Inteligencia tuvo y tiene una gran cantidad
y calidad de recursos humanos, materiales, técnicos
y económicos para cumplir con sus propósitos
973.
La Inteligencia en Guatemala ha contado con personal altamente
calificado y disciplinado, con un alto presupuesto y con una infraestruc-
tura técnica sofisticada a la par de los avances científicos y tecnológicos.
Esta riqueza de recursos, que no es propia de todas las dependencias del
Ejército, le ha permitido controlar fácilmente la institución militar.
974.
En el Ejército siempre se ha destacado el liderazgo militar ejercido
por los miembros de la Inteligencia. Un alto oficial señaló a la CEH: “In-
82
175 CI 45. Octubre, 1978. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
176 Testigo CEH. (T.C. 49).
177 Testigo CEH. (T.C.110).
178 Testigo CEH. (T.C.116).
teligencia se caracterizó porque el personal que llegó fue seleccionado, no cual-
quiera. Siempre hubo una selección más cuidadosa que para otra unidad, lle-
gó personal bien calificado”.
179
975.
En el reclutamiento del personal de Inteligencia se buscaba que los
oficiales y los miembros de tropa tuvieran un perfil homogéneo de discre-
ción, capacidad de análisis, decisión, confiabilidad, disposición mental pa-
ra realizar operaciones no convencionales, valor, entre otras características.
El personal, una vez seleccionado, era objeto de una especializada instruc-
ción en cursos básicos de Inteligencia al interior del Ejército de Guatema-
la, y los más destacados en cursos avanzados tanto en el país como en el
extranjero.
976.
En materia de recursos materiales, la Inteligencia siempre ha tenido
a su disposición instalaciones, vehículos, armas y un sinnúmero de elemen-
tos necesarios para sus fines. Entre algunos recursos técnicos cabe mencio-
nar que la Inteligencia recibió las primeras plataformas informáticas insta-
ladas en el país, y siempre ha contado, por ejemplo, con los más modernos
equipos de transmisiones de radio, equipos de escucha tanto fijos como
móviles, y hasta equipos de escucha inalámbricos. Entre algunos recursos
económicos hay que señalar que, a través de la unidad localizada en el Mi-
nisterio de Finanzas, la Inteligencia pudo contar con sumas considerables
de dinero, asignadas tanto al presupuesto del Ejército como las obtenidas
mediante desviaciones de los presupuestos de otras entidades estatales; ade-
más, los aportes de capitales privados y las apropiaciones de los capitales
capturados a las organizaciones guerrilleras fueron otras fuentes adiciona-
les de financiación.
6º La Inteligencia en Guatemala ha sido diseñada
y dirigida en sus operaciones esencialmente por dos
organismos: la Sección de Inteligencia del Ejército
o la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor
de la Defensa Nacional que se ha conocido como
la G-2 y una unidad del Estado Mayor Presidencial
que se ha conocido popularmente como La Regional
o El Archivo
977.
Ambas estructuras siempre han superpuesto sus funciones y han ac-
tuado sin límites, de manera peligrosa e ilegal. Han realizado actividades
de Inteligencia exterior e interior, Contrainteligencia e información políti-
ca y económica. Ambas organizaciones duplicaron funciones de manera
83
179 Testigo CEH. (T.C.92).
no racional y se volcaron esencialmente a desarrollar un trabajo hacia lo
político y al interior del país.
978.
Hasta el Decreto Ley 28-83 del 15 de marzo de 1983, la unidad de
Inteligencia del Estado Mayor del Ejército se denominaba Sección de In-
teligencia del Ejército, conocida popularmente como la G-2. Desde la vi-
gencia del decreto ley 28-83, en que la nueva denominación del Estado
Mayor del Ejército pasa a llamarse Estado Mayor de la Defensa Nacional,
su unidad de Inteligencia pasa a denominarse Dirección de Inteligencia del
Estado Mayor de la Defensa Nacional (en adelante Dirección de Inteligen-
cia). Sin embargo, en Guatemala se siguió y se sigue utilizando la expre-
sión G-2 para referirse a esta unidad o simplemente para referirse a los
miembros de Inteligencia del Ejército que estén vinculados con cualquier
otra unidad militar.
180
979.
El Artículo 26 del Reglamento General del Estado Mayor de la
Defensa Nacional expedido por la orden general 14-88 expresa: “La Di-
rección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, será el
principal órgano asesor de la jefatura del Estado Mayor en asuntos relacio-
nados con la Inteligencia nacional e internacional del adversario y lo con-
cerniente a los países amigos y el propio país, así como informar, apreciar,
recomendar, planificar y supervisar, en los aspectos de Inteligencia y de Con-
trainteligencia relacionados con la defensa y desarrollo de la República de
Guatemala”.
980.
La estructura interna de la Dirección de Inteligencia del Estado Ma-
yor de la Defensa Nacional obedece a los parámetros tradicionales de una
Sección 2 en los ejércitos contemporáneos y está subdividida en “negocia-
dos”, o en “divisiones”, que han variado en nombre, cantidad y funciones de
acuerdo a la evolución que tuvo el enfrentamiento armado. Mientras, por
ejemplo, en el año 1972 la Dirección de Inteligencia estaba conformada
por los negociados de Inteligencia, Enlace, Contrainteligencia y Soporte
técnico, en la actualidad está integrada por las divisiones de Inteligencia
nacional, Inteligencia internacional, Inteligencia técnica, Contrainteligen-
cia, Informática, Apoyo logístico, Administración, Comando y búsqueda,
Escuela de Inteligencia e Inteligencia.
181
981.
El Estado Mayor Presidencial, además de cumplir con su función de
garantizar la seguridad del Presidente de la República, desde principios de
la década de los sesenta, ha contado con una unidad de Inteligencia con
capacidad operativa. La particularidad de esta unidad fue la de ser un ór-
84
180 Esta expresión se ha simplificado y algunos los mencionan como “la 2” o simplemente “2”.
181 La información sobre la estructura actual de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la
Defensa Nacional fue suministrada a la CEH por el Ejército de Guatemala en una conferencia
sobre el tema dictada el 3 de abril de 1998 en las instalaciones del Centro de Estudios Militares.
gano de Inteligencia que estaba vinculado con la máxima autoridad del
país, que recopilaba y analizaba información de utilidad al entorno pre-
sidencial.
982.
En los gobiernos militares fue concebida como una sección para su-
ministrarle información directa al Presidente, para la realización de las ope-
raciones militares de su propio interés e incluso para hacer contrainteligen-
cia en su favor; también tuvo una mayor colaboración con la propia Di-
rección de Inteligencia en el esfuerzo de la lucha contrainsurgente. A par-
tir de los gobiernos civiles tuvo una mayor capacidad, gozó de mayor au-
tonomía frente a la Dirección de Inteligencia e incluso su personal sirvió
para espiar al propio Presidente.
983.
Esta dependencia tuvo varios nombres y diferentes reestructuracio-
nes internas en los diferentes gobiernos. Bajo el Gobierno de Enrique Pe-
ralta Azurdia (de marzo de 1963 a julio de 1966), con el apoyo técnico y
financiero de la Office of Public Safety (OPS) de los Estados Unidos, se creó
el Centro Regional de Telecomunicaciones conocido como La Regional;
bajo el Gobierno de Romeo Lucas García se llamó Servicios Especiales de
Comunicaciones de la Presidencia de la República; bajo el Gobierno de
Efraín Ríos Montt se llamó Archivo General y Servicios de Apoyo de la
Presidencia de la República; bajo el Gobierno de Oscar Humberto Mejía
Víctores se llamó Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Repúbli-
ca; bajo el Gobierno de Vinicio Cerezo se llamó Departamento de Seguri-
dad de la Presidencia; bajo el Gobierno de Ramiro de León Carpio se lla-
mó Secretaría de Inteligencia Estratégica de la Presidencia. Sin embargo,
de manera popular esta oficina de Inteligencia se ha conocido como La Re-
gional o El Archivo.
182
984.
Durante la segunda parte de la década de los ochenta y en los pri-
meros años de la década de los noventa, El Archivo contaba con varios
“campos” de análisis,
183
en lo político, económico, social e internacional;
además de contar con un campo de antecedentes, con servicios de compu-
tación, microfilm y laboratorio fotográfico. El Archivo funcionó con pre-
supuesto de la Presidencia de la República y estaba dirigido por un oficial
de Inteligencia, con grado de coronel, que contaba con la colaboración de
otro oficial de Inteligencia denominado subjefe o segundo jefe general-
mente con grado de mayor; además, tenía encargados en cada uno de los
85
182 El primer nombre se utilizó, sobre todo, en los gobiernos anteriores al de Efraín Ríos Montt y el
segundo en los gobiernos civiles posteriores al de Cerezo. De todas formas, indistintamente se han
utilizado estos dos nombres para referirse a la misma dependencia y por lo tanto en el presente
Informe se hace referencia a ambos.
183 Sobre la labor de análisis del Estado Mayor Presidencial, en el expediente judicial del caso Myr-
na Mack, el oficial Julio Roberto Alpírez dice que entre sus funciones está la de “de realizar aná-
lisis periodísticos en los campos económico, político y social...” (folio 003578) y el procurador Acis-
clo Valladares va más allá cuando indica: “no descarto ningún tema como objeto de análisis del Es-
tado Mayor Presidencial...” (folio 003194).
campos, y contaba con un amplio número de especialistas y civiles, y con
una vasta red de informantes.
985.
Las relaciones entre la Dirección de Inteligencia y La Regional o El
Archivo no fueron homogéneas durante los años que abarcan el enfrenta-
miento armado. En algunos años trabajaron de manera estrecha y coordi-
nada; en otros la relación fue distante y actuaron con independencia. El
desarrollo del enfrentamiento armado, la política contrainsurgente del
Ejército, los intereses político-militares del momento, así como la particu-
laridad de las personas que detentaron los cargos de dirección de ambas
unidades, son elementos que permiten medir el vínculo entre estas depen-
dencias. Incluso unas fuentes indican que en algunos años El Archivo con-
tó con mayores recursos políticos que la propia Dirección de Inteligen-
cia.
184
Más adelante se explicarán los contextos que determinaron estas re-
laciones.
7º La Inteligencia siempre contó con una amplia
red de fuentes y agentes que le garantizó el éxito
de sus propósitos
986.
Las fuentes más comunes de información para los propósitos de In-
teligencia con relación a la actividad del enemigo fueron los prisioneros de
guerra, las personas civiles locales, el personal militar recuperado, docu-
mentos tomados del enemigo, pertrechos enemigos, transmisiones y otras
emisiones electromagnéticas del enemigo, proyectiles fallados, fragmentos
de ametralladoras y proyectiles, cráteres, áreas contaminadas por agentes
químicos tóxicos, agentes biológicos, fotografías, cartas, pronósticos me-
teorológicos, estudios e informes y agencias civiles.
185
987.
Para el propio Ejército, los medios más usuales de las fuentes de in-
formación eran:
● Los que pudieran infiltrarse fácilmente para entrar en contacto con
el enemigo obteniendo información sin contratiempos.
86
184 En Human Rights Watch/Americas, Clandestine Detention in Guatemala, March 1993, pg. 14,
se dice que El Archivo contaba con más registros de personas que la G-2, y en la cita 187 se se-
ñala que en 1993 el Estado Mayor Presidencial contaba con más funcionarios que la Dirección
de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
De manera reiterada, varios ex directores de esta oficina le informaron a la CEH que cuando ini-
ciaron su período no encontraron archivos documentales en esa dependencia; que quien termi-
naba su gestión desmantelaba materialmente la oficina. Algunas de estas personas no descartan
que dicha información haya pasado a la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la De-
fensa Nacional. Este aspecto es mencionado en el informe de Human Rights Watch/Americas,
Los Derechos Humanos en Guatemala durante el primer año del Presidente Ramiro de León Carpio,
Guatemala, 1994, pg. 8: “Si de hecho los expedientes de Inteligencia del Archivo han sido traslada-
dos a la G-2, ello sólo refuerza la capacidad represiva de esta dependencia, lo cual no constituye me-
jora alguna”.
185 Ejército de Guatemala, Centro de Estudios Militares, Escuela de Comando y Estado Mayor, Gue-
rra irregular, pg. 20.
● Los espías, que debidamente adiestrados y organizados deberán ser
situados en puntos clave del territorio enemigo para obtener datos
valiosos y de utilidad en operaciones irregulares.
● El personal nativo que trabaje con o cerca de personas destacadas o
consideradas con información valiosa, estos informadores deberán
ser instruidos sobre cómo obtener y comunicar toda la información
para evitar sorpresas.
● Las patrullas de reconocimiento, compuestas por pequeños grupos
de efectivos que deberán emplear la astucia mediante el disfraz de
pacíficos transeúntes, campesinos, peregrinos, etc.
● La población, que constituye el grueso de informantes, la cual da
noticias de actualidad; es preciso organizar la forma en que deberán
hacer llegar las noticias que sean obtenidas.
● Otros medios como los vigías, guardafaros en las costas, observado-
res detrás de las líneas enemigas, las autoridades partidarias instrui-
das para informar, aquellos que puedan realizar estas misiones co-
mo aviones, helicópteros y radioescucha.
186
988.
Uno de los componentes esenciales de los medios de Inteligencia
consistía en estructurar una red de agentes que brindara información. La
red de la Inteligencia podía visualizarse a partir de dos grandes niveles que
se desprendían de la Dirección de Inteligencia: un primer nivel, formal,
compuesto por los integrantes de las G-2 de las zonas militares, de las S-2
de otras unidades militares y por los miembros de la Policía Nacional y de
la Guardia de Hacienda; un segundo nivel, informal, conformado por una
vasta red de colaboradores e informantes entre quienes se encontraban los
confidenciales, los llamados “orejas”, los infiltrados en entidades públicas y
privadas, los comisionados militares, los miembros de las PAC y de los Co-
mités de Defensa Civil. (Véase apéndice 9).
989.
Lo importante es que esta amplia gama de agentes y unidades cum-
plían múltiples funciones dentro del engranaje del sistema de Inteligencia.
Aunque todos los niveles estuvieron involucrados en la búsqueda de infor-
mación y gozaron de capacidad operativa, cada uno jugó un papel especí-
fico durante el enfrentamiento armado. Un nivel es denominado formal,
porque de él hacían parte miembros de la estructura de la Inteligencia y de
otros cuerpos armados del Estado; el otro nivel es llamado informal, por-
que estaba conformado por personas que no tenían como función expresa
la búsqueda de información y que lo hacían por interés personal y econó-
mico, como los confidenciales, o de manera forzada como muchos de los
comisionados o patrulleros.
87
186 Ejército de Guatemala, Centro de Estudios Militares, Escuela de Comando y Estado Mayor, Gue-
rra irregular, pg. 21.
88
990.
Cada red formal de Inteligencia contaba a su vez con su propia red
informal; es decir, la Dirección de Inteligencia, las zonas militares, cual-
quier otra unidad militar, la Policía Nacional y la Guardia de Hacienda, ca-
da una contaba con una amplia red informal de informantes. La unidad
de Inteligencia del Estado Mayor Presidencial tuvo a su vez su propia red
informal,
187
ya que en muchas ocasiones no se podía apoyar en la informa-
ción recaudada por la Dirección de Inteligencia, puesto que esta unidad no
hacía parte de la estructura formal de la Inteligencia.
991.
La Inteligencia se valió de múltiples artimañas para obtener infor-
mación. En la región de las vertientes de los ríos Usumacinta y La Pasión,
en Petén, el Ejército constituyó una amplia red de informantes compues-
ta por lancheros, chicleros, compradores, trabajadores que solicitaban
oportunidades laborales a las cooperativas y hasta supuestos estudiantes
que realizaban encuestas sobre temas agrícolas, entre otros.
992.
La vinculación de informantes tenía razones muy disímiles. Tal es el
caso de Miguel, quien comenzó a ser perseguido por miembros de la G-2.
Ante el temor de estas persecuciones le avisó a la propia G-2. Un capitán
le informó que lo estaban buscando porque dos comisionados le habían
notificado su participación con la guerrilla.
“Entonces, el capitán me ofreció ser oreja del Ejército. Para probar mi
lealtad a las fuerzas armadas, cada lunes de cada semana debía llevar
información a la zona militar de San Marcos. Durante tres años llevé
a almorzar y a tomar a los del Ejército; con eso dilataba la cosa y prác-
ticamente casaqueaba
188
a los oficiales. De esta manera permanecí con
credencial del Estado Mayor como confidencial, extendida por la G-2.
El oficial ... era quien estaba a cargo de recibir la ‘información’ que de-
bía llevar cada lunes. Pasé todo el tiempo con una terrible tensión psi-
cológica que aún me afecta. El haber estado obligado a ser oreja fue el
único camino que tuve para sobrevivir”.
189
993.
Las secciones de Inteligencia contaban con un rubro de gastos con-
fidenciales para pagar alguna información recibida. Muchos de los infor-
mantes eran remunerados económicamente y de manera discrecional por
el oficial de Inteligencia, de acuerdo a la valoración subjetiva que hacía de
la información suministrada. Toda la información recaudada, tanto por los
187 En 1993, según cifras del Ministerio de la Defensa, el Estado Mayor Presidencial contaba con
730 funcionarios, la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional con 450
agentes y 3 mil informantes particulares. Véase Naciones Unidas, Consejo Económico y Social,
Informe de la experta independiente, Señora Mónica Pinto, sobre la situación de derechos humanos en
Guatemala, preparado de conformidad con la Resolución 1993/88 de la Comisión de Derechos
Humanos, E/CN.4/1994/10, 20 de enero de 1994, párr. 46.
188 Engañaba.
189 C 7091. 1987 y 1990. San Pablo, San Marcos.
niveles formales como informales, era evaluada y calificada en varios nive-
les de confiabilidad, de A-1 a F-6, que oscilaban entre lo absolutamente
confiable y la que carecía de valor de confiabilidad.
8º La Inteligencia desarrollada por la Dirección
de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional
(D-2) fue diferente en los procedimientos y en las
operaciones a la de los escalones subordinados de las
secciones de Inteligencia de las zonas militares (G-2)
y de otras unidades militares desplegadas en el terreno
como los batallones (S-2)
190
994.
La Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, a través
de su Dirección, formuló planes estratégicos en el área rural y urbana. Es-
ta, al ocupar el nivel más alto, tuvo más medios que cualquier otra sección
de Inteligencia, lo que le permitía realizar operaciones clandestinas, sobre
todo en las áreas urbanas, con características de ser más selectivos en la
identificación de las víctimas. Los casos más ilustrativos son los que se pre-
sentaron en la capital:
995.
El 25 de enero de 1979 fue ejecutado el político y congresista Alber-
to Fuentes Mohr,
191
en la avenida La Reforma de la capital, en un opera-
ción en la que participaron un vehículo y dos motocicletas. El 22 de mar-
zo de 1979 fue ejecutado el también político Manuel Colom Argueta, en
la 3ª. avenida y 5ª. calle de la zona 9 de la capital, en una operación en la
que actuaron, por lo menos, tres automóviles, dos motocicletas y un heli-
cóptero. Fuentes Mohr fue asesinado un día antes de la inscripción del Par-
tido Socialista Democrático (PSD) y Colom Argueta fue ejecutado una se-
mana después de haber inscrito como partido político al Frente Unido de
la Revolución (FUR). Las dimensiones de la operación militar, así como el
propósito de los hechos de cerrar los espacios políticos y aumentar el gra-
do de polarización existente (ambos movimientos políticos desaparecieron
después de las ejecuciones de sus líderes), evidencian la participación de
miembros de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército.
192
996.
La Dirección de Inteligencia, como su nombre lo indica, es el órga-
no que coordina, planifica, controla y supervisa las actividades de Inteli-
gencia al interior del Ejército. Las secciones de Inteligencia dependen or-
gánicamente del Estado Mayor del nivel al que correspondan (zonas mili-
tares y batallones) y funcionalmente de la Dirección de Inteligencia. Esta
89
190 Como ya se dijo, todos estos órganos de Inteligencia fueron denominados de manera popular e
indistintamente en Guatemala como la G-2.
191 CI 65. Enero-Marzo, 1979. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
192 Según varios testimonios recibidos por la CEH, en la planeación de la ejecución arbitraria de Co-
lom Argueta participó el jefe del Estado Mayor del Ejército. Véase, por ejemplo, Nuevo Diario,
17 de marzo de 1979, pg. 5. CI 65. 1979.
Dirección además centraliza la información de Inteligencia y designa y ca-
pacita a los agentes de Inteligencia de las zonas y de otras unidades milita-
res (Véase apéndice 10).
997.
La sección de Inteligencia en una zona militar estaba dirigida por un
oficial, mayor o teniente coronel en la mayoría de los casos, y contaba con
otro oficial sustituto, un grupo de especialistas y otro grupo de elementos
de tropa. Algunas de las funciones de esta sección eran las de mantener ac-
tualizada la apreciación de situación de Inteligencia dentro de las operacio-
nes, prestar seguridad en las movilizaciones a los oficiales superiores, esta-
blecer una red de Inteligencia para obtener información sobre el enemigo.
Dentro de los especialistas, existían oficiales y agentes de contrainteligen-
cia designados desde la capital por la Dirección de Inteligencia, que tenían
como funciones observar la conducta de los oficiales, asegurar la no exis-
tencia de infiltrados, prestar seguridad a las instalaciones, entre otras.
998.
La Inteligencia de las zonas militares y de otras unidades militares
desplegadas territorialmente mantuvo una estructura convencional para las
operaciones militares y un diseño clandestino para las actividades que fue-
ron violatorias de los derechos humanos.
999.
Los procedimientos convencionales para la obtención de la informa-
ción se presentaban, por ejemplo, cuando los G-2 o S-2 eran quienes ad-
quirían la información a través de sus fuentes, la evaluaban y la disemina-
ban a los escalones militares que realizarían la operación en el terreno.
1000.
En la masacre de las Dos Erres
193
departamento de Petén, perpetra-
da a partir del 6 de diciembre de 1982, una unidad orgánica de kaibiles re-
cibió “la orden de ir a las Dos Erres, comunidad a la que la Inteligencia mi-
litar ya consideraba simpatizante de la guerrilla. La instrucción era hacer un
cateo en la aldea, matar a los pobladores y recuperar 19 fusiles perdidos en la
emboscada de Palestina”.
194
1001.
Los procedimientos no convencionales eran, por ejemplo, cuando
los G-2 o S-2 actuaban de manera directa y clandestina en los interrogato-
rios y torturas realizados en las instalaciones de las zonas militares:
“Los de la Sección 2, donde entraban los destazadores, eran los en-
cargados de torturar, para sacar información y matar. Para ser clasi-
ficado y seleccionado para llegar a la Sección 2, se necesitaba ser una
persona que ha tenido un récord bastante conocido por los oficiales;
es gente bastante astuta, conocen los archivos y son bastante sobresa-
lientes. ... ya casi no se unen con la tropa, andan con ropas civiles; de
90
193 CI 31. Diciembre, 1982. La Libertad, Petén.
194 Testigo (ex kaibil) CEH.
vez en cuando se uniforman, casi nunca pasan lista (a las seis de la
mañana y seis de la tarde) donde se informaba al comandante de las
novedades y personal que hay. Ellos se mantienen casi siempre reba-
jados aunque no tengan nada que hacer. En su cuarto de trabajo só-
lo ellos pueden entrar”.
195
1002.
Un ex soldado del Ejército señaló a la CEH: “Los de la S-2, ese es
su trabajo, matar; nosotros estábamos conscientes y sabíamos que ése era hueso
sólo de matar, torturar y matar”.
196
1003.
Desde los inicios del enfrentamiento armado, la Inteligencia de
los destacamentos militares estuvo vinculada con la represión en el Orien-
te del país.
“Estuve bastante tiempo en la cumbre del cerro de Las Minas. Tam-
bién estuve en Río Hondo y Quiriguá. Ahí casi se terminó la gente.
Destruyeron por completo las comunidades. Nosotros, como soldados,
agarrábamos a las personas. Era una orden, ‘a ése agárrenlo’, y había
que agarrarlo. Se llenaban los comandos, de puro día se agarraba. ...
después era la 2 [G-2] que interrogaba. El puro soldado sólo mata en
combate, los encargados de matar era la 2, los soldados sólo tenían que
agarrarlos y después entregarlos”.
197
1004.
Incluso el propio comandante de una zona militar podía determi-
nar la importancia del trabajo de Inteligencia.
“Había jefes de las zonas militares que le ponían énfasis al trabajo de
Inteligencia, esos eran los más peligrosos; no arriesgaban una patrulla
por los caminos ni carreteras porque sabían que los podíamos golpear,
pero sí privilegiaban entonces la infiltración dentro de nuestras filas,
dentro de nuestros oficiales, e infiltración con población que aparen-
temente prestaba colaboración, y cuando reunía ya el cuadro de infor-
mación táctica, entonces sorpresivamente atacaba...”
198
9º Además de las secciones de Inteligencia de las zonas
militares y de los batallones, secciones de otras unidades
estuvieron particularmente vinculadas con violaciones
de los derechos humanos
1005.
Entre algunas secciones de Inteligencia de otras unidades militares
cabe destacar la participación, en mayor o menor grado, de la PMA, del
91
195 C 11431. Abril, 1983. Ixcán, Quiché.
196 Testimonio de un ex soldado recibido por REMHI.
197 C 11411. Diciembre, 1981. Ixcán, Quiché.
198 Entrevista de la CEH con miembros de la URNG, 23 de enero de 1998.
Cuartel General Justo Rufino Barrios, de la Policía Militar, del Agrupa-
miento Táctico de Seguridad, de la Base de Paracaidistas en Escuintla y de
la Base de los Kaibiles.
1006.
Los S-2 de la Policía Militar Ambulante Ordinaria (PMA-O) eran
los miembros de Inteligencia más temidos. Tuvieron una participación im-
portante en el apoyo de las operaciones clandestinas adelantadas en la ca-
pital, sobre todo bajo el Gobierno de Romeo Lucas García, y en la Costa
Sur gracias a la red de agentes que tenían desplegados a nivel rural.
1007.
En las ejecuciones arbitrarias de miembros del Sindicato de Traba-
jadores de la Embotelladora Guatemalteca S.A. (STEGSA), que ocurrie-
ron en la capital entre finales de 1978 y mediados de 1980, participaron
varios miembros de la PMA que trabajaban en la empresa en su equipo de
seguridad.
199
En la ejecución arbitraria de Edgar René Aldana, miembro de
base del sindicato, ocurrida el 21 de junio de 1980, participaron seis
miembros de esta unidad militar.
200
1008.
Un ex miembro de la PMA señaló ante la CEH lo que experimen-
tó cuando se le notificó que trabajaría con la S-2 de esta unidad militar:
“Cuando escuché esas palabras me quedé demasiado triste al pensar
que no iba a tener una sola noche de tranquilidad, porque yo sabía
muy bien que el trabajo de la S-2 era, todas las noches, secuestrar, tor-
turar y matar. Pero de todos modos teníamos que aceptar, porque de
lo contrario nos quebrarían a nosotros”.
201
1009.
Tan importante era el grado de participación de la PMA en tareas
propias de la Inteligencia, que La Isla, la cárcel clandestina contrainsurgen-
te de la Dirección de Inteligencia que funcionó desde el Gobierno de Ro-
meo Lucas García hasta 1990, estaba ubicada al lado de la sede de la PMA,
en la zona 6 de la capital. La maestra Maritza Urrutia García, aprehendida
en julio de 1992, estuvo detenida en esta cárcel clandestina.
202
1010.
En 1954 se creó la Policía Militar bajo la estructura del Cuartel Ge-
neral Justo Rufino Barrios, que, además de sus actividades propias, desa-
rrolló labores de contrainsurgencia a través de su sección de Inteligencia.
Tuvo una importante participación en la represión de las jornadas de mar-
zo-abril de 1962 en la capital guatemalteca.
92
199 CI 67. Diciembre, 1978-1980. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
200 Ibid.
201 Ricardo Fuentes, “Guatemala: El Ejército por dentro”, testimonio, mimeografiado, sin fecha.
202 CI 33. Julio, 1992. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
10º La Policía Nacional y la Guardia de Hacienda
actuaron como cuerpos operativos de la Inteligencia
del Ejército
1011.
La Policía Nacional y la Guardia de Hacienda actuaron como cuer-
pos operativos de la Inteligencia del Ejército. Esta particularidad sale a luz
cuando se determina, en muchos casos de violaciones de derechos huma-
nos, la participación conjunta de miembros de la Policía Judicial y de la In-
teligencia, casos en que la decisión, planeación y coordinación estaba a car-
go de los miembros de Inteligencia.
1012.
Un caso de participación conjunta entre miembros de la Policía
Nacional y miembros de Inteligencia, fue la detención y posterior ejecu-
ción arbitraria de dos jóvenes capturados en 1997 en el casco urbano de
Quetzaltenango, quienes aparecieron torturados y ejecutados en ese mis-
mo año. Aunque ocho agentes de la Policía Nacional fueron condenados
en la primera instancia por estos hechos, otro ex agente de la Policía Na-
cional indicó que ellos actuaron bajo órdenes de la sección de Inteligencia
de la zona militar, a la que los entregaron con posterioridad a su captura.
203
1013.
La Policía sirvió de fachada de la G-2, puesto que en la mayoría de
los casos siempre actuó bajo sus órdenes: “Lo que diga la G-2, eso hace la
Policía Nacional”;
204
“son los encargados de seguir las órdenes del Ejército, pe-
ro lo hacen más sucio”.
205
Los jefes de la Policía estaban bajo las órdenes y
coordinación de las secciones de Inteligencia; en la capital por la Dirección
de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional y en las regiones
por las G-2 de las zonas militares. Como le dijo un ex director de la G-2 a
la CEH: “La Policía estaba bajo el control nuestro”.
206
1014.
Durante muchos años, los directores y subdirectores de la Policía
Nacional fueron oficiales de Inteligencia del Ejército.
207
Incluso se presen-
taron casos en que oficiales de Inteligencia ocuparon dos cargos de mane-
ra simultánea, como fue la situación del coronel Julio Enrique Caballeros
Seigne, quien al mismo tiempo era Director del Archivo y de la Policía Na-
cional durante los primeros meses del Gobierno del Presidente Vinicio Ce-
rezo.
1015.
Una forma de ejercer este control fue mediante el intercambio de
doble vía entre el personal de Inteligencia y los miembros de la Policía y la
Guardia de Hacienda que se dio a partir del Gobierno de Romeo Lucas
93
203 Testigo CEH. (T.C.116).
204 Testimonio de un ex integrante de la G-2, en Comisión de Derechos Humanos de Guatemala,
Boletín Internacional, número 85, septiembre de 1993, pg. 4.
205 Testigo CEH. (T.C. 22).
206 Testigo CEH. (T.C.118).
207 Entre otras los coroneles Hernán Orestes Ponce Nitsh, Héctor Rafael Bol De la Cruz, Julio En-
rique Caballeros Signe, Geovany Valerio Cárdenas, José Luis Fernández Ligorría y el capitán de
navío Romeo Guevara Reyes.
García. Por una parte, policías y guardias de Hacienda eran “rebajados”
208
en la Dirección de Inteligencia, en El Archivo y en las S-2 de las zonas mi-
litares, pero trabajaban como miembros de la Inteligencia, con su respec-
tivo carné, con o sin uniforme de militares.
209
Por la otra, el Ministerio de
Gobernación concedía un número considerable de plazas a la Dirección
de Inteligencia y al Archivo con el propósito de que sus miembros traba-
jaran uniformados tanto en la Policía Nacional como en la Guardia de
Hacienda.
1016.
La desaparición forzada de varios miembros de la Central Nacio-
nal de Trabajadores (CNT),
210
que ocurrió el 21 de junio de 1980, fue una
operación de gran envergadura en la que participaron tanto unidades de la
Policía Nacional como de Inteligencia. Los sobrevivientes indican que tal
vez había más de sesenta miembros de las Fuerzas de Seguridad,
211
inclu-
yendo “judiciales” y militares, entre los cuales participaron tres o cuatro mi-
litares uniformados. La versión es que fue una acción combinada entre el
Comando Seis de la Policía Nacional y la Dirección de Inteligencia del Es-
tado Mayor del Ejército.
11º Los miembros de la Inteligencia se constituyeron
en el sector más poderoso y temible al interior del Ejército
1017.
El personal de Inteligencia se ha caracterizado por ser tal vez el per-
sonal de más dominio e influencia al interior del Ejército. Los miembros
de la G-2 siempre portaban un carné que les garantizaba inmunidad y li-
bertad para ingresar a cualquier parte. Generalmente eran los que partici-
paban en los interrogatorios y torturas, ni siquiera un comandante de una
zona militar podía limitar las órdenes de un agente de Inteligencia.
212
1018.
El sector más influyente de la Inteligencia fue, en determinados
momentos, la contrainteligencia.
213
Este sector ha controlado a los miem-
bros de la institución militar y se le ha utilizado para purgar el Ejército. El
94
208 “La rebajada” o “los rebajos” eran agentes de la Policía Nacional que cubrían plazas en unidades
militares, particularmente en las secciones de Inteligencia. Con el transcurso del tiempo, “los re-
bajos” formaban parte de la PN 2 (sección de Inteligencia o grupo de investigación de cada una
de las jefaturas de cuerpo).
209 La CEH tuvo a la vista dos registros de servicios de personal que, según la fotografía, correspon-
dían a la misma persona. Lo curioso era que en una de las fichas la persona aparecía con una iden-
tidad y una hoja de vida como miembro del Ejército y en la otra aparecía con otra identidad y
con otra hoja de vida perteneciente a la Policía.
Hacia 1993, en el Estado Mayor Presidencial existían 200 vacantes correspondientes a la Policía
y 85 a la Guardia de Hacienda cubiertas por personal del Estado Mayor Presidencial. Testigo
CEH. (T.C.92).
210 CI 51. Junio-agosto, 1980. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
211 CI 30. Agosto-septiembre, 1989.
212 Testigo CEH. (T.C.110).
213 El negociado de contrainteligencia tiene como objeto “salvaguardar la información, personal, per-
trechos e instalaciones contra el espionaje, sabotaje o actividades subversivas de las potencias extranjeras
o de grupos o individuos desafectos o disidencias (sic) quienes constituyen una amenaza para la seguri-
dad nacional”, Ejército de Guatemala, Centro de Estudios Militares, Escuela de Comando y Esta-
do Mayor, Inteligencia de combate en el batallón y escalones subordinados, pg. 3.
personal de Contrainteligencia tenía fama de ser el más brutal y era temi-
do por los propios militares. Por este medio se vigiló a muchos oficiales que
ofrecían dudas en su conducta personal y profesional a criterio del mando
en cada período. Los resultados de dicha vigilancia se traducían desde
amonestaciones hasta sanciones consistentes en el retiro de los implicados
o en la demora en sus ascensos, incluso en algunos casos se llegó a amena-
zar o ejecutar a oficiales sospechosos de disidencia, de cometer hechos de
delincuencia común o simplemente porque deseaban retirarse.
“De la sección no se pueden salir para irse a la casa porque llevan mu-
cha información, conocen a quién han matado y a quien han masa-
crado. Dicen que si se les deja salir los matan, pero no me consta esto.
Tienen un número de cabezas para cada uno, cuando han matado
más de doscientas o trescientas ya no los dejan vivir y los matan. Por
eso muchos destazadores ya no viven, sólo unos pocos lograron salir
porque se trasladaron de una actividad a otra; de lo contrario, no hu-
bieran logrado vivir”.
214
1019.
Hacia finales de 1980, la contrainteligencia ejecutó a los subte-
nientes Ruano Rodríguez en Huehuetenango y Sosa Castañeda en Poptún
porque, al parecer, estaban participando en hechos delincuenciales junto
con el subteniente Velasco López, quien al enterarse de las muertes de Rua-
no y Sosa desertó de la zona militar de Cobán.
215
1020.
Otros casos en los que también se realizaron purgas internas al in-
terior del Ejército son el del subteniente Coronado Mus, desaparecido en
Huehuetenango en 1980 porque “se volvió incómodo para la zona militar”,
y el del mayor Delio Fernando Mazariegos Ramírez, S-2 de la zona mili-
tar de Jutiapa, que fue ejecutado en 1985.
216
1021.
Estas ejecuciones se hicieron extensivas con mayor rigor a los sim-
ples colaboradores de la Inteligencia. La “quema de archivo”, expresión uti-
lizada para referirse a estos casos, incluyó a personas que participaron en
violaciones de derechos humanos o que poseían información comprome-
tedora para el Ejército.
1022.
Incluso miembros de la Policía Judicial participaron en esta “que-
ma de archivo”. En 1981 fueron ejecutados por “judiciales” pertenecientes
al Comando Seis, los subtenientes Leogivildo Polanco Herrera y Mario
Morales, en la 12 avenida entre 1ª y 2ª calles de la zona 1 de la capital.
217
1023.
La lealtad de los miembros de Inteligencia se aseguraba mediante
95
214 C 11431. Abril, 1983. Ixcán, Quiché.
215 Testigo CEH. (T.C. 103).
216 Ibid.
217 Ibid.
la violación de derechos humanos: “Eliminando gente te manchan las ma-
nos de sangre, es lo importante para que vos seás leal, porque si vos te manchás
las manos ya no tenés aquello de zafarte; si vos te querés zafar te matan”.
218
12º La Inteligencia sirvió a los intereses de la extrema
derecha y de ciertos sectores particulares e incluso
operó en muchos casos por motivos eminentemente
personales
1024.
La Dirección de Inteligencia no siempre actuó por órdenes del
Ejército. En varias ocasiones, aprovechando la situación de enfrentamien-
to armado que vivía el país y al amparo del propio estamento militar, es-
tuvo a disposición de sectores vinculados con una ideología de extrema de-
recha o de capitales particulares sirviendo a sus propios intereses.
1025.
Una forma característica de la Inteligencia para operar de manera
clandestina en favor de sectores de la extrema derecha fue a través de los es-
cuadrones de la muerte. Hacia finales de la década de los sesenta y comien-
zos de los setenta fue explícito el apoyo del partido político Movimiento de
Liberación Nacional (MLN) a los escuadrones de la muerte que azotaron la
capital y el Oriente del país. Este movimiento propagó una doctrina ideo-
lógica anticomunista que sirvió de pretexto para aniquilar a sus opositores
políticos. Como se verá en detalle en el apartado donde se analiza este te-
ma, líderes liberacionistas del Oriente contaron con escuadrones de la
muerte gracias a la participación de miembros de Inteligencia.
1026.
Uno de los mejores ejemplos de disponer cuerpos armados lega-
les al servicio de intereses privados fue el de la Policía Militar Ambulan-
te Extraordinaria (PMA-E).
219
“La PMA era la fuerza represiva de la zona, había PMA en las fin-
cas y los ingenios. La gente le llamaba ‘Pura Mierda Ambulante”.
220
1027.
La Inteligencia formó e infiltró muchas de las compañías de segu-
ridad privada. Las mismas eran integradas por miembros o ex miembros
de la Inteligencia; incluso algunos asesores extranjeros en la materia se vin-
cularon a las mismas. Esta pertenencia no sólo ha prolongado una estruc-
tura de poder sino que, bajo el pretexto de prestar seguridad a la sociedad,
lo que ha ocasionado es su mayor militarización.
1028.
En el caso de la construcción del proyecto hidroeléctrico de la re-
presa de Chixoy, en San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz,
221
entre los años
96
218 Ibid.
219 CI 109. Noviembre, 1983.
220 Testigo (miembro de la PMA del Ejército de Guatemala) CEH. (T.C. 104).
221 CI 10. Febrero-Marzo, 1982.
1978 y 1983, miembros de Inteligencia formaron parte de las compañías
de seguridad de las diferentes empresas vinculadas al proyecto, pero ade-
más de cumplir las funciones propias de seguridad, realizaban operacio-
nes en las que se eliminaron a muchos reales y potenciales opositores al
régimen.
222
1029.
Las operaciones de Inteligencia también sirvieron a intereses de
sectores particulares y privados. La Inteligencia se dedicó a resolver asun-
tos propios de la esfera personal de muchos guatemaltecos:
“La gente se vengaba a través del chisme”.
223
“En esta época [1981],
por la ausencia total de autoridades civiles, ante cualquier problema
se acudía al destacamento, y mucha gente fue por pleitos de vacas, co-
ches...”
224
“El comandante del destacamento decía, ‘si tienen proble-
mas vengan aquí’; nosotros los solucionábamos y muchas veces a los
que habían cometido una falta les daban una buena golpiza”.
225
1030.
La razón de estos móviles personales en muchas de las actuaciones
de Inteligencia se reduce a una motivación eminentemente económica.
Realizar este tipo de operaciones le significaba a los miembros de Inteligen-
cia obtener un ingreso adicional a su presupuesto. Las gratificaciones reci-
bidas por ejecutar acciones de este tipo fueron un sobresueldo, que se ex-
tendió a otros cuerpos armados; los siguientes casos sobre los “judiciales” y
la Guardia de Hacienda son muestra de ello:
“Los judiciales acusaron a mucha gente de guerrilleros por mero inte-
rés, así hicieron negocio. Son ladinos, ponen nombre de la gente en un
libro donde acusan de guerrilleros, después van a llegar a sus casas ...
‘Vos ya tenés lista aquí de que sos miembro de la guerrilla, si nos vas
a dar 200 o 300 quetzales entonces nosotros vamos a buscar la ma-
nera cómo borrar los nombres’ Así decían a la gente ... ‘si no tienen di-
nero pero tienen una vaca’ ... y hay otros que tenían buenos terrenos;
mataron al dueño del terreno y ellos se apoderaron, los ladinos así hi-
cieron”.
226
“En ese entonces [1981] la Guardia de Hacienda mataba a mucha
gente y mataba hasta por encargo, pues si alguien quería deshacerse de
97
222 C 9241. 1978. San Cristóbal, Alta Verapaz.
223 C 11011. Julio, 1982. Ixcán, Quiché.
224 C 11431. Abril, 1983. Ixcán, Quiché.
225 C 13012. Junio, 1982. Ixcán, Quiché.
226 C 16792. Agosto, 1979. Uspantán, Quiché. A diferencia de lo que dicen estos testimonios, un
testigo clave le dijo a la CEH que no existían cuerpos de los “judiciales” que vivieran o trabajaran
permanentemente fuera de la capital. Los llamados “judiciales”, reconocidos como personas resi-
dentes fuera de la capital, son los conocidos como “los rebajos”. Testigo CEH. (T.C. 116).
cualquier persona sólo les daban unos cuantos quetzales a los de la
Guardia de Hacienda y ellos mataban a cualquiera”.
227
1031.
La participación en hechos de esta naturaleza ha dejado una secue-
la de corrupción, impunidad y delincuencia. La vinculación de miembros
o ex miembros de Inteligencia a las bandas de secuestradores es un fiel re-
flejo de esta problemática.
13º Varios gobiernos extranjeros jugaron un papel
en el diseño de la Inteligencia en Guatemala así como
en la formación de sus integrantes
1032.
Al igual que sucedió en otros países latinoamericanos, diversos go-
biernos de los Estados Unidos fueron quienes transmitieron la Doctrina de
Seguridad Nacional, apoyando de esta manera la reestructuración de la In-
teligencia en Guatemala. La instrucción de oficiales en asuntos de Inteli-
gencia y la creación del Centro Regional de Telecomunicaciones en la Pre-
sidencia de la República son dos de los ejemplos más ilustrativos sobre el
particular.
1033.
Algunos oficiales y suboficiales guatemaltecos asistieron a cursos
básicos y avanzados de Inteligencia y Contrainteligencia
228
en la Escuela de
las Américas del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos. Ade-
más, en la formación de algunos oficiales se utilizaron manuales de las es-
cuelas estadounidenses.
229
La CEH tuvo acceso a algunos de ellos, escritos
en español. Como ejemplo, el manual Terrorismo y guerrilla urbana dice
que “otra función de los agentes de CI [contrainteligencia] es recomendar
blancos de CI para ser neutralizados ... ejemplos de estos blancos son oficiales
de gobierno, líderes políticos...”
230
1034.
El Centro Regional de Telecomunicaciones, posteriormente cono-
cido como La Regional, fue creado en 1964 en el marco de la Conferen-
cia de Ejércitos de Centroamérica (CONDECA) con el apoyo del progra-
ma de Public Safety Division USAID Guatemala, de los Estados Unidos,
98
227 C 7221. Diciembre, 1981. Tacaná, San Marcos.
228 Desde 1962 hasta 1973, los Estados Unidos enviaron a Guatemala 44 equipos móviles de entre-
namiento para dar capacitación al Ejército de Guatemala, incluyendo cursos de contrainteligen-
cia. Documento desclasificado de EEUU, HD/16.2, MTTs Deployed by Country and Year, Sep-
tiembre de 1973.
229 Los manuales son Manejo de fuente, Contrainteligencia, Análisis, Guerra revolucionaria guerrillera
e ideología comunista, Terrorismo y guerrilla urbana, Interrogación e Inteligencia de combate. Estos
manuales fueron compilados por miembros de la Brigada de Inteligencia Militar 470 en Panamá,
con base en información recopilada del proyecto Materiales de entrenamiento y publicaciones en
Inteligencia del Ejército de los Estados Unidos. Entre 1987 y 1989 fueron distribuidos en las es-
cuelas de Inteligencia de Guatemala, El Salvador, Colombia, Ecuador y Perú. En 1989 un ins-
tructor de la BIM 470 de Panamá los introdujo en la Escuela de las Américas. Para profundizar
sobre el particular véase Carlos Osorio Avaria, “¿Buenos Vecinos? La Doctrina de Seguridad Na-
cional en América Latina”, en Anuario de Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes, México, año 2, tomo II, mayo de 1997, pgs. 57-78.
230 Carlos Osorio Avaria, ob. cit., pg. 58.
que pretendía la coordinación de los sistemas de seguridad a través de la
conexión de telecomunicaciones de los países centroamericanos para su-
pervisar y restringir las actividades de circulación, financiación y propagan-
da de personas sospechosas de ser comunistas.
1035.
La Regional fue una unidad que no solo facilitó las comunicacio-
nes entre las diversas unidades policiales y militares, sino que fue todo un
sistema que coordinó y unificó el registro y la circulación de información
de las personas enemigas de los intereses políticos dominantes, para que a
partir de su análisis, se realizaran operaciones policiales o militares tanto de
carácter convencional como clandestino. Como ya se indicó, la Regional
se convirtió en una de las principales unidades de Inteligencia durante el
enfrentamiento armado. Esta unidad también recibió asesoría técnica de
Israel y Argentina en el período de Romeo Lucas García.
231
1036.
El Gobierno de Israel también habría otorgado importantes aportes
a la Inteligencia. En 1979 técnicos de una empresa israelí instalaron un cen-
tro de informática en Guatemala, del cual formaba parte La Regional. En
1981, la apertura de la Escuela de Transmisiones y Electrónica del Ejército
fue construida y equipada con apoyo de Israel. En 1982, por lo menos 300
expertos israelíes especializados entre otras en seguridad y comunicaciones,
estuvieron en Guatemala.
232
En 1980, la oficina de prensa de la Organiza-
ción para la Liberación de Palestina (OLP) denunció que entre Israel y Gua-
temala se había celebrado un acuerdo mediante el cual Israel proporciona-
ría instructores en psicología guerrillera, terror político y comunicaciones;
estos instructores ingresaron al país como asesores agrícolas.
233
1037.
A finales de la década de los setenta, a partir de la suspensión de la
ayuda militar por parte del Gobierno estadounidense de Jimmy Carter, los
gobiernos de Argentina, Colombia, Chile y Taiwán otorgaron asesoría al
Ejército de Guatemala en instrucción a los oficiales de Inteligencia. De
manera más particular, en Taiwan se formaron oficiales en Inteligencia es-
tratégica; en Colombia oficiales asistieron a cursos de analistas e interroga-
dores y Argentina, en colaboración con militares chilenos e israelíes, aseso-
ró a cuerpos armados guatemaltecos en Inteligencia.
234
Hacia 1981 alrede-
dor de 200 miembros de la Policía y el Ejército fueron enviados a Buenos
Aires, donde recibieron entrenamiento en técnicas avanzadas de Inteligen-
cia, incluyendo el uso de técnicas de interrogación.
235
99
231 Ariel Armony, Argentina, the United States and the Anticomunist Crusade in Central America 1977-
1984, Ohio University Center for International Studies, Athen, 1997, pg. 92. T. C. 110.
232 The New York Times, 17 de diciembre de 1982. El número de expertos fue tomado de Excelsior,
Ciudad de México, 11 de octubre de 1983.
233 CERIGUA, “Edición especial sobre la intromisión israelita en Guatemala”, 1984.
234 Testigo CEH. (T.C.103). Testigo CEH. (T.C.110). La novela de Miguel Bonasso, Recuerdos de
muerte, Biblioteca Era, México, 1991, narra con bastante veracidad el papel de los militares ar-
gentinos en estas materias.
235 Ariel Armony, ob. cit., pg. 91.
“La asesoría argentina a la Dirección de Inteligencia fue decisiva en
la ofensiva del Ejército contra la estructura de la guerrilla. Los argen-
tinos introdujeron el rastreo computarizado de llamadas telefónicas y
revisión de facturas de luz y otras cuentas de servicios. Esta técnica
ayudó en identificar casas de seguridad de la guerrilla basada, por
ejemplo, en un alto grado de consumo de energía eléctrica”.
236
14º La Inteligencia permeó las diferentes esferas
del Estado guatemalteco para ejercer un control
sobre el aparato estatal al servicio de los intereses
del Ejército y de ciertos círculos personales
1038.
El manejo de la información le ha permitido a la Inteligencia go-
zar de un poder tal que ha podido manejar a los propios sectores del Ejér-
cito y manipular ciertos intereses y entidades del Estado y de la sociedad
civil guatemalteca.
1039.
En el período de Romeo Lucas García se integró un grupo infor-
mal y de élite con miembros de la Dirección de Inteligencia bajó el nom-
bre de “la cofradía”. A partir de esos años, este grupo ejerció un control real
sobre el Ejército y el poder civil. Un control que le ha permitido manejar
la política contrainsurgente, generar desinformación, encubrir intereses
personales, contar con organizaciones paramilitares a su servicio, cometer
actos delincuenciales, producir terror en la población, temor al interior del
Ejército e incluso participar en actividades del narcotráfico, entre otros.
Desde los gobiernos civiles, dicho grupo ha sufrido una gradual y fragmen-
taria recomposición de mandos y cuadros que le ha permitido gozar de
gran influencia durante todo el enfrentamiento.
237
1040.
A partir de 1978, miembros de Inteligencia, tanto de la Dirección
de Inteligencia como de La Regional, han penetrado varias entidades pú-
blicas como correos, teléfonos, migración,
238
aduanas, juzgados, Ministerio
de Finanzas, Ministerio Público,
239
en proyectos de desarrollo de la coope-
100
236 Ibid, pg. 92. La traducción es de la CEH.
237 Testigo CEH. (T.C.103). Testigo CEH. (T.C.110).
238 La infiltración en la Oficina de Migración fue denunciada por el capitán de la Armada Clodoveo
Domínguez de León en junio de 1987. Véase Americas Watch, Closing the Space, Human Rights
in Guatemala, May 1987-October 1988, Washington, 1988, pgs. 18 y 19.
239 En los gobiernos militares fue evidente la participación del Ejército en actividades ajenas a fun-
ciones propias de su servicio. En el Gobierno de Oscar Humberto Mejía Víctores, hacia 1984,
oficiales del Ejército ocuparon importantes cargos de dirección en entidades públicas, lo que les
permitió controlarlas. Eran militares, por ejemplo, el Ministro de Comunicaciones y Obras Pú-
blicas, el Director General de Aduanas, el interventor del Instituto Nacional de Cooperativas, el
presidente y el primer vicepresidente del Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA),
el Director General de Migración, el Embajador de Guatemala en Haití, el gerente de la Empre-
sa de Telecomunicaciones, el jefe de la Contraloría General de Cuentas, el Ministro de Minería,
el gerente de Ferrocarriles de Guatemala, el Alcalde de Mazatenango, el presidente del Banco Na-
cional de la Vivienda, el Director General de Transportes, entre otros. Como se puede observar
ocupaban una gama muy amplia de entidades, con muy diversas responsabilidades. Una lista más
amplia se puede consultar en Comité Pro Justicia y Paz, Los Derechos Humanos en Guatemala, fe-
brero de 1984, pgs. 306-308.
ración internacional localizados en áreas de conflicto
240
y en las negociacio-
nes de paz.
241
Esta situación de penetración que se inició con una simple
infiltración hasta alcanzar una total incorporación, demuestra el grado de
poder de la Inteligencia.
1041.
Un ejemplo del control ejercido por la Inteligencia en las entida-
des públicas es la creación, en marzo 24 de 1980,
242
del Departamento de
Seguridad e Investigaciones Especiales del Ministerio de Finanzas, el cual
dependía del despacho del Ministro de Finanzas, departamento que en
realidad fue una unidad de Inteligencia. Esta dependencia contaba con tres
oficinas: una en el sótano, otra en la azotea y otra más en el piso 18, todas
localizadas en el Ministerio de Finanzas en la 8ª. avenida y 21 calle de la
zona 1 de la ciudad capital.
● La oficina del sótano, que controlaba la salida e ingreso del personal,
se utilizó también para ingresar o desaparecer personas. También allí
se encontraba el estacionamiento de los vehículos que se utilizaban
en las operaciones militares y policiales clandestinas, en particular los
jeeps Toyota del Ministerio de Gobernación y de la Policía.
● La oficina de la azotea controlaba las microondas de la radio del Es-
tado y los canales de radio, del 1 al 6 de la Policía.
● La oficina del piso 18, al lado del despacho del Ministro, se ocupaba
entre otras, de las siguientes funciones: control de aduanas, en don-
de residía una fuente importante de financiación tanto de la propia
oficina como de las otras tareas de contrainsurgencia del Ejército, de
los renglones presupuestarios de algunas entidades públicas conside-
radas como estratégicas para el Ejército; de la contratación adminis-
trativa del personal de entidades estatales; de los gastos confidencia-
les del Ejército en materia de seguridad.
243
1042.
Esta penetración de la Inteligencia en entidades estatales fue com-
probada por el procurador de los Derechos Humanos, quien en 1993 pu-
do “...determinar que en el segundo nivel de la Dirección General de Correos
y Telégrafos, efectivamente funciona una oficina de inspección postal, denomi-
nada ‘Oficina Técnica Postal’, que depende del Estado Mayor Presidencial, en
la cual se registra y censura la correspondencia dirigida a funcionarios públicos
y personas particulares, con el objeto de controlar su contenido y hacerlo del co-
101
240 Testigo CEH. (T.C. 414).
241 Testigo CEH. (T.C. 40).
242 El Acuerdo de su creación fue publicado el 18 de junio de 1980.
243 Testigo CEH. (T.C. 110).
nocimiento de sus superiores...”
244
El procurador pudo determinar, entre
otras cosas, que la oficina funcionaba hacía muchos años y que la persona
que estaba a su cargo había sido designada por el jefe del Departamento de
Seguridad del Estado Mayor Presidencial.
1043.
Uno de los objetivos de la incorporación de la Inteligencia en las
instituciones gubernativas fue el de multiplicar sus recursos de informa-
ción y de guerra psicológica. Censos de población, encuestas de diverso ti-
po, cotizaciones de bienes raíces, revisiones de los servicios públicos de
agua o luz, servicios de fumigación, de compañías de servicios de seguri-
dad, fueron actividades realizadas por instituciones gubernamentales e in-
cluso por entidades privadas, por medio de las cuales la Inteligencia logró
ampliar sus fuentes de información para realizar operaciones militares tan-
to convencionales como clandestinas.
1044.
Los miembros de la Inteligencia se infiltraron en las organizaciones
de la sociedad civil a fin de permear este sector, y en consecuencia muchos
de sus integrantes sufrieron graves violaciones de derechos humanos. Uno
de estos casos fue la represión selectiva que sufrió a principios de la déca-
da de los ochenta la Fundación Guatemalteca para el Desarrollo Carroll
Behrhorst con sede en la cabecera departamental de Chimaltenango, en la
que entre 1980 y 1982 fueron ejecutados extrajudicialmente, entre otros,
11 trabajadores en Chimaltenango y 8 en el norte de Quiché,
245
acción que
contó con el apoyo y la participación de un promotor de la propia Funda-
ción que era miembro de Inteligencia. Un promotor de salud, en la comu-
nidad de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, no ocultaba su pertenencia a
la G-2 y expresaba que la gente opuesta al Gobierno era como el maíz po-
drido, había que eliminarla para que no pudriera a los demás.
246
15º Los organismos que realizaron actividades
de Inteligencia en Guatemala no han tenido
un control jurídico o político
1045.
En Guatemala los controles “judiciales” y políticos sobre el funcio-
namiento de los servicios de Inteligencia han sido ineficientes. Esta parti-
cularidad les ha permitido operar sin barreras cometiendo serias violacio-
nes de los derechos humanos. Aunque existían recursos legales de exhibi-
ción personal y de amparo, los ciudadanos guatemaltecos carecían de un
recurso efectivo que los protegiera contra las arbitrariedades realizadas por
la Inteligencia y era inexistente cualquier control parlamentario o político.
102
244 Procurador de los Derechos Humanos, Ref. Expg. EIO 46-93/DI, Guatemala, 13 de abril de
1993.
245 Carroll Behrhorst, “The Violence” en A New Dawn in Guatemala, editado por Richard Luecke,
Waveland Press Inc., 1993, pg. 89.
246 Testigo CEH. (T.C. 400).
Es sintomático que la justicia guatemalteca nunca haya podido procesar a
personal de Inteligencia por violaciones de los derechos ciudadanos. Esta
falta de sanción estuvo acompañada de una permanente campaña de deso-
rientación de las pocas investigaciones “judiciales”, lo que garantizó una ab-
soluta impunidad.
1046.
La Inteligencia realizada por la Policía Nacional, la Guardia de Ha-
cienda, La Regional o El Archivo del Estado Mayor Presidencial, la Sec-
ción de Inteligencia del Ejército o cualquier otra unidad militar del Ejérci-
to, ha sido realizada ignorando todos los límites legales. Lo dramático es
que no se ha permitido a los ciudadanos contar con procedimientos lega-
les para defender sus derechos cuando han sido violados. La justicia ha si-
do inexistente frente a los hechos de la Inteligencia. Como lo dijo un alto
ex oficial de la Dirección de Inteligencia a la CEH:
“Para qué voy a capturar a un guerrillero si no lo puedo llevar a un
juicio, si no va a haber nadie que se ponga contra él. Es mejor te-
nerlo muerto que vivo porque quizás el tribunal lo va a poner libre
en 15 días. Lamentablemente esta fue mi visión, nunca se nos pasó
la idea de capturarlos y llevarlos a un tribunal, nunca lo pensamos.
En todo caso, cuando se le capturaba, el procedimiento era hablar
con él y sacarle información y dependiendo de lo que supiera se que-
daba con el Ejército. La mayoría sí es posible que fuera ejecución ex-
trajudicial”.
247
16º La penetración de la Inteligencia en las diferentes
esferas del tejido social es una muestra más
de la militarización de la sociedad guatemalteca
1047.
El identificar a priori a las organizaciones no gubernamentales co-
mo simpatizantes de la guerrilla, para justificar la realización de Inteligen-
cia sobre sus actividades, el involucramiento de la población civil en el en-
frentamiento y la activa presencia del Ejército en escenarios propios de una
sociedad, como son los campos económico y financiero, son tres ejemplos
que se esbozarán a continuación y que ilustrarán cómo la Inteligencia pu-
do penetrar y manipular diversos sectores de la sociedad.
1048.
Sobre la primera situación, el Manual de manejo de fuente introdu-
cido en la Escuela de las Américas y utilizado por el Ejército de Guatema-
la expresa:
“El agente de CI [contrainteligencia] debe considerar a todas las or-
ganizaciones como posibles simpatizantes de las guerrillas ... infiltran-
103
247 Testigo CEH. (T.C.92).
do a sus empleados en las diversas organizaciones juveniles, obreras,
políticas, comerciales y sociales y benéficas, podemos identificar a las
organizaciones que tienen elementos de las guerrillas entre sus miem-
bros. El empleado [o agente] también podrá identificar a los parien-
tes de estos elementos de las guerrillas, sus agentes de apoyo y los sim-
patizantes del movimiento de insurrección ... El agente de CI también
debe investigar otras organizaciones que aún no están bajo control de
las guerrillas puesto que éstas sin duda tendrán miembros que simpa-
tizan con el movimiento de insurrección...”
248
1049.
Esta visión llevó a que se justificara adelantar tareas de Inteligencia
sobre las actividades legales desarrolladas por organismos no gubernamen-
tales. Los propios planes de campaña del Ejército lo establecen. Uno de los
planes dice: “[los] comandos militares que dentro de su área de responsabili-
dad observen la presencia de organismos no gubernamentales, tanto nacional
como internacional, deberán reportar al Estado Mayor de la Defensa Nacional
la razón del trabajo que este organismo realiza, personalidades, actividades,
etc.”
249
El caso citado de la Fundación Behrhorst es una muestra de ello.
1050.
Sobre la segunda situación, es decir, el involucramiento forzado de
la población civil en el enfrentamiento armado por parte del Ejército, tu-
vo una dimensión exagerada. El número de comisionados militares y de
patrulleros hacia 1982 fue de tal cantidad que prácticamente no quedó
ninguna parte habitada del territorio nacional sin control del Ejército.
250
1051.
Dicho control era ejercido esencialmente por los miembros de la
Inteligencia de las zonas militares, quienes recibían información relaciona-
da con el enfrentamiento armado de parte de los comisionados y patrulle-
ros, así como de otros colaboradores e informantes conocidos también co-
mo “orejas” o “confidenciales”.
1052.
Sobre el papel de las PAC y la G-2 dice un ex patrullero:
“Los jefes de patrulla se reunían cada 15 días en la zona. El lema era
ver y no ser vistos y que controláramos a las otras comunidades. Yo era
el jefe de la patrulla. Me nombró jefe el Ejército ... Todos los sábados
debía rendir informe a la G-2. Yo manejé 60 patrulleros. En esa épo-
ca también llegó un señor a la comunidad presentándose como pastor
evangélico. Dos de los patrulleros de turno lo capturaron y me lo
trajeron para presentarlo a los evangélicos. Esa noche se organizó un
104
248 Carlos Osorio Avaria, “¿Buenos Vecinos? La Doctrina de Seguridad Nacional en América Lati-
na”, en Anuario de Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Aguascalientes, México, año 2,
tomo II, mayo de 1997, pg. 58.
249 Ejército de Guatemala, plan de campaña Consolidación por la Paz 92, anexo, literal III, numeral F.
250 Véase el involucramiento de la población civil en el enfrentamiento armado, en este mismo ca-
pítulo.
culto y después quiso hacer una sanación de madrugada. Aunque es-
taba prohibido accedí, pero una señora comenzó a gritar porque la
quería violar el pastor. Lo detuvimos y lo llevamos a la zona y el ofi-
cial dijo: ‘Así se hace, muchá, hay que cumplir con la ley’. Al poco
tiempo supe que era un confidencial que se hacía pasar por pastor. A
punto estuvimos de matarlo. El problema es que todos nos converti-
mos en orejas de todos”.
251
1053.
El control poblacional era un objetivo explícito del Ejército. Dice
uno de los planes de campaña del Ejército que la Dirección de Inteligen-
cia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, “en coordinación con las de-
más Fuerzas de Seguridad, deberá mantener estrecho control sobre los núcleos
poblacionales que rodean la ciudad capital, los cuales pueden ser influenciados
por la delincuencia terrorista y utilizados en el futuro”.
252
1054.
Otro ejemplo del grado de militarización que alcanzó la sociedad
guatemalteca lo refleja el siguiente testimonio recogido por la CEH en el
área de Ixcán:
“Se generalizó el sistema de la tarjeta de registro militar, que empezó
en 1978 hasta 1981. La tarjeta fue a nivel de todo Ixcán. Era una
tarjeta pequeña con datos personales, foto tamaño cédula, número de
cédula, huella digital y sello del destacamento militar. Se trataba de
una cédula obligatoria dada por los militares. En esta época aparecie-
ron también las listas negras con la información dada por los confi-
denciales del Ejército. El comisionado militar recogió todas las cédu-
las de vecindad en coordinación con los alcaldes auxiliares y quince
días después nos dijeron que fuéramos a Xalbal a recoger nuestra tar-
jeta. Unos ya no regresaron. La pantalla era enviar la cédula para
conseguir la tarjeta, pero la realidad era para registrarse”.
253
La evolución del sistema de Inteligencia
durante el enfrentamiento armado
1055.
Desde los inicios del enfrentamiento armado, la Sección de Inteli-
gencia del Ejército y La Regional o El Archivo del Estado Mayor Presiden-
cial fueron las unidades del sistema de Inteligencia en Guatemala. Sus
alianzas y distanciamientos son determinantes para comprender las viola-
ciones de derechos humanos perpetradas durante el enfrentamiento. La su-
perposición de actividades entre ambas unidades no siempre fue de com-
105
251 C 11411. Diciembre, 1981. Ixcán, Quiché.
252 Ejército de Guatemala, plan de campaña Avance 90, literal F, numeral 3.
253 C 11147. Mayo, 1982. Ixcán, Quiché.
plementariedad. Incluso muchas veces La Regional llegó a contar con me-
jores medios que la propia Sección de Inteligencia.
1056.
Durante el Gobierno de Enrique Peralta Azurdia, el 23 de septiem-
bre de 1963, un informe estadounidense señalaba que “tras una demora
exasperante hay avances alentadores en cuanto al establecimiento de un apara-
to de Inteligencia contrasubversivo guatemalteco”.
254
A partir de finales de
1963 se empezó a fortalecer la Inteligencia: “La G-2 ha logrado una impor-
tante capacidad de comunicaciones ... La Escuela de Inteligencia realizó un
curso de doce semanas de contrainteligencia en el cual se graduaron 15 elemen-
tos ... existen planes para reorganizar el personal de la G-2 de manera más efi-
ciente y funcional...”
255
1057.
El Centro Regional de Telecomunicaciones, creado en 1964 como
ya se indicó, recopiló información sobre las personas consideradas enemigas
de los intereses políticos dominantes, lo cual se venía haciendo desde la dé-
cada anterior por el Ministerio de Gobernación. Dicha información fue uti-
lizada en la represión política iniciada en la década de los sesenta. La Regio-
nal empezó siendo una unidad de recolección y análisis de información que
compartía información con las otras unidades policiales y militares existen-
tes y que usaba a la Policía Judicial como su cuerpo operativo.
1058.
En enero de 1965 el Gobierno estadounidense señalaba que “apa-
rentemente, los mejoramientos en la redacción y uso de la información de In-
teligencia recaudada a nivel de unidades mayores ha incrementado la capaci-
dad reactiva de las unidades que realizan operaciones contrainsurgentes, urge
un entrenamiento básico de Inteligencia de combate para distintas secciones del
personal de la S-2....”
256
El primer curso de Inteligencia de combate se dic-
tó en enero de 1965.
1059.
Hacia finales de ese año se inició una operación contrainsurgente
en la capital con la asesoría de la Public Safety Division USAID Guatemala,
con la participación de un asesor en seguridad pública destacado en Vene-
zuela, quien vino a Guatemala el 28 de noviembre de 1965, y del secreta-
rio general del jefe de Gobierno, Enrique Peralta Azurdia.
257
1060.
La campaña contrainsurgente fue denominada “operación limpie-
za”, y estuvo al mando del coronel Rafael Arriaga Bosque. Se realizó me-
diante redadas que incluyeron el cerco policial y militar de varias cuadras
de un perímetro determinado en la que se impedía el ingreso y la salida de
personas. Las áreas cateadas fueron definidas por jefe de la Policía Judicial,
106
254 Traducción de la CEH del documento desclasificado de EEUU, HD/6.12, 25 de septiembre de
1963.
255 Traducción de la CEH del documento desclasificado de EEUU, HD/7.5, 15 de julio de 1964.
256 Traducción del documento desclasificado de EEUU, HD/8.1, 15 de enero de 1965.
257 Documento desclasificado de EEUU, HD/8.10, Operational Resume of Terrorist Kidnapping and
Guatemala Police Activity to Counter, Public Safety Division, USAID/Guatemala. Diciembre de
1965.
quien contaba con el apoyo de escuchas telefónicas y otros medios técni-
cos para determinar los lugares.
258
Entre algunas de las personas capturadas
y posteriormente desaparecidas, estuvieron las conocidas como el caso de
los 28 de 1966,
259
quienes fueron detenidas-desaparecidas entre el 2 y 5 de
marzo de 1966 en la capital.
1061.
Bajo el mandato presidencial de Julio César Méndez Montenegro,
La Regional fue fortalecida por la USAID, dentro del marco del programa
de profesionalización de la Policía. Para ello facilitaron las comunicaciones
con las patrullas policiales en la ciudad, en la costa y en las fronteras; es-
tandarizaron los registros de archivos de personas para facilitar el flujo de
información e impulsaron la comunicación de información sobre los mo-
vimientos y actividades de la insurgencia.
260
Lo anterior aumentaba la po-
sibilidad de recibir y dar información para las operaciones policiales, lo que
en otras palabras no era otra cosa que ampliar la capacidad de la Inteligen-
cia del Gobierno.
1062.
La Regional, que tenía el control de la Policía Judicial, logró infil-
trarse en los movimientos populares y en la insurgencia, e interceptaba los
correos y los teléfonos gracias a la participación del coronel Guillermo
Méndez Montenegro, jefe del Estado Mayor Presidencial y hermano del
Presidente. Esta situación le permitió tener una mayor capacidad para re-
colectar y analizar información; incluso más que la propia Sección de In-
teligencia del Ejército.
1063.
Esta mayor capacidad de La Regional sobre la Sección de Inteli-
gencia del Ejército se explica porque la ayuda estadounidense se canalizó
esencialmente hacia la primera. Fueron dos las principales razones que de-
terminaron que se privilegiara fortalecer una unidad de Inteligencia cerca-
na al Presidente de la República y no la sección de Inteligencia del propio
Ejército. En primer lugar, la alta oficialidad del Ejército tenía una perma-
nente desconfianza de los programas respaldados por el Gobierno nortea-
mericano, debido a la utilización del territorio guatemalteco para entrenar
las tropas que participaron en la fallida invasión de Bahía Cochinos en Cu-
ba. En segundo lugar, el Ejército no estaba muy convencido de apoyar a su
sección de Inteligencia, dado que muchos de sus miembros eran contem-
poráneos de algunos de los militares que habían participado en el alza-
miento del 13 de noviembre de 1960 y que se encontraban en las guerri-
llas del Oriente.
107
258 Ibid.
259 La CEH pudo determinar que el número de personas desaparecidas es mayor a 28. Se pudo com-
probar la desaparición de 33, lo que no significa que el número no pudiese ser mayor. CI 68.
Marzo, 1966.
260 Véanse, entre otros, los documentos desclasificados de EEUU, HD/12.5.1., HD/14.10.2,
HD/11.11 y el Office Public Saffety, AID, Washington, Enero de 1969.
1064.
Si bien el programa estadounidense de asesoría de la Public of Sa-
fety Division USAID Guatemala, con la participación de un asesor en se-
guridad pública destacado en Venezuela, estuvo inicialmente dirigido a La
Regional, posteriormente su objetivo fue crear una mejor coordinación en-
tre ésta y la Sección de Inteligencia del Ejército.
1065.
Desde esos años, la Sección de Inteligencia del Ejército estaba con-
formada, además, por las divisiones de Administración, Inteligencia, Enla-
ce y Soporte Técnico. Su trabajo tenía una mayor proyección hacia lo rural.
1066.
La persecución contra la oposición política, representada por los
movimientos sociales, los militantes del partido comunista y los miembros
de las organizaciones guerrilleras, continuó bajo el Gobierno de Carlos
Arana Osorio, oficial que había llegado a la Presidencia tras haber liderado
la represión política en el Oriente del país bajo el anterior Gobierno. La
Inteligencia, por intermedio de los escuadrones de la muerte, continuó
sembrando terror en la capital. El MLN continuó con su apoyo, siendo La
Regional la unidad más vinculada a ellos en ese tiempo.
1067.
En el Gobierno de Kjell Laugerud, el Estado Mayor Presidencial
empezó a jugar un papel cada vez más protagónico y alcanzó un poder si-
milar al de un Ministerio, debido al poder con que contaba al interior del
Gobierno. La Regional, que se llamaba oficialmente Servicios Especiales de
Comunicaciones de la Presidencia aunque se seguía conociendo como La
Regional, contaba con recursos copiosos y continuaba desarrollando un
trabajo de recopilación y análisis de información política. La Sección de
Inteligencia del Ejército se encontraba más estructurada que antes y tenía
buenas relaciones con La Regional, con la que coordinaba solamente lo re-
lacionado con operaciones militares.
1068.
En 1978, bajo el Gobierno de Romeo Lucas García, aunque el
Cuerpo de Detectives continuaba operando como Policía Judicial, el nuevo
Director de la Policía creó para sus servicios el Comando Seis como un
cuerpo policial con la misma estructura y jerarquía que el Cuerpo de De-
tectives. Durante este mismo Gobierno, el Estado Mayor Presidencial, la
Sección de Inteligencia del Ejército y La Regional funcionaron en una es-
trecha alianza afectando de manera grave los derechos de los guatemaltecos.
1069.
La época de mayor profesionalización de la Inteligencia fue entre
1979 y 1984. Antes la Inteligencia fue una sección pequeña, muy empíri-
ca, con énfasis en aspectos de contrainteligencia, pero a partir de estos años
se le dió un nuevo perfil que permitiría a muchos de sus miembros ocupar
cargos importantes en años futuros.
1070.
Este perfil profesional consistió en una mejor dotación de recursos
humanos y materiales al trabajo de Inteligencia. De manera más sistemá-
tica se capacitaron militares en el campo de la Inteligencia, tanto en el ex-
terior como al interior del país, con la creación de la Escuela de Inteligen-
108
cia, hacia finales de 1980. Algunos oficiales fueron enviados al exterior a
realizar cursos de Inteligencia en países como Argentina, Chile, Israel y Tai-
wán. Además, la Inteligencia empezó a contar con mayores recursos finan-
cieros y técnicos. Desafortunadamente, esta profesionalización no se tra-
dujo en un mayor respeto por los derechos humanos; por el contrario, fue
en estos años cuando este sector del Ejército perfeccionó sus métodos des-
conociendo la Constitución y la ley.
1071.
La Regional ocupó un papel determinante en la Inteligencia del
país, gracias al buen conocimiento que tenía de las organizaciones guerri-
lleras. Fueron funciones de La Regional, en este período, el dar seguridad
encubierta al Presidente de la República, desarrollar tareas en el campo
contrainsurgente, adelantar espionaje político y elaborar análisis sobre el
particular, a través de sus redes en Finanzas, Aduanas, Migración y Comu-
nicaciones.
1072.
Dos hitos que demuestran la importancia que tuvo la Inteligencia
en ese período fueron: la creación de la Escuela de Inteligencia en 1980 y
del Centro de Reunión de Información y Operaciones (CRIO) en el se-
gundo semestre de 1981.
1073.
Algunos de los oficiales formados en Inteligencia en Argentina,
Chile, Israel y Taiwán impulsaron la reapertura y la mantuvieron como de-
pendiente de la G-2, una escuela de Inteligencia. Los objetivos centrales de
dicha escuela fueron: adoctrinar a miembros del Ejército en cómo conse-
guir información importante tanto para el combate contrainsurgente co-
mo para el control poblacional, así como seleccionar qué oficiales tenían
capacidades para ser S-2 o para trabajar en la propia G-2.
1074.
En vista que el trabajo de Inteligencia fue realizado por múltiples
agencias, el Ejército observó que necesitaba coordinar y controlar dicho
trabajo “para flexibilizar y hacer más eficientes las operaciones de contrainsur-
gencia urbana, por medio de una acción más coordinada de las agencias de se-
guridad”
261
y fue así como nació el CRIO. Esta unidad realizaba esencial-
mente las funciones de coordinación operativa de los grupos uniformados
que hacían Inteligencia como la PMA, la Policía Nacional y la Guardia de
Hacienda y el control operacional de los mecanismos clandestinos de In-
teligencia. Esta coordinación y control funcionó esencialmente con la Po-
licía, ya que incluso se contó con personal de la propia Policía trabajando
en esta unidad. Aunque el CRIO funcionó con algunos altibajos, lo que
debe quedar claro es que el Ejército siempre contó con una estructura de
control sobre todas las tareas de Inteligencia y que, cuando ocurrieron al-
tibajos o vacíos, la Institución Armada reaccionó para retomar el control.
1075.
Durante el período de Efraín Ríos Montt surgieron algunas dife-
109
261 Héctor Alejandro Gramajo, De la guerra... a la guerra, 1995. pg. 163.
rencias entre El Archivo y la G-2 que, sin embargo, no generaron profun-
das contradicciones.
262
La participación de la Policía en labores de Inteli-
gencia y en operaciones clandestinas se redujo considerablemente. Muchos
de sus elementos fueron desvinculados y fue el propio Ejército con sus es-
tructuras el que continuó operando.
1076.
Durante el Gobierno de Oscar Humberto Mejía Víctores, el traba-
jo en la G-2 fue más compartimentado que lo usual; incluso había perso-
nal que se entendía directamente con el Director sin que el Subdirector tu-
viera conocimiento. Aunque el Archivo continuó con sus intereses políti-
cos, recuperó su espacio en la lucha contrainsurgente y empezó nuevamen-
te a apoyar a la G-2 pero sin la intensidad de antes. En la Escuela de Inte-
ligencia se creó el curso avanzado de Inteligencia. En octubre de 1983 El
Archivo se denominó formalmente Secretaría de Inteligencia de la Presi-
dencia, pero siguió conociéndose como El Archivo.
1077.
En 1986, bajo el Gobierno de Vinicio Cerezo, la G-2 instauró una
línea más independiente, con un marcado interés en los asuntos políticos,
tanto en lo nacional como en lo internacional. A su vez, la Inteligencia en
el campo insurgente fue conjugada con problemas como la delincuencia
común y el narcotráfico. La G-2 empezó a tener el control de unidades
esenciales para el trabajo de la Inteligencia como la Policía Nacional, la
Guardia de Hacienda, el propio Estado Mayor Presidencial, gracias a la ro-
tación de personal: militares que ocuparon cargos en la Sección de Inteli-
gencia del Ejército pasaron a importantes cargos en estos organismos.
1078.
A partir del Gobierno de Cerezo, cuando se inicia una nueva épo-
ca de gobiernos civiles, el Estado Mayor Presidencial empezó a cumplir
una función más política buscando cooptar para sus propios intereses al
Presidente de la República, aprovechando su cercanía orgánica. En vista de
que El Archivo empezó a depender de un Presidente civil, después de mu-
chos años, los archivos fueron desmantelados por completo y trasladados
a la Sección de Inteligencia del Ejército.
1079.
El Ministro de la Defensa se apoyó en los recursos de la Inteligen-
cia y definió dos líneas de trabajo: una militar, encabezada por la Sección
de Inteligencia del Ejército, y una política, desarrollada por El Archivo. La
línea militar de la G-2 priorizó el trabajo contrainsurgente y la línea polí-
tica de El Archivo prefirió el trabajo contra los opositores políticos y los ac-
tivistas de derechos humanos. Aunque hubo coordinación entre la G-2 y
El Archivo, también se presentó independencia en sus actuaciones e inclu-
so algunos roces.
1080.
El 16 de agosto de 1988 se creó el Sistema de Protección Civil (SI-
PROCI) que básicamente continuó con las funciones del CRIO. Este sis-
110
262 Testigo CEH. (T.C. 103) (T.C. 110).
tema que ponía en manos de funcionarios civiles la coordinación de la se-
guridad ciudadana y la persecución del delito, resultó ineficaz puesto que
no escapó al control militar.
1081.
En 1991, bajo el mandato presidencial de Jorge Serrano Elías, el
jefe del Estado Mayor Presidencial permitió que la distribución de tareas
entre la G-2 y El Archivo funcionara como en las épocas del Gobierno de
Romeo Lucas García. Hacia el final del mandato de Serrano, las relaciones
entre ambas unidades se distanciaron.
1082.
En 1993, bajo la Presidencia de Ramiro de León Carpio, aunque
hubo cierta comunicación hacia el Estado Mayor de la Defensa Nacio-
nal, no hubo suficiente coordinación entre la G-2 y El Archivo. La G-2
siguió interesada en el análisis político y en lo relacionado con el proce-
so de paz. El Archivo se reestructuró y se llamó Secretaría de Inteligen-
cia Estratégica (SIE), con una proyección hacia los temas políticos y, co-
mo su nombre lo indica, estratégicos. Los documentos que poseía fueron
trasladados a la G-2. Los cuerpos que realizaban operaciones militares o
policiales de El Archivo se desactivaron, se organizó una S-2 en el Esta-
do Mayor Presidencial y se creó un departamento de análisis. En 1995
las relaciones entre la G-2 y El Archivo se deterioraron sensiblemente y
el canal de información hacia el Estado Mayor Presidencial se redujo de
modo considerable.
1083.
En 1996, ya en el período del Presidente Alvaro Arzú, con recur-
sos humanos de la S-2 de la SIE, se creó un grupo conocido como el Co-
mando Antisecuestros. Aunque la Dirección de Inteligencia suministraba
información tanto al Estado Mayor de la Defensa Nacional como al Mi-
nistro de la Defensa, se convirtió en una pieza de confianza del Estado Ma-
yor Presidencial, lo que generó algunos roces entre el jefe del Estado Ma-
yor Presidencial y el Ministro de la Defensa.
Los escuadrones de la muerte
1084.
Hacia mediados de 1966 surgieron los primeros escuadrones de la
muerte en la capital.
263
La MANO (Movimiento de Acción Nacionalista
Organizado) anunció su existencia por primera vez el 3 de junio de
1966.
264
Su signo era “una mano blanca sobre un círculo rojo y debajo una
advertencia: ésta es la mano que erradicará a los renegados de su nacionalidad
y traidores de la patria”.
265
111
263 En el mensaje del Presidente Méndez Montenegro al Congreso de la República del 15 de junio
de 1967, él admite su existencia y se refiere a ellos en los términos de “grupos clandestinos de la ul-
traderecha ... grupos bandoleros so capa de anticomunistas...”, Recopilación de leyes de 1967, pg. 7.
264 CI 41. Julio, 1967.
265 Eduardo Galeano, Guatemala: país ocupado, 1967, pg. 49.
1085.
Este escuadrón de la muerte fue respaldado política y económica-
mente por elementos de extrema derecha con la pretensión de erradicar el
comunismo. El partido político MLN contribuyó en su apoyo ideológico
fundamental y respaldó a esta organización, hecho reconocido pública-
mente por su dirigente Mario Sandoval Alarcón.
266
Una fuente periodísti-
ca de la época señala:“La Mano Blanca recaudó en su primer año un millón
de dólares con base en cuotas de mil dólares entre empresarios”.
267
1086.
Sin embargo, en muy corto tiempo este escuadrón fue copado por
el Ejército. Los militares vinculados a este escuadrón de la muerte eran un
grupo de Inteligencia perteneciente al Cuartel General Justo Rufino Ba-
rrios. Esta unidad operativa clandestina recibía órdenes del coronel Arria-
ga Bosque, ministro de la Defensa, y contaba con la colaboración del IV
Cuerpo de la Policía.
“Mire, eso sí, lo manejaron sólo aquí, aquí en la ciudad, era un coro-
nel Zepeda el encargado de eso ... Máximo Zepeda, él parece que te-
nía relación con Arriaga, el ministro de la Defensa ... él era el S-2 del
Cuartel General, era el puesto orgánico que tenía en el Ejército ... Ze-
peda realmente era bastante allegado al MLN...”
268
1087.
Otros escuadrones de la muerte, como el Comité de Resistencia
Anticomunista de Guatemala (CRAG), Nueva Organización Anticomu-
nista (NOA), Consejo Anticomunista de Guatemala (CADEG), que tam-
bién surgieron hacia finales de los sesenta, fueron aparentemente organiza-
ciones fantasmas que sirvieron de cobertura a La Mano Blanca.
“Esos eran nombres más que todo para hacer las operaciones, era el
mismo grupo, yo no creo que hayan sido diferentes grupos...”
269
1088.
Durante 1967 en diferentes volantes en la capital, los escuadrones
de la muerte empezaron a generar terror. El 1 de abril de 1967 la NOA pu-
blicó una lista de 23 estudiantes y sindicalistas y las fotografías de tres más
ejecutados por haber sido considerados comunistas;
270
su lema era “Comu-
nista visto, comunista muerto”. En junio de 1967 el CADEG publicó una lis-
ta de 90 personas que consideraba “archicomunistas y antipatrias”;
271
en
agosto lanzó otra lista con 117 nombres,
272
y en septiembre otra más con 78
112
266 El Periódico, Guatemala, 19 de abril de 1997.
267 Life, 31/4, 26 de febrero de 1968.
268 Testigo CEH. (T.C.119).
269 Ibid.
270 Volante: “Al pueblo de Guatemala comunica”, 1967.
271 Volante: “¡Junio Rojo! Comunistas de Guatemala”, 1967.
272 Volante: “Comunistas del Occidente de Guatemala”, 1967.
nombres.
273
Esta organización le declaró públicamente la guerra a “los tene-
brosos sindicatos” FASGUA, SAMF, CONTRAGUA, STIGSS y CTS.
1089.
Desde agosto de 1969 los líderes de la Federación Autónoma Sin-
dical de Guatemala (FASGUA) fueron amenazados de muerte. El 13 de
octubre de ese año, Reinero Zan Hurtarte, secretario de la Confederación
Sindical de Guatemala (CONSIGUA) y miembro del Partido Revolucio-
nario (PR), fue ejecutado de manera arbitraria en Escuintla y Hugo Vás-
quez, secretario de la Confederación de Trabajadores de Guatemala
(CONTRAGUA), fue herido en Asunción Mita, Jutiapa. A finales de di-
ciembre fue ejecutado el dirigente del Sindicato de Acción y Mejoramien-
to Ferrocarrilero (SAMF) y de la Central Sindical de Guatemala (CSG),
Arnoldo Otten, y el 20 de enero de 1970 también fue ejecutado de mane-
ra arbitraria Tereso de Jesús Oliva, secretario general del Movimiento
Campesino Independiente (MCI).
274
1090.
También el escuadrón de la muerte Ojo por Ojo estuvo integrado
principalmente por miembros de la unidad operativa que funcionó en el
Cuartel General.
275
Una de las ejecuciones que de manera arbitraria realizó
este escuadrón fue el de César Montenegro Paniagua, ex diputado del
PGT y primo del Presidente Méndez Montenegro, ocurrido en la ciudad
capital, el 4 de abril de 1970.
1091.
La CEH llegó al convencimiento de que la mayoría de los escua-
drones de la muerte no fueron estructuras autónomas o independientes del
Ejército, sino que eran simples estructuras clandestinas de la Inteligencia
276
que se disfrazaban bajo “un nombre” como un mecanismo de la guerra psi-
cológica, con el objeto de infundir terror a la población. De esta manera,
se encubría la participación de militares
277
garantizando que no se le impu-
taran a estructuras gubernamentales o agentes estatales las violaciones de
derechos humanos. El personal, los armamentos, la financiación y la ins-
trucción operacional fueron proporcionados en su mayor parte por el Ejér-
cito.
278
Un documento desclasificado del Gobierno estadounidense que se
refiere a estas organizaciones señala que “sirven, aparentemente como cober-
tura para unidades de comando clandestinas del Ejército, que sirven como es-
cuadrones de ejecución de las fuerzas armadas...”
279
113
273 Volante: “Comunistas de las zonas Oriente y norte de Guatemala”, 1967.
274 Prensa Libre, 19 de agosto y 13 de octubre de 1969 y 20 de enero de 1970.
275 US Department of State, HD/13.4, 19 de mayo de 1970.
276 Dice el documento desclasificado de EEUU, HD/10.4, 12 de mayo de 1967: “responsables de los
últimos ajusticiamientos son grupos fantasmas establecidos y mantenidos para ocultar la participación
del Ejército en los ajusticiamientos ... La G-2 guatemalteca supuestamente tiene vínculos con los jus-
ticieros y los listados de blancos terroristas podrían haber sido fundamentados en archivos oficiales”
(traducción).
277 La participación en los escuadrones de la muerte significaba, incluso, un sobresueldo para los
miembros de la Inteligencia. Testigo CEH. (T.C. 40).
278 US Department of State, HD/11.23, 8 de noviembre de 1968.
279 Traducción de la CEH del documento desclasificado de EEUU, HD/10.4.
1092.
Estos escuadrones realizaban operaciones clandestinas contrainsur-
gentes de guerra psicológica, propaganda, financiación, hechos violatorios
de los derechos humanos.
“Nunca se ha movido la hoja de un roble sin orden del Ejército. La
Mano Blanca, Jaguar Justiciero, Nueva Organización Anticomunis-
ta, eran inventos del Ejército”.
280
“Tienen muchos nombres ... Todo es-
to es una construcción de la cúpula militar. Ellos dan diferentes nom-
bres, como quien dice, son muchas personas civiles que están apoyan-
do a los militares, pero es mentira. Son los mismos militares que se ha-
cen pasar por otros grupos para hacer o cometer las fechorías que han
hecho en Guatemala”.
281
“Mano Blanca, que es lo mismo que el escua-
drón de la muerte. Son ejecutores del Ejército. Estos pertenecen a la
Sección de Inteligencia G-2 y S-2, que es lo mismo”.
282
1093.
Un ex miembro de la Inteligencia de una zona militar dice al res-
pecto:
“Mire, la verdad es que estos miembros de los escuadrones de la muer-
te son miembros del Ejército. ... es gente asesina de esas ... para matar
gente como animal, lo hacen por intimidar a la gente para que nadie
hable, para callar a la gente porque muchas veces la gente saca los tra-
pitos al Gobierno central al sol, y el Gobierno lo que no quiere es que
le saquen sus trapitos al sol, que digan la verdad, usted sabe que por
la verdad murió el Señor Jesucristo y eso se tiene que esclarecer”.
283
1094.
Incluso un testimonio de un ex funcionario gubernamental del pe-
ríodo de Lucas García corrobora lo dicho:
“A nivel de la Inteligencia está estructurado el ESA con oficiales y sol-
dados que aparecen de alta en el Ejército, que reciben sus salarios, pe-
ro que actúan de particular. Utilizan recursos del Estado, vehículos y
armas. A nivel del Ministerio del Interior está estructurado lo que se
llama el escuadrón de la muerte. Su jefe máximo, de hecho, es el Mi-
nistro del Interior y su jefe inmediato es el Director General de la Po-
licía Nacional. También hay agentes que están compartimentados
114
280 Testigo CEH. (T.C. 137).
281 “Testimonio de un ex refugiado, ex soldado y ex miembro de la G-2”, en Víctor Montejo, Breví-
sima relación testimonial de la continua destrucción del Mayab’, Guatemala, pgs. 46-47.
282 Ibid. pg. 49.
283 Testigo CEH. (T.C. 85).
dentro de las mismas fuerzas policíacas para que cometan todos los
asesinatos políticos que se planifican”.
284
1095.
No obstante, los escuadrones no sólo estuvieron integrados por
personal militar. Durante la década de los sesenta, ex guerrilleros, miem-
bros del MLN, comisionados militares y policías judiciales formaron par-
te de estas organizaciones clandestinas.
1096.
Dentro de los primeros integrantes de los escuadrones de la muer-
te en el Oriente del país, se encontraba una buena cantidad de antiguos co-
laboradores de la guerrilla e inclusive ex guerrilleros. “La vuelta” fue la ex-
presión utilizada en el Oriente para describir este cambio.
1097.
También miembros del MLN constituyeron un apoyo decisivo en
la conformación de los escuadrones de la muerte en Zacapa y Chiquimu-
la. Un ejemplo lo constituye el antiguo liberacionista, militante del MLN
desde su juventud y jefe de comisionados militares en Esquipulas, David
Pacheco; su grupo de paramilitares que operaba en Esquipulas y Olopa de-
nominado “Los Pacheco” era calificado como un escuadrón de la muerte.
Otro ejemplo es del finquero de Gualán, Carlos Thompson, líder del
MLN que conformó un escuadrón de la muerte en la aldea La Palma, en
el municipio de Río Hondo, Zacapa.
1098.
La Policía Judicial también formó parte de los primeros escuadro-
nes de la muerte. En la aldea Santa Rosalía, de Zacapa, el jefe de la Mano
Blanca a nivel local era el jefe de la Policía Judicial.
“Germán León Orellana era jefe del grupo de sicarios de la Policía Ju-
dicial. Otro tenía el apodo de el ‘Catracho’, un hondureño. Era un
grupo de cinco. Todos eran de la Policía Judicial. Ellos hicieron el tra-
bajo de tortura y muerte para el Ejército. Lo único que hacía el ofi-
cial de la G-2 era tomar notas”.
285
1099.
La Inteligencia, por intermedio de los escuadrones de la muerte,
continuó sembrando el terror en la capital hacia finales del mandato pre-
sidencial de Julio César Méndez Montenegro y después bajo el Gobierno
de Arana Osorio. El escuadrón de la muerte Ojo por Ojo torturó y ejecu-
tó a varias personas vinculadas con el PGT y simpatizantes de las FAR en
el primer semestre de 1970: Francisco Barreno Juárez y Julio César de la
Roca, el 26 de abril; Eligio Rodas Ochoa, el 27 de abril, cerca de la capi-
tal; Rogelio Cermeño García y Rigoberto Ramírez, el 4 de mayo en Jutia-
115
284 Testimonio de Elías Barahona, secretario de prensa y hombre de confianza de Donaldo Alvarez
Ruiz, ministro de Gobernación de 1976 a 1980. Testimonio presentado ante el Tribunal Perma-
nente de los Pueblos, IEPALA, pgs. 106-109.
285 Testigo CEH. (T.C. 126).
pa; Lizandro Ortega, el 4 de mayo, en Suchitepéquez; César Archila Ro-
dríguez, el 7 de mayo, en Escuintla, y Norman Gilberto Valladares, el 16
de mayo, cerca de Antigua. El Buitre Justiciero ejecutó diez delincuentes
comunes en 1972.
1100.
A principios de 1980, en Escuintla, apareció un comunicado pú-
blico de una organización autodenominada Comando Anticomunista del
Sur (CAS), donde se acusaba a 21 personas de ser comunistas que serían
ejecutadas de manera arbitraria. Una buena parte de estas personas fueron
efectivamente ejecutadas; entre ellas se encontraban algunos dirigentes del
FUR. Sobre el particular dice un testigo:
“Supimos quiénes integraban ese grupo antes de que hicieran pública
la lista de las personas sentenciadas antes de ser asesinadas, porque un
muchacho ... que era del FUR, que era conocido en Escuintla por to-
mar mucho, por bolito, a veces se quedaba tirado en las calles; una no-
che éste se hallaba durmiendo en una calle del mercado cantonal, co-
mo a las dos de la madrugada, cuando vio salir de ... la oficina del
experto de tránsito de la Policía Nacional [a un grupo compuesto de
seis personas que participaban de la Cooperativa Modelo entre
quienes se encontraban el jefe para ese entonces de la Policía Mu-
nicipal y el propio experto de la Policía Nacional]. Ellos llevaban
una canasta llena de papeles e iban cargando un mimeógrafo y otras
cosas, dejaron una hoja toda manchada de tinta negra y era una
prueba del tiraje en mimeógrafo donde se podía leer la lista de las 21
personas. No hicimos la denuncia porque no había a quién, pero lo
dijimos en los actos públicos de las campañas electorales. Esa era una
persecución permanente de las autoridades de la Policía Nacional y
las fuerzas de seguridad del Gobierno”.
286
1101.
Durante el Gobierno de Romeo Lucas, los escuadrones de la muer-
te volvieron a desempeñar un importante protagonismo en la violencia po-
lítica, principalmente en la ciudad de Guatemala. Estuvieron integrados
esencialmente por miembros de la Inteligencia y “judiciales”. La prensa pu-
blicaba por ejemplo que en cinco meses de 1979 fueron acribilladas 375
personas.
287
Las violaciones de derechos humanos cometidas por estas or-
ganizaciones fueron principalmente contra dirigentes políticos, sindicales
y estudiantiles, periodistas y profesores universitarios, entre otros.
1102.
Uno de los escuadrones más conocidos fue el Ejército Secreto An-
ticomunista (ESA), que surgió el 30 de mayo de 1977. Otros de estos gru-
116
286 Testigo CEH. (T.C. 198).
287 Diario Impacto, 29 de julio de 1979.
pos fueron la Fuerza de Acción Armada (FADA), el Frente Anticomunis-
ta del Nororiente (FANO), el Frente Estudiantil Anticomunista (FEA), la
Hermandad Blanca, la Guerrilla Acción Libertadora Guatemalteca Anti-
salvadoreña (GALGAS) que surgió para ejecutar salvadoreños residencia-
dos en Guatemala, la Liga Nacional de Protección al Guatemalteco y la
Mano Blanca, que resurgió en noviembre de 1979.
1103.
Bajo el Gobierno de Romeo Lucas se hicieron famosos los miem-
bros de escuadrones de la muerte provenientes del Oriente, que se carac-
terizaban por sus sombreros de petate. Una hora antes de la ejecución ar-
bitraria del abogado laboralista Mario López Larrave, ocurrida en la ca-
pital el 8 de junio de 1977, fueron vistos en una calle aledaña al lugar de
los hechos dos hombres sentados en la acera de la calle, con sombreros
de petate y con costales de azúcar, en donde probablemente escondían
las armas.
288
1104.
Desde finales de 1979 los escuadrones de la muerte empezaron a
operar en la cabecera departamental de Quiché. Muchos de sus miembros
eran “orejas”, confidenciales, comisionados militares o patrulleros.
“A veces los de los escuadrones se disfrazaban de campesinos humildes,
botas de hule, sombrero, ropa sencilla y ya remendada. Pero eso era
parte de la complicidad. La mayoría eran descaradamente gente de
afuera [fuera de Quiché]. Se ponían en la puerta de la iglesia, en las
esquinas de alguna casa. ... El pueblo se enteró de su existencia pues
aparecieron pintas en las paredes y también listas con nombres de los
que iban a ajusticiar ... Recuerdo una pinta cerca del convento que
decía: Emeterio Toj, comunista, pronto morirás, y abajo JJ”.
289
[Ja-
guar Justiciero].
1105.
En este período se hicieron famosas “las listas”, que eran elaboradas
por Inteligencia militar y distribuidas tanto a los unidades militares como
a los escuadrones de la muerte, en donde aparecían los nombres de las per-
sonas que serían ejecutadas de manera arbitraria. En muchos casos se cum-
plieron estas amenazas. El boletín del Ejército Secreto Anticomunista No.
3, donde se condenaba a muerte a un gran número de personas, culmina-
ba con el nombre de Rubén Mérida Escobar. Este maestro de primaria del
Instituto Normal Mixto de Occidente Justo Rufino Barrios de San Mar-
cos fue ejecutado por cinco hombres armados, el 20 de agosto de 1980,
ante un grupo de niños que se encontraban en el centro educativo.
290
117
288 CI 28. 1977.
289 Testigo CEH. (T.C. 198).
290 C 7290. 1980.
1106.
También a principios de la década de los ochenta, escuadrones de
la muerte operaron en el departamento de Petén, particularmente en las al-
deas de El Chal y Colpetén del municipio de Dolores y en la ruta entre El
Subín y Bethel, del municipio de La Libertad. Estaban integrados por con-
fidenciales, comisionados militares, soldados del destacamento local, todos
bajo la coordinación de la G-2. Operaban sobre todo en las horas de la no-
che y vestían playeras blancas o negras. Además de intimidar, ejecutar y de-
saparecer a simpatizantes y colaboradores de las organizaciones guerrilleras,
también lo hicieron con personas que no tenían ninguna participación en
el enfrentamiento.
1107.
En 1988 resurgieron los escuadrones. En los periódicos de la capi-
tal, a partir de abril de 1988, se da noticia del retorno de la Mano Blanca
y del ESA. Para ilustrar el tipo de volantes que distribuían dichos escua-
drones, se transcribe el siguiente comunicado:
“LA MANO BLANCA
Ante la serie de acontecimientos que se han venido desarrollando en
el país, en los cuales un grupo reducido de vendepatrias (marxista-leninis-
tas: URNG-RUOG) pretenden instaurar una dictadura comunista en
Guatemala, apadrinados por la alta dirigencia de la DC quienes como par-
te de un plan a mediano plazo (¿Gobierno de transición?) están creando
las condiciones para el retorno al suelo patrio de todos los asesinos que
pretenden entregar a nuestro país al ‘comunismo internacional’ amparándo-
se en la mal llamada ‘apertura democrática’, que más que eso es la infiltra-
ción en todos los niveles del Gobierno por elementos del PGT, ORPA,
FAR, EGP, quienes después de haber huido como ratas en los años ante-
riores, cuando fue aplastada la insurrección marxista en Guatemala, aho-
ra pretenden regresar a ocupar altos cargos en el Gobierno y curules en el
Congreso recibiendo apoyo internacional para la formación de partidos
políticos que sólo les sirve para administrar abiertamente la ayuda del co-
munismo internacional y sus organizaciones fantasmas; y todo ello como
si nada hubiera pasado, ya que cuentan con comparsas en el Ejecutivo, Le-
gislativo, Judicial y en la Corte de Constitucionalidad; de todos los cuales
en próxima ocasión presentaremos un listado detallado, así como de orga-
nizaciones y grupos que utilizan para engañar a la sociedad guatemalteca,
tales como PSD, CLC, FUR, UNSITRAGUA, AEU, DEP, GAM,
ANEEM y algunos sectores de la iglesia ‘progresista’ ¿verdad Gerardi y Flo-
res?; por lo tanto: la Mano Blanca resurge a la vida combativa en Guate-
mala levantando las banderas de la civilización occidental y cristiana en
contra de la nueva avalancha marxista que se hace acompañar de dos agen-
cias de espionaje comunistas TASS y Prensa Latina, para las que también
118
tenemos una sorpresa en su oportunidad; por lo tanto ante el inminente
arribo de la camarilla (URNG-RUOG) que fue invitada por el vendepa-
trias Chea, la Mano Blanca les advierte que de ingresar o permanecer en
el país se sentará un precedente que los marxistas guatemaltecos jamás ol-
vidarán; a todos los guatemaltecos se les hace un llamado para que eviten
estar cerca de dichos guerrilleros marxistas, ya que no deseamos que otras
personas respetables y sanas mentalmente puedan sufrir las consecuencias
de las acciones que están contempladas exclusivamente contra ellos y sus
edecanes.
Por Guatemala baluarte del anticomunismo en América
La Mano Blanca
Guatemala, 14 de abril de 1988”
1108.
Diferentes ministros de Gobernación confundían a la opinión pú-
blica sobre lo que eran los escuadrones de la muerte. El ministro Roberto
Herrera Ibargüen declaraba en 1973 que “es un medio que están utilizando
los comunistas para hacerse propaganda...”
291
El ministro Donaldo Alvarez
Ruiz declaraba en 1978: “en el país está operando un escuadrón de la muer-
te, pero el mismo no tiene vinculación con las fuerzas de seguridad ... aquella
agrupación podría estar vinculada en una ‘limpieza de delincuentes’, recalcan-
do que ninguna vinculación hay entre las fuerzas del gobierno y aquella orga-
nización clandestina”.
292
El ministro Juan José Rodil Peralta declaraba en
1988: “en el país existen personas extremistas que continúan pensando que la
violencia es un medio de acción política...”
293
1109.
No obstante, algunas de las acciones de los escuadrones de la muer-
te tuvieron móviles personales y patrimoniales que se confundieron con
hechos de violencia política. Un caso que ilustra este proceder es el
enfrentamiento protagonizado el 25 de junio de 1981 en la finca las Vic-
torias de la aldea Amberes, municipio de Santa Rosa de Lima del departa-
mento de Santa Rosa, entre trabajadores de la finca y el escuadrón de la
muerte dirigido por el comandante de la zona militar 705 de Zacapa, y que
era integrado por oficiales y especialistas de la S-2 de esa zona militar. Se-
gún el testimonio de una de las personas que participaron en el hecho, es-
119
291 El Imparcial, 19 de junio de 1973.
292 El Imparcial, 2 de agosto de 1978.
293 Secretaría de Relaciones Públicas de la Presidencia de la República, comunicado del 22 de junio
de 1988.
te grupo actuó con el objeto de realizar una venganza personal ordenada
por el comandante de la zona militar, pues existía un problema de tierras
con el propietario de la finca.
294
1110.
Muchos miembros de los escuadrones de la muerte fueron elimi-
nados por la propia Inteligencia, ya que poseían demasiada información
sobre las actividades clandestinas del Ejército, lo cual los convertía en un
serio riesgo para la institución o porque empezaban a actuar de manera au-
tónoma sin el control de la propia Inteligencia.
1111.
Esta situación fue frecuente en el Oriente del país y se conoció co-
mo “la limpieza”. Entre los casos que se pueden citar están los de Miguel
David Ordóñez, señalado miembro de la NOA, ejecutado en 1974;
Eduardo “Guayo” Sánchez, miembro de la directiva departamental del
MLN de Zacapa, eliminado por el Ejército cuando ya no les fue útil. En-
tre las razones de estas limpiezas se sabe que, en los casos de algunos mili-
tantes del MLN en Zacapa, fue porque “no colaboraban con el coronel” [co-
mandante de la zona militar 705 en Zacapa en 1981] o bien porque se “so-
brepasaron”, y en el caso de la muerte de Carlos Thompson en 1970, se di-
ce que “ya sabía mucho”.
1112.
Algunos miembros civiles o militares que formaron parte de los
escuadrones de la muerte lograron sobrevivir gracias a que generaron es-
trechos vínculos personales, ideológicos o económicos de gran afinidad
con las secciones de Inteligencia o porque se convirtieron en personajes
de gran utilidad para la misma Inteligencia por sus posiciones públicas o
políticas.
El modus operandi de la Inteligencia
1113.
Aunque las guerras irregulares establecen métodos y técnicas lega-
les de Inteligencia, en Guatemala, durante el enfrentamiento armado in-
terno, ésta recurrió a un sinnúmero de métodos y técnicas ilegales en la ins-
trucción, planificación y ejecución de las operaciones militares. En vista
que dichos métodos y técnicas no formaban parte de los procedimientos
legales establecidos por el Ejército, se ha querido denominarlos bajo la ex-
presión de modus operandi.
1114.
A continuación se presenta el testimonio de un caso sucedido en
la década de los ochenta y el resumen de un publicitado caso ocurrido en
la década de los noventa, con el objeto de ilustrar esta forma tan peculiar
de actuar y con el fin de observar las similitudes y diferencias de ambos he-
120
294 Testigo (ex soldado, ex miembro de un escuadrón de la muerte en Oriente, Zacapa) CEH. (T.C.
137).
chos, teniendo en cuenta que sucedieron en diferentes períodos del enfren-
tamiento armado:
“Fui detenido en un retén de la policía ... yo llevaba documentación
de la organización a la que pertenecía y una pistola ... yo no opuse
resistencia y dos policías nacionales uniformados me capturaron y me
trasladaron donde estaba el retén policíaco. Allí habían policías y mi-
litares y en el mismo vehículo donde yo me conducía, me metieron en
la parte de atrás. Me vendaron los ojos y me amarraron las manos y
allí mismo me empezaron a golpear. Me trasladaron vendado. Esto
fue la noche del 24 de junio de 1980. Me trasladaron a un centro
de detención que yo nunca pude establecer cuál era. Por la distancia
que caminamos que no fue mucha yo calculé o que fue en una casa
cerca de La Parroquia, de la estación de la Policía, lo que antes se
llamaba Policía de Tránsito, o fue en el Segundo Cuerpo de la Poli-
cía, por la 4a. calle y 11 avenida. Allí mismo, esa misma noche, en
esos separos policiales fui nuevamente sometido a la capucha, y me
preguntaban sobre los documentos que yo transportaba y el arma y
mi filiación política”.
“Después de una sesión de hora, hora y media de golpes, me dejaron
engrilletado en el mismo vehículo mío, pero adentro de las instalacio-
nes de la Policía y al día siguiente me trasladaron a una habitación.
Los que me golpearon primero obviamente eran ‘judiciales’, pero ob-
viamente cuando me trasladaron a esa habitación ya había un grupo
muy nutrido de personas que yo entendí que se trataba de elementos
de distintas agencias de seguridad del Gobierno. Había militares. Pe-
ro al parecer militares ocupados de distintas organizaciones como espe-
cialistas en cada organización. Había ‘judiciales’, había militares,
probablemente había de La Regional o de la G-2 y del Ejército, pro-
piamente, porque cada uno hacía sus propias preguntas y tenía sus
propios intereses”.
“En esa ocasión la tortura que me hicieron fueron choques eléctricos.
Me desnudaron y me conectaron electrodos en los dedos, no recuerdo
si en los genitales, porque ya hace mucho tiempo fue el asunto. Me da-
ban descargas eléctricas. Me recuerdo que entre ellos decían que tuvie-
ran cuidado porque seguramente yo tenía un detonador colocado en
alguna parte del cuerpo y que iban a explotar todos junto conmigo
cuando soltaban las descargas”.
“Su interés era específicamente por actividades del partido comunista.
Del Partido Guatemalteco del Trabajo. Pero la sesión afortunadamen-
121
te no fue muy larga. Hubo el procedimiento clásico del policía bue-
no y del policía malo, el que me puso la pistola en la sien. Rastrilló
la pistola y me dijo que me iba a matar en ese momento. Yo recuer-
do que mi reacción, a la vista de lo que ya me habían hecho y que
me podían hacer cosas peores, fue provocarlos para ver si de verdad
me mataban, porque yo no quería que me fueran a hacer pedazos,
como había escuchado que le pasaba a mucha gente. Pero el asunto
pasó sin más”.
“En la noche del segundo día me subieron a un vehículo, supongo que
al mismo en el que yo me transportaba, que era una panel Volkswa-
gen, bajo custodia de dos o tres personas. Hicimos un recorrido más o
menos largo y me introdujeron a un lugar oscuro; yo en ese momento
no me di cuenta dónde era, además no podía saber, estaba muy ago-
tado por la tortura. Pero al día siguiente me percaté que eran las ins-
talaciones de la antigua Escuela Politécnica”.
“Allí estuve bajo custodia en un cuarto. Estaba yo solo. Era un cuar-
to grande como una galera, será el ala norte de la Escuela Politécni-
ca. Eso yo lo pude verificar después, por lo que voy a relatar ... un sa-
lón grandote donde me engrilletaron de pies y manos y estaba bajo la
custodia permanente de una célula operativa del Ejército, de agentes
de la G-2 o de La Regional, no sé de cuáles, que consistía en tres o
cuatro personas”.
“Recuerdo que uno de los detalles de la primera noche que estuve allí
fue que yo tenía mucho frío y me tapaba con unas mantas que había
allí. Después me di cuenta que eran las mantas que habían recogido
del local de la CNT. Eran obviamente mantas con consignas sindica-
les y yo con eso me tapé. Los captores hacían burla del hecho de que
yo me había tapado con esas mantas. Los hechos de la CNT fueron
el 19 o 20 de junio y a mí me capturan el 24. O sea que para mí ese
es un indicio cierto, una comprobación más de que lo de la CNT fue
cosa del Ejército, porque esas mantas estaban en una instalación del
Ejército”.
“Allí en ese lugar no fui torturado. Tengo la sospecha de que fui dro-
gado porque tenían mucha insistencia en darme alimentos y luego
adopté una estrategia de sobrevivencia al hacerles creer que estaba dis-
puesto a colaborar con ellos. Entregar a personajes de la militancia,
que yo me inventé. La versión que les di era que yo era chofer del di-
rigente de la juventud comunista y que estaba dispuesto a entregárse-
122
los. Que yo sabía a qué lugares se citaban para verse. En dos ocasiones
me sacaron para ir a ver esos contactos con este supuesto dirigente. Mi
intención era crear un momento propicio, tal vez no para escaparme
pero sí para que me mataran y apareciera mi cadáver, porque a mí
una de las cosas que más afectaban interiormente era que me iban a
torturar y no saber en dónde iba a quedar mi cuerpo. Pensaba yo en
la angustia de mi familia”.
“Fueron dos fallidos intentos de encontrar a alguien que nunca iba a
aparecer, tuve un par de conversaciones largas con un coronel que ob-
viamente estuvo en la primera sesión de tortura, en la tortura con cho-
ques eléctricos, y tuvimos conversaciones largas sobre mis ideas políti-
cas. El trataba de convencerme de que el Ejército estaba de acuerdo
con mis ideas y que lo que cambiaba eran los procedimientos para lo-
grar el desarrollo del país y la mejoría de la gente de escasos recursos y
demás. Recuerdo que me preguntó mi opinión sobre los sistemas de
cooperativas que ellos estaban creando o polos de desarrollo, que con el
tiempo fue un esquema contrainsurgente”.
“Yo supongo que ellos en mi caso tenían la expectativa de hacer una
especie de experimento de cosas que después supe que hicieron, de
convertir a militantes de izquierda a su favor, y entonces me daban
un trato de confianza de comunicación. En ese contexto me pidió
que yo le escribiese mi visión del país y me llevaron papel y lápiz pa-
ra que lo escribiera. Pero como yo sabía que entre los documentos
que me habían incautado estaban algunos con mi letra, eso podía
incriminarme. Pero yo les dije que a mano no escribía, entonces me
llevaron una máquina y papel. Normalmente me mantenían engri-
lletado de los pies y de las manos en el catre. Y si estaba sentado, só-
lo de pies y manos”.
“Al momento en que me trasladaron allí y que reconocí dónde esta-
ba, me quitaron la venda. Recuerdo que una mañana pedí ir al ba-
ño. Yo estaba asqueroso. Uno de los custodios que se portó más o me-
nos humanitariamente conmigo me llevó a bañar; allí me di cuen-
ta de dónde estaba y uno de ellos me dijo: ‘Mirá de aquí no te po-
des escapar’, cuando yo vi para arriba y me percaté de dónde esta-
ba. ‘Olvídate’, me dijo, ‘de aquí no vas a salir nunca’. Estaban cons-
truyendo unas celdas, unos cuartitos, deduzco que eso lo estaban
preparando para tener gente. Pero allí no era donde me tenían a mí.
Todo ese tiempo ya me quitaron la venda. Lo cual para mí era un
123
mal mensaje porque les estaba viendo la cara y si yo los podía iden-
tificar, no iba a salir con vida del asunto”.
“Bueno, llegó lo de la máquina, me pusieron a escribir, yo pedí que
me quitaran los grilletes de las manos. Establecí comunicación con
uno de los custodios que tenía una condición más humana ... Enton-
ces lo de la máquina fue una forma de lograr que me quitaran los gri-
lletes de las manos que, aparte, me lastimaban ... Me recuerdo que es-
cribí bastante. Unas seis hojas tamaño oficio, las llené con un montón
de cosas que yo pensaba sobre la situación del país ... Pero llegaban a
ver cómo estaba y se sorprendían de todo lo que escribía y no tenía na-
da para consultar, sino que de la pura cabeza lo escribía. Yo escribía
lo que se me ocurría ... Esto debe haber sido el 30 de junio, el Día del
Ejército...”
“Al día siguiente, el primero de julio, era el día del informe del Presi-
dente que entonces era Lucas García, y se repitió la rutina. Como era
feriado, el resto de los custodios, dos o tres más, se tiraban la chibola
de quién me cuidaba. Para ellos era molesto estar encerrados sin ha-
cer nada, pues habían tenido fiesta el día anterior y el día siguiente,
el primero de julio, era feriado. Entonces dejaron a este otro, ni le to-
caba turno pero lo dejaron a él”.
“Me recuerdo que nos llevaron de almorzar chow min ... El custodio
comió bastante y como era frecuente, yo ya lo tenía controlado, se
durmió. Pero yo ya había logrado suficiente confianza con él y me te-
nía sin grilletes de las manos y los pies. Le había dicho que como aca-
baba de trabajar estaba cansado y que quería dormir y me dejó así,
libre. El se durmió y yo no lo hice ... Me salí por el corredor que yo
vi. Escalé por donde estaban las duchas frente de la Politécnica. Es-
calé el muro. Me percaté que ya no habían soldados en las torretas
como el día anterior. Salí a un muro no sé a cuantos metros al cos-
tado norte de la Politécnica. Esa debe ser, creo, la primera calle de la
zona 10”.
“Me dejé caer, me deslicé por la pared. Entre las cosas increíbles que
pasaron esa vez fue que cuando yo iba cayendo iba pasando un jeep
de soldados. Aquella cosa de que yo iba cayendo y los vi, yo ya no te-
nía para dónde. Ellos llegaron al semáforo de la Reforma en esa
primera calle y yo agarré en sentido contrario, pasé por un grupo de
policías porque entonces estaba el departamento de comunicaciones
124
militares por la parte atrás de la antigua Facultad de Economía. El
jeep dio la vuelta y me alcanzaron en donde antes había una escue-
la de enfermería del IGSS. Esto yo no sé si es zona 10 ó zona 5, to-
tal eso no importa”.
“Me subieron al jeep y me dijeron que por qué estaba yo allí, por qué
me estaba saliendo. Yo les dije que como el día anterior había sido
Día del Ejército habíamos ido a tomar con unos compañeros y ha-
bíamos ido a molestar al desfile y que nos habían agarrado presos y
nos habían ido a meter allí a limpiar y que yo ya no aguantaba la
cruda y que por eso me había escapado. Que si querían que me lle-
varan de regreso. Pero los que iban en el jeep también iban con alien-
to a alcohol y a saber qué facha me vieron, se creyeron mi versión y
me soltaron ... Estuve algo así como mes y medio escondido. Inme-
diatamente después de que se produjo mi escapatoria, obviamente
hubo una movilización de las fuerzas del Ejército. Llegaron a la ca-
sa de mis papás. A mi papá lo estuvieron siguiendo durante varios
días carros ostensiblemente armados, con amenazas, pero yo logré sa-
lir con vida del asunto, y al mes y medio de estar escondido sin salir
a la calle me hice de documentación falsa y salí del país porque yo sa-
bía que me iba por medio la vida”.
“Tuve una entrevista con un familiar, entonces en posición importan-
te en el Ejército, y él pidió el favor de ver los archivos y, en efecto, ad-
mitió ante mí que tienen o tenían una ficha mía en la que estaban
registradas las dos detenciones. Es decir que si hubiese alguna duda de
lo que yo estoy diciendo, ellos admitieron que tienen un registro de las
veces que fui detenido y las razones por las que fui detenido. Tienen
registro de la escapatoria y demás en los archivos de la G-2 del Ejér-
cito. Como yo he escuchado que no hay registros, me consta por admi-
sión directa de ellos que sí hay”.
295
1115.
El 23 de julio de 1992, Maritza Urrutia García —maestra, estu-
diante de Antropología y miembro del EGP— fue detenida cuando cami-
naba por la 5ª. avenida de la zona 13 de la capital por un grupo de hom-
bres armados provistos de radios que se movilizaban en un vehículo.
296
Desde hacía un mes tenía vigilancia, decía que sus teléfonos habían sido
intervenidos y le habían tomado varias fotografías y videos.
125
295 C 968. Junio, 1980. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
296 CI 33. Julio, 1992. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
1116.
Fue introducida en un vehículo blanco de vidrios polarizados. Le
cubrieron el rostro con un sueter y la condujeron a un estacionamiento,
donde la interrogaron. Luego, al llegar a un lugar que sería su destino, le
pusieron una capucha de periódico en la cabeza, con la cual permanecería
durante todo su cautiverio.
297
1117.
Maritza fue interrogada sobre las actividades del papá de su hijo,
que también militaba en el EGP, y sobre su familia. Le mostraron cartas
interceptadas entre ella y su ex esposo
298
y distintas fotografías para que
identificara a las personas retratadas.
299
Le enseñaron fotos de personas tor-
turadas y mutiladas
300
y le indicaron que si no cooperaba, el papá de su hi-
jo correría la misma suerte y que nunca más vería a su hijo.
301
1118.
Desde el primer día de su detención, Maritza tuvo comunicación
forzada con su familia. La primera llamada telefónica la hizo desde el lu-
gar de su captura y las posteriores las realizó desde teléfonos públicos, al-
gunas veces de la zona 18. En las llamadas telefónicas, que eran supervisa-
das por sus captores, indicaba que se encontraba bien, que deseaba retirar-
se del EGP y que pronto regresaría a su casa.
302
1119.
La detención duró ocho días durante los cuales la tuvieron en un
cuarto, sentada en una cama, con una mano esposada a la cabecera, con la
luz encendida y con un radio con volumen muy alto. Durante la noche,
varios hombres ingresaban al cuarto, la observaban y le decían que tenía
que cooperar:
“Ellos me decían, ‘te vas a quedar aquí con nosotros y vamos a traer
a tu hijo, y aquí vas a vivir’; yo les decía, ‘yo trataré de regresar a mi
casa, yo tengo que regresar a mi casa’ ... ‘vas a tener que vivir aquí,
vas a traer aquí a tu hijo’, y que iba a trabajar para ellos”.
303
1120.
A pesar de tener su cabeza cubierta, Maritza pudo reconocer que
se encontraba recluida en una unidad militar. En algunas oportunidades
que salió e ingresó al lugar, pudo sentir el paso del vehículo sobre túmu-
los.
304
En otras ocasiones, a pesar de tener cubierta la cabeza, por debajo de
su capucha pudo observar mochilas verde olivo, armas grandes
305
y un día
observó una persona con los zapatos bien lustrados y pantalones caqui, co-
126
297 Declaración de Maritza Urrutia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Was-
hington, 24 de febrero de 1993, párrafo 20.
298 Ibid. Párrafo 117.
299 Ibid. Párrafos 31 al 35.
300 Ibid. Párrafo 49.
301 Ibid. Párrafo 67.
302 Testigo CEH. (T.C. 411). La Hora, 28 de julio de 1992, y Siglo Veintiuno, 29 de julio de 1992.
303 CI 33. Julio 1992. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
304 Declaración de Maritza Urrutia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Was-
hington, 24 de febrero de 1993, párrafo 17.
305 Ibid. Párrafo 40.
mo los que usan los militares. También pudo escuchar redoblantes con to-
que militar a las 6:00 y a las 18.00 horas.
306
Incluso uno de sus captores le
informó que se encontraba en poder del Ejército; uno de ellos le dijo: “¿Sa-
bes dónde estás? ¿Sabes lo que es este lugar? ... Estás con el Ejército por supues-
to. Dónde más ibas a estar...”
307
“Ellos me comienzan a decir que eran un poder importante, que con-
trolaban a todos los militares, a gente del Gobierno, a la guerrilla, que
eran una organización que velaba por la seguridad y que si alguno de
todos me propusiera que me fuera, se salía del guacal, ellos lo mata-
ban o lo presionaban tomando sus medidas. Toda esa sensación de que
ellos eran un poder, omnipotente, intocable y que no le importaba que
yo lo viera, porque sabía que yo no podía hacer nada contra él, por-
que yo nunca iba a dar con él y que incluso si algunas veces yo quisie-
ra hacer algo, pues sus amigos iban a saber y que a mí me iba a pa-
sar algo...”
308
1121.
De acuerdo con varias fuentes, Maritza estuvo detenida en las ins-
talaciones ubicadas detrás de la sede de la Policía Militar Ambulante en la
capital guatemalteca, exactamente en la 16 avenida frente a una casa iden-
tificada con los números 13-65 y 13-85 de la zona 6, en una cárcel clan-
destina conocida como La Isla.
1122.
Entre el 24 y el 29 de julio, Maritza repetidamente fue obligada a
filmar un video
309
donde agradecía a las personas que se habían preocupa-
do por ella y que no había sido secuestrada sino que había buscado ayuda
para salirse del EGP. El video finalizaba con un llamado a los miembros de
las organizaciones guerrilleras para que abandonaran la lucha armada. La
filmación se realizó mediante la lectura de guiones escritos en una pizarra
y en cartulinas, y le proporcionaron maquillaje y ropa para el mismo. Pa-
ra el video Maritza utilizó mucho maquillaje, para que quienes la vieran
pudieran reconocer que se encontraba forzada.
310
Posteriormente la familia
explicó que no confiaba en el vídeo, entre otras, porque Maritza estaba su-
mamente maquillajada, algo inusual en ella.
311
Tanto la ropa como el ma-
quillaje llegaron con etiqueta de la tienda Paiz Mega 6, almacén ubicado
muy cerca del lugar donde estuvo detenida. El 29 de julio por la tarde, Ma-
ritza fue obligada a llamar a dos noticieros de televisión, Teleprensa y Noti-
127
306 Ibid. Párrafo 89.
307 Ibid. Párrafo 116.
308 CI 033. Julio, 1992. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
309 Declaración de Maritza Urrutia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Was-
hington, 24 de febrero de 1993, párrafo 78.
310 Ibid. Párrafos 99 y 127.
311 La Hora, 30 de julio de 1992.
siete, diciéndoles que transmitieran la cinta que les iba a enviar. El vídeo sa-
lió en la televisión en la emisión de las diez de la noche.
1123.
El 30 de julio Maritza fue conducida al Ministerio Público con la
condición de solicitar una amnistía, ofrecer una conferencia de prensa afir-
mando el contenido del video, seguir colaborando con sus captores, no de-
cir nada sobre lo que realmente había pasado y no salir del país. El Fiscal
General de la Nación la llevó al Juzgado Quinto de Instrucción Penal don-
de se levantó el acta de la amnistía. Al finalizar la diligencia, dicho funcio-
nario la condujo al Ministerio Público, donde ofreció una conferencia de
prensa confirmando lo dicho en el video.
312
1124.
Maritza estuvo protegida en un lugar seguro hasta el 7 de agosto
cuando salió hacia los Estados Unidos. Durante esa semana, funcionarios
del Gobierno intentaron comunicarse con ella
313
y el propio Fiscal Gene-
ral la citó a declarar a los tribunales.
314
Incluso, el Gobierno solicitó a la
Embajada de los Estados Unidos que no le diera la visa.
1125.
Luego de su salida al exterior, las instituciones que la apoyaron re-
cibieron varias denuncias. La Oficina de Derechos Humanos del Arzobis-
pado de Guatemala fue acusada por el Ministerio de la Defensa de haber-
la obligado a salir del país
315
y uno de sus abogados fue amenazado con su
expulsión del país.
316
El Procurador de los Derechos Humanos fue acusa-
do por altos funcionarios del Ejecutivo de haber encubierto un delito
317
y
el Gobierno solicitó a la Embajada de los Estados Unidos que retirara a
uno de sus funcionarios por injerencia en asuntos internos.
318
1126.
Se ha podido determinar que en el caso de Maritza Urrutia partici-
paron por lo menos ocho especialistas con los apodos respectivos de “Cara-
teca”, “El Charado”, “El Ganso”, “Virgo”, “Sompopón”, “Ardita”, “Caballo” y
“El Chino”, y dos oficiales con los apodos de “Don Chando” o “El Lámpara”
y “Don Gaspar”, respectivamente, todos vinculados a la Dirección de Inte-
ligencia.
319
1127.
A pesar del lapso de doce años entre ambos casos, llama la atención
la similitud entre algunas particularidades del modus operandi: la aplicación
de torturas a las víctimas, la reclusión clandestina en una unidad militar, el
propósito de sus captores de que señalaran a miembros de la insurgencia,
el interés de que colaboraran con el Ejército, entre otras. También ambos
casos presentan rasgos propios de la época en que sucedieron. Mientras en
128
312 Siglo Veintiuno, 31 de julio de 1992.
313 CI 33. Julio 1992, Ciudad de Guatemala, Guatemala.
314 Testigo CEH. (T.C. 411). SigloVeintiuno, 7 de agosto de 1992.
315 El Gráfico y La Hora, 11 de agosto de 1992.
316 CI 30. Julio, 1992. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
317 Inforpress y Prensa Libre, 15 de octubre de 1992.
318 Documento desclasificado de EEUU, HR/5.4, Urrutia Case, GOG Request Departure of FO-91 for
Polcouns Departure, Estados Unidos de América, Departamento de Estado, 13 de agosto de 1992.
319 Testigo CEH. (T.C.113). Testigo CEH. (T.C.115).
el primero, durante el mandato de Lucas García, hubo colaboración estre-
cha de los “judiciales” con los miembros de Inteligencia, en el segundo hu-
bo complicidad e involucramiento de las entidades estatales en los mo-
mentos previos a su liberación, situación que es reiterativa de la década de
los noventa. A partir de ambos casos, es posible describir algunas de las ca-
racterísticas de una operación tradicional realizada por la Inteligencia:
1128.
En primer lugar se identificaba el sujeto o los sujetos que serían ob-
jeto de la acción de Inteligencia. La distorsionada noción de enemigo uti-
lizada durante el enfrentamiento armado permitió que la Inteligencia pu-
diera justificar una operación militar o policial prácticamente contra cual-
quier persona. Lo único que se necesitaba era una decisión, que podía ser
tomada en cualquiera de los niveles de la cadena de mando de la institu-
ción militar.
320
En muchos casos venía de muy alto nivel y en otros hasta
el propio oficial del terreno podía decidir. Por estas razones, en unos casos
la resolución era clara e inequívoca y en otros se necesitaba de un minu-
cioso proceso de selección.
1129.
Posteriormente, se recopilaba información de la persona. De un in-
dividuo es fundamental conocer sus características físicas y psicológicas,
sus vínculos familiares y sociales, su nivel de educación, sus gustos y hábi-
tos, su trabajo, sus intereses políticos, entre otros aspectos. Para obtener és-
tas y otras informaciones se indagaba con sus familiares, amigos y colegas;
se revisaban archivos clínicos y escolares; se obtenían fotografías, en resu-
men, el objetivo era elaborar un “archivo personal” del sujeto.
1130.
De manera paralela, se controlaban las comunicaciones de la per-
sona interceptando los teléfonos de su residencia (“enchachar”) y lugar de
trabajo y se realizaban seguimientos con el objeto de determinar sus ruti-
nas diarias; en este último caso era muy usual la utilización de taxis y su-
puestos vendedores de helados, parejas de enamorados o mujeres solas.
1131.
La información obtenida era evaluada e interpretada, con el obje-
to de elaborar una visión clara y precisa de la víctima seleccionada.
321
Una
vez configurada esta visión, se planificaba la operación. Se definía el perso-
nal a participar, sus funciones, quién sería el responsable (generalmente un
oficial de grado capitán o mayor), los vehículos y las armas a utilizar, y se
determinaba si la operación debía ser pública o clandestina. Las órdenes
eran verbales y no se llevaban registros escritos ni de la decisión ni de la
129
320 Vale la pena recordar que en los casos donde la Inteligencia actuó favoreciendo intereses políticos
o personales, eran personas de estos sectores quienes tomaban la decisión.
321 Con el objeto de determinar, con absoluta certeza, cúal es la información de valor entre todas las
que se reciben, es necesario en las operaciones irregulares desarrollar lo que la doctrina militar de-
nomina el ciclo de Inteligencia. Los pasos que se siguen para determinar la veracidad de la infor-
mación son: planeamiento del esfuerzo de la búsqueda y órdenes de información, búsqueda de
información, tramitación de la información obtenida y divulgación y uso de la información re-
sultante. Ejército de Guatemala, Centro de Estudios Militares, Escuela de Comando y Estado
Mayor, Guerra irregular, pg. 20.
planificación, con el fin de garantizar la operación encubierta. Era tal la
compartimentación que, en muchos casos, cada persona que participaba
tenía un rol específico e ignoraba las tareas de los otros miembros de la
operación; por ejemplo, unos se encargaban de buscar la información,
otros de registrarla, otros de hacer los turnos de vigilancia de la víctima,
otros participaban en su captura, etcétera. También era muy común que
una vez determinado el día y la hora de la acción, previamente la zona pe-
rimetral se “limpiaba” de agentes de la fuerza pública.
1132.
En la ejecución arbitraria de Myrna Mack Chang, investigadora de
la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales (AVANCSO), el sar-
gento mayor Noel de Jesús Beteta Sánchez, agente de Inteligencia del De-
partamento de Seguridad del Estado Mayor Presidencial, recibió hacia fi-
nales de agosto de 1990 un expediente con el perfil de la víctima; de ma-
nera verbal recibió la orden de asesinarla y empezó a vigilarla por un lapso
aproximado de quince días, tanto en su residencia como en su lugar de tra-
bajo. El día del asesinato, el 11 de septiembre de 1990, en la capital el sar-
gento Beteta le propinó 27 puñaladas frente a las oficinas de AVANCSO
para simular un crimen pasional o un hecho de delincuencia común.
322
1133.
En sus actuaciones los miembros de Inteligencia utilizaban apodos,
alias y claves. De acuerdo a la época y a las características de la operación,
la indumentaria de los actores, los vehículos y las armas eran diferentes.
1134.
Era frecuente la utilización de carros último modelo, muchos eran
robados y otros tenían varios juegos de placas. Generalmente se utilizaban
armas cortas, por su tamaño y comodidad para la portación; el Ejército uti-
lizaba en la mayoría de las ocasiones armas automáticas (9 mm., 45 mm.);
la Policía usaba revólveres. No era frecuente la utilización de armas largas
en operaciones clandestinas.
1135.
La operación militar en que fueron desaparecidos Felipe Alvarez
Tepaz, líder kaqchikel y alcalde de San Martín Jilotepeque, y su hijo Rosa-
lío Alvarez Capir, ocurrida el 21 de noviembre de 1980 en San Martín Ji-
lotepeque, Chimaltenango,
323
fue realizada en la noche, con una duración
de entre diez y veinte minutos. En ella participaron entre seis y ocho hom-
bres,
324
vestidos de negro, con sueteres y con gorras pasamontañas, portan-
do armas automáticas como pistolas Beretta; los mismos se movilizaban en
dos vehículos jeeps de doble transmisión, uno de color gris y otro de color
130
322 CI 85, 1990, Ciudad de Guatemala, Guatemala.
323 C 707. Noviembre, 1980. San Martín Jilotepeque, Chimaltenango. Posteriormente, otros tres de
sus hijos también fueron desaparecidos: Jorge, el 27 de abril de 1981; Mario, el 13 de noviembre
de 1981 y Mateo, el 13 de diciembre de 1981.
324 En el expediente judicial No. 1482/80 se dice que fueron quince hombres los que participaron
en la operación, aproximadamente diez rodearon la casa y el resto ingresó al interior de la vivien-
da.
azul.
325
No sólo por las características de la operación sino por la confesión
de uno de los autores materiales a uno de los hijos de la víctima,
326
la G-2
fue responsable de estos hechos.
327
1136.
En fin, cada operación de Inteligencia demostraba un procedi-
miento de un alto grado de planificación y organización. Hasta los últimos
detalles estaban planificados con el objeto de asegurar su cumplimiento y
su clandestinidad. Los objetivos de cada operación militar o policial tuvie-
ron muy diversos móviles, según la calidad de la víctima, la época de los
hechos, el mensaje que se proponían enviar, el desarrollo mismo de la ac-
ción, entre otras.
1137.
Muchas operaciones tuvieron como finalidad la eliminación física
de la víctima mediante una ejecución arbitraria o una desaparición forza-
da. Otros tuvieron como objetivo capturar a la víctima para que diera in-
formación de utilidad mediante interrogatorios acompañados de torturas
físicas y psicológicas y otros tratos humillantes y degradantes.
1138.
También la Inteligencia realizó otro tipo de operaciones que, aun-
que fueron menos lesivas para la integridad de las personas, no dejaron de
ser menos graves. Entre algunos de estos casos se pueden mencionar los re-
gistros clandestinos a residencias, sedes de trabajo o archivos de institucio-
nes públicas o privadas; registros públicos aparentemente masivos y ruti-
narios, como requisas personales en las vías públicas y retenes de automó-
viles; hurto de documentos o de otros bienes simulando robos o asaltos tí-
picamente delincuenciales, tanto de manera pública como privada.
1139.
Durante la década de los ochenta y buena parte de los noventa, las
operaciones clandestinas de la Dirección de Inteligencia eran planeadas y
realizadas por una unidad conocida bajo el nombre de “comando”. El co-
mando clandestino de contrainsurgencia estaba dividido para cada una de
las organizaciones guerrilleras. Por cada organización guerrillera existía un
especialista encargado del registro de información y de administrar los ar-
chivos documentales y fotográficos, tanto personales como de organizacio-
nes legales, así como un oficial que podía ser capitán o mayor que colabo-
raba en la planificación de las operaciones y en el interrogatorio y tortura
de las personas capturadas. Para todas las organizaciones guerrilleras exis-
tían dos grupos de apoyo que se turnaban sus horarios, compuestos cada
grupo por un fotógrafo, tres motoristas, dos “radistas” (radioperadores) y
dos telefonistas; además existía un grupo de personas que eran los operati-
vos, encargados del seguimiento, chequeo y “prense” (captura) o ejecución
131
325 Testigo CEH. (T.C. 407). Hay diferencias en cuanto al número y color de los vehículos. Según
testigos oculares eran tres vehículos, dos que se estacionaron al frente de la residencia y una pick-
up que se estacionó en la parte posterior. Los testigos indican que uno de los vehículos era gris,
mientras que el otro era azul en tanto que el expediente judicial indica que era verde.
326 Testigo CEH. (T.C. 407).
327 Testigo CEH. (T.C. 26). Testigo CEH. (T.C. 407). Testigo CEH. (T.C. 402).
de las personas definidas como objetivo, así como de la tortura y vigilan-
cia de las personas capturadas.
328
1140.
También durante la década de los ochenta y buena parte de los no-
venta, la unidad de Inteligencia del Estado Mayor Presidencial, conocida
como La Regional o El Archivo, contaba con un grupo de operaciones
clandestinas conocido como “grupo de choque” o “comando especial”. Fun-
cionaba de manera bastante compartimentada, donde cada persona cum-
plía misiones muy específicas, de acuerdo a la operación a realizar.
1141.
La obtención de información de una persona capturada era una de
las más apreciadas fuentes de la Inteligencia. Por tal razón se evitó al má-
ximo asesinar inmediatamente a una persona capturada. “La Inteligencia es
vital, más vale un prisionero vivo que un guerrillero muerto”,
329
señala uno de
los planes de campaña del Ejército. “Las unidades militares empeñadas en
operaciones deben realizar un esfuerzo por capturar vivo personal enemigo, pa-
ra satisfacer necesidades de Inteligencia”,
330
señala otro plan de campaña.
1142.
En la mayoría de los casos, las personas que participaban en la cap-
tura no eran las mismas que realizaban los interrogatorios y la tortura. En
las operaciones conjuntas entre Ejército y Policía, generalmente los interro-
gatorios y torturas los realizaba el Ejército. El acceso directo al prisionero es-
taba reservado a un reducido grupo de personas, que se identificaban por
seudónimos. A la víctima no se le informaba sobre el sitio de reclusión ni
sobre los nombres de las personas o sus cargos. De acuerdo con las caracte-
rísticas del capturado y con la supuesta o real posición en la organización
guerrillera, los objetivos propuestos por la propia Inteligencia podían variar.
1143.
Mediante torturas físicas o psicológicas se pretendía destruir su vo-
luntad y sus convicciones personales o políticas para que colaborara con la
institución militar. Existen evidencias de que con algunas de las personas
capturadas se utilizaron incluso drogas:
“Primero estoy totalmente desnudo encadenado a un catre, la prime-
ra sensación que recuerdo es frío, la segunda que recuerdo es dolor en
el brazo y la tercera es un cuentagotas ... en eso me duele el brazo, si-
go y me doy cuenta que tengo una solución intravenosa ... Para mí so-
lo hay una posibilidad, que estuve bajo la acción de drogas, lo cual
horriblemente me vincula a un profesional...”
331
132
328 La sección de contrainteligencia también le prestaba apoyo a este comando clandestino de con-
trainsurgencia de acuerdo a las necesidades operativas. Testigo CEH. (T.C. 115).
329 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, anexo H, literal G, numeral 4.
330 Ejército de Guatemala, plan de campaña Consolidación por la Paz 92, anexo A, literal III, nume-
ral D.
331 C 765. Septiembre, 1983. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
1144.
Esta práctica es confirmada por un ex miembro de Inteligencia de
una zona militar:
“Era coronel, médico y cirujano, este señor les inyectaba yo no sé qué
ácidos en la vena de la gente que llevaban al hospital, de los que su-
puestamente ean guerrilleros; cómo él era jefe del hospital no sé qué
ácido les inyectaba y los mataba; luego decían que no aguantó la ope-
ración...”
332
1145.
Aunque los métodos variaban: desde la tortura, tratos crueles, in-
humanos y degradantes, hasta tratos amables y humanos, en la mayoría de
los casos la búsqueda y análisis de información se hizo utilizando métodos
que desconocían cualquier trato digno:
“Cuando al Ejército le llega información, no investiga, no hace so-
breaveriguaciones, sino que agarra a la persona, la tortura y busca in-
formación. Muchas personas son torturadas y capturadas para conse-
guir información, pero muchos no dicen nada. El Ejército dice que
ellos son muy duros y que hay que sacarles información a puro golpe,
a pura verga...”
333
1146.
Las personas detenidas por la Inteligencia para obtener la informa-
ción, en la mayoría de los casos, eran capturadas de manera arbitraria y tor-
turadas; en el mejor de los casos eran liberadas sin mediar ningún proce-
dimiento judicial o eran obligadas a trabajar de manera ilegal y clandesti-
na con el Ejército, y en el peor, eran desaparecidas forzosamente o ejecu-
tadas de manera arbitraria. Los casos en que dichas personas fueron pues-
tas a disposición de los tribunales competentes son excepcionales.
334
1147.
Las personas estuvieron privadas de su libertad en sitios clandesti-
nos de detención. Como ya se indicó, en casi todas las instalaciones mili-
tares y policiales del país existieron dichos lugares que se conocieron como
“cárceles clandestinas”. En este apartado se hace referencia a la existencia de
dichos espacios en unidades militares de la capital, como el Cuartel Gene-
ral Matamoros, la antigua Escuela Politécnica y la sede de la PMA. Tam-
bién se utilizaron propiedades privadas con esos fines, como casas, fincas y
hasta lugares de culto.
335
1148.
En los casos en que se logró obligar a trabajar a los prisioneros de
manera ilegal y clandestina con la Inteligencia, las tareas que éstos realiza-
133
332 Testigo CEH. 1985.
333 CI 17, Playa Grande, Quiché.
334 Véase el testimonio del ex director de Inteligencia en infra, pg. 27.
335 Este aspecto se profundiza en el aparte correspondiente a la tortura.
ron fueron muy variadas: colaborar en actividades de propaganda y de gue-
rra psicológica al interior y al exterior de las unidades militares; participar
en la identificación para la captura de otras personas e intervenir en inte-
rrogatorios de personas capturadas, sobre todo de aquellas que pertenecían
a su propia organización, intervención que en varios casos se extendía a
participar como torturador; usarlos como guías en operaciones rurales pa-
ra ubicar campamentos o buzones y para identificar a miembros de su or-
ganización o colaboradores.
1149.
Esta práctica fue recurrente; existió un número significativo de ca-
sos de lo que se podría llamar presos políticos clandestinos. Por tal razón,
se quiere citar in extenso el siguiente testimonio recogido por la CEH que
describe con detalle el modus operandi, tanto de la utilización de guerrille-
ros capturados como de la propia Inteligencia:
336
“Participé en la URNG desde el 81. Estuve trabajando para esta or-
ganización, sobre todo he estado trabajando con la población campe-
sina, ayudando a su organización”.
Detención de la víctima:
“En los primeros meses de 1992 fui capturado y secuestrado. Estaba
en Santa Cruz del Quiché. Había una persona a la que no le parecía
el modo de trabajo y comenzó a trabajar con el Ejército, él fue el de-
lator de mi identidad. La captura fue como cualquiera de los secues-
tros típicos. Iba de civil, desarmado. Los que me secuestraron fueron
una unidad operativa de la G-2. Desde las 5 de la tarde me venían
siguiendo. Fueron como 7 u 8 personas. Me dirigía a la casa de un
conocido, en una calle solitaria, sólo había dos o tres personas a unos
75 metros, y estaba bastante oscuro”.
“Pasó una radiopatrulla de prisa y a la par venía un pick-up ama-
rillo pálido y a una cierta distancia aceleró la velocidad, llegando al
lado mío y frenó bruscamente, saltaron varias personas y me agarra-
ron. Ahí lo típico, primero me golpearon los brazos para que no pu-
diera defenderme, otro me trabó las canillas, otro me tapó los ojos, y
me derrumbaron sin mediar palabra mientras tomaban la mochila
que llevaba, donde llevaba documentación del trabajo. Me taparon
la cabeza con una toalla y entre varios me cargaron hasta el carro,
que estaba a dos metros. Me metieron en la cabina, iba con dos ele-
mentos. El piloto estaba uniformado. Me llevaron para la zona mi-
134
336 CI 42, marzo, 1992.
litar, aunque en ese momento no sabía a dónde me llevaban porque
me taparon la cara. Me metieron debajo del carro, dimos varias
vueltas y cuando entramos abrieron la puerta de la base y me di
cuenta. En ese momento no sabía que estaba en la zona militar, des-
pués supe”.
Estancia en la zona militar:
“Me ubicaron directamente en un compartimento de la G-2. Este
compartimento son dos galeronas de lámina. El carro entró a un ga-
raje y me bajaron entre todos. En la casona ahí estuve. Llegando me
revisaron nuevamente, me quitaron los zapatos y me amarraron los
pies con pita de nylon, las manos atrás, me vendaron los ojos, me de-
jaron en el piso tirado boca abajo. Como a la media hora comenzó el
interrogatorio. Al rato llega un oficial, que era el mismo piloto. Des-
pués llegué a saber que era el oficial de la G-2, un capitán o mayor”.
“Comenzaron por pedirme mis datos, cómo me llamaba, dónde tra-
bajaba... La primera reacción que tuve fue no saber donde estoy. Sin-
ceramente no podía responder y me dieron algunos golpes, patadas en
el estómago, golpes en la cabeza, y se fueron, no fue mayor cosa. Se
quedó sólo la guardia. Como a la media hora llegó un mensajero di-
ciendo que llevaran al prisionero. Me ponen de pie para que vaya
dando pasos cortos. Salimos del garaje, me suben a un jeep y comen-
zamos a andar en el jeep. Llegamos a un lugar que es la oficina de la
G-2. Esto lo confirmé después. Me introdujeron por la puerta de
atrás, siempre con los ojos vendados, sólo sentía que a la par había un
elemento, dos enfrente y más gente alrededor. Ahí fue el primer inte-
rrogatorio”.
“Lo más inmediato era de dónde era yo, mi identidad... En ese mo-
mento respondí que no era procedente tener a una persona así, que no
sabía dónde estaba y que cualquier delito tenía que esclarecerse ante
la justicia y pedí que de inmediato me llevaran a los tribunales. La
respuesta fue que no, que me olvidara de todos los procedimientos le-
gales y que estaba ante una organización secreta, aun dentro del Ejér-
cito, y que las cosas se iban a arreglar a la manera de ellos. Recibí los
primeros golpes por parte del oficial que pilotaba, pero yo distinguía
su voz. Golpes en el estómago, espinillas, cara, cabeza... El objetivo era
que hablara del trabajo que estaba realizando, de la gente que yo co-
nocía. Esta fue la noche del primer interrogatorio, tenía un puñal en
la garganta. Me golpeaban el oficial y el resto de elementos. Esto du-
135
ró como 45 minutos. Comenzaron a hablar de lo que conocían de mí
y sí tenían datos de mí, del trabajo, tenían datos legales y familiares
míos, documentos de mi hija, de mi mujer...”
“De ahí me sacaron nuevamente y me regresaron al salón, a la gale-
ra, y me metieron a un cuarto al lado de éste, anexo al salón, por una
puerta; ahí me metieron con los ojos vendados y me pusieron grilletes
uno en cada mano y otro en los pies y me pusieron en una litera do-
ble, ahí estuve tres meses, hasta junio, más o menos. Perdí la fecha. Es-
tuve tres meses en ese cuarto, donde mantienen a los secuestrados, a los
prisioneros. Fue alrededor de 30 días. La forma de castigo era estar
colgado sobre el aire desde la misma cama, esa fue la posición duran-
te 30 o 40 días”.
“Los interrogatorios fueron así durante tres o cuatro días. Esa noche
así me quedé. Se encargaron de mí los guardias, permanentemente en
la puerta había un guardia y una radio. Por la radio lograba saber
los primeros días qué día era. Los mayores interrogatorios fueron en
ese cuarto directamente. El que llegaba era uno de la capital ... Prin-
cipalmente fue él quien me interrogó, le llamaban Chocha. El co-
menzó a interrogarme desde la primera mañana. Cuando no había
satisfacción por los datos que daba se encargaba de ordenar los golpes,
fueron como cuatro días intensos. Los interrogatorios no pasaban de
dos o tres horas. El mayor castigo fue la manera de tenerme colgado, y
cómo se resiente todo el cuerpo, cualquier golpe hace daño. Con un ny-
lon le envolvían la cabeza y lo retorcían para asfixiarlo a uno o te da-
ban golpes en el estómago, o la llave china, te lleven la cabeza hacia
atrás. Esto fue principalmente como los tres o cuatro primeros días”.
“Quedé un tiempo sin interrogatorios. Comenzaron a darme de co-
mer como a los dos días, una o dos tortillas, un poco de frijol, a veces
una vez al día, o a veces cada dos o tres días. A veces me descolgaban
y me llevaban al baño una vez al día, a veces cada dos días me des-
colgaban y me llevaban a otra galera. Sólo dos veces me bañaron du-
rante los tres meses”.
“Empecé a sufrir problemas emocionales serios como a los 25 días por-
que no pude dormir por las tensiones y las amenazas; los elementos
que me cuidaban constantemente decían que ellos habían visto cómo
se ejecutaba a la gente y ‘si no entregás los datos de los compañeros te
van a matar’. Como llevaba documentos de la familia, te presiona-
ban con la familia, que la tenían bajo control, que los iban a matar.
136
Empezaban a hablar de los movimientos de mi mujer y, por lo que
decían, la estaban siguiendo. Comenzaron también a hablar de lo
que hacían mi mamá y mis hermanos. Había datos concretos, tenían
seguimiento. En un momento decían que mi mujer estaba con ellos y
uno se descontrola y piensa que puede ser cierto. Luego supe que fue
control nada más. A los 25 días no entendía en qué estaba, si estaba
soñando. Lo más fuerte para mí fue el castigo de estar colgado en el
aire, porque cualquier golpecito era tremendo”.
“Me dijeron que no iba a poder volver a la URNG. Sabían cómo tra-
bajábamos. ‘Si no te ejecuta la URNG te ejecutamos nosotros, y deci-
mos que fue la URNG y, aunque lo desmientan, la gente se lo cree. Si
no entregas con el tiempo te sacan con la tropa y lo disimulan en un
combate’. Esto lo decía un soldado. Sólo había contacto con la G-2,
no con la tropa”.
La entrega de información:
“A los 25 días me descontrolé y empecé a hablar. Definitivamente
tenía conocimiento de algunos recursos de guerra y en medio del des-
control y de la golpizas llevé a los elementos a uno de los subterrá-
neos. Uno buscaba que se diera un desenlace, al menos que lo elimi-
naran ahí mismo o que encontrara un espacio y zafarse. La meta era
no afectar a ninguna otra persona. La fecha no la recuerdo, fue des-
pués de la Semana Santa, la ubiqué por el radio y la música. Unos
días después de la Semana Santa me llevaron al subterráneo, me pu-
sieron ropa camuflada, yo no me daba cuenta de lo que se estaba
tramando. Yo ya había hablado de ese recurso y que sabía el lugar
exacto. Cuando me di cuenta, como a las dos de la mañana, me fue-
ron a sacar, me pusieron el uniforme. Como dos días antes me aflo-
jaron un poco la posición, me recostaron en la cama, era para acon-
dicionarme, para poder caminar. Me metieron en el camión con los
ojos vendados y las manos engrilletadas atrás. En el camino me di-
jeron, ‘vamos a conocer el lugar’. Cinco elementos se fueron conmi-
go además de 40 elementos de tropa. Yo iba en medio de una escolta
de 4 elementos. Me pusieron un mochila en la espalda que pesaba y
era para obstaculizar mi huida”.
“Llegamos al lugar con la idea que yo si podía, me iba a zafar o que
me ejecutaran. Con la mochila en la espalda me amarraron un lazo
a la cintura y uno de los elementos me sujetaba. Efectivamente esta-
ba un recurso de guerra en el lugar. Lo capturaron y regresé a la mis-
ma zona militar. En el subterráneo había minas pertenecientes al
137
EGP. A partir de ahí me comenzaron a cambiar un poco de posición,
a veces me dejaban en la misma posición, otras veces me dejaban des-
cansar un poco. Seguían las sesiones para hablar de gente, de casas y
lo que yo conozco”.
El traslado a la ciudad de Guatemala:
“Más o menos en junio, entre el 1 y el 5 de junio, me sacaron de la
zona militar. Tampoco fui advertido de la salida. Sólo como dos o
tres días antes me sacaron y me bañaron, me llevaron al baño para
engañar, y después por la mañana, como a la nueve, me dijeron que
me iba a ir a otro lugar. En esa situación no era normal ese compor-
tamiento y dije, ‘de plano es el momento de la ejecución’. Me trasla-
daron a la capital. Me sacaron del compartimento, me aflojaron un
poco la venda, me metieron en un carro de doble cabina. Ahí cono-
cí por primera vez el interior de la zona militar. En ese carro me lle-
varon entre dos hombres armados; el que pilotaba era un nuevo ma-
yor de la G-2. Me fueron a dejar donde estaba el helicóptero. Lleva-
ba un grillete de la mano suelto. El objetivo era que salir del carro al
helicóptero fuera normal: ‘al llegar al helicóptero vas a dar la mano
al jefe que está ahí como si nada; con la otra mano tapa los grilletes’.
En el helicóptero estaba un G-2, Lámpara o Chando, me saludó y
me recibió; ‘que tal, ya conozco de vos’, me dijo. Vamos para otro lu-
gar. Me metieron al helicóptero. Se fueron otros dos elementos con-
migo. Me volvieron a poner los grilletes”.
“Así me trajeron hasta La Aurora, donde me mantuvieron un buen
rato, al poco tiempo llegó un carro blanco y me metieron en él. Me
quitaron los grilletes y tapado con una toalla me vuelven a amarrar
otra vez. Ya cambiaron los guardias, ya venían otros dos en el carro, y
yo en medio, el piloto y otro. No me vendaron los ojos. Me los venda-
ron de nuevo en el puente Belice y me embrocaron otra vez en el asien-
to. Después llegué a conocer que estuve en el Cuartel General de la
PMA en la zona 6”.
La estancia en el cuartel de la Policía Militar Ambulante:
“Al llegar estuve en un sanitario por un día y una noche. Me trajeron
un poco de comida y me interrogaron, después me llevaron a un cuar-
tito donde había una litera. Allí estuve como tres meses. Hasta alre-
dedor del 8 de septiembre estuve en la PMA. El trato fue diferente, so-
bre todo la presión psicológica. El interrogatorio siguió, ya sabían mu-
138
chos datos de mí y que yo estaba trabajando más con la población
campesina. La presión fue para entregar por lo menos una persona y
quedarme trabajando para el Ejército y que si no lo hacía me ejecu-
tarían. Durante ese tiempo me sacaron varias veces a la calle en un
carro, me tapaban los ojos al salir y después me quitaban la venda.
Querían que si veía a alguien lo denunciara”.
“Una vez me llevaron a un basurero; fueron tres veces, pero la más
fuerte fue la segunda. Salimos como a las cuatro de la tarde, me lle-
varon a este basurero, en el carro iban tres elementos armados más el
piloto. Como a las cinco y media, o las seis, nos fuimos para una zo-
na residencial, más o menos calculo que queda por la zona 7; cuan-
do ya estaba oscureciendo dos elementos dijeron que ese era el día de
mi ejecución. ‘Tú te vas a quedar en uno de estos basureros’. Ya había
oscurecido, metieron el carro en un barranco, en la mera orilla, y em-
pezaron a preparar sus armas, uno con Galil y el resto con pistola. Pla-
ticaban cómo ejecutarme. Lo importante era que cayera por el ba-
rranco. Yo estaba sentado. Después me mandaron salir, los pies no me
los tenían engrilletados, sólo las manos; tomé la decisión de no salir,
hasta que me sacaron. Abrieron las dos puertas pero no salí, me aga-
rró uno de la mano pero comencé a forcejear. Comenzaron a titubear.
‘Ahí viene la Policía, no podemos hacerlo ahora’. Se metieron otra vez
y nos fuimos. Decían que no era posible porque la jodió la policía. Se
comunicaron por radio y nos regresamos. Eran como las seis y media
de la noche”.
“La otra ocasión me llevaron hasta Mixco, en un basurero igual,
siempre dando a entender que era el momento de mi ejecución. Las
salidas normalmente eran en la mera tarde. Las presiones más gran-
des eran de la familia, porque yo a esas alturas ya no estaba normal,
yo tenía descontrol, tenía sueños raros, era terrible porque no sabe
uno qué día llega el momento de la ejecución. No sé cuál fue el pro-
cedimiento pero tuve una visión. Un día estaba en un cuarto, lo que
me decían era que una mi hermana estaba ahí y para que creyera,
‘no la vas a ver cualquier día de estos’. Un día como a las dos o tres
de la tarde estaba en un cuarto bien cerrado y abrieron un poquito
la puerta. La guardia era permanente, de día y de noche, con el ra-
dio prendido. Ahí llegaban a dejarme la comida; dejaron abierta la
puerta, y en otro cuarto había más gente secuestrada. Cuando me
metían en el cuarto me quitaban la venda. Alcancé a ver que pasa-
ba una mujer con las mismas características de mi hermana. La lle-
139
vaban los guardias, y comenzaron a preguntarle algo. Era la voz de
mi hermana, platicaban con ella, le decían que no tuviera pena por-
que iban a averiguar dónde estaba, y me metí en la cabeza que era
mi hermana. Después supe que mi hermana no estuvo ahí. Eran for-
mas de presión psicológica cuando llegaban a preguntarte cosas a al-
tas hora de la noche...”
“Sabía que era de día porque de día se escucha la bulla. El cuarto es-
taba completamente cerrado y la luz estaba permanentemente encen-
dida. Estuve en tres cuartos distintos, dos iguales y el tercero que era
como una sala. El movimiento era para reubicar a las personas. Estu-
ve en un dormitorio salón, ahí me di cuenta que había otro. No esta-
ba seguro porque usan muchas formas de engañar a las personas, co-
mo que era otra persona capturada. Estaba como a tres metros en otra
litera con los ojos vendados y también él estaba amarrado a la cama.
No sé cuánto estuvo con los grilletes, no en la posición de colgado por-
que de día sólo sujetan a uno, pero de noche sujetan a los dos de es-
paldas. Una recomendación dieron desde el principio: nada de ha-
blar, pero de alguna manera intercambiamos algunos mensajes. Me
preguntó qué había pasado, pero uno mantenía la desconfianza. ‘Yo
también soy del partido’, decía, ‘llevo varios meses también’. Eso fue lo
único que pudimos conversar, también decía que estaba muy enfer-
mo. Estando en ese lugar supe que ahí estuvo Maritza Urrutia, la
maestra universitaria. Tuve datos porque yo estaba en la cama escu-
chando que conversaban con una mujer en el cuarto de al lado, di-
ciendo que estábamos en dificultades, que ésta sí iba a dar problema.
Como a los días sacaron a la mujer y llegué a ver que ella tenía la ro-
pa que en la prensa se había reportado que tenía: un suéter corinto
blanco. En ese momento yo no sabía quién era pero dos días después,
para presionarme para que declarara, me llevaron varios recortes de
prensa de casos de gente que se había presentado en la prensa. Me ha-
blaron de Danilo Rodríguez, Maritza Urrutia ... estuvieron otros pe-
ro no pude ver. Había otra persona que estaba en la ORPA, eran co-
mo cuatro cuartos seguidos y ahí los mantuvieron. Estuvieron otras
personas que se veían que las estaban interrogando pero no las alcan-
cé a ver”.
“A finales de agosto comenzaron a presionarme para que hablara en
contra de la URNG y de las organizaciones populares, trabajaba de
cerca con el GAM, CONAVIGUA, CERJ ... trabajaba para la am-
pliación de sus bases. Tenía que hablar en contra del movimiento
popular ya que si no lo hacía ... Además decían ‘en estos momentos
140
es verdad que hay ciertos cambios pero el Ejército está cambiando,
pero por otro lado hay mucha gente que es necesario que apoye con
esto”.
“En septiembre me acogí a la amnistía. En septiembre, bajo presión,
porque era la única salida que me quedaba. Ahí retomé las fechas por
el radio que tenían prendido. A finales de agosto se entrevistó una
persona conmigo, con la cara tapada, era coronel o general. Me ha-
bló de todos mis datos, ‘lo que te decimos es que te presentes a la pren-
sa, nunca digas que te capturaron sino que tu te has entregado por
problemas internos de la URNG, en todo caso será como una basu-
ra más’, fueron como dos entrevistas. Esta entrevista fue filmada por-
que en la primera entrevista me dijeron que iba a ir a una entrevis-
ta con una persona y me encerraron en un cuarto. En la capital,
quienes más se comunicaron fueron Chando y Chocha. Filmaron
esa entrevista y después llegó este coronel o general nuevamente como
a convencerme. Fue cuando me entregaron los recortes”.
Regreso a la zona militar:
“En septiembre me trasladaron nuevamente a la zona militar, siem-
pre saliendo con los ojos vendados del cuartel de la PMA y en un ca-
rrito. Como a las 6 llegamos [a la zona] por tierra. Entramos en la
zona militar, me volvieron a vendar los ojos y me metieron en el mis-
mo compartimento”.
Acto de acogida a la amnistía:
“El 9 de septiembre me llevaron al Juzgado de Paz. Antes habló con-
migo el comandante de la zona militar y me dijo: ‘Ahorita te traji-
mos aquí para que te presentes, está todo arreglado’. Quise hablar con
mi familia pero me dijo que no hasta que no esté todo solucionado.
‘Tu vas al Juzgado y vas a decir que te has rendido y que fue en tal
fecha, pero no vayas a decir lo que te pasó porque si no cuando salgas
los guardias te van a matar’. En la zona militar, el más pegado a mí
fue Camacho, el mayor de la G-2. Hubo trato con la PDH. Me lle-
varon en un carro como cinco minutos, ya sin venda, ni grilletes. Ahí
fue cuando conocí cómo era el lugar. Salimos del carro. Llegamos al
Juzgado, primero tuvimos que pasar a la auxiliatura, pero me acom-
pañó el oficial de la G-2 y de la G-5. ‘Vamos a hablar con el licen-
ciado y vos debés decir que te entregaste y tu declaración’. En la auxi-
liatura ya no estaba el licenciado, así que nos fuimos al Juzgado. Ahí
me encontré con el licenciado y le dije, ‘tengo problemas, esto no es
141
normal’, él dijo: ‘está en tus manos lo que declarés’, y rápidamente se
pegaron los dos oficiales. Llega el juez y pregunta, ‘¿es usted quien va
a declarar?’, pero los que más dirigieron las preguntas fueron los pe-
riodistas y fundamentalmente el de la G-2. En ese momento no pude
decir lo que realmente había pasado. Dije que había desertado. Al fi-
nal de las declaraciones a la prensa fueron las declaraciones al juez,
porque al lado de los periodistas estaban el juez y el secretario. No hu-
bo espacio para decir lo real. Los periodistas eran sobre todo un equi-
po de la zona y estuvieron el juez y el secretario. También estuvo el re-
presentante del MP. El del MP dijo, si ya todo está arreglado, para
qué, peor es salir en la prensa como un desertor de la guerrilla. Des-
pués de todo esto le dieron mucha importancia a la publicidad”.
“Terminando con ellos todos se retiraron. Los dos mayores me dejaron
solo. Yo fui al juez y le dije, ‘esto no es normal, yo quiero que se levan-
te un acta’, pero me dijo, ‘mirá, no me vas a echar el trabajo que he
hecho. Si yo cambio me voy tras de vos y ya sabes cómo son las cosas’.
No se comprometió a revisar el caso aunque yo quise dar una versión
más real. Yo pedí que hubiera alguno de mis familiares pero no acce-
dieron. Yo me sentí totalmente inseguro y pensé en mi familia. ¿Estará
mi mamá en la zona? ¿Y mi compañera? Uno piensa en sus seres que-
ridos. Una de las condiciones era que no me quedara en manos de la
auxiliatura y ni que las iglesias me acogieran. Ya terminando me dije-
ron, ‘nos vamos”.
Regreso a la zona militar:
“Regresé a la zona militar. De haber estado un familiar ahí hubiera vis-
to una salida. Así que yo llegué a la zona militar nuevamente. Desde
septiembre hasta noviembre estuve en la zona militar bajo vigilancia. El
lugar fue el mismo donde me mantuvieron secuestrado. Durante el tiem-
po que estuve siempre me mantenían en el cuarto donde permanecí an-
tes, pero ya no estuve vendado ni con grilletes, sin embargo no podía sa-
lir fuera. Salí varias veces a la calle bajo vigilancia y me regresaban de
día, hasta el 5 de octubre me dijeron ellos que tenía la posibilidad de
hablar con mis familiares. Como saben el día que vienen los familia-
res, pero sólo para ir a mostrarte y va la guardia. Sólo va a mostrarte,
a decir que estás bien y que estás en la zona, ‘vas a hablar con ellos y
de ahí deciles que te vayan a visitar’. Les dije que estaba retenido en la
zona, si podían intervenir. La familia había hecho trabajo de denun-
cia, tenía una hermana trabajando en Majawil Q´ij y en CONAVI-
GUA. En la mesa de negociación hablaron de mi caso. En la zona me
142
dijeron que no habían detenido a mi familia, que era parte de lo que
me tenían que decir, pero que sí habían estado bajo control en la ca-
sa y en la venta y que llegaba gente extraña para vender. Lo mismo a
mi mujer que estaba en Sololá con su papá”.
Recurso de exhibición personal:
“Después se presentó un recurso de exhibición personal. Cuando se lle-
gó a presentar, a mí no me comunicaron nada; sólo llegué a saber por
un guardia Ixil que por ser analfabeto me pedía que le escribiera el
nombre y me dijo que había venido gente a buscarme con abogados.
Al día siguiente de la exhibición personal me llevaron al juzgado y
planteé que no quería estar ahí porque la insistencia era que yo me
quedara trabajando ahí, con la G-2 y la G-5. Fui al juzgado con el
segundo de la G-2, fue también el de la G-5 y el comandante de la
zona. Llegamos, ya la entrevista fue ligeramente formal, planteé que
quería el apoyo de la PDH, presencia de mis familiares y el apoyo del
juez para esclarecer el caso. El comandante de la zona no lo aceptó
porque ‘este señor directamente se nos entregó, cómo cambian las co-
sas, porque la mamá estaba involucrada y era miembro de CONAVI-
GUA’. De regreso el juez dijo que me convenía no cambiar las cosas,
que era mejor que estuviera un tiempo más ahí. El que sí contribuyó
fue el secretario. El insistía ante el juez, ‘no nos conviene no escuchar-
lo, sería conveniente que venga la familia’, pero el juez decía que no
se podía cambiar, ‘te regresas a la zona y ahí vemos cómo lo hacemos’.
Uno de los señores me comentó que me iban a trasladar para otro
cuartel porque había problemas”.
Huida de la zona militar:
“El 8 de noviembre salí de la zona militar escapado, no autorizado.
Como estaba en el compartimento solo podía moverme por dentro pe-
ro siempre estaba vigilado. El movimiento más oportuno era meterme
en la oficina de la auxiliatura y ahí acogerme. El 7 de noviembre to-
dos los miembros salieron y se quedaron sólo dos de la guardia. Uno
tomó la decisión de irse a comprar, era el más experto en vigilancia. El
que se quedó conmigo se echó a dormir. La idea mía era salir y, pasa-
ra lo que pasara, salir de esa situación. Comprobé varias veces que el
guardia estaba dormido. Salí del compartimento y como ya más o me-
nos había conocido los interiores del cuartel, además era domingo, día
de visitas, y por la tarde sale gente de franco, me atreví a caminar, a
salir de la zona de visitas, porque como nadie conoce a los prisioneros,
143
la tropa sólo sabe que están ahí. Estuve un rato en la sala de visitas y
como también salió la tropa, yo aproveché para meterme como estaba,
de civil, así salí de la zona militar el 8 de noviembre”.
“Traté de buscar comunicación con el obispo. Me dirigí a la casa del
licenciado de la PDH, afortunadamente él estaba ahí. Ya no me re-
conocía. Me recibió y me acogió en su oficina. Llegué a las dos o tres
de la tarde a su casa, ahí me acogió y se comunicó con las oficinas cen-
trales. Lo que me pidió fue que no saliera y dijo que lo que se había
dado era normal, como en todos los casos, con la gente se que se estaba
amnistiando, que él mismo había recibido presiones de la Institución
Armada y que no había encontrado el espacio para accionar. Me mos-
tró todo el expediente de mi caso y me dijo: ‘te voy a ayudar. Si tienes
algún conocido te recomiendo que llames a alguna gente para que te
apoye alguna organización’. Me comuniqué con el CERJ, tenía cono-
cidos. Al principio él tuvo temor. ‘Si el Ejército descubre que te en-
cuentras aquí esto va a ser un grave peligro para mí’. Lo más correc-
to era que yo me fuera a buscar a los conocidos del CERJ. No se com-
prometió a acompañarme. Llegué a las oficinas del CERJ y me comu-
niqué. Me dieron el apoyo. Ellos me acompañaron nuevamente hasta
las oficinas de la auxiliatura y en su presencia se levantó un acta. Los
del CERJ firmaron también. Fue como a las cuatro de la tarde. El
mismo licenciado confirmó que me estaban buscando. Yo estuve en la
oficina hasta las tres de la mañana que vino una comisión de la PDH
a recogerme y en la madrugada me trasladaron. Vino el director del
departamento de investigaciones. Estuve en la oficina de la PDH los
tres días siguientes. Di las declaraciones, se firmaron los documentos,
no podía mantenerme ahí, y que yo opinara qué era lo recomendable.
Se solicitó el apoyo del Instituto Santiago y me ubicaron ahí como re-
fugiado. Ahí estuve cinco días y siempre me visitaba el director del de-
partamento de investigaciones de la PDH. Pude contactarme con mi
familia. Tuve una entrevista en la oficina, Ramiro [de León Carpio]
tenía que hablar conmigo pero no pudo y entonces hablé con la pro-
curadora adjunta. Llegó mi familia, un amigo y el abogado. Al final
salí a México unos meses”.
1150.
La utilización de “prisioneros”, expresión utilizada en Guatemala
para referirse a las personas obligadas a trabajar de manera ilegal y clandes-
tina con la Inteligencia, tuvo diferentes modalidades. Teniendo en cuenta
que esta práctica fue utilizada con alguna frecuencia por la Inteligencia, a
continuación se presentan otros casos, con el objeto de ilustrar estas dife-
rentes modalidades:
144
1151.
Hubo casos en que las personas capturadas fueron obligadas a tra-
bajar de manera pública con el Ejército y posteriormente continuaron co-
laborando con la institución, como es el caso del jesuita Luis Eduardo Pe-
llecer Faena, quien fue presentado por el Ejército en una conferencia de
prensa el 30 de septiembre de 1981 como desertor del EGP. De acuerdo
con el criterio de la propia Compañía de Jesús, el sacerdote fue objeto de
un “lavado de cerebro” mediante sofisticadas técnicas de tortura.
1152.
También se presentaron casos en que las personas capturadas fue-
ron obligadas a trabajar de manera pública con el Ejército, pero después se
fugaron, como es el caso del indígena Emeterio Toj Medrano,
337
miembro
del CUC, detenido en Quetzaltenango el 4 de julio de 1981 por miem-
bros de Inteligencia. Así describe la víctima algunas de las torturas que le
infligieron:
“Me acostaron enchachándome los pies y las manos a los extremos de
la cama, enrollaron unos alambres en los dedos de mis pies y mis ma-
nos. A una seña de aquel esbirro, conectaron los alambres al tomaco-
rriente. En medio de aquellos terribles golpes eléctricos me fue interro-
gando aquel maldito oficial ... Me dieron muchos choques eléctricos
... El enfermero me inyectó una solución como de 5 cc. Al instante me
empezó a dar vueltas la cabeza, tal como si estuviera borracho ... Des-
pués de aquellas terribles torturas, me enchacharon las manos hacia
atrás y también me enchacharon los pies, y con otro par de chachas
juntaron mis pies con mis manos hacia atrás, quedando horriblemen-
te castigado con el cuerpo doblado hacia atrás; enseguida amarraron
un lazo a la chacha que servía de unión entre mis manos y pies, y así
me introdujeron a un horno ... La pequeña entrada al horno queda-
ba vigilada de día y de noche por esbirros que tenían también la mi-
sión de maltratarme a cada rato, de día y de noche, jalándome con el
lazo amarrado a las chachas que unían mis pies y mis manos y luego
empujándome con un palo hacia adentro. Cada jalón me producía
fuertes dolores, se me hincharon y se me ensangrentaron las muñecas
de las manos y los tobillos ... dentro del horno había un objeto de me-
tal que pudo ser un pedazo de chasis o una olla de peltre con que a
cada rato hacían un ruido fuerte ... No contentos con tanto daño,
también lanzaban desde unos agujeros en la parte de arriba de la pa-
red del horno, un ácido para hacer insoportable el ambiente y para
quemarme el rostro con esas gotas. Yo me di cuenta de esa maldad, es
decir, de querer quemarme el rostro con ese ácido, y discretamente no
daba lugar a eso. Pero para completar la maldad de quienes dirigie-
145
337 CI 98. Julio, 1981.
ron la tortura, también me torturaron de hambre, de sed y de sueño
durante aquellos largos días de tormento...”
338
1153.
Luego de ser torturado fue obligado a trabajar de manera pública
con el Ejército. El 22 de octubre fue presentado en una conferencia de
prensa en la que planteó su deserción voluntaria al EGP criticando dicha
organización y manifestando su decisión de acogerse a las fuerzas de segu-
ridad. El 26 de noviembre el EGP anunció que el dirigente del CUC se
había fugado del Cuartel General Justo Rufino Barrios, que hasta el 22 de
octubre fue torturado física y psicológicamente y que fue obligado a parti-
cipar en la conferencia de prensa bajo la amenaza de asesinar a su familia
y de bombardear algunas aldeas donde había trabajado. El 3 de diciembre,
guerrilleros del EGP se tomaron por varios minutos cinco emisoras radia-
les en la capital, para transmitir un mensaje con la propia voz de Toj don-
de señalaba lo ocurrido.
1154.
Ocurrieron casos en que las personas capturadas fueron amnistia-
das y posteriormente liberadas, como es el caso de Maritza Urrutia, del
cual ya hicimos referencia. También se documentaron casos en que las per-
sonas capturadas fueron obligadas a trabajar de manera ilegal y clandesti-
na con el Ejército, y después se fugaron, como el de Santiago Cabrera Ló-
pez, conocido como Carlos, miembro de la ORPA, que fue capturado el 8
de marzo de 1991 y que se fugó el 22 de diciembre de 1992. Hubo otros
en que las personas capturadas y posteriormente amnistiadas se vincularon
formalmente al Ejército y luego se fugaron, como es el caso de Santiago
Lux Imul, conocido como Eliseo, quien el 17 de agosto de 1994 fue am-
nistiado, en septiembre de 1994 estuvo de alta como soldado en la zona
militar 1715 de Quetzaltenango y en marzo de 1995 se fugó. Acontecie-
ron casos en que las personas capturadas se vincularon formalmente con el
Ejército, como el caso de Karina, miembro de la ORPA, quien fue captu-
rada el 8 de marzo de 1991 junto con Santiago Cabrera López, y que des-
pués causó alta como soldado en la zona militar 18 de San Marcos.
339
1155.
Hubo casos en que las personas capturadas fueron desaparecidas
forzosamente como el de Efraín Bámaca Velásquez, conocido como el co-
mandante Everardo, del Frente Luis Ixmatá de la ORPA, que fue captura-
do el 12 de marzo de 1992 por miembros del Ejército pertenecientes a la
Fuerza de Tarea Quetzal. Aunque la información oficial dice que murió en
combate, las evidencias demuestran que fue capturado con vida, tortura-
do, detenido en forma clandestina en diferentes unidades militares con el
objeto de obtener información sobre la organización a la que estaba vincu-
146
338 Testigo CEH.
339 Contrariamente, el Ejército de Guatemala indica que ella se presentó en forma voluntaria.
lado y que posteriormente fue ejecutado y enterrado en un cementerio
clandestino.
340
1156.
Esta práctica de la utilización de personas capturadas de las orga-
nizaciones guerrilleras por parte del Ejército, tuvo exitosos resultados para
combatir a la guerrilla. Un ex comandante de la ORPA lo refiere en estos
términos:
“Son compañeros que conocían las organizaciones guerrilleras, mu-
chos de ellos conocían gente de la resistencia, de la milicia nuestra, co-
nocían rutas de abastecimiento, métodos de abastecimiento, métodos
de operar, bases guerrilleras y eso sí nos ocasionaba un riesgo y un pe-
ligro mayor, pero eso sí fue un avance sustancial, en ello verdad, del
tratamiento de la gente que capturaban”.
341
1157.
En fin, lo que esta amplia gama de casos demuestra es que algunas
personas capturadas corrieron mejor suerte, porque fueron liberadas o lo-
graron fugarse de sus captores. El propósito de mantener con vida una per-
sona era contar con una fuente de información de manera indefinida y si
en el lapso de su cautiverio se presentaba algún inconveniente para la ins-
titución militar la persona era eliminada físicamente.
IV. OTRAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO
1158.
Además del Ejército de Guatemala, otras fuerzas de seguridad del
Estado también participaron en el enfrentamiento armado. Aunque el pa-
pel de estas fuerzas no tuvo las dimensiones ni la importancia que jugó el
Ejército, no se debe dejar pasar por alto su vinculación al enfrentamiento.
La Policía Nacional y la Guardia de Hacienda fueron estos cuerpos de se-
guridad.
La Policía Nacional
1159.
En 1954, en reemplazo de la Guardia Civil, se crea la Policía Na-
cional como institución del Estado de carácter civil encargada de velar por
la seguridad de las personas y de sus bienes, mantener el orden público y
prevenir y perseguir la delincuencia. La reestructuración de este nuevo
cuerpo se hizo el 28 de junio de 1955 cuando por Decreto 332 se expidió
la Ley Orgánica de la Policía. En dicho decreto se creó el cuerpo de detec-
tives, con las funciones de investigación, persecución y aprehensión de los
147
340 CI 81. Marzo, 1992.
341 Entrevista de la CEH con miembros de la URNG, 23 de enero de 1998, pg. 17.
delincuentes y prevención de los delitos,
342
entre otras. Los integrantes de
este cuerpo eran conocidos popularmente como los “judiciales”, califica-
ción que se sigue utilizando hasta la fecha para los policías que realizan
funciones “judiciales”.
343
1160.
A partir de 1954, con la creación del Comité de Defensa Nacional
contra el Comunismo, los “judiciales” contaron con la facultad de captu-
rar a las personas “marcadamente comunistas del régimen anterior que cons-
tituyen un peligro para el desarrollo normal de las actividades del país”.
344
En
1956, en reemplazo del Comité de Defensa Nacional contra el Comunis-
mo, se creó la Dirección General de Seguridad Nacional que operó bajo la
dependencia directa del Ministerio de Gobernación. Bajo la jurisdicción y
mando de esta dirección se ubicó la Policía Nacional y se ordenó la trans-
ferencia de “toda la papelería, registros, libros y archivos pertenecientes al Co-
mité de Defensa Nacional Contra el Comunismo .... al Departamento de Se-
guridad”
345
de la Dirección General de Seguridad Nacional. También con
el Decreto 563 de 1956 los “judiciales” pasaron a depender del Departa-
mento Judicial de la Dirección General de Seguridad Nacional.
1161.
Esta nueva Dirección contó, entre otros, con el Departamento de
Seguridad y el Departamento Judicial. El Departamento de Seguridad te-
nía como mandato específico la persecución de los delitos contra la segu-
ridad del Estado y el orden público. Al Departamento Judicial se le enco-
mendó el seguimiento de la investigación de la “delincuencia común”.
346
El
personal de estas dos secciones “únicamente está obligado a identificarse en
los casos de captura, allanamiento o registro y cuando para ello fuere requeri-
do por autoridad competente”.
347
1162.
El Departamento de Seguridad de la Dirección se integró a su vez
por dos secciones, la del Servicio Secreto y la de Defensa contra el Comu-
nismo. El Servicio Secreto tenía como funciones, entre otras, las de “reali-
zar investigaciones confidenciales encomendadas por los distintos organismos
del Estado; investigar, denunciar y prevenir los hechos delictuosos contra la se-
guridad del Estado y el orden público...”
348
y el Servicio de Defensa contra el
148
342 Decreto 332-55, Artículo 25.
343 Esta expresión debe tener su origen en la dependencia de la antigua Guardia Civil que se deno-
minaba Departamento de la Policía Judicial.
344 Decreto 23-54, Artículo 2. La efectividad de dicho comité fue complementada con las siguientes
disposiciones: Decreto 39 del 28 de julio, que lo facultaba para aplicar medidas de detención por
30 días, libertad vigilada, residencia forzada y expulsión de extranjeros; Decreto 51 del 12 de ju-
lio, referente al procedimiento penal contra aquellas personas susceptibles de haber violado los
derechos humanos durante el régimen arbencista “desde que era inminente la lucha armada hasta
el derrocamiento de los comunistas”; Decreto 59 del 29 de julio o Ley Preventiva Penal contra el
Comunismo, que creó un registro “organizado temáticamente de todas las personas que en cualquier
forma hayan participado en actividades comunistas”, y el Decreto 99 del 27 de septiembre, que dic-
taminó la pena de muerte por actividades de resistencia que sean susceptibles de ser consideradas
comunistas.
345 Decreto 553-56, Artículo 23.
346 Decreto 553-56, Artículo 11.
347 Decreto 553-56, Artículo 10.
348 Decreto 553-56, Artículo 7.
Comunismo tenía como funciones entre otras las de “investigación, control,
vigilancia, denuncia y persecución de las actividades comunistas ... llevar el re-
gistro de personas [que] en cualquier forma hayan participado en actividades
comunistas ... efectuar capturas o detenciones y consignar [los detenidos] a los
tribunales de justicia...”
349
1163.
Esta noción del anticomunismo fue aplicada por los “judiciales”
durante el enfrentamiento armado:
“Por entonces [hacia finales de 1980 en Chiché, Quiché] Ejército y
‘judiciales’ ya acusaban de mala gente que trae ideas comunistas de
Cuba, a los guerrilleros, a miembros del CUC o de cualquier otra ex-
presión organizada”.
350
1164.
Hacia mediados de la década de los sesenta se empezó a manifestar
la intervención y control
351
del Ejército en la Policía. Este control se mani-
festó a través de la militarización, que siempre fue una de las características
de la Policía. La mayoría de los policías fueron ex militares. En la época del
general Chupina, director de la Policía bajo el Gobierno de Lucas García
(1978-1982), quien no había prestado servicio militar no podía ser policía.
1165.
Otra forma en que se ha manifestado dicho control es que la Poli-
cía remitía copias de sus reportes diarios de novedades entre otras a la Di-
rección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Los
cuerpos regionales de la Policía lo hacían a su vez a las zonas militares res-
pectivas. Incluso algunos reportes de “seis horas” y reportes confidenciales
se transmitían también de manera verbal al Ejército. En fin, como lo dice
un manual de guerra irregular, uno de los procedimientos generales de las
operaciones contraguerrilleras del Ejército consistió en disponer de la Po-
licía civil existente.
352
1166.
Aunque a principios de la década de los sesenta se presentaron re-
formas importantes en cuanto a las entidades competentes en el registro de
información de los comunistas, en la práctica el Departamento de la Poli-
cía Judicial siguió funcionando y sólo fue el 3 de noviembre de 1970 que
se formalizó la creación del Cuerpo de Detectives. Un ejemplo de la parti-
cipación de la Policía en la represión durante los primeros años de los se-
tenta es el siguiente testimonio:
149
349 Decreto 533-56, Artículo 8.
350 C 2368. Diciembre, 1980. Chiché, Quiché.
351 Este control es una de las razones que ha impedido una adecuada profesionalización de la insti-
tución.
352 Ejército de Guatemala, Centro de Estudios Militares, Escuela de Aplicación de Armas y Servi-
cios, Guerra irregular, pg. 51.
“En enero del 72 yo quedé de reunirme con... Nos citamos en el cen-
tro de la ciudad en la 8a. avenida y 10a. calle de la zona 1. Cuando
yo estaba allí esperando ... porque íbamos a ir a almorzar me detu-
vieron tres agentes de la judicial; me pusieron una pistola, no recuer-
do si en la espalda o en el pecho. En todo caso me llevaron hacia un
vehículo que tenían estacionado por allí en la 10a. calle y 8a. aveni-
da. A un lado tenían estacionado el carro. Me introdujeron con lujo
de fuerza y luego me llevaron a la judicial en la 14 calle y 6a. aveni-
da ‘A’ final”.
“Allí me pusieron la capucha, la tortura consistía en que lo amarra-
ban a uno de pies y manos, boca abajo, con la espalda arqueada, las
manos agarradas por detrás, con las piernas dobladas, y luego le po-
nían a uno, no propiamente una capucha, sino un pedazo de hule de
llanta a manera de, cómo decir, riendas de caballo, que me cubría to-
da la cara, y entonces el que estaba torturándome se montaba encima
de mí y me jalaba la cara con la llanta esa. Obviamente el hule se me
pegaba a la cara y no podía respirar. Entre tanto uno o dos de los
agentes me pateaban el estómago y los costados para que yo sacara to-
do el aire”.
“Todo el interrogatorio giró sobre por qué me había citado con ... que
también estuvo entre los capturados del año 71 ... Prueba de que los
vigilaban era que a él lo agarraron y les comentó que se iba a reunir
conmigo y por eso fue que a mí me capturan. A él lo capturaron unas
dos horas antes cuando iba saliendo de la casa de uno de sus herma-
nos ... El caso es que a él lo agarraron, lo capturaron, lo torturaron
dentro del vehículo y les dijo que se iba a reunir conmigo...”
“Después de eso me trasladaron, tirado en el piso del carro en que me
capturaron ... al Cuarto Cuerpo de la Policía Nacional ... Me metie-
ron en un cuartito donde guardaban madera. No era propiamente
una celda sino un cuarto cualquiera de la instalación policíaca. Des-
de las rendijas que habían en el cuartito podía ver yo a los policías. Es
decir, a mí no me cabía duda de donde estaba. Por lo menos en dos
ocasiones en que llegaron jueces a practicar recursos de exhibición por
mí, fui sacado con antelación por policías, agentes uniformados. En
varias ocasiones me trasladaron en vehículos de la Policía, que les lla-
maban las perreras, de manera precipitada, engrilletado me metieron
en la palangana del vehículo ... Y entonces la policía nos sacaba en lo
que el juez entraba por lo que obviamente no iba a encontrar a na-
die. Luego nos regresaban y nos metían”.
150
“Lo que tengo presente es que una noche de esas, como a la cuarta no-
che o quinta noche de estar detenidos, me sacaron de ese vehículo, me
vendaron los ojos y me llevaron a un cobertizo y llegó una persona a
la que nunca pude identificar. No le vi el rostro porque tenía la cara
cubierta, me hizo preguntas sobre mi familia...”
“De esta persona lo que recuerdo es que llevaba un papel en la mano
... y le dio órdenes a los ‘judiciales’ de que nos soltaran, de que nos de-
jaran libres ... dejarnos en libertad no fue tan sencillo. No nos pusie-
ron en la puerta del cuartel y nos dejaron ir, sino que nuevamente me
subieron al vehículo, ése donde me tuvieron varios días con las manos
amarradas con un tipo de nylon especial que yo entendí que lo usan
para esos pues, porque es una cuerda que se pega, que se engarza una
punta con la otra y es una especie de grillete de plástico. Y vendado,
antes de soltarme estuvieron rondando la ciudad y me advirtieron que
no debía ir a denunciar que había sido detenido por la Policía, que
al contrario, tenía que ir a la prensa en ese mismo momento, tenía
que ir a los periódicos a decir que con ... nos habíamos ido a pasear,
que nos habíamos fugado de la casa o cualquier cosa. Me fueron a li-
berar a la parte media del cerro del Carmen. Allí me pusieron boca
abajo, me dijeron que no me levantara hasta que hubiera contado
hasta cien. Yo conté hasta mil, nunca vi quiénes fueron los que me li-
beraron. Seguí las instrucciones de ellos porque había la amenaza de
que matarían a ... El apareció creo que un día después que yo. Ya no
lo tengo muy claro, pero no creo que hayamos aparecido de manera si-
multánea. Creo que ellos esperaron a ver cuál era mi reacción”.
353
1167.
En 1973 se creó la Sección de Policía Judicial, como “un cuerpo téc-
nico de investigación de los hechos punibles y de descubrimiento de los respon-
sables, que bajo la dirección del Ministerio Público funcionaría adscrita a la
Dirección General de la Policía Nacional”.
354
El personal de esta Sección se
le conocía también con el nombre de los “judiciales”. El reglamento de la
Sección de la Policía Judicial fue expedido con el Acuerdo Gubernativo 5-
76 del 21 de enero de 1976.
1168.
A partir del Gobierno de Romeo Lucas, el Ministro de Goberna-
ción, el director del Cuerpo de Detectives, el director de la Policía y el di-
rector del Comando Seis, institucionalizaron prácticas irregulares e involu-
craron a estos diferentes cuerpos policiales en el enfrentamiento armado:
151
353 C 968. Enero, 1972. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
354 Acuerdo Gubernativo 5-76, Artículo 1.
“La que más estragos causó aquí en la población y a la que se le tenía
mucho miedo era a la Policía Nacional, porque en esa época, unos
días antes que asumiera el Gobierno Ríos Montt, había aquí un equi-
po de policías que saber bajo qué consignas, porque no creo que haya
sido la consigna de la Policía Nacional, pero ellos sí masacraron gen-
te, por gusto nada más...”
355
1169.
Uno de los casos más connotados por su impacto y que contó con
la participación de varios cuerpos fue el de la Embajada de España. En la
masacre de la sede de la Embajada de España, el 31 de enero de 1980,
356
participaron elementos tanto de la Policía Nacional como de la policía ju-
dicial y de la propia G-2. En la ejecución arbitraria de Gregorio Yujá, in-
dígena maya de Uspantán, Quiché, sobreviviente de los hechos, participa-
ron miembros de la judicial. El 1 de febrero ingresaron al hospital Herre-
ra Llerandi donde se reponía de sus graves quemaduras, unos veinte hom-
bres armados, vestidos de paisanos, con guayaberas y sombreros de petate,
quienes se lo llevaron a la fuerza.
357
El 2 de febrero su cadáver fue arrojado
con señales de tortura frente a la rectoría de la Universidad San Carlos.
1170.
Denunciar públicamente a los “judiciales” en esos años produjo la
muerte de muchas personas que se atravieron a hacerlo. El alcalde de San
Pedro Sacatepéquez San Marcos, José Luis Juárez Romero, acudió a una
reunión de alcaldes en Retalhuleu en octubre de 1980. En esa oportuni-
dad, y en presencia del Ministro de Gobernación, denunció en forma ve-
hemente a los miembros de la Policía Judicial como responsables de hechos
ilícitos, denuncia que extendió al propio Ministro como máximo respon-
sable de las acciones policiales. Desde ese momento Juárez Romero co-
menzó a recibir amenazas anónimas de muerte, que se hicieron efectivas el
7 de enero de 1981, cuando frente a su residencia fue gravemente herido
por hombres armados. Siete días después, el 14 de enero, fue rematado por
cuatro individuos en el hospital nacional de San Marcos, a pesar de estar
custodiado por un miembro de la Policía Nacional.
358
1171.
Sobre el modus operandi de los “judiciales” en esos años señala un
testimonio recogido por la CEH en San Juan Comalapa, Chimaltenango:
“Los ‘judiciales’ eran los que secuestraban a la gente ... Cuando iban
por la gente, siempre iban con la cara tapada con pasamontañas los
que eran de Comalapa, para que no los reconocieran. Los que no se
152
355 Testigo CEH. (T.C. 58).
356 CI 79. Enero, 1980, Ciudad de Guatemala, Guatemala.
357 Ibid.
358 C 7311. Enero, 1981. San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.
les conocía, no. Usaban chumpas de cuero negras y siempre iban en
carros; usaban pick-up y un automóvil con vidrios polarizados, los
dos. Siempre era la judicial”.
359
1172.
En algunos municipios de Quiché la identidad de los “judiciales”
fue confundida con la de otras fuerzas represivas. En el municipio de Us-
pantán se confundían con los comisionados militares y con los miembros
de las Patrullas de Autodefensa Civil, aunque para algunos testigos fue
claro que muchos de los victimarios eran efectivamente “judiciales”.
360
En
el municipio de Chiché se confundían con los escuadrones de la muer-
te. La Mano Blanca es identificada por la gente como los “judiciales”, lo
cual se da a inicios del año ochenta y durante el ochenta y uno. Por ejem-
plo en los testimonios recopilados en este municipio, la gente habla de
que varias ejecuciones fueron realizadas por “judiciales”, quienes se carac-
terizaban por vestir ropa de color negro, portando armas de fuego de al-
to calibre, entre otros casos se testimonia que los hechores fueron sujetos
desconocidos fuertemente armados. Este grupo fue el encargado de eje-
cutar a las personas señaladas por los comisionados militares o ayudan-
tes de éstos.
361
1173.
En 1982, el 7 de abril, fue disuelto el Cuerpo de Detectives (De-
creto-Ley 19-82) y en su reemplazo se creó el Departamento de Investiga-
ciones Técnicas (DIT), mediante el Decreto-Ley 20-82, Artículo 1, literal
IV. El 13 de julio del mismo año también se disolvió la Sección Judicial de
la Policía Nacional y sus funciones fueron asumidas por el DIT. Fueron
funciones del DIT: “prevenir e investigar los delitos; perseguir, aprehender y
consignar a los delincuentes a los Tribunales de Justicia; y aquellas otras obli-
gaciones derivadas de las leyes penales y de los reglamentos respectivos”.
1174.
Los miembros del DIT colaboraron con la Inteligencia en la rea-
lización de operaciones clandestinas. El 3 de febrero de 1983 una perso-
na fue detenida por tres hombres armados en la calzada Aguilar Batres,
a la altura de la 21 calle de la zona 11 de la capital. La víctima fue intro-
ducida en un vehículo, le fueron vendados sus ojos y fue traslada a las
instalaciones del DIT ubicado en la zona 10 de la ciudad capital Allí es-
tuvo en el cuarto del servicio sanitario hasta que fue conducido a otro lu-
153
359 Nuevo Diario, 16 de noviembre de 1979.
360 C 2791. Septiembre, 1981. Uspantán, Quiché. C 4049. Noviembre, 1980. Uspantán, Quiché.
Otro testimonio dice: “ya están controlando los ‘judiciales’ los mercados...” C 16792. Agosto, 1979.
Uspantán, Quiché.
361 C 2368. Diciembre, 1980. Chiché, Quiché.
C 2474. Septiembre, 1982. Chiché, Quiché.
C 2478. Marzo, 1981. Chiché, Quiché.
C 2145. Abril, 1981. Chiché, Quiché.
gar, donde pasó a manos de miembros de la G-2 que lo interrogaron y
torturaron.
362
1175.
Los cuerpos uniformados de la Policía Nacional también cometie-
ron violaciones de derechos humanos. El 21 de agosto de 1984 fue encon-
trado el cadáver de Domingo Sicay Cuá en un camino peatonal del can-
tón rural Tzanchaj, del municipio de Santiago Atitlán, Sololá. Según un
testigo directo, cuando él se encontraba trabajando en su terreno observó
que una motocicleta tripulada por dos agentes uniformados de la Policía
Nacional se detuvo en un recodo de la carretera; los policías se despojaron
de sus uniformes, se vistieron de civil, escondieron la motocicleta en el
cafetal y se agazaparon tras los arbustos; instantes después apareció en un
extravío Domingo Sicay Cuá. Los policías salieron de su escondite y, sin
mediar palabra, lo ejecutaron a quemarropa; posteriormente volvieron a
colocarse su uniforme policial y retornaron en la moticicleta por la carre-
tera de Atitlán.
363
1176.
En cumplimiento del Acuerdo Gubernativo 88-86, el DIT es
reemplazado por la Brigada de Investigaciones Especiales y Narcóticos
(BIEN). Dentro de esa dependencia se creó el Batallón Antisecuestros y
Desapariciones (BAD). Ambos cuerpos policiales actuaron con mucha in-
dependencia de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la De-
fensa Nacional.
1177.
Desde julio de 1987 hasta octubre de 1989 la Escuela de Poli-
cía estuvo suspendida. A pesar de que se argumenta que la suspensión
de la Escuela fue por su amplia corrupción y porque tenía una concep-
ción militarista en contraposición a una política de seguridad ciudada-
na, aspectos que fueron ciertos, no se puede desconocer que con esa
suspensión se tuvo el control personal en la selección de los nuevos
miembros lo que le permitió incluir personas de su entera confianza.
Sólo será hasta la llegada de Carlos Aníbal Méndez Cabrera a la Direc-
ción de la Policía en octubre de 1989, que se reabrió la Escuela bajo el
nombre de Academia de la Policía Nacional. En 1988 (Orden General
No. 076 del 17, 18 y 19 de junio) el BIEN es cancelado y en su reem-
plazo se creó el Departamento de Investigaciones Criminológicas
(DIC), (Decreto 332).
1178.
A principios de la década de los noventa se constituyó una uni-
dad de fuerzas combinadas entre la Policía y el Ejército, que se conoció
con el nombre de Fuerza de Tarea HUNAPU. En abril de 1992 en la
154
362 C 390. Febrero, 1963. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
363 C 4232. Diciembre, 1981. Santiago Atlitlán, Sololá.
preparación de la Huelga de Dolores, en la Universidad San Carlos en la
capital, miembros de la Fuerza de Tarea HUNAPU, dispararon contra
un grupo de estudiantes en inmediaciones de la antigua Facultad de Me-
dicina, ejecutando de manera arbitraria al estudiante Julio Rigoberto Cu
Quim. Por este hecho, seis miembros de la HUNAPU que participaron
en los sucesos fueron sentenciados a doce años de prisión y otros quince
destituidos de sus cargos.
1179.
En 1997, el 15 de julio, el DIC es reemplazado por la Sección de
Investigación Criminal (SIC). Antes de 1978 las funciones antimotines
en la capital fueron realizadas por miembros de la PMA y de la Policía
Militar del Cuartel General. En ese año se creó la Brigada de Reacción y
Operación Especial (BROE), con el objeto de cumplir con esas funcio-
nes; el Pelotón Modelo y el SWAT hicieron parte de la BROE. En 1982
la BROE fue reemplazada por el Quinto Cuerpo, quien cumplió funcio-
nes como grupo élite de reacción y de control de disturbios civiles.
1180.
En 1994 se crearon las Fuerzas de Reacción Inmediata FRI (Acuer-
do Gubernativo 540-94 del 29 de agosto) con el objetivo principal de con-
trarrestar cualquier desorden público y restablecer la autoridad moral, le-
gal e institucional en la ciudadanía.
La Guardia de Hacienda
1181.
La Guardia de Hacienda fue creada el 13 de noviembre de 1954
y su Reglamento fue aprobado el 28 de enero de 1955. El 30 de agos-
to de 1969 se le facultó a la Dirección General de la Guardia de Ha-
cienda para que fijara zonas en el territorio de la República, con el ob-
jeto de prevenir, reprimir y perseguir los delitos y faltas contra la Ha-
cienda Pública.
1182.
En su reestructuración con el Decreto 13-74 del 7 de febrero de
1974 se le atribuyó como funciones específicas: contrarrestar el contraban-
do y la defraudación en los distintos ramos de la Hacienda Pública, y en
general como cuerpo de seguridad pública se le facultó para la averiguación
de los delitos, proceder a la captura de los delincuentes y ponerlos a dispo-
sición de los tribunales de justicia.
1183.
La Guardia de Hacienda siempre contó con personal uniformado
y no uniformado. El personal uniformado estuvo destinado en puestos de
frontera. El personal no uniformado estuvo destinado en funciones de In-
teligencia y en tareas de persecución de narcotráfico.
1184.
El 28 de mayo de 1978 se aprobó un nuevo Reglamento de la
Guardia de Hacienda que contaba como dependencia la sección de Servi-
cios Confidenciales, que era, simplemente, una sección de Inteligencia que
en la década de los ochenta se llamó Sección de Inteligencia y Narcóticos.
En los años noventa esta sección se transformó en el Centro de Informáti-
155
ca y Control Antinarcóticos de Guatemala (CICANG) que forma parte
del Departamento de Operaciones Antinarcóticas DOAN (Acuerdo Inter-
no No. 002-91 del 1 de diciembre de 1991).
1185.
La Guardia de Hacienda siempre fue un cuerpo más discreto y re-
servado que la propia Policía Nacional; era conocida como el cuartelito
puesto que tenía una disciplina más militarizada que los propios policías.
En la mayoría de los casos sus miembros eran ex soldados de las fuerzas es-
peciales del Ejército (ex kaibiles o ex paracaidistas), ex miembros de la
PMA e incluso ex oficiales. Fue un cuerpo cercano a la PMA.
1186.
Algunos de los casos de violaciones de derechos humanos que fue-
ron recibidos por la CEH, indican que este cuerpo actuaba sin el menor
interés en ocultar su identidad, ya que vestían los uniformes que los vin-
culaban con su institución.
1187.
El 14 de enero de 1977, en la aldea Xoncá, del municipio de Ne-
baj, Quiché, tres hombres encapuchados y vestidos con uniformes de la
Guardia de Hacienda, capturaron de manera ilegal a Rafael Bernal Chel y
otras dos personas ambas de nombre Domingo. El 21 de enero aparecie-
ron en el lugar conocido como Boquerón, del mismo municipio, los cadá-
veres de estas tres personas con señales de tortura y varios impactos de ar-
ma de fuego.
364
1188.
Algunas de las violaciones de derechos humanos perpetradas por
la Guardia de Hacienda tienen su fundamento en móviles personales:
Catalino Celestino Ochoa Castro, residente de la aldea Las Delicias, ca-
serío de la aldea El Paraíso, municipio de Tejutla, San Marcos, tuvo di-
ferencias con su vecino en razón del lindero de sus tierras y fue denun-
ciado a la Guardia de Hacienda. El 5 de abril de 1981 varios hombres
vistiendo el uniforme de la Guardia de Hacienda y cubiertos sus rostros
con pasamontañas llegaron a la residencia de Ochoa Castro, lo detuvie-
ron, lo llevaron arrastrado aproximadamente a 200 metros de su casa y
lo ejecutaron con armas de fuego. Los responsables del hecho amenaza-
ron a la familia a permanecer en silencio o de lo contrario le sucedería lo
mismo que a la víctima.
365
1189.
También el Ejército se valió de miembros de la Guardia de Hacien-
da para perpetrar violaciones de derechos humanos. En algunas oportuni-
dades actuaron de manera conjunta. Los esposos Humberto Escobar Sal-
daña y Margarita Elena Méndez fueron detenidos el 25 de marzo de 1985,
en San Marcos, por hombres armados que se movilizaban en vehículos de
la Guardia de Hacienda en compañía de miembros del Ejército. Inicial-
156
364 C 3085. Enero, 1977. Nebaj, Quiché.
365 C 7217. Abril, 1981. Tejutla, San Marcos.
mente la captura era dirigida solamente contra la señora Méndez, pero en
vista de que su marido se opuso también lo retuvieron. Los vecinos tam-
bién intentaron oponerse pero fueron amenazados de muerte. Antes de re-
tirarse los captores les dijeron a los vecinos que “mañana estarán de regreso,
sin ninguna duda, solamente que aclare la señora su situación y viene de vuel-
ta”. Hasta la fecha la pareja está desaparecida.
366
1190.
Tal vez uno de los casos más publicitados de violaciones de dere-
chos humanos, cometidos por miembros de la Guardia de Hacienda, fue
el de Paniagua Morales y otros, conocido como el caso de la panel blanca,
en el que resultaron detenidas, torturadas y ejecutadas una serie de perso-
nas entre 1987 y 1988 en la capital. El caso fue de conocimiento de la Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos, que en su sentencia del 8 de
marzo de 1998 condenó por unanimidad al Estado de Guatemala. Entre
otras, dice la sentencia:
“Este Tribunal considera que en todos los casos aparece, del conjunto
de pruebas estudiadas sobre el modus operandi en los hechos, que las
detenciones arbitrarias o secuestros de las víctimas y el asesinato de va-
rias de ellas, siguieron un patrón similar: fueron cometidas por perso-
nas armadas que usaron vestimenta de tipo militar o policial y algu-
nos vestían de civil; se utilizaron vehículos (paneles) de color claro, con
vidrios polarizados sin placas, o con placas pertenecientes a particula-
res; los autores de estos hechos actuaron con entera libertad e impuni-
dad; no ocultaron sus rostros ni se comportaron con sigilo, sino que las
aprehensiones se hicieron a la luz del día, en la vía pública o a la vis-
ta de testigos y, en algunos casos, se identificaron como agentes de la
Guardia de Hacienda, lo cual conduce a la convicción de que todos
estos hechos fueron realizados por agentes del Estado y éste no ha de-
mostrado su afirmación en contrario”.
367
157
366 C 7227. Marzo, 1985. San Marcos, San Marcos.
367 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Paniagua Morales y otros, sentencia del 8 de
marzo de 1998, párrafo 93. Según un testigo clave de la CEH, por la época de estos hechos, el
modus operandi de la propia Dirección de Inteligencia fue muy similar al de estos casos, incluso
llegó a utilizar también paneles blancas, por lo cual no es nada extraño que muchos de esos casos
pudieron ser realizados por la propia Inteligencia. Testigo CEH. (T.C. 89).
EL INVOLUCRAMIENTO DE LA POBLACIÓN
CIVIL EN EL ENFRENTAMIENTO ARMADO INTERNO
1191.
El Ejército tuvo como uno de sus objetivos estratégicos la vincula-
ción de miles de guatemaltecos, de manera forzada, en el enfrentamiento
armado. Además del reclutamiento militar obligatorio, este objetivo se al-
canzó sobre todo con las figuras de los comisionados militares y las Patru-
llas de Autodefensa Civil (PAC).
1192.
Los comisionados militares junto con las PAC evidenciaron el alto
grado de militarización que sufrió la sociedad. La creación de una figura
amparada por el Ejército, para que detentara funciones militares, significó
la introducción de valores autoritarios en la población guatemalteca y el in-
volucramiento en el enfrentamiento armado de un número considerable
de personas que inicialmente eran población civil neutral.
V. LOS COMISIONADOS MILITARES
Creación y evolución de los comisionados militares
1193.
El 9 de julio de 1938, por Acuerdo Gubernativo, fueron creados
los comisionados militares, “investidos con el carácter de agentes de la auto-
ridad militar; empleados estos que desarrollarán su cometido dentro de la de-
marcación territorial de las aldeas, caseríos y poblados cuya importancia lo re-
quiera en vista de la organización de las milicias...”
368
En el Artículo 1 de di-
cho Acuerdo se establecía que los comisionados “cumplirán órdenes que re-
ciban de sus inmediatos superiores en todo lo que corresponda a llamamientos,
citaciones, reclutamientos, capturas de delincuentes, remisos, faltistas, y en ge-
neral a comisiones del ramo de guerra únicamente”.
369
1194.
“Los comisionados datan desde el tiempo de la colonia, es una organi-
zación bastante antigua”.
370
Eran conocidos popularmente como los “te-
nientes y se seleccionaban entre las personas más pudientes y honorables dentro
de sus comunidades”.
371
En el año de 1938 es cuando toman el nombre de
comisionados militares, con el que se les conoció durante el enfrentamien-
to armado interno en Guatemala.
1195.
Los comisionados dependían jerárquicamente del comando de las
Reservas Militares. El 10 de septiembre de 1954, según Decreto presiden-
cial No. 79, se creó el Departamento de Organización, Instrucción y
Adiestramiento de las Reservas Militares, bajo la dependencia del Estado
158
368 Diario Oficial, Guatemala, tomo XXIII, No.19, 20 de julio de 1938, pg.152
369 Ibid.
370 Ejército de Guatemala, Reservas Militares, Síntesis histórica de los comisionados militares, pg. 5.
371 Ibid.
Mayor del Ejército. En esta regulación se estipulaba que los comisionados
militares “tendrán la misión de actuar como agentes de autoridad militar, ejer-
cer funciones administrativas, de organización y control de todos los ciudada-
nos que de conformidad con las leyes y reglamentos militares, están en la obli-
gación de prestar sus servicios militares a la nación”.
372
“[Los] comisionados militares ... cumplían esa función de puente del
Ejército dentro de la población civil...”
373
1196.
Con la llegada de Julio César Méndez Montenegro a la presiden-
cia en 1966, los comisionados militares comienzan a participar activamen-
te reprimiendo a sus adversarios políticos, principalmente a los dirigentes
del Partido Revolucionario.
“A Balbino lo persiguieron los comisionados militares y el Ejército por
pertenecer al Partido Revolucionario”.
374
“Allí los militares mantienen de 3,000 a 5,000 agentes [comisiona-
dos], quienes tienen un personal militar antiguo y quienes sirven a los
militares en operaciones contrainsurgentes. Muchos de los comisiona-
dos son miembros o patrocinadores del MLN y manifiestan un indis-
criminado virulento anticomunismo. Los patrocinadores del gober-
nante Partido Revolucionario (PR) en las áreas en las cuales los comi-
sionados están activos, se han quejado de la persecución sistemática y
el terrorismo de parte de los comisionados”.
375
“[Cuando] fue el azote yo era el representante del Partido Revolu-
cionario aquí, los comisionados eran sangrientos, querían que gana-
ra el partido liberacionista ... Las víctimas eran del Partido Revolu-
cionario...”
376
“No sólo los miembros del Partido Revolucionario fueron objeto de re-
presión. La violencia también fue dirigida contra aquellos campesinos
que habían logrado beneficiarse de la reforma agraria iniciada por el
Gobierno de Arbenz. Los campesinos ... habían participado en los co-
mités agrarios locales, habían logrado adquirir abonos, tierra y algu-
159
372 Ejército de Guatemala, Reservas Militares, Síntesis histórica de los comisionados militares, pg. 49.
373 Testigo CEH. (T.C. 146).
374 C 1034. Diciembre, 1966. Olopa, Chiquimula.
375 Traducción del documento desclasificado de los EEUU, HD/10.4, 12 de mayo de 1967.
376 C 1005. 1967. Camotán, Chiquimula.
nos animales, tras el golpe del año 54 fueron duramente perseguidos
por el Ejército y los comisionados militares”.
377
1197.
Al incrementarse el enfrentamiento armado a finales de la década
de los años sesenta, el protagonismo de estos grupos se va modificando y
las violaciones de los derechos humanos se comienzan a manifestar con
más frecuencia, pues ya participan en los operativos de contrainsurgencia.
“Los comisionados fueron armados bajo las órdenes del coronel Ara-
na, probablemente con el acuerdo del Ministro de la Defensa, y fue-
ron bastante exitosos en operaciones de captura y muerte, las cuales
restaron eficacia a las FAR como fuerza guerrillera. Desafortunada-
mente, los comisionados eran indisciplinados en su tarea y mataron
mucha gente inocente...”
378
1198.
La reestructuración de la figura de los comisionados militares reali-
zada por el Gobierno de Arana mediante el Acuerdo Gubernativo 4-73, se-
ñala en su Artículo 19 que corresponde única y exclusivamente a la autori-
dad militar el mando sobre los comisionados militares y sus ayudantes.
1199.
Este mismo Acuerdo permitió que el Ejército ejerciera un mayor
control sobre la población, lo que se hacía en muchas circunstancias violan-
do los derechos humanos. Los comisionados militares “deben darle cumpli-
miento a todas aquellas comisiones de naturaleza militar que le sean ordena-
das”.
379
Al no definirse claramente cuáles eran esas comisiones, ellos conta-
ron con toda libertad para participar en diversos hechos de violencia.
“La mayoría de estos grupos eran reclutados de los seguidores de la mi-
litancia anticomunista del derechista Movimiento de Liberación Na-
cional (MLN). El Ejército dice que hay aproximadamente 1,800 ci-
viles armados bajo su control. Los civiles armados son también una
fuente de poder potencial para los ambiciosos derechistas y los milita-
res. Los grupos de Zacapa, por ejemplo, demuestran una fuerte leal-
tad personal al controversial coronel Arana”.
380
“[Los comisionados mataron a mucha gente inocente] incluyendo
un número desconocido de personas, no porque fueran comunistas si-
no porque eran ‘izquierdistas’ o presuntos izquierdistas”.
381
160
377 Testigo CEH. (T.C. 143).
378 Traducción del documento desclasificado de los EEUU, HD/10.9, 23 de octubre de 1967.
379 Acuerdo Gubernativo No. 4-73, Artículo 1.
380 Traducción del documento desclasificado de los EEUU, HD/10.9, 23 de octubre de 1967.
381 Traducción del documento desclasificado de los EEUU, P7.6, 5 de febrero de 1968.
1200.
En el vecino departamento en Chiquimula, también se fortalecie-
ron los comisionados. Es precisamente a la figura de principales jefes de co-
misionados, como los Interiano, los Pacheco, los Portillo, a quienes se atri-
buyen los asesinatos, desapariciones y secuestros que afectaron al grupo ét-
nico maya-ch’orti’, asentado en Chiquimula.
382
“[El] murió por parte de los comisionados. Porque él era muy listo ...
buscaron la manera de sacarlo, lo esperaron en la carretera a la sali-
da del pueblo ... lo mandaron a asesinar porque era muy inteligente,
estaba en la política y ese fue el mayor seguimiento de ellos...”
383
“Los comisionados perseguían a la víctima ... por un tiempo se tuvo
que ir a Honduras. Cuando regresó, un día, los comisionados lo esta-
ban esperando en la carretera a la salida del pueblo y lo ametrallaron,
fueron cuatro comisionados”.
384
1201.
Durante la década de los años setenta el enfrentamiento armado
interno se empieza a desarrollar en la región del norte y occidente del país,
donde la figura del comisionado militar siguió cumpliendo sus funciones
de colaboración con el Ejército, incluyendo el reclutamiento forzoso, que
se extendió a jóvenes indígenas.
“Es que ellos funcionaban en donde realmente se necesita ... eran fun-
cionarios del Ejército para el reclutamiento, porque antes el recluta-
miento se hacía forzado, entonces de ahí que obligaban a toda la gen-
te a reclutarse, pero yo veía bien que se reclutara a esa gente, en las al-
deas y caseríos, porque la verdad es que nuestra gente indígena nece-
sitaba progresar un poquito”.
385
1202.
Cuando el enfrentamiento armado interno alcanzó mayor intensi-
dad, a principios de la década de los ochenta, los comisionados fueron
obligados por el Ejército a tener una participación activa en las operacio-
nes militares contrainsurgentes. Como agentes de la autoridad militar lo-
cal, los comisionados gozaban de impunidad total frente a la población.
Tal potestad también fue utilizada por los comisionados en función de sus
propios intereses individuales, ya sea económicos o de otra índole. En los
testimonios recibidos en el campo, los recuerdan como personas cercanas
al Ejército que denunciaban y ejecutaban a muchos vecinos. Hubo tantas
161
382 Testigo CEH. (T.C. 143).
383 Testido CEH. (T.C. 143).
384 C 1020. Enero, 1976. Olopa, Chiquimula.
385 Testigo (general en situación de retiro del Ejército) CEH. (T.C. 24).
violaciones de derechos humanos que la gente generalmente asociaba a los
comisionados militares como personas capaces de cometer todo tipo de
crímenes.
“Los comisionados militares ... empezaron a matar y desalojarnos de
nuestros hogares ... allí surgió la matanza”.
386
“Llegaron los comisionados militares a nuestra aldea, eso fue lo más
malo que existía. A causa de ellos hubo tantas masacres, siempre hay
gente mala y gente capacitada...”
387
1203.
En el año 1981 la designación de comisionados militares alcanzó
niveles masivos. El jefe del Estado Mayor del Ejército, general Benedicto
Lucas, en un discurso en Joyabaj, Quiché, dijo: “Esta fuerza es voluntaria,
en Rabinal ya hay 1,000 hombres y en Joyabaj 800”.
388
1204.
Los auxiliares son los ayudantes de comisionados que ya aparecen
mencionados en el Decreto 79 de 1954, que en el Artículo 1, numeral 1
del capítulo I dice: “Los comisionados militares y ayudantes de toda la Repú-
blica, tendrán la misión de: actuar como agentes de la autoridad militar”, y
en el Artículo 2 dice: “Los comisionados y ayudantes son miembros del Ejér-
cito cuando se encuentren en cumplimiento de la misión ordenada por autori-
dad militar”.
1205.
Al implementarse en 1981 las PAC, los nuevos jefes de patrullas
tuvieron un doble papel, porque en la mayoría de los casos lo fueron quie-
nes eran también comisionados militares, situación que se presentó prin-
cipalmente en las cabeceras municipales y cabeceras departamentales. La
confianza de los miembros de la Institución Armada hacia ellos se dio pre-
cisamente en el inicio de la nueva estrategia contrainsurgente del Ejército,
que dotaría de armas a los pobladores del área rural y en donde los jefes de
PAC jugarían un papel determinante, con el propósito de garantizar que
la población no apoyara a la insurgencia.
“El finado Chagüito era el jefe de los comisionados militares, y ade-
más comandante de Patrullas de Autodefensa Civil. El tenía su radio
[comunicación] por parte del Ejército en su propia casa. De ahí él
llamaba a las oficinas del radio operador; luego tiraban la llamada a
la oficina G-2 y la G-2 se encargaba de seleccionar a su gente, quien
162
386 C 9371. Octubre, 1981. Cahabón, Alta Verapaz.
387 C 1036. 1984. Dolores, Petén.
388 Inforpress, 26 de noviembre de 1981.
iba a ejecutar en la casa del pobre señor. Ahí en el sitio de la casa de
este señor hay gente enterrada también”.
389
1206.
A partir de mediados de la década de los ochenta, y a medida que
las operaciones militares durante el enfrentamiento armado empiezan a dis-
minuir, de manera paulatina los comisionados militares también empiezan
a estar cada vez menos vinculados en violaciones de derechos humanos. Sin
embargo, esto no significa que haya desaparecido su poder dentro de las co-
munidades. El grado de autoritarismo que alcanzaron durante la etapa más
cruenta del enfrentamiento lo continuaron ejerciendo durante años.
“Ellos ... ex jefes de comisionados, están tranquilos, saben que pueden
hacer lo que quieren, son autoridades. ¿Entonces qué paz es ésta?...”
390
Organización y funciones asignadas por el Ejército
1207.
Los comisionados militares, desde el inicio del enfrentamiento ar-
mado interno, fueron los representantes del Ejército en cada comunidad y
una sus funciones más importantes desde su creación fue la de reclutar ve-
cinos para prestar el respectivo servicio militar.
“Los comisionados en los 60 agarraban a la gente para reclutarla for-
zosamente, especialmente a los solteros”.
391
1208.
Desde la década del sesenta, los comisionados militares fueron con-
siderados como un elemento de la política contrainsurgente del Estado de
Guatemala. En el oriente del país, sobre todo en los departamentos de Za-
capa, Chiquimula e Izabal, se empezaron a vincular a los comisionados mi-
litares con los escuadrones de la muerte.
“El gran ejemplo lo constituye un antiguo liberacionista militante del
MLN desde su juventud y jefe de comisionados militares de Esquipu-
las ... A su grupo de paramilitares, conocido en su área de operaciones
de Esquipulas y Olopa como los Pachecos, pertenece la calificación
‘contraguerrillero’. Otra calificación que merece es ‘escuadrón de la
muerte”.
392
1209.
El 22 de febrero del año de 1973, bajo el Gobierno del general
Carlos Manuel Arana Osorio, mediante el Acuerdo Gubernativo número
163
389 Testigo (ex militar, Huehuetenango) CEH. (T.C. 85).
390 C 2800. Febrero, 1982. San Bartolomé Jocotenango, Quiché.
391 C 624. 1982. San José Poaquil, Chimaltenango.
392 Testigo (ex comisionado militar) CEH. (T.C. 124).
4-73, se regularon nuevamente las funciones de los comisionados militares
y sus ayudantes. El Artículo 2 de este acuerdo establecía “que los comisiona-
dos militares y ayudantes son miembros del Ejército y están sujetos al fuero de
guerra”. Los propósitos del mando, según el Artículo 4, eran: “[que] en to-
das las comunidades hayan representantes de la institución armada, para con-
trol de las milicias de la República, así como para que presten colaboración ne-
cesaria a las autoridades civiles, a fin de que el país se desenvuelva en un am-
biente de orden, tranquilidad y trabajo, responsabilidad que recae en los comi-
sionados militares y ayudantes de comisionados”.
393
“A propuesta del comandante de Reservas Militares Departamental
correspondiente, los comandantes de zona o base militar bajo su res-
ponsabilidad extenderán los nombramientos de comisionados milita-
res y ayudantes y la credencial respectiva, previa indagación de los
antecedentes de los candidatos, por todos los medios a su alcance y cu-
ya investigación determina que tales elementos tienen la capacidad
necesaria”.
394
1210.
Para determinar el número de comisionados se tenían en cuenta las
siguientes consideraciones: “1º. Un comisionado militar por cada cabecera
municipal. 2º. Un ayudante de comisionado por cada 500 habitantes. 3º. En
las aldeas, caseríos o fincas que no llene el número de habitantes del numeral
2, será nombrado un ayudante de comisionado militar. 4º. En los lugares que
a juicio de autoridad militar competente se consideren convenientes, se aumen-
tará el número de plazas de ayudantes de comisionados militares”.
395
[Hacia 1974] “en Zacapa el número de comisionados y sus auxiliares
llega a 2,000 y funcionan bajo la jurisdicción de la zona militar de
Zacapa”.
396
1211.
En el Acuerdo Gubernativo 4-73 se reitera que “[los] comisionados
militares y los ayudantes deben tener muy presente que son agentes de la auto-
ridad militar y cuentan con el respaldo necesario”.
397
El carné que los identi-
ficaba como tales, les daba un reconocimiento por parte de las autoridades
militares. “A los comisionados militares y ayudantes ... se les entregará una tar-
jeta de identificación con su fotografía, que los acredite como tales”.
398
164
393 Acuerdo Gubernativo No.4-73, Artículo 2.
394 Acuerdo Gubernativo No.4-73, Artículo 10, numeral 2.
395 Acuerdo Gubernativo No.4-73, Artículo 7.
396 César Sereseres, US Military AID and Guatemalan Politic, marzo de 1974.
397 Acuerdo Gubernativo No.4-73, Artículo 36.
398 Acuerdo Gubernativo No.4-73, Artículo 28.
1212.
En el área rural, policías municipales, empleados de instituciones
gubernamentales, alcaldes auxiliares, maestros, empleados de correos ad-
ministradores de fincas eran, regularmente, los comisionados militares. La
instauración de comisionados militares y PAC en las comunidades indíge-
nas desestructuró el sistema de autoridades del pueblo maya, introducien-
do autoridades ilegítimas y que hacían uso excesivo de la fuerza. En las ca-
beceras municipales y departamentales los contratistas, taxistas, comer-
ciantes, profesionales, finqueros, estudiantes y cualquier ciudadano forma-
ron parte de los comisionados.
1213.
Los privilegios que les otorgaba el pertenecer a esta fuerza parami-
litar, tales como portar armas, tener acceso al Comisariato del Ejército, re-
cibir atención en el hospital militar y otros beneficios, era la motivación en
muchos de ellos para vincularse como comisionado militar, lo que les per-
mitía con mucha facilidad amedrentar a los miembros de su comunidad.
“Ellos utilizaron su posición para prepotencia, para cargar armas y to-
do, porque más que todo, todo mundo iba a ofrecer sus servicios de co-
misionado militar para poder portar arma...”
399
1214.
La gran mayoría de los comisionados militares eran ex miembros
del Ejército. Fueron los más idóneos para ocupar estos cargos, por la afini-
dad ideológica con la Institución Armada, por su destreza en el manejo de
armas y el conocimiento de la cadena de mando del Ejército.
“Los comandantes de Reservas Militares departamentales llevarán a
cabo una selección de los elementos disponibles, dando preferencia a
oficiales y tropa que se encuentren en situación de reserva”.
400
1215.
Entonces, los jefes de comisionados militares que a su vez cum-
plían el cargo de jefes de las PAC, alcanzaron un poder necesario avalado
por el Ejército para militarizar la comunidad a la cual pertenecían. Las fun-
ciones y atribuciones rayan en los límites de la tolerancia en cuanto a im-
punidad y abuso de poder.
“Los comisionados militares eran como los portavoces del Ejército, con-
trolaban a la población, a los hombres que no llegaban puntuales a
las patrullas los castigaban”.
401
165
399 Testigo (general en situación de retiro del Ejército). (T.C. 24).
400 Acuerdo Gubernativo No. 4-73, Artículo 8.
401 C 5568. 1983. Jacaltenango, Huehuetenango.
1216.
Esta doble condición de ser jefe de comisionados militares y jefe de
PAC los llevó incluso a cometer violaciones de derechos humanos contra
los propios patrulleros.
“Tres días antes de su desaparición, el jefe de comisionados militares
había llegado a la casa de Virgilio Lac a buscarlo, él era dirigente de
los catequistas. Cuando llegó a la casa, Virgilio no estaba porque se
encontraba haciendo el turno de patrulla. Al día siguiente le pregun-
tó que por qué no estaba haciendo el turno y la víctima le enseño el
ticket [boleto] que demostraba que sí había hecho el turno y luego se
fue. Esa misma noche lo secuestraron. Llegaron a su casa soldados con
uniforme del Ejército y hombres vestidos de civil, iban con sacos y an-
teojos oscuros, eran los que mandaban”.
402
1217.
Como parte de ese poder ilimitado, los comisionados militares en-
durecieron sus acciones en contra de la población.
“Los responsables, un grupo grande de comisionados militares, lle-
garon a Choacorral el 20 de enero de 1981. Capturaron a cuatro
vecinos de la aldea que a esa hora se encontraban desayunando.
Debido a que el Ejército y los comisionados habían iniciado perse-
cución en contra de la aldea, la población salía a esconderse y el día
de los hechos las víctimas habían llegado a cuidar sus pertenencias.
Los comisionados llevaban una lista con los nombres de los que
acusaban de estar organizados. Machetearon a las víctimas hasta
morir”.
403
1218.
Dentro del sometimiento del poder civil al poder militar, los al-
caldes obedecían las instrucciones de los militares, lo que les restaba au-
toridad y legitimidad. Desde sus nuevas posiciones, los comisionados
militares influyeron considerablemente en los municipios, siendo la má-
xima autoridad que decidía en muchas de las situaciones planteadas.
“Como medida contrainsurgente se involucró excesivamente a la po-
blación civil en el enfrentamiento. A los comisionados militares se
les otorgó autoridad excesiva, incluso sustituyeron a la autoridad ci-
vil antes existente. Los comisionados militares eran los encargados de
transmitir las informaciones que conseguían de sus vecinos sobre los
movimientos de la guerrilla y quienes les apoyaban. Alguna gente se
166
402 C 9231. 1984. San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.
403 C 16030. Enero, 1981. San Bartolomé Jocotenango, Quiché.
aprovechaba de las circunstancias y acusaba injustamente a cual-
quiera con el que tuviera problemas personales. La mayoría de las
veces esas informaciones que llegaban al destacamento no eran co-
rroboradas y ello llevó a abusos con resultados completamente des-
mesurados”.
404
1219.
La CEH durante su trabajo de campo recibió información que le
permite afirmar que algunos comisionados militares, al igual que algunos
miembros de las PAC, como en el caso de Sololá, no tuvieron otra alter-
nativa que aceptar esta vinculación con el Ejército para sobrevivir. Esta par-
ticipación de algunos comisionados fue tan forzada y obligatoria que quien
se negara a colaborar podía pagar hasta con su vida.
“El jefe de comisionados y su segundo fueron sacados de sus casas por
soldados y ejecutados ... el motivo fue que no colaboraban bastante
con el Ejército”.
405
1220.
A partir de mediados de la década de los ochenta, los comisiona-
dos militares continuaron ejerciendo sus funciones amparados por el
Ejército aunque la intensidad de la confrontación había disminuido con-
siderablemente. A pesar que cada vez su participación en las violaciones
de derechos humanos fue menor, siguieron aprovechando su estatus de
poder dentro de sus comunidades. El 11 de septiembre de 1995, el Go-
bierno disolvió esta figura mediante el Acuerdo Gubernativo 434/95.
1221.
Un informe de Minugua dice al respecto: “Después de su disolu-
ción legal y hasta los primeros días del mes de noviembre [1995], la mi-
sión verificó que los ex comisionados militares de Santa Lucía la Reforma,
Totonicapán, realizaron patrullas de vigilancia alegando problemas de in-
seguridad. Dichos patrullajes ... se realizaron con armas del Ejército y de
la comunidad, careciendo de las respectivas autorizaciones de portación de
armas”.
406
Distribución y número de comisionados militares
1222.
Los comisionados militares estuvieron distribuidos en todo el te-
rritorio de Guatemala.
1223.
A continuación se presenta el cuadro que contiene los datos tota-
les de comisionados distribuidos en cada departamento del país en los 36
años del enfrentamiento armado interno.
167
404 C 5310. Mayo, 1982. La Democracia, Huehuetenango.
405 C 4225. Octubre, 1989. Concepción, Sololá.
406 Minugua, suplemento al cuarto informe del director de la misión, marzo de 1996.
1224.
Según el Ejército de Guatemala, el departamento que tuvo más co-
misionados militares fue Jutiapa, entre los años de 1963 y 1995; Escuintla
lo fue en 1960; Baja Verapaz en 1961 y San Marcos en 1962. El segundo
departamento con mayor número fue San Marcos entre 1962 y 1968, 1970
y 1973, 1976 y 1981 y 1983 y 1995. En los años 1969, 1974 y 1982, Chi-
maltenango fue el segundo departamento con el mayor número.
1225.
En el siguiente cuadro se presentan las cifras oficiales, por año, del
número de comisionados militares, proporcionadas por el Ejército de Gua-
temala y que corresponden a los años del enfrentamiento armado.
168
68084
36221
18949
14204
10452
10330
6908
6270
5362
4359
No.
de comisionados militares
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
0
Departamentos seleccionados
Jutiapa San Marcos Petén Retalhuleu Chimaltenango Sololá Santa Rosa Alta Verapaz Guatemala Baja Verapaz
Fuente: Oficio CEGCEH/024. Comisión de coordinación y enlace del Ejército de Guatemala con la CEH.
Guatemala, 13 de agosto de 1998.
Años
No. de comisionados militares
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
Fuente: Oficio CEGCEH/024. Comisión de coordinación y enlace del Ejército de Guatemala con la CEH,
Guatemala, 13 de agosto de 1988.
GRÁFICA 1: Total de comisionados militares,
según departamento (los 10 más frecuentes)
GUATEMALA (1960-1995)
GRÁFICA 2: Total de comisionados militares, según año
GUATEMALA (1962-1995)
1226.
Entre 1954 y 1959 hubo aproximadamente 6,000 comisionados
militares. Los años en los cuales se reporta el mayor número son: 1968 en
la década de los sesenta; 1974 en la década de los setenta; 1989 en la dé-
cada de los ochenta, y 1991 en la década de los noventa,
407
siendo este úl-
timo año el mayor número durante el enfrentamiento armado.
1227.
Los comisionados militares fueron responsables del 11% del total
de violaciones a los derechos humanos, registradas por la CEH. Dichas
violaciones se produjeron principalmente durante los años de 1980 a
1984, período que coincide con la agudización de la violencia en Guate-
mala y donde se producen el mayor número de violaciones a los derechos
humanos por parte de los diferentes responsables.
Participación de los comisionados militares
en el enfrentamiento armado
1228.
Durante el enfrentamiento armado los comisionados militares fue-
ron obligados a colaborar de manera decidida con el Ejército, y en muchas
ocasiones vulneraron derechos humanos. Con el objeto de ilustrar dicha
participación, se mencionan algunas actividades que desarrollaron como
la colaboración con el reclutamiento militar, con la red de información del
Ejército, el control y vigilancia sobre la población civil, la persecución a
delincuentes, las denuncias, la captura de las víctimas, los interrogatorios
y las torturas, la ejecución de mujeres y niños, la participación en opera-
ciones contrainsurgentes, la utilización de cementerios clandestinos, la co-
laboración con los finqueros y la resolución de problemas personales, en-
tre otros.
La colaboración en el reclutamiento militar
1229.
Los comisionados tenían, dentro de sus funciones principales, el
reclutamiento de personas para engrosar las filas del Ejército. Esta función,
determinada por ley, la efectuaban con un registro de los varones que cum-
plían 18 años de edad en su comunidad. Sin embargo, por la necesidad
militar de entrenar más personal contra la guerrilla, esta exigencia se exten-
dió de manera forzosa e ilegal a menores, y se dio de modo masivo y dis-
criminatorio en las comunidades mayas.
“En las décadas recientes, ha sido común ver a los camiones del ejér-
cito, con soldados y comisionados militares, haciendo redadas entre los
campesinos y otros sectores populares, para integrar a los jóvenes en el
servicio militar. Las unidades militares cercan las poblaciones, espe-
cialmente los mercados, lugares de espectáculos o cultos, allanan las vi-
169
407 Ibid.
viendas o detienen los transportes y capturan por la fuerza a los jóve-
nes para llevarlos al cuartel”.
408
“Como no era voluntario sino que era obligatorio [el reclutamiento]
entonces en las calles regresaban a correr y nosotros no queremos a ir
a la zona. Y los días de mercado vienen ahí 30, 10, 20 comisionados
militares en cada municipio y empiezan a correr a los jóvenes. Aga-
rran a jóvenes de 14, 15 años, 16 años, hasta señores de 30 años y los
andan corriendo en las calles, cuando se sabe en el día que hay aga-
rradas todos se metían en las iglesias, se metían en los lugares, en las
alcaldías indígenas donde supuestamente no tenían derecho de entrar
los comisionados militares, de ahí sí adentro, hay casas donde se hos-
peda la gente, o para su posada, entran los comisionados a sacar a los
jóvenes ahí, entonces yo creo que fue uno de los principales problemas
de nosotros los jóvenes de ese tiempo”.
409
“En el 68 a mí me agarraron, tenía mi carné de estudiante, estudia-
ba en la Escuela Normal Rural de Occidente. ‘Tengo mi carné, tengo
que ir a mis estudios’, les digo. ‘Esta m... me vale’, me dijeron. Rom-
pieron mi carné y me trajeron, estuve aquí en la zona militar”.
410
“Yo era comerciante, vendía cositas en Joyabaj y en Chinique, me aga-
rraron, entraron a la camioneta, me sacaron y me bajaron. Al día si-
guiente me metieron en la zona aquí, pasé la noche en Chinique sin
nada pues éramos como veinte jóvenes reclutados ahí en la cárcel de
Chinique, y luego al llegar a la zona, ‘bueno’, dicen, ‘aquí vienen los
reclutas’, y nos empiezan a golpear, nos hacían lo que ellos querían, lue-
go nos desnudaban y nos pasaban a chequeo médico. Ahí todos desnu-
dos, nos ponían unos numerotes negros aquí en el pecho”.
411
“En 1981 y 1982 hubo reclutamiento militar, los comisionados mi-
litares agarraban 2 o 3 jóvenes de cada comunidad cada año o bien
dos veces al año en 1983 y 1984, para las reservas militares del des-
tacamento de Zacualpa”.
412
“En 1982, aproximadamente 60 jóvenes son reclutados en forma for-
zada y los encierran en la cárcel. El Alcalde y el comisionado militar
170
408 Rosario Gil Pérez, Sociología de Guatemala, Editorial Universitaria, Escuela de Ciencias Políticas,
Universidad de San Carlos, 1994, pg. 278.
409 Testigo directo CEH. (T.C. 796).
410 Ibid.
411 Ibid.
412 Testigo CEH. (T.C. 361).
apoyan el reclutamiento forzoso, después de mucha presión se libera a
los jóvenes”.
413
Su vinculación con la red de información
1230.
Los comisionados militares fueron utilizados como uno de los
principales medios de información del Ejército. Eran usados como “orejas”
o espías de las unidades militares. Ellos recogían información en sus comu-
nidades y la trasladaban a los miembros de Inteligencia de los batallones o
de las zonas militares.
“En Kaibil Balam habían ocho comisionados militares que mante-
nían el control sobre la comunidad. El Ejército llegó y les nombró. De-
bían pasar constantemente información al Ejército sobre cómo se por-
taba la gente, si pasaba gente por la comunidad, quiénes eran, a dón-
de iban ... pusieron gente a hacer guardia en la noche”.
414
“Los comisionados militares jugaron un papel preponderante en la red
de Inteligencia del Ejército para detectar los núcleos organizativos de
las comunidades. Su tarea era guiar al Ejército y cuando había nece-
sidad de llevar personas al Ejército, eran los encargados de agarrar a
la gente”.
415
1231.
En esta gran red de informantes participaron también ex miem-
bros de la insurgencia que habían sido capturados o se habían incorpora-
do al Ejército como comisionados militares.
“En esta época Alberto era comisionado militar de los Churuneles Cen-
tral y miembro de las PAC, antes la comunidad apoyó al EGP”.
416
El control y vigilancia sobre la población civil
1232.
Los comisionados militares participaban en programas de control
militar y vigilancia de la población, en la coordinación y colaboración con
las autoridades militares y civiles en cuanto al mantenimiento del orden y
la seguridad.
417
“Los comisionados quitaban las cédulas y obligaban a las personas a
ir al destacamento militar para recuperarlas”.
418
171
413 C 15120. 1982. San Bartolomé Jocotenango, Quiché.
414 C 11147. Mayo, 1982. Ixcán, Quiché.
415 Testigo directo CEH. (T.C. 22)
416 C 4199. Diciembre, 1982. Sololá, Sololá.
417 Acuerdo Gubernativo No. 4-73, capítulo I, Artículo 1.
418 C 11052. 1982. Cobán, Alta Verapaz.
“Si una persona tenía que trasladarse de una aldea a otra debía tener
un permiso o un salvoconducto para poder trasladarse, como un pa-
saporte; cuando iba a salir se lo sellaban, al entrar en la otra aldea
también se lo sellaba el comisionado militar y de regreso también, de
esa manera se veía que la gente no se fuera a la guerrilla...”
419
1233.
Los comisionados tenían funciones de control y vigilancia asigna-
dos por sus reglamentos, lo que les permitía desarrollar actividades de espio-
naje comunitario que incluía hasta la vigilancia de centros de producción.
“Los comisionados militares y los ayudantes mantendrán una cons-
tante y efectiva vigilancia sobre toda clase de actividades: en centros
industriales y agrícolas, carreteras y otras vías de comunicación, así co-
mo otros lugares de sus respectivas jurisdicciones, para asegurarse de
que el orden público y seguridad permanecen inalterables”.
420
1234.
Los controles eran muy estrictos, principalmente cuando por nece-
sidades económicas los campesinos del interior tenían que movilizarse ha-
cia otras regiones en busca de fuentes de trabajo, como por ejemplo cuan-
do se trasladaban hacia las fincas de la Costa Sur. Se vigilaba incluso hasta
los movimientos más cotidianos de las personas con el propósito de asegu-
rar el cumplimiento de las órdenes emanadas de las autoridades militares.
“El trabajo de los comisionados era formar patrullas para controlar a
las personas que caminaban en la aldea después de las 17:00 horas
prohibían la luz, [las personas] aguantaban hambre porque sólo los
días miércoles podían ir a traer sus víveres a San Sebastián, la aldea
más cercana”.
421
La persecución de delincuentes
1235.
Otra de las funciones asignadas a los comisionados militares fue
la de ejercer tareas policiales sobre supuestos delincuentes en sus comu-
nidades.
“Los comisionados militares o ayudantes que tuvieren conocimiento
de personas o grupo de personas sospechosas, en su jurisdicción, debe-
rán tomar las medidas de seguridad pertinentes e informar inmedia-
tamente a su jefe inmediato superior”.
422
172
419 Testigo directo CEH. (T.C. 155).
420 Acuerdo Gubernativo No. 4-73, Artículo 22.
421 C 7055. Agosto, 1984. Barranca de Gálvez, San Marcos.
422 Acuerdo Gubernativo No. 3-74, Artículo 34.
1236.
El involucrar a los comisionados en funciones asignadas a los Cuer-
pos de Policía, fue una forma de justificar la persecución de “delincuentes”
y de otras personas que no siempre eran criminales, con el objeto de vin-
cularlas con las organizaciones guerrilleras y, bajo ese pretexto, ejecutarlas
de manera arbitraria.
“El Cuartel General ha entregado a numerosos comisionados milita-
res civiles y asistentes de los comisionados militares las identificaciones
de muchos civiles con la tarea de reunir a todos los ‘criminales e in-
documentados’. Los comisionados trabajan con un sistema de rota-
ción, con ciertas personas patrullando las calles, una noche cada sema-
na en vehículos particulares”.
423
1237.
Estas mismas instrucciones se daban en el interior del país en don-
de la persecución en contra de “delincuentes” era dirigida por comisionados
militares.
“Lo que está pasando últimamente, sobre todo en el campo, es que los
oficiales nos están ordenando a los comisionados militares asesinar a
todos aquellos que sean considerados delincuentes comunes, para lo
cual los oficiales nos entregan listas de las víctimas. Nos han dicho de
matarlos a machetazos, pues así se confunde a la gente. La cosa es que
también entre las listas se mete a sospechosos de estar dentro de cual-
quier organización política. Ellos, los militares, ordenan que se actúe
como escuadrones de la muerte. Es por eso que ahora aparecen más ca-
dáveres macheteados”.
424
Las denuncias
1238.
Los comisionados militares participaron activamente en la denun-
cia de miembros de sus comunidades. Ante la función de “mantener la
tranquilidad en el interior” y por temor a que, de no hacerlo, fueran repri-
midos por miembros del Ejército, los comisionados recurrieron con fre-
cuencia a denunciar a personas que incluso no tenían ninguna participa-
ción en el enfrentamiento. Estas denuncias terminaban en detenciones, de-
sapariciones y ejecuciones extrajudiciales.
“Toda la tragedia vino por la lengua de estos ingratos, si no, no hu-
biera pasado nada...”
425
173
423 Traducción del documento desclasificado de los EEUU, P12.55, febrero de 1989.
424 Comité Pro Justicia y Paz, Situación de los Derechos Humanos en Guatemala, Guatemala, octubre
de 1988. “Testimonio de un ex comisionado militar”.
425 C 7055. Agosto 1984. Barranca de Gálvez, San Marcos.
“Era muy sucio porque entre nosotros nos matábamos, como siempre
había envidias y odios entre vecinos, se aprovecharon y por eso la gen-
te se moría”.
426
1239.
Los comisionados militares proporcionaban información a los mi-
litares sobre personas que estaban vinculadas o eran sospechosas de inte-
grar los grupos insurgentes. Con esta información, la Inteligencia militar
elaboraba los listados.
“El 14 de noviembre de 1980, bandas paramilitares vestidos de civil
con capas largas, acompañados de comisionados militares, desapare-
cieron, torturaron y ejecutaron a varias personas en Macalajau, los
nombres de las víctimas estaban en ‘listas negras’, toda la familia Us
Chic, estaba amenazada”.
427
1240.
Los comisionados militares llegaron al extremo de denunciar a per-
sonas inocentes, simplemente por recibir una suma de dinero.
“El jefe de comisionados militares se destacó por acusar a sus vecinos,
‘como le daban pisto, él se vendía’, le daban Q50 por persona delata-
da ... mató mucha gente”.
428
1241.
Muchas de las personas acusadas por los comisionados militares de
ser colaboradores o miembros de la guerrilla, no tuvieron ninguna partici-
pación directa con el movimiento insurgente. Dicen algunos testimonios
que los comisionados tenían que denunciar o detener a un cierto número
de personas.
“El jefe de comisionados de San Pablo dijo: ‘Deme un poco de gente y
lo asciendo a jefe de comisionados’. Por esa chamba comenzó a apun-
tar a mucha gente para ser entregada como guerrilleros. Preparó un
listado de 60 personas para secuestrar en la noche”.
429
1242.
Algunos religiosos fueron acusados de pertenecer a las organiza-
ciones guerrilleras y los comisionados militares no tuvieron clemencia pa-
ra ejecutarlos. El sacerdote Tulio Maruzzo fue ejecutado el 1 de julio de
1981:
174
426 C 1036. 1984. Dolores, Petén.
427 C 2418. 1980. Uspantán, Quiché.
428 C 7164. Enero, 1982. La Reforma, San Marcos.
429 C 7087. 1982. San Pablo, San Marcos.
“Mataron al padre [sacerdote] porque dijeron que los italianos an-
daban promoviendo el cristianismo en la aldea y los acusaron de ser
guerrilleros, yo atendía a las novicias, tenían de 18 a 20 años, los co-
misionados decían que eran guerrilleras...”
430
La captura de personas
1243.
Los comisionados militares eran obligados por el Ejército a parti-
cipar en la captura y entrega de personas señaladas de integrar o de apoyar
grupos guerrilleros.
“El Ejército citaba a la gente por intermedio de los comisionados mi-
litares y los alcaldes auxiliares y con ellos iba él [un ex combatiente
que se pasó al Ejército], quien marcaba a la gente, y se los llevaban
en camiones como ganado. Así comenzó la amnistía”.
431
1244.
En otras situaciones y con el fin de no despertar sospechas en las
comunidades, el Ejército citaba a los comisionados a la zona militar para
realizar actividades relacionadas con el cargo. Los jefes de comisionados
militares de la aldea informaban a la misma que habían sido citados a la
unidad militar para realizar la actividad antes referida. El Ejército aprove-
chaba esta situación para ejecutar o hacer desaparecer a los propios comi-
sionados disidentes o sospechosos.
“Rubén fue citado por los comisionados militares de la cabecera mu-
nicipal para presentarse con ellos el día primero de agosto a la zona
militar de Huehuetenango ... fue conducido por los comisionados ...
cuando los jefes de comisionados volvieron al municipio el día 2 y pre-
guntamos por Rubén respondieron que se había quedado en aquel lu-
gar. Preguntamos en la zona militar y la única respuesta fue que
cuando pasaron lista el lunes, ya no se había presentado. La madre de
la víctima vivía en el 82 con un miembro del EGP que cayó muerto
en un combate, esa pudo ser la razón de la desaparición de Rubén”.
432
“Llegaron a la casa y le dijeron que el día domingo tendrían una
práctica de tiro al blanco en la zona militar, se fueron el sábado, el
lunes todos regresaron menos él, el pretexto fue que al salir ya no lo ha-
bían visto, preguntamos por él, pero en la zona siempre lo negaron,
decían que habían salido todos después del entrenamiento ... ya nun-
ca lo volvimos a ver...”
433
175
430 C 1024. Octubre, 1982. Los Amates, Izabal.
431 Testigo (ex miembro del CUC, Suchitepéquez) CEH. (T.C. 169).
432 C 5707. Agosto, 1986. San Antonio Huista, Huehuetenango.
433 C 5327. Junio, 1983. Huehuetenango, Huehuetenango.
Los lugares de detención
1245.
Las casas particulares de los comisionados militares fueron utiliza-
das en muchas ocasiones como centros de detención y torturas. Los miem-
bros de la Institución Armada utilizaban esos lugares para cometer diver-
sas violaciones de derechos humanos, en las que también participaron los
propios comisionados. En sus comunidades llegaron a ser personas muy
temidas, ya que el abuso de poder era manifiesto y contaba con la aproba-
ción de los militares.
1246.
El siguiente es un testimonio que se refiere a un lugar de detención
y torturas habilitado en la cabecera municipal de uno de los municipios del
departamento de Huehuetenango. El jefe de comisionados de este lugar
proporcionó su vivienda para la instalación del destacamento militar.
“Dentro de la casa, [él] tenía una oficina, allí estabamos, habían cap-
turado a dos reos, era un cuartito que quedaba como a diez metros de
la oficina de Chagüito, ese sargento por sacarle algo al fulano este que
estaba preso, se le pasó la mano, de una vez lo mató a puñetazos, a
garrotazos, como matar a un perro con rabia, al momento llegó a in-
formarnos: ‘Se me pasó la mano’, se me pasó la mano fue la señal de
que ya había muerto el señor, pero quedaba uno, entonces. ‘Pará la
mano’ le dijo el oficial superior, ese que queda nos va a ir a enseñar
las casas, aquí en Aguacatán, y quiénes son los guerrilleros”.
434
Los interrogatorios y la tortura
1247.
Los comisionados militares recurrían a la práctica de la tortura pa-
ra interrogar a las víctimas y determinar de esa forma su participación en
actividades guerrilleras. Miembros de organizaciones campesinas, sociales,
políticas y estudiantiles fueron perseguidos y sometidos a ese tipo de vio-
lación. Esta práctica se implementó también en las comunidades rurales.
Los siguientes casos ilustran la forma de los interrogatorios efectuados en
el interior del país.
“A Bernardo Rax Sacul, lo torturaron y le preguntaron quiénes eran
los líderes y como no respondía nada, le decían que era guerrillero y
que por eso no quería hablar, también le amarraron un lazo en el cue-
llo y lo jalaban tan duro que se desmayó, todo lo hizo el jefe de comi-
sionados ... él era el que más daño hacía, le decía, ‘¿dónde están las
armas?’ y lo amenazaba...”
435
176
434 Testigo directo (ex miembro del Ejército) CEH. (T.C. 85).
435 C 9121. Octubre, 1981. Cahabón, Alta Verapaz.
1248.
Los comisionados militares realizaron interrogatorios y torturas a
personas civiles. En tales casos fueron obligados o contaron con la presen-
cia o el aval del Ejército.
“Los llevaron al cuarto del teniente que era de la zona militar de Co-
bán, ahí llevaron a Marcos Rax Sacul y entre el teniente y el jefe de
comisionados le amarraron un lazo en el cuello y cada uno en un ex-
tremo jalaba intentando ahorcarlo. Le decían: ‘¿Quiénes son los que
les dan comida a los guerrilleros? ¡Si no nos decís te vamos a matar! ...
¿Dónde están las armas? ¿Cuántas tienen?’... lo amenazaban con un
cuchillo en el cuello y le decían que lo iban a matar...”
436
La participación en operaciones contrainsurgentes
1249.
Los comisionados militares participaron en operaciones contrain-
surgentes del Ejército. Era común que los comisionados militares acompa-
ñaran a los soldados en sus operaciones, las que tenían como propósito o
medio la violación de derechos humanos.
“Los tres fueron sacados de sus casas el mismo día. Los hechores eran
del Ejército con comisionados de la aldea Piedra de Amolar ... los lle-
varon golpeándolos y atemorizándolos ante todos los de la comunidad,
tratándolos como animales. Los vecinos tenían miedo. Los mataron
con balas, en la orilla del camino a la aldea Paternito, y los perros se
los comieron”.
437
“Llegaron a la casa sin mediar ninguna palabra, entraron rompien-
do las puertas de las casas y fueron sacando de su cama a las víctimas,
a quienes las llevaron en un carro de palangana rumbo hacia San Pa-
blo; iban respaldados por un camión del Ejército lleno de soldados, el
día que llegaron fueron identificados los comisionados como los ejecu-
tores del secuestro y el Ejército únicamente como respaldo. Humberto
Rodríguez, uno de los hechores, se vestía con ropas militares cuando
secuestró a las víctimas”.
438
1250.
Los comisionados llegaron a intervenir hasta en las operaciones mi-
litares de tierra arrasada, una de las estrategias más impactantes para las co-
munidades afectadas. Dicha participación fue corriente en operaciones de
estas características. Las víctimas, fundamentalmente, fueron comunidades
mayas.
177
436 Ibid.
437 C 1072. Diciembre, 1966. Olopa, Chiquimula.
438 C 7042. Noviembre, 1984. San Pablo, San Marcos.
“Los comisionados militares entraron el 4 de octubre de 1981 a las
once de la noche, amanecieron quemando nuestras casas, comenzaron
a disparar. Después comenzaron a robar y llevarse nuestras cosas a la
comunidad de Sebás; tuvimos la idea de refugiarnos en la montaña
con nuestros hijos porque nos perseguían con armas ...”
439
“Llegaron los de la comunidad junto con el alcalde y 50 comisiona-
dos militares y destrozaron nuestras casas a 40 de nosotros y nos de-
cían que ya no nos querían en la comunidad porque éramos guerri-
lleros. Quemaron y destruyeron nuestras casas, tuvimos que abando-
nar nuestro lugar y todo”.
440
Los cementerios clandestinos
1251.
Después de la comisión de una ejecución arbitraria contra una per-
sona, los comisionados también participaban en la desaparición de los ca-
dáveres. Numerosos testimonios refieren la existencia de cementerios clan-
destinos en casas o terrenos de comisionados militares.
“Alguien sumamente represivo fue ... su actuación permanente con
efectivos del Ejército, los niveles de impunidad con que se movía, hi-
zo que la población lo identificara como comisionado militar ... en la
parcela de [él] hay gente enterrada”.
441
La colaboración con los finqueros
1252.
Aunque no fue una práctica generalizada, la extensión de la red de
los comisionados incrementó el poder de los finqueros. Muchos comisio-
nados solían ser contratistas y guardianes de finqueros, y nombraban a los
caporales como sus auxiliares.
“Los hechores eran unos hombres de la aldea Nueva Esperanza y un
grupo de comisionados de El Estor y sus alrededores que recibían pa-
go por parte de un grupo de finqueros del municipio ... entre ellos es-
taban unos confidenciales, el líder era el ex Alcalde de El Estor”.
442
“El coronel ... que tiene mucho que ver con todos esos problemas que
hubo, que le quitó mucha tierra parece a los campesinos. Y eso sería
muy bueno que se investigara, porque él tenía un grupo de ahí mis-
mo de Cahabón, quw ya mató a algunos, del que se valía para qui-
178
439 C 9372. Octubre, 1981. Cahabón, Alta Verapaz.
440 C 9121. Octubre, 1981. Cahabón, Alta Verapaz.
441 Testigo directo (ex miembro del CUC) CEH. (T.C. 183).
442 C 1143. Septiembre, 1981. El Estor, Izabal.
tarle terreno a la gente campesina y no es remoto que esté involucra-
do en ciertos pasajes que hay ahí en Pinares [Cahabón], o algo por el
estilo”.
443
“Los comisionados militares del área estaban divididos entre los que
fueron nombrados por el Ejército y los que eran comisionados confi-
denciales ... que fue el principal eslabón con los finqueros, también tu-
vo su propia base de poder. Este último lo obtuvo por una parte gra-
cias a los contactos que acumuló durante su período de alcalde ...”
444
“El organizó y pagó a sus hombres por los hechos cometidos en contra
de los enemigos de los finqueros, el dinero era proporcionado por un
grupo de finqueros”.
445
La resolución de problemas personales
1253.
Bajo el manto de la impunidad, muchos comisionados militares
aprovecharon su posición de poder para resolver diversidad de problemas
personales, cometiendo violaciones de derechos humanos en contra de los
vecinos de sus comunidades. Lo hacían por distintos motivos, dentro de
los cuales estaban incluso el deseo de apropiarse de las tierras.
“El era el jefe de comisionados de Santa Ana Huista, como nuestras
tierras eran las mejores de la región, nos acusó a toda la comunidad
de ser miembros del EGP, lo que el quería era quedarse con nuestras
tierras ... por la represión todos nos fuimos al refugio ... éramos más de
500 familias ... después el teniente repartió las tierras”.
446
1254.
Las personas que aprovecharon el enfrentamiento armado para re-
solver asuntos personales de este tipo, en algunos casos solicitaron la cola-
boración del Ejército y de los comisionados militares.
“El quería quedarse con las tierras [de las víctimas] ... por ello los
acusó de guerrilleros y pidió ayuda al comisionado militar de La De-
mocracia ... Estos fueron con la cara cubierta a la aldea, acompaña-
dos de los soldados, y fueron ellos los que señalaron dónde vivía cada
una de las personas cuyos nombres aparecían en la lista. Como conse-
cuencia de esta falsa acusación murieron casi todos los hombres de la
familia Galicia...”
447
179
443 Testigo directo (general en situación de retiro del Ejército) CEH. (T.C. 24).
444 C 1172. Noviembre, 1982. El Estor, Izabal.
445 Ibid.
446 C 5392. Enero, 1981. Santa Ana Huista, Huehuetenango.
447 C 5310. Mayo, 1982. La Democracia, Huehuetenango.
1255.
Incluso hasta por ambiciones fútiles, los comisionados sirvieron de
pretexto para cometer ejecuciones contra personas inocentes.
“La víctima era el alcalde auxiliar de San Andrés, había escuchado
que lo perseguían cuando iba al mercado. Cuando volvía ... encontró
al comisionado militar ... El ... [comisionado] lo perseguía porque
quería su caballo, la víctima le entregó su caballo y el comisionado le
disparó dándole muerte”.
448
La responsabilidad de los comisionados
militares en las violaciones de derechos humanos
perpetradas durante el enfrentamiento armado
1256.
Los comisionados militares participaron en 6,878 violaciones de
derechos humanos, durante el enfrentamiento armado en Guatemala, se-
gún la información recogida por la CEH. De estas violaciones el mayor
porcentaje lo constituyen las ejecuciones arbitrarias, seguido por privación
de libertad, tortura, desaparición forzada y violación sexual. Las violacio-
nes en áreas rurales afectaron sobre todo a comunidades mayas (Véase
G
RÁFICA
3).
1257.
Una de cada 10 violaciones reportadas fue cometida por esta fuer-
za paramilitar. En la mayor parte de las violaciones de los derechos huma-
nos, los comisionados militares actuaron en colaboración con el Ejército y
en una menor proporción con las Patrullas de Autodefensa Civil. Del to-
180
3%
7%
21%
31%
37%
Porcentaje
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Tipo de violación
Violación sexual
Desaparición forzada
Torturas, tratos crueles,
inhumanos y degradantes
Privación de libertad
Ejecución arbitraria
448 C 2383. Marzo, 1982. San Andrés Sajcabajá, Quiché.
GRÁFICA 3: Porcentajes de violaciones de derechos humanos
cometidos por comisionados militares (las 5 más frecuentes)
GUATEMALA (1962-1996)
tal de las violaciones cometidas por los comisionados, sólo un 13% fue rea-
lizada por estos de manera independiente, es decir, sin participación de
otros responsables.
1258.
El 6% de las violaciones se cometió en la capital y las cabeceras de-
partamentales, y el 94% en el área rural.
1259.
Los departamentos más afectados por violaciones de los derechos
humanos fueron Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz y Zacapa. Sólo en es-
tos cuatro departamentos se registró el 78% del total de violaciones come-
tidas por los comisionados en el país.
449
1260.
Tal como se puede observar de la información estadística suminis-
trada, los comisionados militares sí tuvieron una participación importante
en violaciones de derechos humanos. El involucramiento y la militariza-
ción de civiles trajo de esta forma penosas consecuencias para la población
guatemalteca.
VI. LAS PATRULLAS DE AUTODEFENSA CIVIL
1261.
En el presente apartado se abordará el tema de las Patrullas de
Autodefensa Civil (en adelante PAC o patrullas), teniendo como aspec-
tos centrales de la exposición: sus antecedentes y fundamento legal, los
objetivos y propósitos del Ejército en su utilización, su organización, su
participación en el enfrentamiento armado y su disolución. El objetivo
181
3%
15%
17%
42%
4%
4%
Porcentaje
0% 5% 10% 15% 20%
25%
30% 35% 40% 45%
HUEHUETENANGO
SAN MARCOS
ZACAPA
BAJA VERAPAZ
ALTA VERAPAZ
QUICHÉ
Departamento
449 Base de datos CEH. Muestra de 6,310 casos digitados hasta el 27 de julio de 1998.
GRÁFICA 4: Porcentajes de violaciones de derechos humanos
cometidos por comisionados militares, según departamentos
(los 6 más frecuentes)
GUATEMALA (1962-1996)
es describir el papel de esta fuerza paramilitar durante el enfrentamiento
armado.
1262.
En vista de que la mayoría de los testimonios recibidos por la CEH
son de las víctimas de violaciones de derechos humanos y hechos de vio-
lencia, en el desarrollo del tema se presentan los hechos delictivos perpe-
trados por estas organizaciones, y por tal razón no se analizan otros temas
vinculados con las PAC.
Antecedentes y fundamento legal
1263.
Al inicio de la década de los años ochenta, el enfrentamiento arma-
do en Guatemala se había extendido particularmente a los departamentos
del norte y occidente. El movimiento guerrillero tenía una fuerte base so-
cial en las comunidades del interior y el Ejército preparó una estrategia
contrainsurgente para involucrar a la población civil de modo activo. Esto
ocurrió a nivel nacional y especialmente en las comunidades mayas.
1264.
Es así como surgen las PAC como grupos de hombres civiles orga-
nizados coercitivamente por la Institución Armada como fuerza paramili-
tar complementaria, que pretendía aislar al movimiento guerrillero y con-
trolar a sus comunidades.
“Dichos aparatos paramilitares pretendían, como objetivo primordial,
aislar a las organizaciones revolucionarias de su base social en las
áreas de enfrentamiento mediante el control poblacional”.
450
1265.
Las Patrullas de Autodefensa Civil
451
fueron reconocidas legalmen-
te con el Acuerdo Gubernativo 222-83 del 14 de abril de 1983. Sin em-
bargo, desde 1981 se habían empezado a organizar en varias regiones del
país grupos de autodefensa civil, y desde 1982 actuaron en forma coordi-
nada con los planes de campaña del Ejército Victoria 82 y Firmeza 83, ba-
jo el nombre de Patrullas de Autodefensa Civil.
1266.
En 1981, cuando se comenzaron a organizar los primeros grupos
de autodefensa, el general Benedicto Lucas —hermano del Presidente de
la República general Romeo Lucas García—, entonces jefe del Estado Ma-
yor del Ejército, fue el encargado de dirigir esta estrategia en Guatemala.
Lo más grave de la misma fue el involucramiento coercitivo de la pobla-
ción civil en las acciones militares, dando lugar a la militarización de las
comunidades mayas, al enfrentamiento entre ellas y a la violación de dere-
chos humanos por las PAC. Los civiles fueron obligados a realizar opera-
182
450 Minugua, “CVDC-Comisionados militares”, Oficinas regionales, Santa Cruz del Quiché-Hue-
huetenango-Sololá.
451 En el presente tema las PAC, los CVDC y las PADCIL, identifican a las mismas Patrullas de Au-
todefensa Civil. Las PADCIL es el nombre que reciben en los planes de campaña del Ejército.
ciones bélicas y expuestos a recibir respuestas militares. Las PAC desestruc-
turaron el sistema de autoridad indígena y se convirtieron en una forma de
control total de las comunidades mayas.
“El general Manuel Benedicto Lucas García, jefe del Estado Mayor
del Ejército, quien se encuentra al mando de las tropas a cargo de la
operación de contrainsurgencia, reveló a este enviado que ... se dará
equipo e instrucción a los campesinos, quienes serán enlistados en las
reservas permanentes del Ejército y que en cualquier momento se les
dará equipo”.
452
“Fue en un municipio de Chimaltenango ... yo dije, ‘pues hombre, si
ustedes están decididos a eso, entonces los vamos a aglutinar como una
fuerza especial, como comisionados militares, verdad, y se les va a dar
armamento’; entonces el Ministro de la Defensa me dijo: ‘Se te van a
voltear’; ‘no’, le dije, ‘hay que confiar en uno mismo en todo lo que
hace y hay que tener fe en todo lo que hace, a estos hombres no los po-
demos abandonar...”
453
1267.
A partir de 1981 los miembros del Ejército empezaron a obligar a
civiles a acompañarlos para la realización de algunas operaciones militares.
Esas personas estaban muy vinculadas al Ejército, pues regularmente eran
confidenciales o comisionados militares que posteriormente fueron jefes
de patrullas. En algunos municipios, esos grupos tomaron su denomina-
ción de los nombres o apellidos de los líderes, como por ejemplo los Za-
pones o los Arones, que operaban en los municipios de Santa Cruz y Us-
pantán, en el departamento de Quiché.
“En abril de 1981 vino la guerrilla a atacar la casa de los Arones.
Lanzaron cohetes pero no lograron nada, porque ellos [los Arones] ya
estaban bien armados por orden del Ejército. A partir de entonces las
PAC se sintieron más fuertes porque recibieron más apoyo [armas] del
Ejército. Los Arones establecían turnos para que constantemente sus
casas estuvieran vigiladas las 24 horas por patrulleros”.
454
1268.
En abril de 1981 el municipio de Uspantán, Quiché, fue uno de
los primeros lugares donde se reportó que los miembros del Ejército ha-
bían organizado a la población civil para integrar grupos de autodefensa.
183
452 Diario El Gráfico, 3 de diciembre de 1981.
453 Testigo directo (general en situación de retiro del Ejército) CEH. (T.C. 24).
454 C 2772. Abril, 1981. Uspantán, Quiché.
Ese mismo año, en el último trimestre, ya se reportaban PAC en el resto
de los municipios del departamento de Quiché y en el departamento de
Baja Verapaz. Los siguientes testimonios hacen referencia a los lugares en
los que se iniciaron.
“Cuando yo llegué a Salamá, creo que fue Rabinal [municipio de
Baja Verapaz], no me recuerdo muy bien ... todo el pueblo estaba ahí
reunido y entonces pedían defender ellos mismos su territorio y me pre-
sentaron un listado como de doscientos, doscientos ahí dispuestos a de-
fender ellos mismos su territorio; ahí comenzó, después fue en Chajul
[Quiché], donde también se veían hasta lindos uniformados, de pan-
talón blanco, saco azul y sombrero blanco con un ... mire, qué boni-
tos se veían, después fue en Chimaltenango, pero no me recuerdo en
qué municipio de Chimaltenango...”
455
“Uno de los elementos que recuerdo bien es la fecha de noviembre del
año de 1981 como la primera presencia y acción de Patrullas Civiles,
que fue en Joyabaj. La primera acción, no sé si fue el primer lugar en
donde se organizaron, pero digamos que empezó ... al tratar de ana-
lizar qué era ese fenómeno, empezaron por Joyabaj, y de ahí las exten-
dieron tanto hacia Baja Verapaz, hacia todo el Quiché”.
456
1269.
Para 1981 se reportan las primeras violaciones de los derechos hu-
manos atribuidas a estas organizaciones.
“En mayo de 1981 en Kaibil Balam, aparece un grupo de hombres
armados de Ascención Copón que habían organizado una especie de
patrulla, era como una primera tentativa de PAC. Buscaban a Juan
Ordóñez, como no estaba mataron a la esposa frente a sus tres hijos”.
457
1270.
Es en el departamento de Quiché donde se menciona que los
miembros del Ejército comenzaron a hacer reconocimiento de comunida-
des a principios de la década de los años ochenta, y que al patrullar obli-
gaban a civiles a servir de guías. El conocimiento del terreno por parte de
las personas oriundas del lugar y el control directo que podían tener sobre
sus propias comunidades serían parte vital en la conformación de los gru-
pos de civiles que, desde sus comunidades, iniciarían una persecución con-
tra personas extrañas, incluso en muchos casos contra sus vecinos y contra
sus propios familiares.
184
455 Testigo directo (general en situación de retiro del Ejército) CEH. (T.C. 24).
456 Testigo directo (ex dirigente del EGP) CEH. (T.C. 146).
457 C 11597. Mayo, 1981. Ixcán, Quiché.
“En octubre 81 nacen las patrullas, 15 hombres, 24 horas al día, pa-
trullas en tres grupos de 5, salían con palos, caminando de noche y de
día, con las PAC llegó más pobreza porque los hombres no podían tra-
bajar en el campo”.
458
1271.
Debido al crecimiento de la base social que los grupos guerrilleros
habían alcanzado en el área rural, el Ejército buscó, con la creación de las
patrullas, contar con una forma de control extendida, realizar operaciones
en donde la misma población vigilara y controlara los movimientos de los
vecinos, y rindiera informes cuando detectara cualquier movimiento sospe-
choso. Este involucramiento de la población civil fue parte de una estrate-
gia contrainsurgente debidamente planificada. Uno de los objetivos era
crear una red de informantes que permitiera, a bajo costo, tener una cober-
tura que garantizara la desarticulación del movimiento guerrillero. Adicio-
nalmente también cumplió otros objetivos de control social en función de
diversos intereses.
“Me metí a la URNG cuando ya estaba de patrullero ... dije, mejor
me voy a hacer confidencial. Los señores [los militares] me dijeron
que estaba bien y me ayudaron porque me daban víveres y unos cen-
tavos. En el 83 comencé a ser confidencial y un tiempo antes estuve de
colaborador”.
459
1272.
Como se puede observar, las PAC no tuvieron una fecha uniforme
de inicio. El objetivo militar era saturar el área del enfrentamiento armado
con patrulleros civiles, priorizando los departamentos que el Ejército tenía
registrados como “zona roja” o “rosada”. La presencia militar se incremen-
tó en los departamentos con mayores problemas de insurgencia y, al insta-
larse destacamentos y zonas militares, el control de la población civil se in-
tensificó.
“En las aldeas de Palestina, Santa Rosa, las Brisas y Ballí, la patrulla
civil se organizó el 15 de junio de 1982. El Ejército no quería ir a
Babeltzap a organizar las PAC porque sabían que ya había entrado
la guerrilla allá”.
460
1273.
El Ejército manifestaba que la formación de las PAC “era una res-
puesta de los guatemaltecos honrados para defender su vida y patrimonio fren-
te a las organizaciones de delincuentes terroristas marxista-leninistas”.
461
185
458 C 624. 1982. San José Poaquil, Chimaltenango.
459 C 11411. Diciembre, 1981. Ixcán, Quiché.
460 C 6080. Julio, 1981. Babeltzap, Barillas, Huehuetenango.
461 Procurador de los Derechos Humanos, Los comités de la defensa civil en Guatemala, Procuraduría
de los Derechos Humanos, Agencia Española de Cooperación Internacional y Asociación para la
Autogestión del Desarrollo Integral, Guatemala, julio de 1994, pg. 33.
1274.
En abril de 1982, el Ejército implementó en el país el Plan Nacio-
nal de Seguridad y Desarrollo. Aquí ya se mencionaba la importancia de la
organización de la población civil y su participación en la lucha contrain-
surgente.
462
En junio de 1982 el Ejército elaboró el plan de campaña Vic-
toria 82; en dicho plan se incluye como una instrucción de coordinación
el incremento de las patrullas de autodefensa en las áreas de responsabili-
dad de cada comando militar.
463
En repetidas ocasiones hace alusión a ta-
les organizaciones con el nombre de Patrullas de Autodefensa Civil y con-
tiene un anexo donde señala los lineamientos para su organización.
1275.
Es a partir de este momento que se conocen oficialmente las PAC
como grupos armados que desde el interior de las comunidades rurales
inician una lucha contra los grupos insurgentes. En los departamentos
afectados por el enfrentamiento armado se intensifica la organización de
esos grupos y se hacen evidentes principalmente en la región del norocci-
dente del país.
1276.
Un desmovilizado da sus apreciaciones con relación a los cambios
que se presentaron con la incorporación de la población civil a las patru-
llas, y el análisis de ese fenómeno social:
“Es importante establecer que se dieron una serie de cambios en perío-
dos de tiempo muy cortos, uno fue la reacción inicial del Ejército de
esta represión generalizada contra las poblaciones ... poco tiempo des-
pués vino la primera parte de la participación de la población civil
que fue gente identificada con el Ejército, comisionados militares reac-
cionarios que se integraban como grupos paramilitares en el Ejército.
Después vino ya a forzar a otra población a actuar contra la propia
población con esta modalidad acompañados por el Ejército, a veces
guiando al Ejército, a veces juntos, a veces se quedaba el Ejército en
un punto y los obligaba a ellos a ir a quemar; también muchos miem-
bros del Ejército vestidos de civil actuando, pero también para garan-
tizar que todos ellos actuaran. Después vino el fenómeno de la incor-
poración masiva de la población a las Patrullas de Autodefensa Civil;
en este último momento fue, yo creo, en diferentes lugares ... A finales
de 1982, un montón de cambios en un período muy corto, muy com-
plejo para los que vivimos, eso”.
464
1277.
En el anexo 5 del plan de campaña Firmeza 83 que se emitió en
marzo de 1983, el Ejército reorganizó las PAC. A partir del Acuerdo Gu-
186
462 La Ley número 160-83, que regula las prestaciones para los miembros de las PAC, señala en su
primer considerando “[que] como parte del Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo, fueron creadas
las Patrullas de Auto Defensa Civil...”
463 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, literal m, numeral IX .
464 Testigo directo (ex dirigente del EGP) CEH. (T.C. 146).
bernativo número 222-83, publicado en el Diario de Centro América el 14
de abril de ese año, las PAC fueron reconocidas legalmente mediante la
creación de la Jefatura Nacional de Coordinación y Control de la Autode-
fensa Civil.
1278.
De conformidad con este acuerdo, las PAC dependían jerárquica-
mente de las autoridades militares. El primer considerando consigna que
“para proteger a la población honrada y trabajadora del país de la acción des-
tructora promovida por la subversión, el Ejército de Guatemala ha organiza-
do las PAC, especialmente en las poblaciones del interior de la República”.
1279.
El segundo considerando dice que “para regular la Organización,
Funcionamiento y el Control de las PAC, es necesario crear la respectiva Jefa-
tura con jurisdicción en todo el territorio nacional, para cuyo propósito es pro-
cedente dictar la correspondiente disposición legal”. El Artículo 2 estipula que
el Ministerio de la Defensa Nacional emitirá un reglamento y las órdenes
que estime convenientes, para la organización y funcionamiento de la Je-
fatura creada mediante esta disposición.
1280.
El sistema de patrullas civiles fue institucionalizado por el general
Efraín Ríos Montt como elemento adicional del plan de desarrollo socioe-
conómico en apoyo a las operaciones contrainsurgentes “fusiles y frijoles”
del plan de campaña Firmeza 83-I que se implementó durante su período
de gobierno de facto.
465
1281.
Finalmente, la formalización de las PAC culmina con el decreto
160-83 que crea el Fondo de Protección Militar para la Autodefensa Civil,
con los fines exclusivos de prestar ayuda económica, en casos de muerte,
del personal que forman las PAC, siempre y cuando dicho deceso ocurra
en las funciones de servicio, previamente calificado por el Estado Mayor
de la Defensa Nacional.
Objetivos y propósitos en la utilización
de las PAC por parte del Ejército
1282.
La creación y la posterior legalización de las PAC, contó con unos
objetivos y propósitos bien definidos por parte del Ejército. En sus planes
de campaña aparecen con claridad dos objetivos centrales, que serán los
primeros en abordar, como fueron la organización civil contra los movi-
mientos guerrilleros y el control físico y psicológico sobre la población.
1283.
Tanto las cifras oficiales del número de patrulleros como los obje-
tivos que inspiraron la creación de las PAC, son uno de los ejemplos que
ilustran la militarización a la que fue sometido el pueblo de Guatemala du-
rante el enfrentamiento armado. Los propósitos que inspiraron al Ejército
187
465 Centro para los Derechos Humanos Robert F. Kenedy, Las patrullas civiles y su legado, Estados
Unidos, agosto 1996.
para impulsar la creación de las PAC y el alto número de patrulleros que
existieron en el país, son evidencia de la penetración de lo militar en la so-
ciedad civil del país.
“Ya en 1980 se habían formado las PAC; Ambrosio Cahuec, jefe de
comisionados militares fue también jefe de las PAC ... Toda la comu-
nidad se militarizó, no podían reunirse más de cuatro personas, te-
nían que pedir permiso hasta para realizar reuniones de un equipo de
fútbol”.
466
1284.
Los objetivos y propósitos arriba sintetizados se concretaron de
manera particular mediante el suministro de información, la participación
en operaciones militares contrainsurgentes y otras tareas, como la sustitu-
ción de autoridades civiles, aspectos que serán ilustrados con algún detalle.
Finalmente en el presente apartado se abordará lo relacionado con las PAC
como mecanismo de sobrevivencia de la población, aspecto que ayuda
comprender por qué miles de guatemaltecos, dada la gravedad del enfren-
tamiento, se vieron obligados a participar en esta organización armada co-
mo un mecanismo de supervivencia.
La organización de la población contra la insurgencia
1285.
En los planes de campaña del Ejército de 1982 se definían los pri-
meros objetivos con relación a la organización de las PAC. “Uno de los ob-
jetivos de la organización de las PAC es unir a la familia guatemalteca, para
que todos unidos participen en la protección de sus intereses comunes, razón por
la cual no se pueden hacer excepciones de ninguna naturaleza, de tal manera
que en ellas participen absolutamente todos”.
467
“Las patrullas cambiaron la mentalidad de la gente, nos trajeron mu-
chos problemas y mucho dolor, no fue cierto que eran para salvar la
vida sino para matar a nuestros propios hermanos ... nos quedó den-
tro mucha violencia que a veces nos sale ... todos estamos enfermos por
lo que nos mandaron hacer”.
468
“Yo he leído que esos hechos sucedieron con las patrullas civiles, con las
PAC, sin duda que es para involucrar una parte de la población en
contra de la otra”.
469
188
466 C 9242. 1982. San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.
467 Ejército de Guatemala, Guía para la organización de las Patrullas de Autodefensa Civil, apéndice I
al anexo J del plan de campaña Victoria 82.
468 C 2990. 1982. Chichicastenango, Quiché.
469 Testigo (ex ministro de Relaciones Exteriores) CEH. (T.C. 17).
1286.
En el plan de campaña Firmeza 83 el Ejército se proponía cumplir
con varios objetivos en relación al papel de las PAC. El primero era buscar
la “organización de toda la población del país, para que con el apoyo del Ejér-
cito de Guatemala defiendan sus intereses comunales preservándolos de la des-
trucción por parte de los delincuentes subversivos”. Dentro de los propósitos
del Ejército estaba que las patrullas pudieran “ayudar al Ejército de Guate-
mala a velar por la paz y seguridad de la ciudadanía en general, consideran-
do que es un territorio demasiado extenso para poder proporcionar seguridad
solamente por las autoridades militares y civiles”.
470
“La respuesta de la población para cuidar sus vecindades, para cui-
dar sus casas, para cuidar sus tierras, sus propiedades, sus familias y
en rechazo a los ataques de la subversión, entonces la población se fue
organizando en Comités Voluntarios de Defensa Civil ... en rechazo
al acontecer subversivo, entonces el Ejército asesoró a esa pobla-
ción...”
471
1287.
En la década de los ochenta, las patrullas civiles estuvieron distri-
buidas en todo el territorio, a excepción del Oriente, donde sólo hubo en
los departamentos de El Progreso, Zacapa y Jutiapa. En estos lugares, los
comisionados militares conformaban la estructura militar más fuerte y era
prácticamente inexistente el enfrentamiento armado.
1288.
El segundo objetivo del plan de campaña Firmeza 83 en relación
con las PAC era el de “penetrar a la población civil y organizarlos para estar
preparados para afrontar un eventual enfrentamiento nacional o internacional
de manera que participe absolutamente todo guatemalteco, para lo cual no se
pueden hacer excepciones”.
“Sin el apoyo popular no hay movimiento subversivo que pueda salir
adelante y ante casi un millón de hombres y mujeres miembros de los
comités voluntarios, no sólo dándoles la espalda, sino que anteponien-
do voluntad y fuerza, esto trajo por tierra las intenciones de la subver-
sión en llevar a cabo un asalto final sobre la República”.
472
1289.
El involucramiento forzoso de la población civil en el enfrenta-
miento armado interno por medio de las PAC fue significativamente ma-
yoritario en los departamentos que contaban con mayor población maya.
Cabe identificar algunos motivos por los cuales se dio una mayor presen-
189
470 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, Anexo J, capítulo II.
471 Testigo (coronel del Ejército) CEH. (T.C. 86).
472 Ibid.
cia de las PAC en las comunidades mayas. De una parte, la instauración de
las PAC constituyó una nueva forma de utilización de la fuerza laboral in-
dígena de modo extendido y sin costo, como se había hecho en la Colonia
e inicios de la República. En este caso, la utilización de los indígenas se ha-
cía en función de objetivos militares. De otra, buscaba desestructurar los
fuertes lazos comunitarios, la confianza entre vecinos y las redes de solida-
ridad; esto evitaba que la guerrilla se apoyara en las estructuras comunita-
rias. La desestructuración de los propios sistemas de autoridad y control
indígenas posibilitaba la dependencia de las comunidades frente a las es-
tructuras y mandos militares, las hacía vulnerables frente a ataques y las
reestructuraba en función de una lógica militar.
1290.
La discriminación alimentada por la actitud racista hacia esta po-
blación se hizo evidente, ya que tanto la obligatoriedad para realizar los
turnos como la participación en operaciones armadas la afectó ostensible-
mente. En la siguiente cita, un ex Presidente de la República da su opinión
con respecto a la participación de los civiles en las PAC.
“Es la primera vez en la historia de Guatemala que el indígena se
siente útil, es primera vez en la historia de Guatemala que el indí-
gena se siente usado, utilizado necesariamente por el Ejército, por el
Gobierno, por el Presidente y por el sector económico. Es primera vez
que el indígena se siente indispensable frente al patrón, porque él era
el que frenaba el paso de la guerrilla y además con un rifle en la ma-
no. Yo confieso que una vez un patrullero me dijo: ‘¡Ah! lo impor-
tante es llevar el rifle, no importa si es en el hombro derecho o en el
izquierdo”.
473
1291.
Las referencias que se tienen con relación al número de patrulleros
civiles en todo el país, inician en 1981 con aproximadamente 25,000
hombres.
474
Según cifras oficiales del Ejército, “en el año de 1982 se conta-
ba con un millón de patrulleros civiles”.
475
Desde el reinicio de los gobiernos
civiles en 1986 es que empiezan a disminuir: “en 1996 habían menos de
40,000 organizados”;
476
según el Ejército, para ese año tenían registrados
270,906 en 15 departamentos del país.
477
1292.
El tercer objetivo del plan de campaña Firmeza 83, con relación a
las PAC, establece que deben “influir psicológicamente en los pobladores de
cada región para que la población sienta repudio hacia el enemigo, se alimen-
190
473 Testigo directo (ex Presidente de Guatemala) CEH. (T.C. 21).
474 Americas Watch Committee, Civil Patrols in Guatemala, 1986, pg. 2.
475 Comisión de enlace del Ejército con la CEH, oficio No. 057, 24 de julio de 1998.
476 Margaret Popkin, L., Las patrullas civiles y su legado, octubre de 1996.
477 Comisión de enlace del Ejército con la CEH, oficio No. 057, 24 de julio de 1998.
te el sentimiento de unión pueblo-Ejército, orientado a localizar las bandas or-
ganizadas del enemigo que aún se encuentren activas”.
1293.
Otro de los propósitos del Ejército era “emplear los mismos procedi-
mientos y técnicas que desarrolló la subversión en la organización de masas,
puesto que en esta guerra triunfa quien tenga mejor organizada la población y
mayor apoyo popular del pueblo”
478
y un objetivo adicional era “pnetrar en la
población por intermedio de las Patrullas de Autodefensa Civil, logrando un
ordenamiento social que permita superar la crisis actual del país”.
479
1294.
Dentro de los propósitos particulares de las operaciones contrain-
surgentes estaba el de “organizar en las áreas más conflictivas las Patrullas de
Autodefensa Civil, debiendo ser adecuadamente supervisadas y controladas por
cada comando”.
480
“Ellos tenían unas jerarquías medio militarizadas, o sea las patrullas
siempre por el orden, dependían del Ejército, recibían órdenes de dis-
ciplina del Ejército, entonces ellos tenían un comandante de la patru-
lla, verdad, y constantemente ese comandante era renovado, duraba
uno o dos años, dependiendo de su labor. Pero fue, yo les digo en tér-
minos muy generales, si la patrulla civil no hubiera nacido en este
país, la guerra la ganaba la guerrilla, definitivamente porque era el
pueblo contra el pueblo y era el pueblo del área, o sea, no eran solda-
dos de Zacapa que se iban a pelear a Quiché, eran patrulleros k’iches
que peleaban contra guerrilleros k’iches. Entonces se conocían y eso es
muy importante, eso es bien importante, si no hubiera sido por la pa-
trulla civil perdemos la guerra, y al decir perdemos la guerra no sé en
qué estaríamos ahorita en este país”.
481
1295.
La organización de las PAC ocasionó divisiones en el interior de las
comunidades, no sólo entre las personas que estaban a favor o en contra
de una de las partes del enfrentamiento, sino entre los patrulleros y los po-
bladores que no querían involucrarse en operaciones armadas. Estas divi-
siones trascendieron las comunidades y las regiones, opusieron a los miem-
bros de las diferentes etnias entre sí y crearon rivalidades que incluso llega-
ron al uso de la fuerza.
1296.
Los objetivos y propósitos son analizados como antecedentes en el
plan de campaña Victoria 82:
191
478 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, anexo J, capítulo II.
479 Ejército de Guatemala, plan de campaña Firmeza 83, II objetivos, apéndice 5 al anexo B.
480 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, anexo H, inciso C, propósito particular, nu-
meral 6.
481 Testigo directo (finquero y diputado del área ixil) CEH. (T.C. 16).
“Se ha tomado muy en cuenta la organización de la población, lo que
ha permitido mantener un control relativo de las áreas de responsabi-
lidad de los diferentes comandos”.
“La organización de las poblaciones ha permitido un desenvolvimien-
to más efectivo en las operaciones contra grupos subversivos con la ayu-
da eficaz de la población, en las diferentes áreas de la República”.
“Con la organización de las patrullas civiles se ha logrado reducir el
problema subversivo en un 80%, logrando separar a la subversión de
la población, con lo cual se les ha negado sus bases de apoyo y el acce-
so a las áreas pobladas, evitando con esto que continúen su labor pro-
pagandística y de trabajo político e ideológico, a la vez que se ha he-
cho más fácil combatirla, porque no tienen quién los oculte y la infor-
mación de su presencia fluye por todos lados”.
482
1297.
En la confrontación armada interna ha sido sustancial el apoyo que
las PAC ha dado al Ejército. Esto es tan cierto que desde que fueron for-
mados los patrulleros han rastreado y confrontado a los guerrilleros y han
informado al Ejército de los acontecimientos en las regiones.
483
El control físico y psicológico de la población
1298.
Dentro de los planes del Ejército, vigilar constantemente a la po-
blación era básico para poder cumplir con los fines propuestos. En las co-
munidades, el control físico era delegado por el Ejército a los patrulleros
civiles, quienes instalaban garitas, retenes y se colocaban en puntos estra-
tégicos como los puentes colgantes y vehiculares, para solicitar documen-
tos de identificación y permisos a quienes se movilizaban de un lugar a
otro. El control psicológico lo dirigían los miembros de la Institución Ar-
mada. En las comunidades los patrulleros llevaban informes sobre los su-
cesos ocurridos en sus localidades a las zonas militares y destacamentos.
“El Ejército de Guatemala continuará la presión operativa, reasigna-
rá sus unidades operacionales y reorganizará los comandos según las
prioridades que dicta la situación enemiga para ejercer junto con las
organizaciones de Autodefensa Civil, control físico y psicológico sobre
las poblaciones y los recursos locales con el objeto de propiciar el nor-
192
482 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, incisos A, B y D, numeral III, de antece-
dentes del anexo J, sobre lineamientos para organización de las Patrullas de Autodefensa Civil.
483 Minugua, “CVDC-Comisionados Militares”, Oficina Regional Santa Cruz del Quiché.
mal desarrollo de la comunidad, aislar a las bandas de delincuentes
subversivos para que seguidamente éstos sean eliminados por medio de
operaciones tácticas”.
484
1299.
Dentro de las actividades de vigilancia y control de las PAC se in-
cluía la de solicitar los documentos de identificación a personas que ingre-
saban o que pasaban cerca de sus comunidades. Asimismo, tenían la facul-
tad de decretar toques de queda, determinar áreas restringidas y horarios
para el paso de las personas y hasta detenerlos cuando los consideraban sos-
pechosos.
1300.
En el plan de campaña Victoria 82, el Ejército priorizaba las áreas
de enfrentamiento armado interno como las de mayor control. Para el
Ejército los departamentos comprendidos dentro de este plan eran Hue-
huetenango, Quiché, Alta Verapaz, Petén y San Marcos.
485
“En las áreas más afectadas por la subversión, el control de la pobla-
ción puede ser efectuado por las PADCIL locales, para dejar libertad
de movimiento a las unidades militares”.
486
“En algunas comunidades las patrullas se inventaban la hora en que
los pobladores ya no podían salir de sus viviendas”.
487
1301.
El plan de campaña Firmeza 83 también hacía referencia al con-
trol de la población. Involucraba en estas actividades a los patrulleros pa-
ra que vigilaran los movimientos de las personas de dentro y fuera de la
comunidad.
488
1302.
La vigilancia trascendía más allá de los límites de sus propias co-
munidades, ya que se registraron casos en los cuales las personas amenaza-
das en su comunidad se desplazaron a otro lugar para dedicarse a activida-
des agrícolas o de venta de productos. Debido a las acusaciones en su con-
tra, que regularmente eran vertidas por los jefes de patrullas de sus comu-
nidades, la persecución les alcanzaba hasta el lugar a donde se habían tras-
193
484 Ejército de Guatemala, plan de campaña Firmeza 83, enunciado A, punto IV sobre estrategia mi-
litar, anexo B.
485 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, movilización militar. “El Ejército de Guate-
mala, con el objeto de paralizar en el campo militar la acción de la subversión en las áreas críticas del
territorio nacional y desarrollar un vasto programa de contrainsurgencia apoyado por programas de
control de la población y de mejoramiento del ambiente social, económico y político, íntimamente li-
gados, organizará con sus unidades y medios una fuerza operacional para operar principalmente en
Huehuetenango, Quiché, Petén, Alta Verapaz y San Marcos”.
486 Ejército de Guatemala, plan de campaña Firmeza 83, apéndice 5, reorganización, funcionamien-
to y control de las Patrullas de Autodefensa Civil, al anexo B.
487 C 7112. 1982. El Porvenir, San Marcos.
488 Ejército de Guatemala, plan de campaña Firmeza 83, inciso B, capítulo III, acciones y operacio-
nes.
ladado. Después de su captura, eran desaparecidos o entregados de vuelta
a los patrulleros de su misma comunidad. En estos casos, había participa-
ción de otros grupos de las fuerzas de seguridad del Estado.
“El 26 de diciembre de 1983, en la ciudad capital, en la 18 calle de
la zona 1, Sebastián Tipaz y Tipaz se encuentra vendiendo mangos.
Cerca de él se encuentra otro vendedor originario también de la co-
munidad de Lemoa. Sebastián es capturado en su venta por hombres
que se conducían en un vehículo de color blanco. Quienes están cer-
ca ven cómo es golpeada la víctima y luego subido a la camioneta.
Los hombres se paran encima de él y luego con fuerza lo tiran a la
parte de atrás. Los hombres que lo capturan le dicen a las personas
que están presenciando el secuestro que si hablan sobre lo que ven,
también va a venir la judicial a traerlos. A los 4 días la víctima es
llevada a Pachó Lemoa, [aldea de Quiché de donde era originaria
la víctima] y es entregada a las PAC de era comunidad, quienes lo
matan...”
489
1303.
Los planes de campaña definen claramente la importancia de man-
tener una vigilancia constante respecto de los propios vecinos y los extra-
ños a la comunidad. En el plan de campaña Firmeza 83 se define lo si-
guiente:
“Identificación eficiente de todos los civiles en cada aldea. Ejercer con-
trol sobre las personas no residentes, especialmente en las áreas en pro-
ceso de consolidación. Toda persona extraña deberá presentarse e iden-
tificarse en el destacamento más cercano y explicar fehacientemente el
propósito de su permanencia en el área”.
490
“Para salir de la comunidad uno debía llevar un permiso autorizado
por el jefe de autodefensa de la comunidad con el nombre de la per-
sona que iba a viajar, de dónde iba y al lugar a dónde iba y los días
que estaba afuera. Después debía pasar por la zona militar para que
se lo sellara [el permiso] la G-2. El día exacto que se vencía debía es-
tar en la zona y entregaba su permiso al jefe de patrulla. Había un
archivo de los permisos y se llevaba un control de las veces que la gen-
te salía al año”.
491
“Imposición de restricciones de transportación y tránsito de personas
de un lugar a otro”.
492
194
489 C 16036. Diciembre, 1983. Santa Cruz del Quiché, Quiché.
490 Ejército de Guatemala, plan de campaña Firmeza 83, capítulo III, acciones y operaciones.
491 C 11415. 1983. Ixcán, Quiché.
492 Ejército de Guatemala, plan de campaña Firmeza 83, capítulo III, acciones y operaciones.
“Yo fui a trabajar a una finca de la costa, allá estaba como caporal,
era en el 86, cuando iba a regresar a mi comunidad, pedí una cons-
tancia por 90 personas, la selló el planillero, el mero encargado de la
finca, la selló y la firmó. Aquí por arriba de Patulul [Suchitepéquez],
ahí atajaron la camioneta, eran los patrulleros civiles y les mostré el
papel de que de tal finca veníamos, yo era el encargado del grupo, por
eso pedí la constancia al cabeza de la finca”.
493
El suministro de información
1304.
La información que las PAC suministraban al Ejército era muy im-
portante para detectar movimientos insurgentes y prevenir ataques a los in-
tegrantes de la institución armada.
“La Autodefensa Civil debe estar en el punto máximo de organiza-
ción, disciplina y entusiasmo para defender sus comunidades, produ-
cir información sobre el enemigo para permitir al Ejército encontrar
a las Unidades Militares Permanentes (UMP) del enemigo”.
494
“Uno de los patrulleros fue al destacamento militar a informar del ata-
que que los hombres de verde estaban realizando en contra de la comu-
nidad, el destacamento quedaba a ocho kilómetros de la aldea”.
495
1305.
La información recopilada por los patrulleros era entregada y siste-
matizada por los oficiales de Inteligencia de las respectivas unidades mili-
tares, una vez interpretada era utilizada en las operaciones militares. El plan
de campaña Firmeza 83-I establece que la Dirección de Inteligencia “coor-
dinará con las fuerzas paramilitares que requieran de su apoyo para el cumpli-
miento de la misión”.
496
1306.
De esa información se elaboraron listados que fueron utilizados
por los propios patrulleros.
“El puente de Polochic, Panzós [Alta Verapaz], fue un punto de veri-
ficación de papeles de los que pasaban. También en este puente, los pa-
trulleros civiles manejaban una lista negra entregada por el Ejército.
Quienes estaban en la lista eran capturados por los patrulleros civiles
y entregados a un comisionado militar. Normalmente esas personas
nunca más aparecieron”.
497
195
493 Testigo CEH. (T.C. 263).
494 Ejército de Guatemala, plan de campaña Firmeza 83, Directiva de Estado Mayor para la movili-
zación institucional militar, D. operaciones psicológicas III, segunda fase, Autodefensa Civil.
495 C 5151. Agosto, 1982. Jacaltenango, Huehuetenango.
496 Ejército de Guatemala, plan de campaña Firmeza 83-1, numeral 2 del literal b, numeral 26 del
aparte IV.
497 C 11245. Julio, 1982. Panzós, Alta Verapaz.
La participación en la construcción de obras comunitarias
1307.
Los planes de campaña confirman la participación obligatoria de
los habitantes en los trabajos comunitarios. Dichos planes se refieren a
esa actividad en los siguientes términos: “Planificar al máximo el uso de
la población como mano de obra en la reconstrucción de sus respectivas co-
munidades”.
498
“La gente hizo su trabajo, no sé si voluntario o algo así, con la presen-
cia del Ejército las patrullas iniciaron la construcción de la carretera
que va para las aldeas, que era a donde se llevaban a la gente para
que estuviera ocupada, más supongo que era para que el Ejército tu-
viera mayor control sobre la gente, y así se hizo la carretera”.
499
“Trabajábamos en la reparación de la carretera ... de esta forma po-
díamos demostrar que no ocupábamos nuestro tiempo en otras activi-
dades”.
500
La sustitución de las autoridades civiles y tradicionales
1308.
El impacto de la militarización se extendió a las comunidades del
interior del país. El cambio de la estructura de poder fue evidente con la
implementación de las PAC. Los consejos de ancianos, los alcaldes auxilia-
res, los mayores y toda expresión de poder local cayeron ante la implanta-
ción de los jefes de patrulla, quienes a partir de la designación de ese pues-
to, suplantaban las estructuras tradicionales comunitarias. Por imposición
de las autoridades militares, las PAC empezaron a tener un papel protagó-
nico en la toma de decisiones, siendo los enlaces directos entre la comuni-
dad y las autoridades de gobierno.
“Durante los años ochenta, el Ejército, directamente o a través de los
comisionados militares y patrullas civiles, sustituyó a las autoridades
civiles en la mayor parte del campo guatemalteco”.
501
“Durante la guerra las únicas autoridades que existían en el lugar
fueron el comisionado militar y el comandante de autodefensa civil,
estos eliminaron la figura tradicional del alcalde auxiliar, quien ac-
tualmente es el que dirige las riendas de la comunidad”.
502
196
498 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, anexo G, asuntos civiles, inciso D, instruc-
ciones de coordinación.
499 C 5145. 1982. Jacaltenango, Huehuetenango.
500 C 5343. Julio, 1982. San Antonio Huista, Huehuetenango.
501 Margaret L. Popkin, Las patrullas civiles y su legado, agosto de 1996.
502 C 11534. 1981. Ixcán, Quiché.
Las patrullas como mecanismo de sobrevivencia
1309.
En vista de que las operaciones militares lograron golpear a las al-
deas donde había base social de la guerrilla por medio de violaciones de de-
rechos humanos, las comunidades circunvecinas se atemorizaron y empe-
zaron a ver como única posibilidad de sobrevivencia el organizarse en las
PAC. Las manifestaciones que el terror provocaba, por las acciones come-
tidas en contra de sus vecinos por miembros de la institución armada, les
obligaba a aceptar la integración de la población en las PAC.
“Después de la masacre llega el Ejército a obligarlos a organizarse
en las patrullas; como la gente se asusta todos se organizan rápida-
mente”.
503
1310.
Una de las operaciones militares considerada como objetivo estra-
tégico implementado por el Ejército fue la tierra arrasada en contra de po-
blaciones que eran, o se sospechaba que conformaban, la base social de la
guerrilla. Como ya se indicó, las cifras de integrantes de las PAC se incre-
mentaron considerablemente con la implementación de estas operaciones,
y en 1982 se contaba en el país con un número muy considerable de pa-
trulleros civiles.
1311.
Principalmente en las áreas rurales más alejadas del país, la única
posibilidad que les quedaba a las comunidades era precisamente inscribir-
se en las patrullas, por lo que en muchos casos las autoridades o líderes acu-
dían a la zona militar o al destacamento militar más cercano a solicitar su
incorporación. La mayoría de testimonios insisten en que la organización
fue obligatoria y que no tenían otra alternativa, pues la vida peligraba si se
oponían a la participación en esa agrupación.
“Si alguien se negaba a patrullar a los dos días ya no estaba, si hubie-
ra sido voluntario nadie se hubiera metido. Estuvimos dos años sin po-
der salir a trabajar a las parcelas”.
504
“En 1982 un oficial del destacamento del Ejército llegó a mi casa pa-
ra obligar a mi esposo a participar como jefe de patrulla. La condi-
ción era de que si no cumplía con esa orden ‘iba a tener problemas’,
finalmente aceptó y su función consistió en patrullar todas las noches
con 25 patrulleros”.
505
197
503 C 2210. Julio, 1982. San Pedro Jocopilas, Quiché.
504 C 11018. Septiembre, 1982. Ixcán, Quiché.
505 C 10009. Julio, 1983. Dolores, Petén.
1312.
Un caso se dio en la aldea Chex en el municipio de Aguacatán,
Huehuetenango, donde representantes de ese lugar llegaron a la zona mi-
litar a solicitar la integración de las patrullas. Ello sucedió después de las
masacres que miembros de la Institución Armada realizaron en contra de
habitantes de las aldeas de Pajuil Chex y Llano del Coyote (Aguacatán) en
donde murieron ancianos, mujeres y niños, muchos de ellos mutilados y
quemados. El horror de esos hechos de violencia provocó reacciones muy
fuertes en los habitantes de las áreas circunvecinas y las noticias eran tan
impactantes que prácticamente el organizarse en las PAC era la única sali-
da que les quedaba para poder seguir viviendo en sus comunidades.
“En otras aldeas, por ejemplo en Pajuil Chex, la militar vino a que-
mar a varias familias enteras, vino a quemar sus viviendas y no sola-
mente las viviendas sino las personas mismas, murieron hombres, mu-
jeres y niños quemados, incinerados; eso nos causó terror, nos causó
mucho miedo y se decía que los que fueron quemados eran colabora-
dores de la guerrilla. Hasta aquí nosotros no afirmamos ni negamos,
porque no nos consta; así también en otras aldeas, como Llano del Co-
yote y otras comunidades vecinas de esa comunidad, fueron incinera-
das casas, familias y animales por los de la militar. Entonces nosotros
ya estábamos más miedosos porque lo que a nosotros nos interesaba en
ese tiempo era salvar nuestras vidas, porque se contaba que si colabo-
rábamos con la guerrilla, la militar se venía encima de nosotros y si
lo hacíamos al contrario, la guerrilla se venía sobre nosotros. Total que
nos encontrábamos entre la espada y la pared, hasta que hubo hom-
bres de aquí, de nuestra aldea, que idearon alguna estrategia para po-
der salvarnos; ellos fueron a la zona y pidieron que se les tomara en
cuenta en una organización que se llamó Patrullas de Autodefensa
Civil”.
506
“La organización de la patrulla se hizo a consecuencia del ataque de
ambos grupos, de la guerrilla y de la militar, porque la militar no sa-
bía quienes eran buenas personas y quienes estaban involucrados en la
guerrilla ... bueno, esto sucedió en otras comunidades según yo pude
enterarme. Una vez lo que hicieron fue en helicóptero, bajaron en
una comunidad y atraparon a unos jóvenes sin saber si eran guerrille-
ros o no, los llevaron a la zona para a interrogarlos, pero así con tor-
turas y el que no tenía delito se salvó y el que tenía a veces no se salvó
o si se salvaría, pero tenía que ir a demostrar quiénes eran los otros.
Entonces por temor a esa situación es que algunas personas de esta co-
198
506 C 15665. Julio, 1982. Aguacatán, Huehuetenango.
munidad fueron a la zona a pedir consejos, a pedir ayuda, y entonces
la zona los asesoró para que se organizaran en patrulleros todos, pero
eso sucedió a raíz del conflicto que ya iniciaba en ese entonces, fue en
el mes de abril de 1982”.
507
1313.
Hubo algunos casos de comunidades que lograron desarrollar es-
trategias de sobrevivencia frente a la imposición de las PAC y la militariza-
ción, evitando el reparto de armas y dando una nueva función a las PAC.
En el testimonio que sigue se ilustran algunas estrategias que permitieron
a las comunidades conformar las PAC, para no ser tildados de guerrilleros
por el Ejército, y simultáneamente no involucrarse en operaciones arma-
das ni hechos de sangre.
“Cuando llegaron los del Ejército y nos dijeron que teníamos que or-
ganizarnos en Patrullas de Autodefensa, tuve una reunión con los ve-
cinos y todos estaban de acuerdo, pero no querían armas, entonces se
nos ocurrió la idea de proponerle al oficial que iniciáramos un pro-
grama de azadones y frijoles en vez de fusiles y frijoles; él aceptó y así
fue como comenzamos a organizarnos, pero más para hacer proyectos
que para cuidar el pueblo ... Desde el momento que se instaló el des-
tacamento militar en la cabecera municipal, me tomaron como inter-
locutor y me nombraron Intendente y me pidieron que organizara las
patrullas. Rápido comprendimos que eso de las Patrullas Civiles era
una forma de control hacia el pueblo y a la vez una forma de usar-
nos para el enfrentamiento con el EGP y esto último no lo queríamos.
Aceptamos organizarnos, pero no como un grupo armado sino como
un grupo de trabajo; si la guerrilla no nos había armado, tampoco
queríamos que lo hiciera el Ejército. En ese tiempo propusimos al ofi-
cial la forma de organizarnos y con la ayuda de las mujeres luchamos
contra la idea de que nos armaran. Se hicieron los listados y los tur-
nos, pero siempre con la idea de que se usaran para cualquier trabajo
comunitario. Un día domingo un soldado avisó que pusiéramos ban-
deras blancas sobre todas las casas, como se hizo en la segunda guerra
mundial. Decían que Ríos Montt iba a sobrevolar el área y quería ver
quiénes lo apoyaban, luego supimos que era una prueba para ver el
grado de organización que habían logrado y cómo funcionaba en las
comunidades. El alto mando aceptó que realizáramos trabajos comu-
nales conjuntamente con el Ejército”.
508
199
507 C 15664. Mayo, 1982. Agauacatán, Huehuetenango.
508 Testigo directo (sacerdote católico) CEH. (T.C.93)
Organización de las PAC
1314.
Las PAC fueron una fuerza paramilitar que siempre estuvo sujeta
al Ejército; su funcionamiento contaba con la planificación y control de la
institución militar. A continuación se presentan algunas características par-
ticulares de su constitución, como fueron su estructura, edad de sus inte-
grantes, registro y control de los patrulleros, el entrenamiento recibido, los
turnos para patrullar, el suministro de armas y los castigos.
Estructura
1315.
Jerárquicamente los patrulleros civiles dependían de la autoridad
del jefe o comandante de patrullas. A nivel municipal la responsabilidad la
tenía el primer comandante y el segundo comandante, y a nivel departa-
mental había un jefe departamental. Los jefes de patrulla eran designados
en la mayoría de los casos por los comandantes de los destacamentos mi-
litares de la jurisdicción, y en las comunidades afines al Ejército eran estas
las que los proponían, pero en ambos casos debían obtener la autorización
del comandante de la zona militar respectiva.
1316.
Los comandantes eran cargos de mucha confianza y las personas
que los ocupaban tenían que estar registrados en la zona militar. En las co-
munidades eran seleccionados regularmente jóvenes que de preferencia
hubiesen prestado servicio militar o que fuesen comisionados militares.
1317.
La organización de las PAC tuvo básicamente como modelo el de
un pelotón.
509
La cantidad de pelotones dependía del total de habitantes de
la comunidad, incluyendo caseríos y cantones.
1318.
En el plan de campaña Victoria 82 está diseñada la organización de
las PAC. En su numeral V dice que: “deberán estar organizadas por peloto-
nes o como el comando lo considere más conveniente, teniendo como guía la si-
guiente organización tipo. Organización del pelotón de autodefensa civil: un
comandante del pelotón, un encargado de pláticas ideológicas, cuatro jefes de
escuadra y cuatro escuadras con ocho hombres cada una. En los casos de pobla-
ción donde existan dos o tres pelotones, debe organizarse por compañías con sus
respectivos mandos o batallones”.
1319.
La responsabilidad de la organización de las PAC recaía sobre los
oficiales del Ejército. En los planes de campaña se menciona que eran los
oficiales de más experiencia, y preferiblemente los que tuvieran cargos su-
periores a los de subtenientes, los que se encargarían de la organización y
del entrenamiento de los patrulleros civiles.
“Los comandos serán responsables de escoger a los oficiales idóneos
(preferentemente con grado superior a subteniente) para organizar,
200
509 El pelotón estuvo compuesto por cuarenta hombres, similar a un pelotón de una unidad militar.
controlar y entrenar a las Patrullas de Defensa Civil en su jurisdic-
ción, mientras se organizan las Compañías de Asuntos Civiles corres-
pondientes”.
510
“El Ejército asesoró a esta población en la mejor forma de organizar-
se, en seleccionar a líderes y darles responsabilidad sobre el control de
este movimiento social de defensa, de autodefensa y también se les pro-
vee de los recursos mínimos suficientes y necesarios para poder defen-
derse; por un grupo de cada cien miembros de los Comités Volunta-
rios de Defensa Civil se les proveía de unos veinticinco fusiles o esco-
petas, de los fusiles viejos que teníamos en el Ejército, o escopetas para
defenderse, para que cuidaran sus tierras...”
511
1320.
La incorporación de comisionados militares como jefes de patrulla
fue fomentada por la institución armada, por ser aquéllos conocedores del
área y de las directrices del Ejército. Los primeros jefes de patrullas habían
sido comisionados militares y la población guarda memoria de las violacio-
nes de derechos que cometieron bajo su cargo.
“Los jefes de patrulla eran los comisionados, ellos eran los peores, eli-
minaban a los presidentes de comités, de escuelas, de cooperativas, de-
cían que eran jefes guerrilleros”.
512
Edad de sus integrantes
1321.
Las edades para integrar las patrullas variaban en las regiones. No
siempre fueron mayores de edad quienes las integraban ni se respetó tam-
poco el estado de salud o la avanzada edad de muchos de ellos. La CEH
recibió casos en los cuales patrullaban niños desde los doce años de edad,
hasta personas mayores de los setenta años.
1322.
El plan de campaña Firmeza 83 hace referencia a este aspecto: “La
participación de niños, mujeres y ancianos en las patrullas de defensa civil de-
be manejarse con mucho cuidado y, de acuerdo a su voluntad y capacidades,
emplearlas en comités administrativos de desarrollo comunal o Inteligencia”.
513
“Cuando empezaron a formarse las patrullas, éstas eran obligatorias,
incluso para los mayores de 70 años, todos debían de entrenar en la
201
510 Ejército de Guatemala, plan de campaña Firmeza 83-1, apéndice 4, reorganización, funciona-
miento y control de las Patrullas de Autodefensa Civil, anexo G.
511 Testigo directo (coronel del Ejército) CEH. (T.C. 86).
512 C 928. Marzo,1982. San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.
513 Ejército de Guatemala, plan de campaña Firmeza 83, apéndice 5, reorganización, funcionamien-
to y control de las Patrullas de Autodefensa Civil, anexo B-III, lineamientos de trabajo, inciso E.
madrugada y además cubrir los turnos y hacer los rastreos por varios
días, por ese motivo mi padre enfermó y falleció, él tenía más de 70
años, en uno de los castigos lo golpearon muy fuerte y enfermó”.
514
“Todos los hombres de 12 a 80 años tenían que hacer patrullas”.
515
Registro y control de los patrulleros
1323.
El registro de los patrulleros se realizaba por medio de un docu-
mento de identificación, el cual era expedido en los destacamentos milita-
res. Se conocía como el carné del patrullero civil. Para realizar el registro se
contaba con la colaboración de las propias autoridades locales.
“Cuando se organizó la Patrulla de Autodefensa Civil aquí en la co-
munidad, tuvimos que ir a la cabecera municipal para registrarnos;
el secretario del cura tenía en su oficina una máquina de escribir y él
llenaba los carné, después pasábamos al destacamento militar para
que nos lo firmara el oficial; lo mismo se hacía cuando se cambiaba
al jefe de escuadra; cuando a mí me nombraron, tuve que ir también
para registrarme”.
516
“A nosotros los de la zona militar nos obligaron a tener un carné de
patrulla civil y el que no lo tenía lo llevaban a la zona. Por todo lo
que pasó muchos vecinos se enfermaron por los enfrentamientos, como
una vez que empezó a las seis de la mañana hasta las seis de la tarde;
nosotros no sabíamos si volveríamos a trabajar”.
517
1324.
El procedimiento para controlar a los jefes de patrullas estaba esta-
blecido en el plan de campaña Victoria 82. Cada 15 días debían de presen-
tarse a los destacamentos o a las zonas militares para recibir las respectivas
instrucciones.
“Al estar organizadas las patrullas, los comandos o destacamentos más
cercanos deberán propiciar reuniones con todos los jefes de patrullas,
por lo menos una vez cada quince días, a efecto de impartir orienta-
ción y nuevos lineamientos a cumplir en las Patrullas de Autodefensa
Civil”.
518
202
514 C 5091. 1982. Jacaltenango, Huehuetenango.
515 C 928. Marzo, 1982. San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.
516 C 5476. Marzo, 1982. Jacaltenango, Huehuetenango.
517 C 5429. Diciembre, 1982. Uspantán, Quiché.
518 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, capítulo VI, procedimiento y organización
de las patrullas.
“El Ejército reunía periódicamente en la zona militar número 22 a
los colaboradores y jefes de patrulla. Cuando estaban todos, incluidos
los patrulleros, se hacía en la cancha. Cuando la reunión era sólo pa-
ra los jefes, se hacían en el rancho. Los jefes de patrullas se reunían ca-
da 15 días en la zona. El lema era ver y no ser vistos y que controlá-
ramos a las otras comunidades. Yo era el jefe de la patrulla. Me nom-
bró jefe el Ejército. Yo manejé 60 patrulleros. El problema era que to-
dos nos convertimos en orejas de todos. Uno era el oreja del otro, ver
dónde se iba y andar controlando alrededor haciendo patrulla. Un
compañero controló a varias personas. En un bordo de San Pablo mu-
rieron varias personas. Si no mataba el Ejército, mataba la guerrilla
o la patrulla. El juego era: si no eran llamas eran brasas”.
519
El entrenamiento recibido
1325.
Los patrulleros recibían del Ejército instrucción militar, propagan-
da ideológica anticomunista y sobre todo entrenamiento práctico. Los pa-
trulleros estaban obligados a recibir distinto tipo de instrucción militar, la
cual era dirigida por especialistas de los destacamentos militares o por je-
fes de patrullas preparados previamente por el Ejército.
1326.
En los planes de campaña del Ejército se mencionan como temas
de instrucción para los patrulleros: combate individual del soldado, patru-
llas, fortificaciones, Inteligencia, fuentes de información, prisioneros (cap-
tura e interrogación primaria por el superior que lo capturó), armamento
y guerra ideológica.
520
“En el 82 se formaron las PAC ... a algunos de los jefes de grupo, los
soldados les dieron armas. El Ejército los entrenó para manejar arma-
mento...”
521
“Los jefes de patrullas tenían que asistir periódicamente al destaca-
mento militar para recibir instrucciones. Estas consistían preferente-
mente en charlas, establecimiento del sistema de espionaje para con-
trolar los hechos que pudiesen generar eventuales conflictos alrededor
del municipio”.
522
1327.
Gran parte del aprendizaje del modus operandi de las PAC fue in-
teriorizado a fuerza de miedo: cómo “buscar guerrilleros”, cómo detener e
interrogar, qué hacer con los presuntos guerrilleros, cómo organizarse, etc.
203
519 C 11411. Diciembre, 1981. Ixcán, Quiché.
520 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, apéndice 1.
521 C 559. 1982. San Juan Comalapa, Chimaltenango.
522 Testigo CEH. (T.C. 30).
Los patrulleros fueron obligados por el Ejército a observar interrogatorios
en los que se practicaban torturas para obtener listados de sospechosos, a
hacer sufrir a los sospechosos antes de darles muerte, a castigar a familiares
o testigos de presuntos guerrilleros y aterrorizar a poblaciones enteras para
que no apoyaran a la guerrilla. Posteriormente eran obligados a hacer lo
mismo solos o bajo vigilancia de efectivos militares, so pena de sufrir muer-
te o tortura si no lo hacían. Así, el aprendizaje recibido por los soldados so-
bre combate contra insurgentes se trasladaba a los patrulleros y luego éstos
lo aplicaban con la población civil. Los testimonios recibidos por la CEH
dan cuenta de este proceso, lo cual explica las múltiples violaciones de de-
rechos humanos cometidas por las PAC.
523
El caso de los patrulleros de Cucabaj muestra cómo los patrulleros fue-
ron obligados primero a observar y luego a participar ellos mismos en el in-
terrogatorio, tortura y muerte de presuntos guerrilleros miembros de su pro-
pia comunidad o incluso familiares: “Todos tenían alguna familia y mataron
a sus familias, a sus hermanos, pero sabemos que fueron obligados y en ese tiem-
po sabemos que hay que hacer lo que dicen los soldados porque sino morimos to-
dos, pero siempre queda el dolor, la pena de que mataron a sus hermanos”.
524
Un teniente del destacamento de Zacualpa reunió en San Antonio Si-
naché a unos 700 patrulleros de distintos lugares y señaló al jefe de patru-
lla de San José Sinaché como colaborador de la guerrilla. A raíz de ese ca-
so, “enseñó” a todos cómo proceder en los interrogatorios, cómo torturar y
cómo matar a los presuntos guerrilleros. Obligó a los presentes a matar al
sospechoso a machetazos de modo que sufra: “Despacito que hay que
aguantar bastante”. Al final nombró un nuevo jefe de patrulla para reem-
plazar al que habían matado y le ordenó repetir en su comunidad lo que
se hizo durante el día. Al llegar a su comunidad, el nuevo jefe de patrulla
de San José convocó a los patrulleros que no habían asistido a la reunión
y ordenó a los que regresaron con él de San Antonio hacer lo que habían
visto, diciendo: “Como nosotros fuimos a sufrir bastantes cosas ahí arriba,
aquí nos vamos a quitar el vicio”. Como resultado, los patrulleros que regre-
saron del entrenamiento militar torturaron hasta dar muerte a otros patru-
lleros de su comunidad.
525
Los turnos para patrullar
1328.
Los jefes de patrulla eran convocados por los oficiales de los desta-
camentos militares y allí les daban las directrices con relación a los turnos
204
523 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, apéndice 1.
524 Testigo CEH. (CI 43, Los patrulleros de Cucabaj), campesinos maya-k´iche´, Santa Cruz del
Quiché, Quiché, 1981.
525 Testigo CEH. (CI 53, miembros de las PAC obligados a matar a otros miembros de las PAC).
Campesinos maya-k´iche´. Zacualpa, Quiché. Mayo de 1982.
205
para hacer patrullas. Los turnos se realizaban para cuidar a las comunida-
des de cualquier presencia de sospechosos y para vigilar movimientos de
insurgentes. También constituían un mecanismo de control social en sí
mismo y una forma de ejercicio del poder militar sobre la vida cotidiana,
las 24 horas del día. El sistema de turnos permitía a los militares el control
de los patrulleros y de la comunidad en su conjunto. Los turnos prolonga-
dos también se usaban como una forma de castigo, cumpliendo funciones
represivas. Dichos turnos afectaban la vida cotidiana de los patrulleros, sus
ocupaciones laborales, así como las actividades comunitarias de carácter
económico, social, religioso, cultural y de toda índole. En las entradas y sa-
lidas, y en otros puntos estratégicos de las localidades, instalaban las res-
pectivas garitas construidas regularmente con recursos de la comunidad y
con la participación de los patrulleros.
“Las patrullas deben organizarse en turnos de 24 horas, para que la
vigilancia sea constante, apostando grupos de tres o cuatro hombres en
puntos estratégicos de su comunidad y un grupo que hace la función
de rondín que recorre todos los puntos”.
526
“Después del 12 de febrero de 1982, los habitantes de San Pablo es-
tuvieron hasta dos meses sin poder salir de sus casas y tenían prohibi-
do hacer cualquier tipo de ruido a partir de las seis de la noche, el
Ejército obligaba a participar en actividades como los turnos de la Pa-
trulla de Autodefensa Civil, tenían que entrenar todos los sábados y
participaban todos los hombres entre los 18 y los 50 años”.
527
“Estuve sirviendo a las PAC hasta el año de 1983. Los turnos eran de
noche y de día. Al salir de comisiones había que dar aviso de sospe-
chosos. Había que avisar si se veían guerrilleros. Si no se hacía venían
las amenazas de muerte. Temía por mi vida, obedecía órdenes para
que no me acusaran de guerrillero”.
528
“En 1982 nos organizaron en las PAC, a veces en turnos de 24 horas
y otras veces hasta turnos de dos días, velando porque nos decían que
iba a pasar la guerrilla”.
529
El suministro de armas
1329.
La política del Ejército en cuanto al suministro de armas a las PAC
tuvo diferentes características. Las patrullas que eran más afines con el
526 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, capítulo VII, misiones específicas, inciso L.
527 “Comunidad ejemplar”, San Pablo, Ixcán, Quiché, pg. 16.
528 C 2107. 1982. Chiché, Quiché.
529 C 11431. Abril, 1983. Ixcán, Quiché.
Ejército fueron dotadas de armas. La entrega de armas dependió de varios
factores. Entre ellos, los antecedentes de las comunidades, un cierto nivel
de certeza del Ejército de que las comunidades armadas no estaban con la
guerrilla y que los jefes de patrulla o comisionados responderían personal-
mente, y hasta con su vida, por las armas entregadas. Con la entrega de ar-
mas, los patrulleros civiles fueron expuestos por el Ejército a las consecuen-
cias de una participación activa en operaciones armadas. El Ejército invo-
lucró así a población civil, haciéndola susceptible de ataques armados, an-
te los cuales no necesariamente tenía suficiente capacidad de respuesta, de-
bido a la proporción y tipo de armas repartidas y por el deficiente entrena-
miento militar. En muchos casos los patrulleros fueron usados como “escu-
do humano” por el Ejército.
“Como que nuestra patrulla siempre era vista por el destacamento en
Barillas como muy cumplida, nos dieron armas. Teníamos Máuser y
M-1”.
530
“En el año de 1982, una de las primeras PAC que recibió armas fue
la de la aldea Chacalté, en el municipio de Chajul, Quiché, y la de
la finca La Perla en ese municipio”.
531
“Chacalté fue la primera población del área en recibir 25 armas...”
532
“El coronel Gramajo en ese entonces me dio armas para defendernos,
para autodefendernos nosotros y así se formó la primera patrulla civil
en Guatemala”.
533
“Cuando llegó el teniente a la aldea, a mediados de 1982, nos dijo
que todo el municipio de San Antonio Huista estaba apoyando a la
guerrilla y que por eso estaba identificado como zona roja. Nos reu-
nió a todos y nos dijo que el propósito de su visita era para determi-
nar y confirmar algunas acusaciones que habían llegado en contra de
la aldea. A nosotros nos habían puesto en mal los Castillo de Jacalte-
nango, ellos eran los dueños de las camionetas y decían que en la al-
dea vivían guerrilleros. Nos dijeron que teníamos que patrullar, yo le
dije al teniente que si podían darnos armas, porque los de la guerri-
lla pasaban por aquí pero estaban armados, le pedí que diera armas
para las patrullas porque con garrotes y palos no se puede, porque
206
530 C 6080. Julio, 1981. Barillas, Huehuetenango.
531 Testigo directo CEH. (T.C. 16).
532 Entrevista con el general Héctor Alejandro Gramajo.
533 Testigo directo CEH. (T.C. 16).
aquéllos vienen armados y que le quitan el palo a uno y ¡pas! Con la
pistola le tiran un tiro a uno y ya lo jodieron y con armas no, dijo ‘sí
pues’ y mandó a traer 60 fusiles para acá, donde vieron a los del pue-
blo allá les quitaron 30 y dejaron 30 aquí, pero así fue cuando paró
la guerrilla, la aldea ya con fusiles ni pena les daba, el teniente decía
que esta aldea era la mejor porque les apoyábamos, después instalaron
aquí un destacamento militar”.
534
“Recuerdo tan claramente las palabras del coronel: ‘Cómo le voy a dar
armas yo a esa gente, imagínese pues que se nos volteen después’. En-
tonces le dije: ‘Yo me comprometo a traerle a usted un listado con los
nombres, a quienes yo personalmente le garantizo con mi vida que no
van a voltearse”.
535
1330.
Uno de los lineamientos de trabajo incluidos en el plan de campa-
ña Firmeza 83 señalaba: “Los comandos militares ... de acuerdo al grado de
confiabilidad y situación militar del área, entregarán el armamento correspon-
diente”.
536
Se presentó una amplia desproporción entre el número de armas
de guerra entregadas y el número de patrulleros existentes. En la mayoría
de los casos la diferencia fue tan abismal, que los propios patrulleros deci-
dieron fabricar armas de manera artesanal.
“Al principio sus armas eran unos palos con uno de los extremos pun-
tiagudos, después les entregó el Ejército cinco carabinas y tres escope-
tas, más adelante les pidieron Q5 por cada patrullero para comprar
cuatro escopetas, habían alrededor de doscientos sesenta y ocho patru-
lleros”.
537
“Les dieron algunas armas, escopetas y un Máuser. Tenían solo cuatro
armas en total”.
538
“Donde no alcanzaron las armas, la gente preparó puramente palos
para supuestamente defenderse, pero es totalmente negativo esto de de-
cir si un grupo lleva armas y este grupo solo palos tiene, ¿qué podés ha-
cer con defenderte con palos?, no es posible”.
539
207
534 C 5343. Julio, 1982. San Antonio Huista, Huehuetenango.
535 Testigo directo CEH. (T.C. 16).
536 Ejército de Guatemala, plan de campaña Firmeza 83-1, apéndice 4, reorganización, funciona-
miento y control de las Patrullas de Autodefensa Civil, anexo G, asuntos civiles.
537 C 16021. Diciembre, 1981. Joyabaj, Quiché.
538 C 2134. Junio, 1993. Chichicastenango, Quiché.
539 Testigo directo (líder maya) CEH. (T.C. 1).
1331.
Hubo situaciones en que los patrulleros tuvieron que recolectar
fondos para adquirir sus propias armas.
“El Ejército hizo sus campañas (charlas) y la gente tenía miedo de que
llegara la guerrilla, así que nos organizamos en las patrullas para de-
fendernos. Como no teníamos armas recaudamos fondos para com-
prar algunas. Nunca pensé que servirían para matar a nuestra propia
gente”.
540
“Yo temía por mi vida, obedecía órdenes para que no me señalaran
de guerrillero. En el cantón se tuvieron que comprar dos escopetas en
la zona mlitar número 20. Si no se hacía, nos acusaban de ser gue-
rrilleros”.
541
1332.
Una de las misiones de los oficiales de Inteligencia del Ejército era
verificar el destino de las armas a utilizar por los patrulleros civiles, así co-
mo determinar en qué casos podían vendérselas. En el plan de campaña
Victoria 82, se hace referencia al suministro de armamento a las patrullas
civiles. “Deberá investigar de acuerdo a sus posibilidades, la confiabilidad de
las personas que usarán armas del Ejército o que deseen comprarlas para la au-
todefensa de las poblaciones”.
542
1333.
No obstante, no todas las armas vendidas por el Ejército eran des-
tinadas a las PAC. Hay que diferenciar entre las armas adquiridas a título
comunitario por las patrullas y las armas compradas a título personal por
cualquier ciudadano que podía portarla previa expedición de su respectivo
salvoconducto.
1334.
La proporción y tipo de armamento que tenían las patrullas expli-
ca, en muchos casos, la diferencia cuantitativa en violaciones de derechos
humanos entre una patrulla dotada con buen armamento y otra que no
contaba con el mismo o que tenía armas inadecuadas. Las patrullas mejor
armadas, que fueron precisamente las ubicadas en los lugares donde hubo
mayor presencia guerrillera, estuvieron más vinculadas con violaciones de
derechos humanos, según los testimonios recibidos por la CEH. El caso ci-
tado de la aldea El Tablón, en San Antonio Huista, Huehuetenango, es
muestra de ello.
Los castigos
1335.
Los patrulleros impusieron distintos castigos para sus miembros,
los que iban desde simples arrestos, tratos crueles hasta llegar al extremo de
208
540 C 2990. Agosto, 1982. Chichicastenango, Quiché.
541 C 2107. 1982. Chiché, Quiché.
542 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, capítulo VII, misiones específicas.
ejecutar a los mismos patrulleros. Los castigos se aplicaban por distintos
motivos: podían ser por desobedecer las órdenes de los jefes de patrulla,
por negarse a realizar los turnos o por simples problemas personales.
1336.
El Ejército elaboró una tabla de castigos que era distribuida a los
jefes de patrulla, quienes debían portarla en todo momento. Tal tabla esta-
ba referida exclusivamente a faltas vinculadas con el incumplimiento del
servicio. El sistema de sanciones abarcó muchos más asuntos y las sancio-
nes eran mucho más graves. En su conjunto, consistía en un mecanismo
de sometimiento de los patrulleros a la autoridad militar. La siguiente ta-
bla fue entregada por el Ejército a los jefes de patrulla:
1337.
El Ejército otorgó poder discrecional a los jefes de patrullas, como
parte de un modelo de control total. Los actos y la vida de los demás pa-
trulleros y de la población entera dependían del poder militar, ya sea en
manos directas de miembros del Ejército o en manos de jefes de patrulla y
comisionados. El sistema de sanciones era parte de ese modelo de control
y también un mecanismo para que los patrulleros “aprendiesen” técnicas de
tortura, las cuales luego aplicaban a la población. En el ámbito de las san-
ciones reguladas, la imposición de castigo no siempre fue acorde a lo esta-
blecido y quienes eran sancionados experimentaban diversidad de situacio-
nes que dependían del lugar de cumplimiento de la falta. Era la interpre-
tación arbitraria de los jefes de las PAC y de los miembros del Ejército lo
que determinaba su aplicación.
“Un vecino que no quería hacer patrulla se opuso, se lo llevaron al des-
tacamento, allí lo tuvieron en un hoyo y se orinaban encima de él”.
543
Tabla de castigos para las Patrullas de Autodefensa Civil
1. Por no asistir a su turno de servicio Un día de arresto
2. Por presentarse ebrio a su servicio Dos días de arresto
3. Por negarse a hacer servicio Tres días de arresto
4. Por abandonar su servicio Dos días de arresto
5. Por fingir enfermedad para no cumplir con su servicio Dos días de arresto
6. Por ingerir licor estando de servicio Dos días de arresto
7. Por dormirse en su puesto de servicio Un día de arresto
8. Por disparar accidentalmente su arma Un día de arresto
9. Por dañar un arma o la munición Dos días de arresto
10.Por incitar a sus compañeros a no hacer servicio Dos días de arresto
Playa Grande, 22 de septiembre de 1984.
209
543 C 928. Marzo, 1982. San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.
“A la media noche, entraron a mi casa y violentamente se llevaron a
Pascual García, de 53 años, por parte de la zona militar número 19,
ya que él no quería prestar servicio a las PAC por estar mal de salud.
Por ese motivo lo metieron a la cárcel, estuvo un mes preso. Cuatro
meses después, el jefe de las PAC de Naranjales lo volvió a denunciar,
llegaron otra vez en la noche y lo sacaron a la fuerza. El hijo peque-
ño lo agarraba duro de las piernas para que no se lo llevaran. Eran
diez hombres y uno de ellos era el jefe de las PAC. Se lo llevaron y nun-
ca apareció”.
544
1338.
El siguiente es un ejemplo del castigo aplicado a un miembro de
las PAC. Aunque en la tabla se establecía que cuando un patrullero se dor-
mía durante el turno, la sanción era un día de arresto, el caso ilustra lo su-
cedido a un integrante de patrulla que se durmió durante la vigilancia:
“El lunes santo del año 82 Sebastián Canil Chitic se encontraba cum-
pliendo su turno en las PAC. Le dejaron que vigilara por la noche a
una persona capturada. El detenido se escapó y el vigilante no se dio
cuenta. Al conocerse de la fuga, el jefe de las PAC fue informado y re-
prendió a todos los patrulleros. Sebastián Canil fue amarrado por el
descuido y así pasó toda la noche. Al día siguiente a la media noche,
fue conducido al barranco llamado Choporoz. Uno de la misma co-
munidad fue nombrado para darle muerte. Fue acuchillado, lo deja-
ron tirado en el barranco”.
545
1339.
La discrecionalidad en cuanto a las sanciones de las faltas no con-
templadas en los listados, permitió a los jefes de patrulla llegar a una tergi-
versación total en cuanto a los límites de su competencia formal: extrali-
mitándose en muchos casos en la aplicación de castigos que incluso aten-
taron contra la integridad física de los mismos patrulleros.
“Hay gente que rápido se adaptó a la cultura militar, entonces es gen-
te que es experta para eso y que participó tal vez en las masacres, en-
tonces a él no le importa castigar. Tal vez el Ejército no tanto eso di-
ce, sino tal vez hay otras formas de castigo, pero ya ellos son y dicen
que la orden vino de allá arriba”.
546
210
544 C 5059. Mayo, 1983. Colotenango, Huehuetenango.
545 C 2294. Abril, 1982. Joyabaj, Quiché.
546 Testigo directo (líder maya) CEH. (T.C. 1).
1340.
En las mismas aldeas se efectuaban los castigos. Se construyeron fo-
sas, las cuales fueron hechas por los propios patrulleros y supervisadas por
los miembros del Ejército.
“Si alguien no cumplía con el turno de patrullar, lo castigaban dura-
mente, el castigo consistía en introducir al patrullero en un hoyo que
ellos mismos habían hecho cerca de la garita, estando la persona aden-
tro le echaban agua y allí pasaba la noche sumergido en el agua has-
ta el cuello”.
547
1341.
No sólo era el dolor físico sino también el sufrimiento psíquico que
provocaba la impotencia y el sometimiento. La combinación de olores fé-
tidos provocados por la presencia de animales dentro de las fosas y la falta
de un lugar adecuado para depositar los excrementos de las víctimas, deni-
graban a quienes tenían el infortunio de sufrir esos vejámenes.
“Se le metía en un hoyo lleno de agua, si eras bajo te cubría entero,
pero si eras alto te llegaba al cuerpo. Había sapos y anguilas dentro.
Trataban de ponerte de punta los nervios. Aparte el pozo tenía una
lámina encima que cuando se calentaba era horrible el calor que te
caía encima de la cabeza. Ahí había que orinar y defecar en el hoyo.
En el mismo hoyo a veces metían a dos o tres. Era del ancho de las tu-
berías para la carretera”.
548
1342.
La imposición de castigos fue una práctica repetitiva en cientos de
comunidades del país, donde los mismos patrulleros replicaron en su loca-
lidad los métodos de tortura aprendidos de los miembros de la institución
armada. La intimidación, las amenazas y los tratos crueles se realizaron en
las comunidades como un método disuasivo para quienes rechazaban hacer
los turnos respectivos o integrar las PAC. La privación de alimentos y la in-
terrupción de las horas de sueño a las víctimas eran parte de los castigos.
“Las víctimas fueron interrogadas y torturadas, les golpeaban, les pa-
teaban, les ponían una capucha de nylon en la cabeza ... llegaron las
mujeres ... a suplicar pero no hubo modo, los mataron”.
549
“En el año de 1988 rechacé seguir en las PAC, me agarraron los de la
patrulla y me pusieron en un pozo de tres metros de profundidad, allí
me tuvieron 48 horas; el pozo tenía agua sucia que me llegaba hasta
211
547 C 2836. Mayo, 1983. Chichicastenango, Quiché.
548 C 11411. Diciembre, 1981. Ixcán, Quiché.
549 C 2990. 1982. Chichicastenango, Quiché.
la panza, esos dos días no recibí ni agua ni comida, me amenazaron
de muerte”.
550
Participación de las PAC en el enfrentamiento armado
1343.
La participación de los patrulleros durante el enfrentamiento ar-
mado fue muy variada dependiendo sobre todo de la época, la región y la
afinidad con el Ejército. El Ejército obligó a las PAC a participar junta-
mente con él en muchas operaciones, pero en otras debieron actuar solas,
por orden o con la aquiescencia del mismo. El pertenecer a una PAC les
otorgaba a muchos de sus integrantes una posición de poder que les con-
cedía privilegios, les posibilitaba cometer excesos en sus actuaciones y has-
ta les permitía resolver asuntos personales.
1344.
Las patrullas fueron obligadas por el Ejército a una decisiva parti-
cipación en el apoyo de las operaciones militares. Los planes de campaña
establecen su papel en las operaciones contrainsurgentes:
“Parte de la estrategia ganadora actual, ha sido la creación de Autode-
fensa Civil. La unidad designada por cada comando para tal fin, de-
berá saber combinarlas en cada una de las operaciones contrasubver-
sivas que realicen en su jurisdicción para crear Autodefensa capaces de
cerrar las rutas de abastecimiento y fuentes de producción del enemi-
go localizado”.
551
“Como parte de la estrategia victoriosa actual, fueron creadas las
PACDIL por lo que solamente deberán participar en operaciones mi-
litares cuando sea indispensable, dando prioridad en todo momento a
la defensa de sus comunidades”.
552
1345.
Las operaciones en las que participaron fueron las utilizadas tradi-
cionalmente por el Ejército, como las emboscadas, hostigamientos, asaltos;
incluso participaron en las operaciones de tierra arrasada. En este último
caso, también los planes de campaña lo reconocen: “Orientar y estimular a
los miembros de las Patrullas de Defensa Civil, para que colaboren al máximo
en la destrucción y aniquilamiento de los grupos subversivos”.
553
“...Además de
tratar de destruir totalmente a los grupos subversivos, se deben destruir sus “tra-
bajos colectivos de siembra” ... consolidando el éxito con las PACDIL...”
554
212
550 C 11177. 1988. Ixcán, Quiché.
551 Ejército de Guatemala, plan de campaña Firmeza 83, literal I, numeral III, lineamientos de tra-
bajo, apéndice 5, anexo B.
552 Ejército de Guatemala, plan de campaña Firmeza 83-1, literal K, numeral III, lineamientos de
trabajo, apéndice 4, anexo G.
553 Ejército de Guatemala, plan de campaña Firmeza 83-1, literal D, numeral III, anexo G.
554 Ejército de Guatemala, plan de campaña Firmeza 83-1, numeral 18 de las instrucciones de coor-
dinación.
1346.
A continuación se mencionan algunas de las formas en que opera-
ban los patrulleros que no eran otras que los métodos y técnicas emplea-
dos por el Ejército, lo que incluía la comisión de violaciones de derechos
humanos.
Las listas negras
1347.
La participación de los jefes de patrulla como informantes del Ejér-
cito tuvo un valor importante. Por ser los hombres de confianza de los
miembros del Ejército, los canales de comunicación entre ellos eran cons-
tantes y la información recolectada y trasladada a los lugares respectivos era
utilizada para posteriormente llegar a la comunidad a detener a las víctimas.
“El comandante de patrullas de la aldea, anteriormente había estado
en el EGP ... como se pasó al Ejército, llevó un listado de personas de
la comunidad y fue cuando llegó el Ejército a buscarlos. Ese día el ofi-
cial llevaba un papel con una lista que sacó de su bolsillo, todos los
hombres tuvieron que pasar con su cédula en la mano. Después de re-
visar los nombres, seis aparecieron en la lista negra, los capturaron y
los torturaron dentro de la escuela, ese mismo día los fusilaron frente
a toda la población. El profesor de la escuela, Víctor Montejo, también
fue capturado y lo llevaron amarrado al destacamento militar. Era
muy peligroso aparecer en las listas, muchos terminaron muertos”.
555
Los rastreos
1348.
Durante el enfrentamiento armado los rastreos fueron una técnica
utilizada por el Ejército para las operaciones contrainsurgentes, en la cual
emplearon a las PAC.
“Es en el mes de agosto de 1982, cuando se implementaron los rastreos
con la participación de las PAC. Estos rastreos consistían en buscar en
una determinada área considerada como zona roja para descubrir
campamentos de la guerrilla, buzones, población en resistencia, etc.
Citaban a todos los patrulleros de diferentes aldeas circunvecinas. Co-
locaban a sus hombres en línea formando un círculo a cerrar o una
recta paralela a la línea imaginaria que se pretendía alcanzar”.
556
“A partir de que se inició la patrulla, el Ejército nos obligó a patru-
llar en nuestra comunidad y teníamos que participar en rastreos para
buscar guerrilleros”.
557
213
555 C 5153. Agosto, 1982. Jacaltenango, Huehuetenango.
556 C 5343. Julio, 1982. San Antonio Huista, Huehuetenango.
557 C 6080. Julio, 1981. Barillas, Huehuetenango.
“Todos juntos, patrulleros y soldados, salíamos en una gran fila de
aproximadamente 400-500 personas. Los soldados siempre iban en
medio de los patrulleros, después un soldado y después otra vez dos pa-
trulleros, en medio de la fila venía también la radiocomunicación”.
558
1349.
En los rastreos, en muchas ocasiones, los patrulleros morían o eran
gravemente heridos, pues al producirse un enfrentamiento entre miembros
de la insurgencia y la institución armada, los patrulleros eran los que esta-
ban más pobremente armados, quedando atrapados en medio del fuego
cruzado:
“El Ejército tenía conocimiento que en Flor de Mayo había un cam-
pamento guerrillero, por lo que los patrulleros civiles se dirigieron al
lugar por orden del oficial; las armas que llevaban los patrulleros eran
machetes y palos. Cuando llegaron al lugar efectivamente allí estaban
los guerrilleros por lo que comenzó un tiroteo muy fuerte entre la gue-
rrilla y el Ejército. Como los patrulleros no tenían armas los que dis-
paraban eran los soldados. Como el grupo guerrillero era muy grande,
los oficiales solicitaron por radio apoyo aéreo a la cabecera departa-
mental de Huehuetenango ... llegaron dos aviones de guerra y comen-
zaron a tirar bombas. Manuel de Jesús Lemus, uno de los patrulleros,
quedó atrapado en medio del fuego; herido de gravedad al recibir mu-
chos impactos de bala fue trasladado de emergencia, pero murió en el
camino al hospital de Huehuetenango. Ese día muchos patrulleros
fueron heridos y trasladados”.
559
1350.
El conocimiento del terreno que tenían los patrulleros era de vital
importancia para las operaciones militares. Los miembros del Ejército que
participaban en los rastreos generalmente no eran oriundos del lugar, por
lo que aprovechaban al máximo el aporte de dichos patrulleros, quienes al
ser guías de los soldados facilitaban las labores del rastreo.
1351.
La participación de los patrulleros en rastreos se fue incrementan-
do en los años de mayor enfrentamiento. En los años 1982 y 1983 princi-
palmente fue cuando en mayor proporción fueron obligados a participar
junto con las tropas del Ejército en los ataques a las aldeas y caseríos.
“Los del EGP pasaron a dejar papeles a la comunidad, pero nosotros
no sabíamos qué querían, después llegó el Ejército a obligar a patru-
llar y nos entregaron fusiles para atacar a los guerrilleros y nos lleva-
214
558 Ibid.
559 C 5274. Agosto, 1983. Santa Ana Huista, Huehuetenango.
ban a hacer rastreos, con hambre, aguantando frío, sufrimos mucho,
tardábamos hasta cuatro días en los rastreos, nos obligaban a quemar
casas, a robar animales, si no lo hacíamos a nosotros nos mataban”.
560
1352.
Los ex patrulleros coinciden en señalar que en las horas dedicadas
a patrullar y hacer rastreos provocaron muchos problemas en sus hogares,
abandono temporal de la familia, hambre, pérdidas económicas, mucha
pobreza y enfermedades.
“Yo me recuerdo que desde 1981 hasta el año de 1996, si no me
equivoco, se estuvo haciendo patrullas de día y de noche, o sea las 24
horas del día; eso ocasionó mucha pobreza para los que realizaban la
patrulla, volviendo hacia atrás se seguía patrullando y se iba ras-
treando a veces a petición militar a los territorios de Chortiz,
561
pa-
ra eliminar a la guerrilla, a veces con saldos de muertos en ambos
bandos y a veces no”.
562
La captura de colaboradores de la guerrilla
1353.
Los patrulleros eran obligados por el Ejército a participar en la cap-
tura de presuntos o reales colaboradores o simpatizantes de las organizacio-
nes guerrilleras. El señalar a personas como miembros afines de la insur-
gencia, prácticamente era una sentencia de muerte, como se ilustra en el
siguiente caso.
“Como en la aldea ya habían personas que estaban apoyando a los
guerrilleros, una noche que estábamos de turno escuchamos disparos
en la vivienda de un vecino, fuimos a ver qué pasaba. Al llegar el due-
ño de esa casa reconoció que unos minutos antes había estado allí un
guerrillero y que él había hecho el disparo pero que ya se había reti-
rado. Procedimos a capturar al vecino, a su esposa y a otros tres de la
comunidad que ellos mencionaron que también apoyaban. Los lleva-
mos al destacamento militar de Aguacatán. Al mes y quince días lle-
garon los soldados a la comunidad, reunieron a la población y captu-
raron a otros 23 habitantes de la aldea, dijeron que todos ellos ayu-
daban con alimentación a los guerrilleros, algunos aceptaron y seña-
laron a otros. Después de la captura, les dijeron que tenían que ir a
enseñar las casas de los maestros y nos obligaron a los patrulleros a
acompañarles. Cuando llegamos a las aldeas de Chortiz y Chuatuj
[aldeas del municipio de Nebaj, Quiché], los soldados comenzaron
215
560 C 15665. 1982. Aguacatán, Huehuetenango.
561 Aldea del municipio de Nebaj, Quiché.
562 C 15664. Mayo, 1982. Aguacatán, Huehuetenango.
a atacar indiscriminadamente a la población de esos lugares. Hubie-
ron muchos muertos, les quemamos las casas, ellos nos obligaron a par-
ticipar ese día”.
563
La captura o ejecución de guerrilleros
1354.
Los patrulleros tenían orden del Ejército de capturar guerrilleros o
sospechosos de integrar la guerrilla, y de llevarlos al destacamento militar.
Posteriormente, las personas no aparecían más. En algunos casos el Ejérci-
to obligaba a los mismos patrulleros a ejecutar a los sospechosos; en otros
casos, los propios patrulleros decidían la muerte de los presuntos guerrille-
ros. Se registraron casos en los cuales los patrulleros fueron obligados por
los miembros del Ejército a cometer hechos de violencia en contra de ve-
cinos de su propia comunidad.
“Los patrulleros estaban haciendo un rastreo cuando encontraron a
Gregorio Montejo y a Esteban Rojas, iban con uniforme y siglas del
EGP ... los llevaron al centro de la comunidad ... los llevaron al des-
tacamento militar de Jacaltenango y allá los entregaron. A los dos días
los soldados los llevaron de regreso a Tzisbaj, aldea de Jacaltenango.
Los arrodillaron (a las víctimas) y obligaron a los patrulleros a ma-
tarlos a garrotazos. Llamaron a los patrulleros, los formaron en fila,
con un garrote cada uno en la mano. Así fueron pasando uno por uno,
ya estaban golpeados”.
564
1355.
Muchas veces los patrulleros capturaban a los vecinos sospecho-
sos de pertenecer a la guerrilla y procedían a sacar a las víctimas de sus
casas, para posteriormente entregarlos en los destacamentos militares; al
momento de conducirlos, los llevaban con las manos atadas y les coloca-
ban capuchas.
“El comandante de las PAC convocó a una reunión de emergencia a
veinte patrulleros y les informó que en la noche tendrían que realizar
una comisión especial, la cual era muy seria y delicada ... en la noche,
aproximadamente a la una de la madrugada, salieron a capturar a
don Arcadio ... los hombres llegaron con la cara tiznada y se cubrían
la boca con un pañuelo rojo”.
“Yo trabajaba con colmenas, por eso tenía que recorrer varias comu-
nidades para dar capacitaciones, por ese motivo me acusaron de gue-
216
563 C 15664 y C 15665. Mayo y julio, 1982. Aguacatán, Huehuetenango y Nebaj, Quiché.
564 C 5338. Agosto, 1982. Jacaltenango, Huehuetenango.
rrillero. El jefe de las PAC de la aldea dijo que del destacamento ha-
bía recibido la orden de mi detención pero nunca la enseñó, cuando
me capturaron me golpearon, me amarraron y me pusieron una ca-
pucha, me llevaron así hasta el destacamento militar de San Antonio
Huista, eran como 30 los que me fueron a entregar a ese lugar, todos
eran patrulleros de Buxup, [aldea del municipio de Jacaltenango].
Al otro día los soldados me llevaron al destacamento de Jacaltenango;
estuve un mes detenido en ese lugar”.
565
1356.
Algunas veces, los patrulleros llevaban al centro de la aldea y ellos
mismos decidían qué hacer con los capturados. El siguiente es un testimo-
nio de un ex patrullero civil:
“Las órdenes que habían dejado los militares eran que si encontrába-
mos algún guerrillero, que teníamos que capturarlo y llevarlo al des-
tacamento militar. Ese día que estábamos haciendo un rastreo, encon-
tramos a un grupo de la guerrilla, los comenzamos a correr y pudimos
capturar a tres de ellos. A uno lo alcanzamos en Yatolop [Concepción
Huista] y seguimos a los otros dos hasta darles alcance cerca de Ap [al-
dea del municipio de Concepción Huista]. Los capturamos y los
amarramos, se hizo una consulta para ver lo que hacíamos. Unos es-
taban de acuerdo en llevarlos al destacamento, pero la mayoría dijo
que no y que los dejáramos en la aldea. Ese día los patrulleros empe-
zaron a golpearlos, los mataron a patadas y golpes, después los desnu-
daron y sólo las ropas de los guerrilleros llevaron al destacamento. Los
cadáveres los enterraron en ese mismo lugar”.
566
La tortura de los capturados
1357.
Se registraron casos en los que los patrulleros capturaban a perso-
nas, los torturaban a golpes y posteriormente entregaban a las víctimas, en
estado agónico a los miembros del Ejército en el destacamento militar más
cercano. Esto ilustra la impunidad de la que gozaban los patrulleros y del
poder delegado que tenían para atentar contra la integridad de los sospe-
chosos.
“El día de los hechos, el muchacho iba pasando por las orillas de la al-
dea Q´om, cuando una persona de allí lo vio y dio la voz de alarma;
los patrulleros de turno lo empezaron a correr, al estar muy cerca de
la cabecera municipal le dieron alcance y lo empezaron a golpear a
217
565 C 5141. Octubre, 1982. Jacaltenango, Huehuetenango.
566 C 5551. Julio de 1982. Concepción Huista, Huehuetenango. C5553. 1982. Concepción Huis-
ta, Huehuetenango.
garrotazos y patadas, cuando ya no respondía lo llevaron al destaca-
mento militar ... Yo vi cuando pasaron frente a mi casa que quedaba
en la calle principal, los patrulleros lo llevaban amarrado de las ma-
nos y de los pies, estaba colgado de un palo grande que cargaban co-
mo cuatro hombres, así lo llevaron por todo el recorrido hasta el des-
tacamento, todavía estaba respirando cuando pasó enfrente, se mira-
ba muy golpeado, muchos vecinos vieron cuando pasaron, de él ya no
se supo nada, nunca apareció”.
567
Los interrogatorios y posteriores ejecuciones
1358.
Dentro de las violaciones cometidas por las PAC en contra de
miembros de la misma comunidad, se menciona también la modalidad en
la cual los patrulleros capturaban a las víctimas, las que eran sometidas a
fuertes interrogatorios bajo torturas físicas y las ejecutaban de manera co-
lectiva, cometiendo una masacre. Estos hechos eran cometidos incluso
frente a vecinos de la comunidad y los patrulleros no atendían las súplicas
de los familiares para liberarlos.
“Ese día, en el mes de agosto de 1982, se juntaron las PAC de los seis
cantones de Mactzul. Fue en la tarde cuando agarraron a 13 hom-
bres, jóvenes y adultos. Los amarraron con las manos para atrás, les
daban golpes en el pecho con las armas, los pateaban, cuando caían se
paraban encima de ellos. Les pusieron una capucha de nylon en la ca-
beza, los interrogaban. Al otro día en la tarde los llevaron a un cerro
donde se celebra la misa. Las familias de los agarrados llegaron, las
mujeres pedían razón de por qué, los patrulleros les dijeron que regre-
saran a sus casas si no querían morir también ... Las PAC dijeron que
iban a entregarlos a los militares, pero los mataron en un barranco ...
Yo decía, si tienen delito que los llevaran a la cárcel y si no debían na-
da que los soltaran, pero no escuchaban, iban a matarlos y ya. No me
animé a ir a ver cómo los mataban, tenía muchos nervios pero mu-
chos lo vieron. En la masacre participaron 30 patrulleros. Los jefes de
PAC y los comisionados dijeron que la orden de matar venía del Ejér-
cito y que había que cumplir esa orden para limpiar el cantón de ‘ma-
la gente”.
568
Las convocatorias a los destacamentos
1359.
El Ejército citaba regularmente a los patrulleros para que acudie-
ran al destacamento militar con el objeto de darles instrucciones, entrena-
218
567 C 5391. Julio, 1982. Jacaltenango, Huehuetenango.
568 C 2990. 1982. Chichicastenango, Quiché.
miento o simplemente para consolidar su control y sometimiento militar.
Ello muestra la estrecha relación que había entre la actuación de las patru-
llas y los mandos del Ejército. Adicionalmente, las citaciones al destaca-
mento también fueron utilizadas por el Ejército para la aplicación de san-
ciones o la ejecución de los propios patrulleros.
El 3 de enero de 1982, el jefe y el segundo jefe de las patrullas del se-
gundo centro Santabal de San Pedro Jocopilas, Quiché, convocaron a una
reunión de las PAC para darles entrenamiento e instrucciones militares.
“Pablo Coxic y Modesto Hernández fueron de los primeros en acudir a la cita.
Se encontraban en la tienda cerca de la escuela, cuando vieron subir a hom-
bres de civil a quienes identificaron como miembros de las PAC de San Pedro
Jocopilas. Los hombres se dirigieron a los dos ... y sin decirles nada les dispara-
ron, les acertaron dos disparos a cada uno, allí mismo murieron. Cuando los
familiares llegaron, los patrulleros les dijeron: ‘no lloren, porque si lloran los va-
mos a acusar de guerrilleros’.
569
La obligación de presenciar y participar
en hechos de violencia
1360.
La obligación de patrullar y de acompañar a los miembros del Ejér-
cito para cometer violaciones de derechos humanos se dio con frecuencia.
El intento de dar a conocer lo que sucedía se interpretaba como desobe-
diencia y cientos de patrulleros tuvieron que callar por muchos años la di-
versidad de violaciones de los derechos humanos presenciados en sus co-
munidades.
“En el año de 1983 fui obligado a incorporarme como jefe del gru-
po número 7 de las PAC de la finca. En una de las rondas obliga-
torias, ocho soldados sacaron de su casa a Fermín Orozco Navarro,
y con dos fusiles de los patrulleros le dieron muerte. Fue terrible te-
ner que quedarnos callados y no contar todo lo que vimos, pero de
eso dependía que uno siguiera vivo o no. La verdad que fue terri-
ble tener que pertenecer a esas patrullas pues todos los vecinos des-
confiábamos de todos, en fin, fue la manera como algunos sobrevi-
vimos”.
570
El actuar bajo vigilancia del Ejército
1361.
El Ejército utilizaba varios métodos para involucrar a los patrulle-
ros en hechos de sangre. Aparte de las operaciones conjuntas, el Ejército
obligaba a los patrulleros a ejecutar los hechos violentos mientras los mili-
219
569 C 2864. Enero, 1982. San Pedro Jocopilas, Quiché.
570 C 7147. 1983. La Reforma, San Marcos.
tares permanecían como observadores. Estos hechos iban desde amenazas
a la población hasta ejecuciones.
“Los soldados junto a los jefes de patrullas reunieron en el centro de la
comunidad a los vecinos, incluyendo niños, mujeres y ancianos.
Cuando estaban todos en el centro del caserío, los jefes de las PAC que
también eran jefes de comisionados militares, escogieron de entre to-
dos a cuatro. Los jefes de las PAC dijeron que la función que tenían
era hacer una limpieza en la comunidad y por esa razón presentaban
a los cuatro hombres, porque ellos estaban contaminando a los demás
con ideas comunistas. Los amarraron y frente a todos los degollaron,
obligando a otros PAC a abrir dos fosas. En el mismo lugar de la eje-
cución, enterraron a dos en cada hoyo”.
571
1362.
Se registraron casos en los cuales en el inicio de un hecho partici-
paban los miembros del Ejército, quienes posteriormente dejaban en ma-
nos de los patrulleros de la comunidad la decisión final sobre el destino de
las víctimas. Las víctimas eran civiles capturados o incluso patrulleros o je-
fes de patrulla.
“Tomás Tebalán era el primer comandante de las Patrullas de Auto-
defensa Civil de la comunidad Potrero Viejo en el año de 1983, a él
el teniente ... le había ordenado entregar a dos vecinos de la comu-
nidad acusados de guerrilleros. El segundo comandante de las PAC,
le informó al teniente que Tomás no procedía a capturar a los dos
acusados y que los protegía pues todavía vivían en la aldea. Un día
domingo, los jefes de patrulla de las comunidades fueron citados a la
cabecera municipal de Zacualpa, al terminar la reunión el teniente
ordenó a Tomás que se quedara. Lo encerraron en el destacamento y
lo estuvieron torturando por dos semanas. A los quince días el tenien-
te llamó al segundo comandante de la aldea y le entregó a Tomás, le
dijo: ‘Ustedes decidan qué hacer con él’. Los patrulleros se lo llevaron
a Camacutz y lo encerraron en un cuarto atado de pies y manos, no
le daban alimentos. El segundo comandante, que en ese momento te-
nía las funciones de jefe de las PAC, acompañado de los patrulleros
de Camacutz y el jefe de PAC de Chixocol, decidieron llevar a To-
más a realizar una comisión. Sin importarles el estado de salud del
detenido lo llevaron a la aldea de San Antonio. Cuando volvían de
allá pasaron a sacar de su casa a Vicente Totz. A los pocos metros les
dijeron, la hora de morir ha llegado. A Tomás lo amarraron a la ra-
220
571 C 2479. Enero, 1982. San Andrés Sajcabajá, Quiché.
ma de un árbol y allí lo ahorcaron. A Vicente lo mataron a golpes
con palos y a machetazos. Los mismos PAC abrieron una fosa y los
enterraron a la orilla del camino”.
572
Las violaciones sexuales
1363.
Como parte de la estrategia global de terror se cometieron muchas
violaciones sexuales. Muchas de ellas formaban parte de las operaciones de
tierra arrasada o se realizaban antes de masacres y de modo público y ma-
sivo. En algunos casos se ejecutaban conjuntamente por el Ejército y las
patrullas, en otros casos los patrulleros lo hacían solos, en el marco del po-
der impune otorgado por el Ejército.
“En noviembre de 1981 los patrulleros de San Bartolomé hicieron ca-
teos en todas las casas, capturaron a muchas mujeres cuyos esposos no
estaban en sus casas, acusándolas de ser mujeres de los guerrilleros por-
que sus compañeros habían salido huyendo. Fueron más de 50 muje-
res las capturadas. Las llevaron al salón municipal donde se ubicaba
el destacamento militar. Ese día robaron muchos animales y violaron
a las mujeres. Los patrulleros se aprovecharon más de las que no te-
nían hijos, les gustaban las niñas, unos les abrían las piernas y otros
iban pasando con ellas ... las violaban. Esto sucedía en medio del sa-
lón con todos los presentes...”
573
“El comisionado militar organizó las patrullas, era muy duro con to-
dos sus integrantes, no excluía de los turnos ni a los ancianos ni a los
enfermos. El obligaba a patrullar incluso a las mujeres, la finalidad
no era tener mayor vigilancia del pueblo, sino abusar de ellas sexual-
mente”.
574
El ocultar su identidad
1364.
Los patrulleros operaban en grupos vestidos de civil, en grupos con
uniformes camuflados y hasta encapuchados. El objetivo era ocultar su
identidad ante las víctimas:
“El día 2 de julio del año de 1982 llegó a la comunidad de Xexic I,
el patrullero civil ... estaba acompañado de hombres enmascarados.
Llevaban gorras negras. Se dirigieron a la casa de Luis López Batz,
un miembro de Acción Católica. Era muy temprano, la señora de
221
572 C 16309. Mayo, 1983. Zacualpa, Quiché.
573 C 2800. Febrero, 1982. San Bartolomé Jocotenango, Quiché.
574 C 5568. 1983. Jacaltenango, Quiché.
don Luis estaba preparando el desayuno y en ese momento se encon-
traba torteando. Los hombres se dirigieron a Luis y le dijeron: ‘Nos
vas a acompañar a una comida’, se lo llevaron y ya nunca regresó a
su casa”.
575
1365.
También para ocultar su identidad actuaban en horas de la noche,
utilizando máscaras e incluso utilizando nombres de otras fuerzas de segu-
ridad como los judiciales.
“Era el mes de enero, me recuerdo que del año de 1981, cuando lle-
garon los patrulleros de Cotzal a la casa de doña Ana Toma. Eran tres
hombres, llegaron en la noche, tenían puesta una máscara, al entrar
dijeron que eran judiciales, pero eran patrulleros, los reconocimos por
la voz, eran muy conocidos. A ella le dispararon y la mataron. La se-
ñora era hermana de un comandante de la guerrilla, por eso la ma-
taron”.
576
El terror
1366.
Los miembros del Ejército utilizaban mecanismos de terror masi-
vo, para ejemplificar ante la comunidad lo que le sucedería a quienes apo-
yaran a la guerrilla. En algunos casos, los soldados reunían a patrulleros de
varias comunidades y éstos eran obligados a ejecutar a patrulleros que ha-
bían sido señalados de colaboradores de la guerrilla. Luego, los jefes de pa-
trulla reproducían dichos mecanismos en sus comunidades. El caso que si-
gue ilustra ambos fenómenos.
“Ese día en San Antonio Sinaché era un día de rastreo, también lle-
gó el teniente ... con 40 soldados, era una camionada y llegaron 700
patrulleros que estaban citados ... Ese día, mientras estaban rastrean-
do, en San Antonio mataron a Juana, a Isabel y a Pedro, el tenien-
te mandó a traer pino seco para quemar los cadáveres de los tres y di-
jo: ‘Aquí se acaba la guerrilla’. Todos los patrulleros estábamos amon-
tonados sólo viendo lo que pasaba. El teniente después mandó hacer
una fila, pero sólo a los patrulleros de San José Sinaché les dijo que
dejaran los machetes en el suelo y que dieran tres pasos, frente a ellos
estaban los soldados y atrás quedaron todos los patrulleros de las otras
aldeas. El teniente ordenó que dos soldados agarraran a tres patrulle-
ros de San José Sinaché señalados previamente por el oficial, ellos
eran Manuel Canil, Martín Panjoj Ramos y Antonio Castro Soria.
222
575 C 2695. Julio, 1982. Santa Cruz del Quiché, Quiché.
576 C 3681. 1981. San Juan Cotzal, Quiché.
Los amarraron en los cipreses, con las manos por detrás. Ordenó a los
patrulleros, pero sólo a los de San José Sinaché, que pasaran uno por
uno y que les dieran machetazos a sus propios compañeros ... El te-
niente dijo: ‘Si no entregan a todos los de la guerrilla, así les vamos
a hacer a ustedes’, y señaló a los muertos. Luego ordenó a los patru-
lleros de San José que los enterraran. Un grupo tuvo que hacer un ho-
yo y el otro cargó los cadáveres, esa noche tuvieron que enterrar a sus
tres compañeros y a otros cuatro que ya estaban muertos cuando vol-
vieron del rastreo. Ese día habían permanecido en la garita de San
José Sinaché, entre 15 y 20 patrulleros civiles, quienes por cuidar la
comunidad no estuvieron en San Antonio Sinaché ... Cuando regre-
saron los patrulleros de aquel lugar, el jefe de la patrulla de San José
Sinaché repitió el procedimiento que había visto esa tarde y obligó a
cuatro patrulleros a que agarraran a Pedro Tol, integrante también
de las Patrullas de Autodefensa Civil. Ordenó a cada uno de los 80
patrulleros que habían estado en San Antonio, que le dieran cuatro
‘planazos’
577
a cada uno de los 20 patrulleros que se habían queda-
do en la aldea. Inmediatamente después de esto, el jefe de la patru-
lla ordenó a los veinte que recibieron los planazos, que cavaran una
fosa. Cuando terminaron el hoyo, ordenó que machetearan a Pedro
Tol. Tres o cuatro patrulleros lo hicieron, ‘a puros machetazos murió
el pobre, le hicieron pozol
578
la cabeza’. Los mismos patrulleros lo en-
terraron”.
579
Actos de crueldad
1367.
No siempre en las ejecuciones realizadas por los patrulleros se uti-
lizaron armas de fuego o arma blanca. La muerte a garrotazos y golpes, o
la utilización de cuerdas o lazos para ahorcar y colgar a las víctimas fue una
práctica realizada con frecuencia.
“Tomás Xon Tecún fue sacado de su casa por los patrulleros civiles, lle-
vándoselo para el cementerio del cantón; estando allí le colocaron los
lazos en el cuello, cada extremo del lazo era jalado por tres patrulleros
más y otro le acertó un garrotazo en la cabeza provocándole desmayo,
los patrulleros lo dieron por muerto y lo enterraron, en ese momento
la víctima comenzó a gritar, pero rápidamente le echaron tierra sobre
el cuerpo y los gritos poco a poco se fueron perdiendo”.
580
223
577 Golpes que se dan con la parte ancha del machete, no con el filo.
578 Se refieren a que le hicieron pedazos la cabeza.
579 CI 53. Mayo, 1982.
580 C 2836. Mayo, 1983. Chichicastenango, Quiché.
“Edmundo era integrante del EGP, el día que lo mataron había lle-
gado a visitar a su esposa a la cabecera municipal, él quería llevarla
para el refugio. Su suegra dio avisó a los patrulleros que allí estaba y
el jefe de las PAC lo capturó. Los patrulleros le dieron muchos golpes
con palos en el cuerpo y, cuando ya se estaba muriendo, lo colgaron en
el palo de durazno que quedaba frente al puesto de salud, allí lo ahor-
caron. El lazo se reventó y buscaron otro lazo más grueso y lo volvie-
ron a colgar. Su cuerpo pasó un día colgado”.
581
1368.
Hubo hechos de crueldad en que la muerte de las personas fue a
cuchilladas o utilizaron machetes para degollarlos.
“Juan Ixchop, vecino de la comunidad de Xoljuyub, fue muerto en el
mes de julio del año de 1985, ese era día de mercado, lo estaban es-
perando en el camino y lo mataron con cuchillo, lo degollaron, fue en
la cabecera municipal cerca de la entrada del pueblo; como él no que-
ría patrullar, por eso lo mataron. Quienes no hacían patrulla eran
mal vistos por los jefes de las PAC y los ponían en la lista negra, los
que le dieron muerte eran patrulleros de Xoljuyub”.
582
1369.
El siguiente caso habla por sí solo de las situaciones de extrema
crueldad que fueron capaces de realizar y soportar los patrulleros:
“Ellos [quienes organizaron las patrullas] tenían tres años de ser co-
misionados militares y daban órdenes a las PAC. Para los rastreos, los
mayores de 45 años se quedaban en la aldea cuidándola y a los jóve-
nes los llevaban para cometer los asesinatos. Cuando se hacían matan-
zas, el jefe de las PAC obligaba a los jóvenes a comer el cerebro de las
víctimas, él da el ejemplo y se los come. [El] decía ‘deben ser hombres
y no simples indios, el daba el ejemplo”.
583
La eliminación de las evidencias
1370.
Se registraron también casos en donde, después que los patrulleros
civiles les daban muerte a las víctimas con actos de extrema crueldad, pro-
cedían posteriormente a quemar sus cadáveres. La intención en estos he-
chos era no dejar evidencias de las acciones cometidas.
“En 1981 los patrulleros capturaron a tres miembros de la misma fa-
milia. Marcelino Poou, Jacinto Yat y a Josefina Yat. A ella la balea-
224
581 C 5399. Enero, 1983. Concepción Huista, Huehuetenango.
582 C 2362. Julio, 1985. San Pedro Jocopilas, Quiché.
583 C 16073. Marzo, 1982. Chinique, Quiché.
ron y a Marcelino y Jacinto los amarraron con una soga al cuello, los
introdujeron en un hoyo al que le echaron gasolina y después los que-
maron. Las PAC siguieron persiguiendo al resto de los familiares, pe-
ro huyeron”.
584
El entierro en fosas y la destrucción de cadáveres
1371.
Fue muy frecuente que después de la matanza de personas, los par-
ticipantes de esas acciones abrieran fosas para enterrar los cadáveres. El
ocultamiento del lugar del enterramiento y la negación de dar información
a los familiares fue en muchos casos el denominador común.
“Secretamente estos sacaban a la gente de sus casas, para matarlos de
una vez en un lugar desconocido”.
585
1372.
Pero también se dieron casos en los cuales el entierro de las vícti-
mas se realizó en forma colectiva en fosas comunes por orden de miembros
del Ejército. Abrir las fosas y enterrar en lugares clandestinos a las víctimas
fue una práctica repetitiva en casi todas las regiones del país. El Ejército or-
denaba el descuartizamiento de cadáveres o su destrucción antes del entie-
rro clandestino de los mismos.
“Entonces soldados, patrulleros y comisionados empezaron a mache-
tear los cadáveres hasta que sólo quedaron pedazos. Me acuerdo que
entraron las moscas y los perros para comer los cadáveres ... ‘Y qué sin-
tieron ustedes’, nos preguntó el teniente. ‘Ahora ya experimentaron va-
lor para el futuro ... Ya saben ustedes que también pueden ser como
soldados’. Nos ordenó hacer un hoyo, hicimos un hoyo de aproxima-
damente tres metros de largo, un metro de ancho y una barra de hon-
do ... para juntar los cadáveres prestamos palas, azadones y machetes
y los tiramos en el hoyo. Tiramos sus cédulas encima, después tierra pa-
ra cubrir el hoyo”.
586
La prueba de la misión cumplida
1373.
El Ejército buscaba asegurarse que los patrulleros ejecutaban sus
órdenes, para lo cual debían llevar ante el destacamento militar más cerca-
no las prendas de vestir de las personas capturadas y ejecutadas, o una par-
te mutilada del cuerpo de las víctimas.
225
584 C 11052. 1981. Cobán, Alta Verapaz.
585 C 9180. Agosto, 1984. Cubulco, Baja Verapaz.
586 C 6080. 1981. Barillas, Huehuetenango.
“Como los patrulleros vieron que estaban pasando cerca unos guerri-
lleros los comenzaron a correr, alcanzaron a tres y los capturaron. Los
amarraron y los mataron a golpes en la comunidad. Como prueba los
jefes llevaron los uniformes de los tres guerrilleros al destacamento mi-
litar de Jacaltenango”.
587
1374.
Algunos de los casos se cometieron en territorio mexicano y los pa-
trulleros regresaban a la línea fronteriza donde esperaban los soldados, a
quienes entregaban la prueba del cumplimiento de la orden.
“En el mes de septiembre del año 82, en el campamento de Santiago
el Vértice [Chiapas, México], a las ocho de la noche llegaron patru-
lleros civiles, entraron con violencia al campamento y torturaron y eje-
cutaron a José Jorge y a Pascual Tadeo Espinoza. A José Jorge le am-
putaron la mano y se la llevaron al Ejército como muestra de la mi-
sión cumplida, el Ejército esperaba a los patrulleros en la línea fron-
teriza”.
588
La responsabilidad en las violaciones
1375.
El involucramiento de la población civil en operaciones armadas
mediante la organización de las PAC fue parte de la estrategia contrainsur-
gente del Estado. Este involucramiento tuvo un carácter coercitivo, y la
oposición al mismo o el incumplimiento del servicio trajo como conse-
cuencia violaciones de los derechos a la vida, integridad y libertad de los
propios patrulleros, por parte del Ejército. De otra parte, el involucramien-
to de civiles en operaciones armadas y la entrega de armas a los mismos,
expuso a los patrulleros a respuestas armadas de la guerrilla para las cuales
no se encontraban técnicamente preparados. También fueron utilizados
por el Ejército como escudo humano en incursiones u operaciones arma-
das. Estos hechos, en sí mismos, constituyen violaciones de los derechos
humanos y del derecho internacional humanitario ejecutadas directamen-
te por el Ejército.
1376.
La responsabilidad por el involucramiento de la población civil al-
canza cifras inimaginables. Si de conformidad con las cifras suministradas
por el Ejército, en 1982 existía un millón de patrulleros, y si el censo na-
cional de 1981 establece como cifra definitiva de habitantes para el país la
de 6,054,227 personas,
589
de los cuales aproximadamente las dos terceras
partes de la población eran mujeres y niños, lo cual nos conduce a soste-
226
587 C 5551. 1982. Concepción Huista, Huehuetenango.
588 C 5832. Agosto, 1982. Chiapas, México.
589 Instituto Nacional de Estadística, Censo nacional de 1981, IX censo de población, Tomo I, pg.11.
ner que cerca de la mitad de los hombres adultos guatemaltecos fueron pa-
trulleros en 1982; o en otras palabras, que uno de cada dos hombres adul-
tos fue patrullero.
1377.
Este masivo involucramiento de la población es una demostración
de los altos índices que alcanzó la militarización de la sociedad guatemalte-
ca. Lo grave de esta situación, como se pudo demostrar con los testimonios
presentados en este apartado, es que un considerable número de patrulleros
tuvieron una participación activa durante el enfrentamiento armado, per-
petrando hechos de violencia y violaciones de derechos humanos.
1378.
De otra parte, la formación coercitiva de las PAC en las comuni-
dades mayas desestructuró su sistema de autoridades e instituciones, sus
mecanismos de control social, sus normas y procedimientos para la regu-
lación social y resolución de conflictos, alterando sus valores sociales, eco-
nómicos, religiosos y culturales. La participación compulsiva en las PAC,
con turnos prolongados y con efectos limitantes en las actividades cotidia-
nas de los patrulleros y de las comunidades, alteró la vida social en su con-
junto y, por ende, vulneró los derechos de los pueblos indígenas a su pro-
pia vida cultural. La obligación impuesta a los patrulleros de hacer listas de
presuntos “enemigos”, dar información, entregar sospechosos, delatar veci-
nos o familiares, como modus operandi de las PAC, rompió los lazos de so-
lidaridad comunitarios e introdujo una alta conflictividad, afectando seria-
mente la integridad de las comunidades indígenas y rurales.
1379.
La comisión de hechos violatorios de derechos humanos tuvo el
objetivo de crear terror en la población y fue parte de la estrategia contrain-
surgente del Estado. La actuación de los patrulleros se dio en el marco de
la estrategia contrainsurgente. En general, actuaron bajo órdenes expresas
de los militares o ejerciendo el poder impune que el Ejército les delegó pa-
ra realizar funciones de vigilancia y control, capturas, operaciones armadas;
e incluso, la muerte y tortura de personas, la destrucción de comunidades,
violaciones sexuales y actos inhumanitarios con ex combatientes, entre
otros hechos violatorios de los derechos humanos y del derecho internacio-
nal humanitario. El Ejército obligó a los patrulleros a ejecutar, junto con
militares o solos, hechos claramente violatorios de la vida y otros derechos
esenciales. Del total de violaciones recibidas por la CEH, los patrulleros
participaron en el 18%, de las cuales 85% fueron realizadas por las PAC
junto con el Ejército u otras fuerzas del Estado, y en el 15% de los casos
las PAC actuaron solas.
1380.
La segunda forma de actuación fue aquella en que los patrulleros
cometieron violaciones a los derechos humanos de manera autónoma.
1381.
Independientemente de su forma de actuar y de la responsabilidad
que le compete a los patrulleros como directos autores de las violaciones
cometidas contra la población, el Estado de Guatemala es el responsable
227
de las violaciones a los derechos humanos cometidas por las Patrullas de
Autodefensa Civil, toda vez que las promovió y legalizó. Además de que a
través de su Ejército, las integró y entrenó en los lugares de mayor presen-
cia guerrillera, involucrando así a la población civil en el enfrentamiento
armado.
1382.
El Estado es responsable de las violaciones cometidas por las PAC
en la medida que actuaron organizadas por él, en cumplimiento de sus ór-
denes, o por el poder que el Estado les delegó, o con su aquiescencia, co-
nocimiento o tolerancia, y estaban bajo su control jerárquico y supervigi-
lancia. Como indican los testimonios recibios por la CEH, la participación
en las PAC en muchos hechos de violencia fue obligatoria y su oposición
a hacerlo podía dar lugar a la muerte o tortura del patrullero. El poder om-
nímodo otorgado por el Ejército a los patrulleros, como parte de la estra-
tegia de terror, dio lugar a que éstos cometieran todo tipo de violaciones.
Es responsabilidad del Estado, además, la falta de investigación, juzga-
miento o sanción de los responsables individuales en cada caso.
1383.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronuncia-
do en la setencia del 2 de julio de 1996 en el caso de Nicholas Blake con-
tra el Estado de Guatemala, por desaparición forzada atribuida a una pa-
trulla de Huehuetenango, estableciendo la responsabilidad del Estado por
tales hechos. La Corte ha seguido el mismo criterio presentado por la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos en sus informes anuales, so-
bre la responsabilidad del Estado por los hechos de las PAC. La Corte de-
terminó la imputabilidad bajo los siguientes argumentos:
“69. Durante este proceso la Comisión argumentó que las patrullas ci-
viles actuaron como agentes del Estado y que participaron en desapa-
riciones forzadas.
70. En relación con la naturaleza de las patrullas civiles, la Comisión
indicó que estaban subordinadas jerárquicamente, según la ley que las
regía, al Ministro de la Defensa Nacional de Guatemala y que esta
subordinación a las Fuerzas Armadas no era solo estatutaria sino que
además existía una subordinación de hecho. Las patrullas civiles
[recibían] del Ejército el entrenamiento necesario para cumplir sus
funciones ... el armamento que manejaban [era] propiedad del Ejér-
cito ... tanto el armamento como las municiones [eran] controlados
por el Ejército”.
71. La Comisión alegó ‘la intima conexión’ de las patrullas civiles
con el Estado y señaló una serie de elementos que caracterizan a las
mismas. En primer lugar indicó que fue el propio Estado el que las
228
creó como parte de su estrategia contrainsurgente, lo que se confirma
en los estudios preparados por la Comisión, dentro de los cuales desta-
ca su Informe Anual correspondiente a los años 1984-1985, y que in-
volucran a la población rural e indígena en el conflicto armado. Ade-
más indicó que el Estado las coordinó, entrenó y les suministró armas
y que el Decreto-Ley 19-86 del 10 de enero de 1986 dio reconoci-
miento legal a las patrullas civiles después de varios años de funciona-
miento y las definió como ‘fuerzas auxilares coordinadas por el Mi-
nisterio de la Defensa”.
590
1384.
Las Patrullas de Autodefensa Civil cometieron violaciones a los de-
rechos humanos desde 1981, es decir antes de su reconocimiento legal. La
G
RÁFICA
5 revela que los años en que se concentra el mayor porcentaje de
violaciones cometidas por las PAC, son los mismos en que se concentran
los mayores niveles de violencia en Guatemala, siendo 1982 el año que re-
gistra el índice más alto. Sólo entre los años 1981 y 1983, las Patrullas de
Autodefensa Civil cometieron el 94% del total de violaciones a los dere-
chos humanos realizadas por ellas durante el enfrentamiento armado. Es-
tos años coinciden además con los años en que mayor presencia de patru-
lleros hubo en Guatemala.
1385.
Los departamentos que, de acuerdo con los datos reportados por
la CEH, registran mayor número de violaciones cometidas por las PAC,
son en su orden: Quiché, Baja Verapaz, Huehuetenango, Alta Verapaz,
Chimaltenango y Totonicapán (Véase G
RÁFICA
6).
229
g ( )
Años
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
No. de violaciones
590 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Blake, excepciones preliminares, sentencia del
2 de julio de 1996, pg. 29. San José, Costa Rica
GRÁFICA 5: Total de violaciones de derechos humanos
cometidos por las PAC, según año
GUATEMALA (1981-1996)
1386.
Estos departamentos coinciden, aunque en diferente orden de fre-
cuencia, con los departamentos en que se registraron el mayor número de
violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército.
1387.
Ahora bien, los municipios que registran mayor porcentaje de vio-
laciones de derechos humanos cometidas por las PAC, son en su orden:
Rabinal en el departamento de Baja Verapaz; Chiché, Chajul, Barillas,
Santa Cruz del Quiché y Zacualpa, en el departamento de Quiché, y Ca-
habón en el departamento de Alta Verapaz.
1388.
El alto porcentaje de violaciones de derechos humanos cometidas
por las Patrullas de Autodefensa Civil reportados en Rabinal (7% del total
230
1%
12%
17%
59%
7%
2%
TOTONICAPÁN
CHIMALTENANGO
ALTA VERAPAZ
HUEHUETENANGO
BAJA VERAPAZ
QUICHÉ
Porcentaje
0% 10%
20%
30% 40% 50% 60% 70%
Departamento
2%
7%
18%
27%
44%
Violación sexual
Desaparición forzada
Privación de libertad
Torturas, tratos crueles,
inhumenos y degradantes
Ejecución arbitraria
Porcentaje
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Tipo de violación
GRÁFICA 6: Porcentajes de violaciones de derechos humanos
cometidos por las PAC, según departamento
(los 6 más frecuentes)
GUATEMALA (1981-1994)
GRÁFICA 7: Porcentajes de violaciones de derechos humanos
cometidos por las PAC (los 5 más frecuentes)
GUATEMALA (1981-1994)
de violaciones cometidas por estos grupos en todo el país) confirma los da-
tos recopilados en el campo, sobre el hecho de que las masacres ocurridas
en Rabinal se dieron con alta participación de las Patrullas de Autodefen-
sa Civil.
1389.
De acuerdo con los testimonios recibidos por la CEH, se reporta
que las PAC son responsables de 11,083 violaciones de los derechos huma-
nos, siendo las ejecuciones extrajudiciales las de mayor frecuencia, con un
44%. En su orden siguen: las torturas y tratos crueles y degradantes, la pri-
vación de libertad, la desaparición forzada y la violación sexual (Véase
G
RÁFICA
7).
La disolución de las PAC
1390.
La Constitución de Guatemala promulgada en 1985 regula la obli-
gatoriedad de asociación únicamente a quienes pertenecen a los colegios
profesionales, por lo que toda disposición contraria a esta excepción aten-
ta contra los principios básicos de la libertad de organización que deben
prevalecer en el país. El Artículo 34 de la Constitución establece lo siguien-
te: “[Se] reconoce el derecho de libre asociación. Nadie está obligado a asociar-
se ni a formar parte de grupos o asociaciones de autodefensa o similares”.
1391.
En 1986, con la llegada de Vinicio Cerezo a la Presidencia de la
República, las comunidades comienzan a exigir el respeto de su derecho a
decidir la conveniencia de continuar patrullando, y las manifestaciones de
rechazo a integrarlas obligatoriamente cobran cada día más fuerza.
1392.
En ese mismo año de 1986, las PAC pasan a denominarse Comi-
tés Voluntarios de Defensa Civil (CVDC), por medio del Decreto-Ley nú-
mero 19-86.
591
Este cambio simplemente fue nominal puesto que la fina-
lidad de estas organizaciones siguió siendo la misma, continuaron siendo
parte de la estrategia contrainsurgente del Ejército y sus integrantes siguie-
ron dependiendo totalmente de la Institución Armada.
1393.
Los líderes comunitarios son el canal de comunicación de sus loca-
lidades y, a través de ellos, las primeras manifestaciones en contra de conti-
nuar integrando los grupos de defensa civil se empezaron a escuchar. Des-
pués de varios años de silencio, el espacio es propicio y, aunque el temor
persiste, los jefes de patrullas de algunas comunidades empezaron a dar a
conocer los derechos y obligaciones de la nueva ley y manifiestan que las co-
munidades son las que decidirán sobre la conveniencia o no de continuar
patrullando.
“Yo era el jefe de la patrulla, era el año 85 o el 86, no me recuerdo
bien, yo le dije a la gente que ya nada más, porque la ley dice que no
231
591 El Decreto-Ley 19-86 fue publicado en el Diario Oficial el 10 de enero de 1986, una semana an-
tes de que Cerezo asumiera la Presidencia de la República.
es obligación de hacer patrulla. La ley dice ... si uno quiere hacer pa-
trulla, hágalo, porque eso es libre y quien no quiere pues que no lo ha-
ga, porque eso no es obligación, eso dice la Constitución. La gente
siempre tiene miedo, pero ... ahora hay muchas organizaciones, hay
leyes, la gente ya despertó...”
592
1394.
Sin embargo, los miembros del Ejército visitaban las comunidades
e insistían en que no era el momento oportuno para desintegrar las patru-
llas, en algunos casos pedían a la población continuar patrullando y hasta
llegaron a amenazar a quienes se negaban a seguir organizados.
“El Ejército ha recurrido a amenazas y presiones directas e indirectas
para convencer a las comunidades de que sigan patrullando. En otras
áreas se supone que los oficiales militares encargados de asuntos civi-
les e Inteligencia están en contacto con regularidad con los ex comi-
sionados y jefes de patrulla y siguen dándoles consejos y orientación
ideológica”.
593
1395.
No obstante, se presentaron algunas manifestaciones en favor de su
disolución, incluso se registraron marchas de campesinos e indígenas hacia
la ciudad capital para exigir el cumplimiento de la norma constitucional.
“Se propusieron disolver las PAC y lucharon políticamente por ello
cuando se comenzaron a abrir los espacios. El 7 de diciembre de
1987, hombres, mujeres y niños, unas cien personas de Cucabaj, par-
ticiparon en la marcha a la ciudad de Guatemala para lograr dicho
objetivo. Cucabaj sería una de las primeras comunidades en donde las
PAC se desintegraron, fue en 1988”.
594
1396.
Desde el Gobierno de Vinicio Cerezo se inició la reducción de las
patrullas con más evidencia. Los cambios en cuanto a la voluntariedad ex-
presada en el nuevo decreto de los comités de defensa civil marcaron el
principio de una disminución progresiva en el número de patrulleros civi-
les, hasta que en el año de 1996 se decretó su disolución total.
“Para el año de 1986, se había reducido el número de integrantes,
aproximadamente existían 600,000 Patrulleros de Defensa Civil”.
595
232
592 Testigo directo (ex patrullero civil) CEH. (T.C. 263).
593 Margaret L. Popkin, Centro para los Derechos Humanos Robert F. Kennedy, Las patrullas civiles
y su legado, agosto de 1996.
594 CI 43, CEH. 1982.
595 Comisión de Coordinación y Enlace del Ejército de Guatemala con la CEH, oficio No. 057,
Guatemala, 24 de julio de 1998.
1397.
En enero de 1992, el experto independiente de las Naciones Uni-
das, Sr. Christian Tomuschat, en su informe sobre la situación de dere-
chos humanos en Guatemala, señalaba que: “Las patrullas se han converti-
do en un elemento institucionalizado de incontrolable violencia. De confor-
midad con lo dispuesto con el apartado 2 del Artículo 34 de la Constitución
Política de Guatemala, las Patrullas de Autodefensa Civil deberán ser inme-
diatamente abolidas...”
596
1398.
En el año de 1993, a pocos meses de haber llegado a la Presiden-
cia de la República, Ramiro de León Carpio anunció que las PAC no se-
rían disueltas, porque los fines para los que fueron creadas seguían en pie
y porque eran un tema de discusión en las negociaciones de paz. Cinco
meses después declaró que después de firmar el acuerdo final de paz, las
patrullas civiles serían desarmadas y transformadas en Comités de Paz y
Desarrollo.
597
1399.
El 3 de agosto de 1993 el Comité de Unidad Campesina (CUC),
la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) y el
Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala (CONDEG) convoca-
ron a los miembros de sus bases en el municipio de Colotenango, depar-
tamento de Huhuetenango, a una manifestación pacífica en el parque cen-
tral de dicha cabecera municipal, para demandar la disolución de los Co-
mités Voluntarios de Defensa Civil. Solicitaban la intervención del Presi-
dente de la República. Una vez disuelta la actividad, miembros de los
CVDC atacaron a los manifestantes, lo que tuvo como resultado la muer-
te de Juan Chanay Pablo, anciano de 64 años de edad. Además resultaron
gravemente heridos Miguel Morales Méndez, de 19 años, y la niña Julia
Gabriela Simón, de 16 años.
598
1400.
El 16 de febrero de 1994, el procurador de los Derechos Huma-
nos dictó una resolución sobre la disolución de los Comités Voluntarios de
Defensa Civil. En dicha resolución recomendó: “1o. Que el Congreso de la
República derogue el Decreto-Ley 19-86 que reconoce la existencia de los Co-
mités de Defensa Civil”.
1401.
En su informe sobre la situación de los derechos humanos en Gua-
temala presentado en febrero de 1995, la experta independiente de las Na-
ciones Unidas, Sra. Mónica Pinto, reitera la recomendación de disolver las
PAC porque “han desnaturalizado en su práctica los fines para los que fueron
233
596 Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, Informe del experto independiente, señor
Christian Tomuschat, sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala,
E/CN.4/1992/5, 21 de enero de 1992, párrafo 193.
597 Joel Solomon, Centro para los Derechos Humanos Robert F. Kennedy, Violencia institucional: Las
patrullas de Autodensa Civil en Guatemala, 1994.
598 CI 5.
creadas, transformándose en agentes generadores de una violencia social que se
traduce en violaciones a los derechos humanos”.
599
1402.
Las PAC fueron disueltas oficialmente en el año de 1996, dándo-
se de esta forma cumplimiento al párrafo 61 del Acuerdo sobre Fortale-
cimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Demo-
crática.
“En enero de 1996, muchos jefes de patrulla decidieron que ya era
tiempo de disolverlas y así lo hicieron saber a la comunidad”.
600
“En 1996, en septiembre, es cuando se desmovilizan las patrullas de
esta comunidad y entregamos las armas”.
601
“El 13 de septiembre de 1996 nos desmovilizaron como consecuencia
de los acuerdos de paz y nos quitaron nuestras armas. Algunos patru-
lleros lloraron porque no querían entregar sus armas. Pero yo estaba y
sigo siendo feliz”.
602
“Para el año de 1995 se encontraban organizados en todo el territo-
rio nacional 2,643 Comités Voluntarios de Defensa Civil, y a partir
de agosto de 1996 se inició el proceso de desactivación total de los ci-
tados comités, para lo cual se elaboró el plan de operaciones Apoyan-
do la Paz, habiéndose desactivado para diciembre de 1996 a
270,906 integrantes organizados en los diferentes departamentos de
la República, de la siguiente manera:
603
Departamento Número
Alta Verapaz 72,699
Chiquimula 23,333
Suchitepéquez 4,688
Quetzaltenango 3,643
Sololá 2,756
Jalapa 1,800
Santa Rosa 455
Departamento Número
Huehuetenango 90,750
Quiché 46,995
Izabal 15,613
Petén 3,737
Chimaltenango 3,643
Baja Verapaz 2,480
San Marcos 1,623
234
599 Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, Informe de la experta independiente, seño-
ra Mónica Pinto, sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, E/CN.4/1995/15,
febrero de 1995, párr. 187.
600 C 2134. Junio, 1993. Chichicastenango, Quiché.
601 C 2210. Julio, 1982. San Pedro Jocopilas, Quiché.
602 C 6080. Julio, 1981. Barillas, Huehuetenango.
603 Comisión de Coordinación y Enlace del Ejército de Guatemala con la CEH, oficio No. 057, 24
de julio de 1998.
1403.
El 9 de agosto de 1996, en el municipio de Colotenango, Huehue-
tenango, se realiza la primera disolución formal de varios Comités Volun-
tarios de Defensa Civil como adelanto del Gobierno al Acuerdo de Paz. Se
escogió este municipio porque el 3 de agosto de 1993, en ese lugar varios
patrulleros ejecutaron a Juan Chanay Pablo, líder local que en repetidas
ocasiones exigió la disolución de las PAC.
El discurso oficial estuvo a cargo de la presidenta de COPREDEH y
en el mismo reconoció los excesos y abusos que con sus armas cometieron
los miembros de las PAC. La funcionaria recordó “aquel lamentable hecho
sucedido en el año 1993, en esta comunidad, cuando fueron atacados varios
manifestantes, resultando muerto el señor Juan Chanay Pablo y heridos los se-
ñores Julia Gabriel Simón y Miguel Morales Mendoza”.
604
1404.
A partir de la disolución de dichos Comités Voluntarios de Defen-
sa Civil, algunos de sus integrantes se organizaron en Comités de Desarro-
llo Local, organizaciones que han sido aprovechadas en ciertas oportuni-
dades para ejercer un poder de hecho por fuera del orden jurídico.
VII. LAS ESTRATEGIAS DE LAS
ORGANIZACIONES GUERRILLERAS
1405.
El Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), Fuerzas Armadas Re-
beldes (FAR), Organización del Pueblo en Armas (ORPA) y Ejército Gue-
rrillero de los Pobres (EGP), participaron en el proceso unitario que cul-
minó con la creación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalte-
ca (URNG) el 7 de febrero de 1982.
605
1406.
Aunque no se puede desconocer que las causas del enfrentamiento
armado interno expuestas en el capítulo I hayan impulsado a un grupo de
personas a invocar el derecho de la resistencia a la opresión
606
mediante la
utilización de las armas, esta opción trajo penosas consecuencias para los
guatemaltecos. La lucha armada impulsada por las diferentes organizacio-
nes guerrilleras durante el enfrentamiento armado, se desarrolló mediante
hechos de violencia que atentaron contra derechos fundamentales de mu-
chas personas. La insurgencia realizó actos que ocasionaron la pérdida de
vidas, que vulneraron la integridad física y la libertad, que involucraron a
235
604 CI 005. Transcripción literal del discurso de la presidenta de COPREDEH, en el Informe anual de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1996, 19/97, caso 11212, pg. 549, párr. 15.
605 Véase capítulo primero, apartado VI.
606 El tercer considerando de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 hace referen-
cia al “recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.
civiles en el enfrentamiento, que atentaron contra el patrimonio estatal y
particular, entre otros.
1407.
Aunque compartieran entre ellas la misma estrategia de Guerra Po-
pular Revolucionaria (GPR) y el mismo objetivo de derrotar al Ejército,
tomar el poder y construir una nueva sociedad, las cuatro organizaciones
no tenían los mismos principios de funcionamiento, ni las mismas estruc-
turas. Sus experiencias en el manejo de las actividades, la implantación
geográfica y la composición de sus filas eran distintas.
1408.
Las divergencias políticas y militares también eran fuertes y defi-
nieron fundamentalmente los ritmos del proceso de unificación que em-
pezaría a los pocos años. Sus visiones eran diferentes sobre todo acerca de
los dos puntos principales que definían sus estrategias político-militares, o
sea, la cuestión de las fuerzas motrices de la revolución y la articulación en-
tre la vanguardia armada y el movimiento social.
1409.
El PGT y las FAR, siguiendo la tradición marxista ortodoxa, con-
cebían la sociedad en términos de clases sociales y definieron su estrategia
guerrillera en el marco de la lucha de clases dándole a la clase obrera el pa-
pel protagónico de la lucha revolucionaria. Los indígenas en cuanto tales
no eran considerados actores de la revolución, sino que lo eran como con-
secuencia del proceso de proletarización o semiproletarizacíon ocasionado
por sus desplazamientos temporales del Altiplano hacia los latifundios de
la Costa Sur. Según el punto de vista de la ORPA, la sociedad guatemalte-
ca estaba fundada sobre un sistema racista y el motor de la revolución gua-
temalteca tenía que ser el indígena. Esta estrategia estaba concebida en el
marco de la reivindicación étnica. El EGP trató de encontrar un tercer ca-
mino reconciliando los dos aspectos con una problemática étnico-nacio-
nal, pero se quedó de hecho en el marco clasista con la unidad de los indí-
genas y de los ladinos pobres.
1410.
El segundo tema ideológico divergente fue la articulación entre la
guerra de guerrillas y el movimiento social. Aunque ORPA significaba
Organización del Pueblo en Armas, fue el EGP el que desarrolló la orga-
nización de movimientos reivindicativos sectoriales a nivel nacional en la
perspectiva de insertarlos en la lucha militar. Las FAR y el PGT trabaja-
ron en la misma perspectiva pero a menor escala; las FAR por tener la ba-
se de sus militantes en la región aislada de Petén y el PGT por sus pocas
fuerzas. En eso también se distinguió la ORPA que en su crítica del fo-
quismo y del militarismo daba la prioridad a la construcción de una fuer-
za guerrillera profesional cuyo desarrollo se quedaba en paralelo a los mo-
vimientos sociales.
1411.
Otra gran diferencia entre la ORPA y las otras tres organizaciones
fue doctrinal. Esta de hecho no se definía como marxista-leninista, “sino
como revolucionarios guatemaltecos con una interpretación propia de la reali-
236
dad guatemalteca ... eso fue expresión de esa característica ideológica nuestra de
no definirnos bajo ninguna escuela...”
607
Las otras tres organizaciones, al
contrario, en esta doctrina enmarcaban su estrategia.
1412.
Pese a esas divergencias, causa en los años sesenta de la división del
movimiento guerrillero en cuatro organizaciones, ya a comienzos de los se-
tenta aparecieron los primeros intentos de reunificación. En los años
1977-1978 se formó la Tripartita con las tres organizaciones de obediencia
marxista-leninista: el EGP, las FAR y la corriente del PGT de Mario Sán-
chez llamado Núcleo de Dirección (PGT-ND). La ORPA sería invitada
un poco más tarde para formar la Cuatripartita. Durante los años siguien-
tes, las tres corrientes del PGT, que estaba muy dividido, también se inte-
graron a la URNG.
1413.
Desde finales del año 1980, por razones de geopolítica regional (la
victoria de los sandinistas en el año 1979 en Nicaragua y el auge revolu-
cionario del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El
Salvador), Cuba y Nicaragua empezaron a presionar a las guerrillas guate-
maltecas para que se unieran.
“Fue en Nicaragua, en noviembre de 1980, con el nombre de Uni-
dad Revolucionaria Guatemalteca y con los mismos integrantes, las
cuatro organizaciones”.
608
1414.
Públicamente la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca
(URNG) nació el 7 de febrero de 1982. Según el Ejército, la “unidad” de
las cuatro organizaciones, hecha pública en febrero de 1982, únicamente
se circunscribía a acuerdos bilaterales entre EGP y ORPA.
609
1415.
Su proclama unitaria presentó el programa en cinco puntos del fu-
turo Gobierno Revolucionario, Patriótico, Popular y Democrático. “Pri-
mero, que la Revolución pondrá fin para siempre a la represión contra el pue-
blo y garantizará a los ciudadanos la vida y la paz, derechos supremos del ser
humano. Segundo, que la Revolución sentará las bases para solucionar las ne-
cesidades fundamentales de las grandes mayorías del pueblo, al acabar con el
dominio económico y político de los grandes ricos represivos nacionales y extran-
jeros que gobiernan Guatemala. Tercero, que la Revolución garantizará la
igualdad entre indígenas y ladinos, terminando con la opresión cultural y con
la discriminación. Cuarto, que la Revolución garantizará la creación de una
nueva sociedad donde en el gobierno estén representados todos los sectores pa-
237
607 Testigo (ex alto mando de la ORPA) CEH. (T.C. 163).
608 Testigo (ex alto mando del EGP) CEH. (T.C. 23).
609 Ejército de Guatemala, anexo B, plan de campaña Reencuentro Institucional 84, resumen de Inte-
ligencia.
trióticos, populares y democráticos. Quinto, que la Revolución garantizará la
política de no alineamiento y de cooperación internacional que necesitan los
países pobres para desarrollarse en el mundo de hoy, sobre la base de la autode-
terminación de los pueblos”.
610
El Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT)
La estrategia político-militar
1416.
El movimiento guerrillero guatemalteco debe sus orígenes históri-
cos y fundamentos teóricos al PGT.
“De hecho no se podría pensar en el movimiento revolucionario
guatemalteco sin el PGT. Todos los cuadros principales de la
URNG, sobre todo los más viejos, hablo de la comandancia y tal vez
algunos mandos medios, se formaron políticamente bajo la sombri-
lla del PGT...”
611
1417.
El papel del partido en el movimiento guerrillero fue debatido en
su interior a lo largo del enfrentamiento, polarizando su membresía entre
los que optaban por la vía armada y los que querían seguir la línea políti-
ca oficial. La controversia fue más evidente en los primeros años de los se-
senta, cuando, pese a aceptar la posibilidad de la vía armada en su Tercer
Congreso de 1960, el PGT no se involucró directamente en su conduc-
ción y siguió considerándose la vanguardia política del movimiento. Esas
contradicciones se agudizaron con la muerte en 1966 del comandante del
Frente Edgar Ibarra, Luis Turcios Lima, elemento de enlace entre la direc-
ción del partido y los cuadros al mando de la guerrilla, lo que llevó en 1967
a la ruptura definitiva entre el PGT y las FAR.
1418.
Entre 1967 y 1986 el PGT pasó por varios intentos de organizar-
se para la lucha armada con estructuras militares propias e implantación de
frentes, sin embargo nunca logró sus objetivos. En este período la cuestión
acerca de la validez de la vía armada llevó a por lo menos dos importantes
esciciones internas.
“Esa contradicción en la que estaba el partido de impulsar una lucha
democrática de masas y al mismo tiempo tener un discurso militar era
irresoluble ... toda la historia del planteamiento militar del partido
tiene como constante su incapacidad de articular una organización
militar propia, lo cual terminaba en división, lo vemos con las prime-
238
610 EGP, Bajo las banderas de la unidad revolucionaria, material de formación política e ideológica del
EGP, abril de 1983.
611 Testigo (ex directivo del seccional universitario del PGT) CEH. (T.C. 436).
ras FAR, las segundas FAR, las FAR revolucionarias, la COMIL y
luego con el 6 de Enero que es la última división”.
612
1419.
El PGT llegará a reconocer la guerrilla como vanguardia armada
del movimiento revolucionario solamente en 1986, cuando en el pleno del
comité central toma la decisión de poner a disposición de la URNG sus
recursos y fuerzas.
“El partido nunca fue numeroso, su influencia política, sobre todo en
los años del gobierno de Arbenz, no guardaba proporción con el nú-
mero de sus afiliados y sus militantes, hacia 1954 cuando era legal no
llegó a contar con más de 5,000 militantes, de donde se puede colegir
que en los años de la clandestinidad fue mucho menos el número de
sus miembros ... eso sí, logró tener una cierta influencia social poten-
ciada porque varios de sus militantes ocupaban roles destacados den-
tro de las organizaciones sociales, estudiantiles, sindicatos, comités lo-
cales etc., pero incluso en esos niveles era débil”.
613
1420.
Además de las divergencias internas, lo que impidió al PGT cum-
plir con los planteamientos del IV Congreso de 1969, durante el cual ha-
bía ratificado la necesidad de la vía armada, fue el aniquilamiento cons-
tante de sus dirigentes políticos por parte de las fuerzas de seguridad del
Estado.
“Su discurso teórico a la larga no pudo ajustarse con lo que estaba
pasando en la realidad. Hizo esfuerzos importantes en sobre todo en
los años setenta, para empujar a la población a organizarse, a crear
sociedad civil, pero no tuvo la capacidad de darle a eso un correlato
armado”.
614
Actividades guerrilleras
1421.
Tras el fracaso del intento guerrillero de marzo de 1962 con el gru-
po armado 20 de Octubre,
615
la comisión política y la comisión militar del
PGT acordaron fortalecer la lucha armada y articularla con la movilización
pacífica de las masas.
“Las condiciones para el desarrollo de la vía violenta estaban da-
das, pero hacía falta tener mayor orientación sobre cómo empren-
239
612 Ibid.
613 Ibid.
614 Ibid.
615 Véase capítulo primero.
der este tipo de acciones y sobre todo cómo constituir grupos gue-
rrilleros...”
616
1422.
A finales de diciembre de 1962 el comité central del partido con-
vocó a una reunión para organizar acciones armadas, en dicha reunión par-
ticiparon dirigentes del MR-13, el 20 de Octubre y 12 de Abril, como re-
sultado surgieron las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR).
617
1423.
El incipiente movimiento guerrillero comenzó sin embargo muy
pronto a sufrir crisis internas. Mientras que el Movimiento Revoluciona-
rio 13 de Noviembre y los cuadros de la JPT tenían éxitos en los prime-
ros frentes guerrilleros, incorporando a campesinos y estudiantes, princi-
palmente en el Oriente del país, los dirigentes del PGT tenían problemas
para involucrar en la lucha a los partidos políticos de izquierda, quienes
eran partidarios de un golpe reformista y no de la revolución a través de
las armas.
1424.
A raíz de las elecciones presidenciales de 1966 los miembros más
conservadores del PGT decidieron apoyar la candidatura de Julio Cesar
Méndez Montenegro, candidato del Partido Revolucionario, como posibi-
lidad para buscar una salida pacífica al creciente enfrentamiento armado,
pero su intención fue truncada por la ola de represión desatada por el Ejér-
cito contra miembros del PGT
618
y de los otros grupos integrantes del mo-
vimiento insurgente.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR del partido)
1425.
Entre 1966 y 1967 se incrementaron las operaciones contrainsur-
gentes en Zacapa, Izabal, Chiquimula y la ciudad capital; los frentes gue-
rrilleros en esas regiones fueron prácticamente aniquilados. Esta desarticu-
lación de efectivos sumada a una fuerte crisis de dirección y contradiccio-
nes ideológicas en el movimiento guerrillero, desembocó en la ruptura del
PGT con las Fuerzas Armadas Rebeldes en enero de 1968. En marzo de
ese mismo año, el PGT decidió crear su propio grupo armado denomina-
do Fuerzas Armadas Revolucionarias: “Desde entonces existieron las FAR re-
beldes y las FAR revolucionarias”.
619
“Las FAR revolucionarias se definían a sí mismas como una organi-
zación más amplia que el partido, los miembros de las FAR no nece-
240
616 PGT, “Conclusiones del examen de las experiencias de lucha violenta e intentos guerrilleros de
principios de 1962”, Guatemala, 17 de marzo de 1962.
617 Véase capítulo primero.
618 CI 68. Diciembre 1965-marzo 1966, 1996, ciudad de Guatemala, Guatemala.
619 Huberto Alvarado. Apuntes para la historia del Partido Guatemalteco del Trabajo, Guatemala, co-
lección universitaria, 1994, pg. 69.
sariamente tenían que ser militantes del PGT, pero aceptaban la con-
ducción política del partido comunista ... Con las FAR rebeldes se
quedaron aquellos que no estaban de acuerdo con la conducción del
PGT ... Las FAR revolucionarias creía que para que la lucha arma-
da tuviera éxito necesitaba una adecuada conducción política y quien
mejor que el partido para dar esa conducción política”.
620
1426.
Las FAR revolucionarias nunca lograron realizar acciones impor-
tantes de combate o ataques al Ejército, pues la idea que se manejaba era
que se encontraban en la fase de captación y preparación militar. La fuer-
te ola de represión contrainsurgente contra miembros del partido comen-
zó a debilitarlos prácticamente desde sus inicios. En enero de 1968 fueron
asesinados por agentes del Estado dos importantes miembros del partido,
Alejandro Silva Falla y Ricardo Garrido Samayoa,
621
en el mismo mes tor-
turaron y salvajemente asesinaron a Rogelia Cruz, miembro de la organi-
zación. Ese hecho impactó mucho a la opinión pública por tratarse de la
ex reina de belleza nacional. La respuesta de las FAR revolucionarias a es-
tos hechos fue la ejecución de los agregados militares norteamericanos, co-
ronel John D. Weeber y capitán Ernest A. Munro.
1427.
Los golpes en contra del PGT continuaron, el 26 de septiembre de
1972 fueron capturados y ejecutados por fuerzas de seguridad del Estado
seis miembros del buró político y una trabajadora doméstica.
622
En 1974,
fue asesinado Huberto Alvarado, secretario general del partido. Estos gol-
pes contra la dirección generaron crisis de conducción y debilitamiento:
“Luego del 72 casi desaparecieron las unidades militares, algunos de nuestros
militantes se integraron a las otras organizaciones revolucionarias, sobre todo a
las FAR rebeldes”.
623
La Comisión Militar (COMIL)
1428.
En 1976 el comité central realizó un pleno en Quetzaltenango en
donde se dispuso reestructurar la dirección del partido y la conformación
de la Comisión Militar (COMIL). “A la COMIL se le encomendó desarro-
llar la línea militar del partido en base a los postulados del IV Congreso”.
624
La
COMIL incorporó a militantes de Escuintla, el zonal sur de San Marcos,
de Alamos, Chimaltenango y de algunos sindicatos de Amatitlán.
241
620 Testigo (ex directivo del seccional universitario) CEH. (T.C. 436).
621 Prensa Libre, Guatemala, 9 y 17 de enero de 1968.
622 Huberto Alvarado, Apuntes para la historia del Partido Guatemalteco del Trabajo, Guatemala, co-
lección universitaria, 1994, pg. 90. CI 96. Septiembre, 1972.
623 Testigo (ex dirigente del PGT) CEH. (T.C. 568).
624 Testigo (ex directivo de la comisión de masas del PGT) CEH. (T.C. 435).
“La COMIL comenzó a operar prácticamente desde su constitución,
en el año 76 asaltaron varios puestos de la PMA de manera coordi-
nada con los regionales ... en la COMIL había una intensa actividad
operativa que chocaba con los planteamientos del comité central ...
Recuerdo que la COMIL organizó una campaña para ejecutar a los
secretarios generales del MLN en Escuintla, en Suchitepéquez y en el
Oriente...”
625
1429.
Como reacción a la masacre de Panzós en 1978, la COMIL reali-
zó una emboscada contra un camión del Ejército que transportaba a
miembros de la Policía Militar Ambulante en la zona 11 de la ciudad ca-
pital donde murieron 20 policías.
626
La comisión política negó en un co-
municado público la responsabilidad del PGT y expulsó del partido a los
miembros de la COMIL.
La COMIL, “ya independizada del PGT, se organizó a través de unida-
des urbanas y continuó realizando operaciones aisladas en la región sur del
país”.
627
Se alió luego a otra disidencia del partido, el Núcleo de Dirección
y Conducción Nacional, que no tuvo mayor prosperidad y fue aniquilado
tiempo después.
En un parte de guerra del 3 de mayo de 1982 fueron reivindicados por
las columnas Bernardo Alvarado Monzón y Mario Silva del PGT núcleo
de dirección nacional “25 ajusticiamientos de agentes represivos y elementos
del poder local reaccionario...”
628
1430.
Con esta ruptura el PGT se quedó sin comisión militar hasta 1980
cuando creó nuevamente una comisión de trabajo militar que no llegó a
realizar acciones de importancia. Un caso de secuestro fue reportado por el
Informador Guerrillero del EGP en agosto de 1982: “miembros del Partido
Guatemalteco del Trabajo (PGT-comisión política) liberaron al hijo del minis-
tro Méndez Ruiz [Ministro de Gobernación bajo Ríos Montt], luego de ob-
tener satisfacciones a algunas de las demandas hechas, en especial, la publica-
ción de desplegados de su organización en distintos periódicos nacionales y ex-
tranjeros”.
629
1431.
La crisis de conducción en el partido fue en aumento, en 1983 el
PGT disolvió a la JPT lo que provocó un año después la formación de un
nuevo grupo de disidentes, PGT 6 de Enero. Algunos exiliados en Méxi-
co pertenecientes a esta facción buscaron contactos con un contingente de
242
625 Ibid.
626 Prensa Libre, Guatemala 19 de junio de 1978.
627 Testigo (ex directivo de la comisión de masas del PGT) CEH.
628 EGP, Informador Guerrillero, No 7, 2 al 15 de mayo de 1982, pg.4
629 EGP, Informador Guerrillero, No. 13, 25 de agosto de 1982, pg. 1.
disidentes del EGP conocido como Octubre Revolucionario y dirigido por
Mario Payeras, pero la unidad no fructificó.
1432.
El PGT intentó entonces establecer un frente guerrillero en Alta
Verapaz, que se frustró al ser detectado por el Ejército. Los sobrevivientes
trataron de trasladarse al norte, para retomar contactos con comunidades
en las que el PGT tenía influencia en la década de 1970, pero la experien-
cia fracasó entre 1982 y 1983. En 1986, el comité central del partido de-
cidió poner sus exhaustos recursos a disposición de la URNG.
Estructura político-militar
1433.
El órgano de dirección nacional más alto era el congreso, integra-
do por representantes de todos los organismos del partido que, según los
estatutos del PGT, debía reunirse cada cuatro años para discutir y dictar
las acciones de la organización, sin embargo, debido a las circunstancias
políticas y a la represión del Estado solamente lograron realizar cuatro
congresos.
“La autoridad máxima permanente del partido era el Comité Cen-
tral (CC), integrado por miembros de diferentes organismos elegidos
durante la realización de un congreso. Se reunía cada cuatro meses a
solicitud de la comisión política, que era el organismo ejecutivo del
partido”.
630
1434.
Formalmente los organismos de dirección a nivel nacional se con-
servaron, pero los organismos intermedios desaparecieron debido a la re-
presión. Esto afectó drásticamente la organización interna del PGT que
se había basado en un sistema de “centralismo democrático”, donde los or-
ganismos intermedios servían de enlace entre la dirección y la base del
partido.
1435.
La unidad mínima de organización del PGT eran los comités de
base o células, integrados por tres o más miembros del mismo o distinto
sector: obreros, campesinos, estudiantes, etc., que se reunían periódica-
mente de manera clandestina. El comité de base actuaba dentro de un co-
mité local, el cual a su vez funcionaba dentro de una seccional que depen-
día del comité regional. “Este tipo de organización territorial era típica de los
partidos comunistas latinoamericanos”.
631
243
630 Testigo (alto dirigente del PGT) CEH. (T.C. 374).
631 Testigo (ex directivo del seccional universitario del PGT) CEH. (T.C. 436).
“Todos los miembros del partido estaban organizados en un comité de
base. El comité de base realizaba trabajos de propaganda, agitación y
educación. Elaboraba planes de trabajo orientados a la incorporación
del pueblo a la lucha revolucionaria, al estudio de las líneas políticas,
organizativas, etc”.
632
1436.
En mayo de 1965 el comité central aprobó una resolución deno-
minada “Diez tesis sobre organización”, proponía que los comités de base
asumieran también funciones logísticas y militares para actuar directa-
mente o para enviar combatientes al Frente Guerrillero Edgar Ibarra
(FGEI). Esta estrategia orgánica fracturó al partido pues muchos miem-
bros no estuvieron de acuerdo con subordinar el trabajo político a las ac-
ciones militares.
Las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR)
1437.
Para las FAR la guerra revolucionaria era una lucha de clases don-
de la variable étnica era secundaria y donde el papel protagónico lo tenían
los trabajadores cuya participación iba expresándose en diferentes formas
de lucha: política, reivindicativa o militar. La lucha armada la practicaron
bajo el método de guerra de guerrillas, es decir, la diseminación de peque-
ñas unidades guerrilleras en diferentes regiones del país, con lo que espera-
ban motivar a la población a involucrarse en la lucha revolucionaria para
debilitar al Ejército y derrocar al Gobierno.
1438.
Inicialmente buscaron un amplio despliegue territorial en las regio-
nes de mayor desarrollo económico del país y donde el PGT contaba con
un número importante de simpatizantes: la Costa Sur, el Oriente, el de-
partamento de San Marcos y la ciudad capital. En 1963 montaron tres fo-
cos guerrilleros en el oriente del país que fueron aniquilados por el Ejérci-
to; además sufrieron varias escisiones internas a causa de las diferencias
ideológicas. El trabajo político con la población tampoco dio los resulta-
dos esperados.
1439.
Ante estos fracasos y con el propósito de contar con una retaguar-
dia militar, a partir de 1970 las FAR se refugiaron en la región selvática de
Petén, que terminó siendo prácticamente su único frente de guerra, don-
de permanecieron hasta el final del enfrentamiento armado. En la ciudad
capital y en Escuintla mantuvieron trabajo político de masas con algunos
sectores de estudiantes, obreros y campesinos.
1440.
En 1979 decidieron conformar la tripartita junto al Ejército Gue-
rrillero de los Pobres y al núcleo del Partido Guatemalteco del Trabajo pa-
ra fortalecer el movimiento revolucionario y activar su principal frente de
244
632 Testigo (alto mando del PGT) CEH. (T.C. 374).
guerra en Petén. A partir de la conformación de la URNG, en febrero
1982, las FAR coordinarían la estrategia de guerra popular revolucionaria
con las otras organizaciones guerrilleras.
Estrategia y tácticas político-militares
1441.
La estrategia político-militar de las FAR se fue constituyendo a lo
largo del enfrentamiento armado a través de cuatro elementos de acción:
la lucha armada, la unidad interna,
633
el trabajo político con la población
y, por último, las alianzas con otras organizaciones revolucionarias y las ne-
gociaciones de paz.
La lucha armada
1442.
Entre 1962 y 1965 las FAR se desplegaron de la capital hacia cua-
tro grandes regiones, donde el PGT contaba con simpatizantes, para reali-
zar trabajo político y obtener el respaldo de la población: Regional de
Oriente (Zacapa, Izabal); Regional de Occidente (San Marcos, Retalhuleu,
Quetzaltenango); Regional Sur (Escuintla, Suchitepéquez); Regional Cen-
tral (Guatemala, Baja Verapaz). Durante estos años la base social de apoyo
estuvo conformada en el oriente del país por pequeños productores de to-
mate y trabajadores agrícolas de tabaco, por trabajadores de la UFCO y de
la IRCA y estibadores de Puerto Barrios. En la Costa Sur las principales ba-
ses fueron parcelarios de tradición arbencista, así como miembros de los
sindicatos agrícola y ferrocarrilero. En la zona central contaron con el apo-
yo de obreros, estudiantes y profesionales de tradición comunista.
1443.
En 1963 las FAR entraron en contacto con indígenas de la región
de Rabinal, Baja Verapaz, donde anteriormente el PGT había implanta-
do bases entre los campesinos Achi´, quienes simpatizaron con el discur-
so guerrillero. Varios de ellos llegarían a conformar, tiempo después, las
primeras filas de combatientes en el oriente del país. Durante la primera
década las acciones armadas se libraron en el Oriente y la zona central
del país. En 1979 se activó el Frente Norte en el departamento de Petén
y en 1982 se realizaron algunos operativos en el departamento de Chi-
maltenango.
Los focos guerrilleros en el Oriente
1444.
De 1963 a 1965 la organización guerrillera aplicó como táctica la
toma de poblados y aldeas, y realizó hostigamientos y emboscadas en Pe-
tén, La Ceibita y Sunzapote; en esta última “aniquilaron a once elementos
del Ejército con un contingente de 60 guerrilleros”.
634
245
633 Este tema está desarrollado en el capítulo primero, apartadoVI.
634 Para Pablo Monsanto esa fue la principal victoria militar en los primeros cuatro años; fue dirigi-
da por Turcios Lima, 17 de mayo de 1965.
1445.
En estos años también se dieron casos de ajusticiamientos de co-
misionados militares y simpatizantes de grupos de ultraderecha.
“Nosotros seguíamos en la Sierra de las Minas con la propaganda ar-
mada que realizamos. Empezamos a despertar gran simpatía de la
población hacia nosotros, ahí se realizaron [el entrevistado se refiere
al período 1964/65] muchas operaciones ... en esa parte de Zacapa,
que fueron las famosas acciones de ajusticiamiento, la de Orellana
Portillo ahí en las Fragua y otros comisionados militares, que fueron
ajusticiados por las FAR...”
635
“El 14 de agosto de 1966 ajusticiaron en La Fragua, Zacapa, a Ma-
nuel Orellana Portillo, ex presidente del Congreso Nacional. Fue éste
el primer civil de derecha ejecutado por la guerrilla en 1966. El 17 del
mismo mes, en uno de sus boletines, las FAR reconocieron el hecho”.
636
El Frente Urbano
1446.
Desde 1963 operó en la capital el Frente Urbano La Resistencia,
que actuaba en forma de comandos y se encargaba del abastecimiento y ac-
tividades logísticas de apoyo a los focos guerrilleros del Oriente. Para ello
emprendieron la práctica de autofinanciamiento por la vía de asaltos a
bancos y empresas extranjeras. También iniciaron la práctica del secuestro
a empresarios y terratenientes, a quienes consideraban sus enemigos, con
el propósito de obtener financiamiento para sus acciones guerrilleras.
“Nuestros enemigos son la oligarquía (terratenientes y burgueses) y el
imperialismo yanqui y todos sus agentes conscientes ... Aprovechare-
mos toda oportunidad que se presente para arrancarles a los enemigos
parte de lo que se han robado, ya sea en forma de impuestos en dine-
ro o en especie, en la ciudad o en el campo, voluntariamente o bajo
presión, como en el caso de los secuestros...”
637
1447.
Guatemala fue uno de los primeros países latinoamericanos en
donde la guerrilla practicó el “secuestro” con fines económicos. Según Ré-
gis Debray, en 1963 las FAR habían obtenido 80,000 dólares de esta acti-
vidad.
638
Entre las primeras víctimas en ese año estuvieron Ramiro Sama-
yoa, Rafael Sabbagh, Armando Gabriel, Juan José Falla y Manuel María
246
635 Testigo (ex alto mando de las FAR) CEH. (T.C. 39).
636 C 403. Agosto, 1966. Zacapa, Zacapa.
637 FAR, Situación y perspectivas del movimiento revolucionario guatemalteco, marzo 1967.
638 Regis Debray, Las pruebas de fuego. La crítica de las armas, Siglo XXI Editores, México, 1975, pg.
241.
Herrera; mientras que, según información del Gobierno, los empresarios
Enrique Engel, Angel Zardillo, Carlos Paíz Ayala, Rodolfo Herrera y
Eduardo Halffon habían tenido que abandonar el país por temor a ser se-
cuestrados.
639
1448.
Las elecciones presidenciales de 1966 crearon expectativas entre el
movimiento guerrillero. El Partido Revolucionario (PR) prometía que el
Gobierno de Méndez Montenegro sería el tercer gobierno de la revolu-
ción. El PGT y las FAR decidieron apoyar la candidatura de Méndez
640
y
adoptaron un cese unilateral de fuego. Entre noviembre de 1965 y marzo
de 1966 las FAR restringieron los operativos armados, pero continuaron
los secuestros económicos, como el del empresario Teddy Herrera en di-
ciembre de 1965 y las acciones contra la Policía Nacional, como el atenta-
do contra una radiopatrulla en febrero de 1966.
1449.
La elección de Méndez Montenegro fue seguida por la desapari-
ción forzada de varios miembros y dirigentes del PGT, las FAR y el
MR13.
641
Como respuesta, en mayo de ese mismo año la resistencia secues-
tró con fines de intercambio al secretario de la Presidencia, al presidente de
la Corte Suprema de Justicia y al vicepresidente del Congreso.
642
1450.
Bajo el mando de su comandante Camilo Sánchez, desde enero de
1968, las FAR desataron una ola de violencia en la ciudad de Guatemala
con una serie de asesinatos, secuestros y atentados que generaron temor
dentro del sector económico de poder.
643
“Dentro de las acciones que hemos realizado está el ataque al Cuarto
Cuerpo de la Policía Nacional bajo el mando del coronel Villegas, es-
te cuerpo es el encargado de reprimir y torturar a los combatientes re-
volucionarios; el ajusticiamiento de un traidor llamado Mauricio Ro-
sal Paz; hemos destruido propiedades de la burguesía, como el incen-
dio del Express Aéreo de Aviateca, el incendio de la Aduana Central
y algunos almacenes. En el ataque al Cuarto Cuerpo de la Policía Na-
cional le colocamos una mina con capacidad de 25 candelas de dina-
mita en el momento en que entrenaban sus contingentes y les causa-
mos bajas. Hemos quitado dinero a la burguesía; hemos secuestrado a
algunos elementos de la burguesía para financiar con esos fondos el
movimiento revolucionario. Ahora mismo, se acaba de ajusticiar al se-
247
639 O. Fernández, C. Macías y A. López, “La crisis política y la violencia en Guatemala”, Diez años
de insurrección en América Latina, Ediciones Prensa Latinoamericana, S.A., Santiago de Chile,
1971. Prensa Libre, Guatemala, 13 de diciembre de 1965.
640 “Pueblos en Armas”, entrevista de Marta Harnecker a Pablo Monsanto, Punto Final Internacio-
nal, México, 1985.
641 CI 68. Diciembre, 1965-marzo 1966.
642 CI 32. Mayo, 1966. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
643 FAR, El terrorismo, un elemento de la estrategia contraguerrillera, Guatemala, junio de 1970. Gabriel
Aguilera Peralta, La violencia de Guatemala como fenómeno político, CIDOC, México, 1971.
gundo jefe del Segundo Cuerpo de la Policía Nacional, coronel Back-
quiah. Anteriormente habíamos atacado algunos cuerpos de vigilan-
cia de Estuardo García Gómez, jefe de la Policía Judicial, a tres vehí-
culos que vigilaban tres de sus casas, los aniquilamos. Hemos coloca-
do bombas en el Palacio Nacional, en el mismo cuartel de la Policía
Militar. También ajusticiamos a José Torón Barrios, Alfonso Alejos y
Luis Aldana (alias El Gitano), todos ellos elementos activos de las
bandas terroristas de ultraderecha. Todas estas acciones demuestran
claramente que estamos en una situación ofensiva”.
644
1451.
Camilo Sánchez fue capturado y ejecutado por el Ejército en agos-
to de 1968. Los principales focos guerrilleros en el oriente, el Frente Ed-
gar Ibarra y el Frente Alejandro de León, obligaron a sus combatientes a
concentrarse en la capital para fortalecer el Frente Urbano.
1452.
La etapa previa a las elecciones presidenciales de 1970 también es-
tuvo plagada de violencia. Las FAR continuaron realizando una serie de se-
cuestros políticos. Secuestraron al ministro Alberto Fuentes Mohr, al di-
plomático estadounidense S.M. Holly y al embajador alemán Karl von
Spreti,
645
a quien mataron ante la negativa del Gobierno de concederles la
libertad a 22 detenidos.
646
Creación de la columna madre y activación del Frente Norte
1453.
La política contrainsurgente del Gobierno de Méndez Montene-
gro, realizada en la región Oriente del país por el coronel Carlos Arana
Osorio, anuló considerablemente las actividades públicas de la guerrilla en
el área rural, trasladando sus operaciones a la capital. La Regional de
Oriente, con la mayoría de sus dirigentes asesinados, quedó aniquilada y
en el sur la casi totalidad de simpatizantes era población no armada.
1454.
En 1968, las FAR acordaron montar una columna madre en Alta
Verapaz “con la idea de accionar un foco guerrillero que motivara a la pobla-
ción campesina a incorporarse a la guerrilla”.
647
Sin embargo los dos intentos
de penetración que hicieron en la región fracasaron por falta de apoyo de
la población.
1455.
En 1969 en un tercer intento por conformar la columna madre de-
cidieron que la concentración de fuerzas fuera en el departamento de Pe-
tén para marchar desde ahí hacia el sur, a los departamentos de Alta Vera-
paz y El Quiché. La misión de exploración fue encomendada a uno de los
dirigentes de las FAR, Pablo Monsanto.
248
644 Entrevista a Camilo Sánchez, “El terrorismo, un elemento de la estrategia contraguerrillera”,
Guatemala, junio de 1970.
645 CI 88. 1970. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
646 Prensa Libre, 6 de abril de 1970.
647 Testigo (ex jefe militar de las FAR) CEH. (T.C. 293).
1456.
En estos mismos años surgieron problemas internos con la Regio-
nal de Occidente que llevaron a sus integrantes a empezar un nuevo pro-
yecto guerrillero que saldría a la luz años más tarde bajo el nombre de Or-
ganización del Pueblo en Armas (ORPA). Ante los fracasos en las otras re-
gionales las FAR optaron por crear una base social de apoyo entre los nue-
vos colonos de Petén, aunque inicialmente esta área solamente les intere-
saba como corredor de armas.
1457.
En 1971 el pequeño grupo que se encontraba en la columna ma-
dre se activó, “para demostrar al mundo que estábamos vivos, decidimos co-
menzar las hostilidades, así hicimos nuestra primera emboscada en las monta-
ñas de Yaltutú, municipio de Dolores”.
648
Aunque realizaron otras embosca-
das, los logros fueron mínimos; rápidamente el Ejército contrarrestó la
ofensiva guerrillera, por lo que “Pablo Monsanto dio órdenes de suspender las
hostilidades con el fin de organizar las bases sociales en Petén y dar nuevas es-
trategias para los combatientes”.
649
1458.
Con ello las FAR priorizaron el trabajo político en la región pete-
nera y prácticamente suspendieron las acciones públicas hasta 1979. Las
FAR “se retiraron de la luz pública y se dedicaron al trabajo preparatorio clan-
destino durante los años setenta, cultivando su base social principalmente en-
tre los campesinos de Petén”,
650
así como entre obreros, estudiantes y algunos
profesionales de la capital.
1459.
En 1979 con la resolución de la unidad de las fuerzas insurgen-
tes y el plan de generalización de la guerra de guerrillas, las FAR forma-
ron su primera columna madre en Petén, llamada Turcios Lima. A par-
tir de 1981 esta columna empezó a realizar emboscadas, hostigamientos
y ataques al Ejército en el municipio de Melchor de Mencos y, dada la
importancia turística de la región, en la carretera que comunica a Flores
con Tikal.
1460.
Comunidades enteras abandonaron sus tierras como consecuencia
de la violencia que se había desatado y se desplazaron por la selva y las
montañas de Petén hasta lograr refugiarse en Belice o México. En mayo de
1982 las FAR elaboraron un plan de operaciones en la región petenera con
el propósito de crear y fortalecer comités clandestinos. Uno de los frentes
emprendió prácticas de hostigamientos y sabotajes de poco impacto que
sirvieron de distractor al Ejército mientras los otros frentes abrían un nue-
vo corredor hacia Alta Verapaz.
“La guerrilla venía a bloquear la carretera o a hacer un mitin y ra-
pidito se iban, pero después venía el Ejército y empezaba a llevarse a
249
648 Ibid.
649 Testigo (ex alto mando de las FAR) CEH. (T.C. 295).
650 Testigo (ex comandante de las FAR en Petén) CEH. (T.C. 294).
la gente, nos maltrataban, y esa pobre gente, que no tenía nada que
ver, nunca apareció”.
651
El trabajo político con la población
1461.
Mediante el impulso e incremento del combate armado las FAR
pretendían poner en tensión al Ejército y al mismo tiempo lograr propa-
ganda propia para estimular la incorporación de la población a la guerra.
Igualmente consideraban que el desarrollo del movimiento reivindicativo
y político de los diferentes sectores sociales debía coincidir en el tiempo
con la lucha armada para avanzar en el proceso revolucionario.
La población en la estrategia político-militar
1462.
Hubo quienes se incorporaban a las FAR porque creían en el pro-
yecto político que se les proponía y que les ofrecía nuevas perspectivas de
vida; o por coerción, ante la presión de miembros de la comunidad, de mi-
litantes, de familiares o de su propia percepción de los hechos.
“A esa edad uno no tiene conciencia, pero sí siente simpatía por el tra-
bajo de la organización. Me fui involucrando al convertirme en guía
de los compañeros, los guiaba a los lugares que ellos necesitaban llegar
y les presentaba a nueva gente...”
652
1463.
El trabajo político en el área rural se basó en la conformación de
células de cinco a nueve miembros cuya función principal era dar apoyo a
las fuerzas militares. Las células actuaban de manera clandestina y compar-
timentada y algunas veces sus miembros recibían entrenamiento militar.
“Desde antes pertenecíamos a una estructura que le llamábamos célu-
las militares; nos reuníamos, nos juntábamos siete de la comunidad y
entrenábamos, hacíamos ejercicios y practicábamos tiro...”
653
Varios miembros de las células también formaban parte de las mi-
licias que servían de eslabón entre la población y las fuerzas mili-
tares. Las milicias eran entendidas como “fuerzas militares popula-
res”
654
que participaban en actividades de vigilancia, almacenaje de
armas y logística.
1464.
En otros casos la población sencillamente ofrecía abastos o dinero
a las fuerzas militares, según sus posibilidades.
250
651 Testigo (catequista del municipio de Dolores, Petén) CEH. (T.C. 300).
652 Testigo (ex comandante de las FAR) CEH. (T.C. 220).
653 Ibid.
654 FAR, Tesis de organización de las Fuerzas Armadas Rebeldes, febrero de 1987, pg. 38.
“Nosotros sembrábamos por cada temporada siete manzanas de mil-
pa, de esas siete manzanas de milpa yo decía: ‘les voy a dar lo de una
tarea de a veinte de milpa’, entonces esa tarea yo venía, la cosechaba,
producía y vendía y el efectivo se lo pasaba al compañero encargado
de la organización. Pero había compañeros que donaban hasta una
manzana, los que tenían mejores posibilidades...”
655
1465.
Como parte de la estrategia de las FAR uno de los objetivos del tra-
bajo político con la población era involucrar al sector obrero y campesino
en la lucha armada. Sin embargo, este objetivo se vio truncado por la repre-
sión ejercida por las fuerzas de seguridad del Estado en contra de dichos sec-
tores, aunque ello no significó la ruptura total de las relaciones de la guerri-
lla con la población. En Petén, por ejemplo, ante la huida masiva de cam-
pesinos debido a la represión, las FAR reagruparon a los desplazados para
formar campamentos en la selva que les sirvieran de base de apoyo, pero en
muchas ocasiones la persecución del Ejército no les permitió tener éxito.
1466.
El desplazamiento masivo de campesinos hacia México significó
una desarticulación interna para las FAR, las cuales tuvieron que acudir a
los refugiados para reclutar nuevos combatientes. En 1984 la guerrilla cap-
tó a varios refugiados para integrarlos a sus filas, aprovechando el hecho de
que el Gobierno mexicano decidió trasladar a los refugiados guatemaltecos
a los estados de Campeche y Quintana Roo debido a las frecuentes incur-
siones militares del Ejército de Guatemala al territorio de Chiapas.
1467.
Muchos de los campesinos que habían sido deportados por el Go-
bierno de México en 1981 y gente que abandonaba sus comunidades por
la violencia, fueron agrupados en milicias por la guerrilla para formar cen-
tros de abastecimiento y retaguardia militar, que serían la semilla de lo que
más tarde se organizó como las Comunidades de Población en Resistencia-
Petén (CPR-P).
Captación y movilización de las masas
656
1468.
La incorporación de los trabajadores era un factor estratégico cla-
ve para activar la lucha en distintas formas: reivindicativa, política y mili-
tar.
657
“El desarrollo del movimiento guerrillero estimulará y respaldará al mo-
vimiento reivindicativo y político de las masas y el desarrollo de éste enriquece-
rá al movimiento armado”.
658
251
655 Ibid.
656 Las FAR entendían por “masas” las grandes mayorías del pueblo que con su trabajo generaban la
riqueza del país y que eran explotadas por una minoría que contaba con el poder económico, po-
lítico, militar e ideológogico.
657 FAR, “Documento sobre objetivos y estrategias de la GRP”, sin fecha, pg. 41.
658 FAR, Tesis de las Fuerzas Armadas Rebeldes, Guatemala, febrero de 1987.
1469.
Según la visión de las FAR, interiormente las masas se distinguían
por diferencias étnicas (masas indígenas y ladinas), regionales (masas urba-
nas y rurales), de clase (obreros, campesinos, semiproletarios y pequeño
burgueses) y por el tipo de ocupación (trabajadores, desempleados, estu-
diantes, etc.). La más importante era la diferencia de clase, pues conside-
raban que de ella dependía la resolución de los problemas de las masas.
1470.
Considerando a los indígenas guatemaltecos como víctimas de ex-
plotación económica y opresión cultural por parte de los sectores de poder
del país, las FAR insistían para que indígenas y ladinos revolucionarios se
unieran en la lucha contra su enemigo de clase.
1471.
Con su trabajo de masas —abierto o clandestino— las FAR pre-
tendían que la población se sublevara y se incorporara a la lucha armada.
Como ya lo había destacado Turcios Lima en los años sesenta, el papel más
importante de la guerrilla era ir formando el ejército revolucionario y sen-
tando las bases de la organización política a través del trabajo de masas.
659
1472.
Luego de la derrota militar de finales de los años sesenta, las FAR,
en su Tercera Conferencia celebrada en 1971, hicieron un balance de su si-
tuación, y reconocieron la importancia de darle mayor participación a la
población en la lucha revolucionaria. De acuerdo con eso se plantearon la
necesidad de movilizar a las masas para “alcanzar su radicalización y que se
convencieran de que no había otra posibilidad de tomar el poder si no era a
través de las armas”.
660
Para ello varios de sus militantes empezaron a dedi-
carse al trabajo político. “La separación entre la estrategia militar y la estra-
tegia política debía superarse a partir de los años setenta”.
661
A partir de 1982,
para dar mayor coordinación al trabajo político con las masas, las FAR
crearon la comisión de masas.
1473.
En esta dinámica se impulsó el trabajo de organización con los tra-
bajadores, tanto en la capital como en la Costa Sur para promover la lucha
de sus reivindicaciones inmediatas, “con la idea de que la guerrilla debía sur-
gir de la población misma como producto del trabajo político”.
662
Las alianzas y la negociación
1474.
Tras la experiencia del divisionismo revolucionario de la primera
década de la lucha armada, las FAR y el PGT vieron la necesidad estraté-
gica de unificar sus organizaciones para construir la base de un movimien-
to más amplio. Concretaron una alianza política a través de una declara-
ción conjunta suscrita el 15 de septiembre de 1973, titulada “Unidad re-
252
659 Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre; “Carta abierta de Turcios Lima a la Dirección Na-
cional del MR-13”, Sierra de las Minas, 6 de marzo1965.
660 “Pueblos en Armas”, entrevista por Marta Harnecker a Pablo Monsanto, Punto Final, México, 1985.
661 Testigo (ex jefe militar de las FAR) CEH. (T.C. 293).
662 “Pueblos en Armas’, entrevista por Marta Harnecker a Pablo Monsanto, Punto Final, México, 1985.
volucionaria para combatir a la oligarquía y el imperialismo”, en donde se
comprometían a trabajar por la unidad de los sectores populares.
1475.
Como resultado de este proceso de unificación, en 1979 las FAR
decidieron que Petén sería su principal frente de guerra, “mientras que el
EGP y la ORPA habían montado sus frentes con anterioridad en el occidente,
noroccidente, el centro y sur del país, por lo que su situación quedaba en des-
ventaja en la correlación de fuerzas del movimiento revolucionario”.
663
1476.
Uno de los principios dentro del proceso de unificación fue la dis-
persión de unidades militares para evitar que el Ejército los golpeara debi-
do a su desventaja en fuerza militar. En agosto de 1982 constituyeron su
segundo frente, el Frente Tecún Umán en el departamento de Chimalte-
nango. “Dicho frente surgió como resultado de presiones políticas que se libra-
ban en la unidad del movimiento revolucionario”.
664
En sus primeras opera-
ciones realizaron tomas de aldeas, acciones de sabotaje, emboscadas de ani-
quilamiento y enfrentamientos con el Ejército en Chimaltenango y Qui-
ché, causando, según sus partes de guerra, varias bajas al Ejército.
665
1477.
En 1987 se dio el primer encuentro entre la URNG y el Gobier-
no de Vinicio Cerezo para buscar una solución pacífica al conflicto. “La
concepción de las FAR sobre la negociación con el Gobierno y el Ejército de
Guatemala no fue una concepción estratégica desde el inicio, sino más bien fue
una situación táctica en el proceso de la guerra popular revolucionaria”.
666
Pa-
ra fortalecerse políticamente y agilizar la lucha armada, la URNG, en una
primera fase (1987-1993), “trató de utilizar la negociación para lograr una
vinculación directa, abierta y aceptada por el Estado guatemalteco, con los sec-
tores políticos, sociales y populares”.
667
Ante el golpe de Estado provocado por
Serrano Elías en 1993, la URNG se vio forzada a consolidar su unidad y
a tomar las negociaciones de paz como única vía para finalizar el enfrenta-
miento armado.
Estructura político-militar
1478.
Mediante la lucha política las FAR buscaban “movilizar a las masas
hacia el proceso de guerra”.
668
En ello participaban, principalmente a partir
de los años setenta, simpatizantes, colaboradores y militantes de diferentes
sectores: sindicalistas, dirigentes campesinos, estudiantiles y populares que
actuaban clandestinamente amparados por instituciones legales; su fun-
ción era orientar a las masas hacia los objetivos revolucionarios con una in-
253
663 Testigo (ex comandante de las FAR en Petén) CEH. (T.C. 294).
664 Testigo (ex miembro de las FAR) CEH. (T.C. 386). Concepciones ideológicas y políticas en las FAR,
Guatemala, 1995.
665 FAR, Surgimiento del Frente Guerrillero Tecún Umán, sin fecha.
666 Testigo (ex dirigente de las FAR) CEH . (T.C. 386).
667 Testigo (ex alto mando de las FAR) CEH. (T.C. 264).
668 “Pueblos en Armas”, entrevista de Marta Harnecker a Pablo Monsanto, Punto Final, México, 1985.
terpretación y aplicación de la situación específica. Otro grupo lo confor-
maban los encargados de establecer vínculos secretos con organizaciones
legales, diferentes sectores populares o personas individuales que actuaban
de manera semiclandestina y que se aglutinaban en pequeñas células. “To-
dos los miembros de FAR, fuéramos clandestinos o semiclandestinos, nos orga-
nizábamos a través de células”.
669
1479.
En la actividad militar, las FAR pretendían “el aniquilamiento del
ejército mediante el desarrollo de la acción armada”.
670
El ejército guerrillero
se constituyó mediante la organización de milicias, columnas y guerrillas.
Las milicias las constituían pobladores no armados que desarrollaban acti-
vidades políticas de agitación, organización, reclutamiento, producción,
abastecimiento y propaganda. Las guerrillas eran las fuerzas militares per-
manentes mínimas que se movilizaban y actuaban en un territorio o sec-
tor determinado, contaban con capacitación militar para el combate y ope-
raban en coordinación con las milicias y columnas guerrilleras. Las colum-
nas constituían las fuerzas militares permanentes con mayor experiencia y
capacidad militar, contaban con armamento de mayor volumen y poten-
cial de fuego y su misión era atacar a las agrupaciones dispersas del Ejérci-
to y desalojarlas del territorio.
Organización interna
1480.
La organización político-militar de las FAR varió en el tiempo pues
tuvo que adaptarse a las circunstancias, los recursos, las experiencias y las
decisiones de cada período; sin embargo, su estructura jerárquica de man-
do se conservó a lo largo del enfrentamiento armado.
1481.
“Desde sus inicios las FAR buscaban imitar el esquema organizativo
del PGT ... practicando un centralismo democrático”.
671
Dicho “centralismo
democrático” era entendido como el conjunto de principios políticos que
favorecían las relaciones entre el mando central y las bases. Sin embargo,
la mayor parte del tiempo la represión y la falta de canales de comunica-
ción efectivos no permitieron realizar consultas con las bases, y las decisio-
nes fueron exclusivas de la comandancia.
1482.
Durante sus primeros años (1962-1967) las FAR se organizaron a
través de un mando militar que operaba en distintas regiones y que pre-
tendía coordinar esfuerzos y decisiones con el comité central del PGT y
entre los otros grupos que la integraban: el Movimiento Revolucionario 13
de Noviembre (MR-13) y el Frente Guerrillero Edgar Ibarra (FGEI).
1483.
A partir de 1971 las FAR, ya separadas del PGT, crearon su propia
Dirección Nacional (DN), que fue su máximo organismo y estaba integra-
254
669 Testigo (ex dirigente de las FAR) CEH. (T.C. 296).
670 FAR, Documentos Históricos, No.1, comisión de propaganda, Guatemala, 1988.
671 Testigo (ex dirigente de las FAR) CEH. (T.C. 296).
da por un número de 5 a 15 miembros. Cada miembro ejercía una respon-
sabilidad concreta bajo el mando del comandante en jefe, quien tenía la
responsabilidad de ejecutar las conclusiones, acuerdos, resoluciones, linea-
mientos y decisiones de la DN y, a partir de 1982, de la comandancia de
la URNG.
1484.
Los miembros de la organización estaban escalonados según su ni-
vel de participación: en primer lugar estaban los militantes permanente-
mente alzados, quienes servían tanto en los asuntos militares como políti-
cos; luego los combatientes, quienes participaban en alguna unidad de
combate de los frentes de guerra y se especializaban en asuntos militares, y
en tercer lugar los colaboradores y simpatizantes no armados, quienes par-
ticipaban de manera parcial y ocasional en asuntos políticos, logísticos o de
abastecimiento.
1485.
En los asuntos militares las FAR contaban con un mando específi-
co encargado de la planificación, organización y coordinación de las dife-
rentes formas violentas de lucha. Dicho mando estaba conformado por un
Estado Mayor y pequeñas unidades militares, bajo la autoridad del coman-
dante en jefe. El 80% de los combatientes eran ladinos originarios de la
Costa Sur y del Oriente del país.
Despliegue territorial
1486.
Las FAR consideraban que las unidades guerrilleras no debían es-
tar diseminadas en un territorio muy extenso ni realizar acciones dispersas.
El objetivo era lograr que mediante las acciones militares y el trabajo polí-
tico se incorporaran cada vez más personas al desarrollo de la lucha guerri-
llera, sin embargo, uno de sus problemas principales fue determinar en qué
momento concentrar y cuándo y cómo dispersar sus fuerzas.
672
1487.
Aunque el plan inicial de las FAR era conformar focos guerrilleros
en las regiones de San Marcos, la Costa Sur y el Oriente, solamente mon-
taron tres en la región de Izabal y Zacapa de donde varios militantes eran
originarios y donde el PGT contaba con abundante membresía. Estos fo-
cos rurales buscaban involucrar a la población campesina en la lucha arma-
da, sin embargo, no lograron el despliegue y éxito que esperaban debido a
la ofensiva militar del Ejército que los aniquiló prácticamente en menos de
tres años. En la capital organizaron un frente urbano, La Resistencia, que
tenía la misión de obtener fondos económicos a través de extorsiones y se-
cuestros. A partir de 1966 La Resistencia fue prácticamente el único frente
militar activo de las FAR hasta que fue aniquilado a finales de esa década.
1488.
En su intento de rearticulación, luego de la derrota militar de los
años sesenta, las FAR, a partir de 1973, definieron en la región de Petén
255
672 FAR, Tesis de las Fuerzas Armadas Rebeldes, Guatemala, 1987.
tres sectores de organización político clandestina.
673
Los sectores eran el
Raúl Orantes, en el nororiente de Petén (municipios de Flores y Melchor
de Mencos); Feliciano Argueta Rojo, en el oriente del departamento (mu-
nicipios de Santa Ana, Poptún y Dolores) y Lucio Ramírez (municipio de
la Libertad). El regional fue bautizado con el nombre de Androcles Her-
nández.
674
1489.
La perspectiva estratégica de las FAR, a partir de 1981, era activar
sus fuerzas militares en el oriente de Petén mientras que el occidente del
departamento serviría como retaguardia.
675
Paralelamente a la columna
operacional Turcios Lima en Petén, en 1982 montaron una segunda co-
lumna en el área de Chimaltenango llamada Tecún Umán, la cual no lo-
gró mayores éxitos, pues fue aniquilada por el Ejército dos años después.
1490.
A partir de 1984, cuando las operaciones estatales disminuyeron,
las FAR no contaban con suficiente base social, pues la población estaba
tan aterrorizada que no quería colaborar ni siquiera con abastecimiento.
Esto le provocó un considerable debilitamiento a la guerrilla. A partir de
1985 comenzó a operar el Frente Mardoqueo Guardado en la región de los
ríos La Pasión y Salinas, en el departamento de Petén. Sus principales ac-
ciones las realizaron en el municipio de Sayaxché, así como en el norte de
Chisec, Alta Verapaz. En las Verapaces surgió el Frente Panzós Héroico,
cuyas operaciones empezaron en 1990 en la zona del valle del Polochic y
fray Bartolomé de las Casas.
La Organización del Pueblo en Armas (ORPA)
1491.
Beneficiándose de las experiencias anteriores y contemporáneas de
lucha armada en Guatemala, la Organización del Pueblo en Armas (OR-
PA) surgió con la pretensión de que los indígenas fueran el eje de la revo-
lución guatemalteca. En el marco de una estrategia político-militar prag-
mática, la ORPA, que rechazó el foquismo, mantuvo fuertemente la idea
que la organización armada era la vanguardia del movimiento revoluciona-
rio. Insistió en la secretividad de la fase de preparación de una guerrilla que
se debía desarrollar en forma paralela a los movimientos sociales y reivin-
dicativos en la perspectiva de un encuentro a largo plazo.
1492.
Dando la prioridad a los frentes guerrilleros en el campo, su mejor
ventaja consistió en la región de implantación elegida, que correspondía a
la voluntad de poner en peligro los intereses de la oligarquía agroexporta-
dora de la Costa Sur, con una densidad de población importante cuya ma-
yoría es indígena.
256
673 Documento anónimo de las FAR, sin fecha, pg.4. El sector se refería al trabajo político que se
realizaba con la población en una región.
674 Un regional se refería a un territorio donde se realizaban actividades políticas y militares.
675 Testigo (ex comandante de las FAR) CEH. (T.C. 298).
1493.
La presencia de la ORPA fue local y no creó “zonas liberadas”. “Fui-
mos una fuerza pequeña pero con mucha calidad combatiente”.
676
La desarti-
culación de su frente urbano (1981) y el fracaso de la ofensiva en dirección
de la capital con las demás organizaciones de la URNG en 1982, significó
también un repliegue para la ORPA, que no logró desarrollar nuevamen-
te sus frentes como en los años anteriores. Pero la perennidad de su pre-
sencia en una área altamente estratégica para la economía nacional fue un
factor de peso en el proceso de negociaciones.
Innovaciones de una nueva estrategia político-militar
1494.
Por las reflexiones sobre el racismo
677
que publicó en sus años de
preparación, la ORPA apareció como la organización guerrillera más preo-
cupada por el papel del pueblo maya, o el “pueblo natural” como lo llama-
ban, en el proceso revolucionario. Sobre este tema, aceptó “el marxismo co-
mo instrumento de análisis pero no como dogma”.
678
En este sentido conside-
ró que el motor de la revolución no era una clase sino “el pueblo natural,
así le llamábamos como buscándole una connotación no racista ni despectiva
... el pueblo natural era la fuerza principal de la revolución guatemalteca”.
679
1495.
Se trataba de una óptica bastante diferente del pensamiento mar-
xista-leninista ortodoxo tradicional de la izquierda guatemalteca, y algunas
de sus corrientes reaccionaron de manera muy fuerte.
“Las FAR suscribían como ideología fundamental el marxismo leni-
nismo, en tanto que la ORPA tendió a una cuestión menos rígida
ideológicamente, que caracterizaría como elemento fundamental del
proceso revolucionario a la población indígena, y no tanto a la clase
obrera. Eso fue considerado como un elemento divisionista y hubo in-
tenciones incluso de ajusticiamiento hacia Gaspar Ilom, lo cual llevó
a que la ruptura se concretara”.
680
1496.
Esa innovación aparece en la formación de los nuevos miembros,
a veces con acentos milenaristas que presentan la vida de los antiguos Ma-
yas como el paraíso en tierra.
257
676 Testigo (ex altos mandos de la ORPA) CEH. (T.C. 209).
677 Racismo I, una reflexión sobre clases y racismo, marxismo y racismo, y un análisis de la violencia
institucional y natural, enero de 1976. La verdadera magnitud del racismo (Racismo II) que pro-
fundiza los aspectos económicos y sociales del racismo y sus efectos, mayo de 1978. Esos dos li-
bros, escritos por Rodrigo Asturias, constituyen la base filosófica de la ORPA.
678 Testigo (ex altos mandos de la ORPA) CEH. (T.C. 161).
679 Testigo (ex altos mandos de la ORPA) CEH. (T.C. 163). “El pueblo natural es humillado y explo-
tado desde hace más de 450 años. Desde la conquista le han quitado sus tierras y le han obligado a
trabajar en las fincas sin sueldo. Han destruido las grandes obras de nuestros antepasados, desprecian-
do nuestros idiomas y nuestras costumbres.” La nueva agricultura, material de propaganda de la OR-
PA, sin fecha.
680 Testigo (ex dirigente de la ORPA y miembro fundador) CEH. (T.C. 31).
“Estudiamos el pasado para darnos cuenta de la grandeza de nuestros
antepasados, los mayas, y para comprender cómo la conquista cambió
toda la vida de aquel grandioso pueblo ... El pueblo natural de Gua-
temala somos los sucesores de aquel pueblo grandioso que creó una cul-
tura tan extraordinaria ... Los mayas no conocieron el hambre como
nosotros. No morían por desnutrición. Tenían todos los alimentos ne-
cesarios para conseguir una buena alimentación. Comían mejor que
los habitantes de Europa en aquel tiempo ... El pueblo maya fue un
pueblo organizado y un pueblo muy trabajador”.
681
1497.
Mucha gente integró las filas de la ORPA con la convicción de que
la lucha armada podía ser un medio para combatir la discriminación racial,
como el ex combatiente que explicó que su ingreso “fue motivado por la re-
presión e indignación de cómo eran tratados los indígenas”.
682
Según sus diri-
gentes, esa visión antirracista tenía que estar presente en el funcionamien-
to interno de la organización: “Uno de los principios más importantes de la
Organización es terminar con esa falsa división que existe entre los pobres a
causa del racismo. En los frentes guerrilleros debemos de cumplir a cabalidad
con este principio, y no se puede permitir ningún desprecio o humillación a
nuestros compañeros naturales. Por el contrario debemos respetarlos, interesar-
nos por el origen de nuestras verdaderas raíces, por nuestra cultura, nuestro
idioma, religión y nuestro traje. Asimismo, debe existir hermandad, igualdad
y amor para los compañeros que no sean naturales”.
683
1498.
La misma composición social de la organización reflejaba esta vi-
sión antirracista.
“La gran mayoría de los combatientes eran indígenas. En el año 1980
se incorporan compañeros indígenas sobre todo de Quetzaltenango y
Huehuetenango. En la montaña, la mayoría de los guerrilleros eran
campesinos e indígenas. La presencia de blancos o ladinos urbanos fue
muy poca. No pasaban de diez”.
684
“Eramos sólo dos (del grupo fundador) que no éramos campesinos y no
éramos indígenas, pero ellos, los indígenas, nos protegieron, ellos nos
asimilaron”.
685
1499.
No obstante, en la práctica hubo fuertes divergencias acerca de esa
cuestión:
258
681 Material de propaganda de la ORPA, sin fecha, capítulo “Qué sabemos de nuestros antepasados”.
682 C 7036. Junio, 1981. Colotenango, Huehuetenango.
683 ORPA, Manual del buen combatiente, material de campaña, 1984.
684 Testigo (ex dirigente de la ORPA y miembro fundador) CEH. (T.C. 31).
685 Testigo (ex alto mando de la ORPA) CEH. (T.C. 164).
“ORPA es quien escribe sobre el racismo pero hay un fuerte racismo
dentro. De ahí salió el grupo Ixim.
686
Bámaca lo comentó en una oca-
sión: le habían dado el grado de comandante por conveniencia, pero
quien toma las decisiones es Santiago”.
687
1500.
En sus mítines para convencer a la población que la apoyara e in-
tegrara sus filas, la ORPA hablaba de la situación a la que estaban someti-
dos los indígenas.
“Entonces como dijo el compañero que sí, la verdad, realmente que
había una necesidad como nosotros, como indígenas, como bien sa-
bemos que los, más que todo a nosotros nos tienen de menos, y noso-
tros tenemos más valores, tenemos la mayor cantidad pues como in-
dígenas, entonces y así fue, así yo entendí la plática que los compa-
ñeros dieron aquí, y allí fue cuando yo me incorporé a la lucha re-
volucionaria”.
688
La articulación de la guerra de guerrillas
con los movimientos reivindicativos
1501.
Según los dirigentes de la ORPA, la teoría del “foco” de los años se-
senta fue un fracaso: “Nosotros cuestionamos la concepción esta de que un pe-
queño grupo de hombres podrían sustituir las condiciones subjetivas para una
revolución”.
689
1502.
En su visión estratégica los movimientos de masa debían organi-
zarse independientemente del movimiento armado. “Sólo una pequeña par-
te del pueblo ha de integrarse a la lucha clandestina. ... En la medida que las
organizaciones clandestinas alcancemos más fuerza y debilitemos considerable-
mente al enemigo, entonces las organizaciones de masas unirán sus esfuerzos a
los nuestros para derrotar al Ejército y al Gobierno en la lucha final. ... Noso-
tros debemos apoyar y estimular las luchas legales de las masas, pero nunca di-
rigirlas o encabezarlas. Si fuera así, estaríamos poniendo en peligro nuestro tra-
bajo y nuestra propia vida...”
690
1503.
No obstante había personas que eran al mismo tiempo dirigentes
de movimientos de masa y miembros de la ORPA. “En 1981 su esposa y él
eran parte del Frente Nacional Magisterial, él era directivo a nivel nacional y
259
686 El Movimiento Revolucionario Popular-Ixim (MRP-Ixim) nació en 1979, a partir de la salida de
la ORPA de varios miembros que querían seguir en la lucha armada, pero poniendo más énfasis
en los aspectos étnicos y para responder a la discriminación que según ellos sufrían los miembros
indígenas dentro de la organización. Varios miembros del Ejército Guerrillero de los Pobres
(EGP) se juntaron al MRP-Ixim por las mismas razones.
687 Testigo (ex organizador político del EGP) CEH. (T.C. 61).
688 Testigo (ex combatiente de la ORPA) CEH. (T.C. 70).
689 Testigo (ex alto mando de la ORPA) CEH. (T.C. 163).
690 ORPA, Guía para el desarrollo de las pláticas de estudio, 1988.
ella a nivel local. Además eran miembros de una organización revolucionaria,
ORPA...”
691
1504.
La prioridad en términos de estrategia de construcción de la orga-
nización no consistía en desembocar sobre luchas políticas, sino desarrollar
la vanguardia guerrillera.
“Nosotros consideramos que en un inicio de la lucha armada debía
confrontarse con una fuerza guerrillera bastante profesional y bastan-
te capacitada. No quiere decir con esto elitista, pero sí fuerzas guerri-
lleras sometidas a una preparación política, a una preparación mili-
tar bastante intensa”.
692
1505.
Eso implicó que la ORPA no trató de impulsar organizaciones de
masas subordinadas a la vanguardia político-militar o incluso involucradas
en la guerra de guerrilla como en el caso del EGP. Así lo vemos en el ejem-
plo concreto de la Universidad San Carlos, en las pugnas de 1975, cuan-
do la ORPA tenía mucha influencia en varios sectores de la universidad.
“No era un trabajo institucional, nosotros no buscábamos llegar a la
rectoría, ni a la decanatura, no manejamos así. Lo que nos interesa-
ba era la incorporación de estudiantes, de profesionales, pero no para
la lucha universitaria, sino para la lucha política revolucionaria a ni-
vel nacional”.
693
1506.
En este sentido se puede considerar a la ORPA como la organiza-
ción de la guerrilla guatemalteca más militarista, en sus inicios.
“Era la acusación que teníamos, que nosotros no estábamos en las
masas porque no tratábamos de controlar los sindicatos. La concep-
ción nuestra, tal vez era limitada en ese momento, era fruto de eso,
de no abrir un flanco de represión hacia el movimiento social. Era
estar dentro del pueblo, dentro de las masas, pero no controlando las
entidades”.
694
1507.
Por esas razones políticas pero también por los efectos negativos
que podría tener esa confusión entre los dos procesos de organización en
situaciones de represión, la ORPA no quiso mezclar la lucha armada clan-
destina con las luchas reivindicativas. Los dirigentes y miembros de los
260
691 C 13162. Mayo, 1981. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
692 Testigo (ex alto mando de la ORPA) CEH. (T.C. 163).
693 Testigo (ex alto mando de la ORPA) CEH. (T.C. 162).
694 Testigo (ex altos mandos de la ORPA) CEH. (T.C. 164).
movimientos reivindicativos tenían la posibilidad de involucrarse en la lu-
cha clandestina pero debían separar las dos actividades y no mezclarlas
abiertamente.
“Nunca nos gustó mezclar ambas cosas, vimos que en la década de los
sesenta eso había llevado a resultados muy negativos en el movimien-
to social, había llevado a que la dirigencia, al radicalizarse, se sepa-
rara de la base”.
695
Una estrategia pragmática
1508.
La estrategia de la ORPA estaba basada en el concepto de “Guerra
Popular Revolucionaria” (GPR) porque en ella participaba el pueblo a tra-
vés de personas de todos los sectores sociales, que luchaban “para lograr un
verdadero cambio, una nueva sociedad donde imperen la justicia, la paz y la
igualdad de oportunidades para todos”.
696
1509.
El Ejército era considerado como el enemigo directo que “mantie-
ne al Gobierno y a los ricos. La única forma de acabar con el poder de éstos es
derrotar al Ejército por medio de la guerra de guerrillas”.
697
Capitalizando las
lecciones de las experiencias anteriores, esa guerrilla quería ser pragmática
y flexible en la definición de sus estrategias político-militares.
“Nosotros no partíamos de concepciones estratégicas hechas de ante-
mano, que casi siempre de estas tremendas concepciones estratégicas las
cosas no salían como se pensaba. Nosotros seguíamos adaptando nues-
tra concepción estratégica a las mismas circunstancias tan cambiantes
de la guerra”.
698
Concepto estratégico e implantación geográfica
1510.
El proyecto era contar con una línea de continuidad desde la fron-
tera mexicana hasta la capital, pasando por Quetzaltenango, para dominar
la Sierra Madre, teniendo al norte el Altiplano indígena como base y fuer-
za social y al sur los grandes latifundios de mayor riqueza y fuerza de tra-
bajo, columna vertebral de la economía del país. Se trataba de tocar el cen-
tro económico neurálgico del país.
1511.
La ORPA desarrolló su implantación en unas de las regiones más
pobladas del país, con una población de mayoría indígena: el sur-occiden-
te del departamento de San Marcos, la parte sur del departamento de So-
lolá, los departamentos de Quetzaltenango y de Chimaltenango.
261
695 Testigo (ex alto mando de la ORPA) CEH. (T.C. 163).
696 ORPA, Guía para el desarrollo de las pláticas de estudio, 1988.
697 Ibid.
698 Testigo (ex altos mandos de la ORPA) CEH. (T.C. 161).
“Desde el punto de vista también muy en relación a lo que definía-
mos como el indígena la fuerza principal más numerosa de la socie-
dad guatemalteca, buscábamos combinar con nuestra lucha inciden-
cia en el sector económico determinante de este país como es la agro-
exportación”.
699
1512.
Su concepto estratégico se fundaba esencialmente sobre la articu-
lación entre la zona de la Costa Sur como teatro de operaciones en contra
del frente agrario de los latifundios y el Altiplano de la Sierra Madre del al-
tiplano como retaguardia.
1513.
A partir de sus características socioeconómicas, cada una de esas
dos regiones tenía un papel diferente.
“Nosotros consideramos siempre el Altiplano como una zona estratégi-
ca, una zona que nos proporcionaba hombres, nos proporcionaba co-
mida, y que por su peso demográfico y cultural era decisiva en la lu-
cha revolucionaria, ahí tratamos de ser mucho más cuidadosos porque
cualquier manifestación de colaboración con la guerrilla podía tener
como consecuencia las masacres ... Nosotros considerábamos más pro-
picio como trato de operaciones lo que era la zona de los grandes lati-
fundios, porque eso sí nos interesaba afectarlo, por ser lo que son, los
nudos de la explotación oligárquica; teníamos entonces una política
de tomas y presencia constantes en las fincas”.
700
La retaguardia mon-
tañosa de la Sierra Madre y la fuente de apoyo político-social que
representaba el Altiplano Central debían “permitir a las fuerzas
guerrilleras tener un lugar seguro y a partir de ahí proyectarse al Al-
tiplano como a la boca costa y la costa”.
701
1514.
Del Altiplano hacia la capital, las líneas estratégicas se definían se-
gún el desarrollo del conflicto. La estrategia era llegar a la capital tomando
la carretera para El Salvador pasando por el cerro de Boca del Monte.
“Como objetivo concreto en este frente teníamos el avance hacía la
ciudad capital, pero no era el avance como fuerza regular ... teníamos
en nuestro avance estratégico una misión de ganarnos a la población,
de golpear, desgastar al enemigo y generar ya una presencia, una irra-
diación política en la ciudad capital...”
702
262
699 Testigo (ex alto mando de la ORPA) CEH. (T.C. 163).
700 Testigo (ex altos mandos de la ORPA) CEH. (T.C. 165).
701 Ibid.
702 Testigo (ex alto mando de la ORPA) CEH. (T.C. 163).
1515.
La ciudad capital no era un terreno ventajoso para la lucha irregu-
lar guerrillera; servía sobre todo de base de apoyo para los frentes guerrille-
ros del campo. La ORPA la concibió más “como un medio de acopio de re-
cursos económicos, de armamento, de recursos médicos, de combatientes a la
montaña muy especializados”
703
y “un punto de irradiación de las noticias”
704
por ser la vitrina internacional del país. “Se le llamaba Frente Urbano pero
su función era básicamente de apoyo a los frentes guerrilleros y una función po-
lítica propagandista aquí en la ciudad”.
705
La capital no fue definida como
zona de combate y hasta el año 1981 era efectivamente el mayor abastece-
dor en hombres, armamentos y medicinas.
Dos etapas estratégicas
1516.
La ORPA se desarrolló en dos etapas: la primera de preparación
(1971-1979), la segunda de hostilidades (1979-1996). “En la etapa de hos-
tilidades no se tenía mucho tiempo para hacer un trabajo de adoctrinamiento,
ya eran operaciones más de tipo militar. Esto se hizo más en la etapa de prepa-
ración”.
706
1517.
Los objetivos principales de la fase de preparación consistieron en
reconocer el terreno, desarrollar una campaña de reclutamiento para la or-
ganización y la formación a los nuevos miembros (política, militar e ideo-
lógica). El trabajo tenía que ser el más clandestino posible, todas las movi-
lizaciones y el 95% de las marchas guerrilleras se hacían de noche.
707
“Todo el año 1972 fue la fase exploratoria. Había dos grupos explo-
ratorios dedicados principalmente al conocimiento de las áreas que co-
rresponden a los volcanes Tajumulco y Tacaná”.
708
1518.
Al cabo de ocho años de preparación, en el año 1979, la ORPA
contaba con 600 simpatizantes en la capital, con una organización clan-
destina en lo político y lo militar
709
y con actividades de apoyo en las áreas
rural y urbana.
“En todo ese trecho de ocho años, logramos trabajar en la ciudad de
Guatemala en el sector popular, sector obrero, sector artístico, sector es-
tudiantil, sector profesional”.
710
263
703 Testigo (ex alto mando de la ORPA) CEH. (T.C. 162).
704 Ibid.
705 Testigo (ex altos mandos de la ORPA) CEH. (T.C. 161).
706 Testigo (ex dirigente de la ORPA y miembro fundador) CEH. (T.C. 31).
707 “Pueblos en Armas”, entrevista de Marta Harnecker a Gaspar Ilom publicada originalmente en la
revista Punto Final Internacional, México, agosto de 1982 y septiembre de 1982, y 1985.
708 Testigo (ex dirigente de la ORPA y miembro fundador) CEH. (T.C. 31).
709 En el año 1978 habían aproximadamente entre 30 y 35 elementos armados en la montaña.
710 Testigo (ex alto mando de la ORPA) CEH. (T.C. 163).
1519.
La “resistencia”, es decir la organización de la población civil en
apoyo a los frentes guerrilleros, se extendió
“a todo el Altiplano central, en re-
giones, le llamamos de resistencia de organización clandestina de la población, en
Chimaltenango, Sololá, muy especialmente en Quetzaltenango, Totonicapán, San
Marcos. Se extendió también hacia la Costa Sur y alcanzó, pero no con el grado
de desarrollo de acá, otros lugares como Petén, Izabal y algunas regiones de Orien-
te. Esto fue pues la organización de la resistencia, que así le llamamos nosotros, a
la par que se formaban los frentes guerrilleros”.
711
1520.
El 18 de septiembre de 1979 se da a conocer la Organización del
Pueblo en Armas (ORPA). Su primera aparición pública fue el 26 del mis-
mo mes con el ataque a la casa patronal de la finca Mujuliá, en el munici-
pio de Colomba, departamento de Quetzaltenango.
“En 1979, gente de la ORPA empezó a organizar la comunidad de
Palmira, Colomba, departamento de Quetzaltenango. Aproximada-
mente cada quince días, unos guerrilleros bajaron de la montaña por
dos o tres horas para hablar con la gente sobre su filosofía y lucha pa-
ra tomar el poder en Guatemala”.
712
1521.
A partir de su proyecto nacional y no de clase, y de una visión an-
tiimperialista basada sobre 500 años de opresión, la ORPA focalizaba su con-
frontación en contra de la oligarquía, es decir los terratenientes, y del poder
militar nacional que estaba a su servicio, es decir el Ejército. La política de la
ORPA para “romper el bloque agrario” de la Costa Sur estaba definida.
“Nuestra incidencia en las fincas era mejorar las condiciones de vida,
las condiciones salariales de los trabajadores, desde que llegamos allí,
impusimos lo que nosotros llamábamos, por decirlo de alguna mane-
ra el Ave María, que era el pago del salario mínimo que en esas fin-
cas no se pagaba cuando llegamos, mejores condiciones de vida y la
prohibición de robo en las medidas del peso de lo recolectado. Y la jus-
ta medida en las tareas, cuando se trataba de tareas asignadas, era la
segunda exigencia; la tercera era no abusos, no maltratos a los traba-
jadores”.
713
“Nosotros éramos un poco como un sindicato armado ahí
en todas las fincas...”
714
264
711 Ibid.
712 C 8128. Agosto, 1980. Colomba, Quetzaltenango.
713 Testigo (ex altos mandos de la ORPA) CEH. (T.C. 165).
714 Testigo (ex alto mando de la ORPA) CEH. (T.C. 163).
265
1522.
Las tácticas utilizadas por la ORPA fueron diversas. La más común
fue la emboscada y a partir de 1981 el “cerco guerrillero” apoyado por una
red de informantes sobre los movimientos de las patrullas. “...los mismos
ataques a los puestos fijos era una especie de señuelo para obligar a la movili-
zación de otras fuerzas del enemigo por carretera, en vehículo o a pie, por ca-
minos secundarios, y ahí emboscarlos”.
715
1523.
A partir del mes de mayo de 1980 la organización empezó sus ope-
raciones contra la Policía Militar Ambulante (PMA) que estaba desde ha-
cía diez años en las fincas cafetaleras y en las haciendas ganaderas para brin-
darles protección.
“Después de estas acciones de la guerrilla retiran la PMA y el Ejérci-
to asume la responsabilidad de la seguridad de las fincas”.
716
1524.
A partir de esta fecha las fincas fueron el blanco más golpeado por
la ORPA. “La hermana Organización del Pueblo en Armas (ORPA), hizo cir-
cular un comunicado de prensa en donde dio a conocer que entre el 15 y el 29
de agosto [1982] realizaron cinco emboscadas, tomaron militarmente 27 fin-
cas, dos de ellas fueron incendiadas, habiéndole efectuado 18 bajas comproba-
das al enemigo”.
717
1525.
Otro objetivo estratégico fueron los municipios y las garitas. “La
guerra revolucionaria tiene un gran componente político y sicológico que era
muy importante: el efecto real que tenían las tomas de municipios: entre más
grandes mucho mejor el efecto; la toma de carreteras importantes, constante-
mente nosotros funcionábamos en lo que son dos de las tres vías más importan-
tes del país, la carretera del Pacífico y la carretera Interamericana que va por
el Altiplano”.
718
La táctica era sencilla y la guerrilla estaba segura de que la
toma de un municipio provocaba la llegada del Ejército con sus camiones
para caer en emboscadas. Pero “Ellos aprendieron la lección; después tomá-
bamos municipios y no penetraban como antes”.
719
1526.
En esos años empezaron también ajusticiamientos de colaborado-
res del Ejército y comisionados militares.
“El 10 de mayo de 1981, un grupo de la ORPA ejecutó a Baltazar
Itzep Quemé, comisionado militar de Xejuyup, departamento de So-
lolá, cuando regresaba de noche de Santo Tomás donde asistió al cul-
to evangelista”.
720
715 Testigo (ex alto mando de la ORPA) CEH. (T.C. 163).
716 Testigo (ex dirigente de la ORPA y miembro fundador) CEH. (T.C. 31).
717 EGP, Informador Guerrillero, publicación quincenal, No.16, octubre de 1982.
718 Testigo (ex alto mando de la ORPA) CEH. (T.C. 163).
719 Ibid.
720 C 20007. Mayo, 1981. San Lucas Tolimán, Sololá.
266
1527.
También esta organización recurrió al impuesto de guerra. De ma-
nera particular, mediante amenazas o hechos de violencia exigió a los fin-
queros contribuciones económicas. Si un finquero solicitaba el apoyo y la
presencia del Ejército en sus terrenos: “entonces lo que hacíamos allí era to-
mar medidas de hecho, la máxima era quemar la finca, las instalaciones de la
finca, la casa patronal, y exigir entonces la expulsión del administrador o pro-
hibir la llegada del finquero. Esa fue básicamente una posición política que
mantuvimos en todo el desarrollo de la guerra”.
721
La estructura político-militar y sus evoluciones
1528.
A parte de los frentes guerrilleros en el campo que constituían “la
llamada fuerza guerrillera, había también un frente urbano, la llamada resis-
tencia y el trabajo internacional. Estos eran los cuatro frentes de trabajo”.
722
El organigrama
1529.
La Dirección Nacional de la ORPA, de ocho o nueve miembros,
fue estructurada de la misma manera en las dos fases de preparación y
hostilidades: resistencia, propaganda, logística, trabajo internacional y
trabajo popular y de masas. “No tuvimos la separación de una dirección mi-
litar ni de otra político-militar, integramos un solo bloque”.
723
Esa Dirección
Nacional juntaba los comandantes de frentes que por esa función eran
miembros de derecho de la máxima instancia de la ORPA y miembros de
dirección “que muchas veces tenían diferentes responsabilidades, cada uno de
ellos: uno responsable del frente internacional, otro responsable logístico...”
724
Pese la existencia de una Dirección Nacional, la estructura de mando era
muy personalizada: “Todo plan a desarrollar tenía que autorizarlo el coman-
dante en jefe”.
725
“Las decisiones de frente las tomaba el jefe de frente en consulta con
Gaspar como comandante en jefe, no la Dirección Nacional”.
726
721 Según un ex dirigente de la ORPA (T.C. 31) entrevistado por la CEH-San Marcos, “la guerrilla
advirtió a los administradores que si tomaban actitudes en contra del pueblo, se tomaría en contra de
ellos. Todas las fincas que prestaran su terreno como base militar, serían consideradas objetivo militar.
También les advertían que no debían prestar sus medios de transporte para trasladar efectivos milita-
res. Hubo fincas que sólo sufrieron hostigamiento sin llegar a otro tipo de acciones, pero otras se que-
maron.”
722 Testigo (ex dirigente de la ORPA y miembro fundador) CEH. (T.C. 31).
723 Testigo (ex altos mandos de la ORPA) CEH. (T.C. 161).
724 Ibid.
725 Testigo (ex dirigente de la ORPA y miembro fundador) CEH. (T.C. 31).
726 Testigo (ex altos mandos de la ORPA) CEH. (T.C. 161).
267
1530.
Cada frente tenía un jefe de Frente y una plana mayor integrada
por un oficial por cada aspecto operativo. El frente estaba constituido por
tres o cuatro compañías, de 70 a 80 combatientes cada una, al mando de
un primer capitán o capitán. Cada compañía estaba constituida por tres o
cuatro pelotones, de 20 combatientes cada una, al mando de un primer ca-
pitán, capitán, primer teniente o teniente. Cada pelotón estaba constitui-
do por tres o cuatro escuadras, de seis o siete combatientes cada una, al
mando de un primer teniente, teniente o subteniente.
El desarrollo y repliegue de los frentes guerrilleros en el campo
1531.
De 1971 hasta 1979 y subdividiendo sus fuerzas a partir del Fren-
te número 1, la ORPA multiplicó los frentes: El Frente número 1, frente
base, en el volcán Tajumulco, cubría el departamento de San Marcos. El
Frente número 2, estructurado entre 1976 y 1979, cubría la zona de Zu-
nil (Quetzaltenango) hasta Santiago Atitlán (Sololá). El Frente número 3
se formó también entre 1976 y 1979 y operaba entre el río Naranjo y la
aldea Santa María de Jesús, en el municipio de Zunil, departamento de
Quetzaltenango, en la carretera a Retalhuleu. El Frente número 4 fue cons-
tituido en los mismos años (1976-1979) en San Marcos y cubría del vol-
cán Tajumulco al río Suchiate en la frontera con México.
1532.
Durante los años de mayor represión, la ORPA siguió operando.
“Dentro del análisis que se ha hecho, el accionar de ORPA ayudó a que las
otras fuerzas volvieran a operar a partir del año 1985”.
727
Para responder a la
desarticulación de sus diferentes frentes, la ORPA los fusionó para recons-
tituir otros. “Primero hubo un frente inicial que se reproduce en tres cuatro
frentes, se multiplica. Después esos frentes vuelven nuevamente a unificarse”.
728
1533.
El Frente número 2 tomó el nombre de Javier Tambriz, caído en
combate en 1980. A finales del mismo año, de este frente se desprendió un
pelotón hacia las regiones de Chicacao (Suchitepéquez), Pochuta y Yepo-
capa (Chimaltenango). Este pelotón formó el Frente número 5 a princi-
pios de 1981. En 1982 el Frente número 2 se fusionó de nuevo con el
Frente número 5. En 1982, el Frente número 3, “El Brote”, se integró al
Frente número 1. En San Marcos se quedaron en consecuencia dos fren-
tes: el número 1 y el número 4. En 1986, el Frente número 4, “Tuitzal”,
se integró con el Frente número 1 en una sola fuerza llamada “El Batallón”
o “La Columna”. En síntesis, para 1986 se quedaron solamente el Frente
número 1, o “El Batallón”, en los departamentos de San Marcos, Quetzal-
tenango y Retalhuleu, y el Frente número 2, “Javier Tambriz”, en los de-
727 Testigo (ex alto mando de la ORPA) CEH. (T.C. 285).
728 Testigo (ex alto mando de la ORPA) CEH. (T.C. 161).
268
partamentos de Sololá, Suchitepéquez, Chimaltenango, Escuintla y Saca-
tepéquez.
1534.
En 1987 se desplazó un pelotón permanente de “El Batallón” al
volcán Tajumulco, donde instalaron la radioemisora Voz Popular que em-
pezó a emitir el 22 de mayo del mismo año.
“Un hecho muy importante en esta fase es la salida al aire, el 22 de
mayo de 1987, de la Voz Popular, que vino a romper en buena me-
dida el cerco de silencio informativo tendido por el Ejército. La emi-
sora se convierte en vínculo entre todos los frentes de la URNG y en
una expresión de unidad”.
729
1535.
Durante la gran ofensiva del Ejército en 1987-1988 donde parti-
cipó la Fuerza de Tarea Xancatal, la ORPA tuvo que operar otra fase de re-
pliegue en las posiciones clave del cerro Balanjuyú, al norte de Acatenan-
go, y del volcán Tajumulco, en el departamento de San Marcos, protegido
con minas. Después de la elección de Vinicio Cerezo y el primer encuen-
tro entre las dos Partes en Madrid, el momento era favorable, según el en-
tonces Ministro de la Defensa, para una ofensiva final y definitiva en con-
tra de las organizaciones de la URNG.
1536.
En mayo de 1991 la ORPA se reunió con el EGP, las FAR y el
PGT para la creación del Frente Unitario constituido por el Frente Javier
Tambriz y reforzado por las demás organizaciones al mando del coman-
dante Gaspar, con el objetivo de la toma de la ciudad de Escuintla. Era
la primera experiencia de operaciones militares conjuntas de la
URNG.
730
La evolución del Frente Urbano
1537.
El Frente urbano estuvo impulsado por Diego Tzoc, miembro del
núcleo inicial, y tuvo tres fases de desarticulación y reconstrucción.
“En el año 1974 comenzaron los contactos con la capital. En el año
1976 empezó más el trabajo urbano. Nos tocó el rebote porque el tra-
bajo se empezó en la montaña para pasar a la ciudad y de ahí les lle-
gó el rebote de nuevo al campo”.
731
729 ORPA, Aclarando el camino, experiencias y lecciones del movimiento revolucionario guatemalteco, oc-
tubre, 1995.
730 C 7036. 1992. Colotenango, Huehuetenango.
731 Testigo (ex dirigente de la ORPA y miembro fundador) CEH. (T.C. 31).
269
1538.
En los años 1979-1980, la ORPA tenía en la ciudad de Guatema-
la “una estructura de alrededor de unos 600 o 700 compañeros”
732
que en su
gran mayoría eran simpatizantes no armados y que vivían legalmente. En
julio y agosto de 1981 el Frente Urbano fue detectado por la Inteligencia
del Ejército y cayeron varias casas de seguridad utilizadas para dar forma-
ción y también para fabricar explosivos.
“Las casas de seguridad fueron casas donde se concentró gente que iba
de paso ... Era gente de la montaña, preparándose aquí en la ciudad
o gente de la ciudad que había recibido preparación y estaba esperan-
do irse a la montaña, había responsables de resistencia regional que
tenían su lugar de residencia en las casas de seguridad”.
733
1539.
“Cometimos el error de concentrar mucha gente, en una casa de segu-
ridad”.
734
Por ser únicamente logísticos y no operativos, esos lugares no es-
taban considerados por la ORPA como un blanco potencial para el Ejér-
cito: “Como esas unidades no se empleaban para acciones militares, creíamos
nosotros que las podíamos tener al margen de la guerra, que no iban a caer.
Ahí sí nos sorprendieron”.
735
El Frente Urbano se quedó completamente ani-
quilado: “El 90 o 95% de los cuadros de ese entonces murieron”.
736
1540.
Con un sistema más compartimentado de residencias individuales,
y el Frente Urbano se rearticuló entre 1983-1984. En este período la OR-
PA tenía unidades militares en la capital para emboscar a tropas de la Po-
licía o del Ejército y hacer operaciones de “recuperación económica”.
737
Este
frente fue detectado otra vez en 1984.
1541.
En 1987-1988 hicieron un tercer intento de reconstituirlo con pe-
queños grupos aislados y con una única unidad militar que tenía poca ac-
tividad.
“No es que nos retiráramos, sino que nos retiraron. Hubo una frase de
Mejía Víctores, cuando sus campañas militares en la montaña no da-
ban resultados: ‘Es que la montaña es muy difícil, en cambio en la
ciudad los guerrilleros ... es como comerse un sánguche’. Sí, siempre
732 Testigo (ex alto mando de la ORPA) CEH. (T.C. 162). “Aquí en la ciudad fue una explosión ver-
daderamente de incorporación”, comentó el T.C. 162 en otra entrevista (T.C. 163). Recordamos
que en el caso del EGP, el fuerte crecimiento de las demandas de incorporación y su incapacidad
para gestionarlo causaron un desorden organizativo que fue uno de los factores de la falta de res-
puesta a la ofensiva del Ejército en 1982.
733 Testigo (ex altos mandos de la ORPA) CEH. (T.C. 161).
734 Testigo (ex alto mando de la ORPA) CEH. (T.C. 162).
735 Testigo (ex altos mandos de la ORPA) CEH. (T.C. 161).
736 C 527. Diciembre, 1982. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
737 Testigo (ex alto mando de la ORPA) CEH. (T.C. 162).
270
permanecimos en la ciudad, pero hubo años, como 1990-1991, a
muy baja escala”.
738
Política frente a la población civil
1542.
La ORPA entendía por frente guerrillero el “complejo de organiza-
ción campesino y de fuerza militar permanente”
739
y en este sentido los fren-
tes tenían que vincularse lo más posible a la población, “organizarla, concien-
tizarla de la lucha, incorporar combatientes y prepararlos para el accionar”.
740
1543.
La relación estrictamente clandestina con la población pretendía
ser al mismo tiempo estrecha y cuidadosa.
“Nosotros desde un principio fuimos bastante cuidadosos teniendo ya
ejemplos de lo que era represión, arrasamientos de aldeas y regiones.
Eso hizo que nosotros nos cuidáramos mucho en no establecer ningún
campamento, en no establecer ninguna evidencia de participación de
la población, siempre tratamos que la relación fuera estrictamente
clandestina, secreta...”
741
El Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP)
1544.
La fecha de fundación del Ejército Guerrillero de los Pobres
(EGP), el 19 de enero de 1972, corresponde al ingreso en el Ixcán, norte
de Quiché, de los primeros 15 combatientes. Su estrategia, sin embargo,
tenía raíces en el Frente Guerrillero Edgar Ibarra de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias, de la cual formaba parte el futuro comandante en jefe del
EGP, Rolando Morán, que en 1968 empezaría a organizar esta nueva fuer-
za guerrillera.
1545.
Los rasgos principales de la estrategia del EGP fueron la partici-
pación de la población civil, la consideración de la cuestión étnico-na-
cional y la búsqueda a lo largo del conflicto del equilibrio entre el factor
militar y el factor político. El EGP, cuya vanguardia era constituida por
unidades militares permanentes, planteaba llegar a la toma del poder de-
sarrollando un trabajo de complementación entre la guerra de guerrillas
y los movimientos populares. Al lado de la fuerza guerrillera, la pobla-
ción civil iba a jugar un papel de protagonista en la lucha. La población
organizada en la montaña tenía, por un lado, la función de apoyar logís-
ticamente a la guerrilla, así como de servir de fuente de reclutamiento y
738 Ibid.
739 “Pueblos en Armas”, entrevista de Marta Harnecker a Gaspar Ilom publicada originalmente en la
revista Punto Final Internacional, México, agosto y septiembre de 1982, y 1985.
740 Testigo (ex altos mandos de la ORPA) CEH. (T.C. 165).
741 Ibid.
271
de implementar mecanismos de autodefensa, y por el otro, ampliar la or-
ganización hasta las estructuras locales para minarlas desde su interior y
reemplazarlas con el poder revolucionario. En las ciudades y en la región
del llano, donde dificilmente por sus propias carácteristicas podían man-
tener una estructura clandestina, la articulación con la población se da-
ba principalmente a través de las organizaciones populares. Implantando
en su interior células guerrilleras, el EGP impulsaba las luchas reivindi-
cativas, canalizando los objetivos de éstas hacia la parálisis del sistema
económico y tratando elevarlas a niveles insurreccionales. Una vez la
guerrilla hubiera pasado a grados de lucha superiores y liberado territo-
rios, su avanzada hacia la ciudad iría a combinarse con una insurrección
generalizada que desembocaría en el derrocamiento del poder central.
“Una cosa era lo que nosotros nos planteamos hacer y otra es lo que pudimos
hacer”.
742
El EGP llegó a tener su fase de máximo despliegue, con siete
frentes operativos y un apoyo masivo por parte de la población, en
1980-1981. El nivel preinsurreccional que surgió por el levantamiento
de la población precipitó sin embargo los eventos y tomó de sorpresa al
EGP: “La gente insistía en hacer insurrección, nosotros ni habíamos pensa-
do en hacer insurrección y menos en estar preparados para hacerla, porque
iba a ser una matazón muy grande de gente desarmada, de gente no prepa-
rada para el trabajo militar, y nosotros queríamos seguir haciendo el traba-
jo de selección que veníamos haciendo y de preparación de la gente para las
unidades militares y acrecentamiento de las unidades militares y su capaci-
dad combativa”.
743
1546.
Su vanguardia armada, por tener una visión estratégica de guerra
popular prolongada, no estaba todavía lista para aprovechar ese momento
para ellos favorable, ni tampoco estuvo preparada cuando el Ejército, a fi-
nales de 1981, lanzó su ofensiva. Sus frentes tuvieron que replegarse hacia
el norte, terminando por diseminarse entre la montaña y el refugio en Mé-
xico. Después de la derrota, el EGP, a finales de 1983, trató de reforzar y
centralizar su estructura militar con la creación de un Estado Mayor, pero
“reconstruir lo que antes se había tenido jamás se logró, nunca dejamos el in-
tento de hacerlo, pero con muy pocos avances”.
744
1547.
A pesar de que apareció a la luz pública en 1975, el desarrollo or-
ganizativo hasta 1979 fue mínimo y cierta estructura militar permanente
sólo empezó a desarrollarse a partir de 1980. A lo largo del conflicto sólo
logró tener tres grandes unidades militares, y eso fue en 1980, cuando con-
742 Testigo (ex altos mandos del EGP) CEH. (T.C. 206).
743 Testigo (ex alto mando del EGP) CEH. (T.C. 156).
744 Testigo (ex altos mandos y dirigentes del EGP) CEH. (T.C. 207).
272
centró en una compañía toda la fuerza que tenía en la montaña con un
total aproximado de 120 combatientes, y en 1983 con dos columnas de
unos 200 combatientes cada una. “Nosotros nunca fuimos muchos, éramos
poquitos”.
745
Por el contrario, la población organizada que formaba su ba-
se social era muy numerosa y llegó a niveles de gran masividad en los años
de auge. Sin embargo, no tenía la formación adecuada, ni iba a compen-
sar con su cantidad la falta de preparación de la vanguardia armada fren-
te a la sorpresiva violencia con que el Ejército lanzó sus Fuerzas de Tarea
a finales de 1981.
Estrategia y táctica político-militar
La doctrina de la Guerra Popular Revolucionaria (GPR)
1548.
El grupo fundador del EGP elaboró los puntos fundamentales de
su estrategia de Guerra Popular Revolucionaria (GPR), partiendo de la car-
ta de la GEI
746
de 1964 y del documento de Marzo
747
de 1967, ambos es-
critos por Rolando Morán durante su experiencia con la Guerrilla Edgar
Ibarra de las FAR.
748
“Nuestra estrategia político-militar se puede resumir diciendo que la
estrategia general nuestra era la de la Guerra Popular Revolucionaria
(GPR), así la llamamos y consistía fundamentalmente en hacer el tra-
bajo de organización en todo el país donde tuvieran incorporando a
los sectores más pobres, pero sin menospreciar a los otros sectores ... fun-
damentalmente el trabajo desde el inicio tendía a hacer la organiza-
ción clandestina para incorporar a la gente a la guerra ... multiplicar
los grupos guerrilleros, hacer crecer la guerrilla, ir combatiendo al
Ejército, y finalmente el planteamiento era derrotar al Ejército y to-
mar el poder para construir la nación que en nuestras ideas estaba, esa
era la estrategia general...”
749
1549.
“La lucha armada fue la última posibilidad ante la imposibilidad de
hacerlo de las otras formas. O sea, nosotros siempre creímos que todos los gua-
temaltecos teníamos que participar en la lucha porque cada quien iba a encon-
trar su forma de participar”.
750
En la primera conferencia guerrillera de
1974, para identificar los diferentes niveles de integración e identificación
745 Testigo (ex alto mando del EGP) CEH. (T.C. 156).
746 Carta de la guerrilla Edgar Ibarra enviada por la GEI al Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT)
y al Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR-13), 16 de octubre de 1964.
747 Situación y perspectivas del movimiento revolucionario guatemalteco, 7 de marzo de 1967.
748 Véase capítulo primero.
749 Testigo (ex altos mandos del EGP) CEH. (T.C. 152).
750 Testigo (ex dirigentes del EGP) CEH. (T.C. 146).
273
en la lucha de la población y diferenciar los permanentemente alzados de
la base de apoyo, el EGP definió tres “categorías orgánicas” de la organiza-
ción, o sea, simpatizante, colaborador y militante. “Entendemos por base de
apoyo el conjunto de colaboradores organizados o de simpatizantes en proceso
de organizarse con que contamos en un área determinada de terreno y donde
alguna unidad, organismo o aparato de la organización lleva adelante su ac-
tividad político-militar en función directa de la guerra de guerrillas”.
751
1550.
En los primeros años los contactos con la población fueron limita-
dos, por considerarla únicamente como apoyo logístico a las necesidades
de la vanguardia armada y factor decisivo para el cambio de la correlación
de fuerzas a favor del proceso revolucionario. Solamente a partir de 1978,
frente al incremento de las luchas reivindicativas, el EGP se alejó de lo que
había sido hasta entonces un planteamiento más bien foquista, donde el
respaldo político de la población se manifestaba solamente en relación a la
actividad guerrillera y no a través de sus luchas reivindicativas. Ese año fue
elaborada la “línea de masas”, en la cual el EGP reconsideró el papel de la
población civil en el conflicto.
1551.
Una de las innovaciones más importantes introducidas por el EGP
en su estrategia de guerra popular revolucionaria, fue incorporar la cues-
tión étnico-nacional a las categorías marxista-leninistas de lucha de clases
y lucha nacional antiimperialista. “Las contradicciones clasistas propias de la
explotación capitalista se fundieron con las contradicciones derivadas del carác-
ter multinacional del país, dando lugar a un ser social que es a la vez oprimi-
do y explotado. Este hecho es el que nos permite canalizar el sentimiento étni-
co-nacional hacia soluciones políticas clasistas, puesto que el sistema de las cla-
ses dominantes, instaurado, reeducado y reproducido históricamente, es la ma-
triz de ambas contradicciones”.
752
1552.
El pueblo indígena era considerado, dentro de la estrategia del
EGP, no solamente en función de su condición socioeconómica, o sea por
ser parte del campesinado pobre que con la clase obrera formaba las fuer-
zas motrices de la revolución, sino también en función de su identidad so-
ciocultural.
1553.
Su papel en el proceso revolucionario no iba a reducirse, en esa vi-
sión estratégica, al de simple elemento numérico al lado de los ladinos “la
revolución es imposible si el indígena no es parte de la revolución, si el indio
no es parte de esta revolución, pero no solamente una parte motriz y mecáni-
ca, numérica, sino también una parte humana, cultural, étnica, que propor-
cione un aporte para la formación de la fisionomía de la Guatemala revolu-
cionaria. Es decir, los indígenas tienen que estar presentes en todos los aspec-
751 EGP, “Qué es la base de apoyo”, enero 1976.
752 EGP, “Los pueblos indígenas y la revolución guatemalteca”, Compañero, órgano de difusión in-
ternacional del EGP, enero de 1982.
274
tos”.
753
“La gran mayoría de los cuadros político-organizativos son indígenas.
Comandantes hubo uno y varios subcomandantes. En la Dirección Nacional
habían compañeros indígenas...”
754
1554.
En el departamento de Chimaltenango cuando se dio el fenóme-
no de incorporación masiva en 1981 “las estructuras que se crearon fueron
dirigidas por gente de las comunidades, haciendo que virtualmente todas las
direcciones locales, distritales y regionales fueran a cargo de kaqchikeles (o k’i-
ches en las partes k’iches del frente). Sólo a nivel de dirección del frente se dio
una situación en la que había tanto indígenas como ladinos”.
755
Sin embargo,
según algunos testimonios el papel del indígena en las filas del EGP se que-
dó en la práctica disminuido y afectado por actitudes discriminatorias:
“Tenemos combatientes ladinos e indígenas’, dice, y con eso creen que supera-
ron el problema y toman un pelotón como referente nacional. El ladino revo-
lucionario habla muy bien con el indígena, pero que no hable con él de la dis-
criminación”.
756
1555.
Los planteamientos iniciales acerca de una igual consideración de
los factores clasista y étnico-cultural, también se redujeron en su aplicación
alrededor de criterios esencialmente clasistas, que consideraron al pueblo
indígena únicamente en función de su proletarización. “Los indígenas en
tanto que tales no son parte de las fuerzas motrices de la revolución. Pero en
tanto que campesinos pobres, en tanto que semiproletarios, en tanto que prole-
tarios agrícolas e industriales, aportan el contingente mayoritario de clase a
obreros y campesinos, fuerzas motrices de la revolución”.
757
1556.
Al considerar que la polaridad entre el trabajo político y el traba-
jo militar fue uno de los errores fundamentales que llevaron las experien-
cias guerrilleras de los años sesenta a la derrota, el EGP trató de mante-
ner de manera complementaria esos “dos aspectos inseparables del trabajo
revolucionario”.
758
El carácter político-militar de la organización fue uno
de los cinco principios básicos que guiaron al EGP en el desarrollo de la
guerra popular revolucionaria. “Las luchas políticas revolucionarias de las
masas populares en todas partes del país serán el complemento de la guerra
de guerrillas”.
759
753 “El EGP en la prensa”, entrevista al comandante en jefe del EGP Rolando Morán por Mario Me-
néndez Rodríguez, 1981.
754 Testigo (ex altos mandos y dirigentes del EGP) CEH. (T.C. 207).
755 Testigo (ex combatiente del EGP) CEH. (T.C. 7).
756 Testigo (ex organizador político del EGP) CEH. (T.C. 61).
757 EGP, “Los pueblos indígenas y la revolución guatemalteca”, Compañero, órgano de difusión in-
ternacional del EGP, enero 1982.
758 EGP, Nuestra concepción militar, abril de 1978.
759 EGP, Lecturas y testimonios, octubre de 1979.
275
Concepciones de la guerra de guerrillas
y de los tres planos estratégicos
1557.
El EGP para extender la guerra de guerrillas a todo el territorio na-
cional, lo dividió en tres planos estratégicos: la montaña, la ciudad y el lla-
no, en los cuales hallaba expresión el triple carácter agrario, antimperialis-
ta y anticapitalista de la guerra popular revolucionaria. En la práctica el
EGP no logró mantener en equilibrio el desarrollo del conflicto en los tres
planos, en el plano de la montaña se mantuvo el eje fundamental de su
concepción estratégica en función del cual operaron los otros dos planos.
En los planos de la ciudad y del llano se enfrentaron también con la cues-
tión de la complementación entre la lucha reivindicativa y la guerra de gue-
rrillas. Sin embargo el factor determinante que les impidió alcanzar los ob-
jetivos estratégicos planteados para el plano de la ciudad y de la Costa Sur
fue la represión sistemática que golpeó el movimiento social, el descabeza-
miento de sus dirigentes y de las células guerrilleras ahí implantadas. “La
estrategia de la guerra popular revolucionaria, basada en los tres planos estraté-
gicos, quedó desarticulada en la medida que el enemigo desmanteló o neutrali-
zó los frentes de la Costa Sur, la capital, Altiplano central y Alta Verapaz”.
760
La montaña
1558.
La montaña fue considerada desde el principio como el plano de-
cisivo para el planteamiento y desarrollo de la guerra popular revoluciona-
ria. “Es en las montañas donde nos estamos haciendo fuertes y donde formare-
mos las columnas principales del ejército guerrillero popular”.
761
Fue justamen-
te en la Sierra de los Cuchumatanes de El Quiché, “el punto más débil de
la pita, lo que quiere decir la región geográfica, política y social de Guatema-
la, donde el aparato estatal y la penetración imperialista era más débil”,
762
donde el EGP implantó el primer contingente armado.
1559.
Según el EGP, la forma de organización adecuada a las caracterís-
ticas de este plano, inapropiadas para la concentración de gente por lo vas-
to del territorio y los hábitos productivos de su población, fue la organiza-
ción clandestina. En un terreno inaccesible y difícil como el de la monta-
ña, la sobrevivencia de los guerrilleros dependía del apoyo de la población:
“En la montaña, desde el punto de vista orgánico, la incorporación del campe-
sinado pobre se tradujo en la aparición de una nueva categoría político-mili-
tar: la base de apoyo”.
763
760 EGP, documento inédito.
761 EGP, Lecturas y testimonios, octubre de 1979.
762 “El EGP en la prensa”, entrevista al comandante en jefe del EGP Rolando Morán, por Mario Me-
néndez Rodríguez, 1981.
763 Mario Payeras, Los fusiles de octubre, ensayos y artículos militares sobre la revolución guatemalteca,
1985-1988, México, 1991.
276
1560.
Militarmente, la función principal de los frentes de la montaña era
“atraer y fijar a las fuerzas móviles estratégicas del enemigo y dispersar y des-
gastarlas a éstas y a sus fuerzas fijas”,
764
al mismo tiempo que acumular fuer-
zas militares y preparar el ejército popular regular que iba a derrocar el po-
der central. Paralelamente a las actividades propiamente militares dirigidas
en contra del Ejército, el EGP tenía como objetivo construir “progresiva-
mente el poder local revolucionario hasta sistematizarlo en determinadas áreas
en zonas liberadas”.
765
El llano
1561.
La importancia estratégica de la Costa Sur residía sobre todo en el
plano económico, siendo ésta el asiento de la agricultura de agroexporta-
ción donde “las relaciones capitalistas de producción han alcanzado un alto
grado de desarrollo”.
766
Pero, las características topográficas y socioeconómi-
cas del llano y la fuerte presencia del poder central no favorecían, a dife-
rencia del plan de la montaña, la creación de grandes unidades ni la pre-
sencia de fuerzas militares permanentes “Eso llevó a que nos planteáramos
una forma de tener las unidades metidas dentro de la población, siendo traba-
jadores de día y operar por las noches...”
767
1562.
Su objetivo estratégico en este plano era paralizar el poder econó-
mico para luego desarrollar “formas sustitutivas y populares de control y po-
der económico revolucionario en las fases avanzadas de la guerra”.
768
La forma
de lucha más adecuada iba a ser el sabotaje a la agricultura de exportación
llevada a cabo por pequeñas unidades militares móviles, “los guerrilleros de
noche”,
769
en coordinación con las organizaciones gremiales. “Nuestras fuer-
zas guerrilleras han realizado acciones ejemplares de sabotajes con el fin de edu-
car a las masas y lograr que, posteriormente, sean las mismas masas organiza-
das las que realicen este tipo de acciones en contra de unidades de producción
e instalaciones enemigas”.
770
1563.
A través del fenómeno económico-social de las migraciones tem-
porales de trabajadores asalariados del Altiplano a la costa surgió, como
“instrumento de lucha anticapitalista”, la modalidad de la “guerrilla migra-
toria”.
771
La necesidad de la economía agrícola de contratar estacionalmen-
te la mano de obra para las cosechas a partir del campesinado indígena, fue
764 EGP, Línea militar, noviembre de 1978.
765 Ibid.
766 “Pueblos en Armas”, entrevista de Marta Harnecker al ex comandante en jefe del EGP Rolando
Morán, 1985.
767 Testigo (ex altos mandos del EGP) CEH. (T.C. 147).
768 EGP, Línea militar, noviembre de 1978.
769 Testigo (ex altos mandos del EGP) CEH. (T.C. 206).
770 EGP, “Las guerrillas del llano”, Compañero, órgano de difusión internacional del EGP, julio de
1982.
771 EGP, Línea militar, noviembre de 1978.
277
de hecho explotada estratégicamente por el EGP, “el adversario estará lle-
vando al corazón de su economía las fuerzas sociales que contribuirán a des-
truirlo”.
772
1564.
La vinculación de la población civil en el proyecto revolucionario
se articulaba en la Costa Sur sobre todo a través de las organizaciones po-
pulares, que llevaban acciones en contra de la agricultura de exportación,
con modalidades propias de las luchas reivindicativas como paros, huelgas,
marchas y, hacia finales de los ochenta, sabotajes. “A partir de estas formas
espontáneas que adopta la lucha de clases, la organización de vanguardia po-
litiza y organiza a las masas, haciendo confluir toda la rebeldía y todos los es-
fuerzos y decisión combativa de éstas en la guerra popular revolucionaria”.
773
1565.
El desarrollo de la estrategia de GPR en el llano chocó sin embar-
go con el mismo problema que afectó el plano de la ciudad, o sea la con-
fusión entre la estructura propiamente alzada, pero que estaba dentro de la
población, y la población civil involucrada en diferentes niveles de clandes-
tinidad a través de las organizaciones gremiales. Otro problema, que fue
más bien general a toda la organización y que se mantuvo por lo menos
hasta los cambios estructurales de 1979-1980, fue el descuido en la forma-
ción de unidades militares locales y de cuadros militares profesionales “Es-
te [error] consistió en realizar nuestras operaciones militares sin especializar ni
mandos ni combatientes en el trabajo militar...”
774
La ciudad
1566.
En 1980-1981 el EGP trató implantar unos núcleos guerrilleros
bajo forma de familias artificiales, llegando a tener en la capital unas vein-
te casas de seguridad. Sin embargo esta fórmula no resultó exitosa y las cé-
lulas fueron rápidamente detectadas por la Inteligencia del Ejército.
“El grandísimo control del aparato estatal de seguridad, forzaba a que
la gente que hiciera el trabajo militar en la ciudad fuera gente muy
debidamente seleccionada ... para evitarse golpes y cuando no se res-
petó debidamente fue cuando empezamos a tener serios problemas que
tuvimos en el 80 en adelante ... Esas unidades no tenían ninguna
vinculación con la población y con el resto de la organización, era un
aparato especializado totalmente aislado”.
775
1567.
Hasta 1980-1981 la ciudad también cumplió una importante ta-
rea de trabajo logístico, cuyo esfuerzo principal era hecho en función del
772 Ibid.
773 EGP, “Las guerrillas del llano”, Compañero, órgano de difusión internacional del EGP, julio de
1982.
774 EGP, Nuestra concepción militar, abril de 1978.
775 Testigo (ex alto mando del EGP) CEH. (T.C. 156).
278
plano de la montaña, “[el trabajo] era más político y clandestino, logístico,
porque desde aquí se organizaban los talleres para los uniformes, las medicinas,
los correos...”
776
Las tres etapas estratégicas de la GPR y sus tácticas
1568.
El EGP planteó desarrollar su estrategia político-militar de guerra
popular revolucionaria a través de tres etapas estratégicas, la primera de
“implantación y propaganda armada”, la segunda de “generalización de la
guerra de guerrillas” y la tercera de “disputa de masas, terreno y poder”. Sin
embargo la fuerte ofensiva que el Ejército llevó de 1981 a 1983, interrum-
pió en su surgimiento la tercera etapa, que fue luego redenominada de “re-
cuperación de masas, terreno y toder”.
Primera Etapa: 1972-1978
1569.
Esta primera etapa duró de 1972 a 1978 y fue caracterizada por
dos fases. La primera de preparación e implantación secreta, que duró
hasta 1975; y la segunda pública, llamada “nueva fase”, donde la organi-
zación guerrillera empezó a desarrollar actividades de propaganda armada
y acciones militares. Esta segunda fase fue caracterizada por acciones de
ajusticiamiento, colocación de bombas y secuestros, muchas veces coordi-
nadas con acciones de propaganda armada para enfatizar y concretizar el
mensaje de éstas.
Implantación en el seno de la población (1972-1975)
1570.
El primer grupo de combatientes, compuesto por 15 efectivos, in-
gresó al Ixcán, desde México, el 19 de enero de 1972. “El Ixcán fue muy
particular, llegamos nosotros y la gente también estaba llegando”.
777
1571.
El asentamiento de los primeros destacamentos en la región noroc-
cidental del país, reflejaba un plan estratégico que contemplaba una selec-
ción del escenario geográfico bajo criterios socioeconómicos y no sólo to-
pográficos. La selección de la zona para la lucha guerrillera no apuntaba en
realidad al Ixcán sino al altiplano de Quiché y Huehuetenango densamen-
te poblado por indígenas: “Se trata de buscar un lugar por donde entrar y no
enfrentarse desde el primer momento con el aparato de represión del Gobierno,
un lugar para la implantación, para tener infrastructura, y comenzar a buscar
el contacto con la áreas más pobladas, Quiché y Huehuetenango”.
778
1572.
En la ciudad, hasta 1974, el trabajo de organización no se había
desarrollado mucho, yendo la mayoría del esfuerzo hacia el mantenimien-
to del trabajo en la montaña. Los trabajos de organización en la Costa Sur,
776 Testigo (ex alto mando del EGP) CEH. (T.C. 22).
777 Testigo (ex altos mandos y dirigentes del EGP) CEH. (T.C. 132).
778 Ibid.
279
donde en los años cincuenta y sesenta el PGT había tenido una presencia
bastante marcada, empezaron partiendo de la ciudad y del Ixcán a través
de contactos con viejos arbencistas. En 1973 ya tenían presencia perma-
nente e iban ramificándose hacia las diferentes fincas.
Nueva fase, la propaganda armada (1975-1978)
1573.
En 1975 el EGP consideró que había llegado el momento para
darse a conocer abiertamente y marcar su presencia por medio de acciones
públicas de propaganda armada. “Es ahí donde se va planteando la necesi-
dad de realizar algún tipo de operación para que podamos tener ya el recono-
cimiento”.
779
Salieron a la luz pública en el centro La Cuchilla de Xalbal, Ix-
cán, el 28 de mayo de 1975 con el ajusticiamiento de Guillermo Mon-
zón.
780
Unos días después, el 7 de junio, sería ejecutado el terrateniente
Luis Arenas Barrera,
781
conocido como el Tigre de Ixcán, dueño de las fin-
cas La Perla y San Luis, municipio de Chajul, Quiché. En la Costa Sur las
primeras acciones tuvieron lugar en 1976 y fueron bajo forma de sabota-
jes, como quema de avionetas para las fumigaciones y quema de caña. En
ese mismo año empezaron también acciones de ajusticiamiento, de colo-
cación de bombas y de ocupación de puestos de trabajo en la capital.
782
1574.
Otro objetivo de estas acciones era concientizar a la población so-
bre la importancia de capacitarse para defender a los organismos políticos
clandestinos y en general a toda la población organizada. Fue así como na-
ció el concepto de autodefensa como forma de participación de la pobla-
ción en el conflicto. Ese concepto implicaba que las Fuerzas Irregulares Lo-
cales (FIL), que se constituirían a partir de 1979, iban adquiriendo expe-
riencia de defensa para luego desarrollar acciones más ofensivas en vista de
formarse en ejército popular.
Segunda etapa: 1979-1983,
la generalización de la guerra de guerrillas
1575.
En 1979 el EGP ya era una organización desarrollada en los tres
planos y su visión de la estrategia de guerra popular revolucionaria había
madurado en un concepto más global gracias a la nueva relación e influen-
cia recíproca con los movimientos populares. “En el año 1979 nosotros
planteamos pasar a una etapa en la lucha que se llamó la generalización de la
guerra de guerrillas, que era extender la guerra a las distintas partes del país, y
esto fue aparejado por cambios en las estructuras orgánicas”.
783
779 Ibid.
780 CI 97. 1975. Mayo. Ixcán Quiché.
781 CI 59. 1975. Junio, Chajul, Quiché.
782 Véase capítulo segundo, en el apartado correspondiente a los hechos de violencia.
783 Testigo (ex altos mandos del EGP) CEH. (T.C. 150).
280
1576.
En 1978 había definido su línea política y de masas, su concepción
de frente se estaba desarrollando bajo criterios territoriales y se estaban
dando los primeros pasos en el proceso de unificación con las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias (FAR) y con el núcleo de dirección del Partido
Guatemalteco del Trabajo, cuya unión se conocía como La Tripartita.
“Ya en el año 79 se empiezan a conformar las unidades militares, ya
había suficiente cantidad de gente incorporada, había demanda tam-
bién y había necesidad de dar un paso, entonces se empiezan a hacer
actividades”.
784
1577.
A partir de este año, el EGP empezó sus ofensivas contra el Ejérci-
to realizando hostigamientos y emboscadas a patrullas en movimiento, con
algunas a puestos fijos (destacamentos militares) para recuperación de ar-
mas. También implementaron acciones de sabotaje para las cuales desarro-
llaron el uso de la mina claymore y otros explosivos.
“Ya en el año 80 se hace el planteamiento de derrocar al gobierno de
Lucas ... ya se pretendía avanzar mucho más en un momento de un
clima de auge de lucha a nivel de las masas, de mucha efervescencia,
de mucha combatividad ... ya pensábamos que estábamos llegando a
los últimos momentos”.
785
1578.
En esta segunda etapa siguieron las acciones de ajusticiamiento,
empezadas en 1975, en contra de comisionados militares, “orejas”, confi-
denciales y colaboradores del Ejército en general. Estas acciones están
analizadas en el apartado sobre los hechos de violencia realizados por la
guerrilla.
“La guerrilla también mató a algunos el día 25 de diciembre de
1981, los tres eran confidenciales, Viviano Díaz, Secundino García y
Domingo Pérez. Los mataron con pistola en Dos Quebradas [Camo-
tán, Chiquimula]. A Domingo lo acusaron de dar partes al Ejército,
ése también era confidencial, sólo que no se declaraba”.
786
784 Testigo (ex altos mandos del EGP) CEH. (T.C. 154).
785 Testigo (ex altos mandos del EGP) CEH. (T.C. 150).
786 C 1007. Diciembre, 1981. Camotán, Chiquimula.
281
1579.
Empujada por el conjunto de estos factores, y como reacción a la
masacre de la Embajada de España del 31 de enero de 1980, a partir de
1980 se dio una incorporación masiva de la población, empezando por los
departamentos de Quiché y Huehuetenango.
“Ya los desplazamientos no se hacían de noche, sino de día, pasaban
los helicópteros y miraban aquellos desplazamientos de columnas
grandísimas de gentes de un lugar a otro, la población, ya la guerrilla
no cargaba. Todo eso daba una sensación, a nosotros nos daba una
sensación de crecimiento muy grande. Llegamos a contabilizar 5 mil
compañeros apuntados en escuadras de filas en Huehuetenango”.
787
1580.
En 1981 el EGP había extendido su estrategia a gran parte del país
y vivía su momento de máximo control territorial. Fue cuando le pareció
haber desarrollado los factores estratégicos determinantes para entrar en la
última etapa, la de disputa de masas, terreno y poder, “es cuando empieza a
platicarse entre nosotros la idea de una zona liberada, y estuvimos discutiendo
dónde, nos propusimos una zona, que nunca llegó a concretarse, que abarcaba
parte del área Ixil y parte de Huehuetenango”.
788
1581.
Así comenta el momento de auge del movimiento guerrillero un
alto mando del Ejército que estuvo en ese entonces en el Ixcán: “La sub-
versión era un cáncer que no se podía parar.”
“El 12 de noviembre de 1981 el Ejército sacó a todas sus unidades y
las trajo para Chimaltenango porque la guerrilla estaba a punto de
declarar liberado el Altiplano. Sólo quedó el destacamento de Playa
Grande y la única autoridad era la guerrilla”.
789
“Ya empiezan los gérmenes del triunfalismo, los gérmenes de sobreva-
lorar la propia capacidad y desvalorar la capacidad del adversario, que
es de los errores más graves que se cometieron, ahora al mismo tiempo
se va dando también la escalada represiva, contrainsurgente...”
790
“Se había dado el triunfo sandinista que confirmaba que por esa vía
era posible llegar al poder, pues generó muchas expectativas y en algu-
nos casos probablemente nosotros seamos responsables de haber gene-
rado que iba a haber más armas para poder avanzar más”.
791
787 Testigo (ex altos mandos del EGP) CEH. (T.C. 152).
788 Ibid.
789 Testigo (alto mando del Ejército) CEH. (T.C. 213).
790 Testigo (ex alto mando del EGP) CEH. (T.C. 23).
791 Testigo (ex altos mandos y dirigentes del EGP) CEH. (T.C. 146).
282
1582.
La falta de armas fue “la razón más poderosa”,
792
de la incapacidad del
EGP de pasar el combate a niveles superiores en ese momento de auge:
“Inclusive cuando nos hemos reunido con oficiales del Ejército nos di-
jeron: ‘y ustedes en el 80, por qué fue que no pasaron a más, sino que
se quedaron en un punto ahí que nosotros nos sorprendimos de ver que
no pasaron a más’. No teníamos armas ni municiones, en el año 81
nosotros nos quedamos con 12 tiros de fusil, entonces sí la situación
fue difícil”.
793
“Se estaba en un punto de efervescencia tan grande que era un mo-
mento preinsurreccional. Ocurrió en general en el país, en el Altipla-
no también se dio, que la gente empezó a exigirle a la organización
que le diera armas para luchar; se querían incorporar todos, pero sin
armas no”.
794
“Ya empezamos a preocuparnos porque dijimos cómo vamos a conti-
nuar siquiera armados si se nos acaban las balas, entonces hubo la
orientación de evitar todo contacto ... una decisión, una orden supe-
rior del alto mando, entonces hasta ahí llega la etapa de auge, viene
la etapa esa ... viene esa etapa de repliegue...”
795
1583.
La incorporación masiva y rápida había desestructurado el aparato
clandestino montado por el EGP según el principio de compartimenta-
ción, que aseguraba la protección de la población organizada. En conse-
cuencia, esa población no sólo se encontró desarmada sino también ex-
puesta a los ataques represivos.
“Toda esa situación nos rebasó en el sentido de la compartimentación,
ya de una aldea a otra se conocían, todas las comunidades que esta-
ban organizadas se sabían donde había organización y donde no”.
796
“La estructura político-militar del EGP se masificó, no había diferen-
ciación clara porque la población participaba, nosotros nos dábamos
a conocer, vivíamos juntos con la población, podríamos decir como en
zonas liberadas ... esto facilitó la fuga de información hacia el Ejérci-
to porque no se respetó el principio de clandestinidad”.
797
792 Testigo (ex altos mandos y dirigentes del EGP) CEH. (T.C. 207).
793 Testigo (ex altos mandos del EGP) CEH. (T.C. 152).
794 Testigo (ex alto mando del EGP) CEH. (T.C. 156).
795 Testigo (ex altos mandos del EGP) CEH. (T.C. 152).
796 Ibid.
797 Testigo (ex altos mandos y combatientes del EGP) CEH. (T.C. 244).
283
1584.
Entre julio y agosto de 1981 la Inteligencia militar golpeó las prin-
cipales casas de seguridad del EGP descabezando el Frente Urbano cuya
organización se replegó hacia Chimaltenango, en el Frente Guerrillero Au-
gusto César Sandino (FGACS), donde también estaban buscando protec-
ción algunos cuadros de la Costa Sur que se habían escapado de los duros
golpes que estaban acabando con ese frente. El EGP trataba de concentrar
fuerzas en Chimaltenango, cuya importancia estratégica residía en el con-
trol de la ruta interamericana y en su papel de primera línea defensiva, pe-
ro lanzar una contraofensiva en lo que ya estaba transformándose en una
fase de repliegue le resultó imposible.
1585.
A finales de octubre de 1981 el Ejército llevó la gran ofensiva, lan-
zando la Fuerza de Tarea Iximché primero hacia Chimaltenango y luego
ampliando sus operaciones a toda el área del Frente Augusto César Sandi-
no, lo que lo obligó a replegarse hacia el Frente Guerrillero Ho Chi Minh
(FGHCM), en Quiché. Con esto comenzó la etapa de violencia indiscri-
minada, las grandes masacres y las operaciones militares de tierra arrasada.
“Todo el año 1982 hasta noviembre, las personas de la comunidad iban y ve-
nían, se escondían en la montaña, regresaban a sus casas por comida y cosas y
se volvían a ir”.
798
1586.
La confusión creada por la ofensiva del Ejército fue total, los fren-
tes se quedaron aislados, sin forma de comunicarse y recibiendo noticias
contradictorias acerca de lo que estaba sucediendo. “Los medios de comuni-
cación en esto no funcionaban, verdaderamente la censura y la autocensura
funcionaban de una manera muy grande”.
799
“Tardaba en llegar la información porque estaban cortadas las vías de
correo, y no teníamos radio”.
800
“Lo de oriente ya se había acabado, lo
de la Costa Sur ya se había acabado; entonces era básicamente el ni-
vel de la ofensiva en el FACS, ya nos hacía imposible entrar allí, pe-
ro se seguía manteniendo cierto contacto de influencia en el área Ixil,
cada vez más limitada”.
801
1587.
En junio 1982, cuando las operaciones del Ejército se reforzaron
con dos Fuerzas de Tareas más en Quiché, el EGP tuvo que replegar sus
fuerzas del FGHCM, hacia el norte del Frente Guerrillero Comandante
Ernesto Guevara (FGCEG), de donde, en la confusión general, muchos
cuadros y gran parte de la población organizada empezaron a salir masiva-
mente hacia México.
798 C 795. Febrero, 1982. Tecpán, Chimaltenango.
799 Testigo (ex alto mando del EGP) CEH. (T.C. 23).
800 Testigo (ex altos mandos y dirigentes del EGP) CEH. (T.C. 207).
801 Testigo (ex alto mando del EGP) CEH. (T.C. 23).
284
“El EGP se concentró en esa parte, en el Ixcán ... ya no teníamos pa-
ra donde ir, ahí nos quedamos y ahí decidimos resistir y empezar a re-
cuperar lo que se pudiera ... nos quedamos ahí en la última trinche-
ra, pero con la característica de que en esta parte quedó lo más impor-
tante del EGP, donde decidimos reiniciar el trabajo posterior, en esos
intentos de rescatar todo lo que se pudiera de la parte de Alta Vera-
paz, entonces se decide preparar condiciones de todo tipo para resca-
tar unidades militares, estructuras de dirección a todo nivel y pobla-
ción, se logra pasar a una parte de las unidades militares y parte de
las estructuras muy poco, prácticamente sólo la dirección del frente, la
población ya no puede pasar, nosotros tuvimos la nebulosa de qué fue
lo que sucedió y habíamos sabido que esa población había sido masa-
crada...”
802
“Ya no teníamos con qué combatir, habíamos tenido esperanzas de re-
cibir municiones y esos planes se frustraron y entonces el Ejército se-
guía con las masacres”.
803
1588.
La mala coordinación entre los frentes, la falta de armas, las crisis
internas de poder que habían polarizado la Dirección Nacional del EGP,
llevaron, ya a partir de 1981, a descontentos y rebeliones por parte de al-
gunos jefes de frente, al mismo tiempo que muchos abandonaron la orga-
nización y varias decenas salieron a Nicaragua. “No sólo estaban los proble-
mas de las ofensivas sino que ya se venían problemas internos fuertes...”
804
1589.
A finales de 1981 los miembros de la dirección nacional al mando
del Frente Urbano y del Marco Antonio Yon Sosa (MAYS), en Alta Vera-
paz, salieron a Nicaragua. El comandante que ya estaba al mando del
FACS, en cuanto único miembro de la dirección nacional en el área, pasó
a dirigir también estos dos frentes, aislándolos del control de la dirección
nacional.
“Cuando ocurrían problemas en los que un miembro de dirección se
ponía en rebeldía, como nos ocurrió en el MAYS, nos ocurrió porque
en el 82 cuando los insubordinados, esa parte se nos quedó fuera de
control, qué pasó ahí en ese tiempo todavía no lo sabemos ... es un mo-
mento en que las grandes masacres habían aislado a esta parte de la
dirección que quedaba en el país ... resultó que hubo acciones muy ne-
gativas”.
805
802 Testigo (ex altos mandos del EGP) CEH. (T.C. 160).
803 Testigo (ex altos mandos del EGP) CEH. (T.C. 152).
804 Testigo (ex altos mandos del EGP) CEH. (T.C. 160).
805 Testigo (ex altos mandos del EGP) CEH. (T.C. 152).
285
1590.
Además de la cuestión de esos dos comandantes, conocidos como
los “insubordinados”, el EGP estaba inmerso en una fuerte crisis interna por
divergencias sobre concepciones estratégicas. “Empieza una reunión que se
prolongó por meses en Nicaragua, donde realmente lo que se estaba gestando
era ya la ruptura de la dirección del EGP, una confrontación muy fuerte entre
Rolando y Payeras...”
806
Esa ruptura se concretó en 1984 cuando, junto con
Mario Payeras, varias decenas de cuadros salieron del EGP para formar la
organización Octubre Revolucionario.
Tercera etapa: 1983-1996, recuperación de masas, terreno y poder
1591.
La ofensiva del Ejército de 1982-1983 había diezmado la base so-
cial del EGP; el movimiento social había perdido muchos de sus dirigen-
tes y militantes, los frentes de la Costa Sur, de la capital, del Altiplano cen-
tral y Alta Verapaz habían sido desmantelados. Unicamente se habían que-
dado las unidades militares de los frentes del noroccidente (comandante
Ernesto Guevara y Ho Chi Minh) aunque fuertemente reducidas y sin su
base social.
“Las tareas y plazos del movimiento revolucionario en su conjunto es-
tán determinados ahora por 35,000 muertos, 900,000 organizados
en PAC, más de 18,000 concentrados en polos militarizados, más de
45,000 refugiados en el exterior, 1,200,000 desplazados internos,
más de 200,000 huérfanos por la represión, más de 40,000 viudas.
En pocas palabras, el costo humano más grande del país después de la
conquista”.
807
1592.
En 1983 ya no existían las condiciones para que siguieran desarro-
llando la etapa de disputa de masas, terreno y poder, esa tercera etapa es-
tratégica fue más apropiadamente denominada “etapa de recuperación de
masas, terreno y poder, porque recuperación implicaba que estaba perdido ...
lo que nos planteamos era recuperarnos en general en lo militar y en lo estruc-
tural, entonces lo que vimos después fue la cuestión de la población ... cómo vol-
ver a reorganizar nuestras bases y qué hacer ante un fenómeno como el de las
patrullas...”
808
1593.
Como consecuencia de las masacres, la población había huido ma-
sivamente hacia el refugio en México, donde mantenían su vinculación
con el EGP. Otros miles se quedaron dentro del país pero escondidos en la
montaña, donde formaron las Comunidades de Población en Resistencia
(CPR) en el Ixcán (CPR-I) y en la Sierra (CPR-S).
806 Testigo (ex alto mando del EGP) CEH. (T.C. 23).
807 EGP, documento inédito.
808 Testigo (ex altos mandos del EGP) CEH. (T.C. 152).
286
1594.
Considerando los cambios ocurridos en el escenario del conflicto,
el EGP decidió definir una nueva política frente a la población civil. La po-
blación bajo control del Ejército tenía que ser “recuperada” a través de
“equipos de penetración”.
“Se crearon distintos equipos de penetración clandestinos en las comu-
nidades, en el pueblo, para retomar contacto con la población, los que
fueron nuestras bases, pero fueron capturados y obligados a concen-
trarse”.
809
1595.
El EGP reorganizó su territorio de acción. El Frente comandante
Ernesto Guevara y el Frente Ho Chi Minh, se quedaron como frente y con
sus respectivas direcciones, aunque con una conformación territorial un
poco diferente y restringida de la que tuvieron anteriormente. Donde el
EGP había tenido otros frentes, considerando el hecho de que ya había
perdido casi la totalidad de su estructura, no sólo política sino también mi-
litar, esta organización adoptó el concepto de zonal. Fue el caso del sur de
Huehuetenango, donde se formó el Zonal Guerrillero Fernando Hoyos, y
el área donde había estado el Frente Augusto César Sandino que pasó a ser
el Zonal Guerrillero ACS.
1596.
En esa etapa las emboscadas siguieron siendo la táctica principal
junto con los hostigamientos en contra de puestos fijos. Con esas tácticas
el EGP trataba de retardar y detener la avanzada de las unidades del Ejér-
cito, sobre todo en el área donde estaban las CPR.
“Hay terrenos donde mantenemos nuestra área de operaciones y que
fue alrededor de la CPR, donde ya las patrullas del Ejército van bus-
cando a la población y nos van buscando también a nosotros, princi-
palmente a la población, les vamos haciendo frente”.
810
1597.
Cuando en 1987 y 1988 el Ejército llevó a cabo la ofensiva “Fin de
año”, el EGP estaba más organizado que en 1982-1983.
“Ya había enfrentamientos, estábamos mejor preparados con arma-
mentos y municiones y teníamos más experiencia en combate, tenía-
mos menos apoyo de la población pero más experiencia y mejor ar-
mamento”.
811
809 Testigo (ex altos mandos y combatientes del EGP) CEH. (T.C. 244).
810 Testigo (ex altos mandos del EGP) CEH. (T.C. 154).
811 Testigo (ex altos mandos del EGP) CEH. (T.C. 152).
287
“Hubo bombardeos, ametrallamientos y grandes enfrentamientos con
la guerrilla”.
812
Según el testimonio de un ex soldado, “los oficiales
decían que las CPR son puros guerrilleros, pero guerrilleros que tienen
mujeres e hijos, y les chingan esos guerrilleros. Decían que hay que
buscar las CPR y matar a todos, también a las mujeres y los niños”.
813
Las últimas grandes ofensivas contra las CPR se produjeron a fi-
nales de 1991 y entre finales de 1992 y febrero de 1993.
1598.
Después de la derrota sufrida en 1982 el EGP no logró alcanzar
nuevamente gran capacidad ofensiva; su trabajo de recuperación de masa,
territorio y poder progresivamente se canalizó hacia soluciones políticas,
concentrando su estrategia alrededor de cuestiones como el refugio, el re-
torno y las CPR, por medio de las cuales buscaban apoyo y reconocimien-
to a nivel internacional.
Las estructuras político-militares
1599.
Desde su nacimiento en 1972, el EGP fue una organización con
una estructura orgánica jerarquizada, regida por el principio marxista-leni-
nista de “centralismo democrático”. Todos los organismos estaban dirigidos
desde un centro único que era la Dirección Nacional (DN) y la comisión
ejecutiva, órgano directivo dentro de la dirección. La conferencia guerrille-
ra había sido concebida como el órgano máximo de dirección del EGP y
expresión de su funcionamiento democrático. En ella se reunían represen-
tantes de los distintos niveles, desde los organismos de base hasta la DN,
para definir las líneas y las orientaciones de la organización y elegir a los
miembros de la DN.
1600.
A partir de la primera conferencia guerrillera de 1974, el EGP di-
vidió en segmentos el territorio donde estaba desarrollando su trabajo po-
lítico-organizativo, cada uno con su propia dirección, de la cual tres o cua-
tro miembros integraban la DN. Estos segmentos asumieron con los años
una estructura de frente. El jefe máximo a nivel de frente era el responsa-
ble de organización y financiación. Si un miembro de la DN estaba pre-
sente en una Dirección de Frente (DF), normalmente asumía este cargo, y
en el caso que asumiera otro, los demás miembros le eran del todo subor-
dinados. De esa dirección dependían los órganos directivos regionales y
distritales, mientras a nivel de localidad la función directiva era desempe-
ñada por los Comités Clandestinos Locales (CCL). En la DF de la ciudad
siempre hubo uno o más miembros de la DN, mientras que en los otros
frentes no siempre lo lograron. Los hechos de violencia cometidos en los
812 Testigo (líder de CPR) CEH. (T.C. 76).
813 Testigo (ex soldado) CEH. (T.C. 91).
288
años 1981-1982 por algunos jefes de unidades coincidieron en su gran
mayoría con la falta de miembros de la DN en la DF.
1601.
En la práctica, la aplicación del principio de “centralismo democrá-
tico” no reflejó los planteamientos iniciales. La conferencia guerrillera, por
ejemplo, concebida como su principal expresión, sólo logró realizarse tres
veces a lo largo del enfrentamiento: en 1974, en 1994 —para tratar la
cuestión de los Acuerdos de Paz— y en 1997 —para disolver la organiza-
ción—. Tampoco lograron organizar las reuniones plenarias de la DN en
los términos previstos de una o dos veces al año, sobre todo por la disper-
sión geográfica que caracterizó al EGP desde su nacimiento.
1602.
Dentro de la organización faltaron importantes canales de expre-
sión para los organismos de base, trasformando lo que en principio tenía
que ser “centralismo democrático” en un sistema centralizado. “Métodos ver-
ticalistas, centralizados y autoritarios por los dirigentes que dogmaticamente
ejecutan cualquier orientación emanada de organismos superiores que descono-
cen el contexto”. Según el testimonio de un ex miembro del EGP,
814
“había
que democratizar el movimiento. La dirección por el comandante era una dic-
tadura, si objetas una decisión te vas fuera”.
815
1603.
En 1983, con la creación del Estado Mayor, el EGP quiso superar
lo que hasta entonces había sido su mayor debilidad, o sea, la confusión es-
tructural-organizativa entre el trabajo político y el trabajo militar. El proce-
so de reestructuración, para separar las funciones ya había empezado en
1979-1980, sin embargo sólo se concretó en 1983, cuando la función mi-
litar adquirió su propia estructura paralela bajo el mando de un Estado Ma-
yor. “El objetivo de la rectificación fue retomar la unidad interna, porque cada
frente tenía su autonomía y decidía sobre las operaciones sin centralización”.
816
1604.
Esa decisión había sido empujada por la rápida degeneración de la
situación en algunos frentes golpeados por el Ejército, donde, por el des-
control de sus órganos directivos y la falta de coordinación con la Direc-
ción Nacional, entre 1981 y 1982 se habían realizado acciones abusivas y
arbitrarias, “se nos venían encima problemas de diversa naturaleza y no había
un control centralizado”.
817
La constitución de los frentes guerrilleros,
su desarrollo y la estructura alzada
1605.
Hasta finales de los setenta el EGP no había desarrollado el
concepto de unidades militares permanentes, ni tampoco tenía una se-
814 Testigo (ex organizador político del EGP) CEH. (T.C. 61).
815 Ex miembro del EGP, “Una mirada retrospectiva al proceso político-organizativo revolucionario
en la región noroccidental de Huehuetenango y recopilación de anécdotas vividas por sus prota-
gonistas”, documento inédito.
816 Testigo (ex dirigente del EGP) CEH. (T.C. 245).
817 Testigo (ex altos mandos del EGP) CEH. (T.C. 154).
289
paración estructural entre el trabajo político-organizativo y el trabajo
militar.
“En 1976, nuestra concepción estructural entró en crisis. Para enton-
ces teníamos lo que llamábamos Fuerza Móvil Estratégica (FME):
una columna guerrillera que hasta entonces considerábamos debía
mantenerse unificada para no dispersar otra vez la experiencia, la ca-
lidad orgánica, la unidad de mando y el volumen de fuego, pero que
no era una fuerza militar efectiva. La verdad es que para entonces ya
se hacía necesario distinguir y diferenciar niveles de dirección y cam-
pos de trabajo. De ahí surgió nuestra concepción de lo que debía ser
un frente guerrillero”.
818
1606.
A partir de 1976-1977 el EGP empezó a desarrollarse en función
de la creación de los frentes guerrilleros cuyo concepto se definió según cri-
terios territoriales, donde los límites correspondían a la extensión del terri-
torio en el cual operaban y tenían población organizada. El territorio de
cada frente fue dividido en dos regiones, subdivididas a su vez en dos dis-
tritos. Cada distrito englobaba a cinco o seis localidades (aldeas o comuni-
dades).
1607.
En 1979 comenzaron a estructurarse militarmente adoptando el
concepto de unidad militar permanente: “El concepto de permanente era im-
portante porque era un guerrillero que estaba todo el tiempo alzado”.
819
Con es-
te concepto concibieron las Fuerzas Guerrilleras de Frente (FGF), también
conocidas como Fuerzas Guerrilleras Permanentes (FGP), que tenían mo-
vilidad en todo el frente. Ese mismo año las primeras unidades militares en
la montaña “son relativamente pocas, son como tres pelotones, una cosa así”.
820
Esas fuerzas dependían, hasta la creación del Estado Mayor en 1983, del je-
fe de operaciones de la dirección de frente, a su vez subordinado al respon-
sable de organización. Nunca tuvieron fuerzas guerrilleras a nivel regional
sino que ahí operaban las Fuerzas Guerrilleras Distritales (FGD).
1608.
Desde 1979 el trabajo del EGP ya se había extendido a buena par-
te del territorio guatemalteco y en agosto de 1980, durante una reunión de
la Dirección Nacional, decidieron formalizar la constitución de los frentes
guerrilleros (FG):
● Frente Guerrillero comandante Ernesto Guevara (FGCEG), que
abarcaba el departamento de Huehuetenango y el municipio de Ix-
cán en Quiché.
818 “Pueblos en Armas”, entrevista de Marta Harnecker a Mario Payeras, 1985.
819 Testigo (ex altos mandos del EGP) CEH. (T.C. 206).
820 Testigo (ex altos mandos del EGP) CEH. (T.C. 154).
290
● Frente Guerrillero Ho Chi Minh (FGHCM), que abarcaba los mu-
nicipios de Chajul, Nebaj, Cotzal, Cunén, Sacapulas, Uspantán y
Chicamán en el departamento de Quiché, y parte de los municipios
de Chiantla y Aguacatán en el departamento de Huehuetenango.
● Frente Guerrillero Luis Augusto Turcios Lima (FGLATL), para los
departamentos de Suchitepéquez, Escuintla y Retalhuleu.
● Frente Guerrillero Otto René Castillo (FGORC), para el área de la
ciudad capital y algunos municipios del departamento de Guatemala.
1609.
Aparte del FGCEG, de fecha más reciente, los otros tres eran los
frentes más antiguos, cuyo trabajo de estructuración había empezado en
1975-1976. En 1977 la organización también se había extendido hacia el
departamento de Alta Verapaz, para iniciar trabajo organizativo en lo que
fue el Frente Marco Antonio Yon Sosa (FMAYS), proclamado también en
Agosto 1980. En esa misma fecha bautizaron como Frente 13 de Noviem-
bre (FG13N) el área de los departamentos de Chiquimula e Izabal, donde
llevaban trabajo organizativo desde 1975-1976. Este frente casi no realizó
acciones armadas y fue aniquilado en 1982. El Frente Augusto César San-
dino (FACS), que abarcaba la parte sur de Quiché y los departamentos de
Sololá, Totonicapán y Chimaltenango, a pesar de tener ya una estructura
a partir de 1979, salió a la luz pública hasta el 19 de julio de 1981.
1610.
El primer intento de concentración de fuerzas se dio en octubre
1980, cuando en las montañas de Chajul se constituyó la Compañía 19 de
Enero, con las fuerzas de los frentes de Quiché y Huehuetenango
(FGHCM y FGCEG). Esa compañía estaba constituida por tres peloto-
nes y un agrupamiento, con armas de apoyo, con un número de efectivos
aproximado de 130 hombres, que correspondía en grandes líneas al núme-
ro de combatientes que el EGP tenía en la montaña en este momento. “De
toda estas fuerzas dispersas que tenemos, chiquitas unidades que no logran ha-
cer nada importante, pequeñas acciones nada más, las vamos a concentrar en
una sola para darle golpes importantes al Ejército, pero para hacer esto se des-
guarneció todo lo demás”.
821
La compañía se disolvió en abril 1981.
1611.
Además de los combatientes concentrados en esta compañía, ha-
cían parte de la estructura alzada también los cuadros organizativos, de for-
mación (EFOP) y de otros diferentes aparatos (impresión, explosivos, ser-
vicios médicos, administrativo, etc) en una cantidad aproximada, en 1980,
de 40 hombres para cada frente de la montaña.
1612.
A finales de 1981, bajo el control de su responsable se habían for-
mado en el FACS tres comandos integrados por efectivos del FACS, de la
821 Testigo (ex altos mandos del EGP) CEH. (T.C. 206).
291
ciudad y del llano. Siguiendo una línea militarista también crearon unas
patrullas penetradoras para operar en el FG13N y hacia la ciudad para re-
constituir su frente. En el Frente Urbano las células guerrilleras habían si-
do aniquiladas “Era gente bastante preparada, pero nosotros descuidamos el
trabajo de inteligencia”,
822
y la única estructura pasaron a ser los comandos.
“Eso de las bombas fue en el año 82, que allí fue un poco más indis-
criminado, pero en realidad hubo mucho que escapó a control orgá-
nico, es en el momento en que, a finales de 1981, se crean los coman-
dos ... hubo excesos de acciones ... se le llamaba recuperación económi-
ca casi a cualquier cosa”.
823
“Hacen secuestros económicos y realizan algunas atcividades, pero ya
es una época en la que lo fundamental de la actividad es la sobrevi-
vencia, ya asaltar gasolineras, farmacias, restaurantes, autobuses. Ya
la degeneración en el bandolerismo era fuerte...”
824
1613.
En 1982 también en el departamento de Quiché (FGHCM), du-
rante algunos meses operaron unidades fuera del control de la Dirección
Nacional. Fue un período particularmente violento en que los ajusticia-
mientos eran decididos por los jefes de unidades, como los reportados en
el apartado correspondiente a hechos de violencia de este capítulo.
1614.
La situación que se presentó en 1983 después de la ofensiva del
Ejército no le permitía al EGP reestructurarse bajo los mismos concep-
tos estratégicos de antes, por no tener capacidad ni suficientes fuerzas
militares.
“Uno de los errores de esa época según el análisis que se hizo poste-
riormente, es que se quiso generalizar el concepto de frente guerrille-
ro a todo el país, y según nuestra concepción militar ... pero hay
áreas del país donde el terreno no presta condiciones favorables pa-
ra el desarrollo de la lucha guerrillera y la acumulación de fuerzas
militares...”
825
1615.
La nueva estructura territorial fue concebida en función de con-
centrar fuerzas militares en los frentes guerrilleros, mientras que el trabajo
político-organizativo iba a priorizarse en los zonales. Los frentes guerrille-
ros se diferenciaban de los zonales por tener capacidad militar defensiva su-
822 Testigo (ex organizador político del EGP) CEH. (T.C. 61).
823 Testigo (ex altos mandos y dirigentes del EGP) CEH. (T.C. 151).
824 Testigo (ex alto mando del EGP) CEH. (T.C. 23).
825 Testigo (ex altos mandos y dirigentes del EGP) CEH. (T.C. 151)
292
ficiente para dar protección a la población. Los zonales también tenían
fuerza militar, aunque de menor capacidad. “En el 88 se empezó a traer la
unidad militar de la fuerza guerrillera aquí en el Zonal Guerrillero Fernan-
do Hoyos”.
826
1616.
Dentro de la restructuración del trabajo militar fueron creadas en
1983, en substitución de las Fuerzas Guerrilleras Permanentes que seguían
manteniendo un concepto de unidad más dispersas, las Fuerzas Militares
Regulares (FMR), persistiendo en la idea de concentración de fuerzas.
“Aparentemente con esta estructuración hay más gentes en el trabajo
militar, pero realmente no es así, sino que en la estructura anterior
había más gentes involucrada en el trabajo militar, pero estaba muy
disperso y poco se concentraba tanto en lo que era la orientación como
también en el terreno”.
827
1617.
Las tareas de logística también incluían la fabricación de armas ar-
tesanales:
“La falta de armamentos nos obligó a construir nuestro propio arma-
mento, en todas las organizaciones hubo esfuerzos por montar fábri-
cas de armas de lo más rústicas, se trataba de hacer escopetas, rifles o
pistolas y sobre todo minas ... todo tipo de minas, y entonces las ha-
cíamos nosotros y a veces armábamos escuadras completas sólo con mi-
nas, sin una sola pistola, sin un fusil. Tuvimos algunas fábricas de es-
copetas, unas pistolitas 22”.
828
1618.
Una de las células de la estructura clandestina era el Comité Clan-
destino Local (CCL), máxima autoridad de la organización a nivel local,
que desempeñaba una función de dirección político-organizativa. La res-
ponsabilidad principal de los CCL era desarrollar el trabajo de organiza-
ción iniciado por la estructura alzada, con el fin de mantener la estructura
clandestina y ampliarla con nuevos integrantes. Los cuatro o cinco miem-
bros de los CCL también tenían responsabilidades de operación, de for-
mación política y de logística.
“Al nivel comunitario hubo varios cargos. El CCL trabajaba en la co-
munidad dirigiendo actividades, preocupándose de los compañeros
que venían a dar orientaciones, por ejemplo. Los CCL también reco-
826 Testigo (ex combatiente del EGP) CEH. (T.C. 80).
827 Testigo (ex altos mandos del EGP) CEH. (T.C. 154).
828 Testigo (ex altos mandos de la URNG) CEH. (T.C. 274).
293
gieron la colaboración financiera de la gente la cual se entregaba a los
cuadros y luego a la dirección del distrito...”
829
1619.
El máximo responsable de los CCL era el responsable de organiza-
ción, mientras que el responsable de operaciones se ocupaba de las Fuerzas
Irregulares Locales. “Su cargo [de las CCL] fue de organización, otro se en-
cargaba de la salud, alimentación y otro de lo militar, aunque no hubo arma-
mento, enseñó la educación, la disciplina, hay que saber por qué, qué se está
reclamando”.
830
1620.
Con el fenómeno de incorporación masiva que se presentó hacia
finales de 1981, este esquema estructural ya no podía asimilar a una can-
tidad tan grande de gente. A parte de las FIL, la gente empezó a organizar-
se en grupos de 80-90 personas que sustituían a las células. “Hay un mo-
mento en que es imposible tener una idea de cuánta gente y quién estaba or-
ganizado, porque era una fuerte masividad...”
831
1621.
Sobre todo en Huehuetenango, Quiché, Sololá y parte de Totoni-
capán, el principio de compartimentación que aseguraba la clandestinidad
vino a perderse y los CCL dejaron de tener función de dirección local clan-
destina, convirtiéndose en algunos lugares en autoridades locales.
“No hablamos de zona liberada porque esto se confunde mucho y da
otra idea que no es, zonas bajo control nuestro podrían llegar a ser.
Tuvimos control de estas áreas. En estos años 81 y 82 la autoridad era
el CCL, la autoridad de la comunidad”.
832
Las Fuerzas Irregulares Locales (FIL)
1622.
Dentro de la población los que más demostraban determinación y
aptitud recibían entrenamiento militar para integrarse a los combatientes
o quedarse con la población para su defensa. Con esa finalidad se crearon,
a partir de 1979-1980 las Fuerzas Irregulares Locales (FIL) así llamadas en
contraposición a las fuerzas regulares. Estos núcleos clandestinos también
jugaron un papel importante dentro de la concientización de la población
en cuanto enlaces entre ésta y la vanguardia armada.
“[Las FIL] era la organización dentro de la población de una estruc-
tura destinada al trabajo militar o al trabajo en apoyo al trabajo mi-
litar y a la autodefensa de la propia población, entonces sí ya era una
829 Testigo (ex combatiente del EGP) CEH. (T.C. 375).
830 C 485. Noviembre, 1982. San Martín Jilotepeque, Chimaltenango. C 500. Febrero, 1982. San
Martín Jilotepeque, Chimaltenango.
831 Testigo (ex altos mandos y dirigentes del EGP) CEH. (T.C. 207).
832 Testigo (ex dirigentes del EGP) CEH. (T.C. 145).
294
estructura creada, preparada, entrenada, trabajada para los aspectos
militares o las actividades paramilitares, empezando por la autode-
fensa en su comunidad y siguiendo en apoyo a las unidades militares
que tuvieran adheridas allí...”
833
1623.
Las FIL, también llamadas en algún momento Fuerzas Guerrille-
ras Locales, estaban organizadas en escuadras de unos seis efectivos cada
una y recibían formación política y entrenamiento militar muy básico. De-
sempeñaban tareas de autodefensa y de apoyo a las unidades guerrilleras
permanentes. Las Fuerzas Guerrilleras Distritales (FGD), por ejemplo,
eran compuestas por un núcleo principal de unos tres combatientes per-
manentemente alzados al cual se juntaba un grupo de unos diez o doce que
provenían de las FIL. En ciertos casos en apoyo de las FGD iban también
personas pertenecientes a las células clandestinas, pero no organizadas en
FIL, que querían alzarse solamente por un tiempo determinado. Estas per-
sonas, sin embargo, operaban en áreas limitadas, “de manera que no conoz-
can los secretos generales de la organización”.
834
1624.
Aunque recibieran entrenamiento militar, que a veces incluía tiro,
a las FIL no se les entregaban armas, “ese tiempo que estaba incorporado era
el tiempo en que tenía una arma luego después iba para su casa se le recogía el
arma y se iba para su casa como cualquier otro civil”.
835
Con respecto a su
apoyo en operaciones militares, las FIL estaban bajo el mando directo del
jefe de unidad militar que las seleccionaba y dirigía, los CCL sólo las ma-
nejaban desde un punto de vista organizativo.
“Venía un jefe militar de cualquier unidad, si se le necesitaba él bus-
caba contacto con el CCL y le decía, ‘necesito tantos compañeros, o tan-
tas escuadras, o tal personal para hacer estas actividades’; ellos seleccio-
naban al personal, en operaciones participaba siempre con el FIL, era
el responsable de ellos, bajo su responsabilidad entraban algunas tareas,
al terminar se los llevaba de regreso a la población...”
836
“La idea total de las FIL era llegar a que finalmente ellas tuvieran
una preparación tal, y la organización tuviera la posibilidad tam-
bién, de finalmente entregarles armamento, que lo tuvieran ellas”.
837
833 Testigo (ex altos mandos del EGP) CEH. (T.C. 154).
834 Testigo (ex altos mandos del EGP) CEH. (T.C. 206).
835 Testigo (ex altos mandos del EGP) CEH. (T.C. 154).
836 Ibid.
837 Testigo (ex alto mando del EGP) CEH. (T.C. 156).
295
1625.
Las operaciones militares para las cuales la vanguardia armada se
apoyaba en la participación de las FIL eran mayormente emboscadas y sa-
botajes.
“Iban a ayudar y era una emboscada que se iba a hacer contra el
Ejército, ellos [las FIL] iban y se ponían en la segunda línea, no en
la primera, en la primera estaban los armados, se ponían en la se-
gunda para que fueran participando en el combate, aun desarmados,
y para que ayudaran a la hora cualquier cosa ... entonces empezaban
a involucrarse; posteriormente, según la disposición y la preparación
de estos compañeros de las FIL, se les seleccionaba: ‘a la próxima te
vamos a dar un arma y vas a ir participar junto con nosotros en una
acción’. Terminada la operación regresaba a su casa y seguía siendo
población civil...”
838
1626.
En acciones de sabotajes hubo casos en que participó la población
organizada en su conjunto, sobre todo en el período de levantamiento de
1980-1981:
“Cuando empezamos a hacer los sabotajes, sobre todo a los postes y
las carreteras, nosotros no teníamos explosivos, entonces lo que ha-
cíamos era organizar a la población, que se llevara piochas, almá-
danas para golpear los postes de concreto y hachas para botar los pos-
tes de madera...”
839
“Nosotros apoyamos a la guerrilla con comida y también a veces los
guerrilleros vinieron a sacarnos de noche de nuestras casas para hacer
hoyos en la carretera o sabotear postes de luz. A veces teníamos que ca-
minar toda la noche para hacer tal sabotaje en otro municipio...”
840
1627.
Algunas formas de autodefensa ya se habían implementados a
partir de 1973-1974 en las comunidades alejadas del Ixcán y más tarde
en el área Ixil (Quiché), sin embargo fue con la ofensiva del Ejército en
1981-1982 y para proteger a las Comunidades de Población en Resisten-
cia, cuando los mecanismos de autodefensa se desarrollaron y perfeccio-
naron.
“Nosotros queríamos que la gente hiciera sus planes de autodefensa
con todos los criterios que nosotros podíamos y la gente nunca lo en-
838 Testigo (ex altos mandos del EGP) CEH. (T.C. 154).
839 Ibid.
840 C 6251. Agosto, 1982. San Rafael La Independencia, Huehuetenango.
296
tendía porque todavía no había sentido la amenaza directa o no ha-
bía entendido la necesidad de aplicar sus elementos de autodefensa ...
en eso se viene la ofensiva y entonces se dan cuenta de que había una
razón y entonces ya todo el mundo se coloca en pie de guerra y empie-
za a hacer su plan de autodefensa”.
841
1628.
La forma básica de autodefensa, que aseguraba clandestinidad y
protección, era el respeto del principio de compartimentación:
“Lo que pasa es que este mi familiar, cuando trabajó, el no contaba
lo que hacía y sólo él sabía adonde iba, sin dar a conocer a mi mamá
o a mis hermanos ... en mi caso yo sé quién es él que me manda a rea-
lizar mi tarea y lo planificamos, así fue con él, yo sólo andaba tras de
ellos y no sabía con quién habían planeado y con quién habían ha-
blado”.
842
1629.
Dentro de la población fueron también implementados sistemas
de información preventiva y planes de emergencia para impedir denuncias
y capturas:
“Habían organizado las aldeas de tal modo que sus observadores
avanzados, cuando miraban que iba alguna patrulla, quemaban un
paquete de cohetes, sonaban alguna campana o volaban algún barri-
llete...”
843
“Pusieron ‘postes’ cada noche, cuatro o cinco personas en cerros en ca-
da entrada al caserío, para advertir a la gente si venían los judiciales
o el Ejército ... Los ‘postes’ no informaron a la gente que no fue orga-
nizada, por temor de traición. La gente que se organizó con el EGP
se salvó”.
844
Falta de evaluación objetiva y desequilibrio de fuerzas
1630.
Cuando a partir del segundo semestre de 1981 la población empe-
zó a ser aniquilada de manera sistemática por el Ejército, las formas de au-
todefensa hasta entonces utilizadas se revelaron insuficientes para asegurar-
le protección a la gente. Esta se encontró frente a la nueva situación en to-
da su vulnerabilidad e indefensión.
841 Testigo (ex altos mandos del EGP) CEH. (T.C. 160).
842 Testigo (URNG) CEH. (T.C. 257).
843 Testigo (ex soldado) REMHI.
844 Testigo (ex dirigente a nivel local del EGP) CEH. (T.C. 283).
297
“Las que participaron para enfrentar la ofensiva y las incursiones del
Ejército fueron las que llamamos fuerzas irregulares ... ellos no tenían
armas, prácticamente lo que tenían eran armas caseras, molotov, mi-
nas, trampas...”
845
“No tuvimos la fuerza para enfrentar estas ofensivas. No creímos que
sucediera esto en nuestro país ... Creíamos que la autodefensa iba a ser
suficiente para enfrentar las ofensivas, pensando que las ofensivas iban
a ser dirigidas contra la fuerza guerrillera, nunca pensamos que fue-
ran contra la población”.
846
1631.
Los altos mandos del EGP, evaluando posteriormente su incapaci-
dad de hacer frente a la gran ofensiva del Ejército de 1982, reconocieron
haber subestimado la magnitud de sus planes aniquiladores y al mismo
tiempo sobrestimado la capacidad de autodefensa de la población.
“En la realidad no hubo una valoración correcta de la estrategia del
Ejército, siempre pesó la idea de que no iban a llegar tan lejos, o que
la autodefensa, cosas que se sobrestimaban tanto, la autodefensa de las
comunidades. Allí no van a entrar, allí hay FIL, allí tienen algunas
armas, allí tienen claymore para defenderse, las trampas ... A esas al-
turas yo estoy convencido de que no había una valoración justa de lo
que estaba ocurriendo, y menos aún de lo que estaba por venir...”
847
La población organizada y su resentimiento hacia la guerrilla
1632.
“La guerrilla no tenía la capacidad de defender a la población. No te-
nía los elementos ni las armas para luchar una guerra, sólo poseía unos tristes
rifles, a veces escopetas”.
848
La población organizada se sintió abandonada
por la vanguardia armada que en su fase de repliegue hacia el norte la de-
jó abandonada frente a las operaciones de tierra arrasada del Ejército:
“Cuando empezó la violencia más dura, la guerrilla ya no estaba, tal vez ellos
pensaron que casi toda la gente se había ido al pueblo, pero nosotros nos que-
damos aquí nada más y cuando llegaron los soldados estábamos solos”.
849
“En el 82 se vio que fracasábamos. Hubo un tiempo en que la guerri-
lla no hacía nada. En el momento en que se fueron todos para la mon-
taña nos quedamos solos. No había presencia de la URNG”.
850
845 Testigo (ex dirigentes del EGP) CEH. (T.C. 243).
846 Testigo (ex dirigentes del EGP) CEH. (T.C. 244).
847 Testigo (ex alto mando del EGP) CEH. (T.C. 23).
848 Testigo (ex miembro de CCL del EGP) CEH. (T.C. 72).
849 Testigo (autoridades comunitarias de Quiché) CEH. (T.C. 280).
850 Testigo (ex miembro de CCL del EGP) CEH. (T.C. 65).
298
“La guerrilla no hizo nada para proteger la gente. Simplemente deja-
ron al Ejército masacrar las aldeas...”
851
1633.
Los mismos dirigentes del EGP reportan el rencor de la gente,
“porque la guerrilla solos nos dejaron y se fueron, claro, tienen un resentimien-
to, nunca entendieron qué fue lo que pasó, porque se fueron y nos dejaron so-
los. Hay rencor...”
852
1634.
Muchos se sintieron traicionados porque la organización guerrille-
ra incumplió sus promesas: “Cuando llegó el Ejército la guerrilla ya no ac-
tuaba, sino que sólo hostigaba y la población era la que pagaba, porque en la
realidad no pudimos tener la fuerza, de toda la política que nos dijeron no se
cumplió nada y nosotros sufrimos tantas bajas...”
853
“Ellos señalaron una fecha y en ese día iban a liberar a Guatemala,
el 9 de marzo de 1981, sí, en ese día iban a liberar Guatemala, iba
a quedar libre la gente, pero pasó un año, pasaron dos años...”
854
La coordinación militar entre
las cuatro organizaciones guerrilleras
1635.
Pese el proceso unitario y la creación de la URNG, el 7 de febrero
de 1982, cada organización siguió manteniendo su propia identidad. Los
frentes de cada una operaban de forma independiente, conforme a sus po-
sibilidades y a la misma presencia y distribución del Ejército en las diferen-
tes áreas. A veces organizaron campañas militares comunes con el fin de
contrarrestar los planes del Ejército, como en el caso de la ofensiva de 1978
bajo el gobierno de Lucas García. “La característica es que cada quien lo iba
haciendo en su propio terreno, básicamente cortar las comunicaciones, carrete-
ras”.
855
Otro ejemplo fue en el año 1981 cuando acordaron desarrollar una
campaña de solidaridad con el Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN) de El Salvador, que afectó de manera parcial las opera-
ciones militares del Ejército de Guatemala.
856
1636.
Si por un lado la creación de la URNG fue debida principalmen-
te a presiones exteriores, por el otro nació de la necesidad de coordinación
en una fase de reflujo de las organizaciones guerrilleras frente a la ofensiva
851 C 6251. Agosto, 1982. San Rafael La Independencia, Huehuetenango.
852 Testigo (entrevista con ex dirigentes del EGP) CEH. (T.C. 145).
853 Testigo (autoridades comunitarias de Quiché) CEH. (T.C. 286).
854 Testigo (autoridades comunitarias de Quiché) CEH. (T.C. 158).
855 Testigo (ex altos mandos de la URNG) CEH. (T.C. 274).
856 Como lo reconoció el mismo Ejército de Guatemala, en el plan de campaña Consolidación Na-
cional 86, anexo A, resumen de Inteligencia: “Fijar al Ejército en el territorio nacional para impe-
dir o reducir cualquier posibilidad de intervención de este en El Salvador o Nicaragua. En esto, los te-
rroristas han tenido un relativo éxito, ya que con la actividad que desplegaron, consiguieron que el
Ejército usara la mayor parte de sus recursos en operaciones contraterroristas en el territorio nacional,
sin posibilidad de operar fuera de las fronteras patrias”.
299
del Ejército. Sin embargo no había una dirección orgánica, siendo la acti-
vidad de cada organización centrada en recomponerse de los golpes del
enemigo. Este aspecto fue agudizado por la dispersión geográfica de sus
frentes. Mientras que el Ejército lanzaba su ofensiva general la combina-
ción de fuerzas guerrilleras era imposible: el EGP tenía esencialmente sus
bases en el norte de Quiché y Huhuetenango, la ORPA en San Marcos y
las FAR en Petén.
1637.
Las decisiones operacionales seguían bajo el mando de cada frente.
“En la dirección máxima se discutían asuntos generales, se tomaban decisiones
de hacer determinadas campañas en un determinado tiempo y entonces esta di-
rección emitía sus orientaciones para hacer determinada campaña con tales y
tales objetivos, y las enviaba a cada una de las organizaciones para que las apli-
caran en sus respectivos terrenos”.
857
1638.
La primera experiencia coordinada militarmente, de febrero has-
ta mayo del año 1982, lo fue “por coincidencia geográfica con el Frente Te-
cún Uman de las FAR y el Frente número 5 de la ORPA en la zona de Chi-
maltenango”.
858
En este primer antecedente de unificación de fuerzas para
operaciones militares, donde se juntaron 130 o 140 combatientes, se or-
ganizaron emboscadas en las carreteras, con una de más importancia en
la Carretera Interamericana, y combates en la área montañosa de Chimal-
tenango.
1639.
En períodos precisos, la comandancia de la URNG dio una orien-
tación general como “la indicación de lanzar una ofensiva guerrillera para el
golpe de Ríos Montt, que era a través de tomas de municipios o poblaciones, to-
mas de tramos carreteros, ataques a puestos fijos del Ejército, y cualquier otra
operación de índole militar ...”
859
Se trataba de concentrar fuerzas para lo-
grar una “mayor actividad guerrillera y una mayor presencia política para in-
cidir en determinada coyuntura”.
860
1640.
La primera experiencia de trabajo militar integrada fue en agosto
1991, cuando se juntaron jefes de las distintas organizaciones para la crea-
ción del Frente Unitario (FU) en vista de la toma de Escuintla. “Esa fue
la primera concreción de unir fuerzas, que establecía una especie de coordina-
ción militar unitaria”.
861
La integración al FU se hizo de forma voluntaria
y selectiva. “Se planifican las campañas que va a desarrollar el Frente Uni-
tario formado por fuerzas de FAR, EGP, ORPA y actuando en el área donde
857 Testigo (ex altos mandos de la URNG) CEH. (T.C. 271).
858 Testigo (ex altos mandos de la URNG) CEH. (T.C. 274).
859 Ibid.
860 Ibid.
861 Ibid.
300
ORPA tenía el Frente Javier Tambriz, incluidos no contingentes pero sí indi-
viduos combatientes provenientes del PGT...”
862
1641.
El Frente Javier Tambriz fue la base para la creación del Frente Uni-
tario pues, el lugar de implantación de este frente de la ORPA tenía una
importancia geopolítica: “es esta la organización, que por la ubicación estra-
tégica de sus frentes guerrilleros, logra mantener vigente durante el año la exis-
tencia de un conflicto armado ante la opinión internacional y un clima de gue-
rra y de terrorismo ante la opinión nacional”.
863
1642.
A partir del año 1991, la estratégia común consistió en la con-
centración de operaciones militares en un período de tiempo y en espa-
cio determinados, “como por ejemplo, todos los frentes del 13 de marzo al
13 de abril van a operar a lo largo y ancho de la República guatemalteca,
van a hacer los máximos esfuerzos”.
864
A veces esa modalidad tomaba la for-
ma de una ofensiva unitaria por operaciones rotativas: “Por ejemplo, en
un mes cada una de las organizaciones hacía sus actividades en un período
de tiempo, después la otra y después la otra”.
865
Esas concentraciones de ope-
raciones militares al nivel unitario tenían como objetivo influir en mo-
mentos precisos en las negociaciones de paz: “Al hacer un esfuerzo para
utilizar al máximo nuestros recursos humanos, bélicos y políticos, al juntarlos
se lograba ver un buen producto de actividades guerrilleras; fue muy impor-
tante que diéramos esa prueba de fuerza, cuando la negociación estaba lle-
gando a su fase final...”
866
1643.
En 1995 fue creada la Instancia Militar Unitaria (IMU), de tres
miembros, que integraba los jefes de Estado Mayor de cada una de las tres
más importantes organizaciones. La URNG como tal nunca organizó ope-
raciones en la capital. Las diferentes organizaciones consideraban que de
manera general era difícil concebir actividades militares en este contexto.
862 Testigo (ex altos mandos del EGP) CEH. (T.C. 147).
863 Ejército de Guatemala, plan de campaña Fortaleza por la Paz 91, anexo A, resumen de Inteligen-
cia.
864 Ibid.
865 Ibid.
866 Ibid.
VIII. MARCO JURÍDICO
1644.
El mandato recibido por la CEH en virtud del Acuerdo de Oslo
del 23 de junio de 1994, establece como finalidades de su actividad, “escla-
recer con toda objetividad, equidad e imparcialidad las violaciones a los dere-
chos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la po-
blación guatemalteca, vinculados con el enfrentamiento armado”.
1645.
El presente capítulo expone las estrategias, tácticas y estructuras
empleadas por las Partes del conflicto armado interno y los hechos consti-
tutivos de violaciones de los derechos humanos o de violencia que han cau-
sado sufrimientos a la población guatemalteca. Culmina con las conviccio-
nes alcanzadas por esta CEH respecto de las violaciones cometidas y las
responsabilidades que se desprenden o pueden derivar de estos hechos.
1646.
En fiel aplicación del mandato aludido líneas arriba, este capítulo
contiene un relato analítico de los diversos hechos violatorios de derechos
humanos o de violencia, elaborado con estricto apego a la convicción de
verdad que logró alcanzar respecto de dichas circunstancias.
1647.
La CEH tomó como marco de referencia para fundamentar sus
opiniones y formarse la convicción que en cada caso se expone, normas ju-
rídicas de aplicación general. Dichas normas forman parte de la concien-
cia civilizada del mundo moderno.
1648.
La mayor parte de estas normas está contenida en tratados inter-
nacionales, muchos de los cuales fueron ratificados por el Estado de Gua-
temala y, en consecuencia, le resultaban de obligatorio cumplimiento. En
otros casos, se trata de normas consuetudinarias que la comunidad inter-
nacional reconoce como derecho, o de normas que constituyen principios
jurídicos generalmente aceptados.
867
1649.
El derecho convencional de los derechos humanos, impone obli-
gaciones a los Estados que han suscrito y ratificado los tratados respectivos.
301
VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS
867 Theodor Meron, Human Rights and Humanitarian Norms as Costumary Law, pg. 93 et seq. véase
también: The American Law Institute, Restatement of the Law, The Foreign Relations Law of the
United States, Vol. 2, 1987, pg. 161 párr. 702.
En el caso de Guatemala muchos de estos instrumentos fueron ratificados
a finales del conflicto armado o con posterioridad a la firma de los Acuer-
dos de Paz. Sin embargo, en la mayoría de los casos el contenido sustan-
cial de los compromisos ya tenía valor de derecho consuetudinario o de
principio jurídico generalmente reconocido por la comunidad internacio-
nal, muchas décadas antes, al inicio del enfrentamiento armado.
1650.
Parte de dichas normas conforma lo que se conoce como el dere-
cho internacional humanitario, cuya finalidad es la humanización de los
conflictos armados. También conocido como el derecho de los conflictos
armados, impone límites a las actuaciones de los grupos enfrentados en un
conflicto, resultando obligatorias para todos los combatientes. De este mo-
do, en las conclusiones se hará referencia expresa a las infracciones al dere-
cho internacional humanitario, cometidas por cualquiera de los obligados
a respetarlo.
1651.
Vale la pena subrayar que el derecho internacional humanitario y
el derecho internacional de los derechos humanos gozan de una misma co-
munidad de principios. El principio de la inviolabilidad de la persona, que
comprende el derecho a la vida, a la integridad física y mental, y a los atri-
butos de la personalidad, es un principio común de ambos cuerpos nor-
mativos, que todas las partes de un enfrentamiento armado se encuentran
en la obligación de respetar, como han destacado reiteradamente la Asam-
blea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
1652.
Por último, la CEH estimó necesario considerar entre las normas
de derecho aplicables, aquellas del derecho constitucional que reconocían
los derechos humanos. Por esta razón debe tenerse en cuenta que Guate-
mala, en el Artículo 46 de la Constitución vigente de 1985, reconoce la
prevalencia de la normativa internacional sobre el derecho interno cuando
se trate de normas de derechos humanos. Cabe anotar que todas las cons-
tituciones tienen un artículo que contiene una cláusula abierta de protec-
ción de derechos, por la cual aquellas no sólo reconocen y protegen los de-
rechos enunciados o enumerados en su texto, sino también otros no espe-
cificados pero que son inherentes a la dignidad humana.
868
Esta cláusula
302
868 Los textos constitucionales vigentes durante el enfrentamiento tienen los siguientes artículos:
Constitución de 1956, Artículo 72: “La enumeración de los derechos garantizados en este título no
excluye los demás derechos que esta Constitución establece, ni otros de naturaleza análoga que se de-
riven del principio de soberanía del pueblo, de la forma republicana y democrática de gobierno y de
la dignidad del hombre”; Constitución de 1965, Artículo 77: “Los derechos y garantías que otorga
la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la
persona humana”; Estatuto de Gobierno de 1982, Artículo 23, inciso 20: “Los derechos y garan-
tías individuales contenidas en los numerales anteriores de este artículo, no implican exclusión de cua-
lesquiera otros no especificados que sean inherentes a la persona humana”; Constitución de 1985,
Artículo 44: “Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Cons-
titución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona
humana. El interés social prevalece sobre el interés particular...”
crea un puente con los derechos humanos reconocidos en el derecho inter-
nacional y les da fuerza jurídica.
869
1653.
En consecuencia, un mismo hecho puede transgredir uno o más de
los sistemas normativos mencionados, tanto en el ámbito internacional co-
mo en el nacional.
Análisis del mandato de la CEH
1654.
Considerando que el Acuerdo de Oslo se refiere a “violaciones a los
derechos humanos”, se estimó pertinente que la CEH precisara qué debe en-
tenderse por tales a los efectos de la aplicación de su mandato.
1655.
Como se ha mencionado antes, la CEH ha entendido como dere-
chos humanos todos aquellos que están reconocidos en los convenios, tra-
tados u otros instrumentos internacionales en vigor, aquellos que tienen su
origen en el derecho consuetudinario internacional y en los principios ge-
nerales reconocidos por la comunidad internacional, y los que están reco-
nocidos como tales en el ordenamiento jurídico guatemalteco.
1656.
Siguiendo exclusivamente un criterio jurídico con carácter univer-
sal, la CEH entiende como violación de los derechos humanos toda acción
u omisión realizada por los poderes, órganos, funcionarios o agentes del
Estado actuando en el desempeño de sus funciones, mediante la cual sean
vulnerados los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico guate-
malteco o internacional. También se entienden como violaciones de los de-
rechos humanos las acciones u omisiones, cometidas por particulares, con
la colaboración, consentimiento, apoyo, tolerancia o aquiescencia de los
poderes, órganos, agentes o funcionarios del Estado, que violen los dere-
chos antes mencionados. Igualmente cuando se trata de una violación co-
metida por terceros, aunque originalmente no haya sido de conocimiento
del Estado, es de responsabilidad del mismo investigar, juzgar, sancionar,
ejecutar la sanción y garantizar la reposición a la situación previa a la vio-
lación, o en su caso, la reparación. En el supuesto de que esto no ocurra,
el Estado responde internacionalmente por la referida violación de los de-
rechos humanos.
1657.
Los hechos que tuvieron lugar en Europa entre las dos guerras
mundiales, demostraron la necesidad de elaborar un ordenamiento que
contemplara aquellas situaciones en las cuales el Estado, cuya función ori-
303
869 La Corte de Constitucionalidad de Guatemala interpreta el Artículo 44 de la Constitución de
1985 sobre el reconocimiento de derechos inherentes a la persona humana, como un “reconoci-
miento a la evolución en materia de derechos humanos” y señala que tal artículo permite “ingresar
al ordenamiento jurídico interno aquellas normas que superen el reconocimiento explícito de los de-
rechos que ella [la Constitución] posee”, debiéndose buscar una conclusión que armonice antes
que la que coloque en pugna los distintos preceptos. Opinión Consultiva de la Corte de Cons-
titucionalidad. Guatemala, 18 de mayo de 1995. En: Iudicium et Vita N° 6, julio 1998. Juris-
prudencia nacional de América Latina de derechos humanos. San José, Costa Rica, IIDH, pgs.
47-60.
ginaria es proteger a sus ciudadanos, se pervierte al convertirse en su agre-
sor. Surge en consecuencia un ordenamiento jurídico internacional, en el
cual los Estados se comprometen a cumplir obligaciones respecto a las per-
sonas, a las que por su propia naturaleza y condición humana reconoce un
conjunto de derechos y establece garantías, algunas de las cuales son ina-
lienables e inderogables, bajo cualquier circunstancia.
1658.
En este sentido, la obligación de respetar los derechos humanos re-
cae sobre los Estados, entidades que disponen de la capacidad para garan-
tizar su cumplimiento a través de los órganos del poder público.
1659.
Sin embargo, una violación de los derechos humanos, también
puede provenir de la actuación de un particular, si dicho hecho se ha pro-
ducido con el apoyo o la tolerancia del poder público; en este supuesto el
Estado incumplió su obligación de garantizar estos derechos. El Estado
también incumple su deber de protección respecto de hechos violatorios
perpetrados por terceros, aunque no los haya conocido originalmente,
cuando una vez realizados no los investiga, juzga y sanciona.
1660.
Sin perjuicio de lo señalado, como se desarrollará más adelante,
además del derecho internacional de los derechos humanos al que nos ve-
nimos refiriendo, existe el derecho internacional humanitario, cuya finali-
dad es lograr la humanización de los conflictos armados, imponiendo lí-
mites jurídicos a las actuaciones de los grupos que intervienen en el enfren-
tamiento.
1661.
Las normas del derecho internacional humanitario son vinculan-
tes no solamente con respecto de conflictos armados internacionales. Sus
reglas básicas también son aplicables a los actores de un conflicto arma-
do no internacional (Estado y grupos insurgentes), su quebrantamiento
puede ser constitutivo de crímenes de guerra. En consecuencia, tratán-
dose de la actividad de grupos armados irregulares, su responsabilidad ju-
rídica proviene de la infracción de las normas del derecho de los conflic-
tos armados, sin perjuicio de la existencia de principios comunes al de-
recho internacional humanitario y al derecho internacional de los dere-
chos humanos.
1662.
La CEH entiende por hechos de violencia, todas aquellas acciones
u omisiones vinculadas con el enfrentamiento armado interno cometidas
por grupos organizados o individuos que los integran, y que constituyen
una infracción al ordenamiento jurídico interno, al derecho internacional
humanitario, a los principios comunes a este ordenamiento y al sistema
normativo del derecho internacional de los derechos humanos.
1663.
La CEH entiende como vinculado con el enfrentamiento armado
todo hecho acaecido con motivo u ocasión del enfrentamiento armado in-
terno o que forme parte de las estrategias o de las ideologías confrontadas
en él o en el que el autor se prevalece de su condición de parte en el en-
304
frentamiento o en el que la víctima lo es por su relación con el mismo o
porque se le considera vinculada a dichas ideologías.
Derecho Internacional de los Derechos Humanos
1664.
Al término de la segunda guerra mundial, y particularmente desde
la creación en 1945 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se
ha venido desarrollando un conjunto de instrumentos, principios y prác-
ticas, cuya finalidad última es la protección de los derechos esenciales e in-
herentes a la condición humana.
1665.
En el estatuto de la organización mundial, la Carta de las Nacio-
nes Unidas, los Estados miembros se comprometieron a trabajar para lo-
grar “el respeto universal a los derechos humanos”. El Artículo 1 de dicha car-
ta, dispone que uno de los objetivos del organismo internacional, es “rea-
lizar la cooperación internacional ... en el desarrollo y estímulo del respeto a los
derechos humanos”.
1666.
Estos derechos se plasmaron en la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos, adoptada sin votos en contra y proclamada por la Asam-
blea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948. Al adoptar la Decla-
ración Universal, los Estados miembros de las Naciones Unidas acordaron
que a cualquier persona le asisten todos los derechos y libertades proclama-
dos en dicha declaración (Artículo 2).
1667.
No obstante que la Declaración Universal no cuenta con la fuerza
vinculante propia de un tratado, existe consenso entre los miembros de la
comunidad internacional en que el denominado “núcleo duro” de dicho
instrumento, posee el valor jurídico del derecho consuetudinario y, por lo
tanto, resulta de obligado cumplimiento. Entre los derechos protegidos
podemos mencionar el derecho a la vida y la integridad física, incluyendo
la prohibición de la tortura en cualquiera de sus variantes. Igual valor con-
suetudinario se extiende a la prohibición del genocidio. En efecto, el Artí-
culo 3 de la Declaración Universal establece: “Todo individuo tiene derecho
a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.
1668.
El Estado de Guatemala es miembro de la Organización de Nacio-
nes Unidas, por tanto dichos derechos esenciales contenidos en la Decla-
ración Universal de 1948, resultan plenamente aplicables a lo largo de to-
do el período del enfrentamiento armado que se encuentra bajo su man-
dato, y, por lo tanto, han sido jurídicamente obligatorios.
1669.
Similares consideraciones se pueden formular respecto de la Decla-
ración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, que re-
presenta la expresión regional de la Declaración Universal, y que en su Ar-
tículo 1 establece que “todo ser humano tiene derecho a la vida y a la seguri-
dad de su persona”.
1670.
Con posterioridad a 1945, la comunidad internacional ha aproba-
305
do diversos tratados que contienen normas sobre derechos humanos, y los
órganos internacionales o regionales han adoptado diversas resoluciones
en las que han manifestado su preocupación por las violaciones de los de-
rechos humanos en diversos países; se han creado organismos y procedi-
mientos para tratar asuntos relativos a derechos humanos; se han confia-
do tareas a personas o grupos de trabajo compuestos por expertos ajenos
a la Secretaría General de las Naciones Unidas; se han organizado progra-
mas para divulgar información sobre la materia, y se han elaborado estu-
dios y organizado operaciones sobre el terreno para supervisar y promo-
ver su respeto.
1671.
Especial mención merece la Convención para la Prevención y San-
ción del Delito de Genocidio del 9 de diciembre de 1948, ratificada por el
Estado de Guatemala el 13 de enero de 1950. En consecuencia, este ins-
trumento tuvo fuerza vinculante para Guatemala durante todo el período
del conflicto armado.
1672.
En 1966 la ONU adoptó el Pacto Internacional de Derechos Ci-
viles y Políticos, que reitera como garantías esenciales el derecho a la vida,
a la libertad y a la seguridad de las personas y prohibe la privación arbitra-
ria de la vida.
1673.
Igualmente, las Naciones Unidas han adoptado declaraciones so-
bre temas específicos que desarrollan o amplían derechos. Entre éstas cabe
mencionar, la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales, aproba-
da y proclamada el 27 de noviembre de 1978; la Declaración sobre la Eli-
minación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas
en la Religión o las Convicciones, proclamada en la Asamblea General el
25 de noviembre de 1981, y la Declaración sobre los Derechos de las Per-
sonas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüís-
ticas, aprobada por la Asamblea General el 18 de enero de 1992.
1674.
En diversas partes del mundo se han creado organizaciones de ca-
rácter intergubernamental, que cuentan entre sus objetivos la protección a
los derechos humanos, como ocurre en el ámbito regional con la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA). Estas organizaciones han aprobado
tratados regionales sobre el tema, entre los cuales se pueden señalar la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de
San José, firmada en la capital costarricense el 22 de noviembre de 1969;
la Convención Europea de Salvaguardia de los Derechos Humanos y las
Libertades Fundamentales, proclamada en Roma el 4 de noviembre de
1950; la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, adopta-
da en Nairobi, Kenia, en junio 1981.
1675.
Conforme a lo señalado, el derecho internacional de los derechos
humanos puede ser definido como el conjunto de normas internacionales
de índole convencional y consuetudinaria, cuyo objeto y fin es la protec-
306
ción de los derechos fundamentales de los seres humanos, con indepen-
dencia de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a
los otros Estados que hayan suscrito dichos acuerdos.
1676.
El Estado de Guatemala es parte de diversos tratados sobre dere-
chos humanos. Entre otros, Guatemala ratificó: la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, el 25 de mayo de 1978; la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en
1982; la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las For-
mas de Discriminación Racial el 18 de enero de 1983; la Convención Re-
lativa a la Lucha Contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñan-
za el 4 de febrero de 1983, la Convención sobre el Estatuto de los Refu-
giados el 22 de noviembre de 1983, la Convención Suplementaria sobre la
Abolición de la Esclavitud, la trata de Esclavos y las Instituciones y Prácti-
cas Análogas a la Esclavitud el 16 de junio de 1983; la Convención Inte-
ramericana para Prevenir y Sancionar la Tortura el 29 de enero de 1987; el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en
1988; la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos
y Degradantes en 1990; la Convención sobre los Derechos del Niño tam-
bién en 1990; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en
1992; y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradi-
car la Violencia contra la Mujer el 4 de abril de 1995, y el Convenio 169
Sobre Pueblos Indígenas y Tribales el 06 de junio de 1996.
870
1677.
Como se puede apreciar, no todos los instrumentos mencionados
fueron ratificados desde el principio del enfrentamiento armado y por en-
de no formaban parte del derecho convencional durante el mismo. No
obstante lo anterior, cabe considerar que el derecho consuetudinario inter-
nacional y los principios generales reconocidos por la comunidad interna-
cional, obligan al Estado a respetar los derechos esenciales de los indivi-
duos y de los grupos, máxime si las constituciones indican que garantizan
los derechos inherentes a la dignidad humana aunque no estén expresa-
mente consignados en sus textos. La CEH estima que dentro del núcleo
duro de derechos se encuentran el derecho a la vida, a la integridad física,
a la libertad personal y a las garantías judiciales básicas. Cabe tener en
cuenta, también, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
307
870 La Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, entró en vigor en 1951;
la Convención Americana sobre Derechos Humanos entró en vigor el 22 de noviembre de 1969;
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en-
tró en vigor el 3 de septiembre de 1981; la Convención Internacional sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Racial entró en vigor 4 de enero 1969; la Convención con-
tra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes entró en vigor el 26 de
junio de 1987; el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales entró en
vigor el 3 de enero de 1976; la Convención sobre los Derechos del Niño entró en vigor el 2 de
septiembre de 1990; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos entró en vigor el 23
de marzo de 1976 y el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales entró en vi-
gor en 1991.
ha considerado que el derecho colectivo de los pueblos indígenas a su pro-
pia vida cultural es parte del derecho consuetudinario internacional.
871
1678.
La CEH toma como marco de referencia tanto el derecho conven-
cional como el derecho consuetudinario internacional y los principios ge-
nerales reconocidos por la comunidad internacional.
Derecho Internacional Humanitario
1679.
El derecho internacional humanitario procura el respeto de dere-
chos mínimos o inderogables en caso de conflicto armado, intenta civi-
lizarlo mediante la aplicación de principios tales como el respeto a la po-
blación civil, la atención y cura de heridos, el trato digno a las personas
prisioneras y la protección de los bienes indispensables para la supervi-
vencia. Esta normativa, crea un espacio de neutralidad en la medida en
que pretende disminuir las hostilidades, minimiza sus efectos sobre la
población civil y sus bienes, y busca un trato humanitario para los com-
batientes, heridos o prisioneros.
1680.
En nuestros días, el derecho internacional humanitario está con-
formado fundamentalmente por los cuatro Convenios de Ginebra del año
1949 que tratan, respectivamente, de los Heridos y Enfermos en Campa-
ña (Primer Convenio); de los Heridos, Enfermos y Náufragos de las Fuer-
zas Armadas en el mar (Segundo Convenio); de los Prisioneros de Guerra
(Tercer Convenio) y de las Personas Civiles (Cuarto Convenio). Estos
Convenios fueron aprobados en una Conferencia Diplomática internacio-
nal celebrada en Ginebra entre abril y agosto de 1949. Fueron ratificados
por Guatemala en el año 1952.
872
1681.
El Artículo 3, común a dichos Convenios, contiene normas míni-
mas de respeto aplicables a los conflictos armados internos o que no po-
308
871 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió en el caso de los yanomami del Bra-
sil aplicar el Art. 27 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos sobre el derecho
de tener, en común con los demás miembros del grupo, la propia vida cultural, profesar y prac-
ticar la propia religión y usar el propio idioma, aunque el Brasil no era signatario de dicho pac-
to. La Comisión ha utilizado dicho artículo en otros casos de indígenas para sustentar sus dere-
chos colectivos. Véase: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso Yanomami, Re-
solución N° 12/85, Caso N° 7615 (Brasil). Véase comentarios en: S. James Anaya, Indigenuos
Peoples in International Law. New York-Oxford. Oxrfod University Press, 1996, pg. 100. Y en
Revista IIDH, N° 26, Julio-Diciembre 1997, pgs. 140-144.
872 Los cuatro Convenios fueron ratificados por Guatemala así: El Convenio para Aliviar la Suerte
que Corren los Heridos y Enfermos de las Fuerzas Armadas en Campaña, fue aprobado por el
decreto 881 del 16 de abril de 1952, ratificado el 14 de mayo de 1952 y publicado en el Diario
Oficial el 3 de septiembre de 1952. El Convenio para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos,
los Enfermos y los Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar, fue aprobado por el decreto 881
del 16 de abril de 1952, ratificado el 14 de mayo de 1952 y publicado en el Diario Oficial el 1
y 2 de septiembre de 1952. El Convenio Relativo al Trato Debido a los Prisioneros de Guerra,
fue aprobado por el Decreto 881 del 16 de abril de 1952 y publicado en el Diario Oficial el 2 y
3 de septiembre de 1952. El Convenio Relativo a la Protección Debida a las Personas Civiles en
Tiempo de Guerra, fue aprobado por el decreto 881 del 16 de abril de 1952, ratificado el 14 de
mayo de 1952 y publicado en el Diario Oficial el 3 de septiembre de 1952.
seen una dimensión internacional. Esta disposición establece textualmen-
te lo siguiente:
“En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que
surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una
de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como míni-
mo, las siguientes disposiciones:
1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades,
incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depues-
to las armas y las personas puestas fuera de combate por enferme-
dad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas
las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna
de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la
creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro crite-
rio análogo.
A este respecto, se prohibe, en cualquier tiempo y lugar, respecto a
las personas arriba mencionadas:
a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especial-
mente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los
tratos crueles, la tortura y los suplicios;
b) la toma de rehenes;
c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tra-
tos humillantes y degradantes;
d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un
tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales re-
conocidas como indispensables por los pueblos civilizados.
2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos.
Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Interna-
cional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes en con-
flicto.
Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor,
mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposi-
ciones del presente Convenio.
La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el
estatuto jurídico de las Partes en conflicto”.
1682.
Los Convenios ratificados por el Estado de Guatemala son jurídi-
camente vinculantes. Además, el Artículo 3 común de los Convenios de
309
Ginebra de 1949, tiene vigencia como norma de derecho consuetudinario,
según la jurisprudencia establecida por la Corte Internacional de Justicia
en el caso de Nicaragua/Estados Unidos en 1986.
873
1683.
Sin embargo y no obstante que los cuatro Convenios de Ginebra
continúan vigentes, el carácter cambiante de los enfrentamientos armados
exigió la creación de nuevas medidas. Así, la Conferencia Diplomática so-
bre la Reafirmación y el Desarrollo del Derecho Humanitario Internacio-
nal Aplicable a los Conflictos Armados, reunida en Ginebra entre 1974 y
1977, aprobó los dos Protocolos Adicionales a los Convenios de 1949. El
Protocolo I se refiere a la protección de las víctimas de los conflictos inter-
nacionales. El Protocolo II desarrolla y pormenoriza los principios básicos
establecidos en el Artículo 3 común de los Convenios y trata, en conse-
cuencia, de los conflictos armados no internacionales.
1684.
Por vía ejemplar, se puede mencionar que el Artículo 4 del Proto-
colo II prohibe el homicidio de toda persona que no intervenga directa-
mente en las hostilidades. Ampara a los heridos, los enfermos o comba-
tientes capturados, y a los civiles que no forman parte activa del conflicto.
Esta prohibición de cometer homicidios, posee validez tanto para las fuer-
zas gubernamentales como para todas las partes que intervienen en el con-
flicto, incluidos los grupos armados de oposición.
1685.
El Estado de Guatemala aprobó la ratificación de los Protocolos
Adicionales a los Convenios de Ginebra por Decreto 21-87 del 23 de abril
de 1987, hizo el depósito de la ratificación el 19 de octubre de 1987 y la
publicación en el Diario Oficial, el 6 de septiembre de 1988. En conse-
cuencia, es desde tal fecha que los protocolos integraron el derecho con-
vencional. Sin embargo, esta CEH consideró que las disposiciones conte-
nidas en el Protocolo II recogieron usos y prácticas universalmente acepta-
das como el derecho consuetudinario y/o como los principios jurídicos de
aceptación universal sobre la base del Artículo 3 común. Este es el motivo
por el cual deben ser considerados como un marco de referencia válido y
relevante.
1686.
El Artículo 3 común, antes citado, se refiere a la existencia de un
conflicto armado, como circunstancia de hecho para la aplicación de esta
normativa; tal conflicto debe desarrollarse además en el territorio de una
de las Altas Partes contratantes. Como se puede apreciar, para la aplicación
de las normas del derecho internacional humanitario, las exigencias son
mínimas. Por ejemplo, no se requiere que un movimiento insurgente ejer-
za un control territorial, bastando la existencia de un conflicto armado que
se desarrolle en los límites territoriales del Estado firmante del Convenio.
310
873 International Court of Justice, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua,
sentencia del 27 de junio de 1986, I.C.J. Reports 1986, pgs. 14-114.
1687.
El concepto de conflicto sin carácter internacional o conflicto ar-
mado interno, se aplica a los enfrentamientos armados entre fuerzas guber-
namentales y grupos de oposición armados y organizados, cuando estos
enfrentamientos se ubican dentro del territorio de un Estado. Esta última
exigencia, se cumplió plenamente en Guatemala, toda vez que el conflicto
armado se desarrolló dentro de sus límites territoriales y, precisamente por
este factor, adquirió las características de no internacional.
1688.
Respecto de la guerra de guerrillas que vivió Guatemala desde el
año 1963, con diversas intensidades a lo largo del tiempo, el Estado la ca-
lificó de diferentes formas. En el mensaje al Congreso del presidente Julio
César Méndez Montenegro, emitido el 15 de junio de 1967, éste se refie-
re a la existencia de una “violenta beligerancia”. Más tarde, en el informe del
presidente Carlos Arana Osorio al Congreso, del 1 de julio de 1972, se ca-
lifico la situación como un conjunto de “problemas de orden y seguridad in-
ternos”. En el Decreto Número 4-70 se calificaron los hechos que motiva-
ron la declaración de estado de sitio como “constitutivos de guerra civil”.
1689.
Por su parte, el Ejército de Guatemala, en un artículo publicado en
la Revista Militar del Ejército de diciembre de 1982, señala que el “Alto
Mando del Ejército recomienda la observancia de las leyes de la guerra en lo
referente a la población civil, aunque de hecho, de ninguna manera se está
aceptando que exista una situación de guerra en el territorio nacional”.
1690.
La guerrilla calificó también la situación de diversas formas. Así,
por ejemplo, en la Revista Guatemala en Lucha, organo internacional de las
Fuerzas Armadas Rebeldes, de marzo de 1984, la URNG declara expresa-
mente que la existencia de un conflicto armado obliga a la aplicación del
Derecho Humanitario, y alude de modo explícito al Artículo 3 común de
los Convenios de Ginebra.
1691.
El Artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, no exige que el
conflicto armado responda a características concretas o que presente un
número determinado de operaciones militares o de víctimas. La noción de
conflicto armado del Artículo 3 común implica como mínimo la existen-
cia de hostilidades de índole colectiva que enfrenten fuerzas armadas orga-
nizadas y dirigidas por un mando responsable. En el caso de Guatemala es-
te papel lo cumplieron las fuerzas militares del Gobierno actuando contra
unas organizaciones guerrilleras.
1692.
Entre 1962 y 1996 en Guatemala se prolongó un enfrentamiento
armado cuya intensidad no fue la misma en todo su período. Aun si se
considerara que no todas las fases del enfrentamiento alcanzaron la inten-
sidad mínima de un conflicto armado en el sentido del derecho humani-
tario, eran aplicables los principios comunes al derecho internacional de
los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, principios
que los contendientes también tenían que respetar en toda circunstancia.
311
1693.
La aplicación del Artículo 3 común no depende de ninguna decla-
ración o de un cumplimiento correlativo, porque se fundamenta en prin-
cipios humanitarios y no en la existencia previa de otros requisitos ni en la
capacidad de los contendientes para observarlos: su aplicación es incondi-
cional, inmediata y no recíproca.
1694.
Sobre este último aspecto, vale subrayar que el compromiso de res-
petar y de hacer respetar el Artículo 3 común para las Partes, ha de verifi-
carse y cumplirse “en toda circunstancia”, como lo indica el Artículo 1 co-
mún de los Convenios. Es decir, tanto los miembros del Ejército, como las
organizaciones guerrilleras, tenían la obligación jurídica de respetar las nor-
mas del derecho humanitario durante todo el transcurso del conflicto arma-
do, sin tomar en consideración la intensidad de las operaciones militares, ni
la época o el lugar donde ocurrieron, ni la naturaleza de las hostilidades.
1695.
En las conclusiones que se enunciarán al final del presente capítu-
lo, la CEH expresará su juicio respecto del cumplimiento o la violación de
estas disposiciones obligatorias para ambas partes del conflicto.
Principios comunes a ambos cuerpos normativos
1696.
Como quedó indicado, la aparición en el tiempo de dos órdenes nor-
mativos internacionales diferentes, cuyas finalidades también son diversas,
no es incompatible con la existencia de una comunidad de principios entre
ambos, que forman parte de la conciencia jurídica del mundo civilizado.
1697.
Así por ejemplo, el respeto a la vida humana aparece como princi-
pio rector tanto del derecho internacional humanitario como del derecho
internacional de los derechos humanos. Las especiales circunstancias que re-
gula el derecho humanitario, no impide a éste realizar una clara valoración
del derecho a la vida. Una prueba de ello se reconoce en la prohibición de
atentados, según los términos del Artículo 3 común de los Convenios de
Ginebra. El mismo espíritu jurídico informa también el derecho de los de-
rechos humanos en múltiples tratados internacionales y normas no escritas.
1698.
La prohibición de la tortura en todas sus formas, la defensa de la
integridad física, la ilicitud de todo trato cruel, inhumano o degradante de
la dignidad de la persona, la toma de rehenes, la violación de las garantías
a un proceso justo, la defensa de la libertad del individuo, por señalar al-
gunos de los más preciados derechos que la conciencia del mundo civiliza-
do defiende bajo cualquier circunstancia, constituyen algunos de los prin-
cipios comunes del derecho internacional humanitario como del derecho
internacional de los derechos humanos.
1699.
En consecuencia, ambos órdenes jurídicos, aún siendo diversos, se
integran de modo armónico en defensa de la superior dignidad humana.
La violación de cualquiera de estos órdenes normativos, implica la infrac-
ción de los principios comunes a ambos.
312
1700.
Una expresión de esa comunidad de principios, se encuentra con-
tenida en el Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos de 1948, que proclama dicho instrumento como “ideal común por el
que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los indivi-
duos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan
mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y
aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su re-
conocimiento y aplicación universales y efectivos...”
Protección constitucional de los derechos humanos
1701.
Otro marco jurídico que la CEH consideró aplicable, halla su
fuente en la normativa de protección a los derechos fundamentales conte-
nida en diversos textos constitucionales.
1702.
Sin emitir opinión acerca de la legitimidad de origen de algunos de
esos textos constitucionales, como tampoco de la vigencia efectiva que pu-
do tener el estatuto de protección de los derechos fundamentales, resulta
evidente que la consagración de ellos en las diversas constituciones que tu-
vo Guatemala durante el período sometido a estudio por la CEH, eviden-
cian un explícito reconocimiento de los mismos por parte del Estado gua-
temalteco, en concordancia con los instrumentos internacionales ya men-
cionados.
1703.
En efecto, las Constituciones de 1956 y 1965, el Estatuto Funda-
mental de Gobierno de 1982 y la Constitución de 1985, vigentes duran-
te la época del conflicto, son reiterativas e inequívocas en su declaración de
respeto de los derechos humanos.
1704.
En 1956 se promulgó una Constitución que en su Artículo 1 pro-
clamaba que Guatemala está “organizada para garantizar a sus habitantes el
respeto a la dignidad humana, el goce de los derechos y libertades fundamen-
tales del hombre, la seguridad y la justicia...”
1705.
Por su parte, la Constitución de 1965, que adquirió vigencia en
mayo de 1966 y rigió hasta 1982, contenía un capítulo completo denomi-
nado Garantías y Derechos Individuales (Artículos 43 al 78). En su Artí-
culo 43 establecía: “[En] Guatemala todos los seres humanos son libres e igua-
les en dignidad y derechos. El Estado garantiza como derechos inherentes a la
persona humana: la vida, la integridad corporal, la dignidad, la seguridad
personal y la de sus bienes. Ninguna persona puede ser sometida a servidum-
bre ni a otra condición que menoscabe su dignidad y decoro. Se prohibe cual-
quier discriminación por motivo de raza, color, sexo, religión, nacimiento, po-
sición económica o social u opiniones políticas”.
1706.
En abril de 1982 el Gobierno de facto expide el Estatuto Funda-
mental de Gobierno que en su Artículo 1 reconocía “los derechos humanos
como principios fundantes de su organización interna...” Especial mención
313
merece el Artículo 7 de dicho estatuto, al señalar que “Guatemala, como
parte de la comunidad internacional cumplirá fielmente sus obligaciones in-
ternacionales, sujetándose en sus relaciones con los demás Estados ... a los tra-
tados internacionales y a las normas del derecho internacional aceptadas por
Guatemala”.
1707.
La Constitución de 1985 establece: “[Es] deber del Estado garan-
tizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la se-
guridad, la paz y el desarrollo integral de la persona” (Artículo 2). El Título
II está dedicado a los derechos humanos, y en su Artículo 46 dispone que
“en materia de derechos humanos los tratados y convenciones aceptados y ra-
tificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno”, de-
claración de gran importancia a la hora de dilucidar las eventuales contra-
dicciones que pudieran existir entre su legislación interna y los estatutos
internacionales.
1708.
Este breve recorrido constitucional permite advertir y subrayar que
la protección de los derechos humanos siempre estuvo consagrada desde la
propia letra de los diversos estatutos constitucionales de Guatemala, en
concordancia con disposiciones internacionales. Quedaba configurado de
este modo un conjunto sistemático de normas jurídicas, vinculantes para
el Estado de Guatemala, que debieron ser respetadas durante el período del
conflicto armado objeto del presente Informe.
El genocidio
1709.
Con el objeto de profundizar en el análisis que se desarrollará en el
epígrafe relativo a conclusiones y responsabilidades, la CEH estima nece-
sario realizar algunas precisiones conceptuales. Tales explicaciones fijarán
un marco jurídico que servirá para calificar los hechos que se relatan en el
presente capítulo.
1710.
Un concepto que se ha incorporado en la doctrina para la comisión
de un crimen de lesa humanidad, establece que los actos sistemáticos o ge-
neralizados, sean dirigidos contra una colectividad y no hacía individuos
aisladamente considerados. Este es el sentido de la exigencia que el crimen
de lesa humanidad tenga como objetivo a “cualquier población civil”.
1711.
La esencia de esta última exigencia reside en la naturaleza colecti-
va del crimen de lesa humanidad que excluye, por su propio significado,
los actos aislados o individuales, pues aunque éstos constituyan crímenes
de guerra o infracciones de la legislación penal nacional, no alcanzan la
magnitud ni gravedad de un crimen de lesa humanidad.
1712.
Un segundo concepto que es necesario precisar, es el de genocidio.
La Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de
1948, ratificada por el Estado de Guatemala en 1950, lo define como un
delito de derecho internacional, ya se cometa en tiempo de paz o de gue-
314
rra, y entiende por tal “cualquiera de los actos mencionados a continuación,
perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo na-
cional, étnico, racial o religioso, como tal”.
1713.
En consecuencia, el elemento subjetivo que requiere la consuma-
ción del genocidio, radica en la intención de destruir de modo total o par-
cial a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal. Podría ocurrir
que el propósito o finalidad de los actos sea efectivamente el exterminio to-
tal o parcial de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal, en
cuyo caso se estará en presencia del concepto clásico de genocidio que se
encuentra desarrollado en la Convención.
1714.
Independientemente de ello es importante señalar que la perpetra-
ción de uno o varios actos que reúnan los elementos contemplados en la
definición de genocidio de la Convención, incluso si forman parte de una
política más amplia cuya finalidad principal no sea el exterminio físico del
grupo, pueden constituir el delito de genocidio. En este sentido es perti-
nente distinguir entre política genocida y actos de genocidio. Existe una
política genocida cuando el fin de las acciones es el exterminio de un gru-
po en todo o en parte. Existen actos genocidas cuando el fin es político,
económico, militar, o de cualquier otra índole, pero los medios que se uti-
lizan para alcanzar estos fines son el exterminio total o parcial del grupo.
1715.
El concepto de destrucción parcial del grupo, que emplea la Con-
vención, deberá ser analizado en cada situación particular. Por regla gene-
ral, se deberá tratar de una cantidad significativa del grupo respectivo o una
parte sustancial del mismo. Por ejemplo, la matanza de un número impor-
tante de líderes de un grupo, podría estimarse, dependiendo de las circuns-
tancias específicas, como un intento de destrucción parcial del grupo.
1716.
Por la particular composición étnica de Guatemala, hay que con-
siderar estas variables para los fines del presente análisis. El Tribunal Pe-
nal Internacional para Ruanda, consideró que grupo étnico “se define ge-
neralmente como un grupo cuyos miembros comparten un mismo idioma o
cultura”.
874
Derecho de los pueblos indígenas
1717.
Tanto normas nacionales como internacionales protegen los dere-
chos a la existencia, integridad e identidad cultural o étnica de los pueblos
indígenas.
875
La normatividad sobre derechos indígenas se desarrolló a lo
315
874 El Tribunal Internacional de Ruanda, en la primera sentencia dictada sobre genocidio establece
en el párrafo 512 que: “Un grupo étnico se define generalmente como un grupo cuyos miembros com-
parten un mismo idioma o cultura”. Chamber I, International Criminal Tribunal for Rwanda, Ca-
se No. ICTR-96-4-T, The Prosecutor Versus Jean-Paul Akayesu, 2 de septiembre de 1998, párr.
512.
875 En el apartado sobre pueblos indígenas del capítulo II se ofrece un mayor desarrollo del marco
jurídico aquí esbozado.
largo del período del enfrentamiento armado, llegando a constituirse, ha-
cia fines del mismo, en un importante corpus jurídico.
1718.
En el derecho internacional de los derechos humanos hay normas
que permiten proteger a los pueblos indígenas. La Convención para la Pre-
vención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948, ratificada por Gua-
temala en 1950, como se ha indicado, protege la existencia e integridad co-
lectiva de los grupos étnicos. De su parte, el Art. 27 del Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos de 1966, ratificado por Guatemala en
1992, protege el derecho a ejercer en común con los miembros del grupo
el derecho a la propia vida cultural, a hablar el propio idioma y a practicar
la propia religión. Este derecho ha sido considerado por la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos como parte del derecho consuetudina-
rio internacional. Igualmente hay otras Convenciones y Declaraciones re-
feridas a los derechos de las minorías y la eliminación de la discriminación
racial, ya mencionados anteriormente, que son aplicables al caso de los
pueblos indígenas.
1719.
En el derecho internacional también hay instrumentos específicos
referidos a los derechos de los pueblos indígenas, como el Convenio 107
de la OIT sobre Poblaciones Indígenas y Tribuales de 1957, que fue per-
feccionado por el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tri-
bales de 1989. Este Convenio protege el derecho a la integridad, condicio-
nes de existencia dignas y el desarrollo socio-económico de los pueblos in-
dígenas en el marco de su cultura. Igualmente protege sus derechos a la
identidad cultural, el uso de sus idiomas, la conservación y desarrollo de
sus instituciones y sistemas económicos, sociales, culturales, religiosos, po-
líticos y de su propio derecho consuetudinario. Guatemala ratificó el Con-
venio 169 el 6 de junio de 1996.
1720.
El reconocimiento de derechos a los grupos o comunidades indí-
genas se inauguró en la normatividad nacional con la Constitución de
1945, seguida por todas las demás cartas constitucionales, aunque con di-
ferentes catálogos de derechos específicos. La Constitución de 1985 es
bastante amplia e incorpora el derecho a la identidad cultural, los idiomas
indígenas, sus costumbres, formas de vida, tradiciones, sus formas de or-
ganización social, uso de trajes; así como derechos de carácter socio-eco-
nómico.
1721.
Las consideraciones jurídicas mencionadas fundamentan el análi-
sis para sostener y argumentar las convicciones alcanzadas por la CEH en
su estudio sobre el enfrentamiento armado que sufrió Guatemala entre
1960 y 1996.
316
IX. SÍNTESIS ESTADÍSTICA
1722.
La Comisión ha recopilado declaraciones de víctimas y testigos
acerca de violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia vin-
culados con el enfrentamiento armado interno en Guatemala. Posterior-
mente, con base en los resultados de las investigaciones, la Comisión ha ve-
rificado la información recopilada, calificando como “casos registrados” los
hechos que pudo calificar con cierto nivel de certeza.
1723.
El conjunto de los casos registrados de la CEH representa una
muestra de las violaciones a los derechos humanos y hechos de violencia
ocurridos en Guatemala en el período establecido por el mandato; esta
muestra es importante por su amplitud y profundidad. Con base en el aná-
lisis comparativo de esta muestra con otros estudios y documentos acerca
del enfrentamiento armado en Guatemala, la CEH ha llegado a la conclu-
sión de que la muestra refleja fielmente el fenómeno investigado, especial-
mente por lo que se refiere a la intensidad de las violaciones más graves y
a la definición de las responsabilidades institucionales. En este sentido, la
Comisión ha determinado que el análisis de esta muestra, al menos por lo
que se refiere a la intensidad de las violaciones más graves y a la definición
de las responsabilidades, permite llegar a conclusiones definitivas y válidas
para la descripción del conjunto de violaciones ocurridas durante el en-
frentamiento armado interno en Guatemala.
1724.
La Comisión recibió un total de 7338 testimonios de declarantes
876
que informaron sobre la ocurrencia de 7517 casos registrados
877
de viola-
ciones de derechos humanos y hechos de violencia vinculados con el en-
frentamiento armado en Guatemala. La Comisión interactuó con más de
20,000 personas, quienes colaboraron con sus investigaciones, proporcio-
nando información. Entre ellas, más de 1,000 fueron los testigos clave
miembros y ex miembros del Ejército nacional y de otras entidades del Es-
tado, de las PAC o de los comisionados militares, ex combatientes perte-
necientes a organizaciones guerrilleras, políticos, líderes, etc.
1725.
Las víctimas de una o más violaciones o hechos de violencia regis-
trados por la Comisión asciende a un total de 42,275 personas.
1726.
El 85% de las víctimas pudieron ser identificadas por la CEH, en
forma individual o, al menos, como pertenecientes a una comunidad o
grupo específico.
317
876 El total de declarantes corresponde al total de testimonios que fueron presentados por personas
individuales o por grupos de personas que presentaron su testimonio ante la CEH, narrando
uno o más casos donde fueron víctimas de violencia una o más personas.
877 Para la CEH, un caso registrado es la descripción de un hecho ocurrido en un lugar y una fecha
determinada, donde se cometió una o más violaciones a los derechos humanos o hechos de vio-
lencia contra una o varias personas, calificado por la Comisión con algún nivel de certeza, de
acuerdo con los resultados de sus investigaciones.
1727.
El 15% del total de las víctimas registradas por la CEH son perso-
nas de las que la Comisión no tiene ninguna información acerca de su
identidad.
878
1728.
Las 42,275 víctimas registradas por la CEH fueron objeto de
61,648 violaciones
879
a sus derechos humanos y hechos de violencia, lo
que corresponde a un promedio de aproximadamente 1.5 violaciones
por víctima.
1729.
Combinando los datos de la muestra de casos registrados por la
CEH con otros estudios realizados sobre la violencia política en Guatema-
la, la Comisión estima que el saldo en muertos y desaparecidos del enfren-
tamiento armado interno llegó a más de doscientas mil personas.
1730.
En algunos casos las violaciones registradas se produjeron como
única violación; en otros, de manera conjunta en el desarrollo de un mis-
mo hecho de violencia contra una misma víctima. El 31% de las víctimas
de ejecuciones arbitrarias, antes de ser ejecutadas fueron víctimas de tortu-
ras, violación sexual, privación de libertad o amenazas. Asimismo, el 55%
de las víctimas de tortura y el 35% de las víctimas de violación sexual fue-
ron posteriormente ejecutadas.
Principales violaciones
1731.
Frente a la enorme cantidad de violaciones y hechos de violencia
que se registraron en Guatemala durante el enfrentamiento armado, en
consideración del tiempo a su disposición para concluir sus trabajos, la
CEH decidió priorizar sus actividades, investigando de manera sistemáti-
ca solamente los casos de violaciones a la vida e integridad personal, espe-
cíficamente de ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y
violaciones sexuales.
1732.
El 38% de las violaciones registradas por la CEH fueron ejecu-
ciones arbitrarias; seguidas, en orden de frecuencia, por las torturas
(19%), las desapariciones forzadas (10%), y las violaciones sexuales (2%)
(G
RÁFICA
8).
1733.
Los testimonios de los declarantes referidos a las violaciones in-
vestigadas sistemáticamente por la CEH, refieren también otras violacio-
nes, correspondientes a tipologías que no han sido priorizadas por la
318
878 La CEH estableció tres categorías de víctimas: (1) Las víctimas identificadas individuales, que
corresponden a las personas de las que se conoció nombre y apellido, y que pudieron ser indivi-
dualizadas; (2) Las víctimas identificadas colectivas, que corresponden a aquellas de las que no
se pudo determinar la identidad individual, pero que pudieron ser identificadas como pertene-
cientes a una comunidad, aldea, caserío, familia o grupo específico, y (3) Las víctimas sin iden-
tificar, que son aquellas de las que la CEH no tuvo ningún dato verídico que permita identifi-
carlas ni en forma parcial.
879 El total de violaciones corresponde a las de violaciones de derechos humanos y hechos de vio-
lencia que se produjeron contra las víctimas durante el enfrentamiento armado, contabilizando
también las violaciones múltiples que se realizaron contra una misma persona.
CEH. Los casos registrados por la CEH que incluyen violaciones de ti-
pologías no priorizadas alcanzan números importantes, como es el caso
de la privación de libertad y los muertos por desplazamiento forzado
(G
RÁFICA
8).
1734.
En proporción menor también se registraron otras violaciones que
no corresponden a las tipologías priorizadas, como amenazas y heridos por
atentado, que se presentaron conjuntamente con alguna de las violaciones
principales, o bien como única violación.
1735.
Finalmente los testimonios dieron cuenta de hechos de violencia
que constituyen infracciones al derecho internacional humanitario. Se tra-
ta de civiles muertos y heridos en hostilidades, por ataques indiscrimina-
dos, utilización de minas o por utilizar a la población civil como escudo
humano.
1736.
En conjunto las cinco violaciones más frecuentes registradas por la
CEH componen el 92% del total de violaciones; por ello los análisis esta-
dísticos se refieren a estas violaciones. Los datos de la muestra de la CEH
que se refieren a las otras violaciones, y que representan el 8% del total, no
son estadísticamente significativos.
1737.
Con base en las entrevistas con los declarantes y los testigos, así co-
mo en los resultados de las subsiguientes investigaciones que la CEH llevó
a cabo, la Comisión ha llegado a la conclusión de que la proporción de los
casos de violación sexual sobre el total de la muestra constituida por los ca-
8.04%
2.38%
9.99%
18.81%
22.39%
38.40%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
OTRAS
VIOLACIÓN
SEXUAL
DESAPARICIÓN
FORZADA
TORTURAS
PRIVACIÓN
DE LIBERTAD
EJECUCIÓN
ARBITRARIA
Porcentaje
Tipo de violación
319
GRÁFICA 8: Porcentaje de violaciones de derechos humanos
y hechos de violencia, según tipo de violación
(los 6 más frecuentes)
GUATEMALA (1962-1996)
sos registrados subestima el fenómeno en el universo constituido por la
totalidad de las violaciones ocurridas durante el enfrentamiento armado.
La Comisión basa esta convicción sobre la conclusión de que solo una
mínima parte de las víctimas de violación sexual están dispuestas a de-
nunciar su caso.
1738.
Según la información de contexto recogida y los testimonios pre-
sentados, la Comisión pudo establecer que la violación sexual constituyó
una práctica sistemática en las estrategias que violaron los derechos huma-
nos de la población guatemalteca.
Análisis cronológico
1739.
De acuerdo con los datos de la muestra de la CEH (G
RÁFICA
9),
se puede establecer que la violencia se concentró principalmente en algu-
nos años del enfrentamiento armado. El 48% de los casos de la CEH se
registra en 1982; le siguen, en orden de frecuencia, los años 1981, 1983,
1980 y 1984.
GRÁFICA 9: Total de violaciones de derechos humanos
y hechos de violencia, según años
(las 5 principales violaciones)
GUATEMALA (1962-1996)
1740.
Analizando estos datos se puede deducir que el 81% de las viola-
ciones registradas por la CEH, vinculadas con un enfrentamiento armado
que duró cerca de 36 años, se produjeron en un período de tres años, en-
tre 1981 y 1983.
1741.
Esta tendencia general se confirma analizando por separado las cin-
co principales violaciones más frecuentes en la muestra constituida por los
casos registrados.
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
Años
DESAPARICIÓN FORZADA
EJECUCIÓN ARBITRARIA
PRIVACIÓN DE LIBERTAD
TORTURAS
VIOLACIÓN SEXUAL
No. violaciones
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
320
Regionalización
1742.
La G
RÁFICA
10, describe la proporción por departamento de las
violaciones registradas por la CEH. El departamento del Quiché resulta ser
el más afectado, mostrando el 46% del total de las violaciones registradas;
le siguen, en orden de frecuencia, Huehuetenango, Alta Verapaz, Chimal-
tenango y Baja Verapaz. También el Petén, San Marcos y Guatemala mues-
tran importantes frecuencias de violaciones.
GRÁFICA 10: Porcentaje de violaciones de derechos humanos
y hechos de violencia según departamentos (los 8 más frecuentes)
GUATEMALA (1962-1996)
1743.
Los municipios en los que la CEH ha registrado el mayor número
de violaciones son en su orden Ixcán, Nebaj, Uspantán y Chajul (todos del
departamento del Quiché), Rabinal (Baja Verapaz), San Martín Jilotepe-
que (Chimaltenango), Chiché y Chichicastenango (El Quiché).
1744.
Es notable como la violencia desarrollada durante el enfrentamien-
to armado afectó en mayor proporción a las zonas rurales del país: el 90%
de las violaciones registradas por la CEH se produjo fuera de la capital y
de las cabeceras departamentales. Esta proporción sería mayor aún, si se
clasificaran como zonas rurales las cabeceras departamentales que, al mo-
mento de los hechos, no eran definidas como ciudades.
Las víctimas
Pertenencia étnica
1745.
El 83.3% de las víctimas de violaciones de derechos humanos y he-
chos de violencia registrados por la CEH pertenecían a alguna etnia maya,
3%
3%
3%
5%
7%
9%
16%
46%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
GUATEMALA
SAN MARCOS
PETÉN
BAJA VERAPAZ
CHIMALTENANGO
ALTA VERAPAZ
HUEHUETENANGO
QUICHÉ
Porcentaje
Departamentos
321
el 16.5% pertenecían al grupo ladino y el 0.2% a otros grupos (G
RÁFICA
11). Estas proporciones se calculan sobre el 97% de las víctimas de las que
la CEH ha podido determinar su pertenencia a un grupo étnico.
GRÁFICA 11: Porcentaje de víctimas de violaciones
de derechos humanos y hechos de violencia,
según pertenencia étnica
GUATEMALA (1962-1996)
Nota: Se incluyó sólo el 97% de los datos, el 3% no tiene información de pertenencia étnica. Porcentaje calculado
con base en el total de víctimas individuales identificadas con pertenencia étnica conocida.
1746.
Con base en esta observación, la CEH concluye que la población
indígena constituyó el grupo más afectado por la violencia durante el en-
frentamiento armado en Guatemala.
1747.
El 32% de las víctimas registradas fueron K’iche, seguidos por los
Q’eqchi’ (13%), los Ixil (11%), los Kaqchikel (10%) y los Mam con el
(11%).
1748.
El grupo K’iche’ se encuentra distribuido en gran parte en los de-
partamentos del Quiché, Sololá y Totonicapan; los Q’eqchi’, en los depar-
tamentos de Alta Verapaz, Quiché y Petén; los Kaqchikel, en Sacatepé-
quez, Chimaltenango, Escuintla y Sololá, así como en algunos munici-
pios de Guatemala; los Ixil en los municipios de Chajul, Cotzal y Nebaj,
Quiché, y los Mam en Huehuetenango, Quetzaltenango y San Marcos.
Cotejando la de estos grupos con los datos de la CEH, se comprueba la
existencia de una correspondencia entre las etnias más afectadas por las
violaciones y los departamentos en los que se registran sus mayores pro-
porciones.
Edad y género
1749.
Del 62% de las víctimas registradas, de las que la CEH pudo de-
terminar su pertenencia de género, el 25% eran mujeres y el 75% hom-
bres (G
RÁFICA
12).
83.33%
16.51%
0.16%
Maya Ladino Otro
Pertenencia étnica
Porcentaje de víctimas
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
322
GRÁFICA 12: Porcentaje de violaciones de derechos humanos
y hechos de violencia, según sexo y edad agrupada
GUATEMALA (1962-1996)
Nota: Sólo se incluyó el 38% de los datos, el 62% no tiene edad y/o sexo. Porcentaje calculado con base en el
total de violaciones de la edad agrupada específica, con edad y sexo conocidos.
1750.
Del 38% de las víctimas registradas de las que la CEH pudo deter-
minar la edad, el 18% eran niños, el 79% eran adultos y el 3% eran an-
cianos (G
RÁFICA
12).
880
1751.
A pesar de las deficiencias en la información disponible acerca de
estos aspectos, la CEH puede concluir que la proporciones de mujeres y
niños relativas al total de las víctimas registrada fueron muy altas.
GRÁFICA 13: Fuerzas responsables de violaciones
de derechos humanos y hechos de violencia
GUATEMALA (1962-1996)
Nota: El porcentaje de cada responsable se calcula sobre el total de violaciones, sin considerar si su actuación fue
individual o en colaboración con otro.
85%
18%
11%
4% 4%
3%
2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Ejército PAC Comisionados
militares
Otras fuerzas
de seguridad
Sin identificar Guerrilla Otros grupos
Fuerza responsab
le
Porcentaje de participación
18%
79%
3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Niños Adultos Ancianos
Edad a
grupada
Porcentaje
25%
75%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Mujeres Hombres
Sexo
Porcentaje
323
880 Se clasifican bajo la categoría de niños las víctimas menores de 18 años, bajo la categoría de an-
cianos los mayores de 60 años y bajo la categoría de adultos todos los demás.
Los responsables.
1752.
El Ejército de Guatemala fue responsable del 85% de las violacio-
nes registradas por la CEH. Le siguen, en orden de frecuencia, las Patrullas
de Autodefensa Civil (18%), los comisionados militares (11%), otras fuer-
zas de seguridad del Estado (4%) y las organizaciones guerrilleras (3%).
1753.
La G
RÁFICA
14 muestra la participación relativa de cada autor so-
bre el total de las violaciones cometidas registradas por la CEH. El total re-
basa el 100% porque se contabilizaron dos o más veces las violaciones cu-
ya responsabilidad es atribuida por la Comisión a dos o más actores, que
actuaron en forma conjunta. Por ejemplo, en la categoría del Ejército, se
registran las violaciones cometidas por el Ejército cuando actuó solo, así
como las que cometió con la colaboración de las PAC, comisionados y/u
otras fuerzas de seguridad; estas últimas se contabilizan una vez más en la
categoría que corresponde al actor que colaboró con el Ejército.
1754.
La Comisión ha comprobado que la responsabilidad del 93% de
las violaciones registradas recae sobre el Estado de Guatemala, incluyendo
en esta categoría el Ejército nacional, las PAC, los comisionados militares,
otras fuerzas de seguridad del Estado y los escuadrones de la muerte. En el
3% de las violaciones la CEH ha comprobado la responsabilidad de la gue-
rrilla y en el 4% de otros grupos y/o sin identificar (Véase G
RÁFICA
14).
GRÁFICA 14: Responsables de violaciones de derechos humanos
y hechos de violencia
GUATEMALA (1962-1996)
1755.
La CEH no pudo atribuir a ningún grupo la responsabilidad del
4% de las violaciones registradas, por ser la información disponible in-
suficiente para llegar a algún grado de certeza sobre la autoría. Por lo tan-
to, el análisis de responsabilidades anteriormente descrito se refiere al
96% de las violaciones registradas, cuya responsabilidad ha sido estable-
cida por la CEH.
93%
3%
4%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Estado Guerrilla
Otros/sin identificar
Institución agrupada
Porcentaje de
responsabilidad
324
X. LAS EJECUCIONES ARBITRARIAS
1756.
El derecho a la vida fue el más afectado según ha podido concluir
la CEH en su análisis de los diferentes testimonios recogidos durante su
trabajo de campo. En este apartado mostraremos cuáles fueron las regio-
nes donde se produjo esta violación, así como los años en que con mayor
frecuencia se cometió. De igual modo se hará un detallado análisis de los
grados de autoría según puede deducirse gracias a los mismos testimonios
que se recabaron.
1757.
Igualmente, en este apartado se detallará una tipología de las vícti-
mas, los diferentes procedimientos utilizados para cometer las ejecuciones,
así como los numerosos mecanismos que fueron empleados para impedir
las investigaciones judiciales. Estos van desde el encubrimiento de los au-
tores hasta la eliminación de sobrevivientes y testigos, pasando por el cruel
y dramático ocultamiento de cadáveres en cementerios clandestinos que
privó a multitud de familias guatemaltecas de la posibilidad de rendir cul-
to a sus muertos.
Marco jurídico
1758.
El derecho internacional de los derechos humanos, tanto conven-
cional como consuetudinario, el derecho internacional humanitario y to-
das las constituciones garantizan el derecho a la vida y otros derechos que
se tratan en este apartado.
1759.
El Artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
del año 1948, establece que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la li-
bertad y a la seguridad de su persona”. El derecho a la vida es el derecho fun-
damental por excelencia; por esta razón la comunidad internacional con-
sidera que su respeto y observancia debe cumplirse con carácter general,
sin renuncia y sin restricción, constituyendo derecho consuetudinario in-
ternacional.
1760.
Las normas internacionales en materia de derechos humanos con-
sagran el derecho a la vida y prohiben su privación arbitraria. Así, El Pac-
to Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del año 1966, dispone en
su Artículo 6 que “el derecho a la vida es inherente a la persona humana...
Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”. En su Artículo 2 esti-
pula que cada uno de los Estados parte “se compromete a respetar y garanti-
zar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su
jurisdicción, los derechos reconocidos en el presente pacto”.
1761.
Asimismo, el derecho a la vida se encuentra consagrado en el ám-
bito regional, en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del
Hombre de 1948, y en la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos o Pacto de San José de 1969. Este Pacto fue ratificado por Guatemala
325
en 1978, fecha desde la cual tiene fuerza vinculante como derecho conven-
cional.
1762.
En el ámbito del derecho internacional humanitario o derecho de
los conflictos armados, los Convenios de Ginebra de 1949, en su Artículo
3 común, prohiben, en cualquier tiempo y lugar “los atentados contra la vi-
da y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las
mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios”, en contra de las per-
sonas que no participen directamente en las hostilidades, esto es, en contra
de la población civil. Similares prohibiciones se extienden a “los miembros
de las Fuerzas Armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fue-
ra de combate por enfermedad, heridas, detención o por cualquier otra causa”.
1763.
En el ámbito del derecho interno, las diversas constituciones gua-
temaltecas contienen y han recogido disposiciones que corroboran la pro-
tección de los derechos humanos básicos, entre los que figura el derecho
a la vida.
1764.
La Constitución de 1956, vigente hasta el golpe de 1963, consagra-
ba el derecho a la vida en su Artículo 40, con el siguiente texto: “El Estado
protege la vida, la integridad corporal y la seguridad de la persona humana”.
1765.
La Carta Fundamental de Gobierno de abril de 1963, dada me-
diante Decreto Ley 8 por el Gobierno militar, estuvo vigente hasta 1966.
En su Artículo 22 señalaba: “Se reconocen las siguientes garantías: 1) Se pro-
tegen de manera preferente la existencia e integridad corporal del hombre y su
personalidad moral e intelectual”.
1766.
La Constitución de 1965, que rigió desde mayo de 1966 hasta
1982, incluía un capítulo titulado Garantías y Derechos Individuales. En
el Artículo 43 del Título II, establecía: “En Guatemala todos los seres huma-
nos son libres e iguales en dignidad y derechos. El Estado garantiza como dere-
chos inherentes a la persona humana: la vida, la integridad corporal, la digni-
dad, la seguridad personal y la de sus bienes ... Se prohibe cualquier discrimi-
nación por motivo de raza, color, sexo, religión, nacimiento, posición económi-
ca o social u opiniones políticas”.
1767.
El Estatuto Fundamental de Gobierno de abril de 1982, con cate-
goría de ley superior determinó que el Estado guatemalteco, como inte-
grante de la comunidad internacional cumpliría fielmente sus obligaciones
internacionales, ajustándose en sus relaciones con los demás Estados a las
normas del Estatuto, a los tratados internacionales y a las normas de dere-
cho internacional suscritas por Guatemala. Este Estatuto estuvo vigente
hasta 1985, cuando se emitió una nueva Constitución.
1768.
La Constitución de 1985, vigente desde enero de 1986 hasta la ac-
tualidad, consagra en su Artículo 46 el siguiente principio: “En materia de
derechos humanos, los tratados y convenciones aceptadas y ratificadas por Gua-
temala, tienen preeminencia sobre el derecho interno”. En su Artículo 3, esta
326
Constitución establece: “Derecho a la vida. El Estado garantiza y protegerá
la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de
la persona”.
1769.
Para los efectos del presente Informe se distinguen las ejecucio-
nes arbitrarias individuales, las ejecuciones arbitrarias colectivas y las
ejecuciones arbitrarias masivas. Las primeras se producen cuando la víc-
tima fue solo una persona; las segundas tienen lugar cuando el número
de víctimas en un hecho fue de dos o más personas; las terceras, en el
supuesto de que en un mismo hecho el número de víctimas fuera supe-
rior a cinco o más personas; en este caso la CEH las califica como ma-
sacre.
1770.
Deben distinguirse, además, las ejecuciones arbitrarias selectivas de
las ejecuciones arbitrarias indiscriminadas. Las selectivas ocurrieron cuan-
do la víctima era definida o elegida de forma clara y concreta. La víctima
podía ser una persona, una comunidad o un sector. Las indiscriminadas se
verificaban cuando el hecho violatorio de los derechos humanos se dirigía
contra cualquier persona, sin diferenciar su sexo, edad, etnia, ocupación,
opiniones políticas o sin estimar que influyera o fuese relevante cualquier
distinción de otra índole. Las ejecuciones arbitrarias individuales, colecti-
vas o masivas, fueron selectivas o indiscriminadas.
1771.
En el apartado que sigue, se expondrán los casos de ejecuciones ar-
bitrarias cometidos por el Estado, tanto de carácter individual como colec-
tivo, ya fueran ejecuciones selectivas o indiscriminadas, con excepción de
las masacres. Estas últimas, debido a su gravedad, serán analizadas en un
apartado independiente.
Cronología y regionalización de las ejecuciones arbitrarias
1772.
A partir del derrocamiento de Jacobo Arbenz en 1954 y con la lle-
gada al poder de Carlos Castillo Armas, comenzó una persecución contra
los colaboradores reales o supuestos del Gobierno de Arbenz. Circularon
listados de sospechosos de ser comunistas que, según algunas fuentes de la
época, constaban de 72,000 nombres.
881
Estos listados se usaron inicial-
mente para impedir a dichos sospechosos el acceso a empleos públicos,
882
pero poco después los escuadrones de la muerte también se sirvieron de los
mismos para cometer ejecuciones arbitrarias selectivas.
883
327
881 El Imparcial, 20 de noviembre de 1954.
882 Michael McClintock, The American Connection: State Terror and Popular Resistance in Guatema-
la, Volume II, Zed Books, 1985.
883 En junio de 1967, el escuadrón de la muerte autodenominado Consejo Anticomunista de Gua-
temala (CADEG), difundió una relación con nombres de personas identificadas como comunis-
tas. Este listado, al parecer, estaba basado en informaciones antiguas. Documento desclasificado
de EEUU, pg. 6.54, 10 de junio de 1967. También, Gabriel Aguilera Peralta, La violencia en
Guatemala como fenómeno político, Centro Intercultural de Documentación, cuaderno No.61,
Capítulo 4, pgs. 16-17.
1773.
Aunque como se afirma en la síntesis estadística (Véase G
RÁFICA
16), las violaciones se concentran en los años de 1981 a 1983, se puede ob-
servar que en los períodos anterior y posterior al mencionado, existen años
en que la práctica de esta violación se hizo más frecuente y pudo coincidir
con hechos políticos concretos (Véase G
RÁFICA
15).
1774.
De acuerdo con los datos registrados por la CEH, durante la pri-
mera década del período que cubre el enfrentamiento armado, la violencia
política se ejerció principalmente en la capital y la zona oriental del país.
GRÁFICA 15: Total de ejecuciones arbitrarias por años,
según departamentos (los 5 más frecuentes)
GUATEMALA (1962-1978)
“Durante el régimen del general Ydígoras Fuentes (marzo 1958-mar-
zo 1963), las manifestaciones de marzo y abril de 1962 organizadas
por la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), fueron repri-
midas duramente por los agentes del Estado. Uno de los testimonios
recibidos por la CEH sobre los hechos ocurridos durante estas jorna-
das, aludía a César Armando Funes Velásquez, estudiante de Dere-
cho, quien durante el desarrollo de una protesta pública fue uno de los
tres estudiantes asesinados por miembros de la policía judicial el 12
de abril de 1962, al frente de las instalaciones del Congreso, en la zo-
na 1 de la ciudad capital”.
884
0
10
20
30
40
50
60
70
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978
Años
GUATEMALA
CHIQUIMULA
ALTA VERAPAZ
ZACAPA
IZABAL
No. de violaciones
328
884 C 7002. 1962. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
1775.
A partir de la constitución de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR),
y la instalación de sus campamentos en la Sierra de las Minas (Zacapa),
Izabal y Chiquimula, el Estado procedió a realizar ejecuciones arbitrarias
en esa región.
“[En 1964 los] confidenciales mataron a Pedro Picón en un lugar que se
llama El Socolo [comunidad del municipio de Gualán, departamento de
Zacapa]. Él estaba cortando café. Mataron también al muchachito. Ellos de-
cían que mataron a un guerrillero”.
885
Según el declarante, el hijo de Pedro
Picón, Herlindo Picón fue testigo de la muerte de su papá, trató de huir y
fue asesinado.
1776.
Izabal fue uno de los departamentos del Oriente del país más afec-
tados por la lucha contrainsurgente desarrollada por el Ejército. El 19 de
marzo de 1965, Leonardo Salazar y Carlos Humberto Salazar fueron dete-
nidos por un grupo de comisionados militares y miembros del Ejército.
Sus cadáveres aparecieron en el hospital de Puerto Barrios, presentando
signos de tortura.
886
1777.
Con la llegada al poder de Julio César Méndez Montenegro, se es-
peraba una cierta apertura política. Durante su campaña electoral se había
presentado como líder del “tercer gobierno de la revolución”. Sin embargo,
continuaron las ejecuciones arbitrarias como método para imponer el te-
rror. Grupos armados clandestinos, bajo el control del Estado o con su to-
lerancia, empezaron a actuar, preferentemente en la capital.
1778.
Durante el régimen de Méndez Montenegro operaron también los
escuadrones de la muerte en la capital. En 1968, Gonzalo Acevedo vivía
en Zacapa. Militaba en el Partido Revolucionario y fue acusado de guerri-
llero. La Mano Blanca lo comenzó a perseguir, entonces se trasladó con to-
da su familia a la ciudad de Guatemala. La Mano Blanca lo continuó per-
siguiendo y finalmente acabó con su vida en la 8ª calle y 1ª avenida de la
zona 1, frente al Santuario de Guadalupe, en la capital.
887
“Bajo la presidencia del abogado Julio César Méndez fue cuando se
organizaron realmente los escuadrones de la muerte como se les cono-
ce y éstos comenzaron a operar entre finales de 66-67, y entonces pa-
só un tiempo antes de que se conociera el modus operandi, ni siquie-
ra se sabía lo que estaba pasando...”
888
329
885 C 1085. 1964. Gualán, Zacapa.
886 C 1023. Marzo, 1965. Puertos Barrios, Izabal.
887 C 654. 1968. Ciudad de Guatemala, Guatemala
888 Testigo (alto cargo del Gobierno) CEH. (T.C. 17).
1779.
En numerosos casos, una vez efectuadas las ejecuciones arbitrarias,
los cuerpos de las víctimas eran utilizados para llevar un mensaje de terror
a la población, pues se les abandonaba con señales de tortura, mutilados,
con perforaciones de bala, arrojados a las carreteras, ríos y en general en si-
tios donde podían ser encontrados fácilmente por la población .
“En Zacapa, en aguas del Río Motagua, en jurisdicción de San Pablo
se levantó el cadáver de un hombre acribillado a tiros, con señales de
haber sido torturado y con las manos atadas hacia atrás”.
889
“El cadá-
ver de Faustino Moscoso Ruiz, secuestrado en Chiquimula, fue loca-
lizado flotando en las aguas del Río Motagua”.
890
1780.
En los casos recogidos por la CEH se observa que las ejecuciones
arbitrarias fueron más selectivas entre los años 1960 y 1965. Sin embargo,
a partir de 1966, con la intensificación de la lucha contrainsurgente du-
rante el régimen de Méndez Montenegro las acciones resultaron más in-
discriminadas, y afectaron no sólo a miembros, colaboradores o simpati-
zantes de la guerrilla sino a la población civil en general. Otras fuentes a
las que la CEH tuvo acceso, coinciden en señalar que durante el Gobier-
no de Méndez Montenegro las ejecuciones arbitrarias alcanzaron un nivel
muy alto, pues arrojó un saldo de miles de víctimas entre 1966 y 1968.
891
1781.
La violencia política que afectó a los habitantes de la capital y al-
gunas cabeceras departamentales, fue diferente a la vivida en el resto del
país. La mayoría de las víctimas tenían una filiación política de izquierda
que los convirtió en blanco de esta violencia. Por ejemplo, en mayo de
1967, Roberto Alfonso Valle Peña, miembro del PGT fue capturado por
miembros del Ejército en la Colonia Landívar de la zona 7 de la ciudad ca-
pital. Fue ejecutado y su cadáver fue arrojado en un pozo.
892
1782.
A diferencia de lo que sucedía en el ámbito urbano, en las áreas ru-
rales del Oriente del país la mayor parte de las víctimas no pertenecía a par-
tidos políticos de izquierda; pero el mero hecho de vivir en una región
donde existía presencia guerrillera, atrajo hacia ellos una violencia indiscri-
minada por parte del Ejército. En 1965 Juan Santiago Agustín Ramos y
330
889 Diario Matutino, 29 de junio de 1967, citado por el Comité de Defensa de los Derechos Hu-
manos, La violencia en Guatemala, Fondo de Cultura Popular, México, 1969, pg. 91.
890 Diario Matutino, 30 de junio de 1967, citado por el Comité de Defensa de los Derechos Hu-
manos, La violencia en Guatemala, ob. cit., pg. 91.
891 Sobre el año 1966 se menciona una estimación de 500-600 muertos de la contrainsurgencia
(Documento desclasificado de EEUU, pg. 6.59, 23 de octubre de 1967) y según la organización
de derechos humanos Amnesty International (AI), entre 3,000 y 8,000 guatemaltecos murieron
durante la campaña de Zacapa-Izabal, de octubre 1966 a marzo de 1968 (AI Briefing, Guatema-
la, 1976). Se aportó también la cifra de 6,000 muertos entre noviembre de 1966 y septiembre
de 1968. Comité de Defensa de los Derechos Humanos, La violencia en Guatemala, Fondo de
Cultura Popular, México, 1969, pg. 181.
892 C 752. Mayo, 1967. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
Leoncio Agustín fueron ejecutados por el Ejército en la aldea Seminola,
municipio Los Amates, Izabal, bajo la acusación de ser guerrillero. “Porque
en ese tiempo se buscó la forma fácil de decir que alguien era guerrillero”.
893
1783.
En Chiquimula los comisionados militares fueron señalados como
autores de muchos casos de ejecuciones arbitrarias. La actuación de los co-
misionados militares en el campo se desarrolló de forma autónoma o en
combinación con el Ejército. Por numerosos testimonios es posible perca-
tarse de que las víctimas habían sido previamente seleccionadas.
“En enero de 1967, en la aldea Paternito, Marcos Vásquez Ramos y
Gregorio Vásquez Ramos y otra persona fueron capturados, cada uno
en su respectiva casa, a las seis de la mañana. La acción fue dirigida
por los comisionados militares de la comunidad, quienes estuvieron
acompañados por aproximadamente veinticinco soldados. Los herma-
nos Vásquez Ramos fueron acusados de ser guerrilleros, pero un testi-
go aseguró que tal aseveración era falsa y que los mataron por celo ha-
cia su tierra o por venganza personal, ya que uno de los hermanos te-
nía una deuda de diez quetzales con uno de los comisionados milita-
res. Las víctimas fueron llevadas a un lugar cerca de la aldea Cerrón
y fueron ejecutadas con tiros en la cabeza”.
894
1784.
A partir de los años setenta, el Ejército adquirió mayor protago-
nismo en la práctica de las ejecuciones arbitrarias. Algunos meses des-
pués de asumir el poder, el coronel Carlos Arana Osorio señaló: “El Go-
bierno que ustedes eligieron va a cumplir, cueste lo que cueste y pese a quien
le pese, aun cuando tenga que recurrir a medidas muy drásticas para salvar
al país”.
895
Efectivamente, durante su Gobierno se consolidó el poder del
Ejército en el Oriente a través de la figura de los comisionados militares.
Los abundantes testimonios recogidos para la elaboración de este Infor-
me, permiten asegurar que los comisionados militares fueron los autores
de la mayor parte de las ejecuciones arbitrarias que afectaron a la región
Ch´orti´.
“En 1973, en la aldea la Cumbre, los comisionados militares acom-
pañados por miembros del Ejército del destacamento de Shalaguá, del
municipio de Camotán, capturaron a Esteban Pérez Ramírez. Su ca-
dáver fue comido por los animales”.
896
331
893 C 1028. Enero, 1965. Los Amates, Izabal.
894 C 1175. Diciembre, 1966. Olopa, Chiquimula.
895 La Nación, mensaje del presidente Arana a su Pueblo, Ciudad de Guatemala, 21 de noviembre
de 1970.
896 C 1206. 1973. Olopa, Chiquimula.
“En 1974, en la aldea Piedra Amolar, los comisionados militares de
dicha aldea y miembros del Ejército capturaron a Jesús Pérez quien
fue ejecutado en la aldea El Chupte”.
897
1785.
En la capital, una de las primeras olas de violencia de los años se-
tenta (1970 a 1972) se concentró en las personas de destacados profesio-
nales; entre otros, asesinaron a los abogados Julio Camey Herrera el 26 de
noviembre de 1970 y Adolfo Mijangos López el 13 de enero de 1971.
898
1786.
Bajo el régimen del general Kjell Eugenio Laugerud García (julio
1974-junio 1978) descendió el número de ejecuciones arbitrarias respecto
al del régimen anterior, aunque hubo una serie de ejecuciones selectivas en
contra de líderes sindicalistas, estudiantiles y políticos. En 1975 un escua-
drón de la muerte había advertido: “Si no ayudan al Gobierno a resolver los
problemas del país, cállense la boca o nosotros se las callaremos para siempre”.
899
Entre ellas destaca la que tuvo lugar el 11 de abril de 1975, en el munici-
pio de Coatepeque, Quetzaltenango. Felipe Aurelio Zarán Arango, miem-
bro del PGT, se encontraba en su casa, cuando en horas de la noche un ca-
rro se parqueó al frente de su residencia. Al salir, fue abatido de forma ar-
bitraria por un grupo de hombres armados.
900
1787.
En el período comprendido entre 1979 y 1985, la ejecuciones ar-
bitrarias se dieron con mayor frecuencia en los departamentos de Quiché,
Huehuetenango, Chimaltenango, Alta Verapaz y Baja Verapaz (Véase
G
RÁFICA
16).
G
RÁFICA
16: Total de ejecuciones arbitrarias por años,
según departamento (los 5 más frecuentes)
G
UATEMALA
(1979-1985)
332
897 C 1201. 1974. San Diego, Zacapa.
898 CI 100. Enero, 1971. Ciudad de Guatemala, Guatemala
899 Volante de un escuadrón de la muerte. Abril, 1975.
900 C 7303. Abril, 1975. Coatepeque, Quetzaltenango.
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Años
QUICHÉ
HUEHUETENANGO
CHIMALTENANGO
ALTA VERAPAZ
BAJA VERAPAZ
No. de violaciones
1788.
Durante el régimen del general Romeo Lucas García (julio 1978-
marzo 1982) continuó en ascenso el número de ejecuciones arbitrarias in-
dividuales, principalmente en lo que afecta al derecho a la vida, a través de
ejecuciones practicadas tanto selectiva como indiscriminadamente.
“El Gobierno de Lucas García fue más contra los sectores populares
que contra el movimiento insurgente, de hecho ... los ataques de Lu-
cas fueron muy selectivos contra figuras públicas ... a los 23 días de
haber entrado el régimen de Lucas entra ya como una avalancha de
represión”.
901
1789.
En cuanto a las ejecuciones arbitrarias selectivas se encuentran,
entre otras, la de Alberto Fuentes Mohr, dirigente del PSD, ejecutado el
25 de enero de 1979;
902
Manuel Andrade Roca, abogado y catedrático
universitario, asesinado el 14 de febrero de 1979; Manuel Colom Argue-
ta, dirigente del FUR, asesinado el 22 de marzo de 1979.
903
Otra víctima
fue Manuel Francisco López Balam, secretario del Sindicato de Trabaja-
dores de la Embotelladora Guatemalteca S.A. (STEGSA), ejecutado en
abril de 1979.
904
1790.
El 28 de mayo de 1975 el Ejército Guerrillero de los Pobres apa-
reció a la luz pública con la ejecución del comisionado militar Guiller-
mo Monzón.
905
Un mes más tarde, la misma organización guerrillera
ajustició a José Luis Arenas conocido como el Tigre de Ixcán en la finca
de su propiedad La Perla, ubicada en el municipio de Chajul, Quiché.
906
Tras estos hechos el Ejército desató en la zona una fuerte represión me-
diante la ejecución arbitraria y la desaparición forzada de varias personas
sospechosas de colaborar con la guerrilla o que se encontraban social-
mente organizadas.
1791.
Las ejecuciones arbitrarias en el departamento de San Marcos fue-
ron selectivas y afectaron a la población organizada. El día 22 de febrero
de 1979 el PGT tenía prevista una reunión en la aldea El Sitio. Al finali-
zar, en torno a las 8 de la noche y mientras se retiraban caminando del lu-
gar, llegó un grupo de hombres armados identificados como miembros de
la G-2, y se llevaron a Luis Rojas Vera y Bernardo Ramos Barrios. Al día
siguiente, sus cadáveres fueron encontrados presentando señales de tortu-
ra, en la entrada a la Hacienda El Silencio.
333
901 Testigo (líder de una ONG) CEH. (T.C. 12).
902 CI 65. Enero y marzo. 1979. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
903 Ibid.
904 CI 67. 1977-1980. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
905 CI 97. Mayo, 1975. Ixcán, Quiché.
906 CI 59. Junio, 1975. Quiché.
“En ese tiempo no se podía hacer nada en toda la costa porque los de
la G-2 siempre andaban detrás de la gente que estaba organizada con
el PGT”.
907
1792.
Con el golpe de Estado del 23 de marzo de 1982 y la llegada al po-
der del general Efraín Ríos Montt (marzo 1982-junio 1983), la lucha con-
trainsurgente se intensificó. La implementación del plan de campaña “Vic-
toria 82” y el desarrollo de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) tuvie-
ron como consecuencia inmediata el número más elevado de ejecuciones
arbitrarias individuales y masacres registradas en el área rural desde el ini-
cio del enfrentamiento armado interno.
1793.
Durante 1982 la población del departamento de Quiché fue obje-
to de una violencia indiscriminada por parte del Ejército y las PAC. En fe-
brero de 1982, en la comunidad Carrizal del municipio de Chiché, los sol-
dados y las PAC de Chinique capturaron a Tomás Tzoc Tzoc, “no estaba or-
ganizado en el CUC ni en nada, lo encontraron y por eso lo mataron, mata-
ban a todos los que encontraban, ya no importaba quienes fueran”. Tzoc Tzoc
se hallaba en su casa, lo ahorcaron y en ese estado abandonaron el cadáver
en el interior.
908
1794.
Las ejecuciones selectivas se continuaron realizando durante el pe-
ríodo y afectaron principalmente a líderes comunitarios, colaboradores,
simpatizantes y miembros de organizaciones guerrilleras. En un día de ju-
lio de 1982, en la aldea Chejbal del municipio de Jacaltenango, Huehue-
tenango, Pedro Ros Alonso, quien estaba organizado en el EGP, se encon-
traba de paso por el camino de vereda de la aldea Q’om cuando fue cap-
turado por miembros de las PAC del lugar. Lo golpearon y cuando vieron
que ya no respiraba, lo amarraron de las manos y los pies y lo colgaron de
un palo. En cada extremo se pusieron dos patrulleros y lo llevaron así sus-
pendido hacia el destacamento militar de Jacaltenango. En el destacamen-
to, cuando los soldados notaron que había recuperado la respiración, lo
trasladaron al hospital local donde le dieron tratamiento médico. Una vez
recobró el conocimiento se le trasladó al destacamento; allí fue torturado
durante dos días hasta que falleció.
909
1795.
Bajo el régimen del general Oscar Mejía Víctores (agosto 1983-
enero 1986) el número de ejecuciones arbitrarias disminuyó en compara-
ción con el período 1982-1983. En septiembre de 1984, en la comunidad
de Salac I, municipio de Cahabón, Alta Verapaz, el menor Crisanto Bo-
lom, de 15 años de edad, al ver llegar a varios miembros del Ejército, se
asustó e intentó huir. Fue abatido por los soldados y durante cuatro días
334
907 C 7302. Febrero, 1979. Pajapita, San Marcos.
908 C 2962. Febrero, 1982. Chiché, Quiché.
909 C 5391. Julio, 1982. Jacaltenango, Huehuetenango.
su cadáver permaneció expuesto en el escenario de los hechos hasta que el
Ejército autorizó su entierro.
910
1796.
En el período comprendido entre 1986 y 1996, las ejecuciones ar-
bitrarias se dieron con mayor frecuencia en los departamentos de Quiché,
Petén, Sololá, San Marcos y Chimaltenango (Véase G
RÁFICA
17).
GRÁFICA 17: Total de ejecuciones arbitrarias por años, según
departamentos (los 5 más frecuentes)
GUATEMALA (1986-1996)
1797.
En 1986, el licenciado Vinicio Cerezo Arévalo fue declarado pre-
sidente electo de la República (enero 1986-enero 1991). Durante su Go-
bierno, la práctica de ejecuciones arbitrarias continuó, aunque su número
decreció.
“Humberto González Gamarra, secretario general del Partido Unión
Revolucionaria Democrática, fue asesinado el 15 de octubre 1990, en
la ciudad de Guatemala. Ese día, había salido de su casa en compa-
ñía de su hijo y un compañero de éste. Al llegar a la 23 Avenida y
Calzada Roosevelt, en la zona 11, un hombre se le acercó y por la ven-
tana le disparó a quemarropa huyendo luego junto con otro hombre
en una motocicleta Yamaha de color rojo. González Gamarra recibió
el impacto de seis proyectiles, por lo que su hijo pidió ayuda a las per-
sonas que se encontraban en el lugar, quienes solicitaron los servicios
de los bomberos. Estos lo recogieron aún con vida pero en camino al
hospital Roosevelt falleció”.
911
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Años
QUICHÉ
PETÉN
SOLOLÁ
SAN MARCOS
CHIMALTENANGO
No. de violaciones
335
910 C 9480. Abril, 1984. Cahabón, Alta Verapaz.
911 C 842. Octubre, 1990. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
1798.
En el período que corre entre 1990 y 1996, se mantuvo la tenden-
cia apuntada al final de los años 1980, es decir, la realización de ejecucio-
nes arbitrarias selectivas. Las víctimas de este período pertenecían en la ma-
yoría de los casos a organizaciones sociales y partidos políticos.
1799.
El 30 de abril de 1991, en la ciudad de Guatemala, fue ejecutada
Dinorah Pérez, dirigente del Movimiento Guatemala Unida y activista de
derechos humanos.
“Por la noche nos enteramos de que había sido asesinada frente a la
entrada de su casa, al volver del trabajo, por dos hombres en motoci-
cleta que después de acribillarla a tiros, agregando el tiro de gracia, se
dieron a la fuga...”
912
1800.
Germán Alfredo de León Pacajá, miembro del PGT y miembro
fundador de la Unión de Trabajadores de Quetzatenango, fue capturado
alrededor de las 7:30 de la mañana del 1 de junio de 1994, cuando regre-
saba de haber dejado a su niña en la escuela, en la aldea Patzutzún, muni-
cipio de Concepción, Sololá. Tres hombres vestidos con uniformes del
Ejército lo golpearon y subieron a un trooper. A las cinco de la tarde, los
habitantes de la aldea Las Trampas, Sololá, oyeron un ruido muy fuerte y
llamaron a los bomberos de Sololá, porque se dieron cuenta que un carro
había caído en un barranco. En el vehículo fue encontrado el cuerpo de
Germán de León, quien según el acta de defunción falleció a causa de as-
fixia por estrangulamiento y varias fracturas en la tráquea.
913
1801.
Román Ramos Esteban fue ejecutado por hombres enmascarados
y vestidos de civil el 22 de abril de 1995, en el camino de San Ignacio,
Mundo Nuevo, del municipio de Tajumulco, San Marcos. La víctima,
que fue apresada y expulsada por la fuerza de la camionetilla de ruta don-
de viajaba, junto con otras personas desde Malacatán; venía de regreso
de una reunión de la asociación comunitaria Adim de Carisoa, de Quet-
zaltenango, de la cual era el representante en dicha aldea.
914
1802.
En noviembre de 1996, en el departamento de San Marcos, una
patrulla de soldados llegó a la finca donde trabajaba Marcos Ortiz Hernán-
dez. Los soldados le pidieron sus documentos y en vista de que no los te-
nía, lo capturaron y acusaron de ser miembro de la guerrilla, para poste-
riormente ejecutarlo.
915
336
912 C 18051. Abril, 1991. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
913 C 8014. Junio, 1994. Quetzaltenango, Quetzaltenango.
914 C 7182. Abril, 1995. Tajamulco, San Marcos.
915 C 5263. Noviembre, 1996. San Marcos, San Marcos
Los autores de las ejecuciones arbitrarias
1803.
Durante este período, según los datos registrados por la CEH, el
responsable del mayor número de ejecuciones arbitrarias fue el Ejército de
Guatemala, seguido de las PAC.
1804.
Según los datos recogidos por la CEH, durante el enfrentamiento
armado interno el Ejército fue responsable del 86% del total de ejecucio-
nes arbitrarias. Las PAC fueron responsables del 21%, los comisionados
militares del 11%. Otras fuerzas de seguridad del Estado (Policía Nacio-
nal, Guardia de Hacienda y otros) del 4% (Véase G
RÁFICA
18).
GRÁFICA 18: Porcentaje de participación de fuerzas responsables
en ejecuciones arbitrarias (los 7 más frecuentes)
GUATEMALA (1962-1996)
Nota: El porcentaje de cada responsable se calcula sobre el total de ejecuciones arbitrarias, sin considerar si su
actuación fue individual o en colaboración con otro.
1805.
Aunque en un buen porcentaje de los casos el Ejército actuó como
único responsable de los hechos, la colaboración de las PAC y los comisio-
nados con el Ejército fue muy frecuente en la realización de las ejecuciones.
1806.
Las ejecuciones arbitrarias realizadas de manera selectiva siguieron
un procedimiento que tenía dos etapas: la primera era la designación del
objetivo de la ejecución; la segunda consistía en la planificación de la mis-
ma. Invariablemente, era la Inteligencia militar, como ya se señala en el
apartado correspondiente, la encargada de buscar, registrar y analizar la in-
formación sobre la eventual víctima.
“Hay un expediente y un archivo computarizado sobre periodistas, es-
tudiantes, líderes, gente de izquierda, políticos, etc. ... El expediente
menciona donde nació la persona, el partido político al cual pertene-
ce, los más importantes sucesos de su vida”.
916
86%
21%
11%
5%
4%
3%
2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ejército PAC Comisionados
militares
Guerrilla Otras fuerzas de
seguridad
Sin identificar Otros grupos
Responsable
Porcentaje de participación
337
916 Allan Nairn y Jean-Marie Simon; Guatemala’s civilian government faces the enemy within. Burau-
cracy of death, The New Republic, 30 de junio de 1986, pg. 15.
1807.
En ciertos casos, los agentes del Estado perpetraron ejecuciones ar-
bitrarias en cumplimiento de directrices generales y gozaron de una cierta
autonomía para hacerlo;
917
en otros, la ejecución de una persona estuvo cla-
ramente definida. Las decisión para ejecutar a determinada persona podía
tener dos orígenes.
1808.
El primero, las unidades militares recibían las órdenes de una au-
toridad superior, ya fuera del comandante de la unidad o base militar
que tenían un área de jurisdicción o del Estado Mayor de la Defensa Na-
cional.
“Un S-2 local ... puede recibir la orden de su comandante para ma-
tar a una gente y lo va a hacer, porque el S-2 local no va a pensar, no
se va a poner a cuestionar si esa orden viene de arriba o está siendo
tomada localmente”.
918
1809.
El segundo, las zonas, bases, fuerzas de tarea, y sus unidades mili-
tares desplegadas en el terreno, operaban conforme a las líneas generales
programadas por sus superiores; pero la decisión específica era tomada por
los comandantes de estas unidades.
1810.
No obstante, la decisión de ejecutar a ciertas personas con recono-
cimiento nacional e incluso internacional se adoptaba en las más altas ins-
tancias. Por ejemplo, un ex miembro de Inteligencia declaró que había par-
ticipado en la investigación de la G-2 sobre Alberto Fuentes Mohr, pero
añadió que la decisión fue tomada a un nivel todavía más alto.
919
1811.
En ciertos casos, sectores ajenos al Ejército participaban también
en la elección de la víctima para que fuera ejecutada:
“Por un lado no debemos olvidar el sector más poderoso de este país,
que es el sector del poder económico, que en esos aspectos y en esa épo-
ca también tomaba decisiones y participaba, quizás no a nivel insti-
tucional pero sí a nivel de los grupitos que han manejado esa parte po-
lítica. Al sector privado incluso se le atribuyen grandes decisiones de
asesinatos ... el caso de Manuel Colom Argueta, por ejemplo ... Y no
creo que haya habido esa interpelación tan estrecha, salvo en casos
muy específicos. A nivel político el caso de Manuel Colom Argueta
creo que fue una decisión de un grupo pequeño del sector privado uti-
338
917 Por ejemplo, “Aniquilar los a Comités Clandestinos Locales...”, fue parte del propósito general del
plan de campaña Victoria 82.
918 Testigo (alto cargo del Gobierno) CEH. (T.C. 13).
919 Allan Nairn y Jean-Marie Simon; Guatemala´s civilian government faces the enemy within. Burau-
cracy of death, The New Republic, 30 de junio de 1986, pg. 15.
lizando un grupo del Ejército, por supuesto. Entonces la maquinaria
ha funcionado así, entrelazada pero separada con compartimentos,
inteligentemente para no dejar huellas, para que no levanten litigio
en un caso como este”.
920
1812.
El mismo declarante agregó:
“Y sé de una reunión que hubo y yo tuve pruebas de eso, una reu-
nión así como esta, de la élite del sector privado, cuando Vinicio Ce-
rezo se lanzó a la reforma fiscal hubo alguien que se pasó de enoja-
do y dijo, ‘yo doy el dinero para que asesinen a Vinicio Cerezo, yo me
encargo’. Claro, ahí no se llevó a cabo, pero ese tipo de asesinatos po-
líticos, de violaciones surgieron muchas veces, en ese caso no se llevó
a cabo pero en otros sí, sin duda. Por ejemplo, para ellos Fito Mijan-
gos era un enemigo tremendo y no sabían qué hacer con él hasta que
lo mataron...”
921
1813.
Una vez se tomaba la decisión, procedía a organizarse el operativo
para su ejecución. Las circunstancias en las cuales se produjeron muchas
de las ejecuciones arbitrarias revelan un alto grado de preparación del ope-
rativo, pues los que llevaron a cabo la acción disponían de las informacio-
nes necesarias sobre la víctima. El sargento mayor Noel de Jesús Beteta Al-
varez, que fue sentenciado por el asesinato de la antropóloga Myrna Mack
declaró: “Desde temprano se montaba vigilancia ... todo el día ... en la maña-
na sí, la esperaba en la casa ... cuando se iba acercando el día de ejecutar la
orden...”
922
Las ejecuciones arbitrarias perpetradas
por miembros del Ejército
1814.
El alto porcentaje de ejecuciones arbitrarias atribuidas al Ejérci-
to se debe a que recurrió al uso sistemático de las ejecuciones para ani-
quilar a quienes consideraba enemigos, es decir “todos aquellos indivi-
duos, grupos u organizaciones que por medio de acciones ilegales tratan de
romper el orden establecido...” E incluyó también “a aquellos individuos,
grupos u organizaciones que sin ser comunistas tratan de romper el orden es-
tablecido”.
923
339
920 Testigo directo (alto cargo del gobierno) CEH. (T.C.21).
921 Ibid.
922 CI 85. Septiembre, 1990. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
923 Ejército de Guatemala, Manual de Guerra Contrasubversiva, Guatemala, Noviembre de 1983,
pgs. 2-3.
Ejecución de personas acusadas
de tener vínculos con la guerrilla
1815.
A lo largo del enfrentamiento armado interno, el Ejército realizó
miles de ejecuciones arbitrarias, muchas de ellas cometidas contra personas
que eran acusadas de tener vínculos con la guerrilla.
1816.
En muchos casos, las víctimas fueron ejecutadas por el Ejército sin
que previamente se verificará si la acusación de ser activista o colaborador
de la guerrilla tuviera fundamento. A partir de 1980, el Ejército instruyó
que las aldeas del municipio de Cotzal debían tener una bandera de Gua-
temala que proporcionaba el Ejército. La aldea Chisís fue una de las últi-
mas aldeas en recoger su bandera en el destacamento de Cotzal. Al presen-
tarse varios miembros de la comunidad a recoger la bandera, cuatro cam-
pesinos fueron acusados de pertenecer a la guerrilla, interrogados sobre sus
lazos con los insurgentes y conminados a que devolvieran las armas, pues
de lo contrario serían ejecutados. Al parecer, una de las víctimas colabora-
ba con la guerrilla. Las víctimas fueron conducidas al borde de una fosa,
en el interior del destacamento, y ejecutadas de forma que cayeran en ella.
La acción se llevó a cabo frente a la mirada de todas las personas de la al-
dea que habían llegado al destacamento. Al final de la ejecución, el oficial
a cargo le dijo a la gente: “Ahora ya pueden llevar su bandera, vieron que ya
quedaron libres de la guerrilla”.
924
1817.
La participación de una persona en una PAC de su comunidad, no
descartaba la posibilidad de ser acusado de colaborador de la guerrilla y en
consecuencia, de morir ejecutado. Israel Alvarado regresó el 3 de agosto de
1982 después de residir en México. Al día siguiente salió en ronda de vi-
gilancia con los demás patrulleros de Santa Ana. En el camino se encon-
traron con un grupo de soldados del destacamento de San Antonio o El
Tablón que traían a un detenido, acusado de ser guerrillero. Al pasar fren-
te a los patrulleros, el detenido señaló a Israel indicando que colaboraba
con el EGP dándoles comida. Los soldados lo detuvieron en ese instante
con intenciones de colgarlo. Sus compañeros de patrulla intercedieron
por él, asegurando que no colaboraba con la guerrilla. Los soldados se lo
llevaron al pueblo, amarrado. Una vez en Santa Ana, el padre de Israel pi-
dió hablar con el oficial, explicándole que su hijo no colaboraba con el
EGP, pero no lo escucharon. Lo ataron a un palo en el parque sin darle
comida ni agua durante 48 horas. Al día siguiente, a las cinco de la ma-
ñana, lo llevaron hacia El Tablón, San Antonio, luego a Buxub, Jacalte-
nango y posteriormente a Nentón. Durante el trayecto la tropa iba reu-
niendo a la gente de los pueblos por los que pasaban, ordenando a Israel
que señalara sus compañeros, a lo que se negaba alegando que no era gue-
340
924 C 3705. Diciembre, 1981. San Juan Cotzal, Quiché.
rrillero. En Nentón lo mantuvieron encerrado en el destacamento duran-
te 15 días, y finalmente lo arrojaron al río Azul, en la frontera entre Nen-
tón y Jacaltenango.
925
1818.
La acusación de colaborar o pertenecer a la guerrilla fue muchas ve-
ces la consecuencia de tener conflictos personales con miembros de la pro-
pia comunidad o de otras aldeas. Ante una inculpación de esta naturaleza,
el Ejército no comprobaba previamente la veracidad de los cargos y proce-
día a ejecutar sumariamente al acusado, aunque estuviera integrado en una
PAC o fuese comisionado militar.
1819.
Vicente Alvarez Contreras, comisionado militar de la aldea El Pi-
torreal, en Dolores, Petén, tuvo problemas con su homólogo de una loca-
lidad próxima que le acusó de ser guerrillero ante el destacamento de El
Chal. Durante la noche del 22 de enero de 1982, soldados del destacamen-
to de El Chal llegaron disparando sus armas contra la casa de Vicente Con-
treras, entraron en la vivienda y se lo llevaron junto con su esposa y su hi-
ja mayor a la morada del comisionado militar autor de la denuncia, a quien
también apresaron. Cuatro días después se descubrió el cádaver de Vicen-
te Alvarez Contreras, los cuerpos de su esposa y su hija nunca aparecieron.
Días después de la captura, el comandante del destacamento de El Chal
fue a la aldea El Pitorreal y dijo a algunas personas que lo ocurrido esa no-
che había sido un error del informante, no de ellos.
926
1820.
En otros casos, las ejecuciones fueron practicadas a raíz de la infor-
mación que el propio Ejército poseía. En un día de diciembre de 1982 en
la cabecera municipal del municipio de Concepción Huista, Huehuete-
nango, miembros del Ejército convocaron a toda la población de la cabe-
cera a una reunión frente al templo católico local. “El oficial me dijo, ‘le es-
pero en el centro ya que el día de hoy vamos a realizar un acto muy importan-
te para el municipio”. Cuando se encontraban todos reunidos, el oficial se
dirigió a los vecinos y les dijo: “Sabemos que en ésta población hay muchas
personas que están comprometidas con el EGP, hoy van a presenciar lo que les
sucede a quienes los apoyan. Si insisten en seguir lo mismo, también ustedes co-
rrerán la misma suerte”. Los soldados habían detenido ese día a Francisco
Salucio y a Francisco Ramírez Vargas, dos jóvenes que residían en la cabe-
cera y que por informaciones que obraban en poder de los miembros del
Ejército, integraban el grupo guerrillero. “Francisco estaba organizado, per-
tenecía al EGP y el día que lo capturaron se encontraba en la cabecera con su
familia.” A los capturados, los amarraron al poste del tablero de la cancha
de basquetbol y frente a la población un pelotón se preparó para realizar la
ejecución. “Eran las doce cuando cayeron los dos”.
927
341
925 C 5244. Agosto, 1982. Santa Ana Huista, Huehuetenango.
926 C 10196. Enero, 1982. Dolores, Petén.
927 C 5506. Diciembre, 1982. Concepción Huista, Huehuetenango.
1821.
Para el Ejército, los residentes de una región donde era habitual
la actividad de la guerrilla, se convertían en miembros o colaboradores
de la insurgencia, incluso si se trataba de niños. Pasado algún tiempo
desde la masacre de Cunén, en el departamento de Quiché, el 17 de ene-
ro de 1982, miembros del Ejército adscritos al destacamento de Chiúl y
patrulleros de Cunén tuvieron conocimiento de que en la aldea San Jo-
sé, Cunén, existía un campamento de suministro de la guerrilla. En la ca-
becera municipal de Cunén se formó una patrulla mixta —patrulleros y
miembros del Ejército—, llegaron al campamento y aprehendieron a
Leonardo Hernández López, a su esposa y sus dos hijos. Los condujeron
al centro de la aldea San José donde se estaba celebrando el día del pa-
trón de la localidad y, frente a todas las personas ahí reunidas, colgaron
de un árbol a la esposa y los dos hijos de Hernández López. A su esposa
e hijos, después de colgarlos, les dispararon y los enterraron en el mismo
lugar.
928
Las ejecuciones arbitrarias realizadas
en operaciones encubiertas
1822.
En las operaciones militares regulares del Ejército, fueron miem-
bros uniformados de dicha institución quienes cometieron las ejecuciones
arbitrarias. En las operaciones encubiertas, las ejecuciones fueron realiza-
das por soldados vestidos de civil o disfrazados de guerrilleros.
1823.
La utilización que el Ejército hizo de efectivos vestidos de civil tan-
to en la capital como en el resto del país, facilitó la ejecución arbitraria de
muchas personas, sin que se pudiera señalar la autoría material de tales ac-
ciones. Entre las áreas del Ejército que frecuentemente actuaron vestidos
de civil o disfrazados con indumentaria guerrillera, destaca la sección de
Inteligencia.
En el cantón Hamaca, del municipio de San Ildefonso Ixtahuacán, de-
partamento de Huehuetenango, a media noche de un día de mayo de
1981, un grupo de hombres vestidos de civil, conocido como la G-2 de
Huehuetenango “entraron a la vivienda de su hermano Marcos Domingo
Díaz, a quien se llevaron a puros golpes, empujones y patadas que le propina-
ran estos hombres; a mitad del camino fueron dándole puñaladas en todo el
cuerpo y le privaron la vida de un balazo...”
929
1824.
También se han recogido numerosos testimonios en que los miem-
bros del Ejército actuaron disfrazados de insurgentes. Esto ocurrió sobre
todo en las áreas rurales donde había presencia guerrillera. Uno de los ob-
342
928 C 16701. Marzo, 1982. Cunén, Quiché.
929 C 5087. Mayo, 1981. San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango.
jetivos perseguidos mediante esta forma de operar fue crear confusión en
la población haciéndola creer que la guerrilla había sido la responsable de
las ejecuciones.
“Son esos que dicen llamarse escuadrones de la muerte, pero son los
mismos del Ejército, son disfrazados de guerrilleros, ropa toda sucia,
toda rota, se ponían botas de hule para despistar que son de la guerri-
lla y son del Ejército”.
930
1825.
Otros de los factores que inspiró esta forma de actuación fue la ne-
cesidad de detectar a las personas que pudieran tener simpatía por la gue-
rrilla. Una vez localizadas, eran ejecutadas.
“Hay ocasiones en que se hacen pasar por guerrilleros, llegaban de no-
che, usaban la ropa de verde olivo con botas de plástico y con las mo-
chilas que encontraban ... pues para pasar como guerrillero. Entonces
ahí la población se confunde, entonces cuando ven que la población
está colaborando con ellos la matan”.
931
1826.
El 7 de septiembre de 1981, mientras se estaba celebrando la fe-
ria en honor a la Virgen del Rosario, en la comunidad El Limonar, del
municipio Jacaltenango, Huehuetenango, llegaron unos hombres vesti-
dos de particular gritando consignas a favor del EGP. Dos jóvenes res-
pondieron al llamado de los hombres al igual que otro joven de la comu-
nidad La Laguna. Los hombres montaron en varios carros y se dirigieron
a esta localidad. Cuando los vehículos iban en marcha, dos individuos
que venían por la carretera fueron forzados a subir a los autos. En su in-
terior, las víctimas vieron a cinco desconocidos que portaban armas co-
mo las del Ejército y que no tardaron en identificarse como miembros de
esa Institución Armada. Al llegar a la ruta principal, a un kilometro de
La Laguna, uno de los vehículos se detuvo y los soldados bajaron a los
capturados y comenzaron a golpearlos. Desenfundaron sus armas y em-
pezaron a matarlos uno por uno. Pero uno de los prisioneros logró esca-
par. Los cadáveres de Antonio Camposeco, Jesús López y Edmundo
Cruz fueron arrojados al río en territorio mexicano. Dos de las víctimas
nunca aparecieron.
932
343
930 Testigo (ex soldado) CEH. (T.C. 85).
931 Testigo directo (ex mando del EGP )CEH. (T.C.80).
932 C 5207. Agosto, 1981. Jacaltenango, Huehuetenango.
Ejecuciones arbitrarias realizadas en acciones de patrullaje
1827.
El patrullaje realizado por el Ejército era una acción táctica de ru-
tina guiada por varios propósitos; a veces para buscar información y loca-
lizar a la guerrilla, y otras para combatirla. Durante estas patrullas, miem-
bros del Ejército efectuaron numerosas ejecuciones arbitrarias.
“Salimos patrullando otra vez, verdad, destruyendo las casitas, y que-
mando las trampas y bueno esporádicamente encontrábamos uno o
dos tipos por allí. El oficial ordenaba que los mataran y los dejaran
por allí tirados y seguíamos avanzando.”
“Le dije, mi subteniente, le doy parte que encontramos a una señora
[de unos 19 años con su bebé de unos 8 meses]. ‘Tráiganla’, dijo,
verdad, en fin, qué está haciendo aquí, le dijo, verdad, usted es gue-
rrillera, le dijo, verdad, no le dijo, bien mátenla, hijue’puta, dije yo,
verdad, y el niño, también me dijo, verdad, entonces llamé a otro, a
un soldado de primera, soldado, le dije, hágase cargo de la señora, le
dije, y es un regalo del subteniente, le dije, enterado, mi cabo, me di-
jo, verdad. Llamó a los muchachos y dijo, hay carne muchá, dijo, ver-
dad, entonces vinieron agarraron a la muchacha, le quitaron al pa-
tojito y la violaron entre todos, otra vez, verdad, la violación masiva.
Luego les dije yo que mataran primero a la señora para que no sintie-
ra mucho de que mataran primero al hijo, verdad, entonces, la ma-
taron ... le zamparon tres balazos, y luego al niño...”
933
Ejecuciones arbitrarias realizadas
en operaciones de tierra arrasada
1828.
Muchos civiles resultaron muertos a consecuencia de los ataques
del Ejército dirigidos contra las comunidades. El 11 de septiembre de
1980, unos 150 soldados que avanzaban desde el destacamento de Uspan-
tán hacia El Desengaño quemaron en el camino más de noventa casas, des-
trozaron la cooperativa, robaron bienes y mataron animales. La población
salió huyendo y se refugió en el monte. Emiliana Velásquez Zapeta proba-
blemente “pensó que no le iban a hacer nada” y cuando vio llegar a los sol-
dados se puso a barrer la entrada de su casa, llevaba un nene de unos me-
ses a la espalda. Los soldados dispararon y mataron a Emiliana y a su ne-
ne. Cuando se retiró el Ejército los vecinos enterraron los cadáveres en el
cementerio.
934
344
933 Testigo directo REMHI. (T. 53).
934 C 2403. Enero, 1981. San Miguel Uspantán, Quiché.
Represalias contra la población civil
1829.
El Ejército castigó con frecuencia a la población civil después que
algún enfrentamiento con la guerrilla ocasionara bajas en sus filas. En
1980, después de un combate entre miembros del Ejército y del EGP, en
el que murieron dos soldados, llegó un pequeño contingente militar a Sa-
calá, San Martín Jilotepeque, Chimaltenango. Al descender de sus vehícu-
los los ocho soldados que integraban el grupo empezaron a hacer pregun-
tas a la gente y apresaron a varias personas. María Valeriana Jacobo Atz sa-
lió corriendo de su casa con sus dos nietos, a quienes estaba cuidando. Se
escondieron en una casa abandonada, pero los soldados los descubrieron.
Procedieron a detenerlos, sacándoles a la fuerza de la casa. A continuación
les cortaron la cabeza a los tres. Por lo tanto murieron decapitados, la abue-
la María Valeriana y sus dos nietos, Rolando Mutzut Jacobo e Hilda Mut-
zut Jacobo, ambos de 6 años. En el curso de la misma operación de repre-
salia, los soldados mataron también a Víctor Mutzut, de 60 años, con un
tiro de gracia.
935
Acciones crueles contra la población civil
1830.
También se registraron casos de ejecuciones arbitrarias cometidas
con crueldad por el Ejército, donde no solamente se ejecutó a las víctimas
sino que además se les hizo sufrir antes de su muerte. En horas de maña-
na del 26 de marzo de 1982 llegó el Ejército a la comunidad de Lacamá I,
del municipio de Chichicastenango, Quiché. Los habitantes lograron huir,
poniéndose a salvo entre los barrancos y la montaña. Los soldados quema-
ron las casas, los enseres domésticos y las cosechas. Cuando los soldados se
retiraron, los habitantes volvieron a la aldea, pero la hermana de Pedro Al-
gua Ramos no regresó. Pedro salió a buscarla en compañía de Manuel
Méndez Calel, y ambos fueron capturados por soldados que los conduje-
ron a una casa desocupada donde los quemaron vivos. De los cuerpos de
las dos víctimas sólo se encontraron los pies; el resto de los despojos esta-
ba completamente carbonizado.
936
Ataques indiscriminados
1831.
De acuerdo con las normas del derecho humanitario el Ejército
puede atacar legítimamente un campamento de la guerrilla o a sus comba-
tientes. Sin embargo, al hacerlo el Ejército también tiene la obligación de
confirmar la existencia de un objetivo militar, con el fin de evitar que los
no combatientes sean afectados.
1832.
El 25 de diciembre de 1981, miembros de la comunidad de El Mo-
najil, Santa Ana Huista, Huehuetenango, salieron en un camión a com-
345
935 C 8032. 1980. San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.
936 C 16319. Marzo, 1982. Chichicastenango, Quiché.
prar maíz a la comunidad de la Laguna en el municipio de Jacaltenango.
Al día siguiente, cuando venían de regreso, en la aldea El Tablón ubicada
entre los municipios de Santa Ana Huista y San Antonio Huista, muy cer-
ca de la comunidad de Monajil, el Ejército comenzó a dispararles con fu-
siles Galil. En ese ataque resultaron gravemente heridas tres personas que
tuvieron que ser trasladas de emergencia al hospital de Jacaltenango. Vir-
gilio Morales, Oscar Morales y Jesús Gaspar fallecieron antes de que pu-
dieran atenderlos en el hospital. Aparentemente, el ataque del Ejército fue
motivado porque, momentos antes, la guerrilla intentó emboscar a las tro-
pas y, cuando el camión de los militares iba pasando, los insurgentes deto-
naron una bomba que ocasionó varias bajas.
937
Bombardeos indiscriminados
1833.
La Comisión recibió denuncias sobre casos de bombardeos efec-
tuados por el Ejército contra aldeas o comunidades en las cuales murieron
hombres, mujeres y niños.
938
En el año 1982, el Ejército bombardeó la al-
dea Tzalbal en Nebaj. Entre las víctimas del bombardeo murieron Diego
Cobo, su madre Juana Cobo y por lo menos otras dos personas, quienes
fueron enterrados en el cementerio de la comunidad.
939
“El día 19 de diciembre de 1989, un avión Cessna A-37 B, de la
Fuerza Aérea Guatemalteca sobrevoló la comunidad Santa Rosa Xe-
putul de la CPR de la Sierra ... a las 11 de la mañana la unidad aé-
rea lanzó una bomba de 550 libras ... murieron cuatro civiles, muje-
res. Otros dos fallecieron ese mismo día en Chaxá, aldea cercana a
Santa Rosa, a causa de otra bomba arrojada por el avión”.
940
Uso de minas
1834.
Durante el enfrentamiento armado, el Ejército utilizó minas anti-
personales, así como las trampas explosivas conocidas como “cazabobos”,
que causaron la muerte de muchos civiles.
“Antes del bombardeo, pero ya en 1993, el Ejército entró a la comu-
nidad de San Francisco Los Angeles. Después del paso del Ejército vol-
vimos al lugar y al levantar un paquete de jabón de un kilo de Doña
Blanca, que no había sido reventado por el Ejército, estalló una bom-
ba. La bomba botó la tapesca y arrojó a la víctima Domingo Pascual
346
937 C 5234. Diciembre, 1981. Santa Ana Huista, Huehuetenango.
938 CI 084. Julio. 1981. Huehuetenango, Huehuetenango.
939 C 15432. 1982. Nebaj, Quiché.
940 CI 058. Diciembre, 1989. Chajul, Quiché.
Sebastián como a cinco varas. A otro compañero que estaba a media
cuerda, una esquirla le raspó el mentón”.
941
Las ejecuciones arbitrarias cometidas
por las Patrullas de Autodefensa Civil
1835.
Las PAC, creadas bajo el régimen del general Romeo Lucas García
y legalizadas por el régimen del general Ríos Montt, fueron utilizadas co-
mo instrumento de contrainsurgencia y de control de la población, come-
tiendo un alto número de ejecuciones arbitrarias, especialmente en los de-
partamentos de Quiché
942
, Alta Verapaz, Baja Verapaz y Huehuetenango.
943
Ejecución arbitraria de personas acusadas de ser guerrilleros
1836.
Los patrulleros también ejecutaron a miembros de su comunidad,
sospechosos de ser guerrilleros. El 7 de diciembre de 1981, en la comuni-
dad de Chicoxob, del municipio de San Andrés Sajcabajá, departamento
de Quiché, llegaron dos patrulleros a la casa de Andrés, a quien acusaron
de pertenecer a la guerrilla, le preguntaron por los nombres de sus demás
compañeros y el lugar donde se escondían. Andrés negó las acusaciones,
respondió que él se dedicaba a sus labores agrícolas y que nada tenía que
ver con los insurgentes. Los patrulleros insistieron en la acusación; la víc-
tima al ver que se ponían cada vez más violentos en sus expresiones, se
asustó y les rogó que lo dejaran porque él era inocente; pero los patrulle-
ros lo ejecutaron en el acto.
944
Ejecución arbitraria de guerrilleros
1837.
La captura y posterior ejecución de miembros de la guerrilla fue una
de las tareas asumidas por las PAC durante el enfrentamiento armado. Ju-
lia Aguaré Velásquez se enroló como combatiente del EGP en 1980 cuan-
do el Ejército arrasó El Desengaño, incorporándose al frente Ho Chi Minh.
Fue capturada en abril o mayo de 1982 por patrulleros de la Zona Reina,
que la violaron y torturaron durante tres días; después la ejecutaron.
945
Ejecuciones arbitrarias realizadas
durante acciones de patrullaje
1838.
Las PAC también realizaron acciones tácticas de patrullaje en com-
binación con el Ejército o por orden del mando militar. Durante estas ma-
niobras cometieron numerosas violaciones de derechos humanos, inclu-
yendo ejecuciones arbitrarias. Andrés Chingo era destacado integrante de
347
941 C 11190. 1993. Ixcán, Quiché.
942 CI 105. Junio. 1993. Chichicastenango, Quiché.
943 CI 005. Agosto. 1983.
944 C 2388. Diciembre, 1981. San Andrés Sajcabajá, Quiché.
945 C 2595. Abril, 1982. San Miguel Uspantán, Quiché.
Acción Católica, “iba por las comunidades y platicaba de la justicia y de la
verdad, porque así hacían los de Acción Católica”, y fue acusado de colaborar
con la guerrilla. En agosto de 1982 efectivos del Ejército y patrulleros de
Joyabaj quemaron su casa y sus cultivos ubicados cerca de la carretera de la
comunidad. Tras este hecho, Andrés cesó sus actividades en la Acción Ca-
tólica. El 30 de noviembre, cuando salió al monte a recoger leña, los patru-
lleros armados de Joyabaj lo capturaron y “lo acusaron de ser guerrillero por
andar por el monte, pero él no estaba metido en nada ... le dieron golpes con la
culata de las armas, le machetearon la cara y la cabeza y le metieron un tiro”.
946
Ejecuciones arbitrarias de personas
que se negaron a patrullar
1839.
La actividad prioritaria de las PAC, como su nombre lo indica, era
el patrullaje. Algunos patrulleros que se negaron a realizar dicha actividad
fueron ejecutados de manera arbitraria.
947
El 8 de febrero de 1981, en la
comunidad de Chipaj, del municipio de Uspantán, departamento de Qui-
ché, un grupo de patrulleros acudió a la casa de Juan Tum, quien se nega-
ba a realizar el servicio. Lo golpearon, le dijeron que tenía que cumplir su
turno y se lo llevaron a la fuerza. Al día siguiente, sus familiares fueron a
la garita de las PAC para averiguar por qué no había regresado a su casa. A
la par de la garita encontraron el cadáver de Juan Tum y otros dos cuerpos
sin identificar. El patrullero muerto “no quería hacer turno solamente por la
necesidad de sus hijos”.
948
1840.
La obligación de patrullar afectó con frecuencia a los niños, pues a
estos tampoco se les reconoció el derecho de oponerse, y también sufrie-
ron las consecuencias de esta negativa a patrullar. Augusto de la Cruz Yat,
de sólo 10 años se rehusaba a patrullar cuando fue sacado de su casa por
los patrulleros. Una vecina que se encontraba cerca vio cuando lo llevaron
de su casa. Sus familiares escucharon que lo habían matado en un barran-
co, pero por miedo no se atrevieron a comprobarlo.
949
1841.
El poder de las PAC queda ilustrado en el siguiente caso de eje-
cución arbitraria contra dos miembros de una familia. En el caserío El
Chorro de Xemal, en el municipio de Colotenango, Huehuetenango,
Juan y Santiago Domingo Sánchez se negaron varias veces a patrullar,
por lo que fueron amenazados de ser guerrilleros. El 5 de julio de 1992,
los patrulleros de Xemal llegaron a la vivienda donde habitaban Juan y
Santiago, los abatieron disparando sus armas de fuego, posteriormente
les propinaron varios machetazos, dejaron los cadáveres cubiertos con
348
946 C 16098. Noviembre, 1982. Zacualpa, Quiché.
947 CI 105. Junio.1993. Chichicastenango. Quiché.
948 C 2784. Febrero, 1981. San Miguel Uspantán, Quiché.
949 C 16677. 1982. Zacualpa, Quiché.
unas chamarras y luego saquearon la casa. Aunque inicialmente impidie-
ron enterrar los cuerpos en el caserío, los familiares los pudieron sepul-
tar en Xemal.
950
Ejecuciones arbitrarias de patrulleros
por faltas al reglamento disciplinario
1842.
Los patrulleros debían observar algunas reglas de conducta; en al-
gunos casos la indisciplina fue castigada de forma drástica, llegando al
extremo de ejecutar arbitrariamente a alguno de sus integrantes. En
1986 en la aldea Niyá, San Pedro Necta, Huehuetenango, el patrullero
Santos Ramírez bebía licor mientras cumplía su turno de patrulla. El je-
fe de la patrulla se enojó y ordenó un castigo. A Santos lo amarraron y
lo metieron en un pozo de agua donde permaneció colgado por un día
y una noche. Sufrió mucho porque en esa época hacía mucho frío y hu-
bo lluvia. Cuando lo sacaron del pozo, todavía mojado, lo ataron a un
palo. Lo colocaron cerca de la escuela y lo abandonaron allí hasta que
murió.
951
Acciones crueles realizadas por las PAC
1843.
En multitud casos, las ejecuciones realizadas por las PAC fueron
perpetradas con especial crueldad.
952
El 16 de junio de 1982, Pedro Ramí-
rez Ajmac, su esposa, sus hijos y su hermano salieron de Chacagüex hacia
la aldea Chuahoj, municipio de Sacapulas, Quiché, cuando vieron que por
el camino se acercaba un grupo de patrulleros de San Sebastián. Al verlos,
Tomás huyó de inmediato, Pedro salió corriendo después, pero le dieron
alcance, lo ataron de un pie al vehículo y se lo llevaron arrastrándolo apro-
ximadamente dos kilómetros hasta llegar a la sede de la patrulla de San Se-
bastián. Pedro llegó en un estado terrible; aparecía con graves heridas, en
especial, en el rostro; su esposa y sus hijos corrían detrás de él gritando y
llorando por lo que le estaban haciendo. Pedro pidió agua a los patrulleros
y el jefe de las PAC le ofreció orina; sin tener compasión de él dijo que iba
a distribuir a su tres pequeños hijos entre gente de la aldea que los quisie-
ra adoptar, porque él quería a los más grandes pero que a la pequeña no.
A la esposa le dijo que la iba a asesinar. Después los demás patrulleros hi-
cieron una hoguera, quemaron a Pedro, abrieron una fosa dentro del des-
tacamento y lo enterraron.
953
349
950 C 5572. Mayo, 1992. Colotenango, Huehuetenango.
951 C 5135. 1986. San Pedro Necta, Huehuetenango.
952 CI 053. Junio. 1982. Quiché.
953 C 16016. Junio, 1982. Sacapulas, Quiché.
1844.
Se observó también que la participación de las PAC en acciones
combinadas con el Ejército se desarrolló con extrema crueldad. El 15 de
enero de 1982, el Ejército incursionó en el caserío Xejuyub del municipio
de San Andrés Sajcabajá, departamento de Quiché quemando casas y co-
sechas. Los soldados junto con los jefes de las patrullas, que a su vez eran
comisionados militares, reunieron en el centro de la comunidad a todos los
vecinos, incluyendo niños, mujeres y ancianos, y seleccionaron a cuatro
personas. Los jefes de patrulla se dirigieron a la población explicando que
su trabajo era realizar una limpieza en la comunidad, y que por esa razón
presentaban a esas cuatro personas como agentes contaminantes de las de-
más por sus ideas comunistas. En seguida los maniataron y, ante la mira-
da de todos, los degollaron, obligando a otros patrulleros a abrir dos fosas
en el mismo lugar de ejecución y depositar en cada hoyo dos cadáveres.
Más tarde se dirigieron de nuevo al resto de vecinos asegurando que la mis-
ma suerte correría quien se involucrara con la guerrilla. Las personas deci-
dieron como mecanismo de sobrevivencia desplazarse a las montañas y ba-
rrancos lejanos del caserío.
954
Ejecuciones arbitrarias por motivos personales
1845.
Las PAC eran un instrumento de poder para sus jefes, y en gran
número de casos fueron unidades utilizadas para fines ajenos a la lucha
contrainsurgente. El año 1983 llegó a la comunidad de Pabaj, del munici-
pio de Jocopilas, departamento de Quiché, un jefe de patrulla evangélico,
reunió a los de la comunidad y les dijo:
“Ya logramos sacar a aquellos directivos, catequistas de la Iglesia Ca-
tólica. Ahora los que acepten el evangelio quedarán vivos, aquellos
que no quieran aceptar el evangelio quedarán muertos”. También
hablaba y decía: “al fin logramos destruir a ese demonio ahora des-
truiremos sus casas”. Entonces empezó a destruir los oratorios y a
romper a los santos, las ofrendas y los adornos del templo católi-
co con la colaboración de los patrulleros. La comunidad “aceptó el
evangelio”, en los términos impuestos por aquel jefe de patrulla,
con excepción de Juan Ordóñez. Un día de mayo de 1983 fueron
a capturarlo, él trató de huir, pero finalmente fue atrapado y
muerto a machetazos. Su cadáver no fue enterrado y posiblemen-
te se lo comieron los animales. Uno de los patrulleros recuerda
que el jefe de la patrulla les daba la orden de pegarle palos en la
cabeza y les decía: “Este es el compañero de ustedes, sólo miren lo que
le pasó, ahora ustedes deben darle palos en la cabeza, este es su com-
350
954 C 2479. Enero, 1982. San Andrés Sajcabajá, Quiché.
pañero de Cuba, si ustedes quieren que les hagan así, entonces qué-
dense en Cuba”.
955
Los comisionados militares
1846.
Los Comisonados militares también tuvieron una importante par-
ticipación en las ejecuciones arbitrarias realizadas durante el enfrentamien-
to armado. Cuando se creó la figura de comisionado militar en 1938, su
tarea principal era la de proporcionar reclutas al Ejército. En la década de
los sesenta, los comisionados militares tuvieron un papel importante en la
lucha antiguerrillera que se desarrolló en el Oriente:
“Para el 67 fue la violencia, murieron 13 personas inocentes en Ca-
jón del Río, acusados de ser guerrilleros. Fueron los comisionados mi-
litares, ellos eran pro liberacionistas y nosotros no, para ellos había jus-
ticia sobre nosotros, para ellos eran gloriosos esos tiempos, ellos tenían
el poder”.
956
1847.
A lo largo del enfrentamiento armado interno, esta institución fue
elemento clave dentro del dispositivo contrainsurgente concebido e im-
puesto por el Ejército. Sin embargo, los comisionados militares también
aprovecharon el poder para cometer ejecuciones por razones privadas.
Ejecuciones arbitrarias de personas acusadas
de tener vínculos con la guerrilla
1848.
Los comisionados militares ejecutaron a personas que por las tareas
que desempeñaban fueron estigmatizadas como miembros de la guerrilla.
Rodolfo Tiño Ramírez era miembro del Comité Pro Mejoramiento de Cu-
cabaj, Santa Cruz del Quiché; en el año 1982, mientras estaba en una fies-
ta, cuatro hombres armados preguntaron por él. Uno de ellos dijo: “Allí es-
tá, éste es mero guerrillero”. Seguidamente, los desconocidos abrieron fuego
contra él, cuyo cadáver abandonaron en el escenario del tiroteo para luego
subir en los vehículos en que habían llegado y desaparecer. El cuerpo de
Tiño fue enterrado en la localidad. Dos vecinos reconocieron a uno de los
hombres como comisionado militar de Chiché. También señalaron que los
demás eran comisionados y en referencia a Tiño Ramírez: “El no era gue-
rrillero sino que simplemente trabajaba en beneficio de su comunidad”.
957
1849.
Fue habitual que los comisionados militares entregaran a los des-
tacamentos del Ejército listados con nombres de personas sospechosas de
ser guerrilleros y por tanto, seleccionadas para que fueran ejecutadas. Un
351
955 C 2199. Mayo, 1983. San Pedro Jocopilas, Quiché.
956 Testigo directo (ex miembro de un escuadrón de la muerte) CEH. (T.C.120).
957 C 16523. 1982. Santa Cruz del Quiché, Quiché.
declarante informó a la CEH que entre 1980 y 1981, el comisionado mi-
litar le mostró “una lista de nombres de personas que iban a matar. Mi nom-
bre estaba en la lista. Un soldado, cuate mío, estaba de alta en la zona militar
19. Era mensajero entre la G-2 y la G-5 y así vio la lista. Le salió mi nombre
porque mi nombre es igual al de su padre, pero con el segundo apellido distin-
to. Me advirtió de irme de una vez. La lista tomaba cinco hojas de personas
que iban a matar, todos de Aguacatán”.
958
Ejecuciones arbitrarias de guerrilleros
1850.
Tampoco se respetaron las normas humanitarias mínimas a favor
de los guerrilleros puestos fuera de combate por cualquier causa. Muchos
de ellos, una vez capturados, fueron ejecutados. Un comandante de la gue-
rrilla declaró acerca de la muerte de dos miembros de la ORPA:
“Se me escapa la fecha correcta, pero fue en 1983, fueron brutalmen-
te asesinados los compañeros, uno de ellos se llamaba Valerio Castro,
de la aldea La Fraternidad; ellos iban con un equipo militar hacia
Sipacapa, donde teníamos una escuadra de información. Ellos fueron
interceptados por comisionados de San Luis Tuimuj y de la aldea Las
Delicias. No hicieron uso del armamento sino que trataron de esca-
par, pero fueron copados por estos comisionados de esta otra aldea y
fueron asesinados a golpes y enterrados en el mismo lugar”.
959
1851.
Los comisionados militares podían reportar al Ejército la captura
de un guerrillero o decidir por sí mismos su ejecución. En la aldea del
Bongo, municipio de El Estor, Izabal, Lucas Xol tenía fama de ser miem-
bro del EGP. Después de la masacre de la Llorona, en septiembre de
1981, los comisionados militares empezaron a visitar con mayor frecuen-
cia la aldea del Bongo. Lucas sintió miedo y huyó al monte. El jefe de los
comisionados militares contaba con numerosos informantes en la aldea,
quienes siguieron a su progenitor cuando iba a dejarle comida. El jefe de
los comisionados empezó a extorsionar al padre de Lucas, amenazándolo
con matar al resto de la familia si su hijo no se entregaba. Entonces, el pa-
dre convenció a Lucas para que abandonara su refugio y se presentase a la
autoridad, creyendo la palabra del comisionado, quien había prometido
que Lucas, simplemente sería castigado. Cuando Lucas bajó, fue a la al-
dea de Nueva Esperanza para entregarse. El comisionado lo mató y arro-
jó su cadáver en el lago de Izabal.
960
352
958 Testigo directo (colaborador de la guerrilla) CEH. (T.C. 543).
959 C 13138. 1983. Tejutla, San Marcos.
960 C 1161. Diciembre, 1981. El Estor, Izabal.
Ejecuciones por motivos personales
1852.
Algunos comisionados militares se aprovecharon de su posición
privilegiada y de la impunidad de que gozaban para enriquecerse por me-
dio de actividades ilegales y ejecutando a aquellos que constituían un obs-
táculo para conseguir sus propósitos. En el municipio de San Benito, de-
partamento de Petén, José Francisco Ovando Samos era colaborador del
Sistema de Protección Civil (SIPROCI), a cuyos expertos ayudó a detec-
tar sembradíos de marihuana que eran propiedad de los comisionados mi-
litares e incluso de algunos militares de San Benito. Dos o tres meses des-
pués de haber colaborado con SIPROCI, en mayo 1989, unas personas lo
sacaron del hospedaje en donde residía, lo introdujeron en un vehículo y
horas después su cadáver fue hallado en las afueras de uno de los bares de
San Benito. Algunas personas que se encontraban en el lugar en que Ovan-
do Samos fue apresado, vieron que uno de los comisionados militares per-
manecía escondido en el vehículo donde introdujeron a la víctima antes de
ejecutarla.
961
1853.
La posición de comisionado militar otorgaba a su titular el poder
de decidir la ejecución de una persona. La CEH recibió abundantes testi-
monios que informaron acerca de la práctica de comisionados militares
que negociaban la vida de personas a cambio de sumas de dinero. El 28 de
noviembre de 1982, durante la celebración de la cofradía, en la feria de la
aldea Pueblo Nuevo, del municipio de Tajumulco, San Marcos, Mario Ra-
mírez López fue sacado a la fuerza por un comisionado militar que lo en-
tregó al Ejército. Los soldados lo llevaron camino de Tojquián, donde lo
ejecutaron el mismo día. El comisionado confeccionaba las listas de perso-
nas que habían de ser asesinadas por el Ejército. Por borrar a una persona
de la lista cobraba entre Q250 y Q1,000. “Mucho pisto ganó ... todo lo hi-
zo así para poder borrarlos de las listas...”
962
La Policía Nacional
1854.
La Policía Nacional también fue autora de ejecuciones arbitrarias
durante el enfrentamiento armado. Las ejecuciones perpetradas por sus
agentes fueron el resultado de acciones ilegales, clandestinas, y donde se hi-
zo uso excesivo de la fuerza. Muchas de las ejecuciones que cometieron los
agentes de la Policía fueron realizadas a solicitud de la Inteligencia militar.
963
1855.
El 22 de agosto de 1979, llegó a Tiquisate, Escuintla, un grupo de
“judiciales” que colaboraban con la G-2 del Ejército y atraparon al guerri-
llero Savelio Melgar Gaytán. Su cadáver apareció tres días después en la
353
961 C 10125. Mayo, 1989. San Benito, Petén.
962 C 7184. Noviembre, 1981. Tajamulco, San Marcos.
963 Véase apartado intitulado La Inteligencia.
finca El Limón y presentaba señales de tortura. Le habían arrancado un de-
do de la mano, un dedo del pie y el cuello lo rodeaba el alambre de púas
con el que había sido ahorcado.
964
1856.
La forma clandestina en que actuaron los agentes de la Policía se
caracterizó, especialmente, por el hecho de no identificarse como miem-
bros de dicho cuerpo. El 17 de octubre de 1980, en la comunidad Tierra
Linda, del municipio de Santa Lucía Cotzulmaguapa, Escuintla, Eulalio
Guzmán Pérez y su familia se disponían a descansar cuando cinco hom-
bres armados con pistolas, escopetas y fusiles irrumpieron en su vivienda
y gritaron: “¿Dónde está Eulalio? Queremos hablar con vos ... No te escon-
dás, sabemos que estás aquí”. Después de una serie de forcejeos, aquellos
hombres lograron someter a Eulalio y a la fuerza lo sacaron de su residen-
cia. A uno cinco metros de la casa, uno de los hombres le disparó a corta
distancia, quitándole la vida. Se sabe que los autores del crimen fueron
agentes policiales pues, a consecuencia del forcejeo, uno de los hombres
perdió en el lugar de los hechos un documento de identificación de la Po-
licía Nacional.
965
La Guardia de Hacienda
1857.
La Guardia de Hacienda fue otro cuerpo armado estatal que come-
tió ejecuciones arbitrarias. El 13 de julio de 1981 miembros de la Guardia
de Hacienda buscaban al profesor Alipio Bautista, quien se había manifes-
tado en contra de la forma de operar del Ejército y de la Guardia de Ha-
cienda. En su lugar encontraron a Sergio Napoleón Miranda Miranda,
quien había sustituido al profesor Bautista. Al profesor Miranda lo sacaron
de su casa a las diez de la mañana y lo ejecutaron en las montañas de la al-
dea de San Luis. Junto el profesor Miranda también fue ejecutado arbitra-
riamente Marco Tulio López, quien trabajaba como maestro en el munici-
pio de Sibinal.
966
1858.
Las ejecuciones arbitrarias cometidas por los miembros de la Guar-
dia de Hacienda se caracterizaron porque fueron realizadas vistiendo los
uniformes de dicho cuerpo, lo que permitió su identificación como auto-
res de numerosas operaciones. En Sayaxché, Petén, el 9 de septiembre de
1980, Miguel Angel Gallardo García se dirigía a su casa luego de haber en-
tregado a su patrón el dinero producto de la venta de algunas mercaderías,
cuando fue detenido por un guardia de hacienda al que se conocía como
El Látigo del Sur. A los tres días de haber sido capturado, su cadáver fue
encontrado en las aguas del Río la Pasión. El cuerpo tenía las marcas de un
balazo en la boca y estaba maniatado.
967
354
964 C 13094. Agosto, 1979. Tiquisate, Escuintla.
965 C 13106. Octubre, 1980. Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
966 C 7047. Julio, 1981. Tacaná, San Marcos.
967 C 10056. Septiembre, 1980. Sayaxché, Petén.
1859.
Los miembros de la Guardia de Hacienda, al igual que los comi-
sionados militares, también cometieron ejecuciones arbitrarias por moti-
vos de lucro. El 1 de agosto de 1983 en el municipio de Tacaná, San Mar-
cos, Lázaro Bartolón fue abordado por varios guardias de Hacienda que le
exigieron dinero. Al negarse, los guardias lo conminaron a que los acom-
pañase, pretextando que su jefe quería hablar con él. Mientras bajaban por
una calle, dirigiéndose a las oficinas de la Guardia de Hacienda, Lázaro
Bartolón intentó refugiarse en una tienda y uno de los guardias le clavó un
cuchillo en la espalda; lo sacaron a un campo abierto, una cuadra más aba-
jo de la tienda, lo desnudaron, le cortaron los testículos, la cara y finalmen-
te lo colgaron empleando su propio cinturón. El cadáver fue descubierto
en el mismo lugar donde lo ejecutaron, tirado entre unos rastrojos. La víc-
tima llevaba consigo seiscientos quetzales que poco antes de morir le había
entregado su suegro, pero nunca se encontraron.
968
Los escuadrones de la muerte
1860.
Como quedó consignado,
969
los escuadrones de la muerte fueron
una fachada para las acciones encubiertas del Ejército y de las fuerzas de se-
guridad. Una de las circunstancias que evidenció lo anterior fue que los es-
cuadrones pudieron ejecutar a sus víctimas sin temer la intervención de
otros agentes del Estado que con harta frecuencia se encontraban presen-
tes en el mismo lugar donde se producían los hechos.
1861.
En las primeras horas del 12 de mayo de 1980, cuatro individuos
que portaban gran cantidad de armamento se situaron simultáneamente
frente a la parroquia y delante de la sede de la Policía Nacional, en el mu-
nicipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, con el próposito de secuestrar al
padre Walter Voordeckers. Al fallar el intento, dispararon contra el sacer-
dote, al que alcanzaron varios impactos de bala.
970
1862.
Los escuadrones de la muerte ejecutaron a muchas de las personas
que aparecieron en los listados de condenados a muerte distribuidos por
organizaciones clandestinas. El 14 de julio de 1980, Francisco Monroy Pa-
redes, director de la División de Ciencias Jurídicas del Centro Universita-
rio de Occidente (CUNOC), y su esposa Esperanza Montez de Monroy
fueron ametrallados en Quetzaltenango después de que sus nombres apa-
recieran en la relación de personas amenazadas de muerte por el Ejército
Secreto Anticomunista (ESA).
971
1863.
En algunos casos los escuadrones de la muerte reivindicaron de for-
ma pública las ejecuciones que habían cometido. “El 1 de abril de 1967, el
355
968 C 7132. Enero, 1983. Tacaná, San Marcos.
969 Este tema de los escuadrones de la muerte se encuentra desarrollado con mayor amplitud en el
apartado de Inteligencia correspondiente a este capítulo.
970 CI 056. Mayo, 1980. Escuintla.
971 C 8009. Agosto, 1980. San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango.
escuadrón de la muerte Nueva Organización Anticomunista (NOA) anunció
que había ´ajusticiado´ a los ´guerrilleros´ Ramón Méndez Linares, Elder
Amílcar Minott y Jaime de Jesús Velázquez”.
972
1864.
Otra modalidad utilizada para reivindicar el crimen consistió en
abandonar el cadáver de la víctima portando una nota explicativa: “En una
ocasión apareció un cadáver asesinado por el grupo la Mano Blanca con la ma-
no en el pecho y una leyenda que decía: ‘Ejecutado por la Mano Blanca”.
973
1865.
Según un matutino del 17 de abril de 1967, “en el kilómetro 36 de
la carretera al Atlántico, fue localizado el cadáver de Maximiliano Román
Melgar García. El cadáver presentaba múltiples perforaciones y golpes. En uno
de sus bolsillos se encontró un papel que decía MANO”.
974
El mensaje de terror provocado por las ejecuciones arbitrarias
1866.
Mediante la práctica sistemática de la ejecución arbitraria, agentes
del Estado eliminaron físicamente a sus opositores, buscando a la vez re-
primir, silenciar y controlar a la población en su conjunto, a través del te-
rror, tanto en las áreas urbanas como en las rurales.
“Víctima y blanco son ambos el objeto del terror, pero mientras la víc-
tima perece, el blanco reacciona al espectáculo o noticias de la destruc-
ción con diversas formas de acomodación y sumisión o sea en la men-
cionada reacción de deponer su resistencia o inhibir una potencial re-
sistencia. Debe tomarse nota que cualquiera en el sistema puede ser un
blanco, pero el proceso necesita una selección regular de víctimas, que
son eliminadas de acuerdo a diversas escalas de destrucción. O sea el
objetivo primario del terror no es la destrucción de un grupo social o
individuos determinados, sino el control a través de la intimidación
de un universo dado, a través de actos de destrucción”.
975
En la ciudad capital y algunas cabeceras departamentales
1867.
De un modo más acusado en Guatemala, y en algunas cabeceras
departamentales, desde los años sesenta y a lo largo del enfrentamiento ar-
mado, se presentaron amenazas de muerte individuales y colectivas de dis-
tintas modalidades. Algunas eran directas como las llamadas telefónicas o
las transmitidas con carácter personal; otras indirectas como las notas de-
jadas en el lugar de trabajo o estudio, los listados distribuidos por los es-
356
972 Nueva Organización Anticomunista, Al pueblo de Guatemala comunica, volante, 1 de abril de
1967.
973 Testigo directo (empleada del hospital) CEH. (T.C.32).
974 Fondo de Cultura Popular, La violencia en Guatemala: dramática y documentada. Denuncia so-
bre el tercer gobierno de la revolución, México, DF, 1969.
975 Gabriel Aguilera Peralta, La violencia en Guatemala como fenómeno político, Centro Intercultural
de Documentación, CIDOC, Cuaderno No. 61, 1971, pgs. 7-2, apéndice “El proceso de terror
en Guatemala”.
cuadrones de la muerte donde se condenaba a muerte a determinadas per-
sonas por ser guerrilleros o comunistas, o los mensajes pintados en las pa-
redes de casas u oficinas.
1868.
Las amenazas también fueron complementadas por operativos de
vigilancia clandestina o abierta, como ilustra el siguiente hecho:
Desde noviembre de 1978, Ricardo Adolfo Juárez Gudiel empezó a
sufrir hostigamientos y recibir amenazas. En esa fecha le enseñaron un
volante que había llegado a la Escuela de Ciencias Políticas, en el cual
le decían que había sido sentenciado a muerte por militar en el PGT.
A partir de entonces, se percató de que algunos días había varias per-
sonas dentro de un vehículo vigilando su casa durante algunas horas.
Cuando se dirigía a la Universidad, los desconocidos lo seguían de cer-
ca y le daban pequeños golpes a su auto o se ubicaban con intención
de tal forma que él pudiera verlos mientras se burlaban de él. Esta si-
tuación se prolongó hasta el año 1981. Tiempo después le llegó un se-
gundo anónimo donde le indicaban que ahora llegaba el turno para
su ejecución. El 4 de agosto de 1981 mientras transitaba por la calle
se le acercó un desconocido que le disparó, causándole la muerte ins-
tantánea.
976
1869.
La aparición de estos listados e índices generó terror no sólo en las
personas que allí aparecían mencionadas, sino también en sus familiares y
en los grupos o instituciones a los que pertenecían. Aunque estas personas
solían tener clara conciencia del peligro que corrían, la aparición de los lis-
tados de muerte hizo el peligro más evidente y el terror más palpable.
1870.
Al cumplirse las amenazas con las primeras ejecuciones arbitrarias
de algunas personas cuyos nombres figuraban en un listado que había tras-
cendido públicamente, el sentido de terror se extremó y provocó que algu-
nas probables víctimas tomaran medidas más drásticas, como el exilio o
abandonar sus actividades corrientes.
977
Otros optaron por la clandestini-
dad; hubo también casos de suicidios. La ejecución arbitraria como coro-
lario de una amenaza de muerte cumplió la doble función de eliminar fí-
sicamente a algunos disidentes mientras disuadía a otros de continuar con
las actividades criminalizadas. A veces, los que aparecían en los listados re-
sistían arriesgar su vida por efecto de las amenazas. Luego, cuando fueron
conocidas las primeras ejecuciones, comenzó el exilio de gran número de
personas. A raíz de la muerte del profesor Mérida Escobar, caso ya glosa-
do en este Informe, algunos catedráticos del Instituto Normal Mixto de
357
976 C 197. Agosto, 1981. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
977 C 1166. 1981. El Estor, Izabal.
Occidente (INMO) se vieron forzados a salir del país. Con el objeto de
proteger su vida “pusieron tierra de por medio” porque se sabía que se esta-
ba cumpliendo lo establecido en la lista distribuida por el ESA.
978
1871.
La ejecución arbitraria como un componente de la estrategia del
terror tuvo como objetivo prioritario suprimir todo tipo de oposición po-
lítica, aun pacífica, eliminando físicamente a los miembros de la oposición
o provocando su “exilio voluntario”.
979
La salida al exilio de ciertas personas
fue consecuencia de una práctica del terror selectivo que afectó a esos “in-
dividuos o pequeños conglomerados de personas considerados como objetivos es-
pecíficos”.
980
Estas personas, por su afiliación a alguna organización social o
por haber expresado abierta y libremente su crítica de la política del gobier-
no, temieron algún atentado en contra de su vida.
1872.
El temor que causaba en la población la publicación de estos lista-
dos obraba tanto por el hecho de aparecer allí mencionado, e igualmente
si determinado nombre no aparecía.
“Yo salí porque me sacaron como en cinco listas del Ejército Secreto
Anticomunista, condenado a muerte, por comunista supuestamen-
te, por estar metido en la organización sindical...”
981
“Yo sí debo
afirmar que nunca vi una lista en la que estuviera mi nombre. No
aparecí en lista ... No iban a avisar sino que si ocurría algo, iba
simplemente a ocurrir ... no todos los que fueron atacados aparecie-
ron en listas”.
982
1873.
Saúl Osorio, Rector de la USAC, partió al exilio en abril de 1980
después de que su nombre apareciera en un listado del ESA. Según Am-
nistía Internacional, el Ministro del Interior avisó a los miembros del per-
sonal de la Universidad amenazados por el ESA que ellos habrían de tomar
sus propias precauciones pues no se podría ofrecer ninguna garantía si di-
chas personas participaban en manifestaciones o reuniones públicas.
983
1874.
En algunos casos, se recurrió a la ejecución arbitraria después que
otros métodos no lograron el cese de actividades o el exilio de la víctima.
El uso de listado fue uno de estos sistemas pues constituía un aviso a la víc-
358
978 C 7290. Agosto, 1980. San Marcos, San Marcos.
979 En los años sesenta, el escuadrón de la muerte autodenominado Organización de Asociaciones
Contra el Comunismo (ODEACEG) ofreció a los líderes de sindicato escoger entre la salida del
país o ser ejecutados. Norman A. Lacharite, Political Violence in Guatemala, 1963-1967: Its So-
cial, Economic, Political, and Historical, and Historical Origins, and its Patterns and Sequences.
The American University, PH.D., 1973.
980 Carlos Figueroa Ibarra, El recurso del miedo: ensayo sobre el Estado y el terror en Guatemala, Edu-
ca, San José, 1991, pg. 38.
981 Testigo directo (abogado sindicalista) CEH. (T.C.81).
982 C 913. 1980. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
983 Amnesty International; International Report, 1980, pg. 140.
tima de que su vida estaba en peligro.
984
También se perseguía a la víctima
con: “...Llamadas anónimas, amenazas de muerte, cartas con insultos...”
985
Cuando eso no era suficiente, se usaba un procedimiento más persuasivo:
“En 1986, no recuerdo bien el mes, vinieron hasta nuestra casa de
noche un grupo de hombres armados que destruyeron muebles y gol-
pearon a mi marido enfrente de nuestro hijo ... un coche con hom-
bres armados seguía a mi marido a todas partes por meses, cada vez
que los enfrentaba se burlaban de él, diciéndole que no sería por
mucho tiempo...”
986
1875.
Después de las advertencias, si la víctima no había salido del país,
llegaba el momento en que se adoptaba la decisión definitiva de elimi-
narla:
“En marzo del año 1988 se presentaron a buscarlo a la oficina sindi-
cal, yo estaba sola y por la forma de aparecer y destruir todo compren-
dimos que eran los ejecutores. Para salvar la vida nos escondimos con
nuestro hijo mientras arreglábamos la huida de Guatemala. Salimos
al exilio en mayo del 88...”
987
1876.
Hubo varios casos de tentativa de ejecución arbitraria que provo-
caron el exilio de las víctimas. Así ocurrió para los asesores del sindicato de
la Coca-Cola, Marta Gloria de la Vega Gil y Enrique Torres, quienes su-
frieron un atentado en contra de su vida el 11 de febrero de 1977; no les
quedó otro remedio que salir del país en noviembre de 1978. Israel Már-
quez, secretario del citado sindicato partió al exilio el 28 de enero de 1979,
después de que por error fuera asesinada otra persona, siendo Márquez el
auténtico objetivo.
988
1877.
Para las personas que marcharon al exilio, pesó la incertidumbre de
saber cuándo dejaría de ser amenazada su vida. Así se expresó al respecto
Carlos Figueroa Ibarra, quien salió del país en abril de 1980, después de
haber sido perseguido y de que sus padres fueran asesinados: “Todos los que
están regresando y todos los que están por regresar, tenemos que pensar que
359
984 “El mando del Ejército Secreto Anticomunista por medio de este boletín presenta un ‘ultimátum’ a los
siguientes sindicalistas, profesionales, obreros y estudiantes ... advierte a todos que ya los tiene locali-
zados y sabe muy bien dónde se encuentran estos nefastos dirigentes comunistas, quienes desde ya es-
tán condenados a muerte por lo que serán ejecutados despiadadamente...” ESA, Boletín No.6, 6 de
enero de 1979.
985 C 18055. Enero, 1985. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
986 Ibid.
987 Ibid.
988 CI 067. Enero, 1978-1980. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
eventualmente se pueden correr riesgos, pero ya todos sabemos que Guatemala
es una patria de riesgos”.
989
1878.
En multitud de ocasiones cayeron asesinados los exiliados que re-
gresaban sin averiguar si todavía seguían vigentes contra ellos las amenazas
de muerte. José Luis Jacomé había sido dirigente sindical en la década de
los setenta y secretario general de la Asociación de Estudiantes de la USAC.
En 1980 se exilió en Costa Rica por los hostigamientos y amenazas a los
que había sido sometido, pero decidió regresar a Guatemala, lo que hizo el
23 de diciembre de 1980, por cuestiones personales. El 28 de enero de
1981 a las 7:10 fue asesinado en la Calzada San Juan.
990
1879.
El terror generalizado, conseguido gracias a las amenazas y las pos-
teriores ejecuciones, fue patente merced a los continuos asesinatos de diri-
gentes ampliamente conocidos. Este sentido de desprotección y descoordi-
nación resultó palpable después de la muerte del líder político Manuel Co-
lóm Argueta, quien cayó asesinado en la ciudad capital el 22 de marzo de
1979 en una operación de gran envergadura y elevado poder de fuego.
991
Esta ejecución pública y organizada provocó efectos graves en la población
y en el partido político FUR que dirigía Colom Argueta. Su organización
quedó acéfala y sin rumbo, y algunos de sus miembros y dirigentes fueron
también ejecutados o bien partieron al exilio.
992
“Parecería ser que el terrorismo estatal ha tenido entre sus criterios más
preciados para liquidar a una persona, que ésta sea ampliamente co-
nocida, apreciada y que tenga una amplia gama de relaciones perso-
nales. Esto se ha hecho por la sencilla razón de que se genera más mie-
do en las personas que conocieron al asesinado, que en aquellas que no
lo conocieron. Por otra parte, con el asesinato o desaparición de diri-
gentes, en alguna forma se puede generar la mayor sensación de despro-
tección, falta de dirección y, por supuesto, desorganización”.
993
1880.
Otra forma de amplificar el terror se desarrolló a través de las eje-
cuciones arbitrarias de quienes, sin tener ninguna militancia política, eran
populares por desempeñar otras labores profesionales. En 1980 en la Uni-
360
989 Carlos Enríquez, Guatemala: no más exilio. Coordinación de Organizaciones No Gubernamen-
tales y Cooperativas para el Acompañamiento de la Población Damnificada por el Conflicto Ar-
mado Interno (CONGCOOP), Guatemala, octubre de 1995.
990 C 941. Enero, 1981. La organización de derechos humanos Americas Watch reportó el caso de
José Alvino Grijalva Esteves, quien fue ejecutado dos años después de haber regresado de su exi-
lio en México. “Americas Watch; Closing the Space, Human Rights in Guatemala”. May 1987-
October 1988, An Americas Watch Report, November 1988.
991 CI 65. Enero y marzo, 1979. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
992 Ibid.
993 Carlos Figueroa Ibarra, El recurso del miedo: ensayo sobre el Estado y el terror en Guatemala, Pro-
grama Centroamericano de Investigaciones, primera edición, San José, Costa Rica, 1991, pg. 38.
versidad de San Carlos fueron asesinados miembros de su personal que
nunca participaron en política ni dentro ni fuera del ámbito académico.
Un ejemplo es el del director de la Oficina de Registro, Luis Felipe Men-
dizábal.
“Nadie se ha explicado por qué lo mataron. Pero hay un objetivo, el
terror en sí como método contrainsurgente. Mucha gente diría, ‘si ma-
tan a Felipe Mendizábal, ¿a quién no pueden matar?’ Y eso da lugar
al terror que todavía existe en Guatemala”.
994
“Otro criterio para seleccionar a las víctimas es que éstas sean conoci-
das, pero que conocida sea también su falta de participación en acti-
vidades políticas o reivindicativas, con lo que el terror que se despier-
ta en aquellos que sí tienen algún grado de participación se potencia-
liza. Esto último fue particularmente cierto en la época de Lucas Gar-
cía, en la cual el terrorismo de Estado, como ya hemos dicho, se incre-
mentó de manera notable”.
995
1881.
Estas modalidades de terror urbano, complementadas por la apa-
rición de cadáveres que presentaban con mucha frecuencia señales de tor-
tura o mutilación, fueron ampliamente divulgadas a través de los medios
de prensa. La difusión de estas imágenes consolidó un recuerdo constante
de la violencia aun para quienes no estuvieron directamente involucrados
en la lucha política. En el área urbana fue común que aparecieran cadáve-
res (en barrancos, calles, carreteras), que descubrían los trabajadores o ve-
cinos del lugar.
1882.
En abril de 1971 en la ciudad capital, cuatro hombres armados,
vestidos de civil, ingresaron a la residencia de Alfredo Ramiro Sandoval
Arroyo, registraron su casa y se lo llevaron detenido. Su cadáver fue encon-
trado en el camino al Colegio Austríaco, exhibía señales de tortura, le ha-
bían cortado los genitales y se los habían puesto en la boca. Tenía quema-
duras de cigarros en todo el cuerpo. La víctima había apoyado activamen-
te la candidatura de Manuel Colom Argueta para la alcaldía capitalina.
996
En el área rural
1883.
En el área rural fueron empleadas estas mismas técnicas del terror
asociadas a las ejecuciones arbitrarias, aunque adaptadas a las condiciones
del campo. En el interior del país, la eliminación sistemática de los líderes
361
994 Testigo directo (autoridad de la Universidad) CEH. (T.C. 3).
995 Carlos Figueroa Ibarra, ob. cit., pg. 38.
996 C 13222. Abril, 1971. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
tradicionales, catequistas y cooperativistas, dejaron secuelas de desestruc-
turación, desprotección y desorganización al interior de la comunidad.
“El Alcalde Rezador ... es el máximo jefe de todos ... El Alcalde Reza-
dor que había allí [en Huehuetenango] en 1980, era un viejito y a
cuatro o cinco de sus [amigos], digamos, a todos, llegó el Ejército y los
decapitó ahí junto al centro ceremonial, los decapitó, les voló la cabe-
za ahí frente a toda la gente, como un escarmiento de que la gente
quedara descabezada”.
997
1884.
El simbolismo puesto de manifiesto por la forma de matar a los lí-
deres fue evidente también en el siguiente caso de ejecución arbitraria de
Antonio Hernández, líder maya y dirigente del CUC y de la Acción Ca-
tólica, en el cantón Xesic, de Santa Cruz del Quiché. Desde el año 1977,
la víctima empezó a ser amenazada por las actividades en que participaba.
El 17 de octubre de 1980, su esposa e hija fueron apresadas para interro-
garlas sobre él.
998
El 21 de enero de 1982 Antonio Hernández fue captura-
do en el Centro Xesic IV. Se escuchó un disparo, cuando lo capturaron, él
gritó: “Muchá, muchá, cuídense”, luego su cadáver apareció en un barran-
co; había sido torturado. “Lo encoronaron con la planta de mora, le pusieron
la corona de espinas y le dejaron una Biblia, le bajaron el pantalón, lo clava-
ron como en la cruz”. Los vecinos lo sacaron del barranco y fue velado en
Xesic. A la hora del velorio llegó el Ejército, los presentes huyeron y el ca-
dáver se quedó solo y los familiares regresaron como a las tres de la maña-
na. El entierro fue el 22 de enero y asistieron cerca de cinco mil personas,
de Chimaltenango, Chichicastenango, Totonicapán. Había alerta del Ejér-
cito que hacía la guardia. Después del entierro, entrada la noche, el Ejérci-
to fue a sacar el cuerpo de su tumba. Durante ocho días lo mantuvieron
fuera de su sepultura. Luego de que los soldados retiraron la vigilancia,
nuevamente la comunidad lo volvió a enterrar.
999
1885.
En el área rural también fue común la práctica de dejar cadáveres
abandonados por los caminos para que los vecinos los descubrieran poste-
riormente. El 3 de diciembre de 1983 fue secuestrado Manuel de Jesús
Martínez Román en la comunidad Benemérito de las Américas, del muni-
cipio de Ocosingo, en el estado mexicano de Chiapas. Tres días después
apareció su cadáver flotando en el río Usumacinta con las manos atadas
por la espalda. Tenía hematomas en la cara y en la espalda y varios aguje-
ros de bala en el pecho. La víctima era miembro de la cooperativa La Téc-
362
997 Testigo (alto mando del EGP) CEH. (T.C. 154).
998 C 16686. Octubre, 1981. Chiché, Quiché.
999 C 16685. 1974. Santa Cruz del Quiché, Quiché.
nica, municipio La Libertad, departamento del Petén, y había huido a Mé-
xico a raíz de los constantes hostigamientos realizados por soldados del des-
tacamento militar de la Aldea Pipiles, ubicado a escasos kilómetros del lu-
gar donde lo habían secuestrado.
1000
1886.
Además de los cuerpos arrojados en los caminos, otra práctica re-
currente fue la exposición pública de cadáveres en puntos estratégicos o
dotados de una clara significación o simbolismo social, como las puertas
de instituciones públicas, los parques, las iglesias o las escuelas. Esta prác-
tica aumentó el horror e incrementó la intimidación entre la gente, por
ser una forma de tratar los despojos de un ser humano especialmente de-
gradante.
“Encontramos a José en el centro. Su cuerpo estaba muy golpeado. Pu-
dimos verlo bien porque los soldados lo habían dejado desnudo y ama-
rrado a un poste en el mero centro”.
1001
1887.
En algunos casos incluso se dejaban mensajes escritos en el cadá-
ver, como aviso para quienes lo encontraran. Alfonso Simaj, de 25 años de
edad, salió el domingo 22 de marzo de 1981 hacia el monte Paraxaj. Co-
mo no regresaba, su padre fue en su búsqueda después del mediodía y lo
encontró colgado de un árbol, con la lengua arrancada y algo escrito con
sangre en la piel, que no pudo entender porque no sabía leer.
1002
1888.
Abandonar los cadáveres expuestos en estacas, colocar las cabezas
de las víctimas degolladas sobre postes o colgando de los arboles, cortar las
lenguas o las manos, mutilar los senos o los genitales, fueron prácticas que
llegaron a ser habituales y que se realizaban antes o después de la muerte
de la víctima. Aquellos macabros hallazgos y estos usos contribuyeron en
gran medida al ascenso del terror.
“Esa noche encontramos cuatro mujeres y el oficial dijo que en un ce-
rro dormiríamos con ellas. Luego de hacer uso de ellas el oficial nos
dio la orden de hacer unas estacas y sembrarlas allí. Allí las sentaron
y quedaron las figuras en fila en la montaña”.
1003
1889.
El 8 de febrero de 1989 en el municipio Río Bravo, Suchitepéquez,
aparecieron los cadáveres de Melecio Darío de Léon Régil Gamboa y de su
hijo Melecio Aarón de León Régil Rosales que previamente habían sido
torturados. Los cuerpos estaban amarrados; habían sido estrangulados con
363
1000 C 10315. Febrero, 1983. Sayaxché, Petén.
1001 C 6097. 1981. San Miguel Acatán, Huehuetenango.
1002 C 363. Marzo, 1981. San Andrés Itzapa, Chimaltenango.
1003 Testigo REMHI. Testimonio de victimarios.
alambres de púas que rodeaban sus cuellos, las muñecas y los tobillos. Sus
caras habían sido quemadas con un líquido inflamable; presentaban perfo-
raciones de bayoneta y de armas de fuego en sus piernas. Estaban sin ro-
pa, solamente en calzoncillos, los dos juntos.
“En los brazos de Melecio Darío estaban los pies de Melecito y en los
brazos de Melecito estaban los pies de su padre”.
1004
1890.
Uno de los efectos de la frecuente exposición pública de cadáveres
fue facilitar que los cuerpos fueran comidos por perros y otros animales, lo
que contribuía a la deshumanización de los sacrificados y al sufrimiento de
los familiares. En un caso la víctima fue atada a un palo y lo dejaron ex-
puesto al sol del día y al frío de la noche, sin comida y sin agua. No lo apar-
taron de allí, ni siquiera después que hubo muerto, sino dejaron que los
perros y los zopilotes lo devorasen.
1005
1891.
El aislamiento en que se encontraban muchas comunidades rura-
les permitió que el Ejército, comisionados militares y patrulleros civiles pu-
dieran actuar a la vez abierta y clandestinamente, ejerciendo medidas de
control sobre poblaciones enteras, convocando a reuniones forzadamente,
obligando a los moradores a presenciar e incluso a participar en actos de
violencia concebidos y destinados a imponer el terror en las comunidades.
“En un helicóptero se movía ... [el Jefe de Estado Mayor del Ejérci-
to], llegaba a las comunidades y juntaba a la gente. En los oratorios
decía ‘aquí está la guerrilla y ustedes los están ayudando’, entonces pa-
ra que sirviera de ejemplo, sacaba alguien de la gente y lo fusilaban
delante de todos, decía: ‘para que no sigan apoyando la guerrilla y por
si ustedes todavía no están colaborando con ellos, para que de todas
maneras no lo vayan a hacer”.
1006
1892.
Este concepto de ejecución ejemplar fue repetido con especial fre-
cuencia en el área rural entre 1980 y 1983. En la comunidad de El Sabi-
no, del municipio de Cuilco, departamento de Huehuetenango, el 1 de
noviembre de 1982 llegaron los soldados portando un listado que incluía
los nombres de varios vecinos que supuestamente habían ingresado a la
ORPA. La patrulla militar traía consigo a Marcos López Simón, que vivía
en el camino entre la comunidad El Cajón y El Sabino. Reunieron a la po-
blación frente a la escuela y los obligaron a observar cómo torturaban y
364
1004 C 4275. Febrero, 1989. Río Bravo, Suchitepéquez.
1005 C 5383. Junio, 1985. Nentón, Huehuetenango.
1006 Testigo (ex combatiente del EGP) CEH. (T.C. 8).
después fusilaban a López. Los soldados les dijeron: “Vengan a ver cómo se
mueren los guerrilleros”.
1007
1893.
La obligación de presenciar la ejecución arbitraria de alguien, má-
xime si esta persona era un vecino y si sufría una muerte dolorosa, trans-
mitía terror a los que observaban el acto. En algunas oportunidades, jefes
de patrulla o comisionados militares de la misma comunidad participaron
junto al Ejército en estos actos.
1894.
En junio de 1982, los hermanos Santos, Antonio y León Chivalán
y otro vecino, Miguel Ichol, todos patrulleros civiles, fueron capturados
por soldados en el cantón Santa Rosa Chujuyub, Santa Cruz del Quiché.
Los trasladaron a Santa Cruz y allí los tuvieron encarcelados durante tres
días. Posteriormente los regresaron a Santa Rosa Chujuyub, donde los sol-
dados reunieron a la comunidad para exponer que los detenidos eran gue-
rrilleros y que por esa causa había que pasarlos por las armas. Antes de eje-
cutarlos, pidieron a toda la comunidad que levantaran la mano quienes es-
taban de acuerdo con que murieran. La gente no quería que los mataran
pero sentían que si no levantaban la mano, todos serían eliminados y por
eso lo hicieron. Después de haber recibido el forzado consentimiento de la
comunidad, los soldados procedieron a lanzar piedras a las cuatro personas
y, como no morían, tomaron a cada uno de ellos y los degollaron ante la
mirada de todos, incluyendo mujeres y niños.
1008
1895.
Otra técnica aplicada consistió en obligar a participar a miembros
de la misma comunidad en las ejecuciones, para romper la solidaridad exis-
tente entre los vecinos y como un elemento más de terror psicológico.
1896.
En febrero de 1983 en la comunidad Chorraxac del municipio de
Joyabaj, Quiché, unos dos días antes de la fiesta de Candelaria, un colabo-
rador de la guerrilla llegó a la casa de Josefa Larios, de 14 años, y dejó al-
gunos papeles. Como había vigilancia de las PAC en la comunidad, el je-
fe de patrulla se enteró del hecho y dio aviso al destacamento militar, si-
tuado en la cabecera municipal. El oficial del destacamento mandó a
capturar a Josefa Larios. La capturaron, la amarraron, aunque en la noche
logró soltarse y escapar. A la mañana siguiente, los padres y la niña se pre-
sentaron ante los jefes de patrulla de Chorraxac para aclarar el asunto y so-
licitar que le perdonaran la vida a la niña. El segundo jefe de las PAC se
enfureció, golpeó al padre y ordenó reunir a todos los vecinos. Una vez se
reunió la comunidad, el jefe de las PAC les dijo: “Que la conozcan, ésa es la
guerrillera.” Intimidó a los presentes y preguntó quién quería matar a la
guerrillera. Tomó a la niña y le dijo que señalara entre toda la gente a la
persona que dejó en su casa los pasquines de propaganda de la guerrilla. La
365
1007 C 15407. Noviembre, 1982. Cuilco, Huehuetenango.
1008 C 2066. Junio, 1982. Santa Cruz del Quiché, Quiché.
niña señaló a un joven, quien negó firmemente la acusación. El jefe de las
PAC llamó al joven, le dio un arma y le dijo que si no la mataba, él tam-
bién moriría. El joven tomó el arma, disparó y mató a la niña. El jefe de
las PAC le dijo finalmente a la población: “Ahora matamos a la guerrillera,
y así haremos con cualquiera que pensemos que es guerrillero”.
1009
1897.
En el área rural, muchas veces quienes fueron obligados a partici-
par en las ejecuciones eran miembros de las PAC. El 10 de mayo de 1981,
en el cantón Nebaj del mismo municipio del departamento del Quiché,
Vicente, caporal de la finca Alta Vista, fue capturado y conducido al fren-
te de la iglesia, donde se concentró a toda la gente del pueblo. El capitán
que encabezaba el grupo de soldados, en su perorata, dijo que así iban a
terminar los que ayudaban a la guerrilla. Después, pusieron a Vicente a la
par de la iglesia, de espalda a un grupo de patrulleros civiles que el oficial
había convocado. A cada uno de estos, unos veinte, les proporcionaron un
Galil y el mismo capitán les dijo: “Para que aprendan a tener huevos”. Des-
pués, dio la orden de disparar.
1010
1898.
Como parte del objetivo de generalizar el terror, se pusieron en
práctica modos extremadamente crueles de privar de la vida a las víctimas.
Cuando un amigo o conocido sufre una muerte cruel, suscita en los demás
no sólo el temor por sus vidas, sino el miedo a no saber cuál podría ser la
modalidad de su ejecución.
[El 11 de mayo de 1980, el Padre Voordeckers comentó] “Yo ten-
go un miedo tremendo porque ya recibí amenazas, me quieren matar
y me van a matar, pero si me quieren matar o si me quieren arrastrar,
yo voy a correr, no me voy a dejar secuestrar, mejor prefiero recibir un
balazo y no ser secuestrado así”.
1011
1899.
En áreas rurales con predominio de población maya, la mayoría de
ejecuciones incluyó elementos de crueldad y solían realizarse públicamen-
te. Algunas de estas acciones fueron perpetradas tanto en masacres indis-
criminadas como en ejecuciones individuales. Entre las formas más crue-
les de ejecutar la Comisión registró, entre otras, las siguientes: quemar a las
personas vivas, darles machetazos, decapitarlas, arrancar partes del cuerpo
a personas vivas, matar a golpes, asfixiar, estrellar a los niños contra las pa-
redes y piedras, y abrir los vientres de las mujeres embarazadas.
1900.
En septiembre de 1982 el tercer jefe de la patrulla de la cabecera
de Zacualpa llegó a la casa de Jerónimo Sinaj Toj, lo capturó delante de la
366
1009 C 2689. Febrero, 1983. Joyabaj, Quiché.
1010 C 3799. Mayo, 1981. Nebaj, Quiché.
1011 CI 56. Mayo, 1980. Escuintla, Escuintla.
familia, lo encerró en la vivienda y luego le prendió fuego a la misma. La
persona murió quemada en su propio hogar.
1012
1901.
Fue también usual que en lugar de ejecutar a una persona con ar-
ma de fuego se optara por darle machetazos a las víctimas o acabar con su
vida a golpes para causarles más dolor antes que se produjera el fatal de-
senlace. En noviembre de 1982, en el municipio El Naranjo, Petén, Ro-
berto Castillo Manzanero fue capturado en la noche. Lo torturaron cor-
tándole los dedos de los pies y las manos, luego los pies y las manos, y así
prosiguieron poco a poco hasta que sólo quedó el torso y la cabeza, y por
lo tanto murió desangrado.
1013
1902.
La asfixia fue una forma corriente de ejecutar a las víctimas. En al-
gunos lugares este método fue conocido con el nombre de “la tórtola”.
“Usaron un método que ellos le llaman la tórtola. Eso consistía en
amarrarles un lazo en el cuello y con un palo enrollárselo hasta que
murieran de asfixia”.
1014
1903.
En otras ocasiones las mujeres embarazadas fueron objeto de los
más graves ultrajes. A muchas de ellas, mientras todavía se encontraban
con vida, les abrieron los vientres y les sacaron el feto, arrebatándoles la vi-
da a las mujeres y negándole al feto la continuación de su desarrollo. El ob-
jetivo en estos casos era “arrancar la semilla” y no permitir la continuidad
a la vida de los miembros del grupo.
1904.
En octubre del año 1981 el Ejército entró en la comunidad de las
Guacamayas, del municipio de Uspantán, Quiché. Los soldados del desta-
camento capturaron a varias mujeres. A Dolores Mejía Reynoso, que esta-
ba embarazada, la violaron sexualmente. Luego la degollaron, abrieron su
vientre y le sacaron el feto que tenía ocho meses de gestación, y la intenta-
ron quemar. Horas después, regresaron algunos vecinos que consiguieron
enterrar su cadáver; no así al feto porque los perros se lo habían comido
casi por completo.
1015
1905.
Cuando la víctima era enviada a algún destacamento o cárcel clan-
destina, los hechos que relatan los sobrevivientes u otros testigos describen
el espanto de lo ocurrido.
“Eso lo hacían, lo hicieron en el horno de pan que antiguamente es-
taba allí en esa casa vieja que yo le digo, cal gamezán, toques eléctri-
367
1012 C 16148. Agosto, 1987. Yepocapa, Chimaltenango.
1013 C 10195. Noviembre, 1982. La Libertad, Petén.
1014 Testigo directo (ex soldado) CEH. (T.C. 53).
1015 C 2309. Octubre, 1981. San Miguel Uspantán, Quiché.
cos de 110 voltios, hasta 220 voltios ... Morían quemados ... Se inci-
neraba todo, cenizas sí quedaban. Los mismos que barrían fueron los
muertos ... Los que fueron mandados a limpiar los hornos eran los que
posteriormente fueron quemados”.
1016
Un sobreviviente detenido en un destacamento relató: “De unos
refugiados que llegaron algunos meses después, escuchamos lo que pa-
só con los cuatro refugiados secuestrados por el Ejército. Uno de ellos
era patrullero y se encontraba en el destacamento durante el tiempo
que trajeron las víctimas. Nos dijo que pusieron los cuatro hombres,
dos de ellos muchachos, en una pila de agua durante ocho días. Du-
rante estos días los cuatro no recibieron comida y fueron pateados y pe-
gados duramente. Después de los ocho días, los pusieron en la secado-
ra de café del dueño de la finca. Echaron fuego a la secadora y duran-
te tres días calentaron a las cuatro personas, quienes poco a poco se
murieron de calor y sed. Cuando habían muerto los cuatro los ente-
rraron en un hoyo en el destacamento”.
1017
1906.
Además de las prácticas ya descritas, las tropas regulares también
desplazaban de aldea en aldea a personas detenidas con arbitrariedad y así
mismo torturadas para que la gente se diera cuenta del tratamiento que se
le daba a los prisioneros.
1018
Se dieron casos, en los que luego de cortar las
piernas o brazos de las víctimas, los soldados los trasladaban siguiendo iti-
nerarios de este tipo, pueblo por pueblo, para evidenciar sus actividades y
extender el terror por las comunidades.
“El 19 de julio de 1981, los soldados del Ejército mataron a mi pa-
pá. Mi papá era rezador de costumbre maya ... Los soldados saca-
ron a mi papá de la casa y lo llevaron unas veinte cuerdas de dis-
tancia de la casa ... Yo seguí los soldados hasta el lugar donde ma-
taron a mi papá, y vi como lo mataron ... Empezaron a tirarle pie-
dras que lo hirieron en su cabeza. Salió mucha sangre. Después em-
pezaron a machetearlo hasta que murió. Le cortaron su brazo y los
soldados llevaron el brazo para enseñarlo en todas las aldeas de los
alrededores, para mostrar a la gente qué es lo que pasa a los subver-
sivos”.
1019
368
1016 Testigo directo (ex soldado) CEH. (T.C. 85).
1017 C 6176. Agosto, 1982. San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
1018 El Cajón, Cuilco, Chacaj, Nentón y muchos otros ejemplos.
1019 C 6069. Agosto, 1982. San Mateo Ixtantán, Huehuetenango.
Mecanismos que impidieron la investigación
de las ejecuciones arbitrarias
1907.
La mayoría de las ejecuciones arbitrarias cometidas por agentes del
Estado se complementaron con otros actos y maniobras orientadas a evitar
o entorpecer la investigación de los jueces, intensificando el clima de impu-
nidad.
1020
El terror generalizado antes descrito, creó una situación de intimi-
dación masiva tal que una investigación seria de las actuaciones de las fuer-
zas contrainsurgentes era poco probable.
1021
Familiares de las víctimas, abru-
madas por el miedo, no buscaron a las autoridades encargadas de investigar
las ejecuciones arbitrarias; y éstas a su vez, en los pocos procesos que tenían
asignados, no respondieron con investigaciones adecuadas. Actividades es-
trechamente asociadas a la práctica de ejecución arbitraria fueron imple-
mentadas para ocultar la identidad de los autores y de las víctimas, facilitan-
do la virtual impunidad con que obraron los agentes del Estado.
1908.
Los métodos a los que se recurrió para conseguir tal fin fueron va-
rios, pero se pueden estructurar en intentos de encubrir la identidad de los
autores, ocultar la identidad de las víctimas, eliminar a los sobrevivientes o
los testigos y buscar infundadamente pretextos legales en el supuesto de
que el Estado presuntamente causara o consintiera la muerte de algunas
personas.
El encubrimiento de la identidad de los autores
1909.
Una de las formas en que los agentes del Estado intentaron eximir-
se de la responsabilidad de sus acciones, fue señalar como autores a otros
grupos que en teoría no actuaban bajo su control, como los escuadrones
de la muerte.
1910.
En 1981 Amnistía Internacional afirmó que “el Gobierno no niega
que gente que se considera ´subversivos´ o ´delincuentes´ son capturados y ase-
sinados diariamente en Guatemala, pero señala que los responsables son los es-
cuadrones de la muerte independientes y anticomunistas”.
1022
Sin embargo,
como se señala en el apartado de autores, los agentes del Estado fueron los
que cometieron la mayor parte de las ejecuciones arbitrarias y dentro de es-
te grupo se encuentran incluidos los escuadrones de la muerte, toda vez
que actuaron bajo el control del Ejército.
1911.
En el área rural el Estado también empleó esta técnica de atribuir
con intención maliciosa la autoría del hecho a otro grupo, sobre todo a la
guerrilla. Se procedió de diferentes formas, como disfrazarse de guerrillero
369
1020 C 85. Septiembre, 1990. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
1021 Según los datos recibidos por la CEH, el 95% de las ejecuciones arbitrarias no fueron denuncia-
das a las autoridades judiciales competentes.
1022 Amnesty International, Guatemala: A Government Program of Political Murder, AMR, 4 de fe-
brero de 1981.
dejando panfletos o pintas en las paredes firmadas por la guerrilla. Los sol-
dados dejaron una manta encima de una víctima donde figuraban todas las
siglas de los grupos insurgentes: ORPA, FAR, EGP, PGT, CUC.
1023
En es-
te caso, por ejemplo, el declarante sigue afirmando que esa era una señal
de que a la víctima la habían asesinado los confidenciales del Ejército por-
que todos los que estaban organizados sabían que las organizaciones nun-
ca firmaban así porque trabajaban separadas.
1024
1912.
Hubo casos en los que vecinos de la comunidad descubrieron la
verdadera identidad de los autores. En una de estas ocasiones, un soldado
admitió su participación en los hechos.
“Entonces, el oficial, para engañar dispuso disfrazarse de guerrillero;
se pusieron aquella ropa verde olivo, pero fueron estúpidos porque no
cambiaron de arma, estúpidos les llamo yo porque no cambiaron las
armas, galiles, y sólo el Ejército tenía galiles, la guerrilla sólo escopetas
viejas y rifles viejos”.
1025
1913.
Como método de confusión y obstrucción de una probable inves-
tigación, las acciones fueron exitosas porque aunque algunas personas de
las comunidades se daban cuenta de que los autores pertenecían al Ejérci-
to y no a la guerrilla, otras resultaban engañadas, provocando así discre-
pancias en la comunidad. Esta situación logró aumentar el grado de pola-
rización existente en las aldeas o, por lo menos, infiltrar versiones distintas
incluso entre testigos directos de los hechos.
1914.
También el Ejército u otros agentes estatales ocultaron a menudo
su identidad en el momento del hecho y llegaron a “ayudar” o “investigar”
después de consumar el mismo. Ello ocurrió especialmente cuando el Ejér-
cito asesinó a sus propios colaboradores, es decir, jefes de las PAC y comi-
sionados militares.
“Mataron a un buen comisionado, Caín Palma. El abogaba por la
gente, defendía la gente honrada. La gente sabía que por eso lo iban
a matar. El [sobornaba] mucho, daba fiestas para el destacamento y
el teniente. No lo hacía por malo, sino para quedar bien y poder de-
fender a su gente. Una noche el teniente ... llegó a su casa y le dijo:
‘Vos estás jugando las dos cartas.’ Lo golpearon, lo amarraron y se lo
llevaron al río El Cabro, a un kilómetro de su casa y le dispararon.
Ahí quedó su cadáver. La aldea lo recogió. Incluso el teniente disimu-
370
1023 C 13369. Febrero, 1982. Santo Domingo Suchitepéquez, Suchitepéquez.
1024 Ibid.
1025 Testigo directo (ex soldado). (T.C.85).
ló, dándole honores en el velorio, diciendo que ‘la guerrilla ha mata-
do uno de los mejores hombres’ y mandó a todas las aldeas cercanas a
rastrear la guerrilla. Sabemos que fue el teniente [quien mató a
Caín] porque la esposa lo vio, y después ella desapareció de la aldea.
También otro señor los vio por el río donde lo mataron. Al principio
la gente dudaba que era el Ejército porque él parecía tan amigo de
ellos, pero después la mujer lo contó”.
1026
El ocultamiento de la identidad de la víctima
1915.
Muchas personas fueron inhumadas en cementerios clandestinos
inmediatamente después de ser ejecutadas, impidiendo así un reconoci-
miento de la víctima y la reconstrucción de los hechos. Cuando los solda-
dos patrullaban por las montañas o intervenían en acciones clandestinas en
las áreas urbanas, con frecuencia enterraban a sus víctimas en el mismo lu-
gar donde les habían dado muerte.
“Luego de que los habían matado, pues los echaron en una fosa que
habían cavado ... El oficial ordenó que les echáramos tierra allí, ver-
dad, y le echamos tierra, tapamos las fosas y quedó así”.
1027
“En el destacamento de Ixchiguán hay un cementerio clandestino con
gente enterrada de varios lugares del Altiplano marquense (Sibinal,
Tejutla, Tacaná...) y también de la Costa”.
1028
1916.
Cuando ciertos destacamentos militares se cerraron, y el terreno re-
gresó a sus propietarios legítimos, las comunidades encontraron huellas de
cementerios clandestinos en algunos de estos enclaves.
“Después de que se fueron los del destacamento de la finca, encontré
que en un carralito (matorral) dejaron un cementerio clandestino,
actualmente allí tienen cafetales, pero está cerca de un palo de gua-
yabo, como a veinte metros de donde estuvo el destacamento, abaji-
to de la última galera que estaba en la finca ... allí dejaron enterra-
das algunas osamentas de varios compatriotas, eso del cementerio fue
en 1982 ... Existen muchos más cadáveres en ese cementerio, pero yo
no pude identificar a la gente que allí mataron. En ese destacamen-
to hicieron unos hoyos para sepultar y torturar a la gente, yo mismo
los vi a inmediaciones de donde estuvo el destacamento, estoy segu-
371
1026 C 10307. 1985. Dolores, Petén.
1027 Testigo directo (ex soldado) CEH. (T.C. 53).
1028 C 7264. Abril, 1983. Ixchiguán, San Marcos.
ro que al llegar a ese lugar, y buscar, se encuentran osamentas de
mucha gente”.
1029
1917.
En otros casos, los declarantes señalaron que sospechaban de la
existencia de cementerios clandestinos en los lugares donde antes se halla-
ban destacamentos del Ejército. En la casa privada donde antes estuvo el
destacamento de Aguacatán, Huehuetenango, los declarantes comentan:
“Allí en la casa de don Chagüito hay un cementerio clandestino. No lo hemos
visto, pues, pero allí tiene que estar. ¿Cómo vamos a estar seguros? Dios guarde
que alguien vaya allí para preguntar si pueden entrar a ver si hay un cemen-
terio clandestino”.
1030
1918.
Otra forma de intentar encubrir las acciones fue a través de medi-
das destinadas a impedir que se reconociera a la víctima o que los familia-
res la encontraran. Cuando se descubría un cadáver que no se podía iden-
tificar, o bien porque era arrojado en un lugar donde no era conocido o
bien porque era irreconocible debido a ácidos u otro tipo de mutilación, el
resultado probable era que se lo enterrara como XX (de identidad desco-
nocida) y no se emprendiera ninguna investigación. A veces se abandona-
ban los despojos lejos del lugar donde la víctima fue capturada o vista por
última vez. En otros casos, aunque los familiares se enteraban del hecho,
por miedo rehuían identificar el cadáver.
1919.
En 1980, en el municipio de Aguacatán, los cadáveres aparecían
abandonados en las comunidades y por las carreteras, y eran tanto de per-
sonas desconocidas como de vecinos del lugar.
1031
Los desconocidos fueron
registrados con la señal XX en el libro de defunciones de la municipali-
dad.
1032
En la práctica así hacía nula la posibilidad de una investigación de
los hechos en lo referente a quiénes fueron los responsables y en qué cir-
cunstancias murió la persona, y menor la posibilidad de abrir juicio en
contra de los autores. Por lo menos, si la familia lograba identificar el cuer-
po, podría abordarse la investigación de lo sucedido.
1920.
Ocurría también que sólo se lograba identificar unos cadáveres y
otros no, lo que obligaba a enterrarlos como XX. “Habían secuestrado al
compañero Julio Vásquez Recinos, quien apareció 15 días después en el río Se-
legua en El Tapón, sin testículos, sin uñas y sin la mano derecha, atado con otro
compañero del que nunca se logró identificar su cadáver”.
1033
1921.
Sin embargo, estos métodos de ocultamiento no siempre fueron
efectivos, ya que varios familiares consiguieron identificar a sus víctimas,
372
1029 C 13245. 1982. Santa Rosa, Santa Rosa.
1030 C 15390. 1981. Ixtahuacán, Huehuetenango.
1031 Testigo directo (autoridad) CEH. (T.C.542).
1032 Libro de defunciones de la municipalidad.
1033 Universidad San Carlos de Guatemala, informe de la Comisión de la verdad de la USAC, pg. 36.
en particular cuando era muy conocida o cuando sus familiares vivían en
un área urbana o tenían acceso a mayor información y una relativa facili-
dad para acudir a las autoridades.
1922.
En diciembre de 1974 en la ciudad capital, el dramaturgo Huber-
to Alvarado Orellana, de cuarenta y seis años de edad, miembro del comi-
té central del PGT, y Miguel Angel Alvarado fueron capturados por miem-
bros del Ejército y la Policía Judicial en la colonia Reformita, zona 12. Fue-
ron salvajemente torturados y asesinados con disparos de armas de fuego.
Los cadáveres fueron localizados en la morgue del hospital general y hubo
intentos de enmascarar su verdadera identidad y enterrarlos como perso-
nas desconocidas.
1034
Sin embargo, los familiares lograron entorpecer y
neutralizar tales intentos y recuperar finalmente los cuerpos.
1923.
En otros casos, aunque los cadáveres aparecían abandonados, los
vecinos hacían llegar mensajes a la familia de la víctima. En la madrugada
del 20 de noviembre de 1983 un grupo de seis hombres de la G-2, fuerte-
mente armados, asaltó la casa de Fausto Armando y Alberto Rubén Ochoa
Ochoa, en San Rafael, Pie de la Cuesta, San Marcos, a quienes metieron a
la fuerza en dos carros y se los llevaron. El 25 de noviembre de 1983
Alberto Ochoa Ochoa apareció asesinado en Palestina de los Altos, Quet-
zaltenango. “Los ojos de Alberto estaban completamente deformados, parecía
como si le hubieran echado agua caliente y sus párpados estaban quemados”. A
las tres semanas de haber encontrado a Alberto, el 17 de diciembre de
1983 les avisaron a los familiares que Fausto había sido encontrado asesi-
nado en el río Samalá, en Retalhuleu. “Se notaba que lo habían dejado sin
alimentación, pues estaba completamente desnutrido y esquelético. Además le
habían puesto descargas eléctricas y le habían cortado sus genitales”.
1035
1924.
Otro impedimento expeditivo para borrar las huellas de las ejecu-
ciones arbitrarias, fue la quema de los cuerpos de las víctimas hasta que só-
lo quedaron cenizas o pedazos de cadáveres. El 21 de abril de 1980 en el
cantón Choacamán IV, del municipio de Santa Cruz del Quiché, Quiché,
Miguel Lux y Antonio Lux se encontraban preparando la tierra para la
siembra de la milpa. A eso de las diez de la mañana pasó por ese lugar una
columna de soldados y civiles, cuyos integrantes abrieron fuego contra
ellos, abatiendo a ambos. Los soldados juntaron caña de milpa y zacate se-
co, colocándolos sobre los dos cadáveres y a renglón seguido les prendie-
ron fuego. Los dos cuerpos se quemaron totalmente, quedando tan sólo los
huesos calcinados. Ese mismo día se les enterró en el campo donde fueron
sorprendidos trabajando.
1036
373
1034 C 12. Diciembre, 1974. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
1035 C 7009. Agosto, 1983. San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.
1036 C 16619. Abril, 1980. Santa Cruz del Quiché, Quiché.
La eliminación de los sobrevivientes o testigos
1925.
Otro sistema para impedir que se investigaran los hechos de vio-
lencia consistía en rematar a los sobrevivientes o matar a los testigos.
1037
En
algunos casos, cuando una persona había sobrevivido a un atentado y era
llevado a un hospital “se veían por la noche movimientos extraños”.
1038
A tra-
vés del parte que siempre redactaba el agente de la Policía Nacional de tur-
no en el centro hospitalario, el Ejército conocía de la llegada del herido y
se desplazaban para rematarlo. El personal sanitario procuraba no hablar
con ellos porque se encontraban muy vigilados. Los soldados avanzaban
directamente a la cama, preguntaban por el nombre del paciente y le da-
ban el tiro de gracia o lo sacaban del hospital para no regresar nunca. Así
ocurrió con unas diez o doce personas.
1039
1926.
El 24 de septiembre de 1980, en la cabecera departamental de
Quetzaltenango, Lucila Rodas Hildalgo, viuda de Villagrán, fue tiroteada
y a continuación trasladada al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
(IGSS) donde la internaron. La familia realizó gestiones para llevar a Lu-
cila a otro centro; pero en ese lapso, hombres armados entraron al hospi-
tal y la asesinaron.
1040
1927.
En determinadas circunstancias los responsables volvieron para
buscar y matar a los testigos de un acontecimiento. El 25 de junio de
1985, en el cantón Xechivoy, del municipio de Santiago de Atitlán, Solo-
lá, Salvador Sisay Petzey atendía la farmacia de su propiedad cuando fue
ejecutado por varios supuestos miembros de la G-2. Se dice que una de
las razones del asesinato de Sisay Petzey estribaba en el hecho de reclamar
al Ejército explicaciones por la desaparición de su yerno, de la cual él ha-
bía sido testigo.
1041
1928.
Durante los servicios de patrulla, los miembros del Ejército ejecu-
taron a menudo a personas que se encontraban por casualidad durante su
recorrido, con el fin de eliminar a los testigos.
“Una vez encontramos a una viejecita como de 50 años con una mo-
chila llena de masa de maíz, y como no le entendíamos qué decía el
oficial ordenó que la mataran. Para esto ya había un grupo que lo ha-
cía y que también hacía las estacas para dejar a la gente sentada allí.
Los oficiales nunca dejaban con vida a alguien que capturáramos, ya
que después podían acusar; por eso a ella, aunque fuera mujer, había
que matarla”.
1042
374
1037 CI 79. Enero, 1980. Ciudad de Guatemala.
1038 Testigo directo (empleado del hospital) CEH. (T.C. 32).
1039 Ibid.
1040 C 68. Agosto, 1980. Quetzaltenango, Quetzaltenango.
1041 C 4061. Junio, 1985. Santiago Atlitlán, Sololá.
1042 Testimonio REMHI.
La búsqueda infundada de pretextos legales
1929.
En la mayoría de los casos, a través de las prácticas de terror y en-
cubrimiento, el Estado no señala el motivo por el que sus agentes asesina-
ban a una persona. Sin embargo, hubo situaciones en las que se pretendió
ofrecer una explicación de la muerte de cierta persona, sobre todo cuando
se trataba de una víctima muy conocida o era un suceso de gran resonan-
cia pública. En estos casos, se intentó encubrir acciones a través de la bús-
queda infundada de pretextos legales que puede esgrimir un Estado cuan-
do causa la muerte de un ser humano.
1930.
El combate representa una de las situaciones que puede justificar
la muerte de los que luchan. Sin embargo, hubo varios testimonios que se-
ñalan que el Ejército, después de ejecutar de manera arbitraria a una per-
sona, pretendió justificar la muerte como si hubiera ocurrido en el curso
de una escaramuza y como si se tratara de un guerrillero. Algunas formas
de camuflar incluyeron vestir a la víctima con el uniforme de la guerrilla
y/o disponer junto al cadáver un arma de fuego.
1931.
En el caso de Juan Chanay Pablo, ejecutado por patrulleros de
Colotenango, Huehuetenango, después de una manifestación donde se
reclamaba que se disolviera la patrulla civil, un testigo directo declaró a la
CEH que, “la G-5 le metió una granada y una pistola en su bolsa típica, des-
pués que murió, para hacer parecer que la víctima tuvo propósitos violentos y
no pacíficos”.
1043
1932.
En Guatemala existe la pena de muerte, que permite al Estado pri-
var de la vida a una persona después de celebrado un juicio que cumpla
con los requisitos del debido proceso. El Estado de Guatemala, bajo el Go-
bierno de Ríos Montt, estableció los Tribunales de Fuero Especial con el
fin de juzgar a supuestos delincuentes para que fueran condenados a la pe-
na de muerte. Ríos Montt dijo a representantes de la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos (CIDH), “Yo soy el que hace las leyes. Le ga-
rantizo al público un uso justo de la fuerza. En vez de cadáveres en las calles,
voy a fusilar a los que cometan delitos”.
1044
1933.
Dada la falta de garantías procesales que suponen los juicios secre-
tos, no se pueden justificar las condenas de los Tribunales de Fuero Espe-
cial como reflejo de una aplicación legítima de la pena de muerte. La
CIDH condenó la aplicación de la pena de muerte en ese contexto y de-
claró “que la instauración de los Tribunales de Fuero Especial en Guatemala y
de toda clase de tribunales secretos carentes de independencia, de autonomía y
de sindéresis, son contrarios a las normas universalmente aceptadas para el de-
375
1043 CI 5. Agosto, 1993. Huehuetenango, Huehuetenango.
1044 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la situación de los Derechos Hu-
manos en Guatemala, OEA/Ser.L/V/II.61 Doc. 47, 5 de octubre de 1983, pgs. 47-48.
bido proceso y violatorias de las disposiciones consagradas a este respecto por la
Convención Americana sobre Derechos Humanos...”
1045
Los fusilamientos
realizados en cumplimiento de las sentencias impuestas por tales tribuna-
les fueron contrarios a la justicia y al derecho a la vida.
1046
En 1982 el Esta-
do ejecutó a 16 personas instrumentando los fueros especiales y éstas fue-
ron ejecuciones arbitrarias pese a los intentos de acreditarlas como aplica-
ciones legales de la pena de muerte.
1047
1934.
También el XI Congreso Jurídico Guatemalteco recomendó la su-
presión de la Ley de Tribunales de Fuero Especial, en ponencia que trata-
ba de los “Convenios y Tratados Internacionales ratificados por el Estado de
Guatemala y su incidencia en los Tribunales de Fuero Especial”.
1048
Las víctimas de las ejecuciones arbitrarias
1935.
La CEH registró un total de 23,671 víctimas de ejecución arbitra-
ria, cometidas por agentes del Estado, de las cuales el 81% fueron indivi-
duales y colectivas identificadas, y el 19% corresponden a víctimas sin
identificar.
1936.
De las ejecuciones arbitrarias cometidas por el Estado, el grupo ét-
nico más afectado a lo largo del enfrentamiento armado fue la población
maya con 86.5% del total de las víctimas identificadas. Ladinos fueron el
13.3%.
1049
Entre los mayas, el más afectado fueron los k´iche´, seguido por
los ixil, los kaqchikel, los q´eqchi´ y los mam. Estas ejecuciones se dieron
principalmente en los departamentos de Quiché, Huehuetenango, Chi-
maltenango, Alta Verapaz y Baja Verapaz (Véase G
RÁFICA
19).
1937.
Las ejecuciones arbitrarias afectaron tanto a hombres como a mu-
jeres. Cerca de la quinta parte de las víctimas fueron mujeres. Un porcen-
taje significativo comparado con los porcentajes de mujeres comúnmente
víctimas en este tipo de conflictos.
1938.
La descripción de la diversidad de víctimas de las ejecuciones arbi-
trarias que a continuación hace la CEH, se fundamenta en los diferentes
testimonios recopilados en el campo y en los distintos estudios técnicos pa-
376
1045 Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Informe sobre la situación de los Derechos Hu-
manos en Guatemala, OEA/Ser.L/V/II.66 Doc.10 rev.1, 1 de octubre de 1985, pgs. 86-87.
1046 Ibid.
1047 Véase en este capítulo el apartado sobre denegación de justicia.
1048 Conrado Alonso, Fusilados al alba, Serviprensa Centroamericana, Guatemala, 1986. El XI Con-
greso Jurídico Guatemalteco recomendó la supresión de la Ley de Tribunales de Fuero Especial
así: “I. RECONOCE: Que han existido graves violaciones a la Convención Interamericana de
Derechos Humanos y a los demás tratados y compromisos adquiridos por el Estado de Guate-
mala, especialmente en lo que se refiere a los artículos 4, 5 y 27 de la citada convención al po-
nerse en vigor el estado de sitio y promulgarse la Ley de Tribunales de Fuero Especial. II. EXI-
GE: A las autoridades del Estado de Guatemala que en sus actuaciones se dé la adecuada aplica-
ción a la Convención Interamericana de Derechos Humanos ratificada por Guatemala y a todos
los tratados, convenios y compromisos adquiridos suprimiendo los Tribunales de Fuero Especial.
1049 Del 2,27% de las demás víctimas de ejecución arbitraria no se tiene información sobre su per-
tenencia étnica. (Véase Gráfica 19).
trocinados por esta Comisión a equipos de antropología forense que reali-
zaron exhumaciones de cementerios clandestinos. Estos estudios demues-
tran de forma dramática como la violencia afectó indiscriminadamente du-
rante el enfrentamiento armado a hombres, mujeres, ancianos y niños.
1050
GRÁFICA 19: Porcentaje de víctimas de ejecuciones arbitrarias,
según su pertenencia étnica
GUATEMALA (1962-1996)
Nota: Sólo se incluyó el 97.73% de los datos, del 2.27% no se tiene información sobre su pertenencia étnica. Por-
centaje calculado con base en el total de víctimas individuales identificadas con pertenencia étnica conocida, que
sufrieron ejecución arbitraria.
1939.
Aunque los sectores de la sociedad más afectados por la práctica de
ejecución arbitraria por agentes del Estado fueron el movimiento sindical,
las autoridades religiosas y locales, y los partidos políticos, las mujeres tam-
bién fueron víctimas de ejecución arbitraria por una extensa gama de cir-
cunstancias y motivos. Algunas fueron ejecutadas por su participación en
organizaciones como la Acción Católica, CUC, GAM o CONAVIGUA.
Por su participación o liderazgo en estas y otras actividades, muchas muje-
res, acusadas de tener vínculos con la guerrilla, fueron ejecutadas.
1940.
En septiembre de 1989, María Mejía pensó hacer algo contra la
imposición de patrullar. En el Consejo de Comunidades Etnicas Runujel
Junam (CERJ) le informaron que nadie estaba obligado a patrullar y, en
buena lógica, los menores de edad estaban exentos de cumplir este servi-
cio. Al conocer la noticia, los familiares de Mejía y dos vecinos decidieron
dejar de patrullar definitivamente. Desde entonces los comisionados mili-
tares así como la mayoría de patrulleros de Parraxtut, iniciaron una cam-
86.56%
13.34%
0.10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Maya Ladino Otro
Pertenencia étnica
Porcentaje de víctimas
377
1050 La CEH en convenio con la Fundación de Antropología Forense de Guatemala realizó exhuma-
ciones durante su período de actividades en Acul, Belén, Chel y Panzós, cuyos resultados se en-
cuentran en el informe de las investigaciones presentado por la Fundación.
paña de hostigamiento y de amenazas públicas contra la familia y varios
vecinos acusados de guerrilleros. Según los comisionados militares, “la
mera cabecilla es la señora María Mejía”. El 17 de marzo de 1990 en la no-
che, María y su familia se encontraban cenando, cuando escucharon la-
drar a los perros. María se negó a abandonar la casa, argumentando que
si huía la gente iba a pensar que en efecto era verdad lo que se decía de
ella, que era guerrillera. De repente el comisionado entró y disparó un ti-
ro al aire, y luego otro directo al corazón de María Mejía. Le dispararon
dos veces más en la cabeza. Los responsables dijeron: “Vamos muchá, va-
mos muchá, que ya se murió”.
1051
1941.
Otras mujeres fueron perseguidas por su colaboración con las or-
ganizaciones guerrilleras.
“El 17 de diciembre de 1981, como a las siete de la noche, miembros
del Ejército llegaron a la aldea La Ventana, del municipio de Rabi-
nal, Baja Verapaz. Eran del destacamento de Rabinal, con las caras
cubiertas con pañuelos y otros trapos, llegaron a la casa de mis padres,
rodearon la casa y el comandante le decía a mi mamá, ‘salíte vos que
estás dando hartazón a los guerrilleros’. ‘¿Verdá que sí vos?’, le decía el
comandante al delator, quien respondía, ‘sí’. Como mi mamá no sa-
lió, el comandante de los militares después de pegarle una patada en
el estómago, la sacó al patio de la casa y le decía: ‘Vas a decir quiénes
son tus compañeros. ¡Decíme qué día pasan aquí!’ Pero mi mamá se
aguantó y no le decía nada. Mi mamá me dijo un día antes, ‘si me
matan que me maten, pero jamás delataré a mis compañeros’. Porque
en mi familia todos eran miembros del Ejército Guerrillero de los Po-
bres. De allí la llevó arrastrada hacia un lugar cerca de la casa, don-
de estaban haciendo el hoyo para enterrarla. Después, en el corredor
de la casa, el mismo comandante la colgó con un lazo y ella murió
ahorcada; al colgarla le arrancó casi todo el pelo. Estando colgada en
el corredor de la casa le dispararon todos los soldados para terminarla
de matar. El delator iba con los soldados que asesinaron a mi madre.
Lo anterior me lo contó un hermano menor de once años que vio có-
mo lo hicieron, él huyó del lugar”.
1052
1942.
Muchas mujeres fueron víctimas de ejecución arbitraria por las ac-
tividades que realizaban sus esposos u otros familiares, o por efectos de la
violencia indiscriminada. Cuando buscaban a determinada persona en su
378
1051 CI 052. Marzo, 1990. Quiché.
1052 C13248. Diciembre, 1981. Rabinal, Baja Verapaz.
domicilio y no la encontraban, frecuentemente mataban a la esposa, ma-
dre o hija del perseguido, quienes también resultaban acusadas de tener
vínculos con la guerrilla o eran eliminadas para castigar a la persona cuyo
rastro se había perdido.
“Yo era representante de la comunidad agraria Pegearmado, de Ta-
xisco, Santa Rosa, esa era mi participación social y la excusa para ex-
terminar a mi esposa y bienes ... Me encontraba trabajando en el
campo, solamente mi esposa y dos de mis hijitas, una de menos de un
año y la otra mi niña, andaban con la abuelita María de la Cruz
haciendo algunos mandados, cuando como a las diez de la mañana
del día 5 de agosto de 1981, más o menos, no estoy seguro de la fe-
cha, llegaron soldados del destacamento militar de Taxisco, acompa-
ñados de hombres vestidos de particular, esos G-2, que dicen ser con-
fidenciales del Ejército y empezaron a quemar la cosecha; cuando mi
esposa salió a ver, le preguntaron por mí. Al decirle ella que yo no es-
taba y que no sabía de mi paradero, entraron a destruir todas las co-
sitas que teníamos en el inmueble, registrando en busca de armas y
propaganda de la guerrilla, pero al no encontrar nada, el que supues-
tamente era el jefe ordenó colgar a mi esposa en una viga del corre-
dor y allí la ahorcaron, después la ametrallaron estando colgada. Con
posterioridad ordenó incendiar la casa”.
1053
1943.
Aunque el mayor porcentaje de víctimas corresponde a la catego-
ría de adultos (Véase G
RÁFICA
20), la quinta parte de las víctimas fueron
niños y ancianos ejecutados en desarrollo de los ataques realizados contra
la población civil por parte de agentes del Estado.
1944.
Esto significa que una de cada cinco víctimas de ejecución arbitra-
ria era niño, niña, anciano o anciana. Las circunstancias en las cuales fue-
ron ejecutados se dieron tanto a través de la violencia selectiva como de la
indiscriminada. Cuando la violencia fue dirigida selectivamente en contra
de ancianos fue por su calidad de líderes de las comunidades, por ser acu-
sados de guerrilleros o por ambas razones.
1945.
María Pérez Sánchez y Andrés Godínez, esposos ancianos, fueron
muertos a machetazos por los patrulleros de la aldea Xemal, el 26 de sep-
tiembre de 1993. El crimen fue una venganza de los patrulleros, motivada
por el asesinato de Efraín Domingo Morales, de 22 años, hijo del coman-
dante de las PAC en esa comunidad. Ambas víctimas eran reconocidos mi-
litantes del EGP, miembros del CUC y CONAVIGUA en El Chorro, ca-
serío de Xemal. Cuando Andrés Godínez se dirigía a su sembradío, en las
379
1053 C 13148. Agosto, 1981. Santa Rosa, Santa Rosa.
afueras del pueblo, fue macheteado por integrantes de la patrulla que de-
jaron abandonado el cadáver. A María Pérez Sánchez, su esposa, la mata-
ron del mismo modo en su propia casa.
1054
1946.
Menores de edad, pero sobre todo adolescentes, fueron también
ejecutados por ser sospechosos de pertenecer a la guerrilla. El 7 de marzo
de 1982 Baltazar García López, de 15 años, fue detenido por soldados y
conducido al destacamento de Sacapulas. La víctima, junto con cuatro
personas que también habían sido aprehendidas en Río Blanco, fue lleva-
da amarrada de regreso a la aldea. El comandante de la unidad mandó a
llamar a todos los habitantes de la aldea y ordenó que se reunieran frente
a la iglesia. Una vez reunidos, los soldados pusieron a las víctimas boca aba-
jo, frente a todas las personas ahí concentradas, aseguraron que las vícti-
mas eran guerrilleros y seguidamente lo mataron a tiros. Según los solda-
dos, era necesario que todos los habitantes observaran el escarmiento que
esperaba a los guerrilleros.
1055
GRÁFICA 20: Porcentaje de ejecuciones arbitrarias, según edad y sexo
GUATEMALA (1962-1996)
Nota: Sólo incluye el 39% de la muestra ya que para el 61% de las víctimas no se pudo constatar su edad
y/o sexo.Porcentaje calculado sobre las víctimas de ejecución arbitraria con edad y sexo conocido (91.52%).
2.80%
2.94%
6.53%
14.25%
9.70%
13.53%
7.92%
6.16%
5.82%
2.62%
3.90%
1.17%
0.49%
0.50%
0.16%
1%
1%
1%
1%
2%
4%
3%
4%
3%
3%
4%
0.05%
0.34%
0.20%
0.14%
–4% –2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%
Porcentaje
Edad
Hombres
Mujeres
0-5
6-11
12-17
18-23
24-29
30-35
36-41
42-47
48-53
54-59
60-65
66-71
72-77
78-83
84-89
90-100
380
1054 C 5606. Septiembre, 1993. Colotenango, Huehuetenango.
1055 C 16602. Marzo, 1982. Sacapulas, Quiché.
1947.
El amplio concepto de enemigo interno esgrimido por el Estado
fue relanzado con especial violencia e intensidad en los años ochenta, e in-
cluyó no solo a los que activamente trataban de cambiar el orden estable-
cido, sino a todos los que potencialmente podían llegar a respaldar esa lu-
cha. Tal principio logró borrar las distinciones entre los combatientes de la
guerrilla y la población civil. La observación de una declarante ilustra el
tratamiento que se daba a la población civil, incluyendo los niños de tem-
prana edad.
“Un nene de seis meses, ¿cómo va a tener delito? ¿También van a de-
cir que es guerrillero o que va a ser cuando sea mayor ... no sabemos
qué ideas tienen los militares en la cabeza”.
1948.
Los niños y ancianos, por razones de salud y de edad, no podían
huir ante las operaciones militares del Ejército y eran ejecutados.
1949.
En junio de 1982, en la comunidad Chupoj II de Quiché, la fami-
lia Morales Quino, al descubrir que se aproximaba un grupo de siete sol-
dados, se escondió detrás de unos pinos; pero Manuel, que tenía cuatro
años, soltó la mano de su madre. Ella vio luego cómo un soldado le dio un
machetazo a su hijo y le cortó la cabeza. “Todos son gente inocente y siempre
están los soldados solamente para matar. No respetan a los niños, ni a las mu-
jeres, ni a los ancianos”.
1056
1950.
Esta misma suerte acabó con la vida de muchos ancianos. En la
madrugada del 5 de mayo de 1982, miembros del Ejército tomaron el
caserío El Triunfo. Como de costumbre, la gente salió huyendo para
ocultarse. Los hijos de Tomás Xoch Tuy huyeron de la casa, pero a su pa-
dre de 72 años le tomó tiempo vestirse y cuando salió no sabía en qué
dirección venía el Ejército. Se dirigió hacia la milpa del occidente del ca-
serío y el Ejército lo capturó. Luego el Ejército avanzó hasta el caserío El
Progreso y la gente también escapó al monte. El anciano Cruz Cuc Xoch,
de 88 años, por su avanzada edad no huyó, e igualmente fue capturado
y conducido junto a Tomás. Cuando los soldados se retiraron, los nietos
de Cruz buscaron en el bosque y allí encontraron muertos a los dos an-
cianos. Cruz Cuc fue colgado de un árbol con una soga alrededor del
cuello. Mostraba un profundo tajo en el cuello y le habían cortado una
oreja. Tomás Xoch fue hallado en tierra, también con una soga alrededor
de su cuello, y con muestras de asfixia. Presentaban heridas en el cuello
y las costillas. Los testigos estiman que ambos murieron asfixiados.
1057
381
1056 C 2740. Junio, 1982. Chiché, Quiché.
1057 C 4035. Mayo, 1982. Sololá, Sololá.
Los sectores más afectados por las ejecuciones arbitrarias
1951.
El sector más afectado por las ejecuciones arbitrarias fue el com-
puesto por agricultores, jornaleros, mozos colonos y demás pobladores de
las comunidades rurales. El 42% del total de víctimas identificadas, regis-
tradas por la CEH corresponde a campesinos, jornaleros y trabajadores de
fincas. Vale anotar que el 93% de las víctimas registradas por la CEH tie-
nen información sobre su pertenencia a un sector social, organización o
partido político. Un alto porcentaje de las víctimas de ejecuciones arbitra-
rias, pertenecía a organizaciones sociales, sindicales, religiosas, estudianti-
les o partidos políticos, razón por la cual se convirtieron en víctimas de la
violencia (Véase G
RÁFICA
21).
GRÁFICA 21: Porcentaje de ejecuciones arbitrarias,
según tipo de víctimas (los 8 más frecuentes)
GUATEMALA (1962-1996)
Nota: Porcentaje calculado con base en el total de víctimas individuales identificadas de ejecución arbitraria, con
por lo menos una pertenencia a los grupos mencionados.
1952.
En 1982 el Ejército de Guatemala se planteó como misión prio-
ritaria “aniquilar a la guerrilla y organizaciones paralelas”.
1058
Entre esas or-
ganizaciones se incluyeron todas aquellas que el Estado consideraba opo-
sitoras al régimen, con independencia de que hubiera pruebas o no de una
relación con la guerrilla. Por lo tanto, muchas de las víctimas pertenecie-
ron a organizaciones sociales formalmente establecidas, ejerciendo, en el
respeto a la legalidad entonces en vigor, sus derechos de libre asociación,
pensamiento, expresión y culto. Estas actividades fueron conceptuadas
como una amenaza por el Estado que reaccionó vetando y restringiendo
los derechos de los trabajadores, campesinos, mayas y demás sectores de
la población. La lista de víctimas comprende a sindicalistas, religiosos, es-
5%
6%
7%
12%
13%
15%
21%
28%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Miembro de organización maya
Funcionarios públicos
Colaborador de la guerrilla
Miembro de la URNG
Miembro de organización campesina
Miembro de institución religiosa
Miembro de las PAC
Miembro de organización social
Porcentaje
Organización
382
1058 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, pg. 19.
tudiantes, profesores y miembros de los partidos políticos, entre otros co-
lectivos.
1953.
La violencia en el área rural durante las décadas de los sesenta y se-
tenta fue selectiva; luego afectó progresivamente a un círculo más amplio
de víctimas, hasta llegar a generalizarse en poblaciones completas, no sólo
en su área geográfica peculiar sino también en sus itinerarios de desplaza-
miento y puntos de refugio y retorno.
El sector campesino
1954.
La violencia en el campo se incrementó a partir de la contrarrevo-
lución de 1954 y promovió la ejecución arbitraria de antiguos agraristas
y miembros de ligas campesinas. La CEH recogió testimonios de la déca-
da de los sesenta donde se evidencia que las ejecuciones arbitrarias en el
oriente y en el nororiente del país tenían como objetivo la eliminación de
los líderes locales. En este período las ejecuciones arbitrarias fueron reali-
zadas mayoritariamente por los escuadrones de la muerte y los comisio-
nados militares.
“Dos comisionados militares llegaron a la casa de Hilario Ramos el
24 de diciembre de 1960 para pedirle que les hiciera el traslado de
una lata de café seco hacia la aldea Horcones. Sin embargo, dicho via-
je resultó ser un engaño. Hilario fue conducido a Esquipulas y presen-
tado a los jefes de los comisionados militares del lugar, quienes a su vez
lo entregaron al Ejército para que denunciara a los compañeros de la
guerrilla. Durante dos meses la víctima fue vista en poder del Ejérci-
to amarrado con un lazo alrededor de la cintura. Posteriormente se
supo que fue ejecutado arbitrariamente en un lugar denominado Lla-
no Bonito, en la cabecera municipal de Olopa, en el departamento de
Chiquimula”.
1059
1955.
Otras víctimas de esa época, en el caso del nororiente, eran campe-
sinos de las zonas bananeras o campesinos cuyas tierras serían vendidas
posteriormente a precios bajos. Angel López Hernández fue a transportar
ocote a la loma conocida como el Mirador de Esquipulas, lugar donde fue
detenido por una patrulla del Ejército y posteriormente asesinado. La
muerte de la víctima fue producto de las denuncias de los comisionados
militares, “que querían quitar las tierras”. Angel era denunciado constante-
mente como guerrillero por los comisionados militares de la aldea La
Cumbre, municipio de Olopa en el departamento de Chiquimula. Nadie
383
1059 C 1214. Diciembre, 1960. Olopa, Chiquimula.
“levantó [el cadáver] porque todos los caminos estaban vigilados por el Ejérci-
to y los mismos comisionados”.
1060
1956.
El sector campesino continuó siendo golpeado en la década de los
setenta. En la Costa Sur se registró una gran efervescencia a partir de las
luchas de los trabajadores en defensa de sus demandas salariales. Para de-
sarticular su organización, los finqueros o grandes terratenientes de la zo-
na se apoyaron en el Ejército, pero en muchos casos contrataron servicios
de grupos mercenarios que llegaban a las casas de los líderes locales con el
fin de ejecutarlos arbitrariamente.
1957.
El problema de la tierra estuvo presente en la comunidad de Ma-
richaj, municipio de Cahabón, Alta Verapaz. La violencia se generó por en-
vidia de la comunidad de Balanté, que pretendía despojar de la tierra a los
propietarios de la aldea Marichaj, área baldía de la cual un coronel se de-
cía dueño. La comunidad se organizó en un comité de tierra para buscar
la titulación de la propiedad y empezó a hacer gestiones ante el Instituto
Nacional de Transportación Agraria (INTA). En 1980 las comunidades de
Sactá y Balanté se aliaron con el coronel y los comisionados militares para
matar a los líderes del comité de tierra de Marichaj, acusándolos de ser gue-
rrilleros, y así apoderarse de la propiedad. Los dirigentes Tomás Cux Cho-
lom, Tomás Cux Caal, Juan Cux Tiul y Paolo Cux Caal, fueron ejecuta-
dos: “Los desnudaron, los golpearon, los arrastraron con lazo ante la comuni-
dad y por fin los mataron con balas y los echaron al río”.
1061
1958.
En el Altiplano occidental, inicialmente las ejecuciones arbitrarias
se realizaron contra los líderes de agrupaciones como Acción Católica, de
los comités de desarrollo, los cooperativistas, y los líderes de partidos polí-
ticos, especialmente la Democracia Cristiana.
“El 19 de marzo de 1976 el Ejército secuestró en el mismo día al pre-
sidente de la Acción Católica de Nebaj, a todos los dirigentes de la Ac-
ción Católica de Cotzal y a los directivos juveniles y adultos de la Ac-
ción Católica de Chajul. De noviembre de 1976 a diciembre de 1977
el Ejército y grupos paramilitares llevaron a cabo el secuestro y asesi-
nato de 143 dirigentes y catequistas de la Acción Católica en el área
Ixil y en el Ixcán”.
1062
1959.
Otros líderes comunitarios fueron víctimas de ejecuciones arbitra-
rias en el altiplano entre 1980 y 1983. Factor López, quien pertenecía a la
Asociación de Estudiantes y Profesionales Indígenas Comalapenses (AE-
384
1060 C 1200. Agosto, 1967. Olopa, Chiquimula.
1061 C 9113. 1980. Cahabón, Alta Verapaz.
1062 Diócesis del Quiché, El Quiché: El pueblo y su Iglesia 1960-1980, Santa Cruz del Quiché, Gua-
temala, julio de 1994, pgs.123-124.
PIC), trabajaba en el caserío Pamumús, aldea Simajuleu, Comalapa. Ayu-
daba mucho a la gente, hablaba a la comunidad animando a sus vecinos
para que se preocuparan por conseguir un trabajo propio y evitar los des-
plazamientos a las fincas de la Costa Sur. Además había promovido la crea-
ción de un comité para mejorar la escuela y la carretera. La noche del 12
de diciembre de 1980, unos hombres que en el pueblo eran conocidos co-
mo judiciales, lo sacaron de su casa, lo introdujeron en un carro y lo tras-
ladaron al destacamento. A los dos días de su desaparición, unos policías
acudieron a avisar a los familiares de Factor, que habían visto un cadáver
en la carretera. Cuando encontraron su cuerpo como a dos kilómetros del
destacamento de Comalapa, estaba boca abajo y tenía varios impactos de
bala en la espalda, en el corazón y la boca. En aquel tiempo se decía que
“los que hablaban por la gente, así aparecían”.
1063
1960.
En la medida en que surgían en el altiplano organizaciones de raíz
campesina tales como el CUC, las acciones de ejecución arbitraria estuvie-
ron vinculadas al hecho de considerar a esta organización y otras similares
como la base social del EGP. La CEH examinó más de 310 casos de afilia-
dos del CUC víctimas de ejecución arbitraria, la mayoría (91%) fue ejecu-
tada en el departamento de Quiché entre 1976 y 1984.
“Ya teníamos noticias de que había listas, Fidel Saquic Gutiérrez
[presidente de la Cooperativa y miembro del CUC] estaba preocu-
pado porque ya había recibido amenazas y porque era líder por su
cargo en la cooperativa. El mismo día que llegó el Ejército, él ya se iba
a refugiar y de salida se topó con el Ejército y se lo llevaron, lo mata-
ron en El Boquerón [Joyabaj]”.
1064
1961.
En muchas aldeas desde Chimaltenango hasta Huehuetenango, se
realizaron ejecuciones a gran escala, tanto como consecuencia de las dela-
ciones por parte de comisionados o patrulleros como por la propia infor-
mación que el Ejército tenía sobre comunidades clasificadas como zonas
rojas o influidas por la guerrilla.
“[la aldea de] Chimel era considerada comunista, base de la gue-
rrilla, por el Ejército, y como tal, condenada a muerte, querían
acabar con todos nosotros, casi lo logran, pero algunos vivimos pa-
ra contarlo”.
1065
385
1063 C 556. Diciembre, 1980. Comalapa, Chimaltenango.
1064 C 16201. Octubre, 1981. Zacualpa, Quiché.
1065 C 2627. Junio, 1982. San Miguel Uspantán, Quiché.
Un grupo de comisionados militares llegó a Choacorral el 20 de
enero de 1981 y capturó a Juan Calel, Cruz Ajmoj, Bartolomé Aj-
moj, Pedro Ajmoj, quienes fueron muertos a machetazos. Los co-
misionados disponían de una lista de personas acusadas de convi-
vencia con la guerrilla, uno de ellos acusaba a todos los socios de
la cooperativa de ser guerrilleros, y Juan era precisamente coope-
rativista.
1066
1962.
En la mayoría de los casos de ejecución de campesinos se recurrió
a formas crueles o degradantes, que no sólo se aplicaban a los acusados in-
dividualmente de ser guerrilleros, sino también a los ancianos, las mujeres
y los niños.
“En Valparaíso, que es una aldea de La Democracia, estuve destaca-
do allí, cada noche me sacaban porque yo era el único conductor des-
tacado para tres vehículos en el destacamento; salía, iba a traer gente
de Colotenango y de San Ildefonso Ixtahuacán. Una vez me conmo-
vió el alma, uno es humano, agarraron a una señora embarazada de
Colotenango, la llevaron hasta el carro, eran como las tres de la ma-
ñana, me fueron a levantar, llegué con el vehículo y la tropa, y lleva-
ban a la señora allá. Ya la habían ido a entregar al destacamento de
Valparaíso y como esa señora no hablaba ... no sabía tal vez [que] al-
gún familiar, algún pariente, se había metido con la guerrilla. No sé,
pero la señora no sabía ni hablar español, hablaba en su dialecto y lo
que ordenó el oficial fue que la desnudaran, la desnudaron a medio
puente del ... y el oficial mandó a traer una vara y preguntaba, co-
menzó a hacerle punta [a la vara], qué asesinato el que hizo, y abrie-
ron a la señora a medio puente entre cuatro soldados. Vino este san-
guinario oficial, le clavó la estaca en el vientre a la señora embaraza-
da y la cruzó de lado a lado, enseguida la levantó así, con la vara, ya
cruzada de lado a lado, embarazada”.
1067
1963.
Otros fueron ejecutados porque los encontraron en posesión de
objetos que para los soldados implicaban vínculos con la guerrilla; por
ejemplo, volantes o camisetas verdes de la guerrilla, o cosas menos com-
prometedoras pero que para el Ejército eran evidencia de un vínculo con
las organizaciones insurgentes.
“En una casa encontramos a una señora ... con una niña de unos
12 años ... estaban sentadas en el suelo de la cocina ... pero hubo al-
386
1066 C 16030. Enero, 1981. San Bartolomé Jocotenango, Quiché.
1067 Testigo directo (ex soldado ) CEH. (T.C. 85).
go que las comprometió realmente ... a los ojos de todos las compro-
metió porque ellas tenían un canasto lleno de pocillos plásticos, ta-
zas y vasos, y tenían una olla grande, de unas redondas que tienen
la boca pequeña, llena de tamalitos de maíz envueltos en hoja de
milpa. Entonces eso dio la pauta para pensar que allí habían más
personas ... el sargento las agarró ... y las llevó al monte”.
1068
Las de-
jaron muertas.
1964.
Estas supuestas pruebas de apoyo a la guerrilla, eran absurdas en
extremo; por ejemplo, cuando una persona llevaba consigo muchas torti-
llas y el hecho era descubierto por el Ejército, era suficiente para que un
hombre fuera acusado de colaborar con la guerrilla y provocar su ejecu-
ción. A veces algo tan simple y cotidiano como dejar una candela encen-
dida en la ventana era prueba bastante sólida para los militares de que la
víctima hacía señales a la guerrilla.
“No podíamos encender candelas ni salir de nuestras casas en la no-
che. Teníamos que comprar la comida al otro lado del río, cruzando
por ferry. El Ejército racionó la cantidad de frijoles, sal y azúcar que
comprábamos. Si comprábamos demasiado, tiraba el resto en el río y
nos acusaba de dar comida a la guerrilla ... En septiembre de 1982,
los soldados sacaron a Tomás Raymundo de su casa en la noche.
Cuando amaneció encontramos su cadáver a cinco metros de su casa.
Creemos que lo mataron porque tenía un hijo enfermo y por eso en-
cendía una candela en la noche”.
1069
Los religiosos y sus feligreses
1965.
Miembros de la Iglesia Católica fueron ejecutados de forma arbi-
traria en la década de los ochenta. La lucha contrainsurgente cargó con
marcada intensidad en contra de los sacerdotes, los catequistas y los fieles
integrados en las organizaciones de base. Para entender este fenómeno hay
que estimar el cambio de orientación pastoral que se produjo en la Iglesia
Católica, en especial la de Latinoamérica, a raíz del Concilio Vaticano II,
iniciado en 1962 y concluido en 1965. La opción preferencial por la de-
fensa de los pobres, como subrayó en aquellos días la Conferencia de Me-
dellín, define fenómenos importantes para asimilar el papel desempeñado
por la Iglesia Católica en los movimientos sociales de la época.
1070
1966.
Aunque el número de ejecuciones arbitrarias de sacerdotes católi-
cos fue menor en comparación al de catequistas, el efecto sobre los feligre-
387
1068 Testigo directo (ex soldado ) CEH. (T.C. 53).
1069 C 11509. Septiembre,1981. Ixcán, Quiché.
1070 Ver documento sobre el papel de la Iglesia Católica durante el enfrentamiento armado.
ses se multiplicó por la relevante posición del sacerdote en la vida de la co-
munidad. Los sacerdotes se involucraban con la comunidad, no sólo en la
esfera de lo estrictamente religioso, sino que trataban de aliviar material-
mente la pobreza y el sufrimiento de la población, a la vez que alentaban
a las personas a luchar por sus propios derechos. Al ejecutar al sacerdote,
su congregación quedaba aterrorizada y desprotegida tanto en el orden ma-
terial como en el espiritual.
1967.
El padre Hermógenes López Coarchita, desde noviembre de 1966,
tuvo a su cargo la parroquia de San José Pinula. Allí se integró en la comu-
nidad, se preocupó por los asuntos que afectaban a sus feligreses y promo-
vió proyectos y comités de ayuda. Se había opuesto al reclutamiento mili-
tar forzoso y desde hacía cuatro años recibía amenazas de muerte. Pocos
días antes de que lo mataran, había dicho:
“Si mi misión es dar la vida, así lo haré, pero nunca me echaré atrás
en la causa que estoy defendiendo y si es necesaria la sangre de uno de
nosotros para que haya paz en Guatemala, yo estoy dispuesto a derra-
mar la mía”.
1071
1968.
El sacerdote, en carta abierta fechada el 29 de junio de 1978, diri-
gida al Presidente de la República, general Kjell Eugenio Laugerud García,
solicitó la supresión del Ejército. Esta misiva fue publicada en varios perió-
dicos. Al día siguiente, el viernes 30 de junio de 1978 (Día del Ejército),
el sacerdote fue ejecutado en un camino cuando se dirigía a hacer una vi-
sita a uno de sus feligreses.
1072
1969.
Entre 1980 y 1983 se produjo un aumento de los casos de ejecu-
ción arbitraria de sacerdotes, catequistas y miembros de las organizaciones
sociales de la Iglesia Católica, sobre todo en el área rural.
1970.
El 1 de julio de 1981 fue asesinado de dos balazos el sacerdote fran-
ciscano Tulio Maruzzo Rappo junto con el cursillista Obdulio Arroyo Na-
varro en Campos Nuevos de Quiriguá, en el municipio Los Amates, Iza-
bal. Después de estos asesinatos, varios de los delegados de la palabra fue-
ron asesinados y otros recibieron amenazas de muerte. Las religiosas de la
casa de formación de Los Amates y otro sacerdote abandonaron el área,
otras personas se refugiaron en Honduras o se desplazaron a otros lugares
de Guatemala y se clausuraron algunos proyectos de formación y ayuda so-
cial. “Mataron al padre porque dijeron que los italianos andaban promovien-
do el cristianismo”.
1073
388
1071 CI 101. Junio, 1978. San José Pinula. Guatemala.
1072 Ibid
1073 C 1031. Julio, 1981. Los Amates, Izabal.
1971.
En otras aldeas, los soldados, los comisionados o los patrulleros,
empleando listas de nombres, buscaban a los catequistas a los que imputa-
ban su pertenencia a la guerrilla. Los perseguían en las iglesias, en sus pues-
tos de trabajo o en sus casas, y muchas veces fueron torturados o ejecuta-
dos de forma muy cruel, frecuentemente delante de sus vecinos.
[Los soldados llegaron a la cabecera municipal de Concepción
Huista, Huehuetenango. Llevaban una lista con cuarenta nom-
bres de personas de Concepción]. “Mi nombre, al igual que los de
cuatro hermanos míos, aparecieron en la lista, por eso nos sacaron del
templo. Nos amarraron con las manos hacia atrás y nos empezaron a
golpear. Nos llevaron a un plan en la orilla de Concepción, cerca de
una casa grande. Estábamos llorando de miedo”. El teniente dijo:
“Ustedes quieren ver a su Dios. Aquí está su Dios” y levantó su ar-
ma. Los soldados reunieron a toda la comunidad, a las mujeres las
encerraron en la casa; dice un testigo: “Nos quedamos [los hom-
bres] en el plan y nos comenzaron a interrogar. Nos tiraron al suelo,
nos pasaban encima con sus botas pisándonos, nos golpeaban, tarda-
ron buen rato golpeándonos, después siguió la interrogación. [El te-
niente] nos interrogó uno por uno, decía que por qué éramos discipli-
nados con la guerrilla y preguntaba quién de la comunidad daba co-
mida a la guerrilla. Después que terminó la interrogación dijo: ‘En
tres días volvemos y si no estás en tu casa, te acabamos.” Cuando los
hombres regresaban a sus casas escucharon unos balazos y encon-
traron muerto a Copertino Francisco, catequista de la comuni-
dad.
1074
1972.
También hubo pastores y practicantes de la Iglesia Evangélica que
fueron ejecutados arbitrariamente. Antonio pertenecía a la Iglesia Evan-
gélica Bautista Getzemaní. Había prestado el servicio militar y los comi-
sionados militares lo invitaban constantemente a que se uniera a ellos,
propuesta que no aceptaba. Antonio fue capturado el 28 de febrero de
1981 por hombres enmascarados, entre ellos los comisionados militares
del municipio. Antonio empezó a orar y dijo a su esposa que no se preo-
cupara ya que sólo podrían llevarse su cuerpo y no su espíritu. Al día si-
guiente se escuchó en las noticias de radio que habían encontrado a un
hombre muerto entre los bosques de Patulul. La familia fue a buscarlo allí
pero el cadáver había sido trasladado al hospital de Mazatenango donde
efectivamente lo encontraron.
1075
389
1074 C 5432. Agosto, 1982. Concepción Huista, Huehuetenango.
1075 C 4175. Febrero, 1981. San Pedro La Laguna, Sololá.
El movimiento sindical
1973.
Las ejecuciones arbitrarias contra los sindicalistas comenzaron an-
tes del inicio del enfrentamiento armado interno. “En 1954 ... el Gobierno
del (sic) general Castillo Armas criminalizó los sindicatos más prominentes,
encarceló líderes sindicales, y asesinó por lo menos 200 líderes sindicalistas en
las semanas posteriores al golpe de Estado apoyado por los Estados Unidos, el
cual despojó el Gobierno de Jacobo Arbenz”.
1076
1974.
A finales de los sesenta, agentes del Estado empezaron a ejecutar a
líderes sindicales. Como sucedió con Cesár Montenegro Paniagua, asesina-
do el 4 de Abril de 1970, Mario López Larrave en 1977
1077
y Mario Mujía
Córdoba en 1978,
1078
como tentativas de frenar el movimiento de la clase
obrera de Guatemala, considerada por el Estado y los poderes económicos
como una amenaza.
1975.
La ejecución arbitraria del líder sindical Mario Mujía,
1079
ocurrida
el 23 de julio de 1978 en la cabecera departamental de Huehuetenango,
un año después de la marcha de Ixtahuacán, de la que fue uno de los or-
ganizadores, incorporó a la estrategia del Estado un objetivo preferente: ce-
rrar los espacios al movimiento obrero y, a través de acciones ejemplares,
lograr la desorganización de otros sectores, particularmente el agrario.
1976.
Pedro Quevedo, secretario general del sindicato de la Coca-Cola,
1080
antes de ser asesinado recibió varias amenazas de muerte como aviso para
que cesarán sus actividades sindicales. El 12 de diciembre de 1978 fue eje-
cutado por dos hombres que montaban una motocicleta. En circunstancias
similares había sido asesinado cinco meses antes Mario Mujía.
1081
“El compañero Pedro Quevedo, fue asesinado, ese era uno de los líde-
res más representativos, y además tenía una personalidad muy fuerte,
verdad, él había sido miembro de la Policía Militar Ambulante, pe-
ro la misma situación de explotación hizo que cambiara su visión con
respecto al sector empresarial, y él fue una de las primeras víctimas ...
Apareció en una lista antes, una lista de gente amenazada, desde di-
ferentes empresas, líderes, trabajadores de diferentes empresas, apare-
cieron listas del Ejército Secreto Anticomunista (ESA), y Mano Blan-
ca, y las listas aparecían así en las avenidas principales”.
1082
390
1076 Informe de Amnistía Internacional para la CEH, AI Index: AMR 34/02/98. Marzo, 1998, pg.
18.
1077 CI 28. Junio, 1977. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
1078 CI 16. Julio, 1978. Huehuetenango.
1079 CI 16. Julio, 1978. Huehuetenango.
1080 CI 67. 1977-1980. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
1081 C 777. Diciembre, 1978. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
1082 Testigo directo (líder sindical) CEH. (T.C. 49).
1977.
Estas ejecuciones provocaron el repliegue y la práctica desarticula-
ción del movimiento sindical.
“Creemos que ... [con] el caso de Mario Mujía, con el que empieza
en ese período la represión del liderazgo sindical, que después lleva mi-
les de muertos sindicales, y al allanamiento de la CNT después, la
Central nuestra, ya en junio del 80 ... cuando secuestran a 37 diri-
gentes el 21 de junio”.
1083
El movimiento estudiantil y profesional
de la Universidad y de la educación media
1978.
El sector educativo fue uno de los más afectados por la práctica
de ejecución arbitraria. Entre sus víctimas se incluyen miembros de las
organizaciones estudiantiles, profesores y catedráticos, académicos, es-
tudiantes sin vinculación con las organizaciones políticas, otros emplea-
dos de la Universidad, así como maestros y estudiantes de educación
media.
1979.
El académico y abogado laboralista Mario López Larrave fue asesi-
nado el 8 de junio de 1977 y con su muerte, “se pone en práctica la repre-
sión selectiva de dirigentes sindicales, estudiantiles, profesionales y catedráticos
de la Universidad de San Carlos, entre otros”.
1084
La ejecución arbitraria de
Oliverio Castañeda de León, secretario general de la AEU, el 19 de octu-
bre de 1978 en la capital, significó un duro golpe para la asistencia del mo-
vimiento estudiantil.
1085
1980.
Según subrayó la Comisión de la Verdad de la USAC, “el pico (sic)
de la represión ejercida contra la USAC se dio en los años 1980 y 1981, cuan-
do se produjo un verdadero descabezamiento. ...Por períodos cortos, esta repre-
sión selectiva (anunciada por medio de volantes, listas de amenazados y llama-
das telefónicas) se convirtió en violencia masiva indiscriminada. Posteriormen-
te la ola represiva bajó la intensidad, al haberse retirado de la Universidad un
número significativo de autoridades, docentes e investigadores, estudiantes y
trabajadores”.
1086
1981.
Los casos recogidos por la CEH señalan que es entre 1980 y 1981
cuando se presenta uno de los más altos índices de violaciones de derechos
humanos en contra del sector universitario. Muchas de las víctimas de
dicho sector, en particular los estudiantes, fueron detenidos de forma arbi-
traria, ejecutados y luego sus cadáveres aparecieron con señales de tortura.
391
1083 Testigo directo (líder de movimiento popular ) CEH. (T.C. 112).
1084 Testigo directo (líder de movimiento popular ) CEH. (T.C. 392).
1085 CI 045. Octubre, 1978. Ciudad de Guatemala, guatemala.
1086 Universidad San Carlos de Guatemala, informe de la Comisión de la verdad de la USAC, pg. 11.
“Marco Tulio Pereira Vásquez era estudiante de la USAC y ese año
era miembro del Honorable Comité de Huelga de Dolores. Andaba
en el centro de la ciudad e iba acompañado de otros dos universita-
rios, uno era Julio César del Valle que estudiaba Economía y el otro
Iván Alfonso Bravo que era médico infieri.
1087
Los tres iban en un ca-
rro VW en las calles del centro, pero en un semáforo los atraparon dos
carros, uno se puso adelante y el otro atrás, se bajaron varios hombres
que abrieron las puertas del VW y se metieron dentro del carro. Ese
mismo día, a las pocas horas, aparecieron los tres cadáveres en la zo-
na 16, camino a Santa Rosita, cerca del Colegio Austríaco. Estaban
horriblemente torturados, uno de los tres no tenía lengua, parece que
era Alfonso, les habían arrancado las uñas, y no sé cuántas cosas más.
Fuimos con la mamá a reconocerlo, y la mamá no derramó ni una so-
la lágrima; lo enterramos en Escuintla”.
1088
1982.
Otra forma de actuar contra estas víctimas fue seguirlas y de un
momento a otro ejecutarlas sin practicar una detención previa. El 24 de
marzo de 1980 Fernando Cruz, piloto de la rectoría, pasó a recoger a su
casa al licenciado Hugo Rolando Melgar y Melgar, asesor jurídico de la
USAC y catedrático de la facultad de Derecho, para llevarlo a la Universi-
dad. Como hacia las 8:10, hombres a bordo de otros vehículos los empe-
zaron a seguir. Dispararon inicialmente al chofer Fernando Cruz y poste-
riormente se acercaron al automóvil y remataron a las víctimas. La acción
iba dirigida contra el licenciado Melgar y Melgar, pues días antes un gru-
po anticomunista había publicado una lista de víctimas donde figuraba su
nombre.
1089
1983.
Los estudiantes y profesores de las extensiones universitarias del in-
terior también sufrieron ejecuciones arbitrarias, lo que condicionó de mo-
do significativo la asistencia regular de los estudiantes. El licenciado Jorge
Everado Jiménez Cajas era profesor del Centro Universitario de Occiden-
te (CUNOC) y trabajaba con el Bufete Popular de la Universidad, en la
Escuela Obrera Campesina; militaba asimismo en el Frente Unido de la
Revolución. Por su labor en estas organizaciones, había sido amenazado en
cartas personales y en listas que circulaban por el CUNOC. Una mañana
de julio de 1980, cuando estaba trabajando en el despacho de su casa, si-
tuada por la salida de Quetzaltenango a Almolonga, llegaron unos hom-
bres armados y lo ejecutaron. Se piensa que los responsables fueron miem-
bros de la G-2 porque la Inteligencia militar conducía la campaña de te-
rror contra el CUNOC, en la cual murieron otros profesores, y además
392
1087 Que ha terminado estudios pero no se ha graduado.
1088 C 13348. Marzo, 1980. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
1089 C 517. Marzo, 1980. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
porque los vehículos que habían vigilado la casa de la víctima habían sido
vistos estacionados en la Zona Militar.
1090
1984.
El mundo universitario sufrió las consecuencias del llamado Agos-
to Negro de 1989. En menos de 15 días 10 líderes universitarios fueron
desaparecidos; los restos de Víctor Hugo Rodríguez Jaramillo, Silvia María
Azurdia Utrera, Carlos Humberto Cabrera Rivera y Carlos Leonel Chutá
Camey se encontraron el 10 de septiembre de 1989 en la colonia Villa Sol
a unos doscientos metros de la USAC. Todos presentaban señales de tor-
tura, marcas de agujas y heridas de arma blanca. Los dirigentes que no su-
frieron secuestro o muerte tuvieron que partir al exilio. En diciembre de
ese mismo año otro miembro de la coordinadora de AEU fue asesinado.
1091
1985.
Los maestros de educación media, tanto urbana como rural, fue-
ron objeto de ejecuciones arbitrarias por sus actividades y el liderazgo que
ejercían de forma natural en las comunidades donde prestaban sus servi-
cios. Algunos maestros fueron involucrados con otros sectores de la ense-
ñanza y la política cuyas actividades también eran cuestionadas por el Es-
tado a consecuencia de estas posturas de descalificación institucional; se les
torturó y asesinó.
1986.
Rúben Mérida Escobar era maestro y presidente del comité de pa-
dres de familia del Instituto Normal Mixto de Occidente (INMO), de San
Marcos, y como tal desplegó varias actividades en defensa de sus alumnos,
las cuales lo llevaron a ser acusado de comunista y guerrillero. Fue ejecuta-
do en su puesto de trabajo, en la Escuela Carlos Castillo Armas, de San
Marcos, el 20 de agosto de 1980, a las 7:35, por cinco hombres vestidos
de paisanos y tocados con sombreros, armados con carabinas del modelo
que utilizaba por entonces la Policía; entraron en el establecimiento edu-
cativo y ante la mirada de algunos de sus alumnos, abrieron fuego contra
la víctima y enseguida le dispararon un tiro en la sien derecha.
1092
1987.
Maestros y promotores educativos bilingües en el área rural tam-
bién fueron perseguidos por las actividades que desarrollaban, y aunque no
participasen en un sector organizado, se les acusó de propagar el mensaje
de la guerrilla a la sociedad.
1988.
Dos testigos clave recuerdan cómo en el año 1980, en Nebaj se de-
sencadenó una sistemática persecución en contra de los maestros y los edu-
cadores sociales. El 28 de abril de 1980 “fueron torturados salvajemente y
asesinados los maestros de la escuela de Tzalbal, Noé Cam Palacios López y
Mario Enrique Herrera Cano”.
1093
Poco después siguió una ola represiva
393
1090 C 8010. Julio, 1980. Quetzaltenango, Quetzaltenango.
1091 CI 30. Agosto-septiembre, 1989. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
1092 C 7290. Agosto, 1980. San Marcos, San Marcos.
1093 Testigo directo. CEH. (T.C. 334).
contra otros maestros y preparadores bilingües, entre ellos Marco Antonio
Garzona, Teodoro Brito, Domingo Raymundo, Miguel Reynoso, Juan Pé-
rez Cobo y Domingo Sánchez Brito.
1094
Los miembros de partidos políticos
1989.
La eliminación física de los miembros de partidos políticos tuvo la
misma finalidad que la de los sindicalistas, universitarios y profesores: de-
sarticular los movimientos y organizaciones ejecutando a sus líderes y mi-
litantes de base. Las ejecuciones arbitrarias en contra de este sector se ini-
ciaron con la captura de los 28 miembros del PGT en 1966.
1095
Aunque
nunca aparecieron los cadáveres, algunos de los involucrados con las cap-
turas confirmaron que las víctimas fueron ejecutadas. Desde entonces, se
sucedieron numerosas ejecuciones arbitrarias de militantes de partidos po-
líticos, particularmente, del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), la
Democracia Cristiana (DC), el Partido Revolucionario (PR) y el Frente
Unido de la Revolución (FUR).
1990.
En los años sesenta, los miembros de los partidos políticos víctimas
de ejecución arbitraria pertenecían en una primera fase al oriente del país
y a la capital de Guatemala. En el oriente fue común en estas operaciones
que los comisionados militares actuaran en combinación con el Ejército.
Balbino Vásquez fue perseguido por los comisionados militares y
el Ejército por pertenecer al Partido Revolucionario. El 18 de di-
ciembre de 1966 lo capturaron en Carboneras y lo trasladaron a
Carrizal; allí lo dejaron en el río atado junto a Pedro Pérez, alcal-
de auxiliar de Quebrada Piedra Amolar, también militante del Par-
tido Revolucionario. Una vez apresados, se los llevaron al río don-
de permanecieron diez horas maniatados. “Pasaron ocho días y más
días y ni razón de él ... Vásquez era delegado del PR por la aldea El
Paternito; y los Pachecos
1096
eran del Partido Liberacionista y andaban
con el Ejército”. Un declarante aseguró a la CEH que el cadáver de
Pérez fue visto por el camino de Shalaguá a El Carrizal.
1097
1991.
En los años setenta continuaron las ejecuciones arbitrarias concen-
tradas en miembros de partidos políticos en el oriente y en la capital y se
empezó a incrementar el número de los asesinatos cometidos en la Costa
Sur y el Altiplano. Muchos militantes de partidos políticos perdieron la vi-
da en sus propias casas.
394
1094 Ibid.
1095 CI 068.1966. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
1096 Nombre de un escuadrón de la muerte que actuaba en la región.
1097 C 1034. Diciembre,1966. Olopa, Chiquimula.
1992.
El 9 de enero de 1975, en el caserío El Reparo del municipio de
Coatepeque, Quetzaltenango, cuatro hombres armados vestidos de civil
llegaron en la noche a la residencia de Roberto Barrios Ramírez, miembro
del PGT. Al plantarse a la puerta de la casa, uno de los hombres gritó: “Le-
vantate, hijo de puta, hoy te vas a morir”. Mientras Roberto Barrios se ves-
tía, su esposa Simona Audelia Rivera Chávez y su hija María Elena Barrios
Rivera, de 11 años, se acercaron a la puerta para escuchar quiénes estaban
afuera. De repente, los hombres rompieron la puerta y empujaron hacia el
exterior a la esposa y a la hija, que fueron ejecutadas en el acto. Cuando el
señor Barrios salió a la puerta, fue abatido de tres disparos. Otro hijo de 15
años logró fugarse y salvar su vida.
1098
1993.
Dirigentes de partidos de la izquierda como Alberto Fuentes Mohr,
por el Partido Socialista Democrático (PSD), y Manuel Colom Argueta
(FUR) fueron atacados a pleno día y acribillados en público, en la ciudad
capital, en febrero y marzo de 1979, respectivamente.
1099
Los alcaldes municipales
1994.
Entre las autoridades locales, numerosos alcaldes municipales fue-
ron blanco de ejecuciones arbitrarias durante el enfrentamiento armado.
La dignidad de representar los intereses públicos no supuso una garantía
de seguridad para ellos. A modo ilustrativo se mencionan los siguientes ca-
sos.
1995.
En 1974 el partido Democracia Cristiana, en alianza con algunos
movimientos sociales como Acción Católica, logró ganar liderazgo en el
ámbito local tras los comicios municipales donde la población eligió a sus
alcaldes, indígenas muchos de éstos. La llegada de alcaldes mayas al poder
local y a veces departamental provocó miedo e inestabilidad entre los pode-
res políticos tradicionales, el MLN y sus aliados locales. Entre 1978 y 1981
se registró un aumento en las ejecuciones arbitrarias de alcaldes.
1996.
El primer alcalde indígena de Santa Cruz del Quiché, Avelino Za-
peta, fue ejecutado el 24 de septiembre de 1980. Ese día, cuando había
concluido su jornada de trabajo, se dirigió hacia su residencia ubicada en
el cantón Xatinap I, a tres kilómetros de la cabecera departamental de Qui-
ché. Estaba por llegar a su destino cuando dio de cara con un jeep militar,
en el que se encontraban varios civiles armados, quienes le dispararon y le
ocasionaron la muerte.
1997.
En las elecciones de 1980 Marcos Zoc Cortés ganó la alcaldía de
Patzité, Quiché, postulado por el partido de la Democracia Cristiana. El 5
de agosto de 1981 el alcalde se encontraba en su despacho donde se pre-
395
1098 C 8353. Enero, 1975. Coatepeque, Quetzaltenango.
1099 CI 65. Enero y Marzo, 1979. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
sentaron seis hombres que vestían uniformes similares a los que usaban los
empleados del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), con el pre-
texto de saludarlo. En el interior de su oficina, desenfundaron sus armas y
descargaron cinco balazos al alcalde, dos en el pecho y tres en la cabeza,
que le provocaron la muerte inmediata.
1100
1998.
José Lino Xoyón Hernández, líder kaqchikel de 45 años de edad,
fue asesinado el 14 de octubre de 1980, cuando desempeñaba su cargo co-
mo alcalde de la cabecera departamental de Chimaltenango. Fue ejecuta-
do en una esquina cercana al cementerio del municipio de Chimaltenan-
go, mientras conducía una camioneta propiedad de la Municipalidad. El
había recibido varias amenazas en anónimos que le habían remitido a la Al-
caldía. “Xoyón fue un líder con arraigo comunitario, poseedor de mucho caris-
ma para tratar a indígenas y ladinos, fue el primer alcalde indígena de la ca-
becera departamental de Chimaltenango”.
1101
Los funcionarios y profesionales vinculados al sector judicial
1999.
Las violaciones de derechos humanos causaron efectos profundos
en el sistema judicial guatemalteco. Muchos de los principales actores del
sistema judicial, jueces, abogados y empleados, fueron ejecutados arbitra-
riamente a lo largo del enfrentamiento armado. La violencia política se ex-
presó con frecuencia a través de amenazas a diferentes figuras que intervie-
nen en el proceso judicial y tuvieron lugar varios casos de asesinato. Esta
violencia creó intimidación entre los que trabajaban en el sistema judicial
lo que provocó un aumento en la inacción de los tribunales y la impuni-
dad. En muchas ocasiones ante la falta de seguridad, familiares y compa-
ñeros de las víctimas tenían miedo de que se investigaran los hechos.
2000.
En los contados casos en que se iniciaba una investigación, muchos
testigos y abogados se negaban a participar en procesos abiertos contra
miembros del Ejército o de cualquier otra institución del Estado. Muchos
jueces se vieron obligados a doblegar su independencia como primera me-
dida para evitar ser asesinados. De igual forma, abogados asesores de pro-
yectos con arraigo comunitario, magistrados y otros empleados que quisie-
ron cumplir cabalmente con sus funciones sufrieron numerosas amenazas,
y hasta fueron ejecutados.
2001.
A raíz de los procedimientos sobre las detenciones domiciliarias, el
abogado Rafael de Jesús Martínez Pérez mantuvo un altercado con el jefe
de la Policía Nacional de Escuintla, quien le dijo que ya sabía que “un tal
Martínez andaba alborotando sobre esta situación”. El licenciado Martínez
le dijo: “Yo soy el tal Martínez y no ando alborotando, sino velando porque se
396
1100 C 16477. Agosto, 1981. Patzité, Quiché.
1101 C 870. Octubre,1980. Chimaltenango, Chimaltenango.
cumpla la ley”. Por esta razón, el jefe de la Policía hizo saber en el pueblo
que “ese abogadito se las iba a pagar”. El jurista empezó a sentirse atemori-
zado y a llevar una vida llena de precauciones. Ante los abusos que se co-
metían en Escuintla, decidió plantear la denuncia ante el Organismo Judi-
cial. En la mañana del 9 de junio de 1980, dos carros con hombres arma-
dos aguardaron a que él saliera de su domicilio. Los vecinos se percataron
y fueron amenazados para que se encerraran en sus casas. Así que cuando
el abogado salió, lo ametrallaron matándolo en el acto.
1102
2002.
La apertura a la democracia y el proceso de paz generaron el surgi-
miento de organizaciones de derechos humanos que tenían como propó-
sito vencer la impunidad. Las iniciativas emprendidas por estas organiza-
ciones se tradujeron en ejecuciones arbitrarias en contra de los que inten-
taron que comparecieran ante la justicia miembros del Ejército u otros
agentes del Estado. En la persecución de los responsables de la ejecución
arbitraria de la investigadora de la Asociación para el Avance de las Cien-
cias Sociales (AVANCSO) Myrna Mack, cometida en 1990, el investiga-
dor policíaco que ratificó la teoría de que el crimen había sido motivado
por razones políticas fue asesinado. La Policía Nacional presentó dos infor-
mes sobre la investigación del crimen: el primero, en el cual se concluía
que el móvil había sido un robo, no fue ratificado judicialmente por los in-
vestigadores. El segundo, presentado por los policías José Miguel Mérida
Escobar y Julio César Pérez Ixcajop, a quienes se encomendaron las pes-
quisas, concluyó, en cambio, en que el móvil era político y señalaba a Noel
de Jesús Beteta Alvarez como sospechoso de ser el autor material del asesi-
nato. Este informe fue ratificado judicialmente por Mérida Escobar, quien
al realizar dicho acto mencionó que estaba firmando su pena de muerte.
El 5 de agosto de 1991 Mérida Escobar fue muerto a balazos, a poco más
de cien metros de la Dirección General de la Policía Nacional, después de
haber ratificado judicialmente el contenido de su encuesta y haber expre-
sado temor por su vida. Por su parte, Julio César Pérez Ixcajop salió del
país en octubre de 1991.
1103
2003.
El abogado Edgar Ramiro Elías Ogaldez, juez con diez años de ex-
periencia en la judicatura, en Mixco y Chimaltenango, quien venía siendo
amenazado desde tiempo atrás, fue ejecutado el 18 de agosto de 1994. El
juez Ogaldez había llevado el proceso de varios casos donde se encontra-
ban involucrados ex miembros del Ejército; en uno de estos casos había
dictado auto de prisión contra un militar. A su vez, los investigadores del
asesinato del juez sufrieron vigilancia y amenazas telefónicas.
1104
397
1102 C 13057. Junio, 1980. Escuintla, Escuintla.
1103 CI 085. Septiembre, 1990. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
1104 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe anual de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos 1994, OEA/Ser.L/V/II.88 Doc.9 rev., 17de febrero de 1995, pg. 196.
Los desplazados, los refugiados y los retornados
2004.
A raíz de la violencia tanto selectiva como indiscriminada, miles de
guatemaltecos dejaron sus lugares de residencia o sus puestos habituales de
trabajo, para desplazarse a otros puntos del país donde creían que la vio-
lencia era menos aguda. Otros optaron por marcharse y vivir en otros paí-
ses. Sin embargo, y en especial los desplazados, continuaron siendo vícti-
mas de violaciones de los derechos humanos.
1105
2005.
Después de las masacres de Santa Marta, el 27 de octubre de 1981,
y de San Pedro, el 17 de mayo de 1982, los desplazados del norte de Ne-
baj vivían todavía en las montañas al occidente de Santa Marta, entre las
comunidades de Las Pilas y Buena Vista. Una mañana, el 15 de noviem-
bre de 1983, Lucía Guzaro Raymundo, Magdalena Lobo Raymundo y
Elena Raymundo De Paz bajaron de su refugio para ir a un ranchito don-
de algunos desplazados tenían un poco de comida. En el camino se encon-
traron con patrulleros provenientes de la comunidad Buena Vista. Los pa-
trulleros empezaron a disparar y mataron a las tres mujeres.
1106
2006.
Los desplazados que se organizaron en las Comunidades de Pobla-
ción en Resistencia (CPR) soportaron actos de violencia por parte del Ejér-
cito, los comisionados militares y los patrulleros.
1107
Las operaciones de ras-
treo y los bombardeos, realizados dos o tres veces por semana, arrojaban
periódicamente saldos de decenas de muertos y heridos.
1108
2007.
El 29 de mayo de 1990 los soldados ejecutaron a Sebastián Her-
moso Brito, de 16 años, y a Jacinto Bernal Vera, quienes se encontraban
refugiados en las montañas de Amajchel. En la mañana temprano, estas
dos personas, junto con otras dos más, salieron de su refugio para buscar
comida. Cuando llegaron a una vereda que se encontraba en un cañón for-
mado por las montañas, cayeron en una emboscada. En el tiroteo murie-
ron Sebastián y Jacinto mientras que las otras dos personas lograron huir.
Fueron estos últimos quienes contaron a los familiares lo ocurrido. Algu-
nos miembros de las CPR intentaron regresar al lugar, pero los soldados es-
taban allí acampados, de modo que no pudieron recuperar los cuerpos.
Tres semanas después regresaron y hallaron los dos cuerpos en descompo-
sición, que pudieron identificar por la ropa.
1109
2008.
Aunque no con la misma frecuencia con que atacaron a los despla-
zados del interior, en algunas ocasiones el Ejército, con o sin la colabora-
ción de patrulleros y comisionados de las regiones fronterizas, penetró en
el territorio mexicano para perseguir a los refugiados. En algunos casos los
398
1105 CI 3.Octubre 1995. Alta Verapaz.
1106 Testigos de referencias (mujeres ixil, desplazadas, campesinas) CEH. C 3404. Noviembre, 1983.
1107 Para un estudio más completo sobre la vivencia de los desplazados y refugiados, véase la parte
correspondiente en el capítulo segundo y en el capítulo tercero.
1108 C 3069. Mayo, 1990. Chajul, Quiché.
1109 Ibid.
militares acusaron a aquellas gentes de haber tenido relaciones con la gue-
rrilla y de huir de Guatemala por esta razón. En otros, acusaron a los refu-
giados de haber mantenido comunicaciones desde el extranjero y delatar a
los que se mantuvieron en sus comunidades de origen como colaborado-
res del Ejército. no faltaron ocasiones en que se presentó en público a per-
sonas a las que acusaban de pertenecer a la guerrilla después de haberlas se-
cuestrado en los campos de refugiados de la frontera, a quienes de vuelta
en Guatemala, sometían a torturas y otros tratos crueles para obtener in-
formación antes de ejecutarlos.
“Fuimos [para refugiarnos] a una colonia que se llama San Pedro.
En esta colonia hubo muchos refugiados guatemaltecos. Un día, creo
que era el 12 de septiembre de 1982, aquí también vino el Ejército
guatemalteco a buscarnos. Aterrizaron en dos helicópteros y pregunta-
ron a los mexicanos dónde se encontraban los refugiados. Tenemos re-
galos para ellos, dijeron. Por eso los mexicanos vinieron a llamarnos.
Pero al presentarnos, los soldados no nos dieron regalos, sino agarra-
ron a cuatro refugiados y los llevaron por la fuerza al destacamento
militar en Ixquisís...”
2009.
Posteriormente se tuvo conocimiento que las cuatro personas fue-
ron torturadas, ejecutadas y enterradas en el destacamento.
1110
2010.
Incluso cuando la gente decidió regresar a su comunidad, desde el
refugio o el desplazamiento, no siempre fueron bienvenidos por las auto-
ridades. El Ejército sospechaba que los que se refugiaron o desplazaron,
particularmente en las CPR, actuaron así por estar involucrados en la gue-
rrilla. Esta presunción provocó que las autoridades acusaran de tener la in-
tención de seguir colaborando con la guerrilla a los que retornaban a sus
comunidades.
2011.
Después de siete meses de estar desplazadas en la montaña, varias
personas decidieron regresar a su comunidad de Sechaj al enterarse de la
promulgación de una ley de amnistía. Cuando llegaron a la aldea fueron
recibidas por un grupo de soldados dirigidos por un capitán quien después
de darles la bienvenida, las interrogó por los motivos que tuvieron para es-
conderse en la montaña. Uno de sus dirigentes, Francisco Xi, le respondió
que los soldados habían quemado sus viviendas y sus cosechas, y que ha-
bía escapado de éstos porque querían matarlo. En ese momento el capitán
le arrebató el micrófono de las manos, y lo señaló como a uno de los res-
ponsables de que la comunidad tuviera problemas, pues personas como él
querían que este país se convirtiera en una Nicaragua o en una Cuba y que
399
1110 C 6176. Septiembre, 1982. San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
él era un comunista. Tres semanas después, patrulleros civiles de la aldea
vecina, Chibulún, fueron a sacar a Francisco Xi de su casa, en Sechaj, Ca-
habón, Alta Verapaz, y se lo entregaron a los soldados acampados a orillas
de aquella aldea. Desde Sechaj lo maniataron, lo patearon y le gritaron que
él había comprometido a su pueblo por ser comunista, y que por culpa su-
ya iba a morir mucha gente en su aldea. Los soldados lo desnudaron y así
lo tuvieron durante una semana entre las montañas. Lo pisotearon cuan-
tas veces quisieron, le arrancaron la lengua, y finalmente lo colgaron de los
testículos en un lugar que se llama Tzubilpec. Su cuerpo nunca fue recu-
perado.
1111
Los miembros de las fuerzas guerrilleras fuera de combate
2012.
Otro grupo víctima de ejecución arbitraria por parte del Estado lo
constituyeron los denominados miembros de las fuerzas insurgentes fuera
de combate. Según el derecho humanitario, durante la participación direc-
ta en las hostilidades, no se comete una ejecución arbitraria si se priva de
la vida a un combatiente. Sin embargo, en toda circunstancia fuera del es-
cenario de una operación militar, matar a un combatiente supone una vio-
lación a los derechos humanos y una infracción al derecho humanitario,
conceptuada como ejecución arbitraria. A pesar de las obligaciones legales,
el Estado ejecutó a muchos guerrilleros fuera de combate.
1112
“En todo caso cuando se le capturaba [a un combatiente] el procedi-
miento era hablar con él y sacarle información, dependiendo de lo que
supiera se quedaba con el Ejército. La mayoría, sí, es posible, que fue-
ra ejecución arbitraria”.
1113
2013.
Los combatientes que cayeron heridos durante las hostilidades fue-
ron rematados muy a menudo por los soldados al concluir el enfrenta-
miento. En otros casos, capturaban a un guerrillero después de las escara-
muzas y lo llevaban a una instalación militar para interrogarlo y posterior-
mente ejecutarlo. En octubre de 1988, José Ramírez, un combatiente del
Frente Ho Chi Minh del EGP, resultó herido en combate en Cunén y fue
hecho prisionero por soldados en el curso de la retirada. Lo llevaron al des-
tacamento de Nebaj donde fue torturado y posteriormente ejecutado.
“Era recién alzado y no tenía mucho que contar”.
1114
400
1111 C 10163. Agosto, 1982. Cahabón, Alta Verapaz.
1112 CI 81. 1982, Retalhuleu, Quetzaltenango, Ciudad de Guatemala, San Marcos.
1113 Testigo directo (alto mando del Ejército ) CEH. (T.C. 92).
1114 C 16754. Octubre, 1988. Cunén, Quiché.
2014.
En circunstancias distintas las fuerzas contrainsurgentes captura-
ron a combatientes y luego los llevaron como presos a otras comunidades
demostrando a la población el control que ejercían sobre ellos. A veces in-
cluso involucraron a los habitantes de las aldeas obligándoles a matarlos.
Fue un proceso de deshumanización concebido para crear repudio y dis-
tancia entre los guerrilleros y la población.
2015.
Los patrulleros de Tzisbaj estaban haciendo un rastreo cuando en-
contraron a Gregorio Montejo, vecino de esta aldea, acompañado de Este-
ban Rojas, de Jacaltenango, armados y con el uniforme y las siglas del EGP.
Los capturaron y condujeron al centro de la comunidad golpeándolos a lo
largo del trayecto. De ahí los llevaron por dos días al destacamento de Ja-
caltenango, de donde los devolvieron a la comunidad de Tzisbaj. Pero en
esta ocasión en compañía de un grupo de soldados además de los patrulle-
ros; los expusieron ante todos los moradores de la aldea, mostrándolos con
signos de tortura para que la población aprendiera lo que le iba a pasar si
se unía a la guerrilla. Toda la aldea debía estar mirando o de lo contrario
los mataban porque, si no querían mirar se debía a que también eran gue-
rrilleros. Después, los soldados los arrodillaron y obligaron a los patrulle-
ros a golpearlos con un garrote, hasta matarlos. Antes, les gritaron que fue-
ran rezando porque iban a morir. Las víctimas iniciaron el “Padre nuestro”,
pero el oficial les interrumpía diciéndoles que no lo hacían correctamente
y los comenzaban a insultar, “asesino, no tenés perdón de Dios, te vas a pu-
drir en el infierno.” Los soldados llamaron a los patrulleros, los formaron
en fila con un garrote cada uno en la mano. Y así fueron pasando uno por
uno. Pasaron todos y como no morían, uno de los soldados los acuchilló y
más tarde les dieron el tiro de gracia. Una vez muertos, los soldados encar-
garon a los patrulleros que tiraran los cadáveres por ahí y que no les ente-
rraran en el camposanto porque eran gente de zopilote.
1115
2016.
En casos no relacionados con la participación directa en las hosti-
lidades, los agentes del Estado persiguieron a los guerrilleros hasta sus ca-
sas y otros lugares para asesinarlos. Un guerrillero que esté fuera de com-
bate por cualquier motivo, debe ser capturado y puesto a disposición de
una autoridad judicial competente. Aquí por el contrario, se aplicó el pro-
verbio: “Guerrillero visto, guerrillero muerto”.
“Bueno, lo que tengo que contar es lo que le sucedió a mi esposo, aquí,
en el Parcelamiento El Pilar, La Democracia Escuintla ... Mi esposo
... estaba recién llegado, era combatiente internacionalista de las FAR,
acababa de recibir entrenamiento, por casi un año, fuera del país, no
sé dónde y estaba descansando con nosotros ... Estábamos durmiendo,
401
1115 C 5680. Septiembre, 1982. Jacaltenango, Huehuetenango.
los cuatro en la casa, desde hacía rato, cuando se escucharon unos
ruidos alrededor de la casa. Entonces él me dijo: Ya me llevó la gran
puta... Esos cerotes ya vienen a traerme ... Entraron a la casa, eran
como doce, más o menos, sacaron a mi marido de la cama y se lo lle-
varon entre dos hasta la puerta, pero siempre él llevaba el machete,
saliendo de la puerta, que se oye el grito de un soldado; ya mi mari-
do le había dado el primer filazo; allí mismo en el patio quedó el tri-
perío. Pero casi al mismo momento, se oyó el grito de otro, mi esposo
le había filiado el brazo y todavía alcanzó a otro, pero por detrás, lo
golpeó el que venía de jefe. Allí mismo en el patio, con su mismo ma-
chete le quitaron a mi marido sus huevos, es decir que lo caparon. Se
lo llevaron amarrado y a golpazos ... El día 26 de enero de 1981, en
horas de la madrugada, unos trabajadores ... vieron que se estaba
quemando una persona, que aún no estaba muerta e intentaron
apagarla con ramas, pero otros les dijeron que no lo hicieran, porque
a él lo había quemado la autoridad. De allí me dijeron que había
un cadáver frente a la entrada del Ingenio Magdalena y lo fui a ver;
era él, solamente lo conocí por el dedo gordo del pie, que era bien cor-
tito, pues estaba completamente quemado... Su cuerpo tenía señales
de tortura, quemado completamente y maneado con alambre”.
1116
La ejecución arbitraria y su relación
con la violación de otros derechos humanos
2017.
La secuencia de hechos que condujo a la muerte de una víctima va-
riaba según las circunstancias y los objetivos de los autores. En ciertos ca-
sos, la víctima fue ejecutada instantáneamente y en otros fue capturada pa-
ra luego ser asesinada. La privación arbitraria de la libertad de la víctima,
a veces, dio lugar a que esta fuera torturada. Se constató también que mu-
chas mujeres víctimas de ejecuciones arbitrarias fueron asimismo ultraja-
das sexualmente.
La ejecución arbitraria y la desaparición forzada
2018.
Existe una relación estrecha entre la ejecución arbitraria y la desa-
parición forzada. Uno de los elementos que diferencia ambas violaciones
es el ocultamiento del cuerpo de la víctima, que es característica de la de-
saparición forzada e impide tener la certeza de que la víctima fue efectiva-
mente privada de la vida, como acontece en el caso de la ejecución. En
Guatemala son pocos los casos de desaparición forzada en los que, después
de un cierto tiempo, la víctima reapareció con vida.
402
1116 C 13255. Enero, 1981. Escuintla, Escuintla.
2019.
La desaparición forzada se distingue también de la ejecución arbi-
traria en la medida que en la primera, los responsables de la desaparición
ocultan el cuerpo de modo que se impida la comprobación de la muerte y,
en cambio, en la ejecución arbitraria no existe dicha incógnita. Una de las
formas empleadas en Guatemala para ocultar los cuerpos de las víctimas
fue a través de los cementerios clandestinos.
La ejecución arbitraria y la tortura
2020.
La CEH registró un 21% de los casos de ejecución arbitraria, en
que la víctima fue también torturada. La tortura de la víctima antes de su
ejecución pudo obedecer a la voluntad de obtener informaciones por par-
te de los victimarios o simplemente fue un castigo.
2021.
En 1975 en la comunidad Los Llanitos, Jupiltepeque, Jutiapa, An-
selmo Monzón Rodríguez fue acusado por un soldado de un delito que no
cometió, debido a rencillas personales. Elementos del Ejército se presenta-
ron en la casa de Anselmo donde mataron inmediatamente a su hijo, Jesús
Monzón, y a Anselmo lo torturaron con golpes, flagelaciones y ahorca-
miento ante el resto de su familia. Le cortaron las plantas de los pies y lo
hicieron caminar varios kilómetros con el cadáver de su hijo a cuestas, has-
ta que finalmente lo ejecutaron de un disparo en la cabeza.
1117
La ejecución arbitraria y la violación sexual
2022.
Con frecuencia, las mujeres víctimas de ejecuciones arbitrarias fue-
ron antes víctimas de violación sexual.
2023.
El 9 de noviembre de 1980, en la comunidad El Desengaño, del
municipio de San Miguel Uspantán, Quiché, Emiliana Velásquez Zape-
ta; David, su niño de 1 año, y Justa Tunux Vicente, embarazada, se en-
contraban en la misma vivienda cuando fueron sorprendidas por varios
soldados. Las dos mujeres fueron violadas sexualmente y ejecutadas de in-
mediato, al igual que el menor. Ambas mujeres fueron abandonadas com-
pletamente desnudas, y sus cadáveres fueron encontrados aquella misma
tarde.
1118
La ejecución arbitraria y la privación de libertad
2024.
La ejecución de la víctima ocurría, según la pauta general, algunas
horas o algunos días después de practicarse la detención.
“Apróximadamente el 15 de julio de 1981, el sacerdote maya Pablo
García celebraba una ceremonia maya en Cruz de Canac, San Juan
403
1117 C 10201. 1975. Yupiltepeque, Jutiapa.
1118 C 2955. Septiembre, 1980. San Miguel Uspantán, Quiché.
Ostuncalco, Quetzaltenango, cuando llegaron unos 60 soldados y se lo
llevaron. Las tropas condujeron a la víctima a la finca La Cerita,
donde lo golpearon mientras lo acusaban de apoyar a la guerrilla con
sus ceremonias mayas. Después de tres días en la finca, durante los
cuales no fue alimentado, lo ejecutaron”.
1119
2025.
Ciertas víctimas quedaron a la merced de sus verdugos varias sema-
nas antes de ser ejecutados.
2026.
En mayo de 1982 en la aldea Santa Rosa, del municipio de Nen-
tón, Huehuetenango, miembros del Ejército vestidos de civil pero que in-
sistían en ser militantes “de la organización ORPA”, sacaron de sus vivien-
das en la noche a Miguel Matías, Juan Miguel Marcos, Sebastián Juan y
Baltazar Domingo José. Los cuatro prisioneros fueron trasladados al desta-
camento de Nentón donde estuvieron privadas de alimentos. Un mes des-
pués los llevaron a la aldea Nueva Catarina de Jacaltenango, y ocho días
más tarde los cuatro cadáveres con señales de tortura fueron encontrados
en Llano Grande.
1120
XI. LAS DESAPARICIONES FORZADAS
2027.
La Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas so-
bre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzo-
sas,
1121
de 18 de diciembre de 1992, expresa en su Artículo 2: “Todo acto de
desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa
graves sufrimientos, lo mismo que a su familia. Constituye una violación de las
normas del derecho internacional que garantizan a todo ser humano, entre
otras cosas, el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, el derecho
a la libertad y a la seguridad de su persona y el derecho a no ser sometido a tor-
turas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Viola además,
el derecho a la vida o lo pone gravemente en peligro”.
2028.
En los Considerandos de la citada Declaración, la Asamblea Gene-
ral expone:
“Profundamente preocupada por el hecho de que en muchos países,
con frecuencia, de manera persistente, se produzcan desapariciones
forzadas, es decir, que se arreste, detenga o traslade contra su volun-
tad a las personas, o que éstas resulten privadas de libertad de alguna
404
1119 C 8194. Julio, 1981. San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango.
1120 C 5778. Mayo, 1982. Nentón, Huehuetenango.
1121 Resolución 47/133 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 18 de diciembre, 1992.
otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel,
por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del
Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o asenti-
miento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas
personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndo-
las así a la protección de la ley”.
2029.
La jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos ha subrayado que:
“La desaparición forzada constituye una violación múltiple y conti-
nuada de varios derechos protegidos por la Convención y que los Es-
tados Partes están obligados a respetar y garantizar. La práctica de de-
sapariciones, a más de violar directamente numerosas disposiciones de
la Convención, como las señaladas, significa una ruptura total de es-
te tratado, en cuanto implica el craso abandono de los valores que
emanan de la dignidad humana y de los principios que más profun-
damente fundamentan el sistema interamericano y la misma Con-
vención. La existencia de esa práctica, además, supone el desconoci-
miento del deber de organizar el aparato del Estado, de modo que se
garanticen los derechos reconocidos en la Convención”.
1122
2030.
Teniendo presente que la desaparición forzada implica la violación
de varios derechos en forma simultánea o sucesiva, a continuación se hace
referencia a los diversos instrumentos internacionales que aluden a esos
mismos derechos.
2031.
En el ámbito del derecho internacional humanitario o derecho de
los conflictos armados, los Convenios de Ginebra de 1949, en su Artículo
3 común, prohiben, en cualquier tiempo y lugar, “los atentados contra la vi-
da y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las
mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios”, aplicados contra las
personas que no participen directamente en las hostilidades, esto es, en
contra de la población civil. Más aún, similares prohibiciones engloban a
“los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las per-
sonas puestas fuera de combate por enfermedad, heridas, detención o por cual-
quier otra causa”.
2032.
Entre los instrumentos internacionales que protegen la amplia ga-
ma de derechos humanos que vulnera la desaparición forzada de personas,
deben reseñarse: el derecho a la libertad y seguridad de la persona, consa-
405
1122 Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de Julio de 1988, parr. 155 y 158, Caso Godínez
Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989, parr. 49, 163 y 166.
grado en el Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos; el Artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
el Artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre y el Artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Huma-
nos. El derecho a no ser arbitrariamente detenido ni preso, sancionado en
el Artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Artí-
culo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Artículo
25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y
el Artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El de-
recho a no ser arbitrariamente privado de la vida, reconocido en el Artícu-
lo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Artículo 6 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Artículo 1 de la De-
claración Americana y el Artículo 4 de la Convención Americana de De-
rechos Humanos.
2033.
En el ámbito regional, la Convención Interamericana sobre Desa-
parición Forzada de personas, de 9 de junio de 1994, dispone: “La desa-
parición forzada es la privación de la libertad a una o más personas, cual-
quiera que fuese su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o
grupos de personas que actúan con la autorización o el apoyo o la aquiescen-
cia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a recono-
cer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona,
con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías pro-
cesales pertinentes”.
2034.
En lo relativo a la preeminencia del derecho internacional sobre el
derecho interno, la Constitución de 1985 establece el siguiente principio:
“En materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ra-
tificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno”.
2035.
La desaparición forzada en Guatemala constituyó una de las viola-
ciones de los derechos humanos más graves y reiteradas durante el enfren-
tamiento armado interno. La CEH recibió información sobre 6,159 per-
sonas víctimas de desaparición forzada en Guatemala.
2036.
Con el objeto de guiar al lector se presentarán las diferentes etapas
que atraviesa el fenómeno de la desaparición forzada en Guatemala, el tra-
bajo de seguimiento y selección de la víctima, la captura, el interrogatorio
en el que se evidencia el papel de los organismos de Inteligencia militar del
Ejército y las actuaciones, casi siempre omisivas, del Organismo Judicial,
con las que se terminó de configurar esta violación.
Periodización y regionalización
de la desaparición forzada en Guatemala
2037.
La CEH registró un total de 61,648 violaciones de derechos hu-
manos, de las cuales 6,159 corresponden a casos de desapariciones forza-
406
das cometidas durante el período que abarcó el enfrentamiento armado. La
práctica de desapariciones forzadas alcanzó un significativo aumento entre
1979 y 1983, período que coincide con la mayor agudización del conflic-
to y con la práctica de desapariciones forzadas masivas en el área rural
(Véase G
RÁFICA
22).
GRÁFICA 22: Total de desapariciones forzadas
y ejecuciones arbitrarias, según año
GUATEMALA (1962-1966)
2038.
En la G
RÁFICA
22, se observa que durante el período que corre en-
tre los años 1979 y 1983, la curva de las desapariciones forzadas se encuen-
tra siempre por debajo de las ejecuciones arbitrarias. El período aludido co-
rresponde a la etapa de mayor agudización del enfrentamiento, en que los
derechos humanos se violaron de manera abierta y masiva por parte del Es-
tado, particularmente el derecho a la vida, a través de ejecuciones arbitra-
rias individuales y colectivas, masacres y desapariciones forzadas.
2039.
No obstante, si se observan otros períodos del enfrentamiento ar-
mado, particularmente los anteriores y posteriores al tiempo que corre en-
tre los años 1979 y 1983, la muestra estadística indica que no siempre fue
la ejecución arbitraria, la violación cometida con mayor frecuencia por los
agentes del Estado (Véase G
RÁFICA
23).
2040.
En efecto, podemos observar cómo durante los años 1971, 1975 y
1976 la desaparición forzada fue un método de violación a los derechos
humanos aplicado con preferencia a la ejecución arbitraria.
2041.
La aplicación de un método con preferencia sobre otro coincide
con la mayor o menor agudización del enfrentamiento, en la medida que
una guerra abierta favorece la comisión de ejecuciones arbitrarias con ma-
yor descaro. La manera soterrada y siempre clandestina que conlleva la
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
No. de violaciones
DESAPARICIÓN FORZADA
EJECUCIÓN ARBITRARIA
Años
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1934
1986
1988
1990
1992
1994
1996
407
práctica de la desaparición forzada, se aviene mejor a una etapa de desarro-
llo de los grupos insurgentes y partidos políticos de oposición, previa a la
agudización del enfrentamiento, en la medida que busca impedir su con-
solidación y fortalecimiento y ofrece mejores posibilidades de mantener
oculta la autoría de la violación.
2042.
En esa medida, durante la primera etapa del enfrentamiento arma-
do, la desaparición forzada fue aplicada específicamente contra miembros
de dirigencias de organizaciones políticas y sociales con el propósito de lo-
grar un objetivo: impedir el fortalecimiento de las organizaciones.
“El procedimiento directo consiste en privar al elemento subversivo de
toda posibilidad de fortalecer su movimiento. En esta etapa, el movi-
miento subversivo, por lo general, carece de vida propia, todo depen-
de de sus jefes, que son, en consecuencia, sus elementos clave”.
1123
2043.
La mayor frecuencia en la comisión de desapariciones forzadas en
la etapa previa a la mayor agudización del enfrentamiento, permite tam-
bién demostrar que las tareas de Inteligencia fueron implementadas por el
Estado a lo largo de todo el enfrentamiento armado.
2044.
Una vez iniciado el diálogo entre las Partes, se observa una notable
disminución en el número y frecuencia de violaciones de los derechos hu-
408
GRÁFICA 23: Total de desapariciones forzadas
y ejecuciones arbitrarias, según año
GUATEMALA (1962-1978)
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978
DESAPARICIÓN FORZADA
EJECUCIÓN ARBITRARIA
Años
No. de violaciones
120
100
80
60
40
20
0
1123 Centro de Estudios Militares del Ejercito de Guatemala, 1967 Manual de guerra contrasubversi-
va, Escuela de Comando y Estado Mayor Figura 2. Relación entre los períodos de la subversión
y los de la guerra contrasubversiva. Sección segunda: períodos de lucha, C: período de preven-
ción.
manos, específicamente en lo relativo al derecho a la vida, en su forma de
aparición más evidente: las ejecuciones arbitrarias; sin embargo, la prácti-
ca de la desaparición forzada decrece en menor proporción que aquella
(Véase G
RÁFICA
24).
2045.
Retomando nuestro análisis preliminar, en el sentido que las ejecu-
ciones arbitrarias y masacres, constituyen violaciones de los derechos hu-
manos cuya notoriedad es imposible de ocultar y que la desaparición for-
zada permite, dada su sofisticada forma de comisión, distraer y confundir,
principalmente respecto de la identidad de los autores, esta violación se
ajusta en forma más cómoda al período de diálogo. La anterior afirmación
encuentra su respaldo en la existencia de la violación durante todo el en-
frentamiento armado, inclusive durante el año 1996.
2046.
En términos generales, no se observaron cambios o alteraciones
sustantivas en su forma de ejecución a lo largo del tiempo, salvo la relación
con la mayor frecuencia y cantidad de violaciones de esta naturaleza come-
tidas entre 1979 y 1983 y que guarda estrecha relación con la agudización
del enfrentamiento. No obstante lo anterior, la diferencia más significativa
en la práctica de esta violación se encontró en las formas de operar que im-
plementaron los responsables en el escenario rural de las aplicadas en las
áreas urbanas.
2047.
En las áreas rurales, además de los rasgos de selectividad en la apli-
cación de la desaparición forzada contra víctimas individuales —líderes y
dirigentes comunitarios—, se constató una mayor intensidad en los nive-
les de violencia empleados, mayor frecuencia de desapariciones forzadas
que en la ciudad y una labor de Inteligencia implementada básicamente a
través de la utilización de listados de nombres y de delatores que actuaban
enmascarados o encapuchados.
409
600
500
400
300
200
100
0
No. de violaciones
Años
DESAPARICIÓN FORZADA
EJECUCIÓN ARBITRARIA
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
GRÁFICA 24: Total de desapariciones forzadas
y ejecuciones arbitrarias, según año
GUATEMALA (1984-1996)
“Entre los soldados había una persona que se encontraba con la cabe-
za cubierta con un gorro pasamontañas y cubierto su cuerpo con una
capa para lluvia color verde olivo, sin hablar, únicamente señalaba a
la gente. Mientras el encapuchado señalaba, los soldados le dijeron a
la gente que se agachara”.
1124
2048.
Lo anterior trajo como primera consecuencia que la mayoría de las
víctimas de desapariciones forzadas son indígenas. Una segunda conse-
cuencia tuvo que ver con la menor dificultad que representó para la CEH
establecer la autoría de las desapariciones forzadas practicadas en el cam-
po. En efecto, la mayor indefensión en la que se encontraba la población
rural facilitó que las violaciones de los derechos humanos fueran cometi-
das con mayor frecuencia, intensidad e impunidad.
2049.
En las áreas urbanas en cambio, se observó un marcado interés en
los agentes del Estado por mantener oculta la identidad de los autores, lo
anterior se evidencia en la utilización de distractores —disfraces, rostros
cubiertos, carros sin placas—, así como también en la actuación a altas ho-
ras de la noche.
2050.
Las regiones del país que resultaron más golpeadas con la práctica
de esta violación fueron, en primer término el departamento de Quiché
con 36%. A continuación se ubican en los departamento de Alta Verapaz,
Chimaltenango, San Marcos, Huehuetenango, Guatemala, Petén y Sololá
(Véase G
RÁFICA
25).
410
1124 C 3300. Octubre, 1982.
QUICHÉ
ALTA VERAPAZ
CHIMALTENANGO
SAN MARCOS
HUEHUETENANGO
GUATEMALA
PETÉN
SOLOLÁ
Departamentos
Porcentaje
36%
9%
8%
7%
7%
6%
6%
4%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
GRÁFICA 25: Porcentaje de desapariciones forzadas,
según departamento (los 8 más frecuentes)
GUATEMALA (1962-1996)
2051.
Reduciendo geográficamente nuestro enfoque, se ha podido detec-
tar que algunos municipios de estos departamentos fueron duramente gol-
peados con la práctica de desapariciones forzadas; así, dentro del departa-
mento de Quiché, las acciones del Estado se concentraron principalmente
en los municipios de Ixcán, Chichicastenango, Santa Cruz del Quiché y
Chajul. En el departamento de Guatemala, en la capital. En el departa-
mento de Chimaltenango, los municipios más afectados fueron San Mar-
tín Jilotepeque, y San José Poaquil. En Huehuetenango, los municipios de
San Miguel Ixtahuacán, San Idelfonso Ixtahuacán, Huehuetenango y
Aguacatán. En Petén, los municipios de Dolores y Santa Ana. En Alta Ve-
rapaz, los municipios de San Cristóbal Verapaz, Santa Cruz Verapaz, Chi-
sec, Cobán, Cahabón, y Panzós. En Sololá, los municipios de Sololá y San-
tiago Atitlán.
Los autores de las desapariciones forzadas
2052.
La desaparición forzada fue el resultado de la puesta en práctica de
la estrategia contrainsurgente implementada en Guatemala por el Estado a
través del Ejército, las PAC, comisionados militares, Guardia de Hacien-
da, Policía Nacional, Judicial y escuadrones de la muerte. Las víctimas de
este tipo de violación de los derechos humanos se encuentran a lo largo de
todo el período que cubre el enfrentamiento armado.
2053.
Del total de desapariciones forzadas registradas por la CEH; el
80% fueron perpetradas por el Ejército, 12% fueron cometidas por las Pa-
trullas de Autodefensa Civil, el 8% fueron cometidas por otras fuerzas de
seguridad, principalmente la Policía Nacional. (Véase G
RÁFICA
26).
411
Porcentaje de participación
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
80%
12%
8%
8% 7%
2%
Ejército PAC Sin identificar Otras fuerzas de
seguridad
Comandos
militares
Otros grupos
Responsable
Nota: El porcentaje de cada responsable se calcula sobre el total de desapariciones forzadas, sin consideración si
su actuación fue individual o en colaboración con otro.
GRÁFICA 26: Porcentaje de participación de fuerzas responsables
en desaparición forzada (los 6 más frecuentes)
GUATEMALA (1962-1996)
2054.
La participación individual del Ejército en la comisión de desapa-
riciones forzadas se dio principalmente en el campo, donde se aplicó tan-
to en forma individual y masiva como selectiva e indiscriminada.
2055.
Vale anotar que a diferencia de las ejecuciones arbitrarias y las tor-
turas, en un porcentaje significativo (8%), de las desapariciones forzadas
no se tuvo ninguna información que permitiera establecer los responsables
de estas violaciones. Esta situación revela una característica importante de
la desaparición forzada, en donde además del desaparecimiento de la víc-
tima, se buscaba borrar las evidencias sobre las autorías de estos hechos.
2056.
La participación individual del Ejército en la comisión de desapa-
riciones forzadas se dio principalmente en el campo, donde se aplicó tan-
to en forma individual y masiva como selectiva e indiscriminada. El 81%
de las desapariciones forzadas cometidas por el Ejército fueron efectuadas
por dicha fuerza responsable de manera individual.
2057.
Pero el Ejército también actuó de manera combinada con las Pa-
trullas de Autodefensa Civil. El 11% de las desapariciones forzadas come-
tidas por el Ejército, fueron efectuadas junto con las PAC, y el 6% fueron
efectuadas junto con comisionados militares.
2058.
De acuerdo a lo anterior las acciones de los agentes del Estado en
la comisión de las desapariciones forzadas durante el enfrentamiento arma-
do constituyen graves violaciones de los derechos humanos e infracciones
al derecho internacional humanitario, por lo tanto, el Estado es autor de
crímenes de guerra. Dicha violación fue aplicada sistemáticamente en dis-
tintas regiones y afectó a una gran parte de la población, constituyendo un
crimen de lesa humanidad.
Características de la desaparición forzada
2059.
Una de las técnicas de exterminio más utilizadas por los agentes del
Estado y que arroja uno de los mayores números de víctimas lo constitu-
ye, precisamente, la desaparición forzada de personas. Existen evidencias
de esta violación desde 1954; sin embargo, durante el período del enfren-
tamiento armado, la primera detención seguida de desaparición forzada
que se registra en Guatemala, ocurrió en 1966,
1125
siendo ésta la primera
desaparición forzada masiva que se conoce en el continente a partir de la
implementación de la denominada Doctrina de Seguridad Nacional.
2060.
La desaparición forzada como método de exterminio de la estrate-
gia contrainsurgente tuvo varios propósitos. En su esencia, tuvo por obje-
tivo desarticular o aniquilar organizaciones políticas, asociaciones gremia-
les y populares, capturando y haciendo desaparecer, según criterios selecti-
vos —individual o masivamente—, a los cuadros o supuestos cuadros de
412
1125 CI 68. 1966. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
dichas organizaciones;
1126
también persiguió desarrollar tareas de Inteligen-
cia en las víctimas —a través de la tortura o la violación sexual—, para ob-
tener información sobre los planes y actividades de los grupos insurgentes
y de la oposición; castigar a las víctimas —y por intermedio de éstas a la
familia, a la comunidad y a la organización—, y propagar el terror por me-
dio del ocultamiento del detenido y las amenazas frente a cualquier inten-
to por conocer su paradero. La violación sexual fue otra de las infracciones
de los derechos humanos que coexistió con la práctica de la desaparición
forzada:
“La sacaron de la casa a las once de la noche ... bajaron para abajo,
dejaron tirados sus zapatos, en otra cuadra dejaron tirado su delan-
tal, después dejaron su corte, después dejaron tirada su faja y el güi-
pil, el último, más abajo donde está la gasolinera en la salida para
Chicamán ... fue violada por el capitán ... ya no sabemos qué hicie-
ron después con ella..”
1127
“Después de las seis de la tarde llegaron carros con vidrios polarizados
y vehículos jeep con hombres armados en su interior, tocaron la puer-
ta, entraron y luego se escuchó mucho ruido, como que estuvieran
rompiendo cosas, [la víctima] fue violada frente a sus familiares y lue-
go la sacaron de su casa y se la llevaron en uno de los vehículos, ya no
supimos de ella”.
1128
2061.
El fin último de la desaparición forzada es la destrucción de “al-
go” —una organización, la propagación de una idea—, a través de “al-
guien” —la víctima—. Como técnica de la guerra contrainsurgente, repre-
sentó uno de los principales instrumentos de descabezamiento de las orga-
nizaciones sociales. Este objetivo, que constituye la esencia de la desapari-
ción forzada, actúa de modo distinto en la ejecución arbitraria. Mientras
en esta última los efectos se producen de forma inmediata sobre la socie-
dad y la organización a la que pertenecía la víctima, en la desaparición for-
zada los efectos persisten sin variar en el tiempo.
2062.
La ocultación del paradero de la víctima, de las condiciones físicas
en que se encuentra, de si está aún con vida, si está siendo sometida a crue-
413
1126 El proyecto de convención sobre desapariciones forzadas adoptado en 1984 por la Federación
Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM), ex-
presa en su Artículo 2: “En la presente Convención se entiende por desaparición forzada de personas
toda acción u omisión que tienda a ocultar el paradero de un opositor o disidente político cuya suer-
te sea desconocida por su familia, amigos, partidarios, llevada a efecto con la intención de reprimir,
impedir o entorpecer la oposición o disidencia, por quienes desempeñen funciones gubernativas o por
agentes públicos de cualquier clase o por grupos organizados de particulares que obran con apoyo o to-
lerancia de los anteriores”.
1127 C 16793. Abril, 1980. Uspantán, Quiché.
1128 C 19002. Octubre, 1984. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
les torturas, si está entregando información sobre la organización o comu-
nidad a las que pertenece, crea un entorno de incertidumbre que incide
con carácter permanente sobre aquellos que no están capturados y que for-
maban parte del diario quehacer de la víctima: su familia, su partido polí-
tico, su organización sindical, social, cultural o sobre los demás habitantes
de la comunidad. El efecto de la desaparición forzada es precisamente que
perduren en el tiempo la duda, el temor, la inseguridad a través de la in-
certidumbre que genera el ocultamiento del detenido desaparecido. El gru-
po al que la víctima pertenecía, ingresa en un estado mayor de vulnerabi-
lidad y se autoprotege: paraliza sus actividades, sus miembros entran en la
clandestinidad, la familia busca refugio, la comunidad huye o se dispersa.
2063.
Mediante la práctica de la desaparición forzada, también se preten-
dió obtener información de las víctimas sobre los planes y actividades de
los grupos insurgentes, de la oposición y de cualquier forma de organiza-
ción contraria a los intereses del régimen establecido; castigar a las víctimas
—y por intermedio de éstas a la familia, a la comunidad y a la organiza-
ción— mediante la aplicación de torturas y la propagación del terror recu-
rriendo al ocultamiento del detenido y las amenazas contra sus familiares
a fin de reprimir o paliar cualquier intento por conocer su paradero.
2064.
Los testimonios recogidos por la CEH han permitido detectar que
además de los objetivos mencionados, que concurren en la generalidad de
los casos, la desaparición forzada también fue utilizada como arma de ex-
torsión económica contra los familiares o como medio de presión para ob-
tener la captura de algún militante o personas vinculadas a organizaciones
políticas o sociales de oposición.
2065.
El carácter más abierto y menos sofisticado en la práctica de las de-
sapariciones forzadas que caracterizó la actuación del Ejército lo encarna-
ron los grupos paramilitares en las áreas rurales, en especial la habitada por
pueblos mayas a lo largo del enfrentamiento; su metodología brutal facili-
tó la aplicación de desapariciones forzadas como mecanismo para resolver
problemas personales, apropiarse ilegalmente de tierras, por envidias, celos
y revanchas.
“Los delataron con el Ejército acusándolos de guerrilleros, pero en el
fondo el problema era una disputa de tierras ... llegaron 25 militares
uniformados, circularon la casa y los sacaron, diciendo que se los lleva-
ban para una declaración, hasta la fecha no han aparecido”.
1129
2066.
Asimismo, la desaparición forzada afectó a personas que no tenían
ninguna relación política ni participaban en organizaciones sociales y que
414
1129 C 10144. 1981. Melchor de Mencos, Petén.
fueron capturadas y desaparecidas por los agentes del Estado en circuns-
tancias totalmente equívocas, como por ejemplo, haberse encontrado físi-
camente en el mismo lugar en el que se secuestró a un dirigente político o
por existir coincidencia de nombre y apellido con otra persona que era
buscada e incluso por equivocación de los captores en la determinación del
domicilio de la persona buscada.
“Dos policías llegaron a decir a la familia que se lo habían llevado al
grupo táctico de la zona militar No. 13 y que fue una equivocación
que se les fue de las manos”.
1130
La captura y el ingreso de la víctima
en un circuito de detención clandestina
2067.
La desaparición forzada de personas es una violación esencialmen-
te selectiva; en consecuencia, en las áreas urbanas las fuerzas de seguridad
desarrollaron labores de Inteligencia previas a la captura, que incluyeron
la obtención de informaciones respecto a las actividades de la víctima, el
seguimiento, la intervención de líneas telefónicas, la vigilancia en los lu-
gares que frecuentaban, el control de los movimientos en su residencia, su
lugar de trabajo, una sede sindical, etc. En las áreas rurales, de los abun-
dantes casos de desaparición forzada que fueron registrados por la CEH,
resulta posible apreciar la utilización de informantes u “orejas”, listados de
nombres de las personas buscadas, empleo de encapuchados para señalar-
las y despliegue del Ejército para controlar las áreas en que habitualmen-
te se desenvolvían.
2068.
Los apresamientos que dieron origen a las desapariciones forzadas
no se practicaron en forma legal, es decir, a través de mandamientos u ór-
denes de detención emanadas de una autoridad competente; en otras pa-
labras, fueron detenciones ilegales y arbitrarias que se verificaron en las ca-
sas de las víctimas, mientras transitaban por la vía pública, en asambleas o
reuniones, en sus centros de trabajo, en los puestos de registro y control
que el Ejército instalaba en puentes, caminos rurales y carreteras, en días
de plazas y mercado, así como en el interior de los hospitales.
2069.
Los lugares utilizados por los agentes del Estado para efectuar las
capturas cambiaron durante el enfrentamiento armado. Así, es posible
advertir que durante las décadas de los sesenta y setenta y en las áreas ur-
banas, las fuerzas de seguridad utilizaron indistintamente la vía pública,
los domicilios de las víctimas o sus núcleos de trabajo para realizar las de-
tenciones.
415
1130 C 625. Noviembre, 1987. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
“Estábamos parados en la esquina de una de las calles de la colonia,
esperando la camioneta, él para venirse al pueblo, a la escuela y los ni-
ños al colegio ... y entonces, en el momento que la camioneta iba a
cruzar la esquina, un carro rebasó a la camioneta y paró, pero, como
uno tiene costumbre de despedirse primero de los hijos, cuando levan-
té la vista vi que ya lo tenía agarrado de los brazos y él sólo dijo: ‘¿qué
es esto?’ Entonces, ‘¡Suba!’, dijo un hombre, entonces el otro dijo: ‘¡es-
to se acabó!’ ... Yo le dije al hombre: ‘Dios mío por qué se lo llevan, a
dónde se lo llevan’, pero el hombre forzó la mano y le disparó a él, yo
digo que a la pierna; entonces él gritó, dio un grito de dolor y ya así,
en zopilotío,
1131
lo tiraron al carro y se lo llevaron”.
1132
2070.
En las comunidades rurales, las capturas se efectuaron durante ope-
raciones militares que incluyeron el ingreso en las comunidades de camio-
nes del Ejército cargados de decenas de soldados y en algunas ocasiones
con el apoyo de helicópteros.
“Fue el 82 cuando se empeoró, llegaba el Ejército y sacaba uno por
uno de las casas, ellos tuvieron mucho miedo, y sólo las mujeres se que-
daban en las casas ... la noche del 27 de junio de 1982 los soldados
fueron a sacar de su casa a Alberto y nunca apareció. Lo que sucedía
era que alguien se quejaba en el pueblo con el Ejército, ellos anotaban
los nombres y después venían a traerlos a las casas”.
1133
“Súbitamente tocaron a la puerta y la esposa de Luis abrió, de golpe
entraron diez soldados al interior de la vivienda ... Comprobó que to-
da la casa estaba rodeada de tropas del Ejército, calcula que serían
unos trescientos los soldados que había en las cercanías. Al ingresar
mostraron una lista de nombres que llevaba un hombre que aparecía
con la cabeza cubierta por una capucha”.
1134
2071.
En la fase más aguda del enfrentamiento armado y dentro del es-
cenario rural, en concreto desde finales del año 1979 hasta mediados de
1984, gran cantidad de capturas dieron origen a desapariciones forzadas y
se efecturaron en puestos móviles de control del Ejército y de la Guardia
de Hacienda. Estos puestos de control y registro generalmente se ubicaban
416
1131 Zopilotío: agarrado de pies y manos.
1132 CI. Desaparición forzada del locutor y maestro José Arnoldo Guilló Martínez, Julio, 1967.
Escuintla.
1133 C 276. Junio, 82. San José Poaquil, Chimaltenango.
1134 C 4221. Agosto, 1982. Pochuta, Chimaltenango.
en puentes o carreteras. De los relatos de las víctimas se desprende que es-
tos puntos de reconocimiento llegaron a constituir una fuente de terror pa-
ra la población, en tanto que eran los lugares donde por lo común los sol-
dados detenían a transeúntes, buses de transporte público y privado e in-
vestigaban cargas y personas a través de listados. La mayoría de las veces,
las personas que figuraban en las listas o las que carecían de cédula de ve-
cindad (aunque no tuvieran aún la edad suficiente para tenerla), eran apar-
tadas del resto de la gente, retenidas en el sitio y no se volvía a tener noti-
cia de su paradero.
2072.
Los testimonios recibidos en este sentido por la CEH permiten
afirmar que la existencia de estos controles y el sistema de detenciones que
en ellos se efectuaba, englobó todo el territorio nacional, tanto en las áreas
rurales más remotas y apartadas como en la capital, obedeciendo a una po-
lítica de control de la población, instrumentada por el Ejército y fuerzas
paramilitares.
“En julio llegó a Lacamá III a ver a su familia, al día siguiente em-
prendió el regreso hacia la capital y con el temor que existía en ese
tiempo le aconsejaron que se fuera de madrugada porque todos los días
los soldados del destacamento de Chupol instalaban un puesto de re-
gistro en la carretera y esto representaba un peligro para los hombres.
Debido a eso decidió irse a las 6:00, creyendo que a esa hora todavía
no estaba funcionando el puesto de registro. Salió de su casa y abordó
el bus que lo llevaba a la capital, pero al llegar a un punto de la ca-
rretera cerca del destacamento de Chupol, ya estaba activo el puesto
de registro, los soldados pararon la camioneta, bajaron a los pasajeros
y allí lo aprehendieron; desde esa fecha se desconoce su paradero”.
1135
“El era de la aldea La Cumbre, lo detuvo el Ejército en un puesto de
registro en la carretera interamericana cuando regresaba de trabajar
en la Costa Sur. El era un obrero agrícola que trabajaba estacional-
mente en la época de la cosecha de los grandes latifundios de la costa.
Tenía sólo 16 años cuando el Ejército detuvo el bus en que viajaba y
por no tener cédula de vecindad se lo llevaron”.
1136
“Un día viernes de 1983 por la tarde, la víctima se dirigía con su hi-
jo de 10 años a la Costa Sur a vender verduras. En San Andrés Se-
metabaj había un puesto de registro, por lo que el camión en que via-
jaba fue detenido y ordenaron a todos los hombres que bajasen. An-
417
1135 C16126. Julio, 1982. Chichicastenango. Quiché.
1136 C 5189. Octubre, 1987. San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango.
drés estaba entre un grupo de 10 personas, y en ese momento un hom-
bre enmascarado que estaba con los militares lo señaló. Andrés fue
apartado del resto del grupo. Después, los soldados dejaron ir el ca-
mión con toda la gente que había bajado de él”.
1137
“Iban a vender a Joyabaj pero en el camino que conduce de Choabaj
Grande a Joyabaj, había un grupo de soldados que le hicieron un al-
to al camión donde ellos viajaban, los bajaron a todos y se quedaron
allí nueve personas, los otros pudieron seguir porque los soldados le di-
jeron al chofer del camión que continuara su viaje; al día siguiente,
cuando el camión regresó, el chofer le entregó a ella el morral de su es-
poso y le contó lo sucedido”.
1138
“Eran las nueve cuando los soldados del Ejército detuvieron el bus
donde iba mucha gente y obligaron a todos a bajarse del mismo, los
registraron por si llevaban armas, documentos secretos y sólo al señor
lo capturaron. El día lunes su esposa fue a buscarlo al destacamento
ubicado cerca del cementerio en la cabecera municipal de Patzún y
fue cuando la gente le comentó que, efectivamente, el día domingo los
soldados habían llevado a cuatro hombres al destacamento, prisione-
ros que tenían las manos amarradas detrás de la espalda e iban a pie
... desde entonces el señor ya nunca apareció”.
1139
2073.
Los hospitales también fueron utilizados por el Ejército para prac-
ticar capturas que culminaron en desapariciones forzadas o sirvieron para
mantener ocultos a detenidos desaparecidos. Ejemplos de lo anterior se
dieron en el Hospital Nacional de Coatepeque, Departamento de Quet-
zaltenango, en el de Mazatenango y en el “Hospitalito” del Segundo Cuer-
po de la Policía Nacional en la capital del país.
1140
2074.
Para facilitar la actuación del Ejército, el Estado activó un ingente
trabajo de Inteligencia en los centros sanitarios. A través de redes de infor-
mantes que permearon al personal médico y administrativo de las institu-
ciones, de forma tal que pudieran ejercer un estrecho control sobre las per-
sonas y sus actividades.
“En un principio el personal del Hospital hacia comentarios, pero,
cuando la violencia se incrementó, miraban los cadáveres sin hablar,
418
1137 C 4046. 1983. San Andrés Semetabaj, Sololá.
1138 C 207. Junio, 1982. Joyabaj, Quiché.
1139 C 284. Mayo, 1982. Patzún, Chimaltenango.
1140 C 776. Junio, 1982. Ciudad de Guatemala. CI 22. Marzo-junio, 1983. Ciudad de Guatemala.
sabían que en el Hospital habían orejas, eran de ocho a diez personas,
algunas tenían sueldo”.
1141
2075.
La utilización de redes de informantes dentro de los centros hospi-
talarios, además del personal del hospital civiles u “orejas”, contempló la in-
tervención de la Policía Nacional y del Ejército.
“A través del parte que siempre hacía el agente de la Policía Nacional
de turno en el centro hospitalario, el Ejército conocía de la llegada del
herido ... llegaban, iban directo a la cama, preguntaban por el nom-
bre del paciente y le daban el tiro de gracia o lo sacaban del hospital
y nunca regresaba”.
1142
2076.
El control del Ejército sobre el Hospital de Coatepeque permitió a
los soldados efectuar detenciones desde el interior del recinto sanitario,
manteniendo amenazado al personal de la institución.
“En una ocasión el Ejército exigió que se firmara un parte de trasla-
do al Hospital General de Guatemala de un guerrillero herido. La po-
licía se lo llevó pero nunca llegó a Guatemala ... en la secretaría del
hospital el teniente dijo que nomás lo quería mantener con vida pa-
ra que les dijera dónde estaban los demás y que después lo iban a de-
saparecer”.
1143
2077.
La CEH también tuvo acceso a algunos casos ocurridos en el Hos-
pital de Mazatenango.
“En una ocasión (entre 1981 y 1983), llegaron heridos dos hom-
bres, uno anciano y otro joven. Los operaron, en un caso fue una
operación prolongada, de cuatro horas, y en el otro más corta, dos
horas, ambos salieron bien. El médico pasó en la noche y después lle-
garon hombres armados con pasamontañas y botas del Ejército; el
que iba al frente tenía un carácter diferente, no habló ni una sola
palabra, simplemente entró y señaló con el dedo a los pacientes. La
gente armada les sacó las sondas, luego los fueron a tirar a la palan-
gana del picop y se los llevaron”.
1144
419
1141 Testigo CEH. (T.C. 32).
1142 Ibid.
1143 Ibid.
1144 Testigo CEH. (T.C.210).
2078.
En la investigación realizada por la CEH respecto del caso de la de-
saparición forzada de Lucrecia Orellana Stormont,
1145
un testigo directo re-
lató haber visto a la víctima ingresada enferma.
“En el hospitalito del Segundo Cuerpo de la Policía Nacional, el día
22 de octubre, estaba grave, de muerte, muy desmejorada, por un
gran ataque de asma”.
1146
2079.
Otro testigo informó que a la víctima le habían puesto “una ca-
pucha con gamezán y se había deteriorado mucho”; que la habían hospita-
lizado durante tres días, del 22 al 25 de octubre y que “luego la regresan
a Matamoros”.
1147
2080.
Las fuerzas de seguridad aplicaron desde los años sesenta un méto-
do de captura denominado Plan Zona Congelada (Frozen Area Plan), que
consistió en cercar un área física de varias cuadras —dentro de cuyo espa-
cio se encontraba la o las víctimas— utilizando personal policial para evi-
tar la entrada o salida de personas mientras se desarrollaba la redada. Las
operaciones se efectuaban coordinadamente entre las policías Nacional, Ju-
dicial, Militar y el Ejército,
1148
como ocurrió en la captura de los sindicalis-
tas de la CNT.
“En ese momento había unas treinta personas en el local de la CNT.
En el momento que sonó el timbre, salí corriendo, detrás venía otra
persona que también se fugó de inmediato, vimos que estaban rodea-
das la novena y la décima avenidas —en las que el tráfico había sido
interrumpido— y estaban apuntando con sus armas de fuego hacia
arriba. Los sujetos apostados en la calle estaban vestidos de particular
y enmascarados, pero habían tres o cuatro que eran militares, además
de las insignias, por las gorras, el uniforme verde olivo que vestían y
la voz de mando que se escuchaba”.
1149
2081.
Otro aspecto que caracterizó las aprehensiones de las víctimas, de
modo especial en las áreas urbanas, fue el ocultamiento de la identidad de
los autores en el momento de practicarlas. Son numerosos los testimonios
recibidos por la CEH donde se reiteraba que los responsables actuaban dis-
420
1145 CI 22. Marzo-junio, 1983. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
1146 Ibid.
1147 Ibid.
1148 El Plan Area Congelada fue incorporado a Guatemala con la asesoría del norteamericano Logan.
En la Argentina, la modalidad, idéntica en cuanto al modus operandi de la Zona Congelada fue
denominada Luz verde o Area Liberada. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición
de Personas. Nunca más. CONADEP, 1995, pg. 19.
1149 Cl 51. Junio, 1980. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
frazados, encapuchados o cubriéndose los rostros con pañuelos. Queda así
descrita una forma de actuación, por parte de los agentes del Estado, rea-
lizada no sólo con el propósito de garantizar la impunidad del hecho, sino
que además constituye uno de los primeros elementos que perseguían: bo-
rrar el rastro del detenido.
“Entró un grupo de aproximadamente seis hombres, con pelucas muy
mal hechas, de pita de maguey, otros tapada la cara con pañuelos, di-
ciéndome que eran compañeros y que iban a rescatarme, pero de in-
mediato me di cuenta de que no se trataba de compañeros, y me sa-
caron de la sala en que estaba; al llevarme por los pasillos del hospi-
tal yo grité mi nombre verdadero y que estaba siendo secuestrado por
la G-2”.
1150
2082.
Uno de los primeros efectos de la captura ilegal de las víctimas fue
sustraerlas al sistema de protección legal, sumiéndolas en un circuito de
prisión clandestina desprovisto de normas y control. Para evitar que los de-
tenidos reconocieran la ubicación del centro de reclusión durante su cau-
tiverio, los mantenían con los ojos vendados o encapuchados además de
someterlos a numerosos y continuos traslados.
2083.
Esta última práctica del traslado del detenido por distintos campos
de reclusión tuvo, por una parte, el propósito de borrar el rastro de la víc-
tima, imposibilitando la eventual acción sustrayendo al detenido a la jus-
ticia y de la esfera de cuidado de sus familiares; y, por otra, a conducirlo
hasta centros de interrogatorios especializados. En el desarrollo de este pro-
ceso existió una perfecta coordinación entre los elementos que actuaban en
la ciudad y los que operaron en las áreas rurales.
“A los que capturaban dentro de la ciudad los llevaban a las cárceles
de fuera, aledañas, y los que capturaban afuera venían acá, así era
como ellos tenían la cosa. O en los cuerpos de policía de acá, lo te-
nían a uno cinco días en un lado, de ahí lo trasladaban ... nosotros
estuvimos en tres, nos tuvieron en los separos de la judicial, después
nos llevaron a Santa Teresa y de ahí al anexo y en el anexo ellos mis-
mos llegaban a gritar como que era un recurso de exhibición, por el
nombre verdadero de nosotros, y alguien se encargaba de vernos fija-
mente a la cara a ver qué reacción teníamos nosotros, y ahí qué ha-
cía uno”.
1151
421
1150 Testigo CEH. (T.C. 46).
1151 Testigo CEH. (T.C. 45).
2084.
Cuando se trasladaba a las víctimas de un centro de detención a
otro era para conducirlas hacia bases especializadas en interrogatorios, con
el fin de obtener información.
“Bámaca fue supuestamente mantenido cautivo en Santa Ana Berlín
durante aproximadamente un mes, donde fue interrogado acerca de
su conocimiento táctico de la ORPA y luego evacuado a la ciudad de
Guatemala para más interrogación de naturaleza estratégica”.
1152
2085.
En este circuito, la clandestinidad se incorporó como factor habi-
tual a la política contrainsurgente. A través del empleo de claves, códigos
y contraseñas, los agentes del Estado estaban en condiciones de informar
a los centros de detención —incluso prescindiendo del lenguaje institucio-
nal—, que se procedía a realizar una detención ilegal, un procedimiento
irregular o que existía un prisionero de importancia para las labores de In-
teligencia.
“Ahí recuerdo que íbamos a un lugar, con algo de luces, pienso que era
la ciudad; en el trayecto hubo un gorgoritazo de un policía que iba al
lado mío en la ambulancia, donde va el que maneja, y el otro les di-
jo que sonaran la contraseña y hubo dos sirenazos de ambulancia cor-
tos y no pararon, pues, siguieron; como cuestión de método operativo
también, cuando me sacaron recién salido del hospital, dijeron ya va-
mos a llegar a la garita y empezaron a cantar todos, la canción esa,
‘La ley del monte’. Me dio la impresión que era contraseña para que
no los pararan, porque en ese tiempo era prohibido, mayormente por
la cuestión de la actividad guerrillera, que anduvieran personas en las
palanganas de los picops y ahí en ese caso iban seis y no los pararon,
pero pasaron cantando esta canción, ‘La ley del monte’, porque canta-
ron sólo un pedacito y siguieron”.
1153
2086.
Dentro de este circuito clandestino de detención, el destino de la
víctima quedaba en manos de sus captores. Las condiciones de salud del
detenido, las rutinas de aplicación de tortura o si sobrevenía la muerte del
prisionero a consecuencia de los tormentos, eran circunstancias que dado
el secretismo del entorno, pudieron permanecer encubiertas aun dentro de
la propia institución, perpetuándose en el tiempo la ignorancia acerca del
paradero de muchas víctimas de las violaciones.
422
1152 Documento desclasificado de la CIA relativo a la captura con vida y en buenas condiciones de
salud de Bámaca. HR/ 9.2 CIA. Marzo 1992. CI 82. Marzo 1992. Retalhuleu, Santa Ana Ber-
lín, Quetzaltenango, San Marcos y ciudad de Guatemala.
1153 Testigo CEH. (T.C. 46).
“Si producto de mis operaciones, yo al mando de una patrulla, me to-
pé con civiles o qué sé yo, eliminé 10, 20 o 30, los sepultaba, quizás
ni los identificaba, ni sabía quienes eran”.
1154
2087.
Cuando la víctima de la detención ingresa a este circuito de clan-
destinidad controlado por los agentes del Estado y se niega a sus familia-
res información sobre su paradero, el centro de reclusión en el que se en-
cuentra, si está aún con vida o el lugar donde fue enterrado su cadáver, co-
mienzan a esbozarse los elementos que otorgan a la desaparición forzada el
carácter de continua y que surten efectos permanentes. Para garantizar es-
tos efectos permanentes y la impunidad de los hechos, los cadáveres de las
víctimas eran arrojados a ríos, lagos, al mar, sepultados en cementerios
clandestinos, o se les desfiguraba para impedir su identificación, mutilan-
do sus partes, arrojándoles ácidos, quemando o enterrando los cuerpos o
los despojos.
“El Ejército echaba los cadáveres de madrugada al río Cabús [San
Marcos]. El año 80, a dos parejas de nacionalidad salvadoreña que
iban de viaje de novios a los EEUU les robaron la documentación y
el dinero en la frontera con México y tuvieron que regresar a su país.
Debido a lo avanzado de la hora, los cuatro se vieron obligados a pa-
sar la noche debajo de un puente sobre el río Cabús. A las dos de la
madrugada vieron un jeep del Ejército que se detenía sobre sus cabe-
zas y lanzaba dos cadáveres desde el puente”.
1155
“A los seis días de ser desaparecidos, los familiares recibieron noticias
de un aldeano de Cajtabí. Había encontrado cuatro cadáveres en Pie-
dra Parada y que podrían ser los jóvenes. El señor que les encontró avi-
só en la aldea Cajtabí y los patrulleros de allí llegaron a las familias
de las víctimas para avisar. Mandaron a las autoridades de Nentón
allí para investigar e identificar los cuerpos, pero cuando llegaron ya
no estaban los cadáveres. Según el señor que los vio, estaban quema-
dos, torturados, pelados los pies. No sabe quién los movió o si realmen-
te eran los cuatro jóvenes”.
1156
“Durante 1979, en un puente cercano a la aldea Xeputul que cru-
za el río Cotzal, entre Xeputul I y Xeputul II, los soldados siempre
llegaban a tirar a las personas. Lo hacían casi siempre de noche por
423
1154 Testigo CEH. (T.C. 102).
1155 Testigo CEH. (T.C. 32).
1156 C 5711. Agosto,1983. Nentón, Huehuetenango.
lo que a la mañana siguiente el puente amanecía ensangrentado, co-
mo un rastro”.
1157
“Hay un barranco cerca de Piña Flor, donde echaban los cadáveres,
en un lugar donde hay ahora dos cruces que pusieron las comunida-
des ... los iban a echar por la noche, a las diez o a las once ... tiraban
allí los cadáveres de otros cantones de Chicamán y de Uspantán”.
1158
La labor de Inteligencia
2088.
La desaparición forzada formó parte de las operaciones de Inteli-
gencia y por lo tanto, en su implementación también se perseguía un ob-
jetivo de esta naturaleza. Este objetivo, que supone la obtención de infor-
maciones sobre las actividades y planes del “enemigo”, halló en la tortura
sistemática su principal fuente de suministro. Sin embargo, antes de efec-
tuar el apresamiento de la víctima, ya se había desplegado sobre ella, su
familia, la comunidad o la organización a la que pertenecía, un control de
las actividades y rutinas que podían facilitar y asegurar su detención. Es-
ta labor de Inteligencia previa, quedó al descubierto en el manejo habi-
tual de listados de nombres por parte de los agentes del Estado, en la in-
timidación de prisioneros para conseguir que denunciaran a otras perso-
nas y en las actuaciones de delatores encapuchados conducidos hasta al-
deas y comunidades.
1159
“Cuando llegó el Ejército a la aldea Chiacach a las cuatro de la tarde
y reunieron a toda la gente en el centro de la comunidad, los soldados
llevaban a cuatro personas disfrazadas con ropas blancas, con las caras
tapadas y sólo con los ojos descubiertos. Estas personas fueron las que se-
ñalaron, dentro del grupo reunido [a las víctimas]; entonces los solda-
dos los sacaron del grupo, les amarraron las manos y se los llevaron”.
1160
“Se separó a hombres y mujeres en la escuela y de acuerdo a una lista.
A los hombres les amarraron las manos hacia atrás, devolvieron a las
mujeres a sus casas, a los hombres los llevaron en dirección a la Finca
Las Tinajas, donde estaba el destacamento”.
1161
2089.
La labor de Inteligencia continuaba recayendo sobre la familia o la
organización a las que pertenecía la víctima, incluso una vez verificada la
424
1157 C 3300. Octubre, 1982. Cotzal, Quiché.
1158 C 16040. 1981. Chicamán, Quiché.
1159 CI 74. Junio, 1980. Parcelamiento de Almolonga, Chiquimula.
1160 C 10113. Mayo, 1980. Cahabón, Alta Verapaz.
1161 C 9077. 1982. Panzós, Alta Verapaz.
captura de ésta última. El control de los lugares habituales que frecuenta-
ba el detenido desaparecido, junto a la información que se lograba extraer
de la víctima mediante torturas, permitía que los agentes del Estado apre-
saran a otras víctimas. El resultado: nuevas ejecuciones arbitrarias y desa-
pariciones forzadas.
“Al mes, un compañero de [la víctima] le contó que un día antes del
cateo y desaparición, habían capturado a una joven perteneciente a
las FAR ... la habían torturado hasta hacerla confesar dónde y a qué
hora se iban a reunir las siete personas que fueron secuestradas en la
zona 5”.
1162
2090.
La vigilancia y el control que se mantenía en los domicilios de los
detenidos desaparecidos, tanto antes como después de la captura, con pun-
tos fijos que se establecían en las inmediaciones procuraban la localización
de otros miembros de organizaciones vinculadas a la víctima que ya había
sido capturada.
“Al momento del hecho se encontraban solamente las hijas, siendo cap-
turadas y retenidas hasta que llegó el padre y se llevaron a los tres. Al
parecer fueron llevados al Quinto Cuerpo de la Policía Nacional y a
partir de ahí no se supo de ellos. A los ocho días llegó un familiar pa-
ra averiguar lo sucedido, enterándose por unos vecinos que la casa es-
tuvo controlada unos días antes por varias personas vestidas de civil.
Después de la captura y desaparición también tuvieron vigilada la ca-
sa durante un mes, solamente se turnaban de carro y de gente”.
1163
2091.
La obtención de informaciones sobre los planes del “enemigo inter-
no” no se dirigió únicamente contra las organizaciones insurgentes de Gua-
temala, asimismo abarcó a los partidos políticos, sindicatos, organizaciones
estudiantiles, gremiales, populares, de derechos humanos, catequistas, coo-
perativistas, promotores de educación, de salud y a la población maya. Sin
embargo, la captura de algún miembro de la guerrilla era valorada de for-
ma distinta.
“Cuando se capturaba gente de cierto nivel de incorporación en la
guerrilla, era para la Inteligencia militar, por el nivel de conoci-
mientos que ellos tenían y que el guerrillero podía tener de su orga-
nización”.
1164
425
1162 C 849. Septiembre, 1982. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
1163 C 812. Abril, 1984. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
1164 Testigo CEH. (T.C. 102).
2092.
Un documento desclasificado de la CIA, titulado Comentarios
sobre el proceso utilizado por el Ejército guatemalteco para explotar el
valor de la Inteligencia de guerrilleros capturados, expresa textualmente:
“Que el Ejército guatemalteco y la Inteligencia militar (G-2) han
empleado un sistema para explotar la Inteligencia táctica de gue-
rrilleros capturados, lo que fue adaptado de los métodos utilizados
por los militares argentinos durante los años de la guerra civil ar-
gentina”.
1165
2093.
En la aplicación de la tortura, algunas víctimas no soportaron el
martirio que se les impuso y perdieron la vida a consecuencia de los tor-
mentos. De los testimonios recibidos, se concluye que muchos de los de-
tenidos desaparecidos corrieron esta suerte, al haber sido sometidos a crue-
les suplicios y prolongados interrogatorios.
“Primero la interrogaron a ella, ellos la tenían con una música y al
ponerle la capucha se empezó a oír que el hombre se quejaba fuer-
temente y se fueron quedando los quejidos, bajaron, bajaron, en-
tonces dijo uno, quítensela y dice aquel silencio; sólo se oyó que ja-
laron sillas, movían ... a mí me asustó; yo dije, será posible que se
ahogó, que lo mataron, pero me quedé con todo aquello, pero cómo
poderlo saber, y ya después cuando nos sacaron los informes, entre
uno de los que nos sacaron los informes ... me dijo que se había
quedado”.
1166
Las víctimas de la desaparición forzada
2094.
La G
RÁFICA
27 ilustra la selectividad de la práctica de la desapari-
ción forzada, en cuanto que el porcentaje de adultos hombres constituye
una cifra mucho mayor comparada con la que se presenta en el análisis de
la práctica de las ejecuciones arbitrarias. El porcentaje de mujeres, niños y
ancianos revela que las ejecuciones se realizaron de manera más indiscrimi-
nada y masiva, mientras que las desapariciones se orientaron principal-
mente hacia miembros de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles,
religiosas y de partidos políticos, cuya composición era mayoritariamente
de hombres adultos.
426
1165 Documento desclasificado de la CIA, de fecha 10 de noviembre de 1984 en anexo del CI30,
“Estudiantes detenidos desaparecidos de la USAC”.
1166 CI 68. Marzo de 1966. Ciudad de Guatemala, Mazatenango, Retalhuleu, Río Hondo, Zacapa,
El Rancho, San Agustín Acasaguastlán y El Progreso. “Los veintiocho desaparecidos de 1966”.
La extorsión y el terror a los familiares,
la comunidad y la organización
2095.
La desaparición forzada también se empleó por los agentes del Es-
tado para aterrorizar a los familiares de los detenidos y extorsionarlos eco-
nómicamente o para obtener que algún pariente de la víctima, que estaba
siendo buscado, se entregara a las fuerzas de seguridad.
2096.
El 3 de mayo de 1983 Rosa Estela Pérez Villaseñor iba a una cafe-
tería de la zona 10 de la capital cuando fue secuestrada por cuatro hom-
bres armados.
“Según testigos presentes, la víctima trató de defenderse pero la golpea-
ron mucho. Durante el tiempo de cautiverio de Rosa Estela, la fami-
lia recibió llamadas de personas que, eso creen, eran los torturadores.
Ellos explicaban que Rosa Estela se encontraba en Matamoros, y aña-
dían que en determinado momento se le iban a aplicar ciertas tortu-
ras pero que si proporcionaban una cantidad de dinero le podían evi-
tar el dolor. Además describían a la familia cómo en ese preciso mo-
mento le aplicaban la capucha u otras torturas”.
1167
2097.
Otro episodio que ilustra dramáticamente el provecho obtenido a
costa de la desesperación de los familiares del detenido desaparecido, lo
aporta el caso de Angela Ayala, secuestrada el 13 de junio del mismo año.
427
Edad
No. de violaciones
9.6%
0.0%
0.3%
0.2%
0.8%
2.9%
2.7%
5.1%
6.4%
19.3%
15.6%
19.7%
5.9%
1.0%
0.8%
0.0%
0.1%
0.0%
0.0%
0.1%
0.1%
0.6%
0.7%
1.1%
1.1%
2.2%
1.5%
0.8%
0.9%
0.5%
84-89
78-83
72-77
66-71
60-65
54-59
48-53
42-47
36-41
30-35
24-29
18-23
12-17
6-11
0-5
–5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%
Hombres
Mujeres
Nota: Sólo se incluyó el 75% de los datos, el 25% no tiene edad y/o sexo. Calculado con base
en las desapariciones forzadas a personas con sexo y edad conocida: 3,427.
1167 CI 22. Marzo-junio, 1983. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
GRÁFICA 27: Porcentaje de desapariciones forzadas,
según edad y sexo
GUATEMALA (1962-1996)
“Angela fue detenida en la 9a. Calle A y 3ra. Avenida de la zona 1.
Bajaron dos hombres de un vehículo de doble tracción y se la llevaron.
Posteriormente al secuestro, la mamá de Angela recibió tres cartas con
cheques para pagar la renta. Ella vio las cartas y en las mismas su hi-
ja le indicaba que estaba bien, que llegaría de regreso en quince días.
Dos judiciales eran quienes llevaban las cartas. En una de las visitas,
los judiciales indicaron a la señora que fuera a un banco a extraer un
dinero guardado en una caja de seguridad, parece ser que era una
cantidad de dólares muy alta. La tercera vez que envió dinero a su hi-
ja, en el banco no quisieron hacer efectivo el cheque porque la firma
era ilegible. Ella cree que se debía a las torturas”.
1168
2098.
A través de la extorsión se obtuvo también la entrega de algún fa-
miliar militante buscado por las fuerzas de seguridad. En estos casos, la
captura y posterior desaparición fue aplicada a parientes directos, con el
compromiso expreso de liberarlos si el familiar buscado se entregaba.
“Entonces renunció a su trabajo y se incorporó a la vida revoluciona-
ria, su esposa estaba embarazada de siete meses y no estaba partici-
pando, por lo cual le dijo a él que se fuera, y que ella iba a esperar que
naciera el bebé; y él se fue el 19 de mayo de 1981 para la montaña.
A ella la secuestraron el 5 de junio de 1981 ... paró una camioneta
picop, ella se defendió con una sombrilla que llevaba y entró a una
farmacia, pero entraron y se la llevaron en la palangana. Al padre de
la víctima le hacían llamadas y le decían que si entregaba al esposo de
la secuestrada, la soltaban”.
1169
El castigo de la víctima, la familia,
la comunidad y la organización
2099.
Numerosos casos recogidos por la CEH dejan al descubierto que la
práctica de la desaparición forzada cumplió también el propósito de casti-
gar, no sólo a la víctima sino también a la organización política o social a la
que pertenecía, a la comunidad y a su propia familia. La desaparición for-
zada fue entonces orientada a núcleos familiares completos, ya no con el ob-
jetivo de obligar a algún pariente que militase en un grupo sino precisamen-
te con el propósito de castigar al colectivo al que la víctima pertenecía.
“Mi papá fue un revolucionario desde los 17 años. Se dio cuenta que
existía la necesidad de hacer algo, sintió que tenía una opción: unir-
428
1168 Ibid.
1169 C 13162. Mayo, 1981. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
se a una organización político-militar. Yo vivía en el oriente y el 24
de julio vino mi hermano Carlos a verme y platicamos ... recuerdo la
ropa que vestía, al día siguiente vi por la televisión que hubo un gran
enfrentamiento en Vista Hermosa. Yo no sabía que mi hermano vi-
vía en esa casa, en uno de los periódicos vi la foto del cadáver de mi
hermano. Dos meses después, el 11 de septiembre, la PMA y la Poli-
cía Judicial vinieron a la casa de mi padre en la zona 11, secuestra-
ron a mi padre, a mi madrastra, a mi cuñada, a mi hermana que
tenía 18 meses de edad y a mis dos hijas de 9 y 10 años. Nunca apa-
recieron”.
1170
2100.
El daño psicológico que esta acción produjo en la testigo revela el
propósito de eliminar expeditivamente a su familia entera. Se trataba, por
lo tanto, de una represalia contra los parientes de la víctima militante.
2101.
El castigo a la familia encontró también su implementación ha-
ciendo desaparecer al único miembro de ella que no tenía militancia cono-
cida, con el claro propósito de castigar al grupo familiar. En el caso ilustra-
tivo No 48, que investigó la desaparición forzada de Jorge Alberto Rosal
Paz y Paz, un testigo clave declaró a la CEH.
“Ellos [los militares] sabían que el doctor Rosal —padre de la vícti-
ma—, estaba con la guerrilla, pero el doctor Rosal se fue del país.
Cuando no podían hacer nada con el papá mataron al hijo. Vimos
cuando se lo llevaron, fue una tarde, yo iba para Zacapa cuando a él
lo entraron en la base militar ... al rato fue la noticia que lo habían
secuestrado”.
1171
2102.
La desaparición forzada utilizada como castigo ejemplar, fue tam-
bién dirigida contra las comunidades, se golpeaba a los líderes para propa-
gar el terror provocando en ocasiones el desplazamiento de la comunidad
a la que pertenecía la víctima.
“Paulino Chuc Chiquitá fue elegido por la comunidad de Chuinima-
chicaj como alcalde auxiliar en el mes de enero de 1982. El 20 de fe-
brero de ese mismo año, por la noche, llegaron a su casa tres hombres
vestidos de soldados y con la cara tapada. Lo amarraron, lo patearon,
lo arrastraron hasta un picop y se lo llevaron. Dos de sus hijas salie-
ron para ver por qué lo capturaban; Simona, de 18 años y Juanita,
de 11. También a ellas se las llevaron ... al día siguiente llegaron unos
429
1170 CI 87. Septiembre, 1981. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
1171 CI 48. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
25 soldados comandados por un teniente. Reunieron a los hombres y
les ordenaron que tomaran sus piochas y derribaran la casa de don
Paulino ... después pusieron fuego para que se quemara la madera,
también quemaron como tres trojes de maíz. Este hecho atemorizó a
la comunidad de tal forma, que huyeron a las montañas o a la Cos-
ta Sur”.
1172
2103.
Casos de desplazamiento de la comunidad tras la desaparición for-
zada de sus líderes existen en todo el país, fundamentalmente en los perío-
dos de mayor intensidad del enfrentamiento. En el Ixcán, un testigo rela-
tó lo ocurrido tras la detención del vicepresidente de la cooperativa:
“Por eso salimos de la aldea para el monte, salimos todas las familias
juntas, el Ejército llegó a la aldea y destruyó todas las casas, la tienda
de la cooperativa, mataron ganado y se llevaron el resto, destruyeron
las siembras, los árboles frutales, mataron todos los animales”.
1173
2104.
El propósito de castigar a la víctima se distingue en aquellos casos
en que las víctimas permanecieron cautivas durante largos períodos y en
condiciones inhumanas. Un líder comalapense, Nehemías Cumes, fue de-
tenido el 15 de marzo de 1980 por miembros de la G-2. En el momento
de su captura, Nehemías ocupaba los puestos de presidente del Comité de
Reconstrucción Nacional, era también coordinador de una cooperativa y
simpatizante del Frente Indígena Nacional (FIN).
Los sectores más afectados por la desaparición forzada
La desarticulación y aniquilamiento
de organizaciones políticas, gremiales y populares
2105.
El objetivo final de las desapariciones forzadas de personas consis-
tía en la destrucción de las organizaciones sindicales, estudiantiles, políti-
cas conceptuadas como opositoras al régimen establecido. En consecuen-
cia, la estrategia contrainsurgente que inspiró la acción del Estado guate-
malteco golpeó a través de la desaparición forzada a jefaturas y cúpulas
completas de sindicatos, asociaciones estudiantiles, organizaciones políti-
cas y populares. Mediante el “descabezamiento” individual o masivo de las
organizaciones, resulta palmario que el fin último de la violación fue pre-
cisamente el de aniquilarlas o destruirlas.
1174
430
1172 C 416. Febrero, 1982. Patzún, Chimaltenango.
1173 C 11448. Mayo, 1981. Ixcán, Quiché.
1174 CI 109. Noviembre 1983. Costa Sur, Guatemala. Desaparición forzada de miembros del Sindi-
cato Azucarero del Ingenio Pantaleón.
CI 51. Junio 1980. Desaparición de miembros de la Central Nacional de Trabajadores (CNT),
2106.
En una primera etapa del enfrentamiento armado, el Estado inten-
tó desarticular organizaciones políticas tales como el Partido Guatemalte-
co del Trabajo (PGT), las FAR y el MR-13. Sin embargo, a medida que el
enfrentamiento se agudizó y prolongó, el Estado no sólo persiguió a estas
organizaciones, sino que hostigó a cualquier grupo organizado, aunque no
tuviera un perfil político definido: en cualquier caso, a los ojos del Estado
constituían una amenaza al orden establecido.
La desaparición forzada contra los militantes
del Partido Guatemalteco del Trabajo, de otros
partidos políticos y de organizaciones guerrilleras
2107.
La CEH ha registrado una numerosa cantidad de víctimas de de-
saparición forzada que pertenecían al PGT. La frecuencia y cantidad de
violaciones contra este sector específico de la sociedad, indican que las ac-
ciones represivas contra sus miembros arrancan de los años sesenta y se
mantienen durante todo el período que comprende el enfrentamiento ar-
mado. El carácter específico de la acción institucional dirigida contra los
militantes del PGT fue también constatado por el Departamento de Esta-
do de los Estados Unidos al expresar:
“Las víctimas de secuestro en Guatemala son frecuentemente asesina-
das y sus cuerpos pocas veces son encontrados ... las fuerzas de seguri-
dad y grupos paramilitares de la derecha son responsables por la ma-
yoría de los secuestros ... primero utilizados sistemáticamente por las
fuerzas de seguridad contra el partido comunista y miembros de la iz-
quierda moderada, empezando en 1966, la práctica del secuestro se
institucionalizó sobre tiempo”.
1175
2108.
El año 1966 tuvo lugar en la ciudad de Guatemala una desapari-
ción forzada masiva, que recayó sobre personas que tenían un claro perfil
militante en el Partido Guatemalteco del Trabajo, en el Movimiento 13 de
Noviembre y en las FAR, con el claro propósito de desarticular dichas or-
ganizaciones.
1176
El caso es conocido como el de los “28 desaparecidos”. Sin
431
en la ciudad de Guatemala y en la finca Emaús Medio Monte.
CI30. Ejecuciones arbitrarias y desaparición de estudiantes en 1989. CI 30. Agosto 1989. Ciu-
dad de Guatemala. CI 74. Desaparición forzada masiva en los parcelamientos de Almolonga y
Pinula. CI 74. Junio, 1980.
CI 54. Mayo, 1982. Santa Cruz del Quiché. Desparición forzada masiva en Chichicastenango
y Lemoa. “El caso de los camiones”.
CI 48. Febrero-mayo 1984. Ciudad de Guatemala. Desapariciones forzadas de Edgar Fernando
García, Sergio Saúl Linares Morales y Rubén Amílcar Farfán. Fundación del Gupo de Apoyo
Mutuo (GAM).
1175 Documento desclasificado del Departamento de Estado de EE UU titulado “Los desaparecidos
de Guatemala”, 1977-86. Traducción no oficial.
1176 CI 68. Marzo de 1966. Ciudad de Guatemala, Mazatenango, Retalhuleu, Río Hondo, Zacapa,
El Rancho, San Agustín Acasaguastlán y El Progreso. “Los veintiocho desaparecidos de 1966”.
embargo, la investigación de la CEH estableció que el número fue mayor,
logrando identificar treinta y tres víctimas, y que las capturas no se efec-
tuaron en forma simultánea, pues se sucedieron entre el 4 de diciembre de
1965 y el 6 de marzo de 1966.
2109.
Los hechos ocurrieron durante el gobierno militar de Enrique Pe-
ralta Azurdia, quien había emprendido una campaña contrainsurgente
donde se determinó ampliar las redes de comisionados militares en el área
rural, crear la Policía Militar Ambulante e implantar el estado de excep-
ción. Esta ofensiva se inició a finales de 1965 con la asesoría de la Public
Safety Division USAID/Guatemala, se denominó “Operación limpieza” y
fue comandada por el coronel Rafael Arriaga Bosque.
“Víctor Manuel Gutiérrez, miembro del comité central del PGT, fue
capturado el 5 de marzo de 1966 a las 11:30 en la colonia La Refor-
mita, zona 12, junto con Cándida Palacios, una hermana de la due-
ña de casa. En la captura participaron miembros de la Policía Judi-
cial y del pelotón modelo. El Ejército copó los alrededores de la casa.
Los elementos de la Policía Judicial que participaron en su captura se
conducían en el jeep que manejaba Víctor Manuel Palacios, captura-
do el 3 de marzo”.
1177
2110.
Los ataques en contra de los miembros del PGT no sólo se plani-
ficaron desde una perspectiva general, destinada a desestabilizar la organi-
zación; las desapariciones forzadas, se desarrollaron asimismo a escala indi-
vidual haciendo estragos entre militantes, cuadros y mandos medios com-
prendidos aisladamente. La práctica selectiva e individual de atacar la or-
ganización, haciendo desaparecer uno a uno a sus miembros, arroja final-
mente el mayor número de víctimas. No obstante lo anterior, otro de los
golpes masivos y dirigidos a la cabeza dirigente del PGT, tuvo lugar el año
1972 en que, utilizando el sistema de “ratonera”, se apresó y desapareció a
ocho miembros del buró político.
1178
2111.
El método de “ratonera” al que recurrieron las fuerzas de seguridad,
fue aplicado también en países del cono sur y consistía básicamente en
montar un operativo de vigilancia sobre un punto acerca del que previa-
mente se tenía información, como por ejemplo una reunión de altos diri-
gentes. En este caso los agentes del Estado vigilan y controlan la casa de
una militante del partido y aguardan hasta la llegada del último miembro,
entonces efectúan el cerco y proceden de inmediato a la captura. En esta
432
1177 Ibid.
1178 C 835. Septiembre, 1972.
acción represiva fueron desaparecidos Bernardo Alvarado Monzón, secre-
tario general del PGT, Carlos René Valle Valle, Mario Silva Jonama, Hu-
go Barrios Klée, Miguel Angel Hernández, Raúl Alvarado y Fantina Ma-
ría Pol Rodríguez.
2112.
Otra de las zonas del país que tuvo una fuerte influencia del PGT
fue la Costa Sur. “Aquí en la costa, el partido, el PGT, era el que tenía mu-
cha gente, porque había sido favorecida por la revolución”.
1179
El PGT en la
Costa Sur orientó su quehacer hacia la formación política, la propaganda,
la organización de los sectores campesinos, la alfabetización y el apoyo a los
sindicatos.
1180
“Teníamos una escuela nocturna para que aprendieran a leer ... ha-
bía más de treinta estudiantes entre vecinos y patojos, eso valió para
que a las doce de la noche me entraran a sacar de mi casa los comi-
sionados militares ... me golpearon y me pusieron la capucha para que
yo dijera quiénes eran los compañeros”.
1181
2113.
La estructura de organización que caracterizó a los campesinos de
la Costa Sur fueron las ligas campesinas. Estas se formaron con el propó-
sito de continuar la demanda de tierras después de la caída de Jacobo Ar-
benz. Las ligas campesinas representaron la continuidad de los Comités
Agrarios Locales o las Uniones Campesinas que se formaron bajo los pos-
tulados de la Ley de Reforma Agraria. En el departamento de Escuintla, la
mayoría de estas ligas estuvo bajo la influencia del PGT.
“Pues la liga campesina era para tener a la gente organizada, siem-
pre viendo los derechos del lugar, viendo que la gente despertara un
poco para que nadie los viniera a engañar, y a ellos [a las autorida-
des militares] no les pareció; entonces lo que buscaron fue hacerle da-
ño a los dirigentes ... ahí vino el terror ... varios compañeros desapa-
recieron”.
1182
2114.
Esta labor desplegada por el PGT en la Costa Sur se orientó tam-
bién hacia la actividad sindical, basada en la lucha legal y política para ob-
tener sus reivindicaciones. Lo anterior desató sobre sus militantes y líderes
una fuerte y prolongada persecución con el fin de lograr su desarticulación.
433
1179 C 13202. 1963 y 1964. Escuintla, Escuintla.
1180 CI 74. Junio 1980. Desaparición forzada masiva en los parcelamientos de Almolonga y Pinula.
CI 41. Julio 1967. Escuintla. Desaparición forzada del locutor y maestro José Arnoldo Guilló
Martínez.
1181 C 13130. 1964. Escuintla, Escuintla.
1182 Testigo CEH. (T.C.25).
2115.
En Quetzaltenango, el PGT también alcanzó altos niveles de orga-
nización y las víctimas de desaparición forzada que pertenecían a dicha or-
ganización se registran durante todo el período investigado.
“Aproximadamente el primero de julio de 1979, un colaborador del
PGT de Costa Cuca, Quetzaltenango, se fue a Chuba, Colomba, pa-
ra vender en el mercado. Cuando pasaba por la finca El Pensamien-
to en su picop, unos soldados del destacamento militar que estaban en
la finca, lo detuvieron y nadie lo volvió a ver”.
1183
2116.
La acción represiva se dirigió también contra otras organizaciones
políticas. La desaparición forzada afectó igualmente a militantes del Fren-
te Unido Revolucionario (FUR), del Partido Revolucionario (PR) y de la
Democracia Cristiana (DC).
“Se había organizado el FUR y él fue a varias juntas con algunos
vecinos ... un día se fue al río a bañar como de costumbre, pero un
carro de color verde lo reconoció y lo empezó a seguir ... se bajaron
ocho hombres de la palangana del picop, a puras patadas lo agarra-
ron, después le pegaron con un palo en la espalda y la cabeza y cuan-
do estaba desmayado lo tiraron en la parte de atrás y se lo lleva-
ron”.
1184
“El hermano de la víctima estaba participando en el FUR, que era
el que había formado Colom Argueta y lo habían acusado de gue-
rrillero, por esto lo buscaban; Alvaro participaba en el PR, a ambos
se los llevaron a Jacaltenango donde había un destacamento del
Ejército”.
1185
2117.
La mayor represión contra los militantes del Partido Revoluciona-
rio se registra en los años sesenta y setenta.
“A Balbino lo persiguieron los comisionados militares y el Ejército por
pertenecer al Partido Revolucionario, lo capturaron en Carboneras y
lo trasladaron a Carrizal, allí lo dejaron en el río atado junto con otra
víctima, que era el alcalde auxiliar, también del Partido Revolucio-
nario. Permanecieron diez horas atados de manos ... pasaron ocho
días más y ni razón de ellos”.
1186
434
1183 C 8357. Julio, 1979. Colomba, Quetzaltenango.
1184 C 13381. Diciembre, 1981. Suchitepéquez, Mazatenango.
1185 C 788. Febrero, 1981. San Antonio Huista, Huehuetenango.
1186 C 1034. Diciembre, 1966. Olopa, Chiquimula.
2118.
También el Estado utilizó la práctica de la desaparición forzada
contra los movimientos guerrilleros.
1187
“Si hablamos de los años setenta, compañeros u otras personas captu-
radas son gente desaparecida ... porque eso pasó, ya no tenemos com-
pañeros de aquellos apturados; no hablemos sólo del campo de guerra,
por ejemplo aquí en la Ciudad de Guatemala, ‘¿dónde están los que
capturaron?, ninguno de ellos aparece”.
1188
2119.
La práctica de esta violación golpeó a los miembros de las FAR, la
ORPA y el EGP, dado el claro propósito institucional de conseguir su de-
sarticulación y aniquilamiento. En la práctica de la desaparición forzada
contra este sector específico se advierten mayores niveles de intensidad en la
violencia ejercida, lo que puede explicarse por el conocimiento e informa-
ción que supuestamente se arrancaban a las víctimas. Esta situación impli-
có un mayor esfuerzo en materia de Inteligencia. Dicha constatación surge
también de otro hecho: las desapariciones forzadas de la mayor parte de los
militantes de organizaciones guerrilleras incluyeron un largo período de
cautiverio, plazo en el cual las víctimas fueron sometidas a crueles torturas.
2120.
Uno de los casos que refleja esta metodología lo encontramos en
la desaparición forzada de Efraín Ciriaco Bámaca Velásquez, conocido
como comandante Everardo de la Organización del Pueblo en Armas
(ORPA).
1189
“La primera vez que yo vi al comandante Everardo fue el 12 de mar-
zo de 1992 en el destacamento o fuerza de combate Santa Ana Ber-
lín ... dejé de verlo el 15 de abril, por ahí por el 16, el 18 o algo vuel-
vo a ver a Everardo, quien supuestamente estaba muerto. Cuando yo
entro en su cuarto lo tenían engrilletado, y tenía hinchado todo el
cuerpo, amarrado en la misma cama donde yo estuve engrilletado al-
rededor de cinco a seis meses. El 24 de julio de 1992 fue la última vez
que vi al comandante Everardo”.
1190
2121.
Otro elemento que facilitó la práctica de la desaparición forzada
contra este tipo de víctimas estriba en el hecho de que en la mayoría de los
435
1187 CI 22. Marzo-junio 1983. Ciudad de Guatemala. Desaparición forzada de América Yolanda
Urízar Martínez de Aguilar, Ana Lucrecia Orellana Stormont, Edgar Raúl Rivas Rodríguez, Ma-
ría Angela Ayala Saravia y Rosa Estela Pérez Villaseñor.
CI 87. Septiembre de 1981. Ciudad de Guatemala. Detención y desaparición forzada de seis
miembros de la familia Portillo, incluidas tres niñas.
CI 81. Marzo, 1992. Nuevo San Carlos, Retalhuleu. Tortura y desaparición forzada de Efraín
Bámaca Velásquez (comandante Everardo).
1188 Testigo CEH. (T.C. 31).
1189 CI 81. Marzo, 1992. Nuevo San Carlos, Retalhuleu.
1190 Ibid.
casos éstas se encontraban viviendo en la clandestinidad, desvinculadas de
familiares, amigos, y alejados de sus hogares.
“El pertenecía a ORPA desde 1979. Entre el 82 y el 83 se quedó en
la clandestinidad por completo. El 9 de febrero de 1984 salió tempra-
no de su casa, a eso de las ocho de la mañana. Hombres fuertemente
armados, que viajaban en un vehículo tipo agrícola se lo llevaron jun-
to con dos jóvenes más, sus seudónimos eran Ismael y Andrés, de estos
dos jóvenes nunca supe los nombre verdaderos”.
1191
2122.
Una de las organizaciones guerrilleras que registra un abundante
número de militantes víctimas de desapariciones forzadas efectuadas por el
Ejército, grupos paramilitares y otros agentes del Estado, es el EGP.
“Ella estudió en el Colegio Belga, se formó como maestra de educa-
ción, a finales de 1974 y principios del 75 era ferviente participante
del EGP, donde era conocida como la comandante Maya. Dejó a su
familia y se trasladó a vivir con la guerrilla. Después de cinco años se
comunicó con su hermana para decirle que estaba embarazada y pe-
dirle ayuda económica, acordando encontrarse en un centro comercial
de la zona 4 de la capital. En ese encuentro, la víctima le presenta a
su hermana al padre del niño que esperaba y le señala que tiene sos-
pechas de que el Ejército la busca, y acuerdan una fecha antes del par-
to para encontrarse nuevamente. Días después del encuentro, el local
comercial que tenía la familia de la víctima es allanado por hombres
encapuchados. La víctima llamó una vez más a su hermana para ver-
la, pero nunca llegó al encuentro. Después de cuatro años, la familia
escuchó el rumor de que hombres armados la secuestraron de un cen-
tro de salud de la zona 1, junto con la comadrona que la atendía”.
1192
La desaparición forzada contra el movimiento sindical
2123.
Los efectos de la masificación y la crudeza que alcanzaron las ac-
ciones del Estado contra el movimiento sindical en Guatemala para desar-
ticularlo, con la utilización del método de la desaparición forzada y ejecu-
ción de sus líderes, han tenido a su vez secuelas perdurables.
“Hasta 1965 estaba el Presidente civil que tuvimos, pero era más mi-
litarizado que los militares, Julio César Méndez Montenegro ... esta
436
1191 C 528. Febrero, 1984. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
1192 C 103. Enero, 1983. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
persona era totalmente vinculada, comprometida con el Ejército y en
su período se inició la práctica de la desaparición forzada como una
forma de mermar la organización social y las familias. Damos datos
en los que se corroboraba que hasta ese momento, entre el 65 y 1984
habían, más o menos, más de veinte mil personas detenidas desapare-
cidas, entre otras las personas que habían sido arrojadas al mar, los
primeros sindicalistas desaparecidos”.
1193
2124.
La política estatal contra el derecho de asociación de los trabajado-
res, mediante la práctica de la desaparición forzada encontró siempre un
sector laboral con gran capacidad de organización. En 1968 se fundó la
Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), que “desde sus orígenes,
estuvo integrada por sindicatos urbanos, sindicatos industriales de reciente for-
mación, ligas campesinas y cooperativas”.
1194
“Era el año 1964 cuando mi compañero, promotor del sindicalismo
en Escuintla, miembro activo del sindicato de la finca Torolita,
miembro de FASGUA y promotor de bastantes luchas de los trabaja-
dores en el campo y la industria escuintleca, fue sacado a altas horas
de la noche por la Policía Judicial, se lo llevaron y nunca apareció”.
1195
2125.
En los años setenta y bajo el gobierno de Carlos Arana Osorio el
movimiento obrero fue blanco de una severa persecución política, funda-
mentalmente a través de allanamientos a sedes sindicales y la ejecución y
desaparición de algunos líderes destacados.
1196
“El Estado percibía al movimiento sindical ... como un movimiento
contestatario de izquierda y, por lo tanto, un movimiento que debería
ser atacado de diferentes formas, tanto legal como ilegalmente”.
1197
2126.
El Estado distorsionó las luchas y reivindicaciones del movimien-
to sindical presentándolas ante la ciudadanía como un instrumento subor-
dinado a las organizaciones opositoras o guerrilleras.
“Es la acusación que ha tenido el movimiento siempre y que es una de
las formas como fundamentan la necesidad de reprimir al movimien-
to ... creo que el Ejército siempre vio micos aparejados en diferentes
437
1193 Testigo CEH. (T.C. 84).
1194 CI 51. Junio, 1980. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
1195 C 13129. 1964. Escuintla, Escuintla.
1196 CI 109. 1983. Costa Sur de Guatemala. Desaparición forzada de miembros del Sindicato Azu-
carero del Ingenio Pantaleón.
1197 Idem.
partes y que la estrategia militar tendió no sólo a debilitar el movi-
miento sino a destruirlo”.
1198
2127.
Esta identidad que para el Estado existía entre sindicalismo y co-
munismo activó amplias operaciones cuyos objetivos materiales fueron los
sindicalistas.
“La víctima fue detenida en un puesto de registro que había instala-
do el BROE en las inmediaciones del mercado El Guarda en la zona
11; pasaba por allí con otro amigo y les pidieron identificación. El lle-
vaba papeles del sindicato CAVISA y los soldados les dijeron que eran
comunistas. Ellos intentaron escapar y les dispararon; a él lo hirieron
en una pierna, al alcanzarlo lo golpearon y se lo llevaron”.
1199
2128.
A pesar de la represión de que fue objeto el movimiento sindical,
hacia los años setenta se encontraba en un franco proceso de reagrupa-
miento. Entre los años 1977 y 1980 fueron asesinados ocho dirigentes del
sindicato de la Coca-Cola, en lo que fue un período de intensas luchas de
los trabajadores para conseguir el cumplimiento de prestaciones que la em-
presa les adeudaba. En este contexto surgió el Comité Nacional de Unidad
Sindical (CNUS), como un comité de solidaridad hacia los trabajadores de
la compañía Coca-Cola. En el comité se aglutinaron diferentes organiza-
ciones sindicales y populares, inspiradas por la defensa de reivindicaciones
comunes y el hecho de ser víctimas de una misma persecución por parte
del Estado.
2129.
Uno de los acontecimientos que ejemplifican con mayor crudeza
la acción del Estado para desarticular el movimiento sindical, ha sido re-
cogido por la CEH como caso ilustrativo y se refiere a la desaparición for-
zada de al menos 27 sindicalistas que se encontraban reunidos en una
asamblea en el interior de la sede de la Confederación Nacional de Traba-
jadores (CNT).
1200
La operación fue realizada por más de 60 hombres ar-
mados pertenecientes a la Policía Judicial, Policía Nacional y al Ejército
que con anterioridad realizaron el cierre de varias manzanas del centro de
la ciudad, donde se encontraba la sede sindical. A continuación procedie-
ron a la captura masiva de los sindicalistas. La directiva de la CNT había
convocado una reunión de emergencia para el día 21 de junio de 1980 a
las dos de la tarde.
438
1198 Testigo CEH. (T.C. 11).
1199 CI 48. Febrero-mayo 1984. Ciudad de Guatemala. Desapariciones forzadas de Edgar Fernando
García, Sergio Saúl Linares Morales y Rubén Amílcar Farfán. Fundación del Grupo de Apoyo
Mutuo (GAM).
1200 CI 51. Junio-agosto, 1980. Ciudad de Guatemala, Escuintla. Desaparición forzada de miembros
de la Central Nacional de Trabajadores (CNT) y de la finca Emaús Medio Monte.
“Vi que habían unas personas armadas, y no de pistolas sino de me-
tralletas; todos tenían pañuelos puestos en sus caras y estaban de par-
ticular; había como tres oficiales uniformados y eran de alto rango por
las insignias que tenían ... sentía que iban a allanar el lugar. Llegué
a la CNT y estaba abierta la puerta. Cerré la puerta. Subí las gradas
y les dije a los compañeros: ‘vámonos, vámonos porque esto lo van a
allanar’. Sólo estaba terminando de decir estas palabras, cuando to-
caron el timbre. Uno de los compañeros abrió y entonces empujaron
la puerta, ya estaba un jeep estacionado frente a la puerta para que
nadie pudiera salir”.
1201
2130.
En ese momento había unas treinta personas en el local. Los testi-
gos relataron que desde fuera pudieron enterarse de lo que ocurría dentro
de la sede sindical.
“Oíamos los gritos de los compañeros cuando los maltrataban, como
que los tiraban contra la pared”.
1202
Otro testigo de los hechos gracias a que llegó tarde a la reunión,
señaló: “La cuadra estaba vacía. No había portero del sindicato en la
calle. Pensó: ‘Qué descuido’. Empujó la puerta y entró. Eran aproxi-
madamente las 15:40. No había nadie en el local. Había manchas
de sangre en el corredor y los archivos estaban abiertos ... No habían
pasado diez minutos desde el operativo. Dos compañeros sindicalistas
lloraban. Al salir a la calle unas seis personas la rodearon y le conta-
ron lo sucedido. Le dijeron que se habían llevado a una sindicalista
que iba sangrando y a dos o tres compañeros los asaltantes les habían
disparado con armas de fuego ... Un familiar de una de las víctimas
que llegó luego a la sede con otros militantes, relató que lo que presen-
ciaron fue horrible pues habían pozas de sangre por doquier y las ins-
talaciones estaban hechas un desastre”.
1203
2131.
En cuanto al número total de víctimas, la CEH logró identificar a
veintisiete personas.
“Eran los que ya estaban sentados para empezar la reunión y por eso
a ellos no les dio tiempo de salir, porque estaban dentro”.
1204
439
1201 Ibid.
1202 Ibid.
1203 Ibid.
1204 Ibid.
2132.
Dos meses más tarde de la desaparición masiva de los dirigentes
sindicales de la CNT, el 24 de agosto de 1980 otros 17 líderes obreros que
se encontraban reunidos en un seminario taller organizado por la Escuela
de Orientación Sindical en la finca Emaús Medio Monte, fueron secues-
trados por agentes del Estado.
“[Hombres armados ingresaron a la reunión donde se encontra-
ban los sindicalistas] esposándolos, atándolos con cinchos y vendarles
(sic) los ojos para luego introducirlos [a los sindicalistas] dentro de
unos camiones y jeeps que habían dejado estacionados al frente del lu-
gar y se marcharon con rumbo ignorado, desconociéndose hasta el mo-
mento sobre el paradero de los secuestrados”.
1205
2133.
La práctica de la desaparición forzada impuesta al movimiento sin-
dical, también fue instrumentada por el Estado mediante acciones indivi-
dualizadas contra sus dirigentes. La mayoría de los casos de sindicalistas de-
saparecidos registrados por la CEH corresponden a detenciones ilegales
practicadas en forma individual. Uno de los casos más dramáticos fue ele-
vado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
1206
y lo protagonizó
el líder sindical Alvaro René Sosa Ramos, quien logró escapar con vida de
sus captores. La víctima relató las torturas e interrogatorios a que fue some-
tido, e informó sobre algunas personas que se encontraban detenidas, a las
que pudo reconocer durante su cautiverio y que nunca aparecieron. Si bien
el sindicalista logró huir con vida, su testimonio plantea un fiel reflejo del
tratamiento que el Estado daba a los detenidos ilegalmente y de sus propó-
sitos de obtener la máxima información sobre el movimiento sindical.
2134.
El 11 de marzo de 1985, domingo, siendo las 9:00 de la mañana,
fue capturado Alvaro René Sosa Ramos cuando caminaba cerca de la ave-
nida Roosevelt, en el campo de fútbol en la zona 11 de la ciudad de Gua-
temala. En su testimonio expresa:
“Cuando caminaba por allí, un hombre a mi lado me llamó y al vol-
tearme a verlo me apuntó con una pistola. Pensé en correr, pero vi co-
mo a ocho hombres que se bajaban de tres vehículos; estos vehículos te-
nían vidrios polarizados. Me capturaron y me pusieron una chaque-
ta en la cara y violentamente me empujaron dentro de una camione-
ta panel. Bajo estas condiciones me llevaron a una casa. Estos hom-
bres me dejaron sentado por más de dos horas y durante ese tiempo pu-
de oír los gritos de personas que venían de los otros cuartos. Con espo-
440
1205 Ibid.
1206 Caso CIDH 9303, en Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1984-1985.
sas en las manos me forzaron a que me quitara la ropa, después me
ataron los pies y me colgaron hacia abajo. Momentos después, con el
agarrador del machete me golpearon acusándome de ser un miembro
de la organización revolucionaria guatemalteca. Desde un comienzo,
los torturadores se identificaron como kaibiles, las fuerzas especiales
contrainsurgentes de la armada de Guatemala. Me dijeron que con el
tratamiento que ellos me iban a dar yo les diría todo lo que sabía. To-
maron turnos para torturarme; cuando llegaban fumando termina-
ban sus cigarrillos en mi cuerpo, me dejaban solo por unos momentos
y luego los próximos torturadores entraban. Recuerdo que un kaibil
me golpeó la cara con la hebilla de su faja y como la hebilla era muy
grande, en uno de esos golpes me abrió totalmente la ceja. Cuando no
me estaban golpeando podía oír las palizas y gritos de las otras vícti-
mas. Perdí toda noción del tiempo cuando estaba siendo torturado.
Luego, me bajaron de donde estaba colgado y me tiraron al suelo.
Unas pocas horas después me colgaban nuevamente de los pies y un
kaibil llegaba únicamente para patearme la cara. Después de sufrir
esos golpes, me bajaban para que pudiera ver a otro hombre que esta-
ban colgando de la misma forma. Me preguntaron si conocía a ese
hombre, quien estaba muy deformado debido a las torturas, pero pu-
de reconocer a Silvio Matricardi Salam.
1207
Lo conocí cuando era pre-
sidente del Frente Nacional de Profesores y yo era un líder sindical de
la fábrica de productos Diana”.
1208
Gracias a una acción desesperada, el detenido logró darse a la fuga
mientras era llevado por sus captores a la zona 9 de la capital, don-
de supuestamente debía identificar a algunas personas. Desde el in-
terior de la camioneta panel blanca en que era conducido, y que se
detuvo a indicaciones de la víctima, logró abrir la puerta con am-
bas manos esposadas y correr hasta alcanzar la Embajada de Bélgi-
ca, donde solicitó asilo. El testimonio suministrado por Alvaro So-
sa a la CIDH añade: “En el centro de tortura donde yo estuve, vi por
lo menos ocho personas y la mayoría de ellos estaban colgados de los
pies. Aquellos que estaban sentados tenían capuchas en sus cabezas. No
sé lo que podrían haber hecho con Samuel Villatoro
1209
en sus dos me-
ses de captura. Fue allí donde nos reconocimos los unos a los otros”.
1210
441
1207 Informe CIDH, ob. cit., pg. 50. “Aquella persona que Sosa Ramos vio torturada en la prisión de
clandestinidad, fue encontrada muerta el 14 de marzo en los límites de la ciudad de Escuintla, en la
Costa Sur”.
1208 Caso CIDH 9303, en Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1984-1985.
1209 Caso CIDH 9264, Samuel Villatoro, el ex secretario general del sindicato de la fabrica de pro-
ductos Adams.
1210 Caso CIDH 9303, en Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1984-1985.
La desaparición forzada contra la comunidad universitaria
2135.
Otro de los sectores sociales afectado por la represión fue el uni-
versitario, que desempeñaba un importante rol en la vida social y políti-
ca del país.
2136.
A raíz del asesinato de Oliverio Castañeda, secretario general de la
Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad San Carlos, y
de la desaparición forzada de Antonio Ciani, vicepresidente de la misma
organización durante el año 1978,
1211
los estudiantes de la USAC se vieron
obligados a pasar a la clandestinidad la directiva de la AEU, como medida
de protección para sus miembros.
2137.
En mayo de 1984, “cuando se iniciaba la rearticulación del movi-
miento estudiantil”,
1212
cuatro miembros de la coordinadora: Carlos Ernes-
to Cuevas, Marilú Hichos, Gustavo Adolfo Carías y Héctor Interiano Or-
tiz, fueron desaparecidos.
1213
2138.
La organización estudiantil hubo de recomponerse de nuevo, man-
teniendo a sus dirigentes en la clandestinidad, hasta 1989, cuando en una
edición de la revista Estudiante se publicaron los nombres de toda la junta
directiva de la Asociación. La decisión de dar a conocer los nombres vino
motivada por la apertura política que prometía la iniciación de las negocia-
ciones de paz, así como también la necesidad de abrir espacios legales sa-
liendo de la marginalidad virtual en que se encontraba el movimiento.
2139.
El año 1989, en un contexto político de intensa represión que lle-
vó a denominarlo Agosto Negro, 10 líderes universitarios fueron detenidos
arbitrariamente,
1214
cinco de los cuales se encuentran desaparecidos. El 21
de agosto de 1989 fue secuestrado Iván Ernesto González Fuentes; la últi-
ma noticia que se tuvo de él fue que había asistido a una reunión en la Uni-
dad de Acción Sindical y Popular (UASP), en horas de la mañana. Al día
siguiente fueron secuestrados Carlos Ernesto Contreras Conde y Hugo
Leonel Gramajo. El primero se dirigió a media mañana a la zona 3, don-
de habría de coincidir con su mujer para acudir juntos a registrar a su hija
recién nacida; sin embargo, no llegó al encuentro. Hugo Leonel Gramajo
fue secuestrado al salir del Instituto Nacional de Administración Pública,
aprehendido por cuatro hombres de particular, armados, que conducían
dos vehículos, uno de ellos un picop rojo con vidrios polarizados.
2140.
El 23 de agosto fueron secuestrados Aarón Ubaldo Ochoa, estu-
diante de sociología, fue visto por última vez cuando salió de su casa rum-
442
1211 CI 45. Octubre 1978. Ciudad de Guatemala. Ejecución arbitraria de Oliverio Castañeda de
León.
1212 Frente Estudiantil de Reforma Universitaria (FERU), Breve cronología de los actos represivos en
contra del Movimiento Estudiantil, pg. 9.
1213 CI 30. Agosto, septiembre y diciembre,1989. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
1214 Ibid.
bo a la USAC, donde era miembro de la coordinadora de la AEU y vocal
ante el Consejo Directivo de la Escuela de Ciencias Políticas, y Mario Ar-
turo de León, quien había participado a las siete de la noche en una con-
ferencia de prensa en la Universidad para informar sobre los secuestros de
sus compañeros. Al finalizar la conferencia salió en su picop blanco Isuzu
rumbo a su casa y no se volvió a saber de él.
2141.
Los otros cinco estudiantes universitarios detenidos arbitrariamen-
te fueron Silvia María Azurdia Utrera y su esposo Víctor Hugo Rodríguez
Jaramillo. El día 8, Carlos Leonel Chutá Camey, Carlos Humberto Cabre-
ra Rivera y Eduardo Antonio López Palencia. Sus cuerpos sin vida fueron
encontrados días después de su detención, mostraban señales de tortura y
algunos de ellos múltiples heridas de arma blanca.
1215
2142.
Por lo menos nueve de los doce sobrevivientes de la coordinado-
ra de la AEU salieron del país. Nunca se conoció el paradero de los otros
estudiantes secuestrados, que hasta hoy continúan desaparecidos. Infor-
maciones obtenidas por la CEH en relación al caso dan cuenta de que
estuvieron recluidos en el interior de la cárcel clandestina conocida co-
mo La Isla.
1216
La desaparición forzada contra catequistas,
delegados de la palabra y religiosos católicos
2143.
Después del terremoto que asoló el país en 1976 la Iglesia Católi-
ca dio a conocer el documento Unidos en la esperanza.
1217
En este mensaje,
la Iglesia abordó uno de los temas de mayor trascendencia política para el
país, al pronunciarse abierta y claramente a favor de una mejor distribu-
ción de la tierra.
“Es plenamente legítima, por ejemplo, la expropiación de grandes ex-
tensiones de tierra mediocremente cultivadas o reservadas para especu-
lar con ellas manteniéndolas sin cultivo alguno, mientras la mayor
parte de la población carece de tierras o posee sólo parcelas irrisorias,
precisamente cuando el desarrollo agrícola presenta caracteres de ur-
gencia”.
1218
2144.
A partir de este pronunciamiento, se inició una intensa campaña
de activación al interior de grupos de laicos, especialmente los de Acción
Católica en el área rural. La labor pastoral que desplegaron sacerdotes, re-
443
1215 Ibid.
1216 Ver apartado de cárceles clandestinas.
1217 Mensaje del Episcopado de Guatemala, Unidos en la esperanza. Presencia de la Iglesia en la re-
construcción de Guatemala, 25 de julio de 1976.
1218 Ibid., pg. 32.
ligiosas, catequistas y delegados de la palabra en favor de los campesinos,
en concreto al organizar cooperativas, parcelamientos y regular títulos de
propiedad sobre la tierra, motivó una fuerte persecución política en contra
de este sector.
2145.
La imagen subversiva que el Estado, y dentro de éste particular-
mente el Ejército, tuvo del trabajo pastoral desarrollado por la Iglesia Ca-
tólica en las áreas rurales, se subrayó en un informe oficial en los siguien-
tes términos:
“Dentro de este espacio de tiempo se dio el involucramiento en el mo-
vimiento de algunas organizaciones, las que, a su vez, fueron instan-
cias de socialización en otras esferas de la experiencia humana como,
por ejemplo, la religiosa. A través de quienes se manifestaron proclives
o simpatizantes de la teología de la liberación, en estos casos se dio la
participación en la organización de base. Como se puede advertir, la
influencia de estos sectores se dio, sobre todo, en las actividades de los
grupos que basaban su trabajo en tratar de legitimar su proyecto y su
tendencia marxista-leninista por vía de la penetración ideológica de
las masas para su posterior manipulación”.
1219
2146.
Dado el significado que la actividad de la Iglesia tuvo para el Esta-
do, éste, a través del Ejército, desarrolló un estricto y férreo control sobre
las actividades religiosas y sociales en las comunidades.
1220
“Un año estuve en Xalbal, era catequista. Siempre el Ejército busca-
ba a la comunidad y a los catequistas, para saber qué estábamos ha-
ciendo. Nosotros, decían los soldados, venimos a averiguar cómo está
la población actuando en sus reuniones, cómo actúa la cooperativa,
porque aquí no queremos comunistas, dicen ellos, así dijo un oficial
del Ejército en la cooperativa. En la práctica de la religión no quere-
mos comunistas, en ese tiempo había mucho control sobre la Iglesia,
los catequistas, los maestros, sobre todas las reuniones de la cooperati-
va; el trabajo del padre Woods es lo que nos animó, el Ejército ya es-
taba viendo el movimiento de la gente, de las comunidades en las coo-
perativas”.
1221
2147.
De los testimonios recibidos se infiere que la desaparición forzada
contra este sector no habría tenido el propósito de aniquilar la existencia
444
1219 Informe oficial del Ejército de Guatemala a la CEH.
1220 CI 12. Octubre, 1980. Santiago Atitlán. Persecución de católicos en Santiago Atitlán.
CI13. Marzo de 1980. Escuintla. Persecución y desintegración de la familia Bautista Escobar,
tortura de menores y embarazadas, violación de menores y desaparición forzada.
1221 C 11493. Julio, 1975. Ixcán, Quiché.
de la Iglesia como institución organizada en sí, sino que persiguió supri-
mir la labor pastoral que realizaba. La CEH ha registrado numerosos casos
de víctimas de desaparición forzada cuyas responsabilidades eran precisa-
mente ser delegados de la palabra, catequistas y sacerdotes: la actuación se
encontraba ligada a los trabajos de organización campesina.
“En el departamento, ya después de dos o tres años empezaron a circu-
lar los rumores de que éramos comunistas, que éramos guerrilleros ...
lo que estábamos haciendo era hacer conciencia cristiana para vivir
como personas, en comunidad y, en general, en procesos de religión so-
cial y de lucha por mejorar las condiciones de vida de la población”.
1222
2148.
En los años setenta la Iglesia Católica desarrolló una intensa labor
en apoyo de las organizaciones campesinas y en el ámbito nacional un gran
esfuerzo para la formación de delegados de la palabra y catequistas. En el
departamento de Izabal una de las primeras reacciones por parte del Esta-
do fue la desaparición forzada de cuatro campesinos delegados de la pala-
bra. Las víctimas pertenecían a la cooperativa agrícola El Monolito.
2149.
Los cooperativistas, apoyados por la Iglesia, habían adquirido un te-
rreno que fue dividido en 25 parcelas para que sus miembros las trabajaran.
“Fuimos asociados en una cooperativa, la cooperativa compró un te-
rreno ... los terratenientes decían que éramos comunistas. La coopera-
tiva tenía cinco caballerías ... bueno para el café: veinticinco parcelas
para veinticinco familias, veinticinco escrituras registradas por el pro-
tocolo. Tuvimos una organización de comités. Estuvimos sacando he-
rramientas de otro lugar y por eso los comisionados militares nos acu-
saron de ser comunistas. El seis de enero ... dos meses antes del golpe,
a las seis de la mañana, llegaron 150 personas, era el Ejército con co-
misionados militares y defensa civil, del Ejército de Puerto Barrios y
destacamento militar de Los Amates, armados con escopetas, rifles,
machetes y pistolas. Ellos querían hacerse dueños de este terreno. Reu-
nieron a toda la gente. A las mujeres las pusieron boca abajo en la es-
cuelita. Torturaron a los hombres, les pusieron bolsas negras de cal ...
los golpearon. De las cinco víctimas cuatro fueron desaparecidas y una
ejecutada”.
1223
2150.
Donde quiera que existía una organización de cooperativas campe-
sinas la Iglesia prestaba su apoyo y, por consiguiente, se desataba la repre-
sión de sus miembros.
445
1222 Testigo CEH. (T.C. 100).
1223 C 1022. Enero, 1982. Los Amates, Izabal.
“Yo vivía en San Antonio Chiquito, que era una cooperativa que em-
pezó en 1978; éramos como cuarenta familias ... los problemas empe-
zaron en 1981 ... el Ejército empezó a secuestrar personas que eran di-
rigentes de la cooperativa, el 10 de mayo de 1981 los soldados llama-
ron al presidente de la cooperativa al destacamento, el mismo día fue
a presentarse; él no apareció, nunca llegó a su casa. Eramos casi todos
católicos, el 12 de junio del mismo año estábamos en la capilla y llegó
el Ejército, con ropa de civil, pretendían ser de la guerrilla, tenían un
listado y cabal estaba el vicepresidente de la cooperativa ... se lo lleva-
ron; al día siguiente ya no estaba el señor en la misma parte”.
1224
2151.
La labor de la Iglesia Católica durante el enfrentamiento armado
no se circunscribió al ámbito de la población rural. También se pronunció
contra los abusos y las violaciones de los derechos humanos. Por este mo-
tivo la persecución política de que fueron víctimas los miembros de la Igle-
sia Católica, alcanzó también a laicos que desarrollaban un trabajo de ca-
rácter pastoral.
“El trabajaba con el padre Tulio Maruzzo en la parroquia de Quiri-
guá, los comisionados militares lo sacaron de la casa herido y golpea-
do, lo echaron en un carro y ya nunca más lo vimos”.
1225
“La víctima, conocido como don Rafita, era catequista y presidente de
un comité de la Iglesia Católica en la comunidad. En el camino que
conduce de la ruta del Atlántico a la comunidad Seminola, fue cap-
turado por un grupo de comisionados militares. Los comisionados le
llevaron a la montaña, donde lo tuvieron toda la noche, allí lo tortu-
raron y en la madrugada siguiente se lo llevaron y desapareció”.
1226
2152.
Un ejemplo de la voz de la Iglesia contra el uso de la violencia lo
encontramos en un comunicado del año 1979 en el que los obispos se ma-
nifestaron colectivamente.
“En nombre del evangelio de Cristo, nuevamente tenemos que conde-
nar como anticristiana y antievangélica esta ola de violencia. Asesi-
natos, desapariciones, actos de terrorismo, secuestros, torturas y otros
hechos denigrantes no sólo demuestran un total irrespeto por la digni-
dad de la persona humana, sino también crean en los sobrevivientes
un clima de inseguridad, dolor y temor”.
1227
446
1224 C 11448. Mayo,1981. Ixcán, Quiché.
1225 C 1032. Enero, 1982. Los Amates, Izabal.
1226 C 1010. Enero, 1981. Los Amates, Izabal.
1227 Conferencia Episcopal de Guatemala, comunicado del 2 de marzo de 1979.
La desaparición forzada dentro del Ejército y los grupos paramilitares
2153.
La desaparición forzada de personas implementada por el Estado y
con tanta energía por el Ejército, no siempre se limitó a lograr el objetivo
de desarticular una organización política o social, o de satisfacer una nece-
sidad de información a través de las tareas de Inteligencia.
2154.
Los testimonios recibidos han permitido también esclarecer que la
práctica de tal violación de los derechos humanos también fue utilizada
contra personas que pertenecían a las filas del Ejército, a otras fuerzas de
seguridad del Estado o a grupos paramilitares. La desaparición forzada
aplicada dentro de estos estamentos cumplió el objetivo de castigo ejem-
plar dentro del grupo o de esconder evidencias; y fue aplicada, en líneas ge-
nerales, contra aquellos que se negaron a participar en violaciones a dere-
chos humanos, por cuestionar alguna orden de sus superiores o no ser
ideológicamente afines con la institución militar.
“El trabajaba en las fincas para ganarse la vida, por ese motivo no se
presentó a tres de sus turnos obligados con la patrulla. El comandan-
te no le creyó y lo acusó de haber estado en la montaña con la guerri-
lla. El comandante ordenó un rastreo, nadie avisó a la víctima; como
no sabía y vivía retirado del centro de la comunidad, no participó en
el rastreo. Cuando el grupo llegó a su casa, el comandante ordenó que
lo capturaran. Lo encerraron en la municipalidad. Cuando termina-
ron el rastreo, la víctima ya no estaba y no se supo más de él”.
1228
2155.
El contexto en el que se verificaron este tipo de violaciones per-
mite a la CEH establecer que tal práctica también tuvo como propósito
destruir evidencias, en la medida que afectó a servidores del Estado que
poseían abundante información sobre las prácticas de la política contrain-
surgente.
“La víctima ingresó en 1983 al Ejército como miembro de la S-3 de
la zona militar No. 19 de Huehuetenango. Después de haber sido
trasladado a la base militar de Sololá se le dio de baja de la Institu-
ción Armada a petición personal. La víctima regresó a vivir con sus
padres en Huehuetenango. Durante los siguientes nueve meses man-
tuvo contactos con ex compañeros de armas de la zona militar 19 que
lo visitaban constantemente, sobre todo, especialistas de la G-2. El 30
de mayo de 1984 sus familiares lo vieron por última vez cuando sa-
lió de su casa y ya nunca regresó; según los vecinos, la víctima fue de-
tenida a la altura de la fábrica de bloques de Huehuetenango por va-
447
1228 C 5299. 1983. Santiago Chimaltenango, Huehuetenango.
rios desconocidos fuertemente armados que lo introdujeron a la fuer-
za en un carro de vidrios polarizados. Algunos testigos lograron reco-
nocer entre los captores a un conocido miembro de la G-2 en la ZM-
19. Los familiares de la víctima lo buscaron en hospitales y pregunta-
ron por él en todas las zonas militares del país, incluyendo la ZM-19
y Sololá. En 1985, un ex miembro de la G-2 que dijo haber sido ami-
go del desaparecido, informó a los familiares que la víctima se encon-
traba detenido en la ZM-19, que se encontraba vivo pero encerrado
en una fosa común e incomunicado en el interior de la zona. Otro tes-
tigo, destacado también en la ZM-19, informó en otra oportunidad
al padre de la víctima que había visto el nombre de su hijo en la nó-
mina de empleados de la base. Tres años después el Ejército seguía co-
brando el cheque de pago de la víctima ... los familiares jamás reci-
bieron un centavo. En 1989 otro miembro de la G-2 informó al pa-
dre de la víctima que su hijo estaba detenido en el cuartel general del
Ejército, en la ciudad de Guatemala; igual información recibieron en
1991 de otro miembro de la G-2”.
1229
2156.
En el seno del Ejército, el incumplimiento de alguna orden, el
cuestionamiento de los superiores o la simple reserva sobre alguna direc-
triz castrense, también dieron origen a la desaparición de elementos de
tropa.
“Cuando Francisco Santiago fue desaparecido por los soldados del des-
tacamento militar de Nebaj, era directivo de la junta parroquial de
la Iglesia Católica y traductor del padre. Francisco Santiago había si-
do reclutado por el destacamento militar, junto con otros hombres del
municipio, para realizar prácticas en las Patrullas de Autodefensa Ci-
vil, con la idea de participar en el desfile del 15 de septiembre en la
ciudad de Guatemala. El entrenamiento había empezado a realizar-
se varias semanas antes y cada domingo tenían que asistir al destaca-
mento militar para recibir instrucción. Se sabe que el 13 de septiem-
bre Francisco Santiago tuvo una conversación con el oficial que los en-
trenaba, acerca de un pasaje bíblico donde se alude a la diferencia en-
tre pobres y ricos, lo cual, al parecer, fue interpretado como una duda
de la competencia del oficial o quizás como una actitud subversiva. El
oficial sólo le dijo que más tarde le respondería. Al finalizar el entre-
namiento de ese día fueron separados del grupo Francisco Santiago,
Pedro Corio, Francisco Raymundo Brito y otro señor y se les dijo que
448
1229 C 5084. Mayo, 1984. Huehuetenango, Huehuetenango.
se quedarían en el destacamento militar por otro rato. Se sabe que des-
pués fueron metidos en el salón parroquial, a partir de lo cual no se
supo más de ellos”.
1230
2157.
Las desapariciones forzosas también fueron aplicadas por las fuer-
zas paramilitares (PAC y comisionados militares), en contra de sus miem-
bros. Estas violaciones fueron realizadas, la mayoría de las veces, como for-
ma de castigo por negarse a patrullar o resultaron el instrumento idóneo
para consumar venganzas y ajustes de cuentas con total impunidad.
“En la aldea la Barranca Chiquita entraron a mi casa violentamen-
te y se llevaron a la víctima por parte de la zona militar No 19, ya
que él no quería prestar servicios en las PAC por estar mal de salud;
luego fue trasladado a la cárcel de la localidad, le dieron salida el 17
de septiembre de 1983 del Juzgado de Primera Instancia de la loca-
lidad, nunca supe el motivo de su encarcelamiento. En 1982 recuer-
do que la víctima fue comandante de las PAC obligadamente, pue-
do dar fe que el esposo nunca mató a ningún paisano y por su enfer-
medad no podía seguir patrullando de noche. El problema de dejar
de patrullar era que el comandante de las PAC de ese entonces acu-
só a la víctima ante el Ejército de ser guerrillero ... como una forma
de hacerle daño, realmente él [comandante de las PAC] se aprove-
chaba de todos los vecinos, les exigía patrullar bajo los aguaceros, en-
tre el monte los ponía a marchar, los humillaba diciéndoles que no
sabían marchar, si faltaban un día de patrullar les pedía dinero a
cambio; esa situación obligó a la víctima a hacerle una carta al Pre-
sidente de la República denunciando los abusos que cometían las
PAC con consentimiento de la zona No 19. Esa carta llegó de regre-
so a la base militar de Huehuetenango sin ningún resultado. Luego,
pasaron cuatro meses de haber salido de prisión; el 13 de enero de
1984, como a las 22:50 entraron en la casa como diez hombres ves-
tidos de negro, bajaron de un vehículo del comandante, quien orde-
nó que se llevaran a la víctima lejos de Ixtahuacán ... se lo llevaron
a la zona militar”.
1231
La desaparición forzada como mecanismo
de la política contrainsurgente en el área rural
2158.
La táctica del empleo del Ejército en el escenario rural tuvo una di-
námica distinta a la de la ciudad. La mayor vulnerabilidad de los que po-
449
1230 C 3814. Septiembre, 1981. Nebaj, Quiché.
1231 C 5059. Mayo, 1983. Colotenango, Huehuetenango.
blaban las áreas rurales, generada principalmente por su pertenencia étni-
ca, la pobreza y la ausencia de instituciones civiles de carácter público que
garantizaran la protección de sus derechos, ofrecieron mayores posibilida-
des al Estado para ejecutar operaciones represivas abiertas y de masas.
“Primero, muchos desaparecieron por los caminos ... luego nos tocaron
las masacres y sólo podemos preocuparnos por seguir viviendo y por los
hijos ... ya nadie andaba preguntando para saber qué hicieron con los
que agarraron ... de plano los mataron ... así fue nuestra vida ... siem-
pre nos queda el dolor de nuestros muertos, también por no saber que
hicieron con ellos, dónde los fueron a tirar”.
1232
2159.
A diferencia de las áreas urbanas, en las rurales el Ejército no recu-
rrió, por ejemplo, a un plan de área congelada, impidiendo el paso de tran-
seúntes o cerrando varias cuadras; actuando a altas horas de la noche o de
madrugada para garantizar el anonimato de los autores de desapariciones
forzadas. Por el contrario, las operaciones militares que compaginaron tan-
to la práctica de ejecuciones como la de desapariciones forzadas, se lleva-
ron a efecto a plena luz del día, en los días de mercado, en días de fiestas
religiosas,
1233
en controles de registros apostados en los caminos rurales, in-
gresando abruptamente a las comunidades en camiones con decenas de
soldados o con la cobertura de helicópteros.
“Las personas fueron sacadas del destacamento en helicóptero, y se da
como seguro que los dejaban tirados porque ya no los volvieron a ver.
Los declarantes recuerdan que el helicóptero tardaba aproximada-
mente quince minutos en regresar. El helicóptero volvía y se iba nue-
vamente con más gente, estuvo sacando a la gente durante cinco días
... fueron por lo menos setenta y cinco personas”.
1234
“El 23 de junio de 1982, a las 9:30 de la mañana aterrizó un heli-
cóptero del Ejército, bajaron unos diez soldados en la aldea Llano
Coyote, primero llegaron a la casa del pastor evangélico. Lo sacaron
de su casa, amarraron sus manos y lo forzaron a dar vueltas con ellos
buscando a más personas, forzándolo a señalar quiénes en la comu-
nidad eran guerrilleros; pasaron de casa en casa acusando a ciertas
personas, así juntaron a ocho personas que metieron en el helicópte-
ro y se las llevaron”.
1235
450
1232 C 16332. Marzo, 1982. Zacapulas, Quiché.
1233 CI 54. Mayo, 1982. Quiché. Desapariciones forzadas masivas en Chichicastenango y Lemoa.
“El caso de los camiones”.
1234 C 3300. Octubre, 1982. Cotzal, Quiché.
1235 C 5136. Junio, 1982. Aguacatán, Huehuetenango.
2160.
Con la orientación del enfrentamiento hacia el Occidente del
país, el mayor número de víctimas de desapariciones forzadas se produce
entre 1979 y 1984 y pertenecen a las etnias k´iche´, kaqchikel, mam,
q´eqchi´ e ixil. En efecto el 74.6% del total de víctimas identificadas eran
mayas, el 25% eran ladinos y el 0.2% correspondía a otros grupos (Véa-
se G
RÁFICA
28).
GRÁFICA 28: Porcentaje de víctimas de desapariciones forzadas,
según pertenencia étnica
GUATEMALA (1962-1996)
Nota: Sólo se incluyó el 96.53% de los datos, del 3.47% no se obtuvo información sobre su pertenencia étnica.
Porcentaje calculado con base en el total de víctimas individuales identificadas con pertenencia étnica conocida,
que sufrieron desaparición forzada.
2161.
Los objetivos de desarticulación y aniquilamiento de las organiza-
ciones o de la supuesta base social de la guerrilla pueden observarse en la
práctica de las desapariciones forzadas en el área rural.
“Antes del 80 la represión era selectiva, secuestraban a las personas en
la noche ... la represión se tornó masiva a finales del 80 ... la repre-
sión iba en contra de cualquier forma de organización que creyeran
que podía ser base de apoyo del EGP: cooperativistas, miembros de
Acción Católica, también los miembros de la Democracia Cristiana
eran tildados de guerrilleros”.
1236
2162.
Uno de los casos de desapariciones forzadas masivas ejecutados por
el Ejército contra una comunidad quiché, se encuentra recogido por la
CEH como caso ilustrativo. El hecho es recordado por la comunidad co-
mo “el caso de los camiones” debido a que los soldados entraron en varios
camiones a la aldea a efectuar las capturas. Uno de los sobrevivientes rela-
tó a la CEH:
Porcentaje de víctimas
74.60%
25.32%
0.08%
Maya Ladino Otros
Pertenencia étnica
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
451
1236 C 2610. Mayo, 1981. Chicamán, Quiché.
“Un domingo de junio o julio de 1981, un grupo de varias decenas
de soldados llegó en camiones al mercado de Chichicastenango. Allí
detuvieron y subieron en dos camiones a decenas de hombres, muje-
res y niños. Las víctimas eran seleccionadas por un hombre vestido de
civil con su cabeza cubierta con un pasamontañas, que acompañaba
a los soldados, y por patrulleros de Lemoa que vestían de pinto.
Cuando llenaron totalmente los camiones, se retiraron del lugar. Las
víctimas eran vecinos de las aldeas de Lemoa, Chicabracán, Cucabaj
y otras de cantones de Santa Cruz del Quiché ... se sabe que algunos
niños fueron entregados a familias adoptantes, [las otras] víctimas
fueron conducidas al destacamento militar de Chupol, Chichicaste-
nango”.
1237
2163.
Algunos testigos de este hecho señalan que las víctimas (más de
trescientas) fueron llevadas al destacamento militar, ejecutadas y luego ti-
radas a un hoyo de donde salía humo. En la investigación del caso la CEH
logró establecer que la mayoría de los pobladores de la aldea Pachó Lemoa
pertenecían al Comité de Unidad Campesina (CUC).
1238
2164.
Resulta evidente que para el Ejército la aldea constituía una base
social y de apoyo a la guerrilla en el área. La presencia del CUC era para el
Ejército sinónimo de presencia guerrillera. En este sentido la captura y de-
saparición masiva se enmarca dentro de la política contrainsurgente imple-
mentada por el Estado en las áreas rurales. En el caso referido, el método
aplicado se basaba en la detención y posterior desaparición masiva de ma-
yas de la aldea Pachó Lemoa.
2165.
La calificación militar de algunas comunidades como “guerrilleras”,
tuvo como consecuencia la estigmatización de todos sus habitantes, que
fueron a convertirse en víctimas seguras de algún tipo de violación de los
derechos humanos cometidas por el Ejército.
“Fue interceptado por soldados del Ejército que controlaban los cami-
nos ... allí lo capturaron, seguramente el motivo fue solamente su lu-
gar de origen, ya que la comunidad estaba acusada indiscriminada-
mente de colaborar con la guerrilla”.
1239
2166.
Otro ejemplo que ilustra la aplicación del método de desaparición
forzada masiva en el ámbito rural, se verificó en la aldea Acal, municipio
de San IIdefonso Ixtahuacán, donde junto a la aplicación del método de
452
1237 CI 54. Mayo, 1982. Quiché. Desapariciones forzadas masivas en Chichicastenango y Lemoa.
“El caso de los camiones”.
1238 Ibid.
1239 C 16332. Marzo, 1982. Zacapulas, Quiché.
desaparición forzada concurrieron multiplicidad de violaciones tales como
atropellos sexuales, torturas, ejecuciones arbitrarias, destrucción de bienes
y desplazamiento de la comunidad. Lo expuesto también permite situar la
práctica de la desaparición forzada en el conjunto de las operaciones pro-
totípicas de tierra arrasada.
“Llegaron del camino de la cabecera municipal de Ixtahuacán, con
unos (dos o cuatro) camiones llenos de soldados, quienes rodearon la
aldea; los soldados llevaban uniformes pinto y negro. Los soldados se
dividieron así: un grupo se quedó en el centro de la aldea, rodeando
la iglesia donde había gente convocada para una actividad religiosa;
el otro grupo se fue a las casas, convocando la a gente para una reu-
nión en la escuela. Los soldados esperaban a la puerta de la iglesia pa-
ra que al salir las personas fueran llevadas obligadamente a la escue-
la donde estaban juntando a todos los hombres. A las mujeres las obli-
garon irse a sus casas ... Una señora cuenta que volvió a la escuela lle-
vando la cédula de su esposo esperando que lo ayudaría. En el cami-
no encontró a los soldados y se escondió. De allí vio cómo unos solda-
dos violaban a una joven, le dijeron a ella: ‘Quítate la ropa, pero apú-
rate y ella empezó a llorar’, después de violarla no la mataron, sino
que la dejaron libre ... En la escuela empezaron a interrogar a la gen-
te reunida allí sobre dónde existía la guerrilla, acusando a todos de ser
guerrilleros. Los acusaron de estar en la iglesia practicando la ‘doctri-
na guerrillera’ en lugar de algo religioso. Después de una hora o más
de estarlos interrogando y amenazando, un oficial pidió que se presen-
tara un joven. Lo acusaron de estar con la guerrilla. Empezaron a tor-
turarlo allí, enfrente de sus vecinos, obligando a todos a ver las tortu-
ras. Lo amarraron con un lazo y lo colgaron en el techo de la escuela.
El joven no murió de una vez, durante casi una hora estuvo colgado
vivo; ellos le pegaron con un palo y un arma, golpeándole en el cora-
zón y la cabeza. El lazo no aguantó y se reventó; el joven cayó en el
suelo todavía con vida. Lo colgaron de nuevo y esta vez sí murió, a eso
de las ocho de la noche ... Entonces empezaron ellos a alumbrar (ya
era tarde) a todas las más de cien personas que estaban reunidas en
esa escuela. Sacaron a doce personas y las colocaron al centro de la es-
cuela, diciendo que esos eran los guerrilleros y que ahorita se iban a
morir todos colgados igual que ese muchacho, también dijeron que
después de colgar a los doce escogidos iban a matar a todos los demás
al estar estallar una bomba en la escuela; todos los que estaban allí
empezaron a llorar y a rezar a Dios para que los perdonara. Eso les
daba risa a los soldados y empezaron a ser aún más abusivos con su
lenguaje contra los reunidos ... Luego sacaron a las doce personas afue-
453
ra y según se escuchó desde adentro, los torturaron. Se oía cuando
gritaban. También escucharon cuando los amarraron y los metie-
ron en un camión, como a las ocho y media de la noche y los lleva-
ron con rumbo a Cuilco ... Unos cuarenta efectivos quedaron cui-
dando las personas reunidas en la escuela, amenazándo con ma-
tarlos a todos en la mañana ... cuando los soldados se fueron deja-
ron dicho que regresaban a terminar la aldea a los quince días. To-
da la comunidad sufrió mucho esperando el Ejército, temiendo que
murieran todos y por eso muchos durmieron en la montaña duran-
te la noche y muchos más se refugiaron en México, pero no se sabe
cuántos son los que huyeron”.
1240
Las amenazas contra la familia para inhibir la búsqueda
del detenido-desaparecido y la actuación de la administración
de justicia frente a la desaparición forzada
2167.
La denegación de justicia y la ausencia de un debido proceso son
otras de las violaciones de derechos humanos que se dan cita en la multi-
plicidad de las que integran la desaparición forzada. Ambas violaciones su-
ponen la falta de actuación de las instituciones estatales responsables de ad-
ministrar justicia.
1241
2168.
Estas instituciones que son las llamadas a poner fin a la desapari-
ción forzada de personas, intervinieron en forma activa en ella a través de
la desinformación y confusión que aportaron sobre la suerte de los deteni-
dos y las amenazas proferidas a los familiares de las víctimas para inhibir la
búsqueda. También actuaron por omisión, al abstenerse de recibir denun-
cias, al no iniciar de oficio la investigación de los hechos, al denegar la ad-
ministración de justicia.
2169.
En este último aspecto cobra especial relevancia aludir a la presen-
cia del Estado a través de sus instituciones en el territorio nacional. Como
ya se indicó, en Guatemala es posible distinguir dos realidades: por un la-
do, la urbana, donde la presencia estatal está representada por institucio-
nes como Gobernación, Policía Nacional, zonas militares, juzgados, Mi-
nisterio Público; y por otro, la rural, en la que prácticamente no existe pre-
sencia civil del Estado. En efecto, a menudo la única autoridad estatal ac-
tiva en el área rural fue específicamente la que ejecutó la violación y, por lo
tanto, la consiguiente inhibición por temor en los familiares actuó enton-
ces de forma determinante al momento de solicitar información sobre el
454
1240 C 5110. Mayo, 1982. San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango.
1241 CI 8. Diciembre 1981-1997. San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz. Denegación de Justicia: Vi-
cente Morán y la búsqueda de sus hijos desaparecidos.
paradero de la víctima. “¿Cómo iba a preguntar por él en la zona militar si
ellos mismos fueron los que se lo llevaron?”
1242
2170.
Sin embargo, tanto en las áreas rurales como en las urbanas el alto
grado de control, amenazas y represión que se ejerció sobre la población,
anuló en los familiares de las víctimas la voluntad de iniciar cualquier ges-
tión tendente a reivindicar la aparición de éstas.
“Las mujeres en esa época tenían que aceptar la muerte y la desapa-
rición de sus seres queridos sin saber la causa ... tenían que aguantar
el dolor y no averiguar o preguntar demasiado porque esto podía traer
problemas para ellas y los hijos”.
1243
“Los familiares sufrieron hostigamientos y amenazas por parte del
Ejército, muchas veces salieron huyendo entre las balas ... las esposas
de las víctimas [en una oportunidad] recibieron una citación del al-
calde municipal y del jefe de patrullas para informarles sobre el pa-
radero de sus familiares; ellas acudieron y al llegar al pueblo los pa-
trulleros y el alcalde las estaban esperando; al verlas, comenzaron a
insultarlas y el alcalde les dijo: ‘¿Quieren que continúe la guerra re-
clamando a sus esposos? Si es así, la guerra seguirá y los bombardea-
remos”.
1244
2171.
El elemento inhibidor que pesó con mayor fuerza en la voluntad
de los familiares de las víctimas para iniciar acciones tendentes a dar con el
paradero de éstas últimas, fue el temor.
“Se lo llevaron al destacamento de Nebaj ... la esposa los siguió y vio
cuando lo metieron al destacamento ... vio que muchas mujeres esta-
ban enfrente del destacamento llorando y protestando porque se ha-
bían llevado a sus esposos; los soldados se reían y no hacían caso, des-
pués les dijeron que si querían entrar para ver, pero las mujeres no se
animaron porque tenían miedo que las secuestraran”.
1245
2172.
El temor fue un denominador común, tanto en las áreas rurales co-
mo en la capital. De los numerosos testimonios recibidos en la CEH, se
desprende de modo inequívoco que este temor no surgió en forma espon-
tánea, sino que fue el resultado de amenazas (directas o indirectas) y pro-
feridas materialmente por agentes del Estado a los familiares de las vícti-
455
1242 C 1112. Febrero, 1978. Olapa, Chiquimula.
1243 C 3055. Septiembre, 1981. Nebaj, Quiché.
1244 C 2185. Noviembre, 1982. Tuluché, Quiché.
1245 C 3054. Diciembre, 1981. Nebaj, Quiché.
mas en el momento de interponer una denuncia o de indagar acerca de la
suerte del prisionero.
“Señora, ¿usted vio que fue la policía? Sí, le dije yo, eran policías, só-
lo que vestidos de particular ... entonces ellos se identificaron, me di-
jo; esos desgraciados no se identifican, le dije yo, ¿Le quedan hijos se-
ñora? me dijo; sí, le dije, me quedan tres; entonces no diga que fue la
policía, me dijo”.
1246
2173.
A pesar de la presión ejercida contra los familiares de los detenidos
cuyo paradero se ignoraba, fueron muchos los que, superando el temor,
iniciaron gestiones ante las instituciones estatales encontrando como res-
puesta acosos, hostigamientos y amenazas orientadas en perjuicio suyo.
“Esa noche casi no dormimos, los buscamos en las calles, en otros pue-
blos, fuimos a hablar con las familias de las otras dos personas, para
encontrar la manera de averiguar. Nos dirigimos a la zona militar y
nos dijeron que no podían dar información y que tuviésemos cuidado
porque podíamos irnos nosotros también. Como a los quince días vol-
vimos a llegar a la zona militar de Cobán, estuvimos hablando con
un comandante de ahí, precisamente ese día, casualidad, identifiqué
a las personas ... Después nos persiguieron ... Ay Dios decíamos, acá
nos vamos a ir nosotros también. Con esa pena salimos. Llegamos al
campo de aviación, venían atrás de nosotros en un picop. Después ve-
nían personas particulares y lo que hicimos fue escondernos. Pasaron
unos ruleteros y llegamos al centro. En el centro nos dispersamos y re-
gresé para acá. Esa tarde vinimos aquí y gracias a Dios no pasó nada.
Así empezó el temor de nosotros”.
1247
2174.
Frente a la iniciación de acciones de los familiares de las víctimas,
los funcionarios del Estado optaron por desalentar y desincentivar los es-
fuerzos desplegados.
“Cuando voy a la Corte Suprema de Justicia a poner mi primer re-
curso de exhibición personal, me dicen: ‘Y para qué señora, aquí hay
golpe de Estado, no nos funciona, es inviable un recurso de exhibición
personal, no sirve’, y me dice, ‘sabe qué pasa, usted tiene que entender
que aquí hay una guerra abierta, lo que tienen que hacer es callar y
encerrarse en su casa y no salir”.
1248
456
1246 CI 41. Julio, 1967. Escuintla. Desaparición forzada del locutor y maestro José Arnoldo Guilló
Martínez.
1247 CI 8. Diciembre, 1981-1997.
1248 Testigo CEH. (T.C. 84)
2175.
La actitud negativa de los funcionarios del Estado, la ineficacia de
las acciones emprendidas y la ostensible impunidad de los autores como
parte de una normalidad que debía ser asumida, contribuyeron en gran
medida a que la conciencia colectiva del país se resignara a la inutilidad de
iniciar cualquier acción ante el Estado, aun tratándose de atropellos a los
derechos más fundamentales.
“La política de Guatemala fue no capturar a nadie y enjuiciarlo,
nunca hubo proceso, alguno que otro, pero regularmente nadie fue
consignado, sino que era capturado, posteriormente desaparecido, esa
era la práctica, entonces ya la gente decía: ‘no va a aparecer vivo, pe-
ro que aparezcan por lo menos los cadáveres”.
1249
2176.
Este último aspecto, que supone accionar el sistema de justicia
para encontrar al detenido cuyo paradero se ignora, adquiere especial re-
levancia en el momento de acreditar los hechos, por la dificultad que re-
presenta probar una desaparición forzada. La definición que realiza la
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada expresa: “La de-
saparición forzada es la privación de la libertad a una o más personas, cual-
quiera que fuese su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o
grupos de personas que actúan con la autorización o el apoyo o la aquiescen-
cia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a recono-
cer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la perso-
na, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías
procesales pertinentes”.
1250
2177.
La segunda circunstancia que debe concurrir para considerar pro-
bada una desaparición forzada, en un contexto geográfico donde no exis-
te presencia civil del Estado y donde el temor de la población inhibe cual-
quier intento de demanda ante la autoridad, pues resulta de difícil acredi-
tación. En efecto, ¿cómo probar la desaparición forzada en Guatemala si
hubo lugares donde no había dónde preguntar? ¿Cómo probarla si existía
temor ante las amenazas y entonces no se denunció?
2178.
Respecto a las circunstancias que caracterizan el contexto en el
que se practicaron las desapariciones forzadas en Guatemala, la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos (CIDH) ha estimado posible que la
desaparición de un determinado individuo sea demostrada mediante
pruebas testimoniales indirectas y circunstanciales, sumadas a deduccio-
nes lógicas, así como también la vinculación a una práctica general de
457
1249 Testigo CEH. (TC. 49).
1250 Artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
desapariciones.
1251
La propia CIDH se ha pronunciado acerca del fenó-
meno de la desaparición forzada de personas en Guatemala en la senten-
cia del caso de de Nicholas Blake y David Griffith,
1252
estimando lo si-
guiente:
“Durante la época del secuestro de Nicholas Blake, la desaparición
forzada constituía una práctica del Estado guatemalteco que era lle-
vada a cabo principalmente por agentes de las fuerzas de seguridad
del Estado ... contra cualquier persona sospechosa de actuar en activi-
dades subversivas”.
1253
A modo de síntesis
2179.
La desaparición forzada constituyó una práctica sistemática que
violó multiples derechos de las personas, entre otros, la libertad, la integri-
dad física, el debido proceso y la vida. La característica central de la desa-
parición forzada consiste en la negación de la detención, la información so-
bre el lugar de la misma y el paradero final de la persona detenida por par-
te de las fuerzas de seguridad que efectuaron la captura, dejando a las per-
sonas al margen de toda protección legal.
2180.
Con base en los testimonios recogidos, la CEH ha llegado a la con-
clusión de que las personas desaparecidas forzadamente fueron detenidas
por agentes del Estado, siendo responsabilidad de este último la violación
del derecho a la vida, libertad, integridad física y debido proceso de las víc-
timas. La CEH también ha podido establecer que en la práctica de la de-
458
1251 Caso Rodríguez Velásquez tomado por la CDIH, sentencia de 29 de julio de 1988. Caso Godí-
nez Cruz, sentencia de 20 de enero de 1989, pg. 19, “la prueba indiciaria o presuntiva resulta de
especial importancia cuando se trata de denuncias sobre la desaparición, ya que esta forma de repre-
sión se caracteriza por procurar la supresión de todo elemento que permita comprobar el secuestro, el
paradero y la suerte de las víctimas”.
1252 Corte Interamericana de Derechos Humanos: caso Blake, excepciones preliminares. Sentencia
de 2 de julio de 1996. San José, Costa Rica. El caso se refiere a la desaparición forzada de los
ciudadanos norteamericanos Nicholas Blake y Griffith Davis. El 26 de marzo de 1985 los seño-
res Nicholas Blake, periodista y Griffith Davis, fotógrafo, ambos estadounidenses, residentes en
Guatemala, salieron de Huehuetenango hasta llegar a San Juan Ixcoy y de ahí caminaron hasta
la aldea El Llano, sitio al que llegaron el 28 o 29 de marzo de 1985. Ahí fueron interrogados por
Mario Cano, comandante de la Patrulla de Autodefensa Civil de El Llano, quien consultó a los
oficiales de la guarnición militar de Las Majadas e instruyó a miembros de dicha patrulla civil
para que los trasladaran a la frontera con Quiché y les dijo: “si ustedes quieren, mátenlos”.
Seguidamente los señores Nicholas Blake y Davis fueron llevados por los patrulleros citados a un
sitio llamado Los Campamentos donde les dieron muerte y luego arrojaron los cadáveres en la
maleza y los cubrieron con troncos de árboles. Los señores Blake y Griffith permanecieron de-
saparecidos desde el 28 o 29 de marzo de 1985 hasta las fechas en que se descubrieron sus res-
tos, los del Sr. Griffith el 16 de marzo de 1992 y los del Sr. Blake el 14 de junio de 1992.
De acuerdo con la Comisión, el efecto continuo de la desaparición se ilustra en el presente caso
por “el ocultamiento de los restos del señor Blake, el encubrimiento de los autores y cómplices, la total
indiferencia y falta de información sobre lo sucedido por parte de las autoridades, y las consecuencias
permanentes que esa trágica situación ha producido en los familiares del señor Blake”.
1253 Alegato de la CIDH en el caso de desaparición forzada de Nicholas Blake.
saparición forzada participaron la Inteligencia militar, el Ejército, el Esta-
do Mayor Presidencial, la Policía Nacional, la Guardia de Hacienda y los
grupos paramilitares, actuando independiente o coordinadamente. Lo que
la CEH no logró esclarecer es si existió una sola cadena de mando o un sis-
tema centralizado donde se originan las instrucciones de llevar a cabo la
desaparición forzada de las personas.
XII. LA TORTURA Y OTROS TRATOS CRUELES,
INHUMANOS Y DEGRADANTES
2181.
En el presente apartado se analiza quiénes realizaron los actos de
tortura, cuáles fueron las víctimas, dónde ocurrieron los hechos y en qué
períodos se desarrolló con mayor intensidad. En primer lugar se presenta-
rán los años y señalarán las regiones donde se cometieron las torturas; en
segundo lugar, los objetivos que se perseguían con esta sistemática viola-
ción de los derechos humanos; en tercer lugar, cuáles fueron los métodos
y técnicas utilizados para infligir sufrimientos físicos y psicológicos a las
víctimas; en cuarto lugar, quiénes fueron los responsables de esta violación;
en quinto lugar, en qué escenarios específicos se practicó la tortura; en sex-
to lugar, quiénes fueron las víctimas y los sectores étnicos y sociales a que
pertenecían; en séptimo lugar y último se someterán a examen las actua-
ciones del Organismo Judicial frente a los actos de tortura.
2182.
En Guatemala, durante el enfrentamiento armado interno, la tor-
tura fue aplicada sistemáticamente por agentes del Estado en el contexto
de otras graves violaciones de derechos humanos, en particular junto con
las desapariciones forzadas y las ejecuciones arbitrarias. La tortura en la ge-
neralidad de los casos, se iniciaba con una detención violenta y culminaba
con la ejecución de la víctimas.
2183.
La tortura constituye un grave atropello a la integridad física y mo-
ral del ser humano. Condena la tortura el Artículo 5 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos de 1948. Existe hoy en día en la comu-
nidad internacional un consenso en el sentido de que la prohibición de la
tortura es una norma estricta del derecho consuetudinario internacional.
2184.
Como se indicó en el marco jurídico general, al inicio del presen-
te capítulo, en el contexto del conflicto armado interno que vivió Guate-
mala, las Partes implicadas en el enfrentamiento tenían la obligación de
respetar las disposiciones del Artículo 3 común de los Convenios de Gine-
bra de 1949.
2185.
De acuerdo con dicha norma, están prohibidos “en cualquier tiem-
po y lugar ... los atentados contra la vida y la integridad corporal, especial-
mente ... las mutilaciones, los tratos crueles, la torturas y los suplicios”, así co-
459
mo “los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humi-
llantes y degradantes”, tanto respecto a la población civil como a los com-
batientes que hayan depuesto las armas o que se encuentren fuera de com-
bate por enfermedad, heridas, detención o cualquier otra causa. Estas pro-
hibiciones alcanzan por igual a todos los grupos involucrados en un con-
flicto.
2186.
La Convención de Naciones Unidas de 1984 contra la tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, establece que “se en-
tenderá por tortura todo acto por el cual se inflijan a una persona dolores o su-
frimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de
un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya co-
metido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa perso-
na o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación,
cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario públi-
co u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con
su consentimiento o aquiescencia”. Esta definición ha alcanzado el valor de
derecho consuetudinario debido a que los derechos protegidos son funda-
mentales. El Artículo 2 de esta Convención dispone que “en ningún caso
podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como el estado de guerra o
amenaza de guerra, la inestabilidad política interna o cualquier otra circuns-
tancia como justificación del delito de tortura”.
2187.
En el mismo sentido se pronuncia la Convención Interamericana
de 1987, para prevenir y sancionar la tortura, al señalar que no se invoca-
rá ni admitirá como justificación del delito de tortura, la existencia de cir-
cunstancias tales como estado de guerra, amenaza de guerra, estado de si-
tio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garan-
tías constitucionales, la inestabilidad política interna u otras emergencias o
calamidades públicas. La Convención extiende el concepto de tortura, no
sólo a aquellos casos donde la víctima es sometida a un sufrimiento físico
o mental, sino también a procedimientos que tienden a anular la persona-
lidad de la víctima. Al efecto, dispone que “se entenderá también como tor-
tura, la aplicación sobre una persona de métodos tendentes a anular la perso-
nalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aun cuan-
do no causen dolor físico o angustia psíquica”. En esta categoría se deben con-
siderar los métodos de desorientación personal, el uso de psicofármacos o
drogas y los procedimientos de control mental.
2188.
El Artículo 3 de la Convención Interamericana determina que “se-
rán responsables del delito de tortura los empleados o funcionarios públicos que
actuando con ese carácter, ordenen, instiguen, o induzcan a su comisión, lo co-
metan directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan. Las personas que,
a instigación de los funcionarios o empleados públicos, ordenen, instiguen o in-
duzcan a su comisión o lo cometan directamente o sean cómplices”.
460
2189.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artí-
culo 27, prescribe que la integridad personal constituye un derecho que no
puede ser suprimido ni restringido en ninguna circunstancia. En el mismo
sentido se pronuncia el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos, al disponer en su Artículo 4 la inderogabilidad de la prohibición de
tortura y la protección de la integridad personal en toda circunstancia, in-
cluyendo las situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la
nación.
2190.
En el ámbito del derecho interno, las diversas constituciones gua-
temaltecas contienen y han contenido disposiciones que ratifican la pro-
tección a los derechos humanos básicos, entre los que se encuentra el de-
recho a la integridad física y psíquica.
2191.
La Constitución de 1965, que entró en vigor en mayo de 1966 y
rigió hasta 1982, contenía un capítulo denominado Garantías y derechos
individuales. En el Artículo 43 del Título II, establecía: “En Guatemala to-
dos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El Estado ga-
rantiza como derechos inherentes a la persona humana: la vida, la integridad
corporal, la dignidad, la seguridad personal y la de sus bienes ... Se prohibe
cualquier discriminación por motivo de raza, color, sexo, religión, nacimiento,
posición económica o social u opiniones políticas”.
2192.
El Estatuto Fundamental de abril de 1982, que tuvo categoría de
Ley Superior, señaló que Guatemala, como integrante de la comunidad in-
ternacional, cumpliría fielmente sus obligaciones internacionales, ajustán-
dose en sus relaciones con los demás Estados a las normas de este estatuto,
a los tratados internacionales y a las normas de derecho internacional acep-
tadas por Guatemala.
2193.
El Estatuto Fundamental tuvo vigencia hasta 1985, cuando se pro-
mulgó una nueva Constitución, que en el Artículo 3 establece que “el Es-
tado garantiza y protege la vida humana ... así como la integridad y la segu-
ridad de la persona”, y el Artículo 4 señala que “ninguna persona puede ser
sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad”.
Datos de casos de tortura recibidos por la CEH
2194.
La CEH registró un total de 11,598 víctimas de tortura. De ese to-
tal, el 54% de las víctimas sobrevivieron. El 46% de las víctimas de tortu-
ra fueron también víctimas de ejecución arbitraria. Es posible además pre-
sumir que debido a la frecuencia de la práctica de la tortura en Guatema-
la, ésta se hizo presente en muchos casos de desaparición forzada que, de
ser esclarecidos, incrementarían el número de personas torturadas. Las ci-
fras recogidas por la CEH no reflejan la totalidad de las torturas cometidas
durante el enfrentamiento armado. Sin embargo los casos recibidos permi-
ten ilustrar las características de esta violación.
461
2195.
De lo expuesto puede colegirse que muchas de las víctimas de la
tortura fueron desaparecidas o asesinadas mientras estaban en poder de sus
captores. Así lo confirma un ex especialista del Ejército:
“Porque a la población civil que han capturado por equis razón ...
luego la desaparecen, no los dejan vivos, porque ahí prácticamente
ellos no pueden sacar mayor cosa, ellos no pueden sacar información
porque los capturados no tienen nada que ver; lo único que podrían
provocar es que el campesino, o qué sé yo, presente una denuncia de
lo que le pasó. Pues ellos lo que hacen es evitar eso, matar y desapa-
recer, eso y a saber quién fue...”
1254
Cronología y regionalización de las torturas
2196.
Durante el período que cubre el mandato de la CEH se puede ob-
servar que los años en que se produce el mayor número de casos de tortu-
ra corresponden al período entre 1979 y 1985, siendo 1982 el punto má-
ximo. (Véase G
RÁFICA
29)
2197.
Las cifras de las que dispone la CEH demuestran que la tortura fue
utilizada con mayor intensidad en los departamentos con alta población
maya. Quiché ocupa el primer lugar, le siguen otros departamentos como
Huehuetenango, Alta Verapaz, Baja Verapaz y Chimaltenango.
2198.
Existe, por lo expuesto, una correspondencia entre las principales
comunidades mayas perseguidas y las regiones o departamentos donde se
practicó con mayor frecuencia la tortura. Los departamentos o regiones
462
Años
QUICHÉ
HUEHUETENANGO
ALTA VERAPAZ
BAJA VERAPAZ
CHIMALTENANGO
No. de violaciones
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
0
50
100
150
200
250
GRÁFICA 29: Total de torturas por año, según departamento
(los 5 más frecuentes)
GUATEMALA (1962-1996)
1254 Testigo (ex especialista de la G-2 de la zona militar de San Marcos) CEH. (T. C. 31).
donde se perpetró la mayor parte de actos de tortura corresponden a los
lugares donde habitaban los grupos más castigados por la represión políti-
ca: los pueblos k´iche´, q´eqchí, mam, kaqchikel, achí e ixil. Además, es-
tos departamentos presentaban los más altos niveles de pobreza y subdesa-
rrollo a escala nacional.
Objetivos de la tortura
2199.
Desde una perspectiva general, la tortura tuvo como objetivo
prioritario la obtención de información. De modo adicional, fue utiliza-
da para castigar a la víctima y para generar el terror en la población, ga-
rantizar el inmovilismo social y desarticular cualquier forma de actividad
política.
1255
La tortura para obtener información
2200.
La tortura fue utilizada para obtener información y servir a los in-
tereses de los servicios de la Inteligencia militar y policial. Se pretendía co-
nocer detalladamente la conformación de grupos sociales como sindicatos,
partidos políticos, colectivos estudiantiles, universitarios, asociaciones
campesinas, cooperativas, comunidades étnicas, etc. Es decir, se pretendía
conocer con exactitud a cada persona y cada grupo dentro de la sociedad,
y sobre todo ubicar a sus líderes respecto al régimen establecido.
“Muchos líderes del CUC cayeron en esos meses ... Algunos fueron
simplemente asesinados por los militares (Benigno, Enrique); otros
fueron secuestrados por el Ejército y posiblemente todavía estén con vi-
da, como José, Guillermo, Oscar. Nosotros habíamos entrenado a es-
tos hombres y los habíamos conocido como líderes valientes. Algunos
de ellos solían ser catequistas o líderes de las comunidades de base. De
acuerdo a la información difundida por el EGP, tres líderes del CUC,
José, Guillermo y Oscar habían sido secuestrados y se encontraban
cautivos en la base militar de Mazatenango. Existían incluso algunos
rumores, que ellos habían sido vistos en vehículos abiertos con el Ejér-
cito o la Policía Judicial moviéndose a través de las ciudades apuntan-
do a otros miembros de la organización o para guiarlos a lugares es-
condidos...”
1256
463
1255 Véase los casos ilustrativos: Cl 1. Junio, 1981. Riberas del Río Usumacinta, El Petén; CI 11.
Enero, 1981. Santiago Atitlán; CI 13. Marzo 1980. Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla; CI
17. 1981 y 1983. Ixcán, Quiché; CI 22. Marzo, junio, 1983. Ciudad de Guatemala; CI 33. Ju-
lio, 1992. Ciudad de Guatemala; CI 37. 1981, 1983. Quiché; CI 42. 1992; CI 43. Diciembre,
1982. Santa Cruz del Quiché; CI 53. Mayo, 1982.San José Sinaché, Quiché; CI 54. Mayo,
1982. Chichicastenango, Quiché; CI 63. Septiembre, 1982. Tzisbaj, Huehuetenango; CI 64.
Octubre, 1982. Santa Ana Huista, Huehuetenango; CI 98. Julio, 1981.Quetzaltenango; CI 99.
Enero, 1971. San Vicente Pacaya, Escuintla.
1256 Testimonio de un sacerdote belga torturado en la base militar de Mazatenango, 31 de diciem-
bre 1981.
2201.
El testimonio que sigue señala que la víctima fue torturada du-
rante varios meses en una cárcel clandestina del Departamento de Inves-
tigaciones Técnicas (DIT) que estaba bajo control de la G-2 en la ciu-
dad capital, y fue conducida después de manera forzada a la USAC con
el objeto de que identificara a supuestos militantes de las organizaciones
guerrilleras:
“Ya de ahí me empezaron a sacar a lugares. Por ejemplo, me llevaron
a la Universidad; eran muchachos (los de la G-2) que parecían uni-
versitarios porque en ningún momento se comportaban como si fue-
ran judiciales, ahí pasábamos horas y horas y ellos me decían: ‘cuan-
do mirés un universitario de los que han participado en manifestacio-
nes lo tenés que señalar’. Por suerte jamás vi a alguien conocido. No
por miedo de que yo fuera a denunciarlo, sino que me vieran y me ha-
blaran o algo. Era el tormento que yo vivía siempre, que alguno de los
chavos que yo conocía de la universidad me viera y me hablara”.
1257
La tortura como intimidación a la población
2202.
La tortura también fue utilizada con fines de intimidación o coac-
ción. Además de los maltratos físicos o psicológicos que incluso llegaron a
ocasionar la muerte a varias personas, la tortura pretendía imponer un
mensaje de terror en la población. Se realizaban ejecuciones ejemplares y
se arrojaban cadáveres en las calles o las plazas, para que todos vieran lo que
le sucedía a los guerrilleros.
“El 14 de julio de 1980, a las 8 de la noche, cinco G-2, el terrate-
niente ... y un colaborador del Ejército llegaron a la casa del señor
Emilio Pop Rax, presidente del comité de tierra de la finca Sepomac
y lo sacaron por la fuerza de su casa. Lo torturaron en la finca Sepo-
mac ... Lo amarraron a un palo y lo decapitaron y luego mostraron el
cadáver a los trabajadores de la finca para enseñarles cómo les iba a
las personas que se metían a la guerrilla”.
1258
2203.
El sector sindical fue perseguido con la máxima intensidad. La
tortura y persecución sistemática contra los líderes y los miembros de es-
te movimiento logró la desarticulación de la mayor parte de las centrales
de trabajadores como FASGUA, CNUS, CNT, entre otras. Sus líderes
fueron torturados, asesinados u obligados a abandonar toda actividad
464
1257 Testigo CEH. (T.C. 800).
1258 C 9134. Julio, 1980. Cahabón, Alta Verapaz.
sindical o marchar al exilio. Así lo explica una víctima de tortura que fue
asesor laboral:
“El 2 de febrero de 1984, [la víctima] tenía que encontrarse cami-
nando con otro sindicalista, a la altura de la 5ª avenida y 12 calle de
la zona 1. En el punto prefijado lo agarraron y lo metieron en una
panel blanca ... lo desnudaron completamente, lo encapucharon, lo
patearon y le cuestionaron. Le preguntaron por el estacionamiento de
su vehículo (un Carina rojo), para robarlo después, el carro nunca
volvió a aparecer. El pudo oír que se comunicaban por radio con otros
vehículos. Iban dos personas delante y tres en la parte trasera del mis-
mo. Lo llevaron a un cuartel donde lo tuvieron 17 o 18 días, sin que
cambiara de lugar. Sabe que era un cuartel porque oía los cantos de
los soldados mientras corrían, y que fue en la capital por la distancia
pequeña que recorrió. Era una casa dentro de un cuartel. Recuerda
una pila en el centro del patio, alrededor del mismo corredor rodeado
de cuartos. Uno de ellos era la sala de tortura, siempre había luz eléc-
trica encendida. Allí lo mantuvieron desnudo y le aplicaron choques
eléctricos...”
1259
2204.
Lo trascendental en este caso, como en otros, es que “desde enton-
ces él no tuvo más contacto con antiguos compañeros de la CNT y abandonó
su actividad de asesoría sindical”.
1260
Es decir, el objetivo fue alcanzado ple-
namente: intimidar a la víctima para obligarla a desistir de sus actividades
laborales o políticas.
La tortura como instrumento de reeducación ideológica
2205.
Algunas personas privadas de la libertad de modo arbitrario, luego
de ser torturadas eran sometidas a un proceso de reeducación ideológica.
Este proceso de trastorno de la personalidad se presentó en dos planos: en
el plano individual los miembros de las organizaciones populares o guerri-
lleras eran sometidos a un proceso de reeducación para que colaboraran
con la Institución Armada; en el plano comunitario, y marcadamente en
las regiones indígenas, las comunidades enteras eran sometidas a un plan
de reeducación que imponía el Ejército en las aldeas modelo, en los polos
de desarrollo y en las PAC.
2206.
Los torturadores sabían que la tortura podía anular la voluntad y
transformar la personalidad de la víctima. Las informaciones que poseía el
torturado, en muchas oportunidades podían ser obtenidas con relativa fa-
465
1259 C 322. Febrero, 1984. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
1260 Ibid.
cilidad recurriendo a otras fuentes y aunque lograran conseguir informa-
ción de la víctima, no era habitual que la tortura cesara. Sólo cuando la víc-
tima podía ser descrita como “muerto vivo” los torturadores consideraban
alcanzado su objetivo.
La reeducación en el plano individual
2207.
El Ejército concebía la reeducación de la personalidad como una
especie de “recuperación”. Así lo explicaba un mayor de la G-2, cuando se
encontraba interrogando al comandante Everardo
1261
del Frente Luis Ixma-
tá de la ORPA:
“Nosotros no pretendemos hacer daño a la gente de la población que
tú conocés. Ahí tenés tu lista, queremos ‘recuperarlos’ porque por cul-
pa del comandante Isaías y de tu cabeza se echó a perder esa gente,
se están tirando como en un vicio o en la perdición, recuperémoslos,
esa gente ahora está enferma, lo que vamos a hacer es tratar de cu-
rarlos...”
1262
2208.
Los primeros casos conocidos por la aplicación de esa nueva técni-
ca fueron los del padre Pellecer Faena y de Emeterio Toj Medrano.
1263
Am-
bos fueron sometidos a intensos interrogatorios bajo tortura, a procesos de
desorientación sensorial y a métodos que llevaban hacia la reducción de la
personalidad. Ambos aparecieron más tarde ante la prensa llamando a sus
antiguos correligionarios a desistir de las luchas políticas. La tortura para
transformar la personalidad era un proceso lento y penoso para la víctima,
como lo demuestra el caso de Salvador:
“[Fue] detenido en el mercado de Pochuta por tres soldados que lo
acusaron de guerrillero. Lo llevaron al destacamento de esa población
a las 12:00 del día. Fue sometido a un severo interrogatorio: se le col-
gó de los tobillos, se le aplicaron electrodos en el ano, se le suspendió de
las muñecas y tobillos de tal manera que fuese más fácil patearle los
testículos cuando estaba a punto de perder la conciencia, una y otra
vez; se le introdujo en una pila de agua friísima. No durmió duran-
te una semana entera porque lo despertaban con agua o disparando
armas muy cerca de sus oídos. No comió; para mantenerlo vivo le da-
ban agua mezclada con harina de sabor desagradable”.
466
1261 CI 81, 1992. San Marcos, San Marcos.
1262 Testigo CEH. (T.C. 31).
1263 CI 98, Julio 1981, Quetzaltenango, Quetzaltenango.
“A los siete días de estar ilegalmente detenido, como a la una de la ma-
drugada, fue sacado del destacamento y llevado al cuartel general de
la zona militar, en Mazatenango. Fue introducido en un retrete nau-
seabundo. Allí permaneció atado recibiendo orina de los soldados,
quienes además le introducían en la boca los papeles con los que se ha-
bían limpiado el ano. Los jefes castrenses le hicieron una proposición:
si cooperaba le darían comida, vestido, botas y un salario. Si rehusa-
ba le torturarían lentamente hasta morir. No tuvo más remedio que
aceptar. Lo trasladaron a una bartolina estrechísima, húmeda, malo-
liente; pero le quitaron las ataduras de pies y manos. En esa bartoli-
na habían restos humanos, un cadáver en estado de putrefacción. Ha-
bía otros huesos y restos de pantalones y camisas”.
“Una vez a la semana le ponían uniforme militar y un pasamonta-
ñas, aunque por debajo llevaba los ojos vendados. Al llegar a los luga-
res se le obligaba a señalar los campamentos guerrilleros. En una oca-
sión encontró un campamento guerrillero y se dio un combate entre las
tropas. Tres días después de esta ación militar, por la noche, fueron in-
gresados varios hombres civiles e indígenas, se les veía heridos o tortu-
rados. En la madrugada se oían gritos terribles. Desde su cuarto pre-
senció aterrorizado el despedazamiento de varios detenidos, a filo de
machete. Pasaron varios meses. Quería suicidarse, pero no encontraba
el arma ni la oportunidad para hacerlo. La soldadesca más agresiva
ya no lo molestaba tanto. Un soldado amigo ofreció ir a casa de su mu-
jer y contarle dónde y cómo estaba. Así lo hizo. Su esposa llegó al cuar-
tel y a gritos denunció la desaparición de su esposo. Exigió pública-
mente su liberación y el cese del acoso a su familia. Los soldados la
echaron por la fuerza del lugar. Era finales de agosto. La esposa regre-
só a Mazatenango dos veces más. Finalmente, llegó una tercera vez, en
esta pudo hablar con Salvador por algo más de diez minutos. Los pa-
dres de la víctima fueron a Tolimán y solicitaron hablar con un coro-
nel amigo de la familia, le pidieron su intervención para liberarlo.
Justamente tres meses después de haber sido detenido fue liberado”.
1264
2209.
En el caso de Salvador, el procedimiento de “recuperación” se inte-
rrumpió providencialmente. En otros casos, se prolongaba durante varios
meses de intensa tortura a cargo de un oficial G-2, para luego modificar la
técnica y entregar a la víctima a un nuevo oficial que lo trataba con huma-
nidad. La dependencia emocional que se generaba hacia el torturador
“bueno”, lo hacía “voltearse” a trabajar con el Ejército y cooperar.
467
1264 C 4212. Julio, 1988. Pochuta, Chimaltenango.
“Ya a partir de los seis meses en adelante empieza a cambiar un poco
más la situación ... llega otro oficial a traerme ... lo primero que me
dijo fue que cuántos días tenía de estar capturado, ‘aproximadamen-
te seis meses’, le dije, y se presentó... [como] el nuevo jefe de la G-2 y
que con él iba yo a trabajar y me trajeron a la zona militar [de San
Marcos] ... A partir de ese cambio de oficial me sacaron a hacer ejer-
cicio en los campos, ‘no muchá pero qué está pasando con este joven,
sáquenlo a hacer ejercicio’ ... yo pensaba, ‘a ver cuándo me iban a ma-
tar’ ... ya cuando llegó ... cambió un poquito, como unos cinco días
después de que hice ese ejercicio y tomé el color normal nos llevaron a
tomar unas fotos ... con Karina y Augusto, así, una sonrisa y todo ...
éramos como niños: si nos decían hagan caras, hacíamos caras, nos to-
mamos varias fotos y esas fotos las utilizaban para hacer propaganda,
donde aparecíamos los tres abrazados con una así ... alegres todos ha-
ciendo una llamada a los demás combatientes para que se entregaran,
que el Ejército lo esperaba, que nosotros nos habíamos entregado vo-
luntariamente y que no pasaba nada ... incluso se indicaba que
habría vacaciones, que estábamos ganando bien ... lo que hicieron con
esa propaganda fue ir a tirarla alrededor de la montaña, y sí, algunos
la encontraron pues, y sí, algunos pensaron que si nosotros nos entre-
gamos y otros quién sabe? Conocemos al Ejército...”
1265
2210.
El principal objetivo de la “recuperación” era mostrar la imagen de
un hombre o mujer de fuertes convicciones políticas reducido o quebran-
tado por completo, lo cual era profundamente desmoralizante y difundía
un mensaje de terror entre sus compañeros. Por eso los militantes de or-
ganizaciones que habían sido capturados eran torturados y manipulados
para ir a convencer directamente a otros militantes y hacerlos desistir de
la lucha.
Una mujer detenida fue torturada y violada a lo largo de tres meses de
forma reiterada, hasta que le ofrecieron trabajar para el Ejército, “acepté por
mi vida”. La mandaron a recibir cursillos y luego comenzó a trabajar en
concienciación. Iba a las comunidades y hablaba a través de un alto par-
lante leyendo un discurso que le daban escrito en el Ejército. Muchas per-
sonas llegaron al destacamento y se entregaron.
1266
2211.
Algunos detenidos a los cuales se les torturó para trabajar en favor
del Ejército fueron forzados a permanecer dentro de las bases del Ejército.
La Institución Armada temía que estos ex guerrilleros, “especialistas” de la
468
1265 Testigo CEH. (T.C. 31).
1266 C 917. Febrero, 1983. Nebaj, Quiché.
G-2, pudieran divulgar información secreta sobre las actividades ilegales,
las torturas, asesinatos, secuestros y demás hechos delictivos que los servi-
cios de Inteligencia militar desarrollaron en los años del enfrentamiento.
Un documento desclasificado así lo afirma sin que la CEH haya podido fi-
jar con carácter definitivo los números señalados:
“[A] mediados de mayo de 1993 altos oficiales militares guatemalte-
cos indican que el Ejército mantiene a miembros de la URNG en cár-
celes clandestinas ... Ellos además señalan que existen entre 340 y 360
antiguos miembros de la URNG bajo control militar”.
1267
La reeducación ideológica de las comunidades
2212.
El aumento de la práctica de la tortura entre 1981 y 1984 respon-
de a las campañas de contrainsurgencia del Ejército. El propósito general
del plan de campaña Victoria 82 fue el de “defender a la población, recupe-
rar a aquellos miembros de las Fuerzas Irregulares Locales (FIL) que sea posi-
ble y a la vez eliminar a los subversivos que no quieran deponer las armas y
aniquilar a los Comités Clandestinos Locales (CCL) y a las Unidades Milita-
res Permanentes (UMP) del enemigo”.
1268
2213.
Para cumplir este objetivo contrainsurgente, el Ejército utilizó la
tortura tanto para obtener información y desarticular las organizaciones
sociales como para controlar a la población, imponiendo su sometimien-
to a regímenes de vida completamente subordinados a las necesidades mi-
litares, como fueron las aldeas modelos y los polos de desarrollo. La tor-
tura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes se emplearon entonces
como un mecanismo disciplinario para ajustar a la población a sus nue-
vas funciones.
“A los patrulleros de la comunidad ... los tiraban en pozos con agua,
por uno, dos, tres días para que cumplieran el servicio y los sacaban
otra vez. Los campesinos debían pedir permiso al Ejército para poder
trasladarse a trabajar a la Costa Sur. Si las personas no regresaban en
el plazo estipulado, las castigaban los del destacamento militar de
Tzalbal. También si iban de compras debían llegar en tiempo, si no
llegaban a la hora en punto entonces los castigaba: ‘Si no vienen a la
hora en punto pues castigo’. Y nos vamos a hacer compras y regresamos
otra vez para entregar nuestros tikets, ‘aquí, ya venimos’. ‘Haber su ti-
ket’, chequea en el cuaderno que estamos presentes. Si no estamos
469
1267 Traducción de un documento desclasificado de los EEUU HR/9.26, noviembre de 1994.
1268 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, numeral 1, literal C, anexo H.
cuando llega la hora, para eso está el hoyo, o a traer leña, eso es el tra-
bajo, o a lavar la ropa”.
1269
2214.
La reeducación comenzaba muchas veces con un acto de tortura
pública frente a toda la comunidad, con la intención de que sirviera de es-
carmiento a los demás habitantes y cumplir los objetivos de las operacio-
nes psicológicas.
“Llegó el Ejército a la aldea, a buscar a 24 personas sospechosas de ser
organizadoras de la guerrilla. Dijeron que si estas personas no se pre-
sentaban voluntariamente, masacrarían a toda la aldea. Detuvieron
a 16 personas, las desnudaron completamente y les pusieron capas y
las llevaron descalzas con rumbo a San Miguel Acatán. Llegaron a un
lugar que se llama Nubilá. Allí las sometieron a las capuchas de ga-
mezán,
1270
los obligaron a cavar su propia fosa y al terminar los fusi-
laron. Fueron enterrados en la fosa que habían cavado”.
1271
“Este hombre había sido guerrillero, pero después se presentó a la zo-
na 302 y empezó a denunciar gente. Llegó con la cara tapada pero lo
reconocieron por la voz. Comenzó a señalar a los hombres. Entonces
encerraron a estos hombres en la cocina de la iglesia, les quemaron los
pies y la espalda. Los colgaron boca abajo, de los horcones, y gritaban
‘usted es guerrillero’, cortaban el lazo y los dejaban caer. A otros los col-
gaban de los brazos. Así los torturaron toda la noche en presencia de
todos los hombres de la comunidad. Al día siguiente estos hombres fue-
ron amarrados a un poste y fusilados delante de los demás. Obligaron
a los patrulleros a enterrarlos. El oficial les advirtió a los sobrevivien-
tes ‘que no les pongan cruz, que no los entierren’, porque estos cabro-
nes no lo merecen”.
1272
Los métodos de tortura
2215.
Los métodos de tortura utilizados en Guatemala pueden ser clasi-
ficados en físicos y psicológicos. La tortura se aplicaba obedeciendo dife-
rentes pasos. Luego de la detención
1273
se continuaba con el “ablandamien-
to” de la personalidad, para que en la etapa siguiente fuera interrogada
aplicándole distintas técnicas. Posteriormente las víctimas eran general-
mente ejecutadas o convertidas en colaboradoras del Ejército.
470
1269 Entrevista a una comunidad de Nebaj, Quiché, 1983.
1270 Marca comercial de un insecticida.
1271 C 6009. Junio, 1982. San Miguel Acatán, Huehuetenango.
1272 C 262. Octubre, 1982. San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.
1273 El análisis de esta violación es tema de otro apartado.
2216.
En algunas ocasiones la tortura concluyó con la liberación de las
víctimas. En otros casos se obligaba a los prisioneros a firmar documentos
en donde declaraban que no habían sido torturadas o prestaban confesio-
nes judiciales en las que admitían haber perpetrado algún delito. Se les
amenazaba para que no interpusieran ninguna acción judicial, o se les con-
minaba a abandonar el país.
2217.
Para extraer efectividad del “ablandamiento” se conducía a la vícti-
ma a una situación de total aislamiento e indefensión. Eran trasladadas a
un destacamento o cuartel militar u otro centro de interrogatorio, que po-
día ser una casa de seguridad de miembros del Ejército o de sus colabora-
dores confidenciales, comisionados o patrulleros civiles. El clima humano
de total impotencia en que se doblegaba a las víctimas es expresada por es-
te sobreviviente:
“Yo empezaba a pensar una cosa: ‘Ahorita, ¿qué hago para que me
mate, qué hago?’, pero en la tarde ya cambié de idea, no. Yo hago es-
to día y noche, uno va pensando, porque acuérdese que uno no está
como un preso así público de que se abre un juicio, o de que digan
aquí tenemos capturado a un guerrillero. Ahí lo tienen oculto pues,
ahí podían hacer lo que se les daba la gana...”
1274
2218.
Otro detenido señala que eran tantos los sufrimientos que deseaba
morir, pero sus torturadores no lo dejaban:
“Yo lo que quiero es que se sepa la historia de los sufrimientos que la
gente inocente sufrió en manos del Ejército en ese destacamento [Pla-
ya Grande]. El considera que muchos [detenidos] querían morir por
tanto sufrimiento, pero no los dejaban. Si alguien se ponía muy mal,
lo curaban y volvían a torturarlo”.
1275
2219.
La negación sistemática de información a los familiares o personas
que reclamaban por la detención arbitraria, mantenía el aislamiento y la
indefensión de las víctimas. Los torturadores, militares en la mayoría de los
casos, amenazaban con hacerles correr la misma suerte. Por ejemplo, en el
cuartel de Playa Grande un soldado le dijo a un grupo de mujeres que re-
clamaban a sus esposos e hijos, “que si no se marchaban las iba a amontonar
[asesinar] en la calle”.
1276
471
1274 Testigo CEH. (T.C. 31).
1275 C 11620. Diciembre, 1981. Ixcán, Quiché.
1276 C 11351. Enero, 1982. Ixcán, Quiché.
2220.
El ánimo de obtener ganancias ilícitas derivadas de robos a las víc-
timas, realizar venganzas personales, extorsionar a los miembros de la co-
munidad o cometer abiertamente otros actos delictivos llevaba a denun-
ciar a las personas como guerrilleros y a torturarlas. El poder que se con-
firió a los comisionados militares, “orejas” o confidenciales, los especialis-
tas de la G-2, los patrulleros civiles y, sobre todo, a los oficiales G-2 era
una fuente constante de abusos contra la población, indefensa frente a es-
tas autoridades.
“Oscar y José [especialistas G-2] procedieron a revisarme exhaustiva-
mente para encontrar el dinero o los anillos que habían visto anterior-
mente. Oscar sabía que yo tenía un anillo, él ya me había arrancado
mi reloj y me había intentado quitar el anillo. No salía, así que al-
guien se ofreció a traer un cuchillo para cortarme el dedo. Afortuna-
damente, Oscar fue a traer un poco de jabón y tras media hora de du-
ros esfuerzos logró sacar el anillo”.
1277
El “ablandamiento”
2221.
El “ablandamiento” consistía en algunos días de violencia brutal y
sistemática, durante los cuales las víctimas se veían forzadas a pasar mu-
chos horas encapuchadas o de pie. A menudo varios detenidos que res-
pondían a estas características fueron sometidos a golpes o puntapiés. Du-
rante varias jornadas no se les permitía dormir, no se les daba nada de co-
mer o beber, y debían hacer sus necesidades fisiológicas en la ropa que lle-
vaban puesta. En otras ocasiones, a las víctimas se les obligaba a comer sus
propios excrementos o los excrementos de los soldados, y a tomar orines.
También se conocen casos en que se les proporcionaban bebidas con psi-
cofármacos.
2222.
El propósito consistía en humillar a la víctima, agotarla física y psi-
cológicamente, de modo que cuando llegara el trance del interrogatorio, su
personalidad estuviera completamente anulada y se facilitara la tarea del
torturador. La víctima quedaba desorientada sensorialmente por comple-
to, sin noción de tiempo y de espacio.
2223.
Los centros de interrogatorio de las unidades militares contaban
con instalaciones preparadas especialmente para cumplir estos fines. Eran
calabozos, pozos con agua, retretes, fosas con cadáveres. La sola permanen-
cia en estos recintos suponía una tortura permanente y agotadora que po-
día volver demente a la víctima. En la base militar de Playa Grande:
472
1277 Testimonio del padre P. Schilderman, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, 1 de enero de
1982.
“Había celdas especiales construidas totalmente de lámina, que eran
sumamente calurosas en el verano, y en el invierno se llenaban de
agua. También había hoyos y piletas cubiertas con láminas, en in-
vierno se llenaban de agua. Los detenidos defecaban en este lugar,
por lo que había un hedor permanente en el ambiente”.
1278
Otro detenido cuenta cómo fue la detención y describe el proce-
so de “ablandamiento”: “[Yo] me encontraba en mi casa cuando lle-
gó un grupo de hombres que se cubrían la cara con gorros pasamon-
tañas, golpearon las puertas de mi casa y maltrataron a mis niños,
me quemaron los pies y pusieron en un rincón a mi esposa, luego a
mí me golpearon, me tiraron al suelo, me vendaron los ojos y me en-
cadenaron de pies y manos ... En el destacamento me metieron en un
hoyo. Allí me estuvieron acusando de guerrillero. Ahí les decían a to-
dos los que estaban detenidos ‘reconozcan a sus tatas guerrilleros’.
Querían que les dijéramos dónde vivían los guerrilleros que conocía-
mos; yo me puse serio y fuerte, en ningún momento perdí la esperan-
za de salir libre, hasta me puse contento y les decía a mis compañe-
ros que se pusieran contentos para que no nos mataran, claro que yo
tenía miedo, esa mañana me fueron a traer al hoyo donde me tenían
y me llevaron al cuarto oscuro que estaba hecho de madera y de lá-
minas viejas, me comenzaron a torturar, me pusieron electricidad en
los pies, me puyaban el estómago y la espalda, algunos estaban fu-
mando y apagaban sus cigarros en mi cuerpo, yo no decía nada, al
contrario, yo les mentaba la madre y metieron mi cara dentro de un
saco de cal, me volvieron a llevar a la fosa, pero esta vez estaba llena
de mierda, y a cada media hora llegaban al hoyo, nos sacaban y nos
interrogaban y nos decían: ‘Hijo de la gran puta, decime donde es-
tán tus padres guerrilleros’. En ese hoyo me tuvieron tres días, me qui-
taron el agua y la comida”.
1279
2224.
Las fosas donde tiraban los cadáveres, en las unidades militares,
también se empleaban como lugares de detención, para mortificar a los de-
tenidos, torturándolos con el espectáculo de los restos de las personas que
con anterioridad habían sido ejecutadas en las bases militares. Esta fue la
experiencia de Juan, secuestrado por soldados del destacamento militar de
El Chal, Santa Ana, Petén.
473
1278 CI 17. 1981-1982. Cantabal, Quiché.
1279 C 7218. Diciembre, 1981. Tejutla, San Marcos.
“Encerrado en un casa oscura donde había más gente, sin darles de co-
mer, ni beber, donde incluso había cadáveres ya engusanados de gen-
te que mataban y ahí la dejaban”.
1280
Igual experiencia vivió otro testigo en la base militar de Huehue-
tenango:
“Fue sacado, por la noche de su casa, en San Antonio Huista, y lleva-
do a la zona militar de Huehuetenango. Lo tenían en un cuarto de
tres varas cuadradas, el cual era cuidado en todo momento por tres sol-
dados. En ese cuarto lo tuvieron amarrado, boca abajo. No le daban
comida y sólo un poco de agua. Estaba descalzo y semidesnudo. Le
amarraron las manos con mucha fuerza, por lo que se le hincharon
las manos y los brazos, lo que le provocaba dolor y sensación de ador-
mecimiento en las manos. Fue golpeado y sometido a muchas tortu-
ras. En la celda estaban los restos del pantalón y la camisa llenos de
sangre del señor Guillermo Camposeco, quien también fue secuestra-
do en San Antonio Huista”.
1281
2225.
Al encierro en fosos o cuevas de los torturados, se sumaba la priva-
ción de sueño y de alimentos:
“Llegamos a un destacamento... en la aldea Las Marimbas, y allí nos
metieron ... ahí tenían como una cueva, un hoyo, así para abajo en
la tierra, y la entrada era como de este ancho, me metieron y ahí me
dejaron en la noche ... medio sentado, recostado, un poco sentado, así
de lado. Amanecí en la misma forma, bajo presión, amenaza de
muerte y de que me están presionando y que quieren información y
todo, ahí me tenían, no recuerdo cuántos días estuve encerrado, son
como cinco o seis días... Un soldado me dijo, ‘trate la manera de des-
cansar, duerma’. Sentí un alivio ... media hora después me vuelven a
despertar. ‘¿Qué estás haciendo?’, ‘Nada’. ‘¿Verdad que estabas dur-
miendo?, aquí nadie duerme’. Miraban que yo intentaba dormir y
llegaban, ya como dos, tres, cuatro días que por tensión, por los golpes,
no podía dormir, y al mismo tiempo estaba agotado, estaba cansado
pero no podía dormir; cuando ellos miraban que me empezaba a dor-
mir, me llegaban a patear, y decían, ‘aquí no se duerme’.
1282
474
1280 C 12148. Septiembre, 1982. Santa Ana, Petén.
1281 C 5228. Mayo, 1984. Huehuetenango, Huehuetenango.
1282 Testigo CEH. (T.C. 31).
2226.
La privación de sueño se lograba a través de simulacros de fusila-
miento de las víctimas. En la zona militar de Puerto Barrios, un grupo de
dirigentes sindicales fue torturado durante todo el día.
“Durante las noches eran sacados de sus celdas y enseguida les tiraban
disparos que resultaban no ser verdaderos; éstos simulacros de ejecucio-
nes eran realizados todas las noches e iban acompañados de interro-
gatorios sobre la actividad en la bananera”.
1283
2227.
Los métodos de “ablandamiento” iban acompañados invariable-
mente de privación de alimentos y bebidas; se humillaba al máximo a las
personas para “recuperarlas”.
“[Doce] días estuvimos amarrados bajo los palos en el cementerio, sin
comer. Preguntaron si queríamos café. ‘Sí’, dijimos nosotros. Estaba-
mos vendados, y empezaron a orinar en nuestras bocas”.
1284
“Cuando se ha aguantado el hambre muchos días, éste se quita ... pe-
ro duele el estómago y uno como que se embola ... La comida era así:
un tamalito en la mañana y chocolate con orines, en la tarde nos lle-
vaban una palanganita con popó y nos obligaban a comerlo, si no lo
comíamos nos lo tiraban a la cara”.
1285
2228.
Los soldados se burlaban de que los detenidos tenían que comer su
propios excrementos y orines.
1286
Otro testimonio confirma lo anterior:
“Cuando les ofrecían la comida, los soldados defecaban y era eso lo
que les ofrecían. Cuando pedían agua les daban orines”.
1287
La interrogación
2229.
En Guatemala se aplicaba a las víctimas de tortura distintos méto-
dos que mezclaban la tortura física con la tortura psicológica, acompaña-
dos de humillaciones y técnicas de desorientación sensorial.
475
1283 C 1224. Agosto, 1979. Puerto Barrios, Izabal.
1284 C 1093. Octubre, 1982. El Estor, Izabal.
1285 C 11185. Julio, 1982. Ixcán, Quiché.
1286 C 11247. 1980. Ixcán, Quiché.
1287 C 917. Febrero, 1983. Nebaj, Quiché.
La tortura física
2230.
Entre los métodos de tortura física empleados con frecuencia se
encontraban golpes sistemáticos, cortes y/o heridas, privación de sueños
y/o alimentos, torturar o matar a otros en su presencia, quemaduras,
suspensión y/o colgaduras, asfixias y/o inmersiones y otras como tortu-
ra sexual, tortura eléctrica, tortura farmacológica y tortura dental (Véa-
se G
RÁFICA
30).
GRÁFICA 30: Porcentaje de torturas según tipo de tortura
GUATEMALA (1962-1996)
2231.
Los golpes sistemáticos consistían en un tipo de tortura en que la
víctima recibía golpes inferidos en la plantilla de los pies con palos, cañas
o alambres. Otros tipos de golpes sistemáticos puede propinarse en ambos
oídos al mismo tiempo, en puntos de fracturas anteriores, puñetazos en el
vientre, etc.
“Me llevaron a un cuarto como oficina donde se encontraban otros
oficiales militares y ahí me empezaron a interrogar sobre informa-
ción, bajo golpes y todo, ahí me amarraron las dos manos contra la
pared, [me dijeron] que si yo daba información inmediata no me
matarían, pero así me seguían golpeando con un bloque de construc-
ción, aunque ya en ese momento, de tantas cosas o por el susto quizá,
ya no sentía yo los golpes, y llegó el otro que había participado en mi
captura ... que era el Jefe de la G-2 ... en San Marcos, junto con el
comisionado del municipio de San Pablo, llegaron y dijeron que yo
ni a lo bueno ni a lo malo estaba dando información y agarraron un
no sé qué es, tarro o bambú, lo que hicieron fue empezar a golpear
los dedos de mis pies, eso sí me acuerdo, me hicieron llorar. Me hicie-
4%
4%
6%
7%
9%
12%
17%
29%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Asfixia/inmersión
Suspensión/colgaduras
Quemaduras
Torturar/matar a otros en su presencia
Privación sueño/alimentos
Cortes/heridas
Otros
Golpes
Porcentaje
Tipo de tortura
476
ron gritar, no podía defenderme, ni correr porque estaba amarrado y
colgado contra la pared...”
1288
2232.
La tortura sexual consistía en violencia directa en los órganos geni-
tales, en la forma de violación sexual por animales, con botellas o porras,
y golpes o corriente eléctrica aplicada a los órganos genitales. Se aplicaba
tanto a hombres como a mujeres.
2233.
Según los testimonios recibidos por la CEH a las mujeres por lo
general se les interrogaba desnudas. La forma más común de violencia uti-
lizada contra las mujeres era la violación sexual. Incluso se llegó a practicar
de manera masiva, porque les causaba mucho dolor a las mujeres. Un
miembro de la G-2, al ser preguntado sobre qué les hacían a las mujeres,
contestó:
A las mujeres, [riendo] “¿Qué no les hacíamos? Los oficiales iban a
hacer sexo con ellas. Se les hacían torturas psicológicas, quemas de ci-
garros en los senos”.
1289
“Mire, cuando fueron a capturar a las comunidades, cuando no esta-
ba el esposo llevaban a las mujeres... definitivamente las violaron, el
Ejército las violó ... era chiste para todos, soldados y oficiales ...se bur-
laban, se reían porque violaban a las mujeres”.
1290
Una mujer que trabajó forzada para el Ejército, señaló: “Fui obli-
gada a ver cómo torturaban y mataban a la gente. Para que no me
reconocieran me ponían una capucha ... Tuve que ver cosas malas. Los
soldados siempre violaban a las mujeres, los de la G-2 sacaban a la
gente y la mataban”.
1291
2234.
Una consecuencia de las violaciones sexuales de las mujeres era la
difusión y el contagio de enfermedades venéreas:
“[La] violaron varios soldados ... allí los soldados son “shucos”.
1292
...Los
soldados de tropa salen con las mujeres de la calle y con muchas enfer-
medades venéreas, según dicen que un soldado tenía esa enfermedad y
se la pegó a la muchacha, tenía la pobrecita ... los soldados que no sa-
bían que ella estaba enferma hicieron uso de ella y los contagió”.
1293
477
1288 Testigo CEH. (T.C. 31). CI 81. Marzo, 1992. San Marcos.
1289 Testimonio de especialista G-2 de la zona militar de Santa Lucía Cotzumalguapa, Minugua.
1290 Testigo (ex dirigente del CUC) CEH. (T.C. 305).
1291 C 917. Febrero, 1983. Nebaj, Quiché.
1292 Descompuesto o sucio.
1293 Testigo CEH. (T.C. 184).
2235.
Las violaciones sexuales a hombres, a través de la introducción de
objetos, también fueron utilizadas como tortura.
“A los tres días de haber sido capturado por la G-2, su cuerpo apare-
ció en una playa entre los límites de Zacapa e Izabal. Apareció con
una nota que decía ‘nunca había conocido un hombre que de verdad
fue un hombre’. Su cuerpo tenía señales de cuchillo, muchas partes te-
nían marcas de quemaduras, le habían quitado la piel de sus pies, y
su cabeza estaba aplastada por una piedra. El médico que hizo la au-
topsia confirmó que fue agredido sexualmente”.
1294
2236.
Los choques eléctricos provocaban reacciones convulsivas en extre-
mo dolorosas. Los cables eléctricos se colocan en las zonas más sensibles del
cuerpo como son las orejas, la lengua, las encías, las yemas de los dedos, los
dedos de los pies, los órganos genitales y los pezones. Un ex soldado obser-
vó cómo torturaban con electricidad: “Un día llegó el capitán de la S-2, des-
de temprano estaba allí. El comandante del destacamento del Puente Xaclbal
era [un] mayor ... El capitán de la S-2 platicaba con la señora y el mayor. Co-
mo a las tres de la tarde la metieron en un cuarto ... y como había luz eléctrica
la desnudaron y comenzaron a ponerle cargas eléctricas, la señora gritaba. A las
siete de la noche la metieron en un jeep donde iba el mayor y el capitán S-2 y
la llevaron bajo el puente del río Xaclbal donde la mataron y tiraron al río”.
1295
2237.
También se aplicaron cables eléctricos en el ano o en los genitales
de los hombres:
“Me llevaron, me sacaron la camisa, me quitaron el pantalón y aga-
rraron el suéter de uno de los oficiales, me metieron la manga del sué-
ter en la boca y me agarraron ... ‘aquí nos va a decir la verdad’ ....
Cuando vi, agarraron un cable, lo metieron en el tomacorriente ya
que ahí hay un congelador y enfriador, me empezaron a poner toques
eléctricos con hielos y todo, yo no conocía lo que son toques eléctricos,
me sentía todo así, que no es igual que un golpe, me acuerdo que po-
co a poco iba muriendo. ‘Esto pasa por no decir la verdad ... por no
decir la verdad, esta es tu suerte ahora’. Y el otro decía, ‘súbele, súbe-
le más al alambre pues’. Y me pusieron los alambres en los testículos.
Yo me acuerdo que pegaba de gritos y el grito se oyó afuera y llegó el
coronel ... ‘ya, ya estuvo, porque todavía están las cocineras y ellas es-
cucharon...”
1296
478
1294 C 18316. Septiembre, 1987. Los Amates, Izabal.
1295 C 11451. Mayo, 1985. Ixcán, Quiché.
1296 Testigo CEH. (T.C. 31).
2238.
Una víctima torturada en la ciudad de Guatemala relata que lo lle-
varon a un cuartel militar donde lo tuvieron 17 o 18 días, sin alejarse de
la ciudad capital. Recuerda una pila en el centro del patio, alrededor del
mismo corredor rodeado de cuartos. Uno de ellos era la sala de tortura,
siempre había luz eléctrica encendida. Los tres primeros días fueron los
más duros. Primero, le tuvieron atado con lazo y después con esposas den-
tro de un baño. Los interrogatorios y torturas eran muy duros. El siempre
argumentó que únicamente era asesor sindical. Le pusieron una pieza de
cuero alrededor del cuerpo desnudo y le dieron toques eléctricos en una sa-
la donde había unas 30 personas que esperaban turno para la tortura. Los
toques eléctricos le alzaban del suelo todo el cuerpo. Se desmayó pero an-
tes pudo vislumbrar cómo alguien le ponía una inyección a la altura del
corazón para reanimarlo.
1297
2239.
Otra persona que fue torturada en la base militar de Playa Grande
indicó: “Me acostaron en una cama con alambres, encendieron una planta y
conectaron unos alambres, después sólo me retorcía del dolor”.
1298
2240.
La técnica de asfixia fue más empleada en los procedimientos de
interrogatorio, por la facilidad con que podía ser aplicada sobre la víctima.
La sofocación podía ser provocada a través de distintos métodos, como su-
mergir a una persona en agua, en excrementos u orines, o en otras ocasio-
nes a través del “garrote”, que consistía en aplicar a la víctima torniquetes
en el cuello. La más popular de todas las técnicas de asfixia era la capucha
de insecticida gamezán.
2241.
En junio de 1963 un estudiante de Derecho fue detenido por la
Policía Judicial al medio día en la 2ª calle, entre 3ª y 4ª avenidas de la zo-
na 2 de la ciudad capital. Estuvo en la penitenciaría. Cuando lo entrevis-
taron contó que le habían puesto la capucha de gamezán, que lo metieron
en la pila electrizada y que lo violaron; esto lo afectó mucho. “Debido a lo
que había sufrido se distanció y comenzó a beber licor”.
1299
2242.
Otra víctima fue detenida el 3 de febrero de 1983 en la calzada
Aguilar Batres, en la 21 calle de la zona 11 de la ciudad capital.
“Sus captores lo vendaron y lo llevaron al Departamento de Investi-
gaciones Técnicas (DIT) de la Policía Nacional, en donde lo encerra-
ron en el servicio sanitario, hasta que lo trasladaron a otro lado, po-
siblemente un centro de interrogatorio de prisioneros políticos del
Ejército. La operación fue dirigida por la G-2 y ejecutada por [un]
capitán. A las trece horas iniciaron el proceso de interrogatorio y tor-
479
1297 C 322. Febrero, 1984. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
1298 C 11185. Julio, 1982. Ixcán, Quiché.
1299 C 670. Junio, 1963. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
tura acusándolo de pertenecer al PGT. Los torturadores utilizaban
apodos como el Gato, el Macaco, el Marían, quienes trabajan ahora
como pilotos en la Policía Nacional. Las torturas acompañadas de in-
terrogatorio duraron desde el 3 de febrero hasta el 24 de abril del mis-
mo año. Los interrogadores eran militares. La primera semana le apli-
caron las siguientes torturas: lo asfixiaban con llantas, lo ahogaban en
un tonel de agua, lo colgaban de un lazo colocándole una venda y una
capucha con gamezán”.
1300
2243.
En otro testimonio, 16 personas fueron capturadas por una patru-
lla del Ejército y conducidas al destacamento militar en La Playa de El Es-
tor, Izabal.
“Llevaron a cuatro de ellos, que hablaban español, al cementerio de
El Estor. Allí tenían otro puesto para castigar gente. Después de unos
días llevaron a los demás al cementerio, donde todos fueron tortura-
dos e interrogados... Pusieron bolsas de cal a todos. Con patadas y pa-
los los estuvieron golpeando toda la noche...”
1301
En San Andrés Sajcabajá, “el Ejército convocó a una reunión para or-
ganizarlos a realizar patrullaje en la comunidad; tres horas después, se
encontró con los patrulleros de Chinique, los cuales sin motivo alguno
lo sujetaron, atándole las manos hacia atrás ... lo llevaron al destaca-
mento militar. ...Estando ya en ese lugar, empezaron a golpearlo y lo
interrogaban sobre sus compañeros, constantemente lo golpeaban en la
cabeza y en muchas ocasiones perdió el conocimiento ... lo amenaza-
ban con un puñal diciéndole que ... lo iban a degollar. Al no respon-
der, le colocaron un lazo en el cuello, lo colgaban, cuando veían que es-
taba a punto de morir lo bajaban, dándole tiempo para que se recupe-
rara ...Uno de los soldados le ofreció dinero con tal de que dijera quié-
nes eran los demás guerrilleros. El les manifestó que no podía respon-
derles en vista de que no sabía. Le colocaron una bolsa plástica en la
cabeza amarrándosela en el cuello con tal de asfixiarlo. Constantemen-
te cambiaban a la pareja de soldados que lo torturaban y cada quien
tenía su propio procedimiento de torturar. Llegó un momento en que
ya no soportaba, por lo que pidió a los soldados que lo mataran...”
1302
“Como a las diez de la mañana entra el Ejército a la casa de la vícti-
ma. Lo golpean, acusándolo de ser miembro de la guerrilla y con la
480
1300 C 390. Febrero, 1983. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
1301 C 1093. Octubre, 1982. El Estor, Izabal.
1302 C 2485. Marzo, 1983. San Andrés Sajcabajá, Quiché.
culata de sus armas le golpean el estómago. Le interrogan sobre nom-
bres de compañeros y dónde esconden sus armas. Al no responder le
aplican un torniquete en el cuello y lentamente lo aprietan; al ver que
se pone morado, lentamente se lo aflojan. Las torturas duran desde las
diez de la mañana hasta las seis o siete de la noche. Otro compañero
de la comunidad es igualmente secuestrado. La esposa es violada por
15 soldados en presencia del cónyuge, quien en ese momento es colga-
do de un árbol”.
1303
2244.
En las torturas se utilizó la técnica de quemaduras aplicando ci-
garrillos, leños encendidos o cualquier otro objeto que podía causar ar-
dor o quemar la piel de la víctima. Los torturadores combinaban esta téc-
nica con formas de tortura sexual, por lo que aplicaban los instrumentos
en los órganos sexuales de la víctima o en otros lugares especialmente
sensibles como la espalda, las plantas de los pies o el rostro. Algunos ca-
dáveres que eran botados en las vías presentaban generalmente señales de
tortura por quemadura: “Los ojos de Alberto estaban completamente defor-
mados, parecía como que le hubieran vertido agua caliente y sus párpados es-
taban muy quemados”.
1304
A finales de 1982, el Ejército capturó a Matías en su casa, junta-
mente con su esposa. A ella la obligaron a trabajar en la base mi-
litar y a Matías lo llevaron a las montañas de Petén, donde lo tu-
vieron cerca de dos meses. Le quemaron la planta de los pies con
cigarros, lo obligaron a caminar sobre espinas con los pies descal-
zos. Cuando el Ejército descubrió que era una persona fuerte, “lo
trabajaron para que colaborara con el Ejército”.
1305
“El comisionado ... denunció a la víctima, de San Pedro Necta, de
dar comida a la guerrilla. La denuncia era falsa, y el motivo verda-
dero fue que Gaspar se había negado a venderle fiado el maíz en una
oportunidad ...Cuando él llegó a su vivienda, ya varios patrulleros y
soldados estaban robándose las tejas y preparando el fuego. También
robaron unos 70 quintales de maíz y a él le quitaron 500 quetzales
que llevaba en la bolsa. Después lo estuvieron dorando en un palo co-
mo desde la una hasta las dos de la tarde”.
1306
481
1303 C 2502. Enero, 1982. Joyabaj, Quiché.
1304 C 7091. Abril, 1984. San Pablo, San Marcos.
1305 C 811. 1982. El Estor, Izabal.
1306 C 5296. Septiembre, 1982. San Pedro Necta, Huehuetenango.
2245.
En algunas bases militares funcionaban hornos donde quemaban a
las personas. Dice un testimonio relatado por un refugiado en México, so-
breviviente de una comunidad:
“[El] Ejército de Guatemala incursionó en el campamento de refugia-
dos de Santa Marta, en 1983. El Ejército logró capturar a tres refu-
giados y luego los llevó al destacamento en Ixquisís, San Mateo Ixta-
tán, Barillas. Allí los torturaron, los pusieron en un horno de carda-
momo, donde los quemaban cada día poco a poco (en fuego lento). Es-
to duró unos tres días. Las víctimas estaban en muy mala condición,
con muchas quemaduras. Al cuarto día obligaron al hijo a matar a
su propio padre con un machete. El hijo lo hizo para terminar con los
sufrimientos del padre. Después de esto, los soldados mataron al hijo
con sus armas de fuego”.
1307
2246.
El “colgar” a una persona era una técnica por medio de la cual se
enganchaba por lo alto a la víctima y se la mantenía suspendida por horas,
en una posición antinatural. Esto provocaba dolores intensos y permanen-
tes, impedía dormir, era un sufrimiento extremo que no requería ningún
esfuerzo por parte del ejecutor. Una persona torturada en la zona militar
de Santa Cruz de Quiché dice:
“...[Me] sacaron nuevamente y me regresaron al salón, a la galera y
me metieron a un cuarto al lado de éste, anexo al salón por una puer-
ta, ahí me metieron con los ojos vendados y me pusieron grilletes, uno
en cada mano y otro en los pies, y me pusieron en una litera doble,
ahí estuve tres meses ... Perdí la fecha. Estuve tres meses en ese cuarto,
donde mantienen a los secuestrados, a los prisioneros ... La forma de
castigo era estar colgado sobre el aire desde la misma cama, esa fue la
posición durante 30 o 40 días”.
1308
2247.
El castigo en mención era acompañado generalmente de golpes en
áreas como la zonas genitales, o el vientre, y era más doloroso en esas par-
tes del cuerpo, como lo evidencia el siguiente caso.
“Los delatores vestidos de civil gritaron entonces que los Ixbalán y los
Chiviliú (todos eran menores de edad, e incluso uno tenía 10 años)
eran guerrilleros ... los amarraron fuertemente y los llevaron con gol-
pes al destacamento militar de Panabaj. Los comenzaron a torturar
482
1307 C 6231. Julio, 1982. Barillas, Huehuetenango.
1308 CI 42. Marzo, 1992. Santa Cruz del Quiché, Quiché.
para que dijeran dónde se encontraba el campamento de la columna
guerrillera Javier Tambriz, siendo acusados ante los oficiales militares
... ambos paramilitares ... Ante la negativa fueron golpeados con sal-
vajismo, les ataron la muñecas y los tobillos; fueron colgados del techo
dejando el vientre descubierto y colgando como si fueran hamacas.
Fueron pateados toda esa tarde y la noche, en el abdomen y los órga-
nos genitales. Los torturadores se turnaban, tres a la vez, a los quince
minutos estaban bañados en sudor. A la mañana siguiente entró un
nuevo turno de torturadores. Tras varias horas de estar suspendidos y
golpeados los bajaron. En tono de burla les dijeron: ‘Pobrecitos, mu-
chá, Tienen frío. Pobrecitos’. Y burlándose más, dijeron: ‘Bueno, hue-
cos, traigan los ponchos para nuestros invitados porque tienen frío’.
Acto seguido entraron grandes troncos de árboles y juntándolos los pu-
sieron encima; sobre ellos tendieron unas colchonetas y sobre éstas se
tendieron varios soldados, debidamente abrigados. Así, tuvieron que
soportar a los soldados por varias horas”.
“José fue bajado dos veces al llamado ‘Paredón’, en donde lo ‘fusila-
ban’. Luego, entre insultos y preguntas, era retornado al sitio del su-
plicio físico. En el transcurso de la tortura, les vendaron los ojos y les
introdujeron sendos lienzos empapados en aceite y tierra, en la boca.
Al día siguiente llegó el teniente y dio la orden de bajarlos y desatar-
los y les dijo: ‘Ya vino su familia a buscarles, muchá. Y ya les dije que
a ustedes les secuestró la guerrilla y los torturó y que nosotros los resca-
tamos; así que coman lo que quieran. ¡Vengan a comer, muchá!’. Na-
die pudo comer, sus manos se encontraban extraordinariamente hin-
chadas y eran incapaces de sostener el tazón y, aunque fueron ayuda-
dos por los soldados, no pudieron tragar debido a que tenían cerrada
la tráquea de los golpes, la sangre y el dolor. No podían caminar, por
la tremenda inflamación de sus pies y el dolor insoportable de sus tes-
tículos”.
1309
2248.
El empleo de sustancias, drogas o medicamentos que producían
graves trastornos de la percepción o distorsión de la realidad fue otra téc-
nica de tortura. Algunas de estas drogas producían fuertes dolores internos
y otras producían un estado de semiinconsciencia, que volvía más fácil ob-
tener la cooperación de la víctima.
2249.
El uso de drogas sobre gran número de detenidos es confirmado
por el estudio del Centro de Información del Estado Mayor Conjunto de
los Estados Unidos en el cual se indica: “Efraín Bámaca Velázquez fue inte-
483
1309 C 4099. Agosto, 1987. Santiago Atitlán, Sololá.
rrogado durante su estancia en la zona militar número 18 (San Marcos) prin-
cipalmente por el G-3 de la zona ... y el G-2 ... Estos oficiales fueron asistidos
en los interrogatorios por dos doctores militares no identificados asignados a la
enfermería en el cuartel de la zona militar 18 ... relató que los doctores le pro-
veyeron de las drogas necesarias que eran usadas en los interrogatorios”.
1310
2250.
El uso de la tortura farmacológica en la Zona Militar de Huehue-
tenango también fue descrito por Emeterio Toj Medrano,
1311
Por su parte
un ex especialista del Ejército describió así este método.
“[Recién] Llegado, los altos militares de Huehuetenango que eran
médicos, por ejemplo, ... era coronel, médico y cirujano, este señor les
inyectaba no sé qué ácidos a la gente que llevaban, de los que supues-
tamente eran guerrilleros, al hospital; como él era el jefe del hospital,
no sé qué ácidos les inyectaba y los mataba. Luego decían, ‘no aguan-
tó la operación...”
1312
2251.
La mutilación de miembros, los dedos de los pies o de la mano, la
mano entera, o partes de la cara, o la lengua, era algo común a muchos tor-
turados. Sobre todo arrancar la lengua, los ojos, era una práctica común y
los cadáveres eran botados posteriormente en las calles o en las plazas para
infundir terror. La mutilación de los órganos sexuales de los hombres fue
aplicada sistemáticamente. Esto aconteció en la finca Chacayá, Santiago
Atitlán, a un grupo de campesinos.
“Las víctimas aparecieron al día siguiente botadas a lo largo del ca-
mino entre Godínez y Patzún, aproximadamente a 30 kilómetros de
los hechos. Las víctimas aparecieron con signos de tortura, les habían
arrancado pedazos de sus cuerpos ... También les habían quitado to-
da la piel de las plantas de sus pies y tenían heridas de machete en la
cabeza. A otro le habían cortado sus genitales y se los pusieron en la
bolsa de la camisa. A otro le quitaron los ojos y se los pusieron en la
bolsa. Al pastor le habían quitado toda la piel de su cara, fue pelada.
El acta de levantamiento del cadáver del señor José Chicajau, elabo-
rada por el juez de paz, señala que la víctima presentaba quemadu-
ras en el abdomen y en ambos pies, muchos golpes amoratados en dis-
tintas partes del cuerpo”.
1313
484
1310 Traducción del documento desclasificado de EEUU, DOD H.R 9./26. Caso Bámaca.
1311 CI 98. Julio, 1981. Quetzaltenango, Quetzaltenango.
1312 Testigo CEH. (T.C. 85).
1313 CI 11. Enero, 1981. Santiago Atitlán, Sololá.
2252.
Un grupo de mujeres que fueron torturadas en el cuartel de reser-
vas militares en Santa Cruz del Quiché, indicó:
“Las llevaron a una habitación chiquita, obscura, se sentía que había
más gente, sólo se quejaban. Poco a poco pudieron distinguir a varios
hombres que tenían cortados nariz, orejas, dedos...”
1314
2253.
En otro caso, a unas personas organizadas en el CUC, cerca de San
Juan Cotzal, las llevaron amarradas a la Finca San Francisco.
Allí concentraron a la población para que presenciaran la tortura.
“A Manuel ... le cortaron una oreja y le obligaron a comérsela delan-
te de toda la gente. Después de torturarlo y amputarle diferentes
miembros” se lo llevaron a un pinal camino a Cunén, a la salida de
la finca como a un kilómetro. “Allá lo terminaron de matar hacién-
dolo puros pedacitos, con machete”. Los restos quedaron en el lugar
sin enterrar.
1315
2254.
Arrancar las uñas fue otra tortura recurrente.
“[A] Juan Tomás, Matías Tomás y Manuel Tomás, los soldados saca-
ron un puñal, les sujetaron las manos y les empezaron a sacar una por
una las uñas. Los gritos de dolor eran muy fuertes. Les ordenaban a
las víctimas que confesaran su participación”.
1316
2255.
Otro tipo de tormento físico era la tortura dental, consistente en
extraer de forma brutal piezas dentales de la víctima:
“A Jesús le comenzaron a golpear en la boca hasta romperle los dien-
tes, luego se los sacaron con cuchillo y se los iban haciendo tragar, de
uno en uno, mientras lo interrogaban sobre los nombres de sus com-
pañeros guerrilleros. Finalmente el oficial, enojado porque no le decía
nada, le agarró la lengua y amenazó a Jesús con cortársela, mientras
volvía a ordenarle que dijera los nombres. Unos soldados sacaron un
palo donde tenían colgadas una fila completa de lenguas y le dijeron:
“La tuya será la próxima”. Golpearon fuertemente a Jesús y luego le
cortaron la lengua...”
1317
485
1314 C 16570. Diciembre, 1983. Santa Cruz del Quiché, Quiché.
1315 C 2608. Enero, 1981. San Juan Cotzal, Quiché.
1316 C 5549. Mayo, 1983. Concepción, Huehuetenango.
1317 C 5355. Septiembre, 1982. Jacaltenango, Huehuetenango.
La tortura psicológica
2256.
Aunque resulte difícil comprender el horror implícito en los méto-
dos empleados, la tortura psicológica destruye la personalidad de la vícti-
ma. Algunos de las técnicas aplicadas en este campo fueron las siguientes.
2257.
La privación, método que consiste en impedir a la víctima todo es-
tímulo sensorial, como el sonido y la luz, el sueño o todo contacto social.
A menudo se combinan ambos sistemas. La víctima puede ser incomuni-
cada en una celda que mide tan sólo 2 por 1,5 metros, sin luz o con luz
encendida constantemente. No tiene donde lavarse ni puede ir al baño,
por lo que no le queda otro recurso que hacer sus necesidades en la celda.
Pasa días sin dormir y se quiebra su resistencia; la falta de relación con el
resto del mundo le hace perder toda esperanza y le produce desesperación
y depresión; algunos llegan incluso a sufrir alucinaciones.
2258.
Cuando el Ejército tenía la intención de recuperar a una víctima
para obligarla a trabajar en favor de la causa militar, desarrollaba este mé-
todo; por ejemplo, una joven superviviente, objeto de múltiples ultrajes de
carácter sexual infligidos por efectivos de la G-2 y de las PAC fue someti-
da a este tipo de tortura, para después integrarla en Asuntos Civiles del
Ejército: la tuvieron tres meses sin ver la luz del día y la interrogaban cons-
tantemente.
1318
“Luego que me llevaron ahí, me entraron y no me detuvieron para
nada allí, me llevaron a un cuartito que estaba totalmente oscuro, es-
taba pintado de café o negro, yo no sé exactamente, pero en sus orillas
tenía manchas de sangre y una gota de agua que estuvo todo el tiem-
po ahí. Luego me quitaron toda mi ropa y me metieron en ese cuar-
tito, yo no sé cuanto tiempo me dejaron ahí...”
1319
2259.
Las víctimas repetidamente fueron amenazadas de que iban a ser
torturadas, ejecutadas o se les insinuaba que se iba a buscar a familiares o
amigos para torturarlos en su presencia. La angustia que producían estas
amenazas constituía una forma de tortura en sí misma.
“Entonces me amarraron de pies y manos con una terrible sentencia
oficial del Ejército: ‘si no decís la verdad, a las ocho de la mañana te
matamos”.
1320
“Me decían que tenía que colaborar. ‘Acordate que tenés familia. Sa-
bemos que tenés en México y nosotros no respondemos por ella. La vi-
486
1318 C 917. Febrero, 1983. Nebaj, Quiché.
1319 Testigo CEH. (T.C. 800).
1320 CI 98. Julio, 1981. Quetzaltenango, Quezaltenango.
da de ellos depende de que vos colaborés’. Amenazaron con hacerle da-
ño a mi familia y matarme si yo no colaboraba. No me golpearon, pe-
ro las torturas psicológicas fueron bastante fuertes. Al tenerme encerra-
do en ese cuarto en la capital. El cuarto tiene una ventana alta para
que entre la claridad y una cama donde yo dormía. Me tuvieron ahí
como 15 días engrilletado”.
1321
En otro caso, detuvieron a nueve personas, integrantes de la OR-
PA: “Los llevaron a la zona [militar de Santa Lucía Cotzumalgua-
pa] y los interrogaron. Manuel no me dio detalles, pero sí los tortura-
ron. Le dijeron: ‘Mirá, si no decís nada, uno por uno los vamos ir ma-
tando’. Entonces empezó a dar información, pero no la información
que les interesaba a ellos. Eso fue después, cuando ya ofrecieron tortu-
rarlo, sacarle los ojos, quitarle los dedos”.
1322
2260.
Las amenazas hacia la familia o los amigos era otra variante de tor-
tura, como relata una sobreviviente, quien después de múltiples tormentos
fue liberada.
“Yo ya me [fui] a vivir con los papás de mi amiga y ella, que [fue] la
que me ayudó a salir de ahí [de la cárcel]. Pienso que es lo peor de lo
que yo había vivido hasta ahí, porque a diario miraba los carros de
los tipos que estaban frente a la casa donde yo vivo. Digo que es el peor
martirio por la sensación de que en cualquier momento podían aga-
rrar a esta muchacha que me había ayudado, a sus papás, o a sus hi-
jos. Entonces como que era una tortura y me sentía humillada, por-
que cada vez que yo salía, los tipos estaban ahí”.
1323
2261.
Ser forzado a presenciar la tortura de otros, observando por ejem-
plo cómo torturan a seres queridos, es una vivencia inhumana. A menudo
una persona es torturada hasta morir mientras otros detenidos son testigos
impotentes.
“Lo detuvieron el 25 de julio de 1967. Fue tomado como teniente de
las FAR. Amigos de él contaron que lo habían visto ... no dio mayor
información porque salió como loco de oír las torturas que le hacían
a Oscar”.
1324
487
1321 Testigo CEH. (T.C. 332).
1322 Ibid.
1323 Testigo CEH. (T.C. 800).
1324 C 670. Junio, 1963. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
Después de haber sido violada, una víctima fue llevada a una sa-
la: “...Tenían a un muchacho y me dijo que viera lo que iban a ha-
cer con él, que no sabían si era un ladrón o un guerrillero, que lo
único que sabía era que lo habían agarrado y lo tenían ahí. Y lo em-
pezaron a torturar delante de mí. Pasé no sé cuantos minutos vien-
do lo que le hacían al muchacho. Después otra vez volví a perder el
conocimiento”.
1325
2262.
Una sobreviviente de torturas que estuvo prisionera en un centro
de torturas a cargo del Ejército en la zona 10 de la ciudad capital, y luego
fue trasladada a la cárcel de mujeres de Santa Teresa, relata:
“[Cuando] a mí me trasladaron a la cárcel de Santa Teresa había
una señora a quien habían secuestrado junto con su niña, que tenía
como 10 años, y su esposo. A esa señora y a mí nos agarraban y se
llevaban arrastrada a la niña. Luego le decían a la señora: ‘Ahorita
la venimos a traer para que mire lo que vamos a hacer a su hija’.
Nunca le hicieron nada a la niña, pero era la manera de torturar a
la señora. La señora se les tiraba, les suplicaba y hacía un montón
de cosas porque ella les decía que no le hicieran nada a su niña.
Cuando yo llegué ahí, a la señora la ponían a que viera lo que me
hacían. Cuando llegué a la cárcel, me acuerdo que la señora me
abrazó, se puso a llorar y me dijo: ‘Mire las condiciones en que tie-
nen a mi hija’. La señora era de familia de mucho dinero de ahí de
Guatemala. Su niña era muy linda y se le había puesto como que
había perdido el conocimiento. Actuaba así: no hablaba, no reac-
cionaba. La señora le hablaba a la niña y esta no contestaba. Yo
siento que era una de las peores torturas que la pobre señora estaba
viviendo, porque ella me decía: ‘Mire en lo que han transformado
a mi hija’ ... Y ella también me contaba que lo último que había
sabido de su esposo es que estaba en Pavón y que estaba loco, que es-
taba ya sin pelo, sin nada. Y que él era bien joven y ... que él esta-
ba loco y que ella echaba en cuenta que era de todas las torturas que
a él le habían hecho, ya que a él también lo habían tenido junto con
ellas y que delante de ella lo torturaban”.
1326
2263.
Otra modalidad de tormento psicológico fue la humillación. Se
obligaba a las víctimas a decir cosas vejatorias o cantar canciones insultan-
488
1325 Testigo CEH. (T.C. 800).
1326 Ibid.
tes sobre sus seres queridos. El torturador se reía o se burlaba de la víctima,
orinaba sobre ella, la obligaba a comer excrementos.
“El jefe ... fue el hombre que más me humilló y cómo se me va al ol-
vidar ... Era un tipo vulgar, sin escrúpulos ... fue el primer tipo que
abusó de mí y siempre que lo hacía lo hacía con vulgaridades, con pa-
labras repugnantes ... Era un hombre bien vulgar, era un hombre que
me dejó impactada, era el hombre que me iba a sacar y me llevaba a
los cuartos ... y era uno de los que participaban en amarrarme o reco-
germe después de que me habían torturado y era uno de los tipos que
más abusó de mí ... Después me trasladaron a Santa Teresa, el hom-
bre llegaba a la cárcel a ver, había veces que yo lo veía de lejos y siem-
pre se reía con una sonrisa burlona y me hacía señas vulgares. Una
vez, me acuerdo que yo estaba dormida en la celda, cuando sentí que
alguien me tocaba, y era él. Me dijo que no me iba a hacer nada, que
él era un hombre con escrúpulos, que qué iban a decir las demás, que
si veían que me estaba haciendo algo ahí, todas iban a querer, me lo
decía con vulgaridades. Yo me acuerdo, él veía que yo tenía demasia-
do miedo y llegó varias veces a la cárcel...”
1327
La culminación de la tortura:
la ejecución arbitraria de las víctimas
2264.
El asesinato de las víctimas fue en muchos casos la culminación de
la tortura. Una vez que la víctima ya no poseía más información valiosa se
negaba a cooperar, o cuando se había capturado a una persona por error,
se procedía en algunas situaciones a ejecutarla. Un testimonio de un
miembro de las FAR que se incorporó en 1967 a la Brigada Militar Maris-
cal Zavala aporta el dato de que, desde esas fechas, tenía la consigna de in-
terrogar, torturar, asesinar a los detenidos y luego hacer desaparecer sus ca-
dáveres.
“[Por] ejemplo cayó un compañero que le decimos el Veneno Uno ...y
yo, estando en Inteligencia, pude ver cómo le aplicaron la tortura psi-
cológica, después la tortura física y después cómo lo terminaban ... en-
tonces, primero lo torturaron, lo colgaron en un árbol y seleccionaron
a unos que ellos tienen, el Ejército tiene cierta gente capacitada por-
que no toda la tropa está en capacidad de hacer eso, sino que ellos se-
leccionan los más malos ... y a golpearlos estando maneados (amarra-
dos de las manos), a golpearlos de los pies; golpearon al Venenito para
terminar con él. Porque él no murió así de los golpes, sino que quedó
489
1327 Ibid.
vivo, lo bajaron de la rama del árbol cargado, y como ya no dijo más
entonces lo mataron como a las 12 de la noche ... le dispararon y no
caía, se atrancó a la pared, entonces vino el oficial, agarró la 45, y
dijo: ‘ah, vaya, sos duro, no’ y ¡plam¡, le pegó en la frente. Y luego, le
echaron leña debajo y gasolina y le prendieron fuego. Aquel olor de la
carne como si fuera carne de res, ni más ni menos, se comenzó a que-
mar primero el pelo de la cabeza, los dedos, así las partes más delga-
das. Lo que no se terminaba era la parte del fémur, del hueso; se iba
encogiendo la carne para arriba. Primero se iba quemando y como
vieron que con la primera tanda de gasolina y cable no se murió, vol-
vieron a rociar con más gasolina, mas leña ... era el trabajo de la tro-
pa hasta convertirlo en cenizas, así terminó el compañero Venenito
Uno ... y así desaparecieron muchos, muchos fueron lanzados al río
Motagua, otros en otros ríos, siempre que fueran ríos grandes.
1328
2265.
Según un testigo que logró escapar, “en el destacamento de Chupol
había un gran hoyo o zanja en donde tiraban los cadáveres y los incineraban”.
Otro testigo declaró que en el destacamento de Chupol pudo “observar
una gran zanja en donde hay muchos huesos de esqueletos humanos”.
1329
2266.
Otro ex especialista de la zona militar de Playa Grande afirma que
en esa unidad funcionaban crematorios.
“Yo estaba en el campo de fútbol de la zona. Pasaron recogiendo leña
y de repente nos llegó un olor y humo, fuimos a ver y nos dimos cuen-
ta que así era, vi cráneos y huesos terminándose de quemar”.
1330
2267.
Un soldado que estuvo de alta en el destacamento de Choatalúm,
colonia 9 de Septiembre, Chimaltenango, vio “cómo a muchos detenidos que
habían sido secuestrados de sus casas en sus aldeas, los iban ejecutando y sepul-
tando en el patio del destacamento. Al quedar la tierra removida sembraban
frijol y verduras para que parecieran hortalizas y no diera sospecha alguna al
visitante...”
1331
2268.
Los crematorios y cementerios clandestinos eran por lo tanto par-
te integrante de los centros de interrogatorio, en la medida que era preci-
so deshacerse de las personas torturadas y posteriormente ejecutadas. La
disposición de cadáveres, sobre todo en la escala masiva en que se mata-
ba, era una medida de seguridad de contrainteligencia para tratar de evi-
490
1328 Testigo CEH. (T.C. 3).
1329 CI 36. Julio, 1981. Chichicastenango, Quiché.
1330 CI 17. 1981 y 1982. Ixcán, Quiché.
1331 C 13042. 1983. Yepocapa, Chimaltenango.
tar que se conociesen los suplicios y asesinatos realizados en los centros de
interrogatorio.
Los responsables de la tortura
2269.
De conformidad con los testimonios recibidos por la CEH (Véase
G
RÁFICA
31), el 88% de los casos reportados de tortura fueron ejecutados
por el Ejército. Los otros cuerpos de seguridad del Estado ejecutaron actos
de tortura en coordinación con miembros del Ejército, en especial, con in-
tegrantes de la sección de inteligencia.
GRÁFICA 31: Porcentaje de participación de responsables en torturas
(los 7 más frecuentes)
GUATEMALA (1962-1996)
Nota: El porcentaje de cada responsable se calcula sobre el total de violaciones, sin considerar si su actuación
fue individual o en colaboración con otro.
2270.
Otras secciones, actuando combinadamente, por instigación, o
con el consentimiento del Ejército, son responsables de estas violaciones,
en este orden: PAC, comisionados militares y otras Fuerzas de Seguridad.
2271.
El sistema de Inteligencia militar, encargado de recopilar y registrar
información, fue la estructura interior del Ejército que estuvo más involu-
crada en hechos de tortura. Un ex soldado de alta en Playa Grande, al des-
cribir la forma en que se interrogaba explica:
“Los de inteligencia eran los encargados de sacarle la verdad a la gen-
te, les ponían una capucha con gamezán, les sacaban los ojos con cu-
chara, les cortaban la lengua, los colgaban de los testículos, esa gente
era criminal. El grupo se dividía entre los encargados de torturar pa-
ra sacar información (los investigadores y captores) y los encargados de
matar (destazadores)”.
1332
88%
25%
13%
5%
2% 2%
1%
Ejército PAC Comisionados
militares
Otras fuerzas
de seguridad
Sin identificar Otros grupos Guerrilla
Responsable
Porcentaje de participación
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
491
1332 CI 17. 1981 y 1982. Ixcán, Quiché.
Sobre este punto, un ex soldado señaló: “En el interior de la base
militar había personas que se dedicaban exclusivamente a asesinar y
eran conocidos como “matagente” o destazadores. Eran especialistas
de la Sección 2; cuando estos especialistas habían matado 200 o 300
personas, los eliminaban. Por eso muchos destazadores ya no viven,
sólo unos pocos lograron salir porque se trasladaron de una actividad
a otra”.
1333
2272.
El procedimiento habitual de interrogatorio señalaba que los dete-
nidos debían ser preguntados brevemente respecto a la compañía o el ba-
tallón para obtener la información de valor táctico inmediato.
1334
El inte-
rrogatorio minucioso de los detenidos de guerra se localizaba en la zona
militar algunos fueron trasladados incluso a centros más especializados co-
mo la base militar de Retalhuleu; las diferentes instalaciones de la Direc-
ción de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, como por
ejemplo la famosa La Isla; la antigua Escuela Politécnica o el Agrupamien-
to Táctico de la Fuerza Aérea, entre otros.
2273.
Emeterio Toj Medrano, fue capturado en Quetzaltenango, tortu-
rado en la sede de policía local y luego en la base militar de esa ciudad. Dos
días después fue trasladado al centro de la zona militar que tenía jurisdic-
ción sobre la aldea donde vivía Emeterio (Quiché), en ese tiempo la zona
de Huehuetenango. Después se le internó en la base militar de Quiché,
donde permaneció un corto tiempo y luego fue conducido a la ciudad de
Guatemala, donde continuó detenido en el Cuartel General de Matamo-
ros, hasta que finalmente escapó.
1335
2274.
Un documento desclasificado del departamento de Estado de los
Estados Unidos confirma que éste era el procedimiento ordinario de tra-
tamiento de los detenidos: “Bámaca fue supuestamente mantenido cautivo
en Santa Ana Berlín durante aproximadamente un mes, donde fue interro-
gado acerca de su conocimiento táctico de la ORPA y luego evacuado a la
ciudad de Guatemala para más interrogación ... sobre la ORPA y la
URNG”.
1336
2275.
Otro documento desclasificado del Departamento de Estado indi-
ca: “...Las prisiones clandestinas siempre han existido en Guatemala ... cuan-
do los insurgentes son capturados por el Ejército, ellos son mantenidos incomu-
nicados en lugares aislados en diferentes zonas militares, interrogados, y una
vez que el Ejército siente que ha extraído toda la información pertinente, ellos
son asesinados y se deshacen de los cuerpos ... Los militares han declarado que
492
1333 C 11431. Abril, 1983. Ixcán, Quiché.
1334 Ejército de Guatemala, Manual de Inteligencia, apéndice I, p.88.
1335 CI 98. Julio, 1981. Quetzaltenango, Quetzaltenango.
1336 Traducción del documento desclasificado de EEUU, HR/9.51, 6 de diciembre de 1994.
los prisioneros que han sido capturados, en esencia, han sido ‘volteados’ en fa-
vor del Ejército”.
1337
2276.
Un caso menos famoso que ilustra con igual crudeza los interroga-
torios que se iniciaban en el destacamento, para proceder más tarde al tras-
lado a la zona militar por la aparente importancia del detenido, es el testi-
monio que a continuación se expone:
“Como a las siete de la mañana cuando me disponía a desayunar, en-
frente de mi esposa fui capturado por un grupo de seis hombres, quie-
nes llevaban tapada la cara con gorras pasamontañas. Los vecinos vie-
ron cómo me engrilletaron y me metieron a mi carro en la parte tra-
sera. Entre varios hombres me iban cuidando, algunos indicaron que
desde un día antes me estaban controlando, esperando el momento
para llevarme”.
“Estuve en el destacamento de San José Ojetenam, en la escuela del
lugar, por tres días. Ahí me golpearon y me preguntaron, ‘Vos sos gue-
rrillero’ y contestaba que no. Entonces me dijeron, ‘vas a decir la ver-
dad cuando te pasemos la luz’. Me amarraron los dedos pulgares de las
manos con unos alambres y el resto del cuerpo con lazos. En el cuarto
estaba una grabadora, en la que pasaba la luz, en el pulgar izquier-
do tenía conectado un alambre, otro que venía del aparato me lo po-
nían en el pulgar derecho, entonces la electricidad me recorría y hacía
que cayera de la silla, me golpeaba y me raspaba en el suelo, perdía el
conocimiento, en una de tantas le dijo uno al otro: ‘Si lo dejamos un
segundo más se muere”.
“Estando en San José llegó un hombre a quien se escuchaba que inte-
rrogaban y éste contestaba: ‘Yo no sé nada’. Lo mataron de una pata-
da en el pecho. Me interrogaban por haber transportado a cuatro mu-
jeres de Tejutla hacia la cabecera departamental, que eran supuestas
guerrilleras. Ellas decían que yo era el jefe de los guerrilleros”.
“Me sacaron del destacamento y me llevaron a mi casa, la rodearon y
empezaron a registrarla, se robaron todo lo que tenía, unos radios, al-
hajas, ropa, hasta los colchones se llevaron ... Luego me transportaron
en helicóptero hacia la Brigada de Quetzaltenango, allí me metieron
en un lugar donde había 80 hombres. Me propinaban patadas, gol-
pes, puñetazos y me interrogaban diciéndome: ‘Vos sos guerrillero’, y
yo les contestaba: ‘No, soy vendedor de nieves’. A los que decían ser
493
1337 Traducción del documento desclasificado de EEUU, HR/9.8.
guerrilleros, les daban comida, cigarros, bananos, estaban en libertad,
no amarrados como estaba yo. Siempre estaba lleno de prisioneros, sa-
lían unos y al día siguiente ya estaban otros en su lugar, no sé qué fue
lo que les pasó”.
“Un día llegó un mayor acompañado de una mujer, y el mayor le pre-
guntó a ella si yo era guerrillero. Entonces ella contestó: ‘No, él es un
vendedor de nieves, yo conozco a mis compañeros’. Luego el militar se
dirigió hacia mí y me dijo: ‘Disculpe manito, hubo una equivoca-
ción’. Me dieron una tortilla, un pedazo de pescado y un vaso de agua.
Luego me regresaron junto con las otras personas detenidas. Cuatro
días después de haber vuelto de Quetzaltenango me dijeron que me
fuera, que me fuera del país y que no contara dónde había estado por-
que de lo contrario me llegarían a matar. Me sacaron como a las dos
de la tarde, y por lo hinchado que estaba no podía caminar muy bien,
aparte que iba descalzo, sólo con una playera y con muchos días de no
comer, lo que hizo más difícil el trayecto; llegué a la casa de mi ma-
dre como a las seis de la tarde del 31 de diciembre de 1981”.
“Dos días después llegaron los soldados a la casa de mi madre, en el
caserío Nueva Ermita y me dijeron: “¿Qué, ya regresaste de Quezal-
tenango, vos?”. Registraron toda la casa, encontraron la escritura del
carro que me habían quitado cuando me secuestraron y la recogieron.
Se robaron muchas alhajas y se fueron. Yo había tenido que vender un
terreno que tenía, a muy bajo precio, para poder pagar el carro que
había comprado por 9,500 quetzales. El carro ya no apareció, ni yo
intenté buscarlo por miedo a que me hicieran algo. En total me roba-
ron como 45,000 quetzales”.
1338
2277.
En los destacamentos, en la mayoría de los casos, mantenían a los
prisioneros desaparecidos uno o dos días y luego los mataban. En las zonas
militares, el número de detenidos ilegales y por tanto de torturados era ma-
yor, así lo explica un detenido:
“[Lo] que pasa es que en Santa Ana Berlín tienen un calabozo pero
es pequeño, y como allí no funciona una sección de Inteligencia así tan
grande, me imagino que cuando tienen algo, [información valiosa]
han de ser trasladados a Quetzaltenango. Las zonas militares depar-
tamentales son las que sí funcionan para detener gentes, y no las de-
494
1338 C 7313. Diciembre, 1981. Ixchiguán, San Marcos.
tienen en los calabozos, ellos [los de la sección G-2] tienen [celdas]
en sus dormitorios; por eso es que yo decía que nadie se da cuenta, y
con la modificación que todo es enorme”.
1339
2278.
Los detenidos más importantes eran trasladados a la ciudad de
Guatemala, donde los conducían a lugares clandestinos del Estado Mayor
de la Defensa Nacional o de la Escuela Politécnica.
“Los que están detenidos [en Guatemala] están en el Estado Mayor o
en la Escuela Politécnica”.
1340
2279.
Los comandantes de las zonas militares tenían conocimiento y en
definitiva autorizaban los actos de tortura que, en sus instalaciones, desa-
rrollaban los oficiales de Inteligencia y los equipos de interrogadores, en
sus propias instalaciones, así como de los resultados obtenidos. Igualmen-
te, estaban informados del asesinato de las personas torturadas y aproba-
ban las medidas para disponer de los cadáveres: incineraciones, cemente-
rios clandestinos, botarlos en las calles, etc. En palabras de un ex especia-
lista del Ejército:
“[Yo] podría, por ejemplo, ahorita decir que, de un mayor para arri-
ba, todos esos oficiales están manchados, ... sin duda el responsable de
ellos es el Ministerio de Defensa, porque no creo que un oficial haga
lo que le da la gana. En el Ejército lo que se respeta son las jerarquías,
lo que dice el superior es lo que tienen que hacer los demás, el Minis-
tro de la Defensa, el jefe del Estado Mayor, el jefe de la zona militar
y el jefe de la G-2, con ellos empiezan las responsabilidades. Ahora,
¿por qué digo eso? Porque cada vez, cuando hay una operación mili-
tar hay una reunión sólo de altos mandos militares para tomar deci-
siones, para seguir instrucciones del superior”.
1341
2280.
El oficial de Inteligencia tenía a su cargo la conformación de las re-
des de informantes, que principalmente eran los confidenciales, las orejas,
los comisionados militares y los patrulleros, quienes le notificaban directa-
mente sobre cualquier movimiento sospechoso y todas las actividades de la
comunidad.
“De confidencial siempre hablé con la dos. El dos es el que coordinaba
las patrullas, reunía a los colaboradores y jefes de patrulla. Cuando
participaban todos, incluidos los patrulleros, la reunión se hacía en la
495
1339 Testigo CEH. Ex especialista G-2. (T.C.31).
1340 Ibid.
1341 Ibid.
cancha; cuando sólo era para los jefes, se efectuaba en el rancho; los je-
fes de patrulla se reunían cada quince días en la zona. El lema era ver
y no ser vistos y que controláramos a las otras comunidades”.
1342
2281.
Los oficiales de Inteligencia militar eran responsables de la forma-
ción y entrenamiento de los agentes y de una mínima instrucción entre los
miembros de las redes informativas. La instrucción sobre tortura era explí-
cita. Un oficial de alta le decía a sus soldados:
“Al agarrar a un guerrillero lo tienen que torturar’, y nos decía cómo:
‘cortarle la lengua, sacarle los ojos, cortarle las yemas de los dedos, y
quien no tenga el valor para hacerlo, yo lo voy a hacer con ustedes”.
1343
2282.
Los comisionados militares fueron los ojos y oídos del Ejército en
las comunidades. Un comisionado que trabajaba por encargo de uno de
los terratenientes locales en la región de Cahabón, relató la forma en que
torturaba:
“Yo les arranqué las uñas de los pies y después los ahorqué; en Chia-
cach y Chioyal las torturas que hacíamos era que con las bayonetas de
los soldados les rajábamos las plantas de los pies a los hombres, ... las
uñas se las arrancaba con alicate, ... les picaba el pecho con bayoneta,
la gente lloraba y me suplicaba que ya no le hiciera daño ... pero lle-
gaba el teniente y el comisionado ... y me obligaban cuando veían que
yo me compadecía de la gente...”
1344
2283.
Las PAC también realizaban actos de tortura encaminados a man-
tener la disciplina de sus miembros, así como de las personas que se nega-
ban a participar en ellas o cualquier sospechoso de subversivo.
“Unos veinte patrulleros, entre ellos el jefe de patrullas de San Barto-
lo y los jefes de patrulla de Molubá, los Cimientos, Sinchaj, rodearon
la casa de Micaela en la cual se encontraban sus hijos. Los patrulleros
iban armados con escopetas Galil y con palos con clavos para golpear.
En la casa de Micaela se encontraban sus hijos. Buscaban a Francis-
co, el hijo mayor, pero él no estaba. Procedieron luego a interrogar a
Micaela. La amenazaron con quemar su casa, la golpearon, le daban
496
1342 C 11415. 1983-1990. Ixcán, Quiché.
1343 C 11418. 1985. Ixcán, Quiché.
1344 C 15253. 1981-1982. Cahabón, Alta Verapaz.
duro con el palo con clavos; de un puñetazo le sacaron una muela, la
tiraron a las ascuas del fuego provocándole quemaduras en el brazo.
Los hijos de Micaela, Josefa y Juan (14 años), fueron golpeados bru-
talmente, tanto que Juan quedó algo sordo de los golpes”.
“María, de 12 años, al ver a los hombres salió corriendo asustada.
Uno de los hechores la persiguió hasta alcanzarla y la interrogó. Le
preguntaba por su hermano, por los buzones, la niña no sabía nada,
la golpeó y la empujó tirándola por el barranco. Registraron la casa,
no encontraron nada y se marcharon por el momento”.
“Los patrulleros recorrían constantemente todos los cantones haciendo
cateos casa por casa. Cinco días después, los patrulleros volvieron a la
casa de Micaela. En esta ocasión capturaron a Francisco. Lo amarra-
ron, lo somataron, le echaron gas y le prendieron fuego, lo quemaron
vivo ... nos rodearon para que mirásemos; los niños —los hijos de
Francisco— nunca pudieron olvidar cómo quemaron a su papá; to-
davía hoy, cuando recordamos nos ponemos a llorar, siempre lloramos
para adentro, cuando lo hablamos también lloramos para afuera”. A
los quince días, hacia el 18 de enero, los patrulleros regresaron a la ca-
sa de Micaela, robaron cuanto de valor había, quemaron la casa y la
producción”.
1345
2284.
Los castigos encaminados a mantener la disciplina dentro de las pa-
trullas de la autodefensa civil comprendían una gran diversidad de méto-
dos: iban desde el sometimiento a ejercicios físicos que provocaban dolo-
res intensos hasta las ejecuciones públicas usando métodos crueles en ex-
tremo. Un ejemplo aplicado para intimidar a la población y obligarla a aca-
tar las órdenes de los jefes de patrulla, ocurrió en la aldea de Pachó Lemoa,
del departamento de Quiché.
“A todos los hombres los colocaron en fila y los obligaban cargar a
cada uno un adobe que tenían que ir a traer al destacamento. Ca-
da adobe pesaba aproximadamente más de quintal y medio. A al-
gunos les amarraban las manos cuando cargaban los adobes, a otros
se los colocaban en la espalda. Caminaban un kilómetro con los
adobes, llegaban hasta la orilla de la laguna de Lemoa; allí, a pun-
ta de fusil, los obligaban a meterse dentro de la laguna, era como la
una de la tarde. Si alguien soltaba el adobe, les decían los soldados:
‘se van a morir ahogados’. Pasaron diez horas dentro de la laguna,
497
1345 C 2798. Diciembre, 1981. Quiché.
con su carga. Les gritaron diciéndoles: ‘Ahora aguanten, ustedes son
los que han asesinado a nuestros compañeros”.
“Después de diez horas, ya entrada la noche, los obligaban a regresar
a dejar los adobes al destacamento. Algunos fueron posteriormente en-
cerrados en la cárcel, a otros los mandaron para sus casas. Desde ese
día, todos los hombres fueron obligados a patrullar el camino y a vi-
gilar el destacamento de Lemoa. Al día siguiente, los jefes de patrulla
capturaron a varios hombres (5 o 6). Se los llevaron rumbo a la La-
guna de Lemoa, y nunca se volvió a saber nada de ellos”.
1346
2285.
La Policía Nacional y la Guardia de Hacienda, fueron organismos
que estuvieron al servicio de la Inteligencia militar. Estos cuerpos armados
también perpetraron torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
2286.
El 30 de junio de 1979 Gisela Irasema López fue capturada por la
Policía en la Sexta Avenida, entre 23 y 24 calles de la zona 4, ciudad de
Guatemala, cuando se encontraba en una manifestación que conmemora-
ba la muerte del padre Hermógenes López. Gisela fue llevada al Segundo
Cuerpo de la Policía Nacional donde estuvo detenida y sufrió torturas.
“Durante doce horas le dieron golpes eléctricos, le pusieron la capucha
de gamezán y alguien se paró en las rodillas [de ella] con tal fuerza,
que le sacó el líquido”. Por gestiones de la familia fue liberada y fue
entregada por el entonces Director de la Policía Nacional, Ger-
mán Chupina Barahona.
1347
2287.
El 19 de diciembre de 1981 fue detenido en su residencia el con-
cejal del municipio de Tacaná, San Marcos, Quirino Pérez Hernández,
quien desde días atrás venía siendo amenazado de muerte. Fue capturado
por hombres que vestían uniformes de la Guardia de Hacienda y que lle-
vaban sus rostros cubiertos con pasamontañas, quienes irrumpieron en su
vivienda con amenazas e insultos que intimidaron a los moradores. Dos
días después su cadáver fue encontrado cerca del municipio. Sobre el esta-
do en que se halló el cuerpo dice un testimonio:
“Estaba torturado, le faltaban dos dedos, lo habían estrangulado y se-
guramente le habían echado cal en la cara, le quitaron los testículos,
fue bárbaro, Dios quiera que estas cosas no se repitan...”
1348
498
1346 C 2681. Octubre, 1981. Santa Cruz del Quiché, Quiché.
1347 CI 20. 1979-1982. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
1348 C 7221. Diciembre, 1981. Tacaná, San Marcos.
Las cárceles clandestinas
2288.
En Guatemala la tortura sistemática y generalizada llevó a contar
con centros especializados e ilegales de detención, que fueron conocidos
popularmente como cárceles clandestinas. Estos centros ilegales de interro-
gatorio se encontraban en instalaciones públicas, como podía ser en cuar-
teles de policía, zonas militares u otros recintos de las unidades militares o
de las Fuerzas de Seguridad. La necesidad de mantener en la clandestini-
dad las dependencias en donde se custodiaba a los detenidos, llevó tam-
bién a utilizar edificios o viviendas de particulares. En este sentido, se ha-
bilitaron casas o fincas de propiedad privada o de miembros del Ejército,
pisos o inmuebles abandonados, escuelas e incluso templos e iglesias cuan-
do fueron ocupados por el Ejército, entre otros.
2289.
En el presente apartado no se trata de mencionar todas las cárceles
clandestinas utilizadas por el Ejército y otras fuerzas contrainsurgentes, so-
bre todo, porque se puede sostener que cada unidad militar o policial con-
tó con espacios donde de forma arbitraria, privaba de libertad a las perso-
nas, lugares donde asimismo interrogaban y torturaban. Por esta razón so-
lo se mencionan algunos centros de tortura, localizados tanto en instala-
ciones estatales como particulares, de los que la CEH ha tenido conoci-
miento. En primer lugar, se presentarán aquellos que funcionaban en ofi-
cinas o dependencias públicas y luego otros focos de tortura en recintos
particulares.
Cárceles clandestinas en instalaciones militares
2290.
En la medida en que las unidades militares que participaron en el
enfrentamiento armado aprehendieron a multitud de personas con el ob-
jeto de obtener información, y como se ha visto una de las técnicas de in-
terrogación más utilizada fue la tortura, la CEH presume que en cada de
una de esas unidades existieron núcleos clandestinos de detención.
1349
Es-
tos centros de interrogatorio estaban destinados a mantener bajo el mayor
secreto a prisioneros y víctimas de tortura. Su existencia clandestina trata-
ba de negarse incluso a los soldados que no tenían vínculos directos con la
Inteligencia militar.
2291.
Dichos lugares contaban con diversas instalaciones preparadas es-
pecialmente para el “ablandamiento” de los detenidos de guerra, tales co-
mo pozos o fosas con agua, cuevas o zanjas naturales o acondicionadas, pe-
queñas celdas improvisadas hechas de lámina para mantener el calor, y que
podían ser inundadas de agua, a fin de ahogar a los detenidos u obligarlos
499
1349 “Las agencias organizadas principalmente para la producción de información de Inteligencia estraté-
gica, y de combate cuentan con centros de interrogatorio”. Ejército de Guatemala, Manual de Inte-
ligencia, pg. 32.
a colgarse de barrotes si no querían ahogarse. La utilización de sanitarios o
de celdas especiales para asegurar estos objetivos fue muy común:
“[Nos] llevaron al destacamento militar de Playa Grande, allí nos
metieron a una pileta de agua sucia, que nos llegaba hasta el estóma-
go. Estaba llena de tufo, porque allí la gente defecaba y orinaba. Des-
pués nos sacaron de la pileta a ambos y nos llevaron a un edificio den-
tro de la base y luego a una cárcel bien chiquita, donde había un sa-
nitario que no permitía que nos pudiéramos mover”.
1350
2292.
Un sobreviviente de torturas expuso que fue llevado al destacamen-
to de Ixchiguán, San Marcos, donde lo hundieron en un hoyo, junto con
otros detenidos:
“Esa mañana me fueron a traer del hoyo donde me tenían, me lleva-
ron a un cuarto oscuro hecho de maderas y laminas viejas, me comen-
zaron a torturar ... me volvieron a llevar a la fosa, pero esta vez esta-
ba llena de mierda y cada media hora llegaban al hoyo, nos sacaban
y nos interrogaban ... En ese hoyo me tuvieron tres días, me quitaron
el agua y la comida...”
1351
2293.
Las cuevas naturales también eran utilizadas como celdas. Eran
inundadas de agua de forma tal que cubriera a los detenidos permanente-
mente hasta el cuello y así los mantenían por varios días.
1352
En algunas
unidades militares se disponía de lugares habilitados para mujeres y niños.
Así queda atestiguado por lo sucedido en la zona militar número 22, Pla-
ya Grande, Ixcán, Quiché, entre 1983 y 1986.
2294.
Un soldado que estuvo de alta en el destacamento del puente
Xaclbal observó también cómo se torturaba a una mujer de 45 años acu-
sada de ser guerrillera. Este soldado indica que a la víctima la “...tuvieron
encerrada en un carretón de pura lata, encerrada con llave con el gran calor.
Dos soldados la custodiaban y apenas le daban un poquito de comida”.
1353
2295.
Uno de los centros de interrogatorio más importantes de la Di-
rección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, que se
conocía popularmente como La Isla o La Hielera, estaba ubicado junto
a la sede de la Policía Militar Ambulante, donde funcionó hasta el año
de 1992. Muchos detenidos estuvieron allí, entre ellos Efraín Bámaca:
500
1350 C 11185. Julio, 1982. Ixcán, Quiché.
1351 C 7313. Diciembre, 1981. Ixchiguán, San Marcos.
1352 CI 15. 1983-1986. Ixcán, Quiché.
1353 Ibid.
“Como 15 días [Bámaca] estuvo allá, en Santa Ana Berlín después
de los 15 días lo llegó a traer este Rufino, y otros especialistas. Y lo lle-
varon a Inteligencia Militar ... que estaba a un costado de la PMA.
... Lo único, que los PMA no se metían con uno, porque era un pe-
dazo de la PMA. A ese lugar le decían La Isla, zona 6. De Santa Ana
Berlín para La Isla.
1354
“Un especialista que desertó del Ejército para salvar su vida declaró:
‘Ahí en La Isla, toda la vida mantenían gente ... se deshizo cuando se-
cuestraron a Maritza Urrutia. La soltaron [los de la D-2] porque la
pedían [sus familiares]. Le dijeron que le iban a dar asilo pero que
ella dijera que era guerrillera y que había estado con unos amigos de
ella ... Y la fuimos a dejar allá a la 18 calle, al Ministerio Público ...
le dije: ‘Aquí quedas, pero bien pintada, bien arreglada’ ... Le com-
praron todo eso en Paíz ...por eso es que ella dio más o menos infor-
maciones, y por eso fue que nosotros fuimos a esas instalaciones. Por-
que ella comenzó a decir un Mega 6. Y, cabal, como Mega 6, estaba
cerca ... al que fue a comprar le pegaron una gran regañada, porque
cómo era eso que va a comprar ahí nomasito y no le quitó el parche
de Mega 6 a las pinturas que le compraron y todo. Cabal cayó. Y los
chuchos que ladraban ahí en PMA, ella decía que la noche había oí-
do ladrar chuchos. Ella decía que oía jugar pelota...”
1355
2296.
También indica que tras lo de Maritza Urrutia, La Isla quedó al
descubierto y se hizo necesario trasladarla:
“Por eso es que ya no está ahí [La Isla], como se jodió. La gente que
más jodió fue esta Maritza Urrutia, ella dio todas las declaraciones,
que había conocido algo. Ya sentíamos que iban a llegar a registrar La
Isla. Mejor remodelamos todo, a modo de remodelar el lugar donde ella
estaba ... Quitamos el piso de donde ella estaba. Pusimos otro, pinta-
mos de otro color, cambiamos de todo, las persianas que habían, corti-
nas. Pero ni así. Comenzaban a decir que iban a llegar ... A los uni-
versitarios del 89 los mataron en La Isla...”
1356
2297.
Efectivamente, después de haberse hecho pública la existencia del
centro de detención clandestina, conocido como La Isla, este fue traslada-
do cerca del aeropuerto de La Aurora.
501
1354 CI 81. 1992. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
1355 Ibid.
1356 CI 81. Testimonio de un ex especialista, 1992. Ciudad de Guatemala y San Marcos.
“Como ya estaba quemado eso [La Isla]. Hasta la gente que pasaba
decía: ahí está la G-2. Entonces se pasó para abajo del aeropuerto. Us-
ted ha agarrado esa ruta de todo el aeropuerto. Por toda la orilla del
aeropuerto, pero del lado donde está la terminal aérea, al lado donde
monta uno los aviones. Al final de la pista de la Fuerza Aérea. Ahí
era geografía antes, hacían mapas”.
1357
2298.
En la Brigada Mariscal Zavala, ubicada en la zona 17 de la ciudad
capital, funcionó desde 1984 la División de Contrainteligencia de la Di-
rección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional. En su
planta baja, hacia finales de los ochenta, se encontraba la oficina 360, que
fue el nodo principal de escuchas telefónicas de la G-2.
1358
2299.
En la zona 13 de la capital, en la sede del Agrupamiento Táctico
de Seguridad se encontraba otra cárcel clandestina; así lo explica una víc-
tima:
“Cuando de Huehuetenango me trajeron a la capital, me mantuvie-
ron en el Cuartel del Táctico, del Táctico de la Fuerza Aérea, que
queda por la zona 13 ... Cerca del mediodía aterrizó el aparato en el
aeropuerto militar La Aurora ... En la noche del 28 de julio ... nos
subieron a un carro ... El vehículo iba a muy baja velocidad ... 15 o
20 minutos después el vehículo fue a detenerse a saber dónde ... Que-
damos encerrados en aquel oscuro calabozo, pasamos noches de sobre-
saltos, a cada poco se oía ruidos de motor de vehículos y el rugido de
potentes aviones sobre nuestras cabezas, que aterrizaban o tomaban
vuelo. Después me di cuenta que estábamos en las instalaciones del
Agrupamiento Táctico de la Fuerza Aérea. El mayor ... comenzó a in-
terrogarme ... Esta entrevista, que fue bastante corta, duró unos diez
o quince minutos ... El calabozo estaba situado en la punta de la pis-
ta. El lugar donde terminaba o empezaba esa punta es un terreno un
poco elevado de tal manera que el calabozo quedaba en la parte baja
de un lado de esa punta”.
1359
2300.
La misma víctima también estuvo detenida en el Cuartel General
Justo Rufino Barrios sometida a tratamiento psicológico para que diera una
declaración pública en contra del Comité de Unidad Campesina (CUC):
“Fui a parar a un cuartito calabozo contiguo a la comandancia de la
guardia que sirve para alojar a los arrestados, tenía unas ventanitas
502
1357 Ibid.
1358 Testigo CEH. (T.C. 110).
1359 CI 98. Julio, 1980. Quetzaltenango, Huehuetenango y Guatemala.
tragaluz por donde se podían ver las luces de la ciudad ... El día 19
cayendo el sol, el coronel ... me fue a recoger para llevarme a otro lu-
gar en donde pudiera estar mejor. En aquel momento estaban pasan-
do lista ... Al pasar frente a la tercera compañía todo el mundo se pu-
so en firmes y le rindieron novedades...”
1360
2301.
La antigua Escuela Politécnica fue otro foco clandestino de deten-
ción y tortura, desde los años ochenta hasta principios de los noventa. Una
víctima de tortura que estuvo detenida en dicho lugar en 1980 dice lo si-
guiente:
“En la noche del segundo día de torturas me subieron a un vehículo
... hicimos un recorrido largo y me introdujeron a un lugar obscuro ...
las instalaciones de la Antigua Escuela Politécnica ... Estaban cons-
truyendo unas celdas, unos cuartitos, deduzco que eso los estaban pre-
parando para tener gente. Pero allí no era donde me tenían a mí”.
1361
2302.
Guisela Irasema López, Beatriz, junto con otra militante del EGP,
conocida como Paula, fueron capturadas por hombres armados vestidos de
civil. Guisela López estuvo detenida por espacio de tres meses en las inta-
laciones de la antigua Escuela Politécnica. En esa cárcel clandestina la de-
tenida se encontró con Aída Marilú Castillo Estrada, otra militante del
EGP quien era conocida como Carolina.
1362
2303.
María Cruz López Rodríguez, detenida durante 1983, testificó
también que había sido torturada en la antigua Escuela Politécnica, “don-
de ella estuvo detenida junto con otros cuatro detenidos: su hermana Ana Ma-
ría, Ileana del Rosario Solares Castillo, Luz Leticia Hernández y Gabriel Ca-
late, los cuales permanecen desaparecidos. De acuerdo a su relato, ella y sus
compañeros podían escuchar los gritos de otras personas que eran torturadas en
ese lugar”.
1363
2304.
“La base aérea del sur fue, según informes reiterados, usada a me-
diados de los 80 como un centro de operaciones y de interrogatorios de la
D-2. Los cuerpos eran removidos por avión y enterrados en la base después
que los insurgentes eran torturados y asesinados durante el interrogatorio.
La base aérea de Retalhuleu entre 1984 y 1986, se reportó que durante es-
te período fue usada como el centro del teatro de operaciones del surocci-
dente por el Ejército de Guatemala. Durante este período la Dirección de
Inteligencia (D-2) dirigió y coordinó todas las operaciones para este teatro.
503
1360 Ibid.
1361 C 968. Enero, 1980. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
1362 CI 20. 1982. Guatemala y Nicaragua.
1363 Americas Watch Report. Guatemala: A Nation of Prisioners. Enero de 1984.
La base del sur fue utilizada como centro de operaciones y de interro-
gatorio. Los edificios pequeños de la base que han sido destruidos desde
entonces eran usados como celdas y cuartos de interrogatorios para los in-
surgentes capturados y para los sospechosos de colaborar con los insurgen-
tes. Habían unos hoyos cavados en el perímetro de la base, fueron llenados
con concreto, antes se llenaban de agua y eran usados para mantener dete-
nidos. Se tiene información que había jaulas entre estos hoyos y el nivel de
agua, de tal forma que los individuos mantenidos dentro eran forzados a
sostenerse de las barras para mantener sus cabezas sobre el agua y evitar
ahogarse...”
1364
2305.
En las zonas militares, existieron sitios de reclusión clandestina.
1365
En la zona militar de Huehuetenango existía una casa que contaba con un
horno, donde se torturaba y cremaba a las víctimas. Un ex especialista de
la G-2 que estuvo de alta en esta zona militar narró a la Comisión:
“Para la tortura de la gente que capturaban, [utilizaban] un horno
de barro intalado en una casa vieja en el interior de la zona militar,
porque esa casa vieja estaba cuando el Ejército ocupó el predio donde
está construida la zona militar de Huehuetenango ... Tantísimos cien-
tos de personas [murieron allí] ... De Aguacatán, de Ixtahuacán, Co-
lotenango, San Sebastián Huehuetenango, San Juan Atitlán, Santa
Bárbara, Cuilco, Malacatancito, todas esas de Pajuil Pais, Chex...”
1366
2306.
En esta misma zona militar existieron celdas de detención, donde
se practicaron graves torturas:
“Por diez días, lo mantuvieron en la zona militar, primero en un ca-
labozo y luego en una celda de un metro cuadrado. Lo interrogaban,
le pegaron y lo patearon. La poca comida que le pasaron a través de
un espacio de la celda fue
‘
comida de perros’, no de humanos. A lo lar-
go de su estadía, no vio a sus familiares ni a la luz del día. Le metie-
ron alambres eléctricos en todo su cuerpo, incluyendo su nariz y sus
testículos ... Los que torturaron a Chávez eran cuatro oficiales vesti-
dos de civil ... miembros de la G-2”.
1367
2307.
El cuartelón de Mazatenango contaba con lugares para detención
y tortura:
504
1364 Traducción del documento desclasificado de los EEUU, IOB/DOD 941103, abril de 1984. CI
81. 1992. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
1365 La CEH también recibió testimonios de la existencia de cárceles clandestinas en la zona militar
de Santa Lucía Cotzumalguapa y en la base militar Manuel Lisandro Barillas. C 98. 1982. Chi-
maltenango, Chimaltenango.
1366 Testigo (ex especialista de la G-2) CEH. (T.C. 5).
1367 C 5742. Octubre, 1983. Nentón, Huehuetenango.
“Yo también vi a cuatro campesinos amarrados a los sanitarios, muy
maltratados. Eran cuatro varones maduros, pude preguntarles de dón-
de eran y dijeron que eran de Patulul, pero no se podía hablar con
ellos porque estaban custodiados ... A los tres días de llegar sacaron a
dos en la noche custodiados y ya no supe que sucedió con ellos”.
1368
“En el cuartelón me asomé por la baranda del primer piso y vi que en
un cuarto cerca de la guardia había una puerta cerrada y que allí lle-
vaban a dos que iban golpeando, queda del lado izquierdo de la en-
trada. Le pregunté a Rolando, de la G-2, y me dijo que ahí había una
cárcel. Era un lugar oscuro y no se miraba nada. Yo no conocía a los
que estaban llevando”.
1369
Centros de tortura en los cuarteles de la Policía Nacional
2308.
En las instalaciones de la Policía Nacional estuvieron en funciona-
miento centros de detención clandestina; se hallaban a disposición del
Ejército, en la mayoría de los casos, debido al control que durante el en-
frentamiento ejerció la Institución Armada sobre esta fuerza de seguridad.
2309.
Durante los años sesenta uno de los más famosos núcleos de de-
tención y tortura fue La Tigrera, situada en la sede del cuartel de la policía
Nacional, en la Séptima Avenida con 14 calle de la zona 1 de la ciudad ca-
pital, y las catacumbas y claustros del Convento de San Francisco, anexo a
dicho cuartel.
2310.
El presidente Mendéz Montenegro dijo a la prensa, en el día de su
posesión, que “la tortura será definitivamente erradicada”, y agregó que al-
gunos calabozos policiales y cuartos de torturas no serían utilizados más,
incluyendo La Tigrera, en el cuartel de la Policía y las celdas conocidas co-
mo Las Cuadras. El nuevo jefe de la Policía Judicial dijo que “los agentes del
Departamento Judicial serán una garantía para los ciudadanos honorables ...
Ni la tortura ni el abuso de autoridad tendrían lugar, estos asuntos están ter-
minados”.
1370
El ministro de Finanzas, responsable de la Guardia de Ha-
cienda, aceptó una inspección de sus cuarteles para encontrar “bóvedas se-
cretas” o celdas subtérraneas y declaró que Méndez Montenegro había
proscrito el uso de la Guardia de Hacienda como policía operativa en la re-
presión política o en cualquier otro asunto que no concerniera directamen-
te a su tarea oficial de luchar contra el contrabando.
1371
2311.
Sin embargo, La Tigrera continuó siendo uno de los principales
centros de detención y de tortura. Un profesor de Derecho y administra-
505
1368 Testigo CEH. (T.C. 170).
1369 Testigo CEH. (T.C. 169).
1370 El Imparcial. 4 de julio de 1966.
1371 El Imparcial. 5 de julio de 1966.
dor de la Universidad de San Carlos escribía en ese entonces: “...las tortu-
ras y los abusos han continuado ocurriendo, siempre en los mismos lugares don-
de habían sido aplicadas estas prácticas abominables”.
1372
“Me introdujeron con lujo de fuerza y luego me llevaron a la Judicial
en la 14 calle y 6a Avenida al final. Allí me pusieron la capucha; la
tortura consistía en que lo amarraban a uno de pies y manos, boca
abajo, con la espalda arqueada, las manos agarradas por detrás con
las piernas dobladas y luego le ponían a uno, no propiamente una ca-
pucha sino un pedazo de hule de llanta, a manera de, cómo decir,
riendas de caballo. Me cubría toda la cara y entonces el que estaba
torturándome se montaba encima de mí y me jalaba toda la cara con
la llanta esa. Obviamente el hule se me pegaba a la cara y no podía
respirar. Entre tanto, uno o dos de los agentes me pateaban el estóma-
go y los costados para que yo sacara todo el aire”.
1373
2312.
Entre 1974 y 1977, en el cuartel general de la Policía Nacional
existía un sitio conocido como La Gallera, que por lo común se usaba pa-
ra arrestar oficiales y que sirvió para detener de manera clandestina a mu-
chos ciudadanos.
1374
2313.
El derrumbamiento del convento de San Francisco, anexo al cuar-
tel de la Policía, como consecuencia del terremoto de 1976, destruyó una
gran cantidad de celdas monásticas que habían sido utilizadas como cuar-
tos de tortura. La capacidad de mantener gente recluida disminuyó osten-
siblemente. Sin embargo, este lugar se siguió utilizando. En 1979 allí estu-
vo detenida Yolanda Aguilar Urízar.
“Luego entramos a la Judicial, a mí que queda claro que las puertas ya
estaban abiertas, como que les hubieran avisado. En el primer cuarto
en que estuve había una silla donde por primera vez supe que me iban
a torturar, y llego aquí y por supuesto me desnudan. Entonces yo esta-
ba sentada en la silla y había una radio y me recuerdo muy bien que
era la Radio Mundial porque estaban cantando canciones rancheras,
pero a todo volumen. Entonces llegaba uno e inmediatamente ponían
el radio, porque era lógico, para que no se oyeran los gritos...”
1375
2314.
En los diferentes cuerpos policiales de la ciudad capital también
funcionaron cárceles clandestinas. El sitio clandestino de detención y tor-
506
1372 El Imparcial. 5 de julio de 1966.
1373 C 968. Enero, 1982. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
1374 Testigo CEH. (T.C. 116).
1375 Testigo REMHI. Caso 5447.
tura del Segundo Cuerpo de la Policía Nacional quedaba cerca del garaje,
al igual que el hospitalito de la Policía nacional.
1376
Allí funcionó la sede del
cuerpo armado que operó en el Gobierno de Lucas García con el nombre
de Comando Seis.
2315.
El hospitalito de la Policía Nacional, próximo al Segundo Cuerpo
de la Policía Nacional, era utilizado tanto para tratamiento médico de tor-
turados, como lugar donde se aplicaba tortura farmacológica. Varios de-
tenidos-desaparecidos fueron vistos en tratamiento en el hospitalito de la
Policía Nacional, antes de que se perdiera su rastro. Ejemplo de ello es el
caso de Lucrecia Orellana Stormont, internada allí para curarla de las se-
cuelas respiratorias que había provocado el uso de la capucha de game-
zán.
1377
Más tarde Lucrecia Orellana Stormont fue desaparecida forzosa-
mente.
2316.
Otro caso que ilustra también el uso del hospitalito como centro
de recuperación de personas torturadas, es el de un médico que fue some-
tido a tortura farmacológica.
“Yo no puedo concebir que una gente pueda estar cuatro semanas sin
saber si ha comido, si ha bebido, si ha defecado, si algo le ha dolido y
resulta que está lastimado de las manos, lastimado de los pies, llaga-
do de la espalda y ... para mí sólo hay una posibilidad, que estuve ba-
jo la acción de drogas...”
1378
2317.
Cuando recobró la conciencia, la víctima recuerda que fue llevada
en un jeep de un cuartel militar; probablemente del Mariscal Zavala, dice
el testigo, hacia el hospitalito de la Policía Nacional:
“Me acuerdo que me bajaron con capucha en el Segundo Cuerpo y me
ingresaron como XX, en el hospitalito, eso fue otra cosa para mí, ver-
daderamente angustiosa, fui ingresado al hospitalito del Segundo
Cuerpo como XX, lo cual me aterrorizó ... Ahí estuve en manos de
unos médicos”.
1379
2318.
En febrero de 1983, luego de un mes de detención en una cárcel
clandestina en Nueva Montserrat, una víctima fue llevada al Tercer Cuer-
po de la Policía Nacional:
“Ellos me dejaron aislada aquí ... había una cama horrible, repulsi-
va, con sangre, en un cuarto horrible. Ellos me dijeron que ahí ha-
507
1376 Testigo CEH. (T.C. 116).
1377 CI 22. Marzo-noviembre, 1983. Ciudad de Guatemala y Quetzaltenango.
1378 C 776. Junio, 1982. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
1379 Ibid.
bían tenido a un muchacho que habían agarrado en una confronta-
ción. Ellos ni siquiera le habían dado comida porque lo iban a ma-
tar ... El cuarto tenía saliva, mocos y todo. Había escupidas en la pa-
red. Yo les pregunté qué iban a hacer conmigo. Ellos me dijeron que
había tres opciones: ‘Ellos pueden dejarte libre, llevarte a los Tribuna-
les de Fuero Especial, o llevarte a tu tumba”.
1380
Diez días después la
víctima fue trasladada a la prisión de Santa Teresa para ser juzga-
da ante los Tribunales de Fuero Especial.
2319.
La sede del cuerpo de detectives, nombre que tuvo la Policía Judi-
cial durante los años setenta, se ubicó en el Cuarto Cuerpo de la Policía
Nacional, establecido en el viejo cuartel que estaba en la cuchilla que se
forma en la carretera a San Juan y la calzada Mateo Flores, que es la anti-
gua carretera a Mixco.
“Después de eso me trasladaron tirado en el piso del carro en que me
capturaron, me trasladaron al Cuarto Cuerpo. A lo que era el Cuar-
to Cuerpo de la Policía Nacional. Ese quedaba donde pasa ahora el
periférico en la calzada San Juan, allí hay una cuchilla donde se se-
para la antigua carretera a Mixco y la calzada San Juan. Ese edificio
ya no existe, fue destruido, pero fue muy conocido en su época porque
precisamente allí se llevaban a los desaparecidos, al Cuarto Cuerpo.
“Me metieron en un cuartito donde guardaban madera. No era pro-
piamente una celda sino un cuarto cualquiera de la instalación poli-
cíaca. Desde las rendijas que habían en el cuartito podía ver yo a los
policías. Es decir, a mí no me cabía duda dónde estaba. Por lo menos
en dos ocasiones en que llegaron jueces a practicar recursos de exhibi-
ción por mí, fui sacado con antelación por policías, por agentes uni-
formados. En varias ocasiones me trasladaron en vehículos de la Poli-
cía que llamaban perreras, de manera precipitada, engrilletado me
metieron a la palangana del vehículo mientras el juez se iba ... Nos
tenían engrilletados adentro del vehículo y nos custodiaban policías
uniformados...”
1381
2320.
En la época del Gobierno del general Lucas el cuerpo de detectives
contaba con un centro operativo en la Octava Avenida y 4ª calle de la zo-
na 1.
1382
Cuando este cuerpo se transformó en el Departamento de Inves-
508
1380 C 20008. Enero 1983. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
1381 C 968. Enero, 1972. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
1382 Testigo (antiguo funcionario de la Policía Nacional) CEH. (T.C. 116).
tigaciones Técnicas (DIT), ya bajo el Gobierno de Ríos Montt, la nueva
sede de tortura se trasladó a la 20 calle de la zona 10. Allí, los sanitarios
eran utilizados como prisiones provisionales mientras se procedía a trasla-
dar a los detenidos hacia la antigua Escuela Politécnica o a otra cárcel clan-
destina de carácter militar.
2321.
El Quinto Cuerpo fue la sede de una unidad de élite contrainsur-
gente de la Policía Nacional conocida como Brigada de Operaciones Espe-
ciales (BROE). Según un ex policía judicial, en el sótano del almacén de
guerra del Quinto Cuerpo existía un centro clandestino de detención y de
tortura.
1383
2322.
El estudiante Adrián Guerra Roca estuvo detenido en marzo de
1987 en el Quinto Cuerpo, ubicado en el anillo periférico, zona 7, en la
ciudad capital. Allí lo metieron en un cuarto aislado, sin ventanas y
acondicionado especialmente para aplicar torturas. El explicaba que la
única entrada a esa pieza era una puerta pequeña como de unos 50 cen-
tímetros, de lado a lado. A esa pieza sólo entraban los torturadores y los
jefes. En el momento en que él estaba siendo torturado, no había nin-
gún otro detenido en la misma habitación; pero dijo que cuando él esta-
ba esperando se dio cuenta que habían introducido a varias personas pa-
ra ser torturadas.
1384
2323.
También en los cuerpos policiales que se encontraban fuera de la
ciudad capital, funcionaron centros clandestinos donde se practicaron in-
terrogatorios bajo tortura. Una víctima, al ser capturada, fue llevada entre
el 4 y 5 de julio 1981 al cuartel del Primer Cuerpo de la Policía Nacional
de Quetzaltenango, el cual estaba al mando de un oficial militar.
“Me sacaron violentamente del carro. Me condujeron a un cuarti-
to, era el servicio sanitario. Allí me quedé con las manos engrilleta-
das hacia atrás, tirado en el piso mojado. A cada rato entraban los
policías a defecar. Al buen rato se oyó que entraron más policías,
iban rindiendo novedades al jefe de dicho cuerpo policial. Me di
cuenta entonces que estaba en el Primer Cuerpo de la Policía Na-
cional”.
1385
2324.
Durante el Gobierno de Ríos Montt, muchas mujeres que habían
sido detenidas y torturadas en centros clandestinos, fueron trasladadas a la
cárcel de mujeres Santa Teresa, en la ciudad capital, para ser procesadas por
los Tribunales de Fuero Especial.
509
1383 Ibid.
1384 Comité pro Justicia y Paz de Guatemala, Situación de los Derechos Humanos de Guatemala, In-
forme Preliminar, Guatemala, octubre de 1988, pg. 22 .
1385 CI 98. Julio, 1980. Quetzaltenango, Huehuetenango y Guatemala.
“Ahí en la cárcel [de Santa Teresa] había varios casos como el mío, de
varias mujeres que estaban esperando sentencias. Entre ellas, una mu-
chacha que era mujer de un comandante, a él lo habían matado en
su casa y a ella la habían secuestrado junto con sus dos gemelitas. La
llevaron a la cárcel de mujeres y a sus dos gemelitas se las secuestraron;
eran unas niñitas como de un mes, no me acuerdo de sus nombres.
1386
Yo sé que fue un caso muy conocido en Guatemala. Cuando la cono-
cí me contó todo lo que había pasado con sus dos gemelitas. Otra mu-
jer de otro ex guerrillero, me contaba que a él lo tenían en Pavón, y
ella ahí, ella sólo estaba esperando tener a su bebé, porque la tenían
ahí embarazada. También estaba esperando sentencia...”
1387
2325.
Las detenidas, que habían permanecido bajo cautiverio dos o tres
meses, seguían siendo objeto de tortura por parte de sus antiguos captores
en la cárcel:
“Estando en la cárcel de mujeres de Pavón los torturadores de la G-2
llegaban a verme. Incluso un día llegó uno de ellos cuando yo estaba
durmiendo. Yo sentí que me estaban tocando, que si era uno de ellos.
Entonces me dijo: ‘Lo que pasa es que no te me has podido olvidar y
quiero ver si te puedo visitar aquí. Voy a pedirle permiso a la jefa si
me deja. Si no, sólo así. Pero yo, como soy un hombre digno y me gus-
ta respetar, por eso no te agarro sólo así, porque no sería bueno. Tal
vez ella me autoriza que te pueda venir a ver a algún privado o algo’.
Me decía un montón de cosas que para mí eran bien humillantes, y a
cada momento, yo no dormía sólo de pensar que en cualquier momen-
to alguien me fuera a hacer daño. Pero, sí, me llegaban a ver casi a
diario y entraban como que tenían todo el derecho y yo sé que no lo
hacían sólo por mí, sino también por la demás gente que tenían ahí
y que ellos mismos habían tenido antes en el mismo lugar de la zona
10. Y la mayoría eran mujeres”.
1388
Las cárceles clandestinas en propiedades particulares
2326.
Tanto en la ciudad como en el interior del país se utilizaron diver-
sas instalaciones, propiedad de particulares, como centros de detención,
interrogatorio y tortura. Estos lugares podían pertenecer a los propios ofi-
ciales del Ejército de Guatemala, o eran proporcionados por comisionados
militares, jefes de Patrullas de Autodefensa Civil, o bien, colaboradores del
Ejército. Dado su carácter clandestino, su condición secreta era celosamen-
510
1386 La testigo se está refiriendo al caso C 20008. Enero, 1983. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
1387 Testigo CEH. (T.C. 800).
1388 Ibid.
te resguardada. La CEH recibió denuncias de algunos de estos puntos
principalmente en la ciudad de Guatemala.
2327.
Una persona que estuvo detenida en una cárcel clandestina del
DIT en la ciudad capital, después de varios meses de tortura fue conduci-
da a estos lugares con el objeto de identificar presuntos guerrilleros:
“Luego me llevaban a casas que tenían ubicadas en la colonia San
Rafael en la zona 18, que usaban como casas de tortura y de reunio-
nes. Y digo casas de tortura porque las tenían como equipadas con ca-
puchas, con cinturones, con pitas con las que amarraban a la gente y
eran casas que estaban bien aisladas de la población. Eran casas de
tortura porque estaban bien protegidas para que no se oyeran ruidos
ni nada de eso. Me llevaban porque ellos iban a hacer reuniones ahí
o a tomar y eso y ahí me mantenían siempre...”
1389
2328.
Estos inmuebles podían albergar una gran cantidad de personas.
Una víctima fue detenida el 6 de enero de 1983 en la casa de su cuñado,
al mediodía, por miembros del BROE y otro grupo de civiles que se iden-
tificaron como agentes de la G-2. Fue llevada a una casa en la zona 7, co-
lonia Nueva Montserrat, junto con su cuñado. Sus dos hijas, de apenas
meses de edad, fueron también detenidas y llevadas a este lugar, pero des-
pués se las arrebataron y trasladaron a un lugar desconocido. Durante 45
días, otra víctima fue desnudada, golpeada en las piernas, en la cara, some-
tida a toques eléctricos y torturada psicológicamente.
1390
2329.
En esa casa de Montserrat “oía cuando ellos traían más gente y cuan-
do estaban torturando a otros ... yo oía los gritos”.
1391
En total, pudo contar 26
personas cautivas en ese lugar, en varios momentos, cuando al poco tiempo
se le permitió salir de su celda. A los 45 días fue trasladada al Tercer Cuer-
po de la Policía Nacional y luego a la cárcel de mujeres de Santa Teresa pa-
ra ser juzgada por los Tribunales de Fuero Especial.
2330.
Otra víctima señala un centro de detención y tortura en la 7 calle
y 1ª avenida de la zona 1 de la ciudad capital:
“Una prima de la declarante trabajaba en la Presidencia y tenía re-
lación con el Estado Mayor Presidencial [EMP]. Ella le informó que
tenían a las víctimas en una casa de torturas del EMP que era una
casa particular ubicada en la 7ª calle y 1ª avenida de la zona 1. Una
noche esta prima le trajo una caja completa de fotos e información
511
1389 Ibid.
1390 C 20008 Enero, 1983. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
1391 Ibid.
que tenía el EMP sobre la numerosa familia de la declarante y su es-
poso, que era a quienes buscaban. Había información de toda la fa-
milia cercana y fotos de muchos de ellos. La prima [llena] del terror
quemó todo. Esta persona se fue ... y nunca más quiso volver. Estaba
aterrorizada de lo que había sabido, pero quería mucho a las vícti-
mas”.
1392
Otros centros de detención y tortura
2331.
Numerosas unidades del Ejército ocuparon distintas propiedades
civiles como iglesias, edificios vacíos, minas abandonadas, donde instala-
ron centros de detención, interrogación y tortura. Estos núcleos mantuvie-
ron su actividad durante algunas semanas, meses o años, dependiendo de
las necesidades del Ejército .
2332.
La compañía minera Oxec, ubicada a orillas de río Cahabón,
conocido en ese punto como río Oxec, Alta Verapaz, abandonó sus ins-
talaciones alrededor de 1980. Después fueron utilizadas por el Ejército
para ubicar un campamento temporal donde se cometieron múltiples
violaciones de derechos humanos.
“Ahí hacían torturas y quemaban viva a la gente. Hubo gente que es-
tuvo encerrada 43 días y sólo arroz le daban de comer, salieron des-
mayados. Ahí violaban a las mujeres y obligaban a los hombres a vio-
lar a sus compañeras, si no lo hacían los mataban, y cuando tenían
sed los hacían tomar orines...”
1393
“Nuestros compañeros recibieron duros tratos, porque fueron encerra-
dos durante 20 días o un mes en unos hoyos o agujeros, en la compa-
ñía Oxec, sin comida ni bebida. Los agujeros eran como de siete me-
tros aproximadamente ahí los mantenían a agua y sol todo el día, de
comida les daban sus excrementos y de bebida sus orines”.
1394
2333.
En muchas ocasiones los destacamentos militares fueron acomoda-
dos directamente en las iglesias de la comunidad, como en los casos de Za-
cualpa, San Andrés Sajcabajá y Joyabaj en Quiché, y Nentón en Huehue-
tenango. En estos templos se torturaba y además se inhumaba a las vícti-
mas. En Santa Anita Las Canoas, San Martín Jilotepeque, Chimaltenan-
go, las personas fueron torturadas dentro de la iglesia y posteriormente eje-
cutadas en los postes, ante toda la comunidad.
1395
512
1392 C 13405. Marzo, 1981. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
1393 Testigo CEH. (T.C. 5).
1394 C 9477. 1982. Cahabón, Alta Verapaz.
2334.
Las escuelas públicas también fueron utilizadas de modo ocasional
para practicar interrogatorios bajo tortura:
“El 10 de mayo de 1991, [en Xecoxol, Tecpán, Chimaltenango] 65
personas fueron detenidas en la escuela pública. La [duración de la]
detención varió de persona en persona: un grupo estuvo detenido unas
horas, otro medio día, algunos un día, otro grupo dos días y el último
grupo estuvo dos meses. Les acusaron de ser guerrilleros”.
1396
Las víctimas de la tortura
Por edad y sexo
2335.
A continuación se presentan los datos de edad y sexo de las vícti-
mas de torturas registradas por la CEH, así como la pertenencia étnica y
el tipo de actividad que desarrollaban o el sector social al que pertenecían.
2336.
La G
RÁFICA
32, ilustra cómo, según los datos de la CEH, la tor-
tura afectó principalmente a hombres adultos. Sin embargo, los porcen-
tajes de niños y mujeres afectados por esta violación siguen siendo signi-
ficativos.
513
0.00%
1.47%
1.67%
6.51%
16.24%
12.90%
14.59%
8.52%
6.99%
5.48%
2.59%
3.51%
1.24%
0.48%
0.21%
0.11%
3.24%
2.97%
4.40%
5.88%
5.28%
5.66%
3.96%
3.02%
1.98%
1.48%
2.03%
0.60%
0.44%
0.27%
0.11%
0.27%
–5% 0% 5% 10% 15% 20%
0-5
6-11
12-17
18-23
24-29
30-35
36-41
42-47
48-53
54-59
60-65
66-71
72-77
78-83
84-89
90-100
Porcentaje
Edad
Hombres
Mujeres
Nota: Sólo se incluyó el 57% de los datos; del 43% no se tiene información sobre
la edad y/o sexo. Porcentaje calculado con base en el total de torturas a personas
con edad y sexo conocido: 4,365.
1395 C 262. Octubre, 1982. San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.
1396 C 498. Mayo, 1991. Tecpán, Chimaltenango.
GRÁFICA 32: Porcentaje de torturas según edad y sexo
GUATEMALA (1962-1996)
Pertenencia étnica
2337.
De acuerdo con los datos sobre tortura reportados por la CEH, el
85.2% de las víctimas individuales eran mayas, el 14.6% ladinos y el 0.1%
pertenecía a otro grupo (Véase G
RÁFICA
33).
2338.
Entre los pueblos mayas, el más vulnerado fue el pueblo k´iche´
con 32%. En términos relativos esta tasa es alta puesto que los k´iche´ re-
presentan aproximadamente el 10% de la población total de Guatemala.
Esto quiere decir que las víctimas k’iche’ sufrieron represalias a escala na-
cional, en una magnitud que casi triplicaba su representación en todo el
país.
1397
2339.
Después de los k´iche´ le siguen en orden los q´eqchi´, kaqchikel,
mam, achí y en menor proporción los q´anjob´al, ixil y chuj.
2340.
El análisis global demuestra que en Guatemala la tortura fue diri-
gida primordialmente hacia el pueblo maya. Las razones que pueden ex-
plicar esta situación son diversas: en primer lugar el Ejército trataba de im-
pedir la organización campesina, laboral, política y social en las áreas ma-
yas. En segundo término, el temor del Ejército a que los núcleos indígenas
pudieran incorporarse a las filas de la guerrilla, lo impulsó a sistematizar
castigos ejemplares contra la población, como torturas, junto con masacres
o ejecuciones colectivas y públicas extremadamente crueles en todos los ca-
514
Nota: Se incluyó sólo el 98.23% de los datos, el 1.77% no se tiene información de pertenencia étni-
ca. Porcentaje calculado con base al total de víctimas individuales identificadas con pertenencia ét-
nica conocida quienes sufrieron tortura.
85.26%
14.60%
0.14%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Maya Ladino Otros
Pertenencia étnica
Porcentaje
1397 En efecto, una de cada diez personas es k´iché en relación con el resto de los ciudadanos de la Re-
pública y tres de cada diez víctimas de tortura era k´iché.
GRÁFICA 33: Porcentaje de víctimas de torturas según pertenencia étnica
GUATEMALA (1962-1996)
sos con el objeto de inhibir la participación indígena en la lucha guerrille-
ra. En tercer lugar, porque el Ejército pretendió cambiar la forma de pen-
samiento tradicional (valores y costumbres) del pueblo maya para lograr la
adhesión a la doctrina contrainsurgente a través de mecanismos de control
de población como las PAC, las aldeas modelo y los polos de desarrollo.
2341.
La tortura se convierte así en uno de los sistemas que se activan pa-
ra obligar a la población a colaborar con el Ejército. Mediante el castigo re-
gular de las personas que no participaban en las nuevas formas de control
social impuestas por el Ejército, o que no acataban el nuevo poder de los
comisionados militares o del jefe de patrulla de la comunidad, se conseguía
someter a la población.
Actividad o sector social
2342.
De acuerdo con los casos presentados por la CEH se ha podido ra-
tificar que las víctimas de tortura pertenecieron a todos los sectores sociales:
organizaciones indígenas, campesinas, sindicales, cooperativas, etc. Por con-
siguiente, la tortura fue una persecución de la oposición política y tenía co-
mo uno de sus principales objetivos infundir terror en la población.
2343.
El mayor número de víctimas lo conformaban las personas que
ejercían un rol social destacado, como los líderes campesinos, los artesanos,
los profesionales liberales (abogados, médicos, odontólogos, etc.), los pro-
fesores y los estudiantes. Esta política represiva se orientaba en forma espe-
cífica a desarticular las organizaciones de los pueblos indígenas.
“En los comienzos del setenta, hay manifestaciones del movimiento
maya, pero también empiezan a ser descabezadas, entonces nadie
quiere levantar la cabeza, nadie...”
1398
2344.
A finales de la década de los setenta se incrementó la persecución
y tortura de los líderes campesinos e indígenas. Un ejemplo es el caso del
líder cooperativista Lorenzo Set y sus compañeros:
“Lorenzo Set era un líder comunitario, de la Aldea Cerro Alto, en
Chimaltenango, que se encontraba organizando la cooperativa Pedro
de Betancourt. El 22 de febrero de 1981; a las nueve de la mañana,
llegó el Ejército y observó una reunión en la comunidad. Más tarde,
ese mismo día, unos hombres cubiertos con gorras pasamontañas lle-
garon hasta la comunidad y secuestraron a Lorenzo y Matías Set, An-
gel Pirir, Mateo Socoy y Francisco Colán. Todos pertenecían a la jun-
ta directiva de la cooperativa. Unos delatores habían acusado a las
515
1398 Testigo CEH. (T.C. 58).
víctimas de ser miembros del CUC. Se llevaron a las víctimas y les di-
jeron a los otros miembros de la comunidad que no dijeran nada o los
regresarían a secuestrar”.
“Los familiares comenzaron a buscar a las víctimas en diferentes lu-
gares, incluyendo morgues, hospitales, etc. El 25 de febrero aparecie-
ron muertos en San Cristóbal, en la ciudad de Guatemala. Las vícti-
mas presentaban señales de tortura, no tenían lengua y sus cabezas es-
taban completamente destrozadas. El día que trajeron los cuerpos, se
encontraba el testigo en el parque central cuando un hombre se le
acercó y le dijo que el Ejército no quería que se reunieran más para
formar la cooperativa. El jefe de la judicial de Chimaltenango de ese
entonces también le enseñó a otro miembro de la comunidad un lis-
tado de personas que estaban amenazadas en la aldea Cerro Alto. A
raíz de este hecho la cooperativa dejó de funcionar. Una parte de la
finca fue parcelada y el resto fue entregado a la zona militar de Chi-
maltenango, en donde se encuentra asentada todavía”.
1399
2345.
Las acciones eran crueles en extremo con el propósito de ocasionar
temor entre la población. Cuando el Ejército detenía a un supuesto cola-
borador de la guerrilla lo hacía padecer crueles torturas antes de matarlo,
luego lo dejaba en el lugar por días y prohibía su entierro. En el caso de
Juan, los soldados lo detuvieron.
“Luego lo colgaron de un tapesco, le cortaron el brazo, luego proce-
dieron lentamente a cortarle la cara con machete. Después le dieron
un machetazo en la cabeza y otro golpe en el estómago. Lo colgaron
por el cuello y perdió todas sus tripas... Venía una segunda patrulla
de soldados, que agarró a José y le cortaron la cabeza. A Andrés lo
acusaron de dirigir a la gente que se quedaba bajo la montaña. Le
pusieron una espina en sus ojos y después se los sacaron, le cortaron
sus orejas y lo golpearon hasta casi morir. Luego llevaron a su espo-
sa Benita. Los soldados le cortaron el pene a Andrés, obligaron a Be-
nita a comérselo y luego la mataron”.
1400
2346.
Las torturas a la luz pública también fueron realizadas contra la co-
munidad, torturando y asesinando de forma indiscriminada a niños, mu-
jeres y ancianos. En las comunidades consideradas por el Ejército como
irrecuperables, sus miembros quedaban expuestos a ser torturados o a pa-
516
1399 C 355. Febrero, 1981. Chimaltenango, Chimaltenango.
1400 C 11314. Marzo, 1982. San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.
decer métodos de ejecución crueles e inhumanos. De esta naturaleza fue el
sufrimiento de Mariana, una niña de 2 años:
“Luego que los soldados mataron a su madre, dejaron sola a Maria-
na para que se la comieran los coyotes. Los coyotes le comieron las pier-
nas y los brazos. Su padre también fue torturado hasta desfallecer y
dejado en el campo para ser comido por los animales. Era dueño de
una tienda. Los soldados llevaron un camión grande donde cargaron
toda la mercadería”.
1401
Actuación del Organismo Judicial
frente a los actos de tortura
2347.
Toda persona que sufre tortura tiene el derecho a que se inicie una
investigación exhaustiva e imparcial sobre el hecho, a que se condene a los
responsables y a que se le otorgue la debida reparación. En Guatemala se
denegó sistemáticamente este derecho. Según los testimonios recogidos
por la CEH, durante el enfrentamiento armado la tortura física o psico-
lógica se dio de modo sistemático como parte de la privación de la liber-
tad, tanto en centros clandestinos de detención como en cárceles públi-
cas. Por lo general, también se dio de modo previo a los casos de ejecu-
ciones arbitrarias y masacres. Si la víctima de la tortura lograba sobrevivir
y ser puesta en libertad, uno de los efectos de la tortura era justamente,
el temor de cualquier vínculo con las fuerzas de seguridad y los agentes
estatales, lo que inhibía a la víctima de denunciar los hechos. El modus
operandi de la tortura estaba destinado a crear temor en la víctima y a neu-
tralizarla no sólo frente a todo tipo de acción política o social posterior,
sino también frente a cualquier posible denuncia de dicha violación de los
derechos humanos.
“Pasé mucho tiempo con miedo. Nunca pensé en denunciar esto pues
el Ejército era el todopoderoso y me hubieran asesinado. Además mis
nervios se destrozaron, creo que para toda la vida”.
1402
En otro caso los familiares señalan: “Luego de la desaparición de
Martín, nadie de la familia hace algo para averiguar el paradero de
la víctima, ni presentar denuncia alguna en vista de que las mismas
autoridades son las que se llevan sin motivo alguno a la gente”.
1403
517
1401 C 13021. Junio, 1981. Uspantán, Quiché.
1402 C 7091. Abril, 1984. San Pablo, San Marcos.
1403 CI 36. Julio, 1981. Chichicastenango, Quiché.
En San Marcos, luego de haber desaparecido a Fausto Armando y
Alberto, la familia se sintió impotente. “Nunca pusimos la denun-
cia pues la gente nos decía que si lo hacíamos, el Ejército enviaría a
la G-2 y nos haría lo mismo que a ellos. En ese tiempo nadie podía
reclamar nada”.
1404
2348.
De su parte, las diferentes autoridades de los centros de detención,
como los alcaides, se abstenían de denunciar la comisión de torturas o in-
cluso las posibilitaban. Los jueces y fiscales que conocían de la detención
o proceso penal contra personas que habían sufrido torturas, no abrían la
investigación de oficio, faltando a su deber de investigar, juzgar y sancio-
nar la tortura. Inclusive en algunos casos las autoridades judiciales realiza-
ron actos expresos de encubrimiento de las torturas infligidas a las vícti-
mas. La abdicación de las funciones de fiscalización y de investigación
frente al poder militar por parte de las autoridades judiciales y fiscales se
ilustran de modo evidente en el caso que sigue. Agentes del Ministerio Pú-
blico y los tribunales protegieron a los militares autores de torturas y de-
tención arbitraria, colaboraron con ellos y encubrieron sus actos violato-
rios de derechos humanos:
2349.
Maritza Urrutia, miembro del EGP, fue detenida ilegalmente por
miembros de la Inteligencia del Ejército y luego torturada en las instalacio-
nes de la Policía Militar Ambulante, hasta que aceptó hacer videos de pro-
paganda antiguerrillera y solicitar su amnistía. Cuando el Fiscal General de
la Nación y la jueza del Quinto Juzgado de Instrucción intervinieron para
la aplicación de la amnistía, a pesar de que los hechos eran de dominio pú-
blico, en ningún momento investigaron por la legalidad de la detención ni
por las torturas. El Fiscal General encubrió los hechos violatorios de dere-
chos humanos al afirmar que no existían indicios de secuestro, en clara
contradicción con el expediente que él mismo remitiera al Organismo Ju-
dicial para la aplicación de la amnistía, e inclusive facilitó las instalaciones
del Ministerio Público para difundir la versión oficial del Gobierno.
1405
518
1404 C 7272. 1981. San Marcos.
1405 Véase el caso ilustrativo sobre la privación arbitraria de libertad y tortura de Maritza Urrutia. (CI
33), Guatemala, 1992.
1
Apéndices
520
2
521
3
522
4
523
5
524
DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL EJÉRCITO
A PARTIR DE 1961
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
19
21
22
1
ZM 1
ZM 2
ZM 3
ZM 4
ZM 5
ZM 6
MÉXICO
BELICE
HONDURAS
EL SALVADOR
1. El Petén
2. Alta Verapaz
3. Baja Verapaz
4. Izabal
5. El Quiché
6.
Huehuetenango
7. San Marcos
8. Quetzaltenango
9. Totonicapán
10. Sololá
11. Chimaltenango
12. Sacatepéquez
13. Guatemala
14. Santa Rosa
15. Escuintla
16. Suchitepéquez
17. Retalhuleu
18. Jalapa
19. El Progreso
20. Jutiapa
21. Chiquimula
22. Zacapa
Capital
6
525
DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL EJÉRCITO
A PARTIR DE 1983
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
19
21
22
1
MÉXICO
BELICE
HONDURAS
EL SALVADOR
1. El Petén
2. Alta Verapaz
3. Baja Verapaz
4. Izabal
5. El Quiché
6.
Huehuetenango
7. San Marcos
8. Quetzaltenango
9. Totonicapán
10. Sololá
11. Chimaltenango
12. Sacatepéquez
13. Guatemala
14. Santa Rosa
15. Escuintla
16. Suchitepéquez
17. Retalhuleu
18. Jalapa
19. El Progreso
20. Jutiapa
21. Chiquimula
22. Zacapa
Capital
ZM 23
ZM 6
ZM 4
ZM 7
ZM 5
ZM 8
ZM 9
ZM 10
ZM 11
ZM 1ZM 2ZM 3
ZM 12ZM 13
ZM 14
ZM 16
ZM 17
ZM 15
ZM 18
ZM 20
ZM 19
ZM 21
ZM 22
7
526
8
527
9
528
10
Guatemala, memoria del silencio terminó de
imprimirse en el mes de junio de 1999, en
los talleres de Litoprint, 3a. Calle “A” 37-47
Zona 7, Guatemala 01007. La publicación
estuvo al cuidado de Cipriano Fuentes,
Francisco Morales Santos, Luis Roberto
Villalobos y Juan Rafael Ramírez.
EL CAPÍTULO SEGUNDO,
LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS
Y LOS HECHOS DE VIOLENCIA,
CONTINÚA EN EL TOMO III
GUATEMALA
MEMORIA
DEL SILENCIO
Las violaciones
de los derechos humanos
y los hechos de violencia
GUATEMALA
MEMORIA
DEL SILENCIO
Informe de la Comisión
para el Esclarecimiento Histórico
TOMO III
Primera edición, junio de 1999
El contenido del Informe
Guatemala, memoria del silencio
es responsabilidad únicamente de la
Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).
Esta publicación fue realizada
por la Oficina de Servicios para Proyectos
de las Naciones Unidas (UNOPS).
ISBN: 99922-54-00-9 (Obra completa)
ISBN: 99922-54-03-3 (Tomo III)
DISEÑO: Servigráficos S.A.
PORTADA: CEH
Impreso en Guatemala
Esta obra puede ser reproducida total o parcialmente, por cualquier forma o medio,
sin consentimiento previo de UNOPS, siempre que se cite el crédito correspondiente.
CAPÍTULO SEGUNDO:
L
AS VIOLACIONES
DE LOS DERECHOS HUMANOS
Y LOS HECHOS DE VIOLENCIA
(Continuación)
VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS 13
XIII. Violencia sexual
contra la mujer
13
Marco jurídico 14
La violencia de género 19
El dolor en silencio 20
Datos de los casos de violación
sexual registrados por la CEH 23
Marco conceptual de la violencia
contra las mujeres 25
Violaciones sexuales perpetradas
o permitidas por el Estado 27
A modo de síntesis 55
XIV. Violencia contra la niñez 57
Marco jurídico 57
La niñez en medio
del enfrentamiento armado 60
Violaciones del derecho a la vida 60
Desaparición forzada 66
Índice
Violación contra el derecho
a la integridad personal 66
Violación del derecho
a la libertad individual 70
Violación del derecho
a la propia vida cultural 72
Violación del derecho
de los niños en conflictos armados 78
XV. Privación de libertad 81
Marco jurídico 81
Casos de privación ilegal
de libertad denunciados
ante las instancias internacionales
de protección de derechos humanos 85
Casos de privación de libertad
presentados ante la CEH 88
Los autores 100
Reclutamiento forzoso ilegal 107
XVI. Denegación de justicia 113
Introducción 113
La justicia entre 1954 y 1966 117
La justicia durante la vigencia
de la Constitución de 1965 124
La justicia entre 1982 y 1986 137
La justicia entre 1986 y la finalización
del conflicto armado interno 147
Conclusiones 151
XVII. Libertad de expresión 151
Violaciones de la libertad de expresión 154
Periodistas y medios de comunicación 156
La desinformación 167
XVIII. Violaciones a los derechos
de existencia, integridad
e identidad cultural
de los pueblos indígenas
171
Obligaciones de Guatemala respecto
a los derechos de los pueblos
indígenas en el Derecho Interno
e Internacional 171
Violaciones a los derechos
de existencia, integridad e identidad
cultural del pueblo maya 181
Actos de discriminación,
el reclutamiento forzoso 196
Vulneración de las formas
de organización y regulación
de la vida social 206
XIX. Desplazamiento forzado 211
Huir para conservar la vida 215
La población es el objetivo principal,
debiendo alcanzar su control físico
y psicológico 222
Los polos de desarrollo 231
Aldeas modelo 236
Comunidades de Población
en Resistencia (CPR) 242
Los refugiados 247
XX. Las masacres: violencia colectiva
contra la población indefensa
249
Introducción 249
Definiciones y conceptos 250
Las masacres en cifras 256
Las masacres: de la violencia
a la barbarie 259
Las masacres como operativos centrales
de la estrategia contrainsurgente 272
Las operaciones militares, masacres
y tierra arrasada: junio de 1981
a diciembre de 1982 298
XXI. Genocidio 314
Consideraciones generales
y marco jurídico 314
Análisis de las regiones 325
Conclusiones finales 417
LOS HECHOS DE VIOLENCIA 424
XXII. Las organizaciones guerrilleras
y el derecho internacional
humanitario
424
Tipos de infracciones 427
XXIII. Atentados al derecho a la vida:
las ejecuciones arbitrarias
430
Ajusticiamientos 430
Fusilamientos 467
Las masacres 473
XXIV. Atentados al derecho
a la integridad personal
y a la libertad
480
La desaparición 481
El secuestro 482
El impuesto de guerra
y otro tipo de extorsiones 488
El reclutamiento forzoso 490
Los miembros de las fuerzas armadas
puestos fuera de combate por detención 494
La tortura y los tratos crueles,
inhumanos y degradantes 497
Atentados contra la libertad de expresión 499
XXV. Atentados contra
la propiedad pública y privada
501
Ataques contra sedes municipales 503
Ataques contra otros bienes civiles
del Estado 505
Atentados contra torres de energía 506
Atentados contra obras viales 507
Ataques contra bienes civiles
propiedad de particulares 509
XXVI. Infracciones cometidas
en operaciones militares
514
Civiles muertos o heridos en hostilidades 514
Civiles muertos o heridos
por colocación de minas,
armas trampas u otros artefactos 515
Civiles muertos por desplazamiento 517
APÉNDICES
1. Número de masacres por departamento
perpetradas por fuerzas del Estado
(1962-1996) 519
2. Protección a los pueblos indígenas
en el Derecho Internacional 520
3. Protección de los pueblos indígenas
en el Derecho Interno 526
4. Normas constitucionales citadas 527
XIII. VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER
2350.
Las mujeres fueron víctimas de todas las formas de violación de los
derechos humanos cometidas durante el enfrentamiento armado, pero
además sufrieron formas específicas de violencia de género. En el caso de
las mujeres mayas se sumó a la violencia armada, la violencia de género y
la discriminación étnica. Este apartado se refiere de modo especial a la vio-
lencia sexual contra las mujeres.
2351.
La violación sexual fue una práctica generalizada y sistemática rea-
lizada por agentes del Estado en el marco de la estrategia contrainsurgente,
llegando a constituirse en una verdadera arma de terror y en grave vulnera-
ción de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Las
víctimas directas fueron principalmente mujeres y niñas, pero también fue-
ron ultrajados sexualmente niños y hombres. Las violaciones sexuales cau-
saron sufrimientos y secuelas profundas tanto en las víctimas directas como
en sus familiares, cónyuges y comunidad entera. Igualmente tuvieron gra-
ves efectos de carácter colectivo para el grupo étnico de las víctimas.
2352.
El hecho de la violación sexual estuvo acompañado por la vulne-
ración de muchos derechos. Por lo general, los casos de violaciones sexua-
les individuales o selectivas, se dieron en el contexto de la detención de las
víctimas y muchas veces fueron seguidas de su muerte o desaparición. Los
casos de violaciones masivas o indiscriminadas y públicas, se registraron
en áreas de gran concentración indígena, como una práctica común lue-
go de la instalación de destacamentos militares y PAC, de modo previo a
masacres o como parte de operaciones de tierra arrasada. También se die-
ron acompañadas de la muerte de mujeres embarazadas y la destrucción
de los fetos.
2353.
Por su modus operandi, las violaciones sexuales originaron el éxodo
de mujeres y la dispersión de comunidades enteras, rompieron lazos con-
yugales y sociales, generaron aislamiento social y vergüenza comunitaria,
provocaron abortos y filicidios, impidieron matrimonios y nacimientos
dentro del grupo, facilitando la destrucción de los grupos indígenas.
VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS
(Continuación)
Marco jurídico
2354.
El derecho internacional de los derechos humanos, tanto conven-
cional como consuetudinario, así como el derecho humanitario, protegen
el derecho a la vida, la integridad física y psicológica, la libertad, el honor,
la dignidad de toda persona, y prohíben cualquier discriminación o restric-
ción de derechos por razón de sexo. Igualmente prohíben toda forma de
trato cruel, inhumano o degradante, la tortura, la violación sexual y cual-
quier hecho basado en el género que cause muerte, daño físico o psicoló-
gico y sufrimiento sexual.
2355.
La normativa internacional ha venido desarrollando disposiciones
específicas para prevenir y sancionar la violación sexual que de modo espe-
cial se vincule a los conflictos armados, asumiendo que muchas veces las
partes la utilizan como táctica de guerra y terrorismo. En ese contexto, las
violaciones sexuales practicadas por agentes del Estado adquieren un carác-
ter masivo y sistemático y se realizan con total impunidad.
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos
2356.
La violencia sexual afecta un conjunto de derechos, los cuales tie-
nen protección internacional. Los derechos a la vida, la integridad física y
psicológica, la seguridad, la libertad personal, la dignidad y el honor, for-
man parte de los principios esenciales de los derechos humanos, o del lla-
mado núcleo duro, que deben ser respetados por los Estados. Estos dere-
chos son parte del derecho convencional de los derechos humanos y for-
man parte del derecho consuetudinario internacional.
2357.
Así, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948
establece en su Artículo 3 que: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la
libertad y a la seguridad de su persona”, y en el Artículo 5 señala que: “Na-
die será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradan-
tes”. También sanciona que: “Toda persona tiene los derechos y libertades pro-
clamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idio-
ma, religión...” (Artículo 2,1) y prohíbe toda forma de discriminación
(Artículo 7). Finalmente, en el Artículo 12 garantiza que “Nadie será obje-
to de ... ataques a su honra o reputación”.
2358.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, ra-
tificado por Guatemala en 1992, garantiza el derecho a la vida en el
Artículo 6,1 y protege el derecho a la integridad con el texto que sigue:
“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o de-
gradantes” (Artículo 7). Igualmente consagra el derecho a la libertad y se-
guridad personales (Artículo 9,1) y a la honra (Artículo 17). En el Artículo
10 señala específicamente que “Toda persona privada de libertad será trata-
da humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser huma-
no”. En los artículos 2,1 y 26 se garantiza el derecho a la no discriminación
14
por motivos de raza, sexo, idioma, etc. El derecho de los niños a recibir
medidas de protección por parte del Estado también está consagrado en el
Pacto, en el Artículo 41, inciso 1.
2359.
El sometimiento sexual prolongado dentro de una unión conyugal
forzosa o bajo condición servil, también está prohibido por el derecho in-
ternacional. Así, la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Es-
clavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la
Esclavitud de 1956, ratificada por Guatemala en 1983, prohíbe que se
ponga a una persona en condición servil, incluyendo la entrega en matri-
monio de mujeres contra su voluntad (Artículo 1, literales c) e i) y Artículo
7). Igualmente se prohíben los matrimonios forzosos o sin consentimien-
to en el Artículo 1 de la Convención sobre el Consentimiento para el Ma-
trimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los
Matrimonios de 1962, ratificada por Guatemala en 1983.
2360.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de
San José de Costa Rica de 1969, ratificada por Guatemala en 1978, sancio-
na en su Artículo 6, inciso 1 que “Nadie puede ser sometido a esclavitud o ser-
vidumbre, y tanto éstas como la trata de esclavos y la trata de mujeres están pro-
hibidas en todas sus formas”. En el mismo sentido, la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer adop-
tada por Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, ordena en su
Artículo 6 que los Estados supriman todas las formas de trata de mujeres.
2361.
En el sistema interamericano de derechos humanos, la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer o Convención de Belem do Pará del 9 de Junio de 1994,
1
define la
violencia contra la mujer en su Artículo 1, como “cualquier acción o con-
ducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico sexual
o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. Al re-
ferirse a la violencia perpetrada en el ámbito público, la define en su
Artículo 2 como “violencia física sexual y psicológica que sea perpetrada o to-
lerada por el Estado y sus agentes donde quiera que ocurra”.
2362.
La violencia sexual o toda forma de maltrato contra menores de
edad está prohibida en la normativa internacional. La Convención sobre
los Derechos del Niño de 1989, ratificada por Guatemala en 1990, en su
Artículo 37, literal a) sanciona que “Ningún niño sea sometido a torturas ni
a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes...” Y tiene disposicio-
nes específicas para la protección de niños en conflictos armados que se les
aplique el derecho internacional humanitario (Artículo 38, numeral 1),
para que el Estado adopte todas las medidas necesarias para la protección
15
1 El 15 de diciembre de 1994 el Estado de Guatemala ratificó dicho Convenio.
y cuidado de niños afectados por un conflicto armado (Artículo 38, nu-
meral 4) o para su recuperación si es víctima del mismo (Artículo 39).
Derecho Internacional Humanitario y derechos
de las mujeres en situaciones de conflicto armado
2363.
En las guerras y los conflictos armados internos la violencia sexual
contra la mujer ha sido ejercida de modo generalizado como arma de gue-
rra.
2
Desde la Primera Guerra Mundial,
3
los Estados han reconocido reite-
radamente la práctica de la violación sexual durante los conflictos armados
calificándola como crimen de guerra. El derecho internacional humanita-
rio, en su fin de humanizar los conflictos, ha desarrollado normas para pro-
hibir expresamente toda forma de maltrato y, de modo particular, la viola-
ción sexual.
2364.
El carácter masivo de las víctimas civiles durante la Segunda Gue-
rra Mundial hizo que el Derecho Internacional Humanitario evolucionara
acuñando el concepto de “crímenes contra la humanidad”. El horror ante el
holocausto conmovió a la humanidad dando razón de ser a los juicios de
Nuremberg y de Tokyo que establecieron por primera vez tribunales inter-
nacionales para juzgar a los responsables de tales crímenes. En los estatu-
tos del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg
4
y de Tokyo se inclu-
ye la violación sexual como crimen contra la humanidad.
5
2365.
Los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Guatemala en
1952, contienen el Artículo 3 común aplicable a los conflictos armados sin
carácter internacional, el cual dispone de modo explícito que las personas
que no participan directamente en las hostilidades y las que hayan queda-
do fuera de combate “serán en toda circunstancia, tratadas con humanidad,
sin distinción alguna desfavorable, basada en la raza, el color ... el sexo...” y,
por ende, prohíbe los atentados a la vida y la integridad corporal, las mu-
16
2 Elizabeth Odio, vicepresidenta del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (1993-95)
señalaba que “La violación de las mujeres no es una consecuencia, más o menos inevitable o intrascen-
dente, de un conflicto armado, sino que es una política aplicada sistemáticamente para destruir grupos
humanos además de la propia víctima directa”. Véase: Elizabeth Odio Benito, Protección internacio-
nal de los derechos humanos de las mujeres, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San Jo-
sé, Costa Rica, 1997.
3 Reporte de la Comisión de la Conferencia de Paz de 1919 (Ob.cit.). Acuerdo de la creación de un
tribunal internacional en el Artículo 227 del Tratado de Versalles.
4 Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, del 8 de agosto de 1945, Artículo II,
c) Crímenes contra la humanidad. Atrocidades y ofensas incluyendo, pero no limitando, el asesi-
nato, el exterminio, esclavitud, deportación, prisión, tortura, violación u otros actos inhumanos
cometidos contra cualquier población civil, o la persecución por motivos políticos, raciales, o re-
ligiosos, sea o no con violación a las leyes internas del país donde se han cometido.
5 En el mismo sentido, el proyecto de Código Penal Internacional tipifica como delito de lesa hu-
manidad la violación sexual cuando es perpetrada de forma sistemática o masiva. Este proyecto es
impulsado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Véase: Christian Tomuschat, La crea-
ción de un sistema de enjuiciamiento penal internacional está tomando forma, Revista de la Comisión
Internacional de Juristas. 50/193. El autor aboga por el establecimiento de un Tribunal Penal In-
ternacional Permanente.
tilaciones, las torturas, los tratos crueles y los suplicios (literal a), así como
los atentados a la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes
y degradantes (literal c).
2366.
El Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la
protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter interna-
cional,
6
establece la prohibición en todo tiempo y lugar de “Los atentados
contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes y degradantes, la
violación, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor”.
2367.
La Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en Esta-
dos de Emergencia y Conflicto Armado proclamada por la Asamblea Ge-
neral de Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1974,
7
“Recordando las dis-
posiciones pertinentes de los instrumentos de derecho internacional humanita-
rio sobre la protección de la mujer y el niño en tiempos de paz y guerra”, esta-
blece en su numeral 3 que es obligación de todos los Estados cumplir “los
Convenios de Ginebra de 1949, así como otros instrumentos de derecho inter-
nacional relativos al respeto de los derechos humanos en los conflictos armados,
que ofrecen garantías importantes para la protección de la mujer y el niño”. En
su numeral 5 dispone que “se considerarán actos criminales todas las formas
de represión y los tratos crueles e inhumanos de las mujeres...”
2368.
La Declaración de Viena, contenida en el Informe de la Conferen-
cia de Derechos Humanos de Viena,
8
expresó la “consternación” de la Con-
ferencia “ante las violaciones masivas de los derechos humanos, especialmente
el genocidio, la ‘limpieza étnica’ y la violación sistemática de mujeres en situa-
ciones de guerra, lo que da lugar al éxodo en masa de refugiados y personas des-
plazadas. Condena firmemente esas prácticas odiosas y reitera su llamamiento
para que se castigue a los autores de esos crímenes y se ponga fin inmediatamen-
te a esas prácticas” (párrafo 28). E insiste: “Las violaciones a los derechos hu-
manos de la mujer en situaciones de conflicto armado constituyen violaciones
a los principios fundamentales de los Derechos Humanos y del Derecho Inter-
nacional Humanitario ... Las partes en los conflictos a menudo violan a las
mujeres con impunidad, utilizando a veces la violación sistemática como tác-
tica de guerra y de terrorismo” (párrafo 38).
2369.
En seguimiento a dicha Conferencia se adoptó la Declaración so-
bre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
9
La Declaración define
la violencia contra las mujeres como “todo acto de violencia basado en la per-
17
6 Aprobado el 8 de junio de 1977 por la Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desa-
rrollo del Derecho Internacional Humanitario Aplicable en los Conflictos Armados, ratificado por
el Estado de Guatemala en junio de 1987 y publicado en el Diario Oficial el 6 de septiembre de
1988.
7 Resolución 3318 (XXIX) de la Asamblea General de Naciones Unidas del 14 de diciembre de
1974.
8 Documento A/CONF.157/23 de 12 de julio de 1993 (párrafos 28 y 38).
9 Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 48/104 del 20 de diciembre de 1993.
tenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se pro-
duce en la vida pública como en la vida privada” (Artículo 1). La Declara-
ción hace mención a las formas de violencia de responsabilidad del Esta-
do: “Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos,
aunque sin limitarse a ellos: La violencia física, sexual y psicológica perpetra-
da o tolerada por el Estado, donde quiera que ocurra” (Artículo 2, literal c).
2370.
En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer se estableció la
llamada Plataforma de Acción de Beijing,
10
la cual reitera que “las violacio-
nes de los derechos humanos de la mujer en situaciones de conflicto armado son
violaciones de los principios fundamentales de los derechos humanos y del de-
recho internacional humanitario ... incluyendo la violación sistemática de mu-
jeres en situaciones de guerra”, condena dichos crímenes, señalando que “las
mujeres y las niñas se ven particularmente afectadas a causa de su condición en
la sociedad y su sexo”. Las partes en conflicto a menudo violan a las muje-
res con impunidad utilizando a veces la violación sistemática como táctica
de guerra y terrorismo y propone: “Aplicar y reforzar las normas enunciadas
en los Instrumentos Humanitarios y los Instrumentos Internacionales de Dere-
chos Humanos para evitar todos los actos de violencia contra las mujeres en si-
tuaciones de conflicto armado y en conflictos de otra índole; realizar investiga-
ciones completas de todos los actos de violencia cometidos contra las mujeres du-
rante las guerras, incluidas las violaciones, en particular las violaciones siste-
máticas, la prostitución forzada y otras formas de agresiones deshonestas, y la
esclavitud sexual; enjuiciar a todos los criminales responsables de los crímenes
de guerra contra las mujeres y proporcionar compensación plena a las mujeres
víctimas”.
2371.
La Asamblea General de Naciones Unidas reafirma que la viola-
ción en determinadas circunstancias constituye un crimen contra la huma-
nidad y un acto de genocidio, instando a los Estados al enjuiciamiento de
los responsables.
11
De su parte, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de la OEA considera que “la utilización de las violaciones sexua-
les como arma de terror constituyen un crimen contra la humanidad bajo el
derecho internacional consuetudinario”.
12
18
10 Documento A/CONF.177/20 del 4 al 15 de septiembre de 1995. Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer, literal E. La mujer y los conflictos armados.
11 A/RES/50/192 de 23 de febrero de 1996, numeral 3: “Reafirmando que la violación dentro de un
conflicto armado constituye un crimen de guerra y en ciertas circunstancias constituye un crimen con-
tra la humanidad y un acto de genocidio ... y llama a los Estados para tomar todas las medidas necesa-
rias para la protección de mujeres y niños en contra de estos actos y para fortalecer mecanismos de in-
vestigación y sanción de todos los responsables y llevar a los perpetradores a la justicia”.
12 OEA/Ser.L/V/II.88. Doc 10 rev, del 9 de febrero de 1995, Informe sobre las situación de los de-
rechos humanos en Haití (pg. 135).
2372.
La experiencia del establecimiento del “Tribunal Internacional pa-
ra el enjuiciamiento de los presuntos responsables de violaciones graves del de-
recho internacional humanitario, cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia
a partir de 1991” sienta un valioso precedente al tipificar los crímenes co-
metidos contra las mujeres durante un conflicto armado interno o inter-
nacional como crímenes de lesa humanidad.
13
Los crímenes de lesa huma-
nidad se definen como “actos inhumanos de carácter gravísimo, tales como el
asesinato, la tortura o la violación, cometidos como parte de un ataque gene-
ralizado o sistemático contra la población civil por razones políticas, étnicas,
raciales o religiosas”. El tribunal proscribió las “violaciones y otras formas de
agresión sexual generalizadas y sistemáticas, incluida la prostitución forzada”.
14
2373.
El Tribunal Internacional de Bosnia también ha considerado como
crimen contra la humanidad casos de violación sexual.
15
2374.
En síntesis, la violación sexual está proscrita por el derecho huma-
nitario como crimen de guerra y de lesa humanidad.
La violencia de género
2375.
En este apartado se aborda específicamente la violencia sexual con-
tra las mujeres por constituir una violación de los derechos humanos. Sin
embargo, debe contextuarse dicha violencia en el marco de otras formas de
violación de derechos que sufrieron también las mujeres, las condiciones
de vida que tuvieron que enfrentar junto a sus hijos, el dolor y la experien-
cia del conjunto de la violencia a la que sobrevivieron.
2376.
Según los testimonios recibidos por la CEH el porcentaje de mu-
jeres víctimas equivale a un tercio del de hombres: (25% frente a un 75%
del total de víctimas de violaciones de derechos con sexo conocido). Estos
porcentajes se presentan relativamente constantes en ejecuciones arbitra-
rias (23% de mujeres frente a un 77% de hombres) y torturas (23% fren-
te a un 77%). En el caso de privación de libertad (21% frente a un 79%)
y otras violaciones (22% frente a un 78%) el porcentaje de hombres víc-
timas sube y el de las mujeres baja. En la desaparición forzada, el porcen-
taje de hombres sube aún más (12% frente a un 88%). Como se puede
apreciar en la G
RÁFICA
1 la violencia de género se refleja de modo especí-
fico en la violación sexual, en la que el porcentaje de víctimas mujeres al-
canza el 99% de los casos registrados. En el caso de muertes por desplaza-
miento, las mujeres víctimas superan la mitad del total de víctimas (51%
frente a un 49%).
19
13 Doc NU S/25704 del 20 de mayo de 1993. Artículo 5 (g).
14 Doc NU S/25704 del 20 de mayo de 1993. Artículo 4, párrafo 48.
15 IT 96-23-1 del 26 de junio de 1996, el fiscal contra Dragan Gagoviv.
2377.
Aunque un 48% de los testimonios recibidos por la CEH pertene-
ce a mujeres que fueron víctimas directas de la represión, la mayoría enfo-
ca sus testimonios no como víctimas de violaciones de sus derechos, sino
como testigos de lo que les pasó a otros, porque vivir en función de otras
personas forma parte de su realidad.
2378.
Es significativo tener presente que, históricamente, la violación se-
xual se ha considerado un “mal menor inevitable” dentro de las guerras, has-
ta el extremo de equiparar esta grave violación con el saqueo de bienes, pre-
sentando ambos hechos exclusivamente bajo la interpretación de “botín de
guerra”. Por otra parte, las violaciones sexuales contra mujeres adquieren
un carácter colectivo y son causa de humillación para los pueblos, por lo
que tienden a ocultarse. Ha sido sobre todo a través de la lucha de los mo-
vimientos de mujeres que la violencia específica de género ha ido visuali-
zándose y perfilándose como una violación de los derechos humanos de las
mujeres.
El dolor en silencio
2379.
Documentar la violencia sexual que sufrieron las mujeres entraña
dificultades de diversa índole, pues algunas mujeres muestran en sí mismas
el impacto que este tipo de agresión tuvo en ellas, en sus familias y en sus
comunidades. De igual modo, para entender esta violencia específica du-
rante el enfrentamiento armado interno en Guatemala es necesario tener
presente la adscripción étnica, ya que en un gran número fueron mujeres
mayas quienes sufrieron esta violencia.
2380.
Una de las principales dificultades que hubo de afrontar la CEH
fue el silencio que guardan las mujeres respecto a la violación de la que fue-
20
GRÁFICA 1: Porcentaje de violaciones seleccionadas, según sexo
GUATEMALA (1962-1996)
23% 23%
12%
21%
49%
99%
22%
77% 77%
88%
79%
51%
1%
78%
Torturas
Desaparición
forzada
Violaciones seleccionadas
Mujeres
Hombres
Porcentaje
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Privación
de libertad
Desplazamiento
forzado por muer
tes
Violación
sexual
OtrasEjecuciones
arbitrarias
ron víctimas. Este silencio, que en la mayoría de los casos se ha prolonga-
do durante años, también ha alcanzado a los familiares más cercanos de las
víctimas:
“Nunca antes había contado que los soldados violaron a las mujeres,
mucho menos que a mí también me abusaron … yo me voy a morir
con eso … nadie puede saber … mis hijos no saben, el señor no sabe,
… nadie sabe”.
16
“No es fácil para una mujer atreverse a decir que la violaron, más di-
fícil es para una mujer indígena”.
17
2381.
De acuerdo a los testimonios recibidos, pocas mujeres indígenas
víctimas de violación sexual habían socializado su dolor con otras mujeres
víctimas de la misma violencia, lo cual contribuyó a aumentar el aislamien-
to y el sentimiento de culpabilidad. Incluso, no se reconocía la agresión su-
frida como tal. Ello se muestra en el uso de eufemismos cosificantes para re-
ferirse a la violación sexual. Las víctimas o testigos usan las palabras “pasar”
o “usar” en vez de violar (los soldados pasaron con ellas, las usaron). Muy po-
cas identifican el hecho como “violación”, es decir como agresión, lo cual,
por otra parte, muestra la desvalorización de la condición de la mujer.
2382.
El sufrimiento de las mujeres víctimas de violación sexual, en la
mayoría de los casos, no es conocido ni siquiera por sus familiares —hijos,
cónyuge o padres— y en los casos en que es un hecho del que tiene cono-
cimiento la comunidad a la cual pertenecen, es silenciado o negado, factor
que pone de manifiesto el sentimiento de extrema vergüenza presente en
las víctimas sobrevivientes y en las comunidades. Además, el tiempo pasa-
do desde que se produjeron los hechos, ocurridos sobre todo durante los
ochenta, incide en que las víctimas que salvaron la vida no relaten las agre-
siones sexuales que sufrieron. Es conveniente recordar que se trata de he-
chos sucedidos, en la mayoría de los casos, hace más de quince años.
2383.
El hecho de que hayan sido agentes del Estado los autores de las
violaciones —principalmente soldados del Ejército como se verá más ade-
lante—, determina que las mujeres indígenas muestren desconfianza hacia
las instituciones identificadas con el Estado, ajeno a su cultura y a su co-
munidad, elemento que contribuye a que las víctimas no denuncien los
hechos. De otro lado, la absoluta impunidad que cubre a los responsables
de las violaciones sexuales aumenta la sensación de inseguridad de las mu-
jeres, más aún cuando quienes cometieron estos hechos, como ex miem-
bros de las PAC o ex comisionados militares, continúan en muchos casos
viviendo en la misma comunidad.
21
16 C I77. Julio, 1983. Uspantán, Quiché.
17 C 2620. Enero,1981. Cotzal, Quiché.
CI 91. 1981-1982. Quiché.
2384.
El estigma que marca a las mujeres mayas víctimas de violación se-
xual provoca el horror al rechazo familiar o comunitario. Algunas de las so-
brevivientes de agresiones sexuales se desplazaron incluso a otra comuni-
dad precisamente para no vivir la vergüenza de estar marcadas como “mu-
jer violada”. Estas mujeres han tenido que sobrevivir al miedo de “ser des-
cubiertas”, y al pánico de que otros las culpabilicen.
2385.
El máximo interés de las mujeres al relatar la violencia sexual que
sufrieron lo expresan al explicar por qué cuentan su historia: “para que no
les pase a otras”, y para que se castigue a los responsables. Sin embargo, la fal-
ta de perspectivas de reparación contribuye a que se mantenga el silencio.
2386.
Cabe destacar que en la mayoría de los testimonios recibidos por
la CEH, las violaciones sexuales contra mujeres se mencionan como aspec-
tos secundarios o “agregados” en los relatos de otras violaciones. Muchos de
los declarantes de los casos de violación sexual son familiares directos de las
víctimas o pertenecen a sus comunidades.
“Además, los soldados tomaron a cuatro mujeres y las violaron, alre-
dedor de unos veinticinco soldados por mujer. A ellas no las mataron
pero quedaron muy enfermas”.
18
2387.
No obstante las dificultades para la presentación de testimonios so-
bre las violaciones de derechos contra las mujeres, la CEH registra 9,411
mujeres víctimas con identificación de sexo. De estos casos, el 33% de vio-
laciones de derechos se refiere a ejecuciones arbitrarias, ya sea individuales o
en masacres, el 19% corresponde a torturas, el 18% a privación de libertad,
el 14% a violación sexual, el 6% a desaparición forzada, el 04% a muertes
por desplazamiento y otro 6% a otras violaciones (Véase G
RÁFICA
2).
22
33%
19%
18%
14%
6%
4%
5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Tipo de violación
Porcentaje
Ejecuciones
arbitrarias
Torturas Privación
de libertad
Violación
sexual
Desaparición
forzada
Desplazamiento
forzado por muerte
Otro
GRÁFICA 2: Porcentaje de violaciones de derechos humanos en contra
de mujeres, según tipo (los 6 más frecuentes)
GUATEMALA (1962-1996)
18 C 9330. Enero, 1981. Cobán, Alta Verapaz. El relato se centra en la ejecución arbitraria de tres
hombres y el desplazamiento de los pobladores de esta comunidad.
Datos de los casos de violación sexual
registrados por la CEH
2388.
Las cifras de violación sexual, por lo anteriormente señalado, mues-
tran un subregistro en términos absolutos y también con relación a otras
violaciones de derechos humanos. La CEH obtuvo un registro de 1,465
hechos de violación sexual. A continuación se presentan datos generales so-
bre las víctimas, la periodización y las regiones donde tuvieron lugar las
violaciones sexuales contra mujeres y niñas; datos que irán adquiriendo
significado a través del análisis.
2389.
La violación sexual fue una práctica que coexistió con otras viola-
ciones de derechos humanos. De acuerdo a los testimonios recibidos, la
violencia sexual estuvo vinculada de modo sistemático con la privación de
libertad de mujeres y con las masacres. Según los registros cuantitativos, en
un 25% de casos de violación sexual la víctima sufrió ejecución arbitraria.
En aproximadamente un tercio de casos de violación sexual aparece tam-
bién la privación de libertad. De los testimonios se infiere que muchas mu-
jeres que fueron detenidas y que estaban en condición de desaparecidas
también sufrieron violación sexual.
“Los soldados decían: ‘carne nueva nos vamos a echar’. Todas las mu-
jeres eran violadas día tras día. Lo cierto es que toda mujer captura-
da, de cualquier edad, era violada. A cualquier hora. Los soldados ha-
cían fila para abusar de ellas. Después las ejecutaban y los responsa-
bles se reían de la forma en que fallecían”.
19
2390.
En cuanto a la pertenencia étnica, el 88.7% de las víctimas de vio-
lación sexual identificadas que registra la CEH (con información de gru-
po étnico) son mayas, el 10.3% son ladinas y el 1% pertenece a otros gru-
pos. Los grupos étnicos más afectados son: k’iche’, q´anjob´al, mam, q´eq-
chi´, ixil, chuj y kaqchikel (Véase G
RÁFICA
3).
2391.
En relación a la edad de las víctimas identificadas (con información
de edad y sexo) registradas por la CEH, dos tercios (el 62%) fueron muje-
res adultas (entre 18 y 60 años), un tercio (el 35%) fueron niñas (entre 0
y 17 años) y el 3% ancianas. El porcentaje de menores de edad es bastan-
te significativo y muestra cómo esta forma de violencia marcó la vida o tra-
jo la muerte a muchas niñas. De los testimonios se desprende que muchas
mujeres que sufrieron violación sexual y ejecución arbitraria estaban em-
barazadas (Véase G
RÁFICA
4).
23
19 CI 91. Marzo, 1981. Quiché.
2392.
La mayoría de violaciones sexuales se concentra durante los años
1980-1983. Se inician hacia el segundo semestre de 1980 alcanzando el pi-
co más alto durante el primer semestre de 1982, descendiendo significati-
vamente, pero manteniéndose como práctica, durante los años 1983-
1984. Ello coincide con la política de tierra arrasada, y por lo tanto, corres-
ponden a los departamentos de Quiché (55% de las violaciones registra-
das), Huehuetenango (25%), Alta Verapaz (7%), Chimaltenango (3%) y
Baja Verapaz (3%) (Véase G
RÁFICA
5).
2393.
De acuerdo a los datos recibidos por la CEH, los autores materia-
les de la violencia sexual fueron: miembros del Ejército, responsables de
participar en el 89% del total de las violaciones sexuales registradas; miem-
24
GRÁFICA 3: Porcentajes de violaciones sexuales de mujeres
identificadas, según su pertenencia étnica
GUATEMALA (1962-1996)
89.39%
10.02%
0.59%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Maya Ladino Otro
Pertenencia étnica
Porcentaje
Nota: Porcentajes calculados con base en el total de mujeres víctimas individuales identificadas con pertenencia
étnica.
Nota: Sobre el 49% de los datos no se tiene certeza de la edad, la gráfica incluye solo el 51% de los datos.
GRÁFICA 4: Porcentajes de violaciones sexuales cometidas
contra mujeres de edad conocida, según edad agrupada
GUATEMALA (1962-1996)
35%
62%
3%
Niñas Adultas Ancianas
Edad agrupada
Porcentaje
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
bros de las PAC, en el 15.5% de las violaciones reportadas; comisionados
militares, en el 11.9%; y otras fuerzas de seguridad en el 5.7%.
20
Marco conceptual de la violencia contra las mujeres
2394.
Todo acto de fuerza que atente contra la vida, la integridad física
o mental o la libertad constituye violencia. Cuando esos actos son dirigi-
dos contra las mujeres porque son mujeres o porque las afectan mayorita-
riamente, se trata de “violencia de género”; de esta naturaleza son las agre-
siones sexuales que se cometen en las guerras. En el marco de la violencia
específica de género, las violaciones sexuales se definen como actos de po-
der ejercidos en forma violenta contra personas consideradas inferiores
por su género.
2395.
La violencia de género está inmersa en el contexto socioeconómi-
co y político de las relaciones de poder. Esta violencia se fundamenta en
todas las estructuras sociales donde predomina el poder masculino, inclui-
do el Estado cuando ejerce un control jerárquico y patriarcal. Si bien esta
violencia es estructural, la coyuntura de los enfrentamientos armados la
profundiza en cuanto que estas circunstancias vuelven todavía más vulne-
rables a las mujeres. La vulnerabilidad no es intrínseca a la identidad de las
mujeres, pero por tradición la sociedad les ha atribuido la debilidad y la
fragilidad como “valores” propios; en realidad son las condiciones de vida
las que exponen a las mujeres a las agresiones. La opresión, la explotación,
25
GRÁFICA 5: Porcentajes de violaciones sexuales, según departamento
(los 5 más frecuentes)
GUATEMALA (1962-1996)
3%
3%
7%
25%
55%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
BAJA VERAPAZ
CHIMALTENANGO
ALTA VERAPAZ
HUEHUETENANGO
QUICHÉ
Porcentaje
Departamentos
20 Los porcentajes suman más del 100% porque se ha calculado el porcentaje de participación de ca-
da actor sobre el 100% de violaciones. Puede ser que los actores hayan participado solos o en con-
junto con otras fuerzas de seguridad. Según los testimonios existe un 2.3% de casos en los que par-
ticiparon otros grupos, y un 0.5% de casos sin identificar responsable.
la discriminación, la falta de equidad se convierten en la raíz de la vulne-
rabilidad de las mujeres. Además, las guerras exaltan los valores sobrenten-
didos en un paradigma masculino que lleva implícita la superioridad del
hombre respecto a la mujer y la violencia como demostración de poder del
“macho”.
“Dentro de toda la carrera militar hay una mentalidad impositiva,
triunfalista, es como enseñarles que son los únicos, que no hay leyes,
mucho menos dignidad y respeto. Como resultado del servicio militar
los hombres se vuelven machistas, irrespetuosos, eso traía como conse-
cuencia el violar todas las normas culturales de la familia y de la co-
munidad; siempre le dicen: ‘Aquí vas a ser hombre’. Se ve la diferen-
cia entre un joven en el servicio militar y cuando no ha ido al cuar-
tel, en la actitud, en la conducción del trabajo”.
21
“Algunas mujeres se salvaban de morir por su belleza. Si una patoja
está bonita y un soldado la viola, luego le da pena matarla y si el ofi-
cial no mira la deja marchar, si el oficial está mirando igual hay que
matarla”.
22
2396.
Durante el enfrentamiento armado interno de Guatemala las mu-
jeres masivamente afectadas por abusos de índole sexual pertenecían al
pueblo maya, pues la consideración de inferioridad se configura también
en razón de la pertenencia étnica y posición social. Finalmente, la condi-
ción de población civil frente a militares establece un tercer motivo de per-
cepción de la inferioridad. Retomando la noción de los “valores” exaltados
por el poder militar, se identifican también aquellos que violentan la iden-
tidad étnica; los más evidentes son el conocimiento y uso de la lengua cas-
tellana, la conversión forzada a la religión evangélica, el uso de la vestimen-
ta ladina. Las mujeres mayas quedan excluidas de estos supuestos “valores”
pues, por el contrario, ellas tienen un papel primordial en el mantenimien-
to y la transmisión de la cultura de su pueblo indígena. En consecuencia,
no participan de la cultura del poder, y se las desvaloriza y agrede.
23
“Cuando vuelven del cuartel, incluso cuando piden su comida, cuan-
do hablan con su familia ya sólo en castilla [español, castellano] ha-
blan, ya no quieren hablar k’iche’ o mam porque les da vergüenza,
porque vienen ladinizados, ya no quieren aceptar su cultura. Si ella
26
21 Testigo CEH. Junio-julio, 1998. (T.C. 106).
22 Testigo CEH. (T.C. 87).
23 Véase el apartado sobre violaciones a la existencia, integridad e identidad de los pueblos indígenas
en este capítulo.
usa ropa típica, entonces hasta les da vergüenza acompañar a sus es-
posas. Ellos sienten que son más presentables [superiores]”.
24
2397.
Además, las violaciones sexuales contra mujeres fueron una prác-
tica incluida en el entrenamiento militar. Los testimonios identifican co-
mo prostitutas a las mujeres que utilizaban para habituar al soldado a es-
ta práctica:
“El Ejército le llevaba putas a sus soldados y primero pasaba el subte-
niente y después todos los soldados durante una semana, algunos pasa-
ban hasta diez veces. Cada tres meses las cambiaban [a las mujeres]”.
25
“Frente al destacamento sacaron a una familia de su casa y ahí pusie-
ron algunas mujeres y pasaban con ellas, la llamaban ‘la pensión”.
26
“Nos hacían bingo, nos cobraban un quetzal por un cartón de bin-
go y eso siempre lo hacían cada vez que la compañía iba a salir des-
tacada … antes del bingo hacían show unas ocho putas que ellos
contrataban de las barras … un soldado que ganaba … una puta
… era el premio”.
27
2398.
Con base en la forma masiva y sistemática con la que el Ejército
perpetró las violaciones sexuales de las mujeres, la CEH llegó a la convic-
ción de que no se trató de actos aislados y excesos esporádicos sino sobre
todo de una planificación estratégica. La desvalorización de la cual fueron
objeto las mujeres resultó absoluta y permitió que elementos del Ejército
pudieran agredirlas con total impunidad porque se trataba de mujeres in-
dígenas de la población civil.
Violaciones sexuales perpetradas o permitidas por el Estado
2399.
La violencia sexual afectó por igual a las mujeres que fueron obje-
to de tortura en dependencias militares o policiales cualquiera que fuera su
origen étnico.
“Mientras uno tenía relaciones con ella, algunos se masturbaban,
otros la sobaban, le ponían las manos en los pechos, le daban golpes en
la cara, otros le ponían cigarros en el pecho; perdió varias veces el co-
nocimiento y cada vez que lograba tener sentido, veía a otro hombre
27
24 Testigo CEH. (T.C. 107).
25 C 11401. Enero, 1981. Ixcán, Quiché.
26 Testigo CEH. (T.C. 109).
27 Testigo CEH. (T.C. 53).
encima de ella, por lo menos unos 20 judiciales la violaron; estaba en
un charco de orines, de semen, de sangre, fue realmente una cosa muy
humillante, una mezcla de odio, de frustración y de impotencia abso-
luta”.
28
“Una de las noches de cautiverio, llegaron varios de sus captores y le
dijeron que esa noche iba a ser especial. La sacaron del lugar donde
permanecía y fue violada por cuatro hombres. Cuando estos se fueron,
se quedó el ‘comandante’, se la llevó a otro cuarto y después de golpear-
la la obligó a tener sexo oral”.
29
2400.
A fin de precisar los significados de este tipo de violencia, distin-
guimos las diferentes situaciones en que las mujeres fueron víctimas de
agresiones sexuales, diferenciando los contextos de represión masiva y re-
presión selectiva. El marco de represión selectiva tuvo lugar cuando las mu-
jeres fueron previamente identificadas, mientras que la represión masiva
afectó a mujeres no identificadas individualmente.
Las violaciones sexuales masivas contra mujeres mayas
2401.
Las violaciones sexuales masivas contra las mujeres mayas se suce-
dieron de diferentes formas durante el enfrentamiento armado interno,
30
permitiendo establecer los siguientes patrones de violencia sexual masiva:
● Las mujeres indígenas fueron víctimas de violencia sexual en sus co-
munidades o en áreas de desplazamiento y refugio en el curso de ma-
sacres perpetradas por elementos del Ejército, como práctica habi-
tual, durante los años 1981 y 1982. En este último año fue notoria
la participación de miembros de las PAC en este tipo de hechos.
● En otros casos las mujeres indígenas refugiadas en las montañas fue-
ron víctimas de violaciones sexuales consumadas por elementos del
Ejército y miembros de las PAC en el momento de su captura.
● En otras oportunidades las mujeres indígenas fueron víctimas de vio-
lencia sexual realizada por elementos del Ejército y miembros de las
PAC durante detenciones colectivas en edificios públicos y religiosos
ocupados por los militares. Estos hechos se repitieron, en la mayoría
de los casos, a partir del segundo semestre de 1982.
● Las mujeres indígenas fueron también víctimas de violencia sexual
ejecutada por elementos del Ejército en comunidades donde se ins-
talaron los destacamentos militares.
28
28 Testigo REMHI, 5447. Octubre, 1979.
29 C 29. Agosto, 1982.
30 CI 91. Quiché.
● La CEH también conoció casos donde las mujeres indígenas fueron
víctimas de violencia sexual cuando elementos del Ejército realizaron
cateos o allanamientos de sus casas.
● Los comisionados militares y los jefes de las PAC también cometie-
ron violaciones sexuales en sus comunidades contra mujeres indíge-
nas mayas.
● Finalmente existieron asimismo casos de mujeres indígenas víctimas
de múltiples violaciones sexuales bajo unión forzada.
2402.
La CEH ha podido establecer, de acuerdo con el análisis de los tes-
timonios, que durante los años 1981 y 1982 miembros del Ejército reali-
zaron masacres contra comunidades indígenas, ejerciendo violencia sexual
contra las mujeres. Casi en la totalidad de los casos referidos a las masacres
cometidas por elementos del Ejército, los declarantes manifestaron que los
militares: “violaron a las mujeres”.
2403.
Entre los elementos que describen cómo se llevaron a cabo las vio-
laciones sexuales contra mujeres en el contexto de las masacres se identifi-
can como los más relevantes: la planificación, el dejar evidencias de la vio-
lencia sexual ejercida, y la extrema crueldad y ensañamiento, incluso con
los cadáveres.
2404.
Testimonios suministrados por miembros del Ejército fortalecen la
convicción de que la violación sexual constituyó una práctica habitual e in-
cluso sistemática, en la medida en que en algunas ocasiones fue ordenada
por los mandos superiores en forma previa al ingreso a las comunidades,
con instrucciones precisas acerca de la forma de perpetrarlas:
“El oficial tiene sus grupitos de asesinos y les dice cómo tienen que ma-
tar. Hoy van a degollar o a guindar con alambres, hoy violan a todas
las mujeres. Muchas veces las órdenes las dan antes … Violaban a las
mujeres, las ponían a cuatro patas, luego les disparaban metiendo el
arma en el recto o en la vagina … También mandaban hacer percha
con las mujeres … por una sola pasan 20 o 30 soldados. Si caía bien
la mujer, la dejaban ir, a otras las mataba el último que pasaba con
ella…”
31
“La tropa no estaba pensando en excesos, ellos más bien pensaban en
violar y en robar … más les importaban el saqueo y las violaciones”.
32
29
31 Testigo (soldado activo) CEH. (T.C. 87).
32 Testigo CEH. (T.C. 53).
2405.
Lo anterior es de especial relevancia ya que señala con claridad có-
mo las violaciones se equipararon al saqueo y se adoptaron como una prác-
tica “normal”, no considerándose como “exceso”.
2406.
Los testimonios de los sobrevivientes coinciden en imputar la res-
ponsabilidad de estos hechos a los respectivos mandos:
“La violaron 20 soldados, no todos quisieron hacerlo y eran insulta-
dos por los jefes”.
33
2407.
La separación por sexo de las víctimas, antes de la ejecución de las
masacres, es un indicador de la premeditación con que se procedía, en tan-
to que muestra cómo, con anterioridad a los hechos, el destino de las víc-
timas estaba prefijado, escogiendo el tipo de abuso a cometer en razón al
género. Tanto hombres como mujeres eran ejecutados extrajudicialmente;
sin embargo, las mujeres fueron previamente víctimas de violencia sexual.
Este modus operandi rigió en muchas de las masacres.
2408.
En la masacre de Cuarto Pueblo, en Ixcán, Quiché, realizada por
elementos del Ejército el 14 de marzo de 1982, las víctimas fueron princi-
palmente de los grupos popti´, chuj, mam y q´anjob´al, pertenecientes al
pueblo maya, y ladinos.
“Separaron a las mujeres de los hombres. A doce de las mujeres las di-
vidieron de dos en dos. Cada par tenía que quedarse con cinco solda-
dos en cada una de las seis garitas en las entradas del centro de Cuar-
to Pueblo. Fueron obligadas a cocinar y traer agua para la tropa. Los
soldados las estuvieron violando durante 15 días. El 15 de marzo ter-
minaron de matar a las ancianas y a las mujeres embarazadas. Se
quedaron solamente las jóvenes. ‘Quince días vamos a estar aquí, es-
tos quince días vamos a usarlas. Y si ustedes tienen paciencia, no se
van a cansar’, decía el oficial. Había turnos para que cada mujer fue-
ra violada por cinco soldados”.
34
2409.
Otro ejemplo es la masacre de ixiles en Chel, Chajul, Quiché, co-
metida por miembros del Ejército, el 3 de abril de 1982:
“Enseguida los soldados empezaron a separar a la población por sexo,
encerraron a los hombres en el juzgado auxiliar y a las mujeres en la
escuela. Entre las mujeres seleccionaron a catorce adolescentes, las tras-
ladaron a la iglesia donde las violaron varios soldados durante más de
una hora”.
35
30
33 C 2413. Febrero, 1982. Uspantán, Quiché.
34 CI 004. Marzo, 1982. Ixcán, Quiché.
35 CI 060. Abril, 1982. Chajul, Quiché.
2410.
El 13 de marzo de 1982, miembros del Ejército y miembros de las
PAC de una comunidad vecina realizaron una masacre de mujeres, niños
y niñas achi en Río Negro, Rabinal, Baja Verapaz.
“Reunieron a las mujeres. Les pusieron marimba y las obligaron a
bailar … las acusaron de bailar en las noches con los guerrilleros. A
las mujeres jóvenes las llevaron aparte y las violaron. Luego, las obli-
garon a caminar … montaña arriba … a las mujeres les pegaban
mucho, les decían que eran vacas, las trataban como si fueran vacas
de cambiar de potrero … la mayoría de las mujeres estaban desnudas,
violadas, había mujeres que les faltaba pocos días para dar a luz y esos
niños nacieron a puros golpes”.
36
2411.
Este modo de operar, discriminando por sexo, no fue sólo instru-
mentado por el Ejército en las masacres contra las comunidades, sino tam-
bién en las masacres contra familias.
“Llegaron a la casa, separaron a las mujeres de los hombres. Las siete
mujeres allí presentes fueron violadas y baleadas … A los hombres los
mataron por el camino”.
37
2412.
Otro hecho significativo fue el dejar evidencias de la violencia se-
xual contra las mujeres, después de haber sido masacradas. Ello ilustra la
importancia que se concedía a que esta forma de violencia se conociese
para generar con eficacia el terror. El más usual fue la desnudez y la intro-
ducción de objetos en la vagina de las mujeres o estacas que clavaban en
sus vientres.
“El soldado … contaba que cuando estaban las señoras muertas les su-
bía la falda y les metía un palo en la vagina … a una anciana la
ahorcaron con un lazo en el cuello. Estaba desnuda con un banano en
la vagina …
38
Abrieron la panza de una mujer embarazada y saca-
ron el nene y al nene le pusieron un palo por atrás hasta que salió de
su boca”.
39
2413.
En los planes de campaña, el Ejército reconoció la comisión de vio-
laciones sexuales clasificándolas como “errores”:
31
36 CI 10. Marzo, 1982. Rabinal, Baja Verapaz.
37 C 486. Febrero, 1982. San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.
38 C 11451. Ixcán, Quiché.
39 C 11162. Ixcán, Quiche.
“Buena cantidad de errores cometidos por las tropas tales como van-
dalismos, violaciones, robos y destrucción de cosechas…”
40
2414.
En su trabajo de campo la CEH pudo comprobar que otra carac-
terística de la violencia sexual utilizada en las masacres fue la crueldad con
que se llevaron a cabo, reflejando en muchos casos que se perseguía despo-
blar áreas y sembrar el terror. En el municipio de San Martín Jilotepeque,
en un primer momento sólo escapaban los hombres ya que a ellos era a
quienes principalmente detenía o asesinaba el Ejército. Sin embargo, ya en
los primeros meses de 1982, los soldados empezaron a violar y asesinar a
las mujeres, y a matar niños y ancianos; entonces comenzó el éxodo de co-
munidades enteras.
2415.
Similares rasgos muestra la masacre perpetrada en contra de
miembros del grupo mam en Sacuchum de San Pedro Sacatepéquez, San
Marcos, que elementos del Ejército llevaron a cabo entre los días 3 y 4 de
enero de 1982:
“Había diez verdugos … eran de Oriente. Hacían turnos para matar
a la gente. Mientras cinco mataban, los otros cinco se venían a des-
cansar. Como parte de su descanso tenían turnos para violar a dos se-
ñoritas (jóvenes de 15 y 17 años). Al darles muerte les dejaron sem-
bradas estacas en los genitales”.
41
2416.
Lo anterior también se observó en una masacre contra miembros
del grupo k´iche’ en San Antonio Sinaché, Zacualpa, Quiché, realizada
por elementos del Ejército y miembros de las PAC el 16 de marzo de
1982:
“Yo vi con mis propios ojos que las mujeres y las señoritas fueron vio-
ladas porque estaba escondida detrás de una casa … Los soldados
iban, casa por casa, violando a las mujeres que encontraban … des-
pués de esto, todas las mujeres huían por temor a que las fueran a
matar”.
42
2417.
Tanto en el contexto de las masacres como en otras circunstancias
extremas, algunas mujeres entregaron su cuerpo para intentar salvarse ellas
o salvar a sus hijos. Aquí el cuerpo de la mujer se convierte nuevamente en
una mercancía, lo único que poseían para “negociar” su vida.
32
40 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, anexo F.
41 CI 73. Enero, 1982. San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.
42 CI 78. Marzo, 1982. Zacualpa, Quiché.
“Algunas mujeres se ofrecían para que no las mataran, pero sólo se sal-
vaban algunas bonitas”.
43
2418.
Durante la masacre de Paquix, Sacapulas, Quiché, ejecutada por
elementos del Ejército en febrero de 1982, cinco mujeres miembros del
grupo indígena maya k’iche’ lograron sobrevivir tras ser víctimas de viola-
ción colectiva y múltiple:
“Iban sólo mujeres y niños en ese grupito, las agarraron unos soldados
en un bordo, las desnudaron y las violaron … lo hicieron delante de
los niños; los niños llegaron contando eso, los mayores en medio de tan-
ta pena decían que ya no anduvieran contando eso, que ya no lo
contaran más; pero ellos decían que vieron lo que les hicieron a las mu-
jeres … Las dejaron vivas, las dejaron que se fueran con los niños”.
44
2419.
En mayo de 1982 soldados del Ejército violaron a una mujer mam
de 20 años en el municipio de San Ildefonso Ixtahuacán, departamento de
Huehuetenango:
“Le dijeron a ella: ‘Quítate la ropa, pero apúrate’; y ella empezó a llo-
rar. Después de violarla, no la mataron, la dejaron libre”.
45
2420.
Quienes participaron en las acciones de represión contra las comu-
nidades indígenas dan cuenta de cómo la violación sexual contra mujeres
y niñas era una práctica usual, y muestran la responsabilidad de la cadena
de mando por la planificación, dirección y ejecución de dichas agresiones:
“Llegamos como a las seis de la mañana … había un poco de gente,
pero todos se escaparon cuando no más vieron que iba entrando la
columna de soldados, empezaron a sonar una campanita … y hubo
gente a la que no le dio tiempo salir … nosotros agarramos a dos …
llegamos a una casita … encontramos a dos mujeres allí, una como
de 25 años y una patojita como de unos diez o doce años … encon-
tramos unos papeles de subversivos … el capitán ordenó que dos sol-
dados agarraran a la patoja y él la violó, así, él se arrodilló, con cal-
ma se quitó su equipo, se bajó su pantalón, ‘la agarran bien muchá’,
les dijo; él violó a la pequeña y después la dejó para que la siguieran
33
43 Testigo CEH. (T.C. 83).
44 CI 39. Febrero, 1982. Sacapulas, Quiché.
45 C 5110. Mayo, 1982. San Ildefonso Ixtahuacán. Huehuetenango.
violando los demás y a la otra mujer pues la violaron los demás …
después … las mataron”.
46
2421.
La desvalorización y degradación de la mujer indígena en el len-
guaje castrense utilizado durante la época del enfrentamiento armado lle-
gó a tales niveles que la mujer era conceptualizada como “carne”:
“Encontramos a una señora: ‘usted es guerrillera’, le dijo el subtenien-
te … llamé a un soldado de primera … le dije: ‘hágase cargo de la se-
ñora’, le dije, ‘es un regalo del subteniente’; ‘enterado mi cabo’, dijo …
llamó a los muchachos y dijo: ‘hay carne muchá’, entonces vinieron,
agarraron a la muchacha, le quitaron al patojito y la violaron entre
todos, en violación masiva, luego mataron a la señora y al niño”.
47
2422.
Las operaciones de tierra arrasada forzaron al desplazamiento per-
manente, numerosas comunidades indígenas huyeron hacia las montañas,
siendo perseguidas, cercadas militarmente y sometidas a constantes ata-
ques por parte del Ejército y miembros de las PAC. Las huidas fueron con-
tinuas, así como la destrucción de los alimentos y bienes de supervivencia.
En cada una de las acometidas, los militares capturaban a personas, en su
mayoría ancianos, mujeres y niños que eran los grupos que más dificulta-
des tenían para la fuga. Los hombres y jóvenes eran interceptados con más
frecuencia cuando arriesgaban sus vidas en busca de alimentos.
48
2423.
La mayor responsabilidad de las mujeres durante las huidas fue car-
gar a sus hijos e hijas, al igual que los pocos utensilios de cocina de los que
disponían, lo que las hacía más vulnerables de resultar violadas, heridas,
muertas o capturadas. Las mujeres embarazadas o que acababan de parir
estuvieron mucho más expuestas a ser víctimas:
“Estaba embarazada, la violan, luego la cortan con cuchillo degollán-
dola y finalmente le abren el vientre, ya tiene ocho meses de embara-
zo, y le arrancan el niño”.
49
“Había vigilancia, pero sobre todo los ancianos y mujeres que carga-
ban güiros
50
no lograron salir. Ella estaba dando de mamar a su bebé
de tres meses; la violaron, le cortaron sus pechos, y al bebé también lo
mataron”.
51
34
46 Testigo directo REMHI. (T.C. 53).
47 Ibid.
48 Véase el tema de desplazamiento forzoso.
49 C 2309. Octubre, 1981. Uspantán, Quiché.
50 “Güiros” significa niños.
51 C 2594. Noviembre, 1982. Uspantán, Quiché.
2424.
La violencia sexual y las ejecuciones, en el contexto de la huida,
también tuvieron lugar en muchas comunidades que se desplazaban ante
las advertencias sobre la posible llegada del Ejército:
“La vigilancia dio aviso de que llegaba el Ejército. El marido salió co-
rriendo, ella se queda con dos chiquitos, es alcanzada por una bala
que hace impacto en una de sus piernas y cae, los soldados la sujetan,
la levantan y la desnudan completamente. Entre todos hacen una rue-
da y, uno por uno, la violan; después de que todos pasan por ella, uno
de los soldados saca su cuchillo y la degüella”.
52
“Tenemos que ir a las montañas porque el Ejército estaba por llegar a
la comunidad. Dormimos la primera noche bajo un árbol, al día si-
guiente seguimos caminando. Tenemos hambre y vemos una casa y pa-
ramos a descansar. Los soldados rodearon la casa, sólo estamos mi ma-
má y mis hermanos menores que yo. Me agarraron a mí, tenía nueve
años, y a mi madre, nos violaron entre todos los soldados. Después nos
encerraron en la casa, colocaron basura en la puerta, rociaron gasoli-
na en el techo y prendieron fuego. Logramos salir y nos fuimos a las
montañas seis días sin beber agua ni comer nada. Regresamos a la co-
munidad, nos habían robado todo”.
53
2425.
Las violaciones sexuales revistieron modalidades crueles en extre-
mo. El objetivo de los militares era el castigo ejemplar, sembrar el terror.
El Ejército identificó a la guerrilla con la población maya refugiada en las
montañas y en nombre de la guerra contrainsurgente cometió graves vio-
laciones. Muestra de ello fue encontrar los cadáveres de las mujeres desnu-
dos, mutilados y con hemorragias vaginales.
“Fue violada a saber por cuántos soldados, le puyaron su lengua y sus
oídos, le sacaron sus ojos, le quitaron los pechos y los dejaron encima
de una piedra, le sacaron la planta de los pies … Llevaba puyones por
todo el cuerpo, la dejaron colgada de un palo; desnudo lo que queda-
ba de su cuerpo”.
54
“La encontramos desnuda, sangrando, y con un palo largo metido en
la vagina”.
55
35
52 C 2500. Junio, 1982. Chiché, Quiché.
53 C 2496. Julio, 1982. Chiché, Quiché.
54 C 2595. Abril, 1982. Esta mujer llevaba un bebé de tres meses que también fue ejecutado.
55 C 3546. Diciembre, 1982. Uspantán, Quiché.
2426.
En los lugares de desplazamiento el Ejército realizó una brutal ca-
cería por ríos y barrancos, reiterando la violencia sexual contra las mujeres.
Como muestra tenemos el siguiente testimonio recibido por la CEH de la
masacre de miembros del grupo k´iche’ en San Antonio Sinaché, Zacual-
pa, Quiché, el 18 de mayo de 1982, ejecutada por elementos del Ejército
y miembros de las PAC:
“Cuando encontraron un lugarcito en el río se escondieron las muje-
res y los niños y ahí llegaron los militares y los balearon, hubo veces
que hicieron un palo con punta y lo metieron en el culo de las muje-
res, lo metieron en la panza … Ella estaba embarazada, iba con sus
tres niños … los soldados la alcanzaron, la agarraron, la sentaron y la
violaron enfrente de sus tres niños, después de violarla le dispararon
… después mataron a los niños con cuchillo”.
56
2427.
En la masacre ejecutada contra integrantes del grupo kaqchikel, en
el río Pixcayá, Estancia de la Virgen, San Martín Jilotepeque, departamen-
to de Chimaltenango, el 18 de marzo de 1982, elementos del Ejército co-
metieron violaciones como las que se describen a continuación:
“Muchas mujeres fueron violadas … el Ejército agarró a unas ma-
dres embarazadas, las degolló; los soldados le partieron el estómago
y le sacaron el bebé … A las mujeres las violaron y les ensartaron es-
tacas”.
57
2428.
De los testimonios recibidos por la CEH durante los años 1981 y
1982, se desprende que las mujeres ejecutadas arbitrariamente eran viola-
das sexualmente con antelación. Estas violaciones fueron cometidas, en su
mayoría, por elementos del Ejército.
2429.
La CEH recibió testimonios que aseguran que desde finales de
1982 y comienzos de 1983, las mujeres fueron objeto de agresiones sexua-
les en el momento de ser capturadas o trasladadas a los destacamentos mi-
litares, por soldados o por miembros de las PAC.
“La violaron los patrulleros en la montaña, delante de sus hijos … se
burlaban de ella … sos mujer de guerrillero…”
58
36
56 CI 078. Mayo, 1982. San Antonio Sinaché, Quiché.
57 CI 050. Marzo, 1982. San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.
58 C 16779. Enero, 1985.
“Unos patrulleros la apartaron y fueron pasando con ella … oíamos
cómo chillaba, cómo lloraba”.
59
2430.
La violencia sexual contra mujeres dentro de los destacamentos mi-
litares, edificios públicos y religiosos ocupados por el Ejército durante los
años ochenta, constituyó una práctica sistemática que alcanzó un carácter
masivo y tuvo las siguientes características:
● La mayoría de las capturadas fueron indígenas que se encontraban en
lugares de desplazamiento.
● También fueron víctimas de esta práctica las mujeres y niñas que per-
tenecían a familias que se acogieron a las amnistías.
● Otras víctimas fueron las mujeres y niñas indígenas, detenidas du-
rante los rastreos realizados por miembros del Ejército o de las PAC
en las comunidades cuando los hombres no estaban presentes.
● Las víctimas permanecieron concentradas en los destacamentos du-
rante días y hasta meses.
2431.
Los casos de capturas en áreas de refugio, entregas posteriores a las
amnistías, y las privaciones de libertad, se produjeron sobre todo en las ca-
beceras municipales del departamento del Quiché, desde finales de 1982
hasta 1990, aumentando de manera importante en el año 1983. Aunque
el departamento del Quiché fue el más afectado, la CEH también recibió
testimonios que permiten afirmar que este fenómeno también existió en
otras áreas del país.
2432.
Las condiciones que debieron soportar las familias desplazadas en
los centros de detención facilitaron la ocurrencia de hechos violatorios de
los derechos humanos, especialmente agresiones y ultrajes físicos contra las
mujeres:
2433.
En el salón municipal de San Miguel Uspantán, Quiché, en di-
ciembre de 1982: “2,500 refugiados estaban en un espacio como de 200 o
300 metros; la gente ahí hacía su necesidad, ahí comía, ahí dormía, no había
agua para lavar, a tres cuadras se sentía el olor … eran unas condiciones in-
frahumanas”.
60
“Nos trataron como animales. Nos daban de comer solamente tres tor-
tillas por tiempo. Llevaban garrotes largos y nos daban a todos parejo
como a puros chuchos, también entraban a patearnos para interrogar.
En las noches entraban soldados a violar a las señoritas, a las más jó-
venes … A las que no querían las pateaban duro”.
61
37
59 C 16173. Diciembre, 1982.
60 Testigo CEH. (T.C. 108).
61 C 2596. Junio, 1983. San Miguel Uspantán, Quiché.
2434.
Las violaciones sexuales contra mujeres y niñas capturadas en luga-
res de desplazamiento o cuyas familias se acogieron a las amnistías, fueron
perpetradas por soldados; se cometían ante familiares directos y miembros
de la misma comunidad o con el conocimiento de éstos. Tal violencia fue
organizada y perseguía aniquilar la voluntad del conjunto de personas cap-
turadas mediante la explotación de los sentimientos de culpabilidad, debi-
lidad, impotencia y derrotismo que provocan este tipo de situaciones.
También se buscaba la captación ideológica o la “reeducación” de amnistia-
dos a través del miedo, y la aceptación de la supuesta culpabilidad. Con es-
tas conductas se facilitaba la destrucción del grupo étnico.
“Una mujer fue violada sistemáticamente por los soldados, a veces en
presencia de su marido. El hombre no aguantaba el dolor y la cólera
por lo que le estaban haciendo a su mujer y él viendo y sin poder ha-
cer nada”.
62
2435.
La CEH conoció también casos semejantes ocurridos en los desta-
camentos de Lancetillo y San Miguel Uspantán y en centros de recepción
de amnistiados.
“Nos insultaban, nos llamaban guerrilleros, nos pateaban y daban con
palos como si fuéramos ganado … parejo a mujeres y niños también
… en la noche las sacaron a dos mujeres k’iche’ puros soldados que las
usaron … las escuchamos gritar, y a los soldados reírse a la par mismo
de la escuela donde había hombres … el dolor era muy grande porque
allá estaban los hombres sabiendo que estaban ultrajando a las muje-
res y nada se podía hacer … a saber cuántos pasaron con ellas”.
63
“Un grupo se vino a entregar. Separaron a los hombres de las mujeres
y en la noche pasaron con las mujeres … eran militares de Salamá
… No sabemos si se entregaron o los capturaron en las Guacamayas,
la verdad es que los trajeron aquí, a Macalajau, esto sí lo sabemos, las
violaron en la noche, luego las llevaron a Uspantán”.
64
“En las noches entraban para violar, más a las que sólo tenían uno o
dos hijos, a las jóvenes. Pero una noche pusieron marimba y las vio-
laron a todas. Yo tengo mucha pena porque tengo muchos hijos, ya
mataron a algunos, yo soy casi anciana; pero tenía como 40 años
38
62 C 2593. Febrero, 1983, San Miguel Uspantán, Quiché.
63 C 16120. Septiembre, 1984. San Miguel Uspantán, Quiché.
64 Testigo CEH. (T.C. 109).
cuando me violaron … Yo cargo mi nena, jalan a mi nena, me sacan
a la capilla con otra señora y uno pasa conmigo … sólo pasó uno con-
migo porque ya estaba vieja y querían más a las jóvenes … yo no pue-
do olvidar eso, los soldados nos iban a matar si nosotras no
aceptábamos y yo tenía que defender la vida de mi hija que estaba
chiquita, pero yo no quería y el soldado me abusó”.
65
“Por las noches, los soldados sacaban a las jovencitas y se las llevaban
a sus cuartos, así estuvieron usándolas por meses”.
66
“Las amenazaban con cuchillo, las desnudaron, a saber si las viola-
ron, nunca dijeron, las acusaban de guerrilleras y decían que entrega-
ran las armas; no les daban comida, no las dejaban dormir, a cada
rato las sacaban en la noche para interrogarlas, a cada rato las patea-
ban, siempre desnudas”.
67
2436.
Hechos análogos sucedieron también en destacamentos y zonas
militares donde se concentraba a los indígenas que se “entregaban” al Ejér-
cito con las amnistías o que eran capturados en lugares de desplazamien-
to, como lo demuestra el siguiente testimonio que relata las violaciones se-
xuales cometidas contra mujeres miembros del grupo Ixil en el destaca-
mento de Sumal Grande, Nebaj, departamento de Quiché, en diciembre
de 1982:
“Estábamos en las montañas y nos entregamos, a otros los captura-
ron. Las mujeres de la población en el destacamento debían preparar
la comida para los soldados. A mí me tocó el turno en la cocina. Un
patrullero y dos soldados me llamaron, me acerqué a ellos. Me ven-
daron los ojos, me metieron un trapo en la boca para que no pudie-
ra hacer ruido y entre los tres me violaron … Me fui a la champa y
conté a mi esposo lo que me había pasado. Se enojó porque fue idea
mía que nos entregáramos al Ejército. Violaron a más mujeres de la
misma manera”.
68
2437.
En el salón municipal de San Bartolomé Jocotenango, departa-
mento de Quiché, en febrero de 1982:
“Alrededor de 50 mujeres con sus hijas e hijos fueron detenidas en sus
comunidades: Sinchaj, Xetemabaj, Paquix, La Hacienda, entre otras,
39
65 CI 77. 1980-96, San Miguel Uspantán, Quiché.
66 C 2601. San Miguel Uspantán, Quiché. Enero, 1983.
67 C 3557. Junio, 1983. San Miguel Uspantán, Quiché.
68 C 3776. Diciembre, 1982. Nebaj, Quiché.
por patrulleros y concentradas en el salón municipal porque decían
que los hombres estaban en la montaña … también viudas, aunque
sus maridos ya los habían matado ellos igual decían que estaban en la
montaña…”
69
“Estas mujeres estuvieron concentradas durante meses, sufriendo todo
tipo de violencia sexual junto con sus hijas. Los patrulleros cometían
las violaciones en el mismo salón, las violaciones fueron colectivas y
múltiples. Los soldados llevaban a las jóvenes a los cuartos que ellos
ocupaban y allá las violaban. Muchas niñas fueron violadas por pa-
trulleros y militares, de ocho o diez años para arriba ya las abusaban”.
70
[Los patrulleros] “se aprovechaban más de las que no tenían hijos, les
gustaban las niñas … unos les abrían las piernas y otros iban pasan-
do con ellas … las violaban … Entraban al salón los soldados y de-
cían a los patrulleros que ya estaban aburridos … los patrulleros les
daban buenas comidas y escogían a las muchachitas que más les pa-
recían y las ponían una en cada cuarto para que los soldados fueran
pasando con ellas”.
71
2438.
Las detenciones de indígenas pertenecientes a las comunidades de
las cabeceras municipales en los días de mercado durante la década de los
ochenta, constituyeron una práctica sistemática. Esta situación se vio refle-
jada el 2 de julio de 1982, cuando cerca de treinta mujeres de las comuni-
dades de Chiché, departamento de Quiché dispusieron ir a la plaza.
72
Fue-
ron detenidas por patrulleros de Chiché y Chinique, quienes las tuvieron
presas durante una noche en la cárcel municipal y custodiadas por agentes
de la policía; luego las trasladaron al salón municipal donde permanecie-
ron durante tres días más. En la primera noche tres de ellas fueron viola-
das por dos agentes de la Policía Nacional:
“Los policías las sacaron la primera noche, las volvieron a traer como
a las cinco de la mañana. Una de ellas ya estaba muy golpeada, san-
graba y no quería hablar, sólo lloraba … a saber cuántos pasaron por
ella”.
73
2439.
Luego, estando en el salón, al menos ocho mujeres fueron violadas
por patrulleros; una de ellas estaba embarazada de ocho meses:
40
69 C 2800. Febrero, 1982. San Bartolomé Jocotenango, Quiché.
70 Ibid.
71 Ibid.
72 Testigo (dirigente de organización maya) CEH. (T.C. 107).
73 Ibid.
“Cada noche sacan a cinco o seis mujeres. Cuando entran los hombres,
nosotros nos tapamos la cara con el rebozo, temblando estamos con el
miedo. Ellos nos quitan la sábana y con el foco van a mirar si somos
jóvenes. Todo el tiempo tiemblo del miedo para que no me saquen, no
me sacaron porque ya estoy algo vieja … Traen trago y obligan a to-
mar”.
74
2440.
Durante el cautiverio fueron sometidas a interrogatorios en lengua
castellana que no entendían, por ser maya-hablantes.
“En las mañanas nos despiertan a patadas, no entendemos qué nos
preguntan porque nosotras no podemos hablar castilla, sólo sabemos
que preguntan dónde está la guerrilla y nosotras no sabemos”.
75
“A cada rato entran con pistola, con cuchillo y dicen que tenemos que
sufrir porque somos mala gente, de la guerrilla. Llegan a cada rato,
nos golpean, caemos en el piso, dicen que me levante y vuelven a gol-
pear … Se ríen mucho, nos preguntan si estamos contentas o tristes”.
76
2441.
Estos hechos también tuvieron lugar en otros departamentos co-
mo Izabal, donde en la zona militar de Puerto Barrios en el año de 1985,
se cometió la siguiente violación:
“Más de treinta personas se encontraban presas y fueron torturadas.
Unos padres tuvieron que aceptar que el oficial se quedara con una
hija suya para que no cumpliera la amenaza de matarlos a los tres.
Oían cuando el oficial tenía relaciones con ella” .
77
2442.
La CEH conoció casos en que las fincas fueron utilizadas como lu-
gares de concentración de comunidades indígenas que luego de haber su-
frido masacres en sus lugares de origen, las sobrevivientes fueron llevadas y
mantenidas por determinado tiempo en estos lugares. Muestra de este he-
cho lo tenemos en el siguiente relato que narra lo sucedido en las fincas La
Gloria y La Taña en Uspantán, departamento del Quiché, donde además
se presentaron hechos de violencia sexual contra las mujeres:
“Violaban a muchas, los patrulleros y también los soldados cuando
pasaban. Pasaban con ellas cuando querían y cómo van a decir que
41
74 Ibid.
75 Ibid.
76 Ibid.
77 C 11631. 1985. Puerto Barrios, Izabal
no, las matan y ya. Algunas se las quedaron sólo para uno, con otras
pasaban muchos”.
78
2443.
Los hechos de violencia sexual impuestos a mujeres indígenas du-
rante la época del enfrentamiento armado interno de Guatemala, llegaron
a ser de conocimiento público en las comunidades y gozaron de la permi-
sividad de los mandos de la institución castrense.
2444.
Durante su trabajo de campo la CEH recibió testimonios que
muestran el rol pasivo que debió asumir la mujer durante la época del en-
frentamiento armado interno, para evitar agresiones directas contra su in-
tegridad física, por lo que permanecían en sus casas. Muchas llegaron in-
cluso a ser convencidas por los patrulleros y miembros del Ejército de su
culpabilidad en las violaciones cuando eran ellas quienes salían de sus ho-
gares. En muchas oportunidades esta actitud institucional fue asumida
también por sus respectivos esposos o compañeros al aceptar los abusos co-
mo normales y culpar a sus mujeres por exponerse. Desafortunadamente
esta situación fue reiterativa durante del enfrentamiento armado y negó a
las mujeres la oportunidad de entender las diferentes formas de violencia
sexual como una contravención de sus derechos humanos.
2445.
Las violaciones sexuales se cometieron en general con el conoci-
miento de la comunidad, “se sabía que violaban a las mujeres”, lo cual po-
ne de manifiesto el dominio con el que se ejecutaban. Así la violación se-
xual contra mujeres se convirtió en una arma de guerra que pretendía sub-
yugar y debilitar a las comunidades. Las PAC fueron parte también de es-
ta estrategia. Violaron mujeres a pesar de ser de su misma comunidad, tan-
to por orden de los militares como por el poder impune que el Ejército les
otorgó. Esta situación se mantuvo hasta poco antes de la firma de los
Acuerdos de Paz.
2446.
La forma de ejercer violencia sexual contra las mujeres por parte
del Ejército en los destacamentos, durante la época del enfrentamiento ar-
mado, fue variada. Sin embargo, es posible encontrar patrones de actua-
ción que aparecen en forma reiterada, como los siguientes:
● Organización de “fiestas” en los destacamentos donde las mujeres de
la comunidad eran obligadas a participar o, mejor expresado, a las
que se obligaba a los hombres a asistir llevando a sus mujeres, pues
se consideraba que éstas no tenían ningún derecho a decidir.
● Violencia sexual contra mujeres sometidas a trabajo forzado en con-
dición de servidumbre de los militares (cocinar, limpiar, lavar).
42
78 C 16504. Mayo, 1982, San Miguel Uspantán, Quiché.
● Violencia sexual contra mujeres en sus casas, previa orden militar a
los hombres de la comunidad para que “rastrearan”.
2447.
La permisividad y conocimiento de las violaciones sexuales quedó
evidenciada con lo sucedido a un grupo de mujeres de la etnia q’eqchí en
La Parroquia Lancetillo, Uspantán, Quiché, entre 1982 y 1983.
2448.
Desde que se instaló el destacamento en 1982 y durante 1983, los
militares organizaban fiestas con marimba cada dos o tres meses dentro del
convento por ellos ocupado: “Obligaban a los hombres a ir con sus mujeres
… si uno no quería lo castigaban ese día. Sacaban a las mujeres que querían
y se las llevaban al monte para violarlas”.
79
De modo que las violaciones se
cometían con el conocimiento de los maridos y de toda la comunidad. Es-
te caso identifica a cuatro mujeres q’eqchí que lograron sobrevivir a esta
violencia; dos de ellas estaban casadas en el momento de los hechos y sus
maridos las repudiaron, lo cual pone de manifiesto el rechazo, el estigma y
la culpa que sufren las mujeres víctimas de violencia sexual: “Se separaron
porque los soldados violan a las mujeres y luego los hombres ya no las quieren”.
80
Culpar a las mujeres era más fácil que culpar a los militares, abandonarlas
fue un gesto de desprecio y ejercicio de superioridad de los hombres para
no admitir su propia vergüenza.
2449.
De igual forma se realizaron violaciones sexuales contra mujeres
pertenecientes a la etnia k’iche’ en Macalajau, Uspantán, departamento de
Quiché, durante 1983 y 1985:
“Organizaron a los hombres de comisión para pasar con las mujeres.
Las mujeres no dicen nada porque tienen miedo, pero sabemos que
pasaron … los soldados las usan cuando mandan a los hombres de
comisión, entran a las casas de las mujeres cuando no están sus hom-
bres y las violan … A mi esposa no la violaron porque yo la defendí.
Un día llegué a mi casa y un soldado estaba dentro y mi esposa para-
da, moliendo en la piedra, muy asustada, y el soldado la miraba, yo
la defendí y eché al soldado de mi casa … Los soldados tenían sus co-
cineras, sus sirvientas. Usaron también a las sirvientas. Una se la lle-
vó a Zacapa un soldado … Eran jóvenes todas”.
81
2450.
Como consecuencia de las violaciones sexuales se presentaron em-
barazos no deseados que llegaron a marcar a los hijos fruto de estas situa-
ciones: “Al muchacho le decimos el sargento”.
82
43
79 C 16517. Octubre, 1982. Uspantán, Quiché.
80 Ibid.
81 Testigo CEH. (T.C. 109).
82 Ibid.
2451.
Las manifestaciones de violencia contra la mujer fueron reiterati-
vas aunque no plantearan hechos de violación sexual. Dentro de estas ma-
nifestaciones tenemos los bailes y trabajos forzados de las mujeres de la co-
munidad en los destacamentos. Como conoció la CEH al recibir el testi-
monio de miembros de la comunidad de Tucuná en el municipio de Agua-
catán, departamento de Huehuetenango:
“Los oficiales del destacamento también causaron temor y sufrimien-
to a las mujeres obligándolas a atender cualquier fiesta que hicieran
en el destacamento. Fueron obligadas a bailar, si el padre o esposo no
quería que fuera, recibía amenazas del Ejército. También las obliga-
ron a trabajar en el destacamento, cocinar y limpiar”.
83
“Se conmemoraba un año de las PAC, llegaban los altos militares, el
jefe de las patrullas y obligaban a las comunidades a que llegaran a la
fiesta … siempre utilizaron a la mujer, buscaban a una de las pato-
jas para que ella fuera la madrina de los patrulleros … las obligaban
a bailar con todos los soldados, con todos los patrulleros, a todas las
patojas, y eso sí fue un gran dolor para los ancianos, para los papás,
para las mismas muchachas que tenían novio pero eran obligadas a
bailar con los soldados uniformados y con sus armas”.
84
2452.
La violencia ejercida contra la mujer durante el enfrentamiento ar-
mado llegó a extremos que las afectadas consideraron como de esclavitud,
por lo que se evidencia en el siguiente párrafo de una entrevista comunita-
ria realizada por la CEH:
“Durante diez años después de las desapariciones forzadas, las viudas
… fueron esclavas … de los comisionados militares y del Comité de
Desarrollo que trabajaban con el Ejército. Las viudas tenían que tra-
bajar en los cultivos y organizar actividades como fiestas por órdenes
del destacamento de Playa Grande”.
85
2453.
La presencia de contingentes militares durante la época del enfren-
tamiento armado se convirtió en una constante amenaza para las mujeres
indígenas mayas, quienes fueron víctimas de actos violentos cometidos por
miembros del Ejército dentro de un marco de absoluta impunidad:
44
83 Testimonio colectivo CEH. 1982.
84 Testigo CEH. (T.C. 107).
85 Testimonio colectivo CEH. 1982.
“Llegaron dos soldados a la venta de la niña y le dijeron que los
acompañara, se la llevaron para la casa donde vivía. Encerraron a
sus padres en una de las habitaciones y a la niña [nueve años] se la
llevaron a la habitación contigua, allí la violaron … La niña que-
dó tirada en la habitación a punto de morir y con abundante hemo-
rragia”.
86
2454.
Los cateos y allanamientos realizados por miembros del Ejército o
patrulleros y comisionados militares, durante el enfrentamiento armado en
distintas comunidades, fueron aprovechados para cometer violencia en
contra las mujeres, al margen de buscar información sobre la guerrilla, lo-
calizar armas o abastecerse de alimentos empleando la fuerza.
2455.
En las casas encontraban principalmente a las mujeres, a sus hijos
e hijas. Al no estar en la casa los hombres, eran acusados sistemáticamen-
te de colaborar o pertenecer a la guerrilla y los militares se ensañaban con
sus familiares. Este modelo no puede considerarse selectivo porque se dio
masiva e independientemente de que los hombres estuvieran o no en las
“listas negras” elaboradas por el servicio de Inteligencia del Ejército. La in-
tención era lograr el sometimiento absoluto mediante la generación del te-
rror. Incluso hubo casos en que las viudas (que lo eran porque elementos
del Ejército habían matado a sus maridos) fueron igualmente acusadas por
supuestos hechos de sus maridos ya muertos. “¿Dónde está tu marido?,
¿dónde están las armas?, ¿dónde están los buzones?, torteando estás para los gue-
rrilleros”, fueron interrogantes absurdas a las que tuvieron que enfrentarse
las mujeres. Muy a menudo las mujeres mayas no entendían los interroga-
torios que se hacían en un idioma que no era el suyo. Esta situación se
mantuvo durante toda la década de los ochenta:
“Diez soldados llegaron a su casa, cinco se quedaron dentro y cinco
fuera. Dos de ellos jalaron del brazo a la mujer, embarazada de dos
meses, la arrodillaron, ‘vos les das de comer’, dijeron. Pusieron en su
cuello una soga para sacarle información sobre quién colaboraba con
la guerrilla … la tendieron en el suelo, le quitaron la ropa, y dos sol-
dados abusaron sexualmente de ella … perdió a su criatura”.
87
“Los soldados vinieron a la casa y preguntaron por la guerrillla. Pi-
dieron comida a la madre. Después de comer lo que ofreció la señora,
se llevaron a su hija y la violaron”.
88
45
86 C 16159. Octubre, 1981. Chichicastenango, Quiché. CI 91. Quiché
87 C 5307. Septiembre, 1985. Ixtahuacán, Huehuetenango.
88 C 5420. Marzo, 1982. Colotenango, Huehuetenango.
“Luego de desnudarlas, los soldados formaron una rueda, colocándo-
las en medio del círculo. Se dividieron en dos grupos, cada grupo to-
mó a una de ellas y, uno por uno, los soldados las fueron violando.
Después, les amarraron las manos con las fajas que les servían para su-
jetarse el corte y las colgaron en un árbol, las interrogaron sobre quié-
nes eran guerrilleros en esa comunidad. Al no responder nada, les dis-
pararon, a una de ellas en la boca desfigurándole el rostro, a la segun-
da en el cuello”.
89
“Su marido se había ido a trabajar … Llegaron los soldados a la ca-
sa preguntando por él … la obligan a que diga que su esposo es gue-
rrillero … ella lo niega ... la llevan a la fuerza hacia unos matorra-
les y abusan de ella. Después, los soldados regresan a la casa y se co-
men el almuerzo que ella había preparado. A la joven [15 años] le
preguntaron por su padre, les informa que se fue a la Costa Sur … se
la llevan al monte y también abusan sexualmente de ella”.
90
2456.
El hecho de que las mujeres se quedaran en sus casas, en lugar de
ser una garantía para evitar las violaciones sexuales como ellas creían, resul-
tó todo lo contrario, como se evidencia en el siguiente testimonio que re-
lata lo sucedido en la comunidad de Villa Hortencia en San Juan Cotzal
durante 1981:
“Advertidos de la llegada del Ejército por la vigilancia, los hombres se
fueron de la comunidad para esconderse en el monte; las mujeres se
quedaron porque la población pensó que a quienes venían a buscar
era a los hombres, que a ellos los querían matar. Los soldados se dis-
tribuyeron las casas, entraron en todas, exigieron alimentación y vio-
laron a las mujeres, a todas las jóvenes que estaban en la comunidad
… Las mujeres se quedaban en las casas protegiendo la vida de los ni-
ños mientras los hombres iban a refugiarse, fueron ellas las que en mu-
chas ocasiones tuvieron que enfrentarse a la llegada del Ejército y
sufrir sus agresiones”.
91
2457.
Las instrucciones impartidas por el Ejército a los comisionados mi-
litares y a los miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil, fueron más
allá del plano militar, pues convirtió a éstos en agresores de las mujeres de
sus propias comunidades. Nuevamente la justificación utilizada para co-
46
89 C 2765. Febrero, 1982. Chiché, Quiché.
90 C 2657. Febrero, 1981.
91 C 2620. Enero, 1981. Cotzal, Quiché.
meter estas arbitrariedades fue la de culpar a las mujeres como “mujer de
guerrillero”.
“Era un violador, amenazaba de muerte a las viudas y entonces ellas
tenían que aceptar. Llegaba a sus casas y decía: ‘Ustedes torteando es-
tán para los guerrilleros porque por eso es que no tienen esposos’; y allí
mismo las violaba, en sus casas”.
92
“Tenía la costumbre de violar a las mujeres … le dijo a una de las
víctimas que tenía que acostarse con él porque su esposo era de la gue-
rrilla. El comandante iba con otros diez patrulleros”.
93
2458.
También en los casos que representan sucesos esporádicos y no
prácticas generalizadas, la CEH ha podido concluir que las autoridades
del Estado manifestaron permisividad y tolerancia, en un marco de im-
punidad.
“El jefe de la patrulla mandaba a decir a las viudas que llevaran
pollo, carne, chirmol, tortillas y el licor, de él dependía lo que de-
seaba, llegaban las señoras y sus hijas, todas se sentaban en el suelo
a escuchar toda la charla que daban los patrulleros, después les de-
cían: ‘Ustedes son viudas porque sus esposos fueron guerrilleros’; ellas
tenían que decir que sí porque si no las amenazaban y luego ellos se
reían. Después comían los patrulleros delante de las señoras y empe-
zaban a escoger cuál querían de entre las señoras o las patojas y las
violaban ahí”.
94
2459.
En muchas ocasiones las víctimas fueron viudas y huérfanas, ya
que esta situación las hacía más vulnerables a todo tipo de abusos. Sin em-
bargo, comisionados militares violaron también a mujeres casadas mien-
tras sus maridos integrados en las PAC estaban de servicio:
“Mi marido estaba de turno en las PAC, [el soldado] me agarró, yo
estaba dormida … tenía un hijo de tres meses, empecé a gritar del
miedo, él me puso la pistola en el pecho, me metió la mano en mi par-
te (vagina) y me dijo: ‘Te vas a dejar a las buenas porque si no te va
a ir peor’; me dijo que ya habían violado a muchas mujeres junto con
otros soldados. Él me violó, y mi otro hijo de cinco años lo vio todo …
47
92 C 16324. 1982. Zacualpa, Quiché.
93 C 3220. 1982. Cotzal, Quiché.
94 Testigo CEH. (T.C. 107). Se refiere a violaciones contra mujeres de etnia kaqchikel, comunidad
de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.
Yo no le conté nada a nadie, ni a mi marido, porque me podía pegar
y tuve miedo … Hasta ahora lo estoy contando … Esa noche viola-
ron a muchas mujeres y los maridos no se enteraron porque estaban
rondando”.
95
“La viuda tenía un hijo de ocho o diez años y el comandante de las
PAC le dijo que si no se acostaba con él, iba a ir a la zona militar pa-
ra decir que ella era viuda de un guerrillero e iba a sacar a su hijo pe-
queño a patrullar. Bajo tal amenaza, se acostó con él”.
96
2460.
En los pocos casos en que las mujeres víctimas de estas violaciones
por agentes del Estado se atrevían a denunciar los hechos, los funcionarios
del Estado las culpabilizaban o no las atendían:
“Había un estado de terror; ni el juez ni el alcalde ni la policía eran
de confianza porque se trata de la misma gente que trabajaba ahí
quienes coaccionaban a las mujeres diciéndoles que era por su culpa
lo que les pasaba … los tribunales no tenían independencia … en ese
tiempo igualmente los médicos tenían prohibido atender todos estos
casos, ni de heridos ni de mujeres violadas”.
97
2461.
Sin embargo, del análisis de otros casos se desprende que las viola-
ciones sexuales se cometieron dentro de un contexto de dominación de un
grupo sobre otro, en el que a través de la humillación y el sometimiento
de la comunidad indígena se persiguió el fin último de aniquilar cualquier
voluntad de transformar esa relación de dominio o de emprender cual-
quier tipo de resistencia.
“Los agresores se presentaron en su casa a las pocas semanas de que tu-
viera una criatura, como consecuencia de las violaciones sexuales que
sufrió: ‘Esa mierda es un hijo de puta’, dijeron, refiriéndose al recién
nacido. Lo asesinaron con cuchillo delante de su madre, enterraron el
cadáver cerca de la casa y continuaron violando a la muchacha”.
2462.
En algunos casos conocidos por la CEH, patrulleros o comisiona-
dos militares obligaron a mujeres a convivir con ellos, contra su voluntad,
sometiéndolas a una condición servil, por un cierto período o por el resto
48
95 C 9109. Febrero, 1982. Cahabón, Alta Verapaz.
96 C 5662. 1982. Aguacatán, Huehuetenango.
97 Testigo CEH. (T.C. 106).
de sus vidas. La unión forzada se convirtió en muchos casos para las mu-
jeres indígenas en una forma de supervivencia ante el enfrentamiento ar-
mado. En estos casos el sometimiento de la mujer fue total, configurando
una forma de servidumbre en la que los patrulleros o militares tenían dis-
posición plena del cuerpo de la mujer, de su fuerza laboral, su libertad de
movimiento, de su palabra, en fin, de su vida entera.
“Muchas de las viudas estuvieron en esas concentraciones, se dieron
casos en que las obligaron a que se juntaran con los patrulleros, o si
no, también las obligaban a que sus hijas se quedaran con un hijo del
patrullero”.
98
“A muchas mujeres que capturaba el Ejército las llevaban al destaca-
mento de Lancetillo y después a La Gloria. Las violaban y entrega-
ban a las jóvenes a los hombres viudos, hubo muchos matrimonios
forzados”.
99
“La violaron los patrulleros … la llevaron a La Gloria, allá uno se
quedó con ella hasta que engordó, porque se quedó embarazada, y en-
tonces la dejó y se quedó con otra”.
100
2463.
La unión forzada se convirtió en muchos casos para las mujeres in-
dígenas mayas en una forma de supervivencia ante las condiciones del en-
frentamiento armado. Sin embargo, estas uniones casi siempre se realiza-
ron mediante la coerción y generalmente tras una violación sexual come-
tida por elementos del Ejército o patrulleros:
“Los soldados me dijeron que tenía que juntarme con un señor que
me pretendía. El señor estaba en las patrullas, también viudo y tiene
dos hijos que ya están grandes y no tiene quien los cuide … Yo me
pongo a pensar porque no tengo dónde ir, no tengo casa, no tengo na-
da y los soldados dicen que voy a juntarme con el señor, yo no puedo
hacer otra cosa y por eso me junté con el señor … Me acuerdo mucho
de mi esposo porque tenemos las mismas ideas, luchamos juntos por la
vida con nuestros hijos y me pongo triste cuando me acuerdo porque
a él ya lo mataron … No puedo decir lo que pienso porque el señor se
va a enojar, así que me callo, no puedo hacer lo que quiero. Tampoco
puedo decir a mi hija, ella es buena pero ya creció con las ideas de los
ejércitos, ella dice que el señor es su verdadero papá, que al otro no le
49
98 Testigo CEH (T.C. 107).
99 C 2595. Abril, 1982. San Miguel Uspantán, Quiché.
100 C 16177. 1983. San Miguel Uspantán, Quiché.
conoció, que a saber qué ando inventando, que son ideas malas … no
puedo hablar con nadie, el señor no me deja ir a las reuniones … Co-
mo muda me mantengo, las palabras que digo no son las que quiero
decir”.
101
2464.
La participación de agentes del Estado como autores de las viola-
ciones de derechos humanos contra las mujeres ya enunciados, permite a
la CEH deducir como finalidades prioritarias de los mismos: la ejecución
de actos masivos y reiterados donde la violación sexual se empleó como un
arma de guerra de la que fueron víctimas casi en su totalidad mujeres,
miembros de grupos mayas; deduce igualmente la intencionalidad de mer-
mar la capacidad de resistencia de las comunidades indígenas con la inten-
ción, en muchos casos, de destruirles en el plano físico, psicológico y cul-
tural, por ser percibidos como “enemigos” de acuerdo a la aplicación de la
Doctrina de Seguridad Nacional.
2465.
Todas las culturas atribuyen valor a la mujer sobre la base de su fun-
ción biológica reproductora
102
y de crianza. Las mujeres transmiten, por me-
dio de vínculos íntimos y cotidianos, la cultura familiar y comunitaria: el
idioma, la cosmovisión, las normas de vida y de relación entre los miembros
de la comunidad; en definitiva, los contenidos de la identidad personal y so-
cial. En la cultura maya, además, esta función tiene un alto valor simbólico
dada la equivalencia entre la mujer con la madre tierra, representación de la
vida y de la posibilidad de establecer vínculos entre pasado y futuro.
2466.
En este sentido, la violencia sexual contra mujeres y niñas forma
parte sustancial de la memoria histórica de las comunidades indígenas. El
castigo como finalidad de las violaciones sexuales se hace evidente por la
extrema crueldad con que se llevaron a cabo, llegando hasta el punto de
matar a las víctimas en violaciones colectivas y múltiples, mutilando sus ór-
ganos sexuales, dejando evidencias de la violación, como la desnudez.
2467.
La sexual es una de las formas de violencia que produce secuelas
más graves y complejas afectando de por vida a las sobrevivientes y destru-
yendo la identidad de la víctima, al igual que su capacidad de relación y
afectando notoriamente su capacidad reproductora.
103
50
101 CI 77. 1984. San Miguel Uspantán. Quiché.
102 El documento de Naciones Unidas, Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en Es-
tados de Emergencia o de Conflicto Armado, Resolución 3318 (XXIX) de la Asamblea General
de 14 de diciembre de 1974, señala: “Consciente de su responsabilidad por el destino de la generación
venidera y por el destino de las madres, que desempeñan un importante papel en la sociedad, en la fa-
milia y particularmente en la crianza de los hijos”.
103 Elizabeth Lira y Eugenia Weinstein, Psicología social de la guerra: trauma y terapia, UCA, San Sal-
vador, 1990, pg. 370. Señalan como secuelas, además de las físicas (daño a órganos, infecciones,
embarazos...), la “perversión de un área vital del funcionamiento biopsicológico del individuo -—aqué-
lla relacionada con el placer, la procreación, y los vínculos erótico-amorosos— con el objeto de transfor-
marla en un espacio de horror, agresión, humillación y dolor”.
2468.
Al ser percibidas como una propiedad más, las mujeres fueron “co-
sificadas” y del mismo modo que se toleró el saqueo de bienes, se toleró la
violación. Este hecho es lo que comúnmente se ha denominado como “bo-
tín de guerra”.
Las violaciones sexuales en contextos de represión selectiva
2469.
Las violaciones sexuales con carácter selectivo se cometieron con-
tra mujeres que desarrollaban tareas de liderazgo o participaban en organi-
zaciones sociales o políticas o de derechos humanos; que integraban cual-
quiera de las facciones guerrilleras, o tan sólo porque eventualmente po-
drían llegar a colaborar con la guerrilla.
2470.
La violencia sexual dirigida contra mujeres previamente identifica-
das también fue una práctica de carácter reiterado. Las mujeres que sufrie-
ron esta violencia fueron discriminadas principalmente por colaborar o
pertenecer a la guerrilla; ellas mismas o sus familiares fueron acusados de
apoyar a la subversión. La mayoría de las mujeres que fueron víctimas de
esta violencia también lo fueron de ejecuciones arbitrarias o desapariciones
forzadas.
“El 15 de septiembre de 1982 regresábamos con mi padre del merca-
do de Rabinal … Nos detuvieron los soldados cerca del destacamento
y nos encerraron por separado … me quitaron la ropa a tirones, todos
se subieron, el capitán primero, ocho soldados más … los demás me
tocaban, me trataban muy mal y entre ellos decían al que estaba en-
cima que se apurara, a mí me decían que me moviera y me pegaban
para que me moviera”.
“De pronto vi que entraban con mi papá, estaba muy golpeado, lo sos-
tenían entre dos. Yo estaba desnuda sobre una mesa, y el capitán le di-
jo a mi padre que si él no hablaba lo iba a pasar mal. Entonces hizo
que los hombres que tenía ahí comenzaran a violarme otra vez. Mi pa-
dre miraba y lloraba, los hombres le decían cosas, él no hablaba, yo es-
taba cansada, ya no gritaba, creo que también me desmayé, pensé que
me iba a morir, no entendía nada. Yo no creo que mi papá fue guerri-
llero, no sé qué querían. De pronto el capitán pidió un machete y le
cortó el miembro a mi papá y me lo metió a mí entre las piernas. Mi
padre se desangraba, sufrió mucho, después se lo llevaron. A mí me die-
ron ropa, otra ropa, de saber qué mujer y me dijeron que me fuera”.
“Le conté a mi marido lo que pasó, él me contestó que el Ejército te-
nía el poder, que no se podía reclamar, que si yo no hubiese ido al
mercado, nada me habría pasado”.
51
“Un mes después mataron a mi marido, pero yo en lo más profundo
sentía alivio. Después de todo lo que me pasó ya no quería un hom-
bre a mi lado, pero él no tenía que morir así. Es todo”.
104
2471.
La violencia sexual fue un componente específico, utilizado por los
militares en las torturas contra las mujeres detenidas en los destacamentos
del Ejército. Estas violaciones sexuales fueron, en muchas ocasiones, reite-
radas y cometidas por varios hombres. Además se utilizaron otras formas
de tortura: descargas eléctricas, ingestiones forzadas, asfixias, golpes, simu-
lacros de ejecución, tortura infligidas a otros en su presencia, privación de
alimentos y sueño. Estos hechos fueron confirmados a la CEH por decla-
raciones de miembros del Ejército, que reconocieron cómo esta violación
se realizaba de manera rutinaria:
“Las violaciones dentro de los destacamentos siempre se hacían … a
veces por gusto, otras porque daban las órdenes. Decían: ‘Hay que
quebrarles el culo a estas putas’, o cosas más gruesas”.
105
“Vos’, me dijo un soldado, ‘¿no querés ir a echar un tu polvo?’ … te-
níamos allí una carpa para prisioneros pero habían dos mujeres nada
más … decían que eran guerrilleras y las estaban violando masiva-
mente, había una cola como de 35 esperando turno y yo no quise pa-
sar porque realmente como a unos dos metros a la redonda se sentía
un olor fuerte, una hedentina así desagradable … estaban rodeándo-
las y violándolas, y se levantaba uno y pasaba el otro … y total, yo
calculo que a estas pobres mujeres las violaron unos 300 soldados”.
106
“Capturaron a cuatro mujeres sospechosas de ayudar a la guerrilla.
Antes de asesinar a las cuatro mujeres, dos jovencitas y dos mayores,
todas indígenas, habían sido llevadas al campamento. A una de ellas
la sacaron y dieron la orden de violarla, eran como 160 hombres. Al
final a todas las violaron. Yo no participé porque logré engañar a los
oficiales y esconderme en la milpa. Durante la violación, el oficial gri-
taba a las detenidas: ‘Ustedes son de la guerrilla, ustedes buscaban al
Ejército, pues aquí está el Ejército, si ya probaron a los canches ahora
van a probar a los pintos’. A todos los obligaban los oficiales bajo ame-
naza de matarlos si no cumplían las órdenes”.
107
52
104 C 9364. Septiembre, 1982. Rabinal, Baja Verapaz.
105 Testigo CEH. (T.C. 53).
106 Ibid.
107 C 5011. Febrero,1982. El Porvenir Camitancillo, San Marcos.
2472.
La violencia sexual fue utilizada durante el enfrentamiento arma-
do en Guatemala como otra forma más para eliminar cualquier forma de
oposición política o militar al régimen establecido:
“Era líder de su comunidad y trabajaba con las mujeres a través de
Acción Católica … era muy buena gente, alegre, amable y activa …
Los soldados la llevaron a una casa. Fue salvajemente torturada, la
desnudaron, la violaron, luego la crucificaron, la clavaron parada, le
metieron clavos en sus manos y en su pecho, la quemaron viva. Alre-
dedor tiraron papeles donde sacaban a los guerrilleros como mala gen-
te o como payasos. Vecinos enterraron los pocos restos que hallaron, pe-
dazos se quemaron, los perros habían comido sus piernas. Ese mismo
día también violaron y crucificaron a otra mujer”.
108
“Fueron violadas sexualmente en varias ocasiones por todos los miem-
bros de la G-2 que se encontraban presentes en el lugar, fueron saca-
das en los vehículos de la G-2 a las doce de la noche y no volvieron a
aparecer”.
109
2473.
Las mujeres fueron utilizadas para castigar a los hombres que las
fuerzas de seguridad habían calificado de enemigos, extendiendo de esta
forma el castigo no solamente a los activistas, sino también, a sus compa-
ñeras. Por este motivo las mujeres de las familias donde hubo hombres
acusados de colaborar con la guerrilla fueron víctimas de la violencia se-
xual; fueron violadas indistintamente sus madres, esposas, compañeras, hi-
jas, hermanas o simplemente vecinas.
“Delante suyo violaron a su madre, a su hermana y a su mujer que
había dado a luz un día antes. A él se lo llevaron y lo tiraron a un
botadero de cadáveres creyéndolo muerto, logró salir con vida”.
110
2474.
En numerosos casos las mujeres fueron forzadas delante de sus ma-
ridos. Esta violencia persiguió neutralizar a las mujeres que en ocasiones
opusieron resistencia intentando defender a sus familiares, para que no vol-
vieran a “reclamar”.
“Cuando detuvieron a su esposo, los soldados la obligaron a que les co-
cinara. Ella, con tal de que dejaran en libertad a su esposo, accedió.
53
108 C 16343. Febrero, 1982. Sacapulas, Quiché.
109 C 9440. Agosto, 1985. Cobán, Alta Verapaz.
110 C 16496. Marzo,1981. Chicamán, Quiché.
Quince soldados la violaron en presencia del cónyuge, quien en ese
momento se encontraba colgado debajo de un árbol. Ella estaba em-
barazada de siete meses”.
111
“Cuarenta o cincuenta soldados entraron en nuestra casa, nosotros ya
estábamos durmiendo. Dijeron a mi esposo: ‘Usted nos va a acompa-
ñar’. Yo me puse en medio de los soldados y mi esposo, suplicando para
que los soldados no se lo llevaran porque mi esposo no tenía delito. Me
agarraron y me tiraron a la cama y mientras unos soldados secuestra-
ron a mi esposo, tres soldados se quedaron para violarme. Fue una no-
che horrible y todavía estoy enferma por el susto y la tristeza”.
112
“Sacaron de la cocina a la madre y sus dos hijas, las desnudaron y las
tiraron al suelo. Frente a sus familiares directos fueron ultrajadas se-
xualmente … burlándose … todos los militares las violaron. Luego
pasaban sobre ellas pisándolas y picándoles sus partes y pechos con las
bayonetas. Mataron al padre frente a su esposa e hijos. A los hijos va-
rones los dejaron libres. Rociaron con gasolina la casa y la quemaron.
Cuando se retiró el Ejército llevaron a las mujeres al hospital porque
las muchachas sangran mucho y la mamá está como muerta; ellas
murieron en el hospital de Zacapa”.
113
“Dos señoritas de 18 y 16 años fueron capturadas, se las llevaron al
destacamento militar de la finca La Igualdad donde las violaron re-
petidamente durante 15 días. Luego se las llevaron a la aldea Tibuj,
donde las obligaron junto con otras personas a cavar su propia fosa y
las enterraron vivas. Cuando las sacaron de su casa, los soldados lleva-
ban en la mano una lista. Ellas estaban desplazadas desde que bom-
bardearon su comunidad y secuestraron a su papá y a un hermano”.
114
2475.
La elaboración de listas fue una práctica que tuvo alcances masivos
como muestra lo sucedido a una comunidad donde ocho mujeres k’iche’
de edades comprendidas entre los 22 y los 50 años, una de ellas embaraza-
da de nueve meses, fueron capturadas tras ser identificadas como “mujeres
de guerrilleros”; sus esposos huyeron a refugiarse a la montaña.
2476.
Si bien las violaciones sexuales contra mujeres y niñas perpetradas
por agentes del Estado como mecanismo de sometimiento de las comuni-
dades indígenas disminuyeron a partir de 1983, continuaron siendo útiles
54
111 C 2502. Enero, 1982. Joyabaj, Quiché.
112 C 6164. Marzo, 1982. Barillas, Huehuetenango.
113 C 12006. 1980. Jocotán, Chiquimula.
114 C 7101. 1983. San Pablo. San Marcos.
como arma de guerra en contextos de represión selectiva y como medio pa-
ra generar terror en la población:
“El Ejército llegó con un guía, capturaron a los hombres, los tortura-
ron y los mataron delante de la población. En una casa encontraron
a cuatro mujeres, sus maridos estaban en la Costa Sur cortando caña.
Las llevaron a la escuela. Mientras en un aula torturaban a los hom-
bres, en otra violaron a las mujeres. A dos las desnudaron completa-
mente. Uno de los soldados arrebató a la niña, tenía dos años, de una
de las mujeres diciéndole que él quería probar carne tierna. Nadie sa-
be qué hizo con la niña. La violación sexual de las mujeres duró to-
da la noche, cada una fue violada por más de 50 soldados. Después
de ejecutar a los hombres, a ellas las dejaron en libertad”.
115
2477.
La violación sexual también fue una forma de intimidación em-
pleada contra las mujeres que se presentaron a los destacamentos para re-
clamar por la desaparición de sus familiares:
“Elementos del Ejército capturaron al padre y al hermano de una ni-
ña de 14 años. Ella y la esposa de su hermano decidieron ir al desta-
camento militar para ver qué sucedía y al mismo tiempo llevar la cé-
dula de vecindad de ellos. Les permitieron entrar al destacamento.
Unos soldados se llevaron a la niña a un cuarto y se formaron en fila
para violarla. La estuvieron violando durante tres horas, desde las on-
ce de la mañana y hasta la una de la tarde. Las dejaron salir del des-
tacamento hacia las seis de la tarde. La niña no podía caminar. Con-
tinúa viviendo en la comunidad, nunca se casó”.
116
“Una mujer entró a la iglesia a preguntar por su esposo, su hija fue
con ella. Le dijeron: ‘Ahí está’. Pasaron y delante de todos los soldados
y hombres detenidos las violaron”.
117
A modo de síntesis
2478.
La información recabada por la CEH respecto a la violencia sexual
revela que el Ejército la utilizó de forma sistemática y con absoluta impu-
nidad, como arma dentro de la lucha contrainsurgente. La violencia sexual
fue ordenada por el superior en el mando o se dio en el marco de la impu-
nidad que cubría dicha violencia, lo que demuestra su uso como arma de
guerra:
55
115 C 16162. Mayo,1984. Chichicastenango, Quiché.
116 C 45. Enero, 1982. Chichicastenango, Quiché.
117 C 11630. Septiembre, 1981. Panzós, Alta Verapaz.
“El Ejército llegó a la casa. El marido fue ejecutado inmediatamente
al intentar huir. Su esposa de 18 años, embarazada de seis meses, fue
violada por todo el pelotón, más de 40 hombres. La tuvieron tres días
y tres noches violándola por orden del jefe del pelotón. Algunos solda-
dos se negaban, entonces eran castigados. La violaron delante de su
madre. Luego vistieron a la mujer embarazada, de soldado, y la lle-
varon a la casa del comisionado, allí la siguieron violando y torturan-
do. Cuando ya estaba medio muerta la quemaron en un cerro”.
118
2479.
Las violaciones sexuales selectivas por lo general se dieron contra
presuntas guerrilleras, así como contra mujeres líderes o miembros de or-
ganizaciones sociales, sindicales, políticas, estudiantiles, campesinas, o ac-
tivistas de derechos humanos. Estas violaciones ocurrieron generalmente
en el contexto de la detención de las mujeres, junto con otras formas de
tortura, y muchas veces fueron seguidas de la muerte o desaparición de las
víctimas. La CEH también registra casos de violaciones individuales de es-
posas, hijas o hermanas de presuntos guerrilleros o de líderes sociales o po-
líticos. Buena parte de las violaciones selectivas se dieron en áreas urbanas
y a lo largo del enfrentamiento armado.
2480.
La casi totalidad de casos de violaciones sexuales masivas e indis-
criminadas que registra la CEH se realizaron en comunidades mayas ubi-
cadas en el área rural, especialmente durante el período más alto de la vio-
lencia, entre 1980 y 1983. Dichas violaciones ocurrieron luego de la ins-
talación de destacamentos militares o PAC, antes de masacres o como par-
te de las operaciones de tierra arrasada. Dichos actos se realizaron con ex-
trema crueldad y dejando evidencias notorias de los mismos, como desga-
rramientos, estacas clavadas en los órganos genitales, descuartizamiento de
fetos, entre otros.
2481.
La CEH también registra casos de sometimiento sexual prolonga-
do en cuarteles o destacamentos militares. Asimismo, ha recibido testimo-
nios de mujeres mayas obligadas durante el enfrentamiento armado a
uniones conyugales bajo condición servil por militares, comisionados mi-
litares o patrulleros, quienes actuaron con total impunidad. Por esas unio-
nes forzosas de carácter temporal o por el resto de la vida, las mujeres que-
daron sometidas sexual y laboralmente, así como en todos los planos de su
existencia.
2482.
Los testimonios recogidos por la CEH permiten aseverar que la
violencia sexual ha tenido un fuerte impacto en las víctimas directas y en
los grupos de origen de las mismas. La ruptura de uniones conyugales y la-
zos sociales, el aislamiento social y la vergüenza comunitaria, el éxodo de
56
118 C 13004. Septiembre, 1982. Rabinal, Baja Verapaz.
mujeres y de comunidades enteras, el impedimento de matrimonios y na-
cimientos dentro del propio grupo étnico, los abortos y filicidios, entre
otras consecuencias del modus operandi de las violaciones afectaron seria-
mente la continuidad biológica y cultural de los colectivos indígenas.
2483.
A pesar de todas las dificultades para documentar la violencia es-
pecífica de género que sufrieron las mujeres durante el enfrentamiento ar-
mado interno, la CEH quiso recoger en estas páginas el dolor que expre-
saron mediante sus testimonios las víctimas o testigos, compilados a lo lar-
go del período de trabajo de campo. Vale la pena resaltar el valor de las tes-
timoniantes que se atrevieron a contar su historia, a pesar de que les hicie-
ra revivir su dolor.
“Que haya una alta voluntad política del Estado de asumir la respon-
sabilidad y de castigar a los que cometieron estos delitos. En esa vía se
puede llegar a una posible reconciliación, para que no vuelva a suce-
der. Es un delito que se cometió contra la humanidad, contra muje-
res que no tienen ninguna voz, ninguna protección, tampoco vamos a
esperar que ese daño se nos pueda cicatrizar, pero tal vez tengamos
una esperanza para que muchas otras jóvenes tengan una libertad en
el futuro”.
119
XIV. VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ
120
Marco jurídico
2484.
La Declaración Universal de Derechos Humanos en su Artículo 2,
y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre esta-
blecen que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados
en ambas Declaraciones por lo que niñas y niños están protegidos y gozan
de todos los derechos humanos. Adicionalmente, dada su condición de
edad, gozan de protecciones especiales gracias a normas emitidas de modo
expreso, tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano
de derechos humanos.
2485.
En el sistema universal encontramos dos instrumentos específicos
de protección: la Declaración de los Derechos del Niño aprobada en 1959
57
119 Testigo CEH. (T.C. 106).
120 La Convención Internacional del Niño reconoce como tal a todo individuo entre 0 meses y 18
años incumplidos. En Guatemala, aunque legalmente se respeta este mismo parámetro de eda-
des, el ser niño se determina de acuerdo a los distintos grupos sociales, culturales y étnicos. En
varias comunidades mayas, por ejemplo, es común que los jóvenes se casen a partir de los 14 años
de edad y desde ese momento adoptan las obligaciones y atribuciones de los adultos. Para efec-
tos de este apartado se utilizará la palabra niño en el mismo sentido de la convención, en referen-
cia a niñas o niños y adolescentes hasta los 18 años de edad.
y la Convención sobre Derechos del Niño adoptada en 1989 y ratificada
por Guatemala en 1990. Por otra parte el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos de 1966, ratificado por Guatemala en 1992, contempla
una protección especial para la niñez en su Artículo 24, y el Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, ratificado
por Guatemala en 1988, establece una regla de protección para niños y
adolescentes en su Artículo 10, inciso 3.
2486.
El Artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos de 1969, instrumento aplicable en Guatemala desde 1978, estable-
ce que “todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición
de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Asi-
mismo, diferentes instrumentos del sistema interamericano establecen
otros derechos de la niñez, como es el Artículo 16 del Protocolo Adicional
a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales.
2487.
En situaciones de conflicto armado existen normas que protegen
de manera particular a los menores. El Artículo 38 de la Convención so-
bre Derechos del Niño busca asegurar la protección y el cuidado de los ni-
ños afectados por un conflicto armado y el Artículo 4 del Protocolo II Adi-
cional a los Convenios de Ginebra de 1977 en su numeral 3 establece una
serie de cuidados y ayudas que se deben proporcionar a los niños en caso
de conflictos armados no internacionales.
2488.
Durante el enfrentamiento armado interno uno de los sectores que
fue profundamente afectado por la violencia fue la niñez. En su afán de de-
satar el terror en la población, el Estado generalizó la violencia en las áreas
de conflicto, ocasionando la muerte de la población de modo indiscrimi-
nado. Miles de niños fueron objeto de violaciones de sus derechos huma-
nos en un contexto de violencia que rebasa la imaginación más poderosa.
La muerte de nonatos como consecuencia de la tortura o la muerte de mu-
jeres embarazadas, en circunstancias aterradoras, así como la ejecución ar-
bitraria de los niños más pequeños, estrellándolos contra el suelo, piedras
o árboles, refleja el grado de crueldad que se ejerció contra uno de los gru-
pos más vulnerables de la sociedad.
2489.
La tortura, la desaparición forzada y la violación sexual, junto con
la ejecución arbitraria, constituyeron violaciones que afectaron a los niños
indiscriminadamente. Las estadísticas registradas por la base de datos de la
CEH reflejan que el 18% del total de violaciones de los derechos huma-
nos (contra víctimas de edad conocida) fueron cometidas contra niños,
4,249 de 23,313. Esto significa que al menos una de cada cinco víctimas
era un menor.
2490.
La G
RÁFICA
6 ilustra el porcentaje de niños en ejecuciones arbitra-
rias, desapariciones, torturas, privación de libertad y violación sexual.
58
2491.
Del total de víctimas con edad conocida, los niños conforman el
20% de las personas muertas por ejecución arbitraria; el 14% de víctimas
de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes; el 11% de víctimas de
desaparición forzada; el 60% de los muertos por desplazamiento forzado; el
16% de los privados de libertad, y el 27% de los violados sexualmente.
2492.
En los casos de muertes por desplazamiento forzado, el mayor por-
centaje (60%) de víctimas registras por la CEH corresponde a niños. Es
decir, que según los datos de la CEH más de la mitad de las personas que
murieron durante el desplazamiento forzado de sus comunidades de ori-
gen, eran niños.
121
“A nosotros nunca nos han dicho por qué mataron a los nuestros …
Llorábamos y llorábamos calladito. De tanto llorar algunos casi no
podíamos ver. Los niños murieron por cientos, no podíamos cuidarlos.
No era posible atenderlos, por las tristezas y las penas. Después de es-
ta masacre hubo una enfermedad que atacó mucho a los niños. Era
porque muchos muertos, muchos cadáveres no estaban bien enterra-
dos, despedían malos olores. Se enfermaron, el agua estaba contami-
nada. Se morían de cuatro a cinco niños diarios. Era prohibido ente-
rrar a nuestros muertos … calculamos que en ese tiempo murieron en-
tre 70 y 100 niños. No había padres, ni abuelos que los cuidaran. Y
los que los teníamos a cargo estábamos débiles y muy enfermos. Ape-
nas unos cuantos lográbamos huir”.
122
59
GRÁFICA 6: Porcentaje de violaciones de los derechos humanos
y hechos de violencia cometidos en contra de niños
(las 6 más frecuentes)
GUATEMALA (1962-1996)
3%
9%
10%
14%
14%
43%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
VIOLACIÓN
SEXUAL
DESAPARICIÓN
FORZADA
DESPLAZAMIENTO
FORZADO POR MUERTE
PRIVACIÓN
DE LIBERTAD
TORTURAS
EJECIONES
ARBITRARIAS
Porcentaje
Tipo de violaciones
Nota: Porcentaje calculado sobre el total de violaciones contra niños (0-17 años).
121 La CEH considera que las cifras absolutas de niños muertos durante el desplazamiento puede re-
flejar un subregistro debido a que los testimonios se centraron en otro tipo de violaciones.
122 C 2756. Marzo, 1982. San Antonio Sinaché, Quiché.
2493.
De igual modo, la violación sexual reporta un porcentaje significa-
tivo de víctimas menores de edad. Casi un tercio de víctimas de violación
sexual registradas por la CEH eran niñas o adolescentes (27%). Este hecho
confirma la intencionalidad del Ejército de convertir en blanco de los ope-
rativos a las mujeres durante determinadas épocas del enfrentamiento ar-
mado, sin importar la edad.
La niñez en medio del enfrentamiento armado
2494.
Durante el enfrentamiento armado, las niñas y niños sufrieron de
modo especialmente cruento la violación de sus derechos humanos esen-
ciales. Se afectó su derecho a la vida mediante ejecuciones arbitrarias,
muerte de nonatos y de recién nacidos, muertes provocadas por desplaza-
miento forzado, y desaparición forzada. Se vulneró su derecho a la integri-
dad física y psicológica mediante actos de tortura y violación sexual. Se
afectó su derecho de libertad individual a través de la privación ilegal de li-
bertad, el sometimiento forzoso a formas de servidumbre, y el recluta-
miento militar forzoso. El traslado forzoso de menores de su grupo étnico
a otros, especialmente después de masacres de comunidades mayas, afectó
sus derechos culturales, pues se les impidió participar de la vida cultural de
su pueblo indígena y, a su vez, esto afectó los derechos colectivos de su gru-
po étnico al impedir la reproducción biológica y cultural del colectivo.
Fueron involucrados en el conflicto bélico por el reclutamiento militar for-
zoso y el reclutamiento en las PAC. Los apartados que siguen presentan las
vulneraciones de derechos que sufrieran las niñas y niños.
Violaciones del derecho a la vida
Ejecuciones arbitrarias
2495.
La CEH registró múltiples casos de ejecuciones arbitrarias de niños,
principalmente en las masacres realizadas contra las comunidades rurales del
país, demostrando el carácter indiscriminado de muchas de estas operacio-
nes. Según la base de datos de la CEH el 20% de las ejecuciones arbitrarias
tuvieron como víctimas a niños. Entre 1980 y 1983 se realizaron operacio-
nes de tierra arrasada y masacres que afectaron en especial a comunidades
mayas, en las que se registraron muchos niños muertos por el Ejército.
“Un niño de doce años estaba pastoreando cuando llegaron los solda-
dos. Fue herido al intentar huir. Una vez que lo hirieron lo captura-
ron. Le abrieron el estómago con un cuchillo y le rajaron la frente.
Luego lo quemaron”.
123
60
123 C 16038. Diciembre, 1980. Chichicastenango, Quiché.
“Ese mismo día el Ejército entró a la casa a las nueve de la mañana, al
ver que estaban allí, la declarante trató de huir rumbo al río. Una ni-
ña de 14 años, Vicenta Saquic González, que estaba con ella escondi-
da en la casa, trató de seguirla pero le dispararon por la espalda y que-
dó muerta en el camino. Catarina Saquic González también iba con
la declarante de la mano, en la huida les dispararon y un tiro alcanzó
a la pequeña por la espalda y cayó muerta. La declarante no pudo ha-
cer nada pues en la espalda llevaba a un niño pequeño de siete meses y
cargando llevaba a otro de niño de dos años que estaba enfermo”.
124
2496.
Según los testimonios recibidos por la CEH, el Ejército realizó ac-
ciones específicas para cegar la vida de nonatos torturando o matando con
particular crueldad a las mujeres embarazadas. Por lo general, este tipo de
acciones se produjeron en áreas rurales de población indígena, durante el
período más alto de la violencia, en el marco de masacres y operaciones de
tierra arrasada. El efecto directo de las matanzas de nonatos consistió en
impedir nacimientos dentro del grupo indígena. El ensañamiento con el
que se realizaron produjo también un efecto simbólico. Para el pueblo ma-
ya, las matanzas de nonatos tenían el mensaje cultural de matar la semilla,
la raíz, afectando las posibilidades de la continuidad biológica de los colec-
tivos indígenas.
125
“Mi hija no tenía delito, estaba embarazada de nueve meses. Dentro
suyo llevaba la vida, pero igual los soldados se la llevaron. Los solda-
dos no respetaban a nuestra gente. En su vientre llevaba la semilla a
punto de dar cosecha, como la madre tierra”.
126
“Se podía ver cómo las golpeaban en el vientre con las armas, o las
acostaban y los soldados les brincaban encima una y otra vez hasta
que el niño salía mal logrado … En la escuela los bancos en donde se
sentaban los niños tenían sangre y había lazos y ropa rasgada y en las
iglesias había residuos como de placenta y cordón de ombligo, casas de
parto”.
127
“El Ejército vino otra vez y rodeó el lugar. Abrieron la panza de una
mujer embarazada y sacaron al nene y al nene le pusieron un palo por
atrás hasta que salió de su boca. Y se quedaron pudriendo los dos”.
128
61
124 C 2756. Marzo, 1982. San Antonio Sinaché, Quiché.
125 CI 91. 1979-1983. Quiché.
126 Testigo CEH. (T.C. 591).
127 CI 31. Diciembre.1982. La Libertad, Petén.
128 C 11314. Marzo, 1982. San Cristóbal, Alta Verapaz.
“A [la víctima], que estaba embarazada, la violan. Luego la cortan
con cuchillo, degollándola y finalmente le abren el vientre. Ya tenía
ocho meses de embarazo. Le arrancan al niño y luego intentan que-
marla. A las horas regresan algunos vecinos que la logran enterrar, no
así al niño quien ya está casi comido por los perros”.
129
“A algunas mujeres les habían abierto el vientre porque estaban em-
barazadas, para ver sus entrañas. Luego las colgaban como chivos”.
130
2497.
También resultaron afectados los niños por nacer cuando sus ma-
dres fueron objeto de violaciones sexuales o de torturas, o como efecto del
desplazamiento forzado, que significó esfuerzos extraordinarios para las
gestantes. En estos casos muchos embarazos no llegaron a término o cuan-
do se produjo el alumbramiento los hijos resultaron insanos y débiles.
“Su esposa que estaba embarazada tuvo problemas en el parto y su hi-
jo no resistió, lo sepultaron en el camino”.
131
2498.
Se pudo establecer también que de acuerdo a las edades de las víc-
timas se aplicaron diferentes formas de eliminarlas. Así por ejemplo, aqué-
llas comprendidas entre los 0 meses y los 5 años de edad fueron ejecutadas
con extrema crueldad según lo muestran los testimonios.
“También el niño muere, pero ahorcado, pues tiene señales moradas
en el cuello”.
132
“A los niños de pecho los mataban contra el piso o las paredes…”
133
“Debajo de la cama encuentro a los tres niños. No han muerto por ba-
las. Levanto a uno y veo que tiene toda la cara destrozada, como que
lo hubieran golpeado con palos o lo hubieran reventado en el suelo. Ya
no tienen dientes y los huesos de la cara, cerca de la boca, están como
colgando. Los tres están muertos de la misma forma, y los tres son de
edades muy pequeñas … Cuando creo que algunos han sobrevivido,
al final del frutal, encuentro que debajo del mangal se hallan tres ni-
ños, los cuales tienen el cráneo destrozado. En el tronco hay aún seña-
les de que fueron estrellados contra ese tronco, ya que además de san-
gre hay parte del cerebro…”
134
62
129 C 2309. Octubre, 1981. Uspantán, Quiché.
130 C 16043. 1983. San Miguel Uspantán, Quiché.
131 C 12062. Enero, 1982. San Juan Ixcán, Quiché.
132 C 2728. Julio, 1982. Chiché, Quiché.
133 C 3002. Septiembre, 1984. Nebaj, Quiché.
134 C 2756. Marzo, 1982. San Antonio Sinaché, Quiché.
“Después que se rindió, los soldados llegaron a su casa y agarraron a
sus tres hijos más pequeños [cuatro, dos y un año] y los mataron so-
matando sus cabezas contra las piedras por lo que los niños murieron
al instante … la señora está dramáticamente afectada por la violen-
cia. Da la impresión de querer olvidar toda su vida pasada, pero no
lo logra”.
135
2499.
La violencia indiscriminada con que se trató a los niños se eviden-
cia en los testimonios de ex miembros del Ejército que señalan que las ór-
denes para eliminar a los pobladores de las comunidades no diferenciaban
entre adultos y niños. Además se buscaba a través de las muertes de los me-
nores dejar sentado el mensaje de que no importando la edad serían elimi-
nadas las personas de una comunidad señalada como “zona roja”, con lo
que se buscaba sancionar a la población que se presumía colaboraba con la
guerrilla.
“Los cercamos, eran como unas 35 personas entre adultos y niños, cuál
no sería mi horror, verdad, mi, no sé cómo, mi dolor, no sé cómo le
dijera yo, cuando ordenaron que había que matarlos…”
136
“Cuando secuestraron a nuestro padre y lo torturaron delante de no-
sotros, el que actuaba como jefe del grupo de la G-2 nos dijo: ‘A uste-
des hay que exterminarlos a todos, desde el más grande hasta el más
chiquito, hasta que no quede uno solo, para que la raíz no retoñe de
nuevo”.
137
2500.
Durante las masacres la crueldad para ejecutar a los niños entre los
0 meses y los 5 años, fue particularmente impactante.
“Ella está muerta por balas, pero sus hijos de cinco y tres años tiene es-
trelladas sus cabezas contra un palo de mango. Se ve la sangre y el ce-
rebro….
138
“Durante todo el día, los soldados siguieron torturando y masacrando
a los niños, mujeres y hombres en varias formas. Primero les quitaron
los niños a sus mamás. Los niños se quedaron amontonados juntos y
llorando. A algunos les rompieron sus cabezas mientras que a los que
63
135 C 867. 1981. San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.
136 Testigo CEH. (T.C. 53).
137 C 13375. 1981-1983. Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. Testimonio sobre los secuestros,
desapariciones y asesinatos de 7 miembros de una familia. Los declarantes eran niños en el mo-
mento de los hechos: 13, 11, 7 y 6 años de edad.
138 C 2756. Marzo, 1982. San Antonio Sinaché, Quiché.
estaban mamando, vivos los quebraron … Conocí a un soldado que
participó en la masacre de Cuarto Pueblo … me dijo que a él le daba
lástima pero como veía que los demás lo hacían él también lo hacía.
Cuando los niños veían caer a sus padres, salían huyendo y había un
soldado detrás de la pared y con un machete les cortaba el cuello según
pasaban … sólo escuchaba los lamentos y los gritos de los niños…”
139
“Las mujeres abrazaban bien a sus niños. ‘Que me matan primero,
no quiero que maten a mis hijos’, dijo una mujer del centro Argen-
tina. Los soldados le respondían: ‘No vamos a matar a tu hijo, no la
vamos a matar a usted, nosotros vamos ayudar a Guatemala donde
vivimos’. ‘Pero si ya mataron a nuestros maridos’, dijo la mujer. ‘Sus
maridos de ustedes son guerrilleros. Pero ustedes son mujeres, no son
guerrilleros. Las vamos a ayudar’. En la noche del lunes una de las
mujeres se puso a dormir y cuando amaneció el martes ya no estaba
el chiquito. Lo mataron”.
140
2501.
En algunos casos de masacres, cuando el Ejército llegaba a las co-
munidades, encontraba a mujeres y niños porque los hombres huían a las
montañas dejando a sus familias en la creencia de que por su condición de
mujeres y niños estaban exentos de peligro. Sin embargo, la minoría de
edad no fue suficiente para conservar sus vidas. La violación del derecho a
la vida de los niños no constituyó un hecho casual o un exceso de las ope-
raciones militares, sino que se realizó con la expresa intencionalidad de
afectar a la población civil indefensa, vulnerando instrumentos internacio-
nales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, ade-
más de la propia normativa constitucional.
“En la huida, la madre y los dos pequeños hijos han sido alcanzados
por las balas … Los tres están juntos y la madre ha muerto en actitud
de proteger a la bebé, quien murió siendo amamantada por ella. Sin
embargo, el dolor del padre es grande cuando se da cuenta de que la
cabeza de la bebé [de dieciocho meses] ha sido cortada con mache-
te en forma horizontal…”
141
“En el camino vi a un nene llorando y mamando pero su madre ya
estaba muerta; con miedo, cogí al nene y lo limpié porque estaba lle-
no de sangre … el bebé se lo llevaron con sus familiares pero después
murió de infección en los labios…”
142
64
139 CI 4. 1982. Ixcán, Quiché.
140 Testito directo CEH.
141 C 248. Septiembre, 1982. San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.
142 Testimonio REMHI. (T. 2501).
Muerte por desplazamiento forzado
2502.
En Guatemala los desplazamientos internos causados por la violen-
cia en los años ochenta fueron, “aparte de masivos (vaciamiento de aldeas),
abruptos, imprevisibles en cuanto a su duración, ubicación y condiciones de vi-
da, e inciertos en cuanto a las características y posibilidades de retorno a las co-
munidades de origen”.
143
2503.
Los niños se vieron perjudicados por una inestabilidad emocional
permanente. “Los niños tienen que huir de su entorno acostumbrado, muchos
pierden su hogar, sus amigos, sus campos de juego. Cambian frecuentemente el
lugar de estancia y viven permanentemente en miedo e inseguridad. Esto les
causa la pérdida de la estabilidad psíquica, de la seguridad interna, de la
orientación”.
144
El fenómeno del desplazamiento forzado afectó con mayor
intensidad a la niñez debido a su mayor vulnerabilidad.
2504.
Las estadísticas de la CEH señalan que la muerte por desplaza-
miento forzado afectó primordialmente a los niños. Muchos fueron muer-
tos en la huida de sus comunidades. También se conocieron casos en los
que luego del desplazamiento los niños murieron de hambre, susto o miedo
y otros en los que los niños fueron asfixiados por sus madres cuando, du-
rante la huida, les tapaban con fuerza la boca para que no lloraran, por te-
mor a que sus perseguidores los descubrieran.
“Hay mujeres que mataron a sus niños por taparles la boca para que
no los descubriera el Ejército…”
145
“Entonces me detuve para ver si los soldados ya no me seguían, no se
escuchaba ruido alguno, me senté a descansar. Dándome cuenta de
que mi hija tenía la cara llena de sangre, la revisé y vi que una ba-
la le había pasado rozando la cabeza, le limpié la herida, después me
preocupé del que llevaba en mi espalda, me lo bajé de mi espalda
porque no se movía ni lloraba, al tenerlo entre mis brazos lo vi dor-
mido, al revisarlo lo encontré con el pañal lleno de sangre, estaba
muerto, le pegaron un balazo en la espalda, él evitó que la bala me
matara a mí”.
146
65
143 AVANCSO, Política institucional hacia el desplazado interno en Guatemala, Cuadernos de inves-
tigación No. 6, Guatemala, 1990.
144 GTZ-Misión Técnica Alemana, Algunas consecuencias psicológicas sociales del trauma que sufrieron
los niños y adolescentes de Guatemala a raíz de la represión política y del enfrentamiento armado / una
revisión de las investigaciones internacionales, apartado sobre los efectos psicológicos de la violen-
cia política y la guerra en niños y adolescentes de la primera y segunda generación, Guatemala,
14 de agosto de 1998.
145 Testimonio REMHI. (T. 5801).
146 C 16136. 1983. Zacualpa, Quiché.
Desaparición forzada
Desaparición forzada de menores de edad
2505.
De acuerdo con los datos recogidos por la CEH, el 11% del total
de personas desaparecidas forzadamente son niños. Estos casos ocurrieron
en su mayoría entre 1979 y 1986. Agentes del Estado, militares, comisio-
nados militares y miembros de PAC fueron responsables del 88% de los
casos de desaparición forzada.
2506.
En algunos casos de desaparición forzada de menores los hechos es-
tuvieron ligados a la participación de ellos en organizaciones sociales pro-
pias de sus centros educativos o comunitarios.
“Estaba becado en un internado de Santa Lucía Utatlán, del depar-
tamento de Sololá. En el internado la comida era muy escasa y los
alumnos consideraban que los maestros estaban haciendo negocio con
la misma, por lo que hicieron huelga. El Ejército intervino en el con-
flicto escolar, acusó a los alumnos de ser parte de la guerrilla y los ame-
nazó para que no volvieran a realizar otra huelga, a lo que los alum-
nos no atendieron. Durante la segunda huelga el Ejército secuestró a
dos alumnos y fueron desaparecidos…”
147
2507.
También se presentaron casos en los cuales los niños fueron desa-
parecidos cuando se fueron en busca de sus padres, quienes habían sido
capturados o desaparecidos con anterioridad. En otras ocasiones los niños
fueron tomados de entre los cadáveres desparramados en el campo después
de una masacre, o arrebatados cuando lloraban junto a los restos de su pa-
dre o madre muertos después de una operación militar. Aunque es proba-
ble que muchos de ellos estén muertos, también lo es que hay un buen nú-
mero de niños desaparecidos en apariencia que están vivos, lejos de sus fa-
milias verdaderas y desconocedores de la realidad que los llevó a donde se
encuentran en la actualidad.
Violación contra el derecho a la integridad personal
Violación sexual
2508.
Según los datos de la CEH el abuso sexual de niñas representó ca-
si un tercio (27%) del total de las violaciones sexuales denunciadas. De
ellas, el 8% fueron cometidas contra niñas entre los 0 meses y los 5 años;
el 22%, entre los 6 y los 12 años; y el 70%, entre los 13 y los 17 años de
edad.
66
147 C 3321. 1984. Nebaj, Quiché.
“La declarante … había salido de la escuela y se dirigía hacia su ho-
gar cuando se encontró con su madre quien andaba buscándola en
vista de que tenían que irse a las montañas porque el Ejército estaba
por llegar a esta comunidad. Fue así como con los demás miembros de
esa familia, salieron de su vivienda, durmieron durante la primera
noche bajo un árbol, al día siguiente siguieron caminando, tenían
hambre y cuando divisaron una casa se dirigieron a ella, en donde
pensaban permanecer algún tiempo. Había transcurrido alrededor de
una hora, cuando la casa fue rodeada por un número indeterminado
de soldados, quienes entraron a la vivienda y al ver que únicamente
estaba la madre de esta familia con sus hijos, todos menores de edad,
tomaron a la más grande, quien contaba con apenas nueve años y
junto con la madre las violaron entre todos los soldados”.
148
“Mientras estaban dentro del destacamento unos soldados se llevaron
a su cuñada [catorce años] a un cuarto y se formaron en fila para
violarla, esto duró como desde las once de la mañana hasta la una de
la tarde…”
149
“Capturaron a las hermanas de 16 y 18 años. Se las llevaron al des-
tacamento militar … donde las violaron repetidamente durante 15
días. Luego se las llevaron a la aldea … donde las obligaron, junto con
otras personas, a excavar sus propias fosas y las enterraron vivas”.
150
2509.
La violencia sexual que se ejerció durante el enfrentamiento a me-
nudo sirvió, lo mismo que cualquier otra forma de tortura, como arma de
guerra para humillar y debilitar la moral de quienes fueron percibidos co-
mo enemigos. La violación y otras formas de abuso sexual —como some-
ter a las mujeres y a las niñas a servidumbre en los destacamentos milita-
res— también fueron utilizadas como métodos para aterrorizar a la po-
blación.
“Hacían turnos para matar a la gente. Mientras cinco mataban, los
otros cinco se venían a descansar. Como parte de su descanso tenían
turnos para violar a dos señoritas que se habían llevado con el grupo
[15 y 17 años] … Al darles muerte, les dejaron sembradas estacas en
los genitales”.
151
67
148 C 2496. Julio, 1982. Chiché, Quiché.
149 C 45. Enero, 1982. Chichicastenango, Quiché.
150 C 7101. 1983. San Pablo, San Marcos.
151 C 7011. Enero, 1982. San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.
C 7007. Enero, 1982. San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.
2510.
Aunque en menor cantidad, la CEH también recibió casos donde
los afectados por violaciones sexuales fueron varones.
“Cuatro soldados lo agarraron de las piernas y los brazos, luego el co-
mandante tomó una hoja de afeitar y le hizo un corte horizontal en
la espalda mientras le gritaba ‘eres un perro desgraciado’. Luego lo vio-
ló. De la misma manera fueron cortándolo y violándolo el resto de los
soldados, mientras obligaron a su primo a ver lo que hacían. Una vez
terminaron con él, lo levantaron desnudo, lo amarraron a una ceiba,
obligándolo a presenciar la misma escena con su primo. Entre gritos
los dos pedían clemencia; sin embargo, el grupo de soldados llevó a
cabo su banquete”.
152
Tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes
2511.
La tortura es un método de coacción que afecta no sólo a las vícti-
mas directas sino también a sus familias y a los grupos a que pertenecen,
en especial cuando se trata de niños. Entendida así, la tortura es una for-
ma de coerción social y política muy eficaz, pues el miedo a ser detenido
y torturado genera conductas masivas de autocensura, aislamiento, pasivi-
dad y resignación.
153
2512.
Los niños fueron sometidos a tortura por parte de las fuerzas de se-
guridad del Estado. De acuerdo con los testimonios recabados por la CEH
un 14% del total de víctimas de tortura corresponde a menores de edad.
“Pedro Ros [15 años] era correo del EGP, ese día se encontraba pasan-
do cerca de la aldea Q’om en Jacaltenango, una señora lo miró y dio
la voz a los patrulleros civiles. Lo comenzaron a correr en la monta-
ña. El bajó corriendo camino a la cabecera de Jacaltenango. Cuando
iba llegando a ese lugar, un señor que trabajaba en Concepción lo vio
huir y le tiró una piedra en la cabeza. El muchacho cayó, llegaron los
patrulleros y lo empezaron a golpear, lo patearon mucho. Cuando ya
no respondía Pedro, lo amarraron y lo llevaron al destacamento mili-
tar de Jacaltenango. Cuando lo entregaron al oficial dijo que por qué
lo habían matado ya que tenía que hablar. Pero como todavía estaba
respirando lo llevaron otra vez al destacamento, allá lo estuvieron tor-
turando … Ya nunca se supo nada de él”.
154
68
152 C 894. Febrero, 1988. El Estor, Izabal.
153 Elizabeth Lira y Eugenia Weinstein, La tortura. Conceptualización psicológica y proceso terapéutico,
“Psicología social de la guerra”, selección e introducción de Ignacio Martín-Baró, UCA Editores,
El Salvador, 1990, pg. 341.
154 C 5391. Julio, 1982. Jacaltenango. Huehuetenango.
“Melecio Darío de León, salió de su casa el 8 de febrero de 1989, jun-
to con su hijo Melecio Aaron. Al siguiente día los encontraron asesi-
nados, cruelmente torturados, baleados, quemados con un líquido in-
flamable en la cara, estrangulados y amarrados con un alambre en sus
cuellos, en sus muñecas, en sus tobillos, con puyones de bayoneta en sus
piernas. Estuvieron sin ropa, solamente en calzoncillos, los dos juntos.
En los brazos de Melecio Darío estaban los pies de Melecito [16 años]
y en los brazos de Melecito estaban los pies de su padre”.
155
“Los dos cuerpos ardieron en llamas, pudieron correr ciertos metros en
el patio, pero cayeron revolcándose en el suelo alrededor de diez mi-
nutos, finalmente ya ni se movieron, quedaron muertos, y como quin-
ce minutos más los cuerpos siguieron ardiendo. Al apagarse el fuego
ambos cuerpos se encogieron y los comisionados ordenaron a algunos
patrulleros cargar con los cuerpos totalmente chamuscados y se los lle-
varon a un barranco que quedaba dentro de la comunidad, el cual
era utilizado por los patrulleros como botadero de cadáveres”.
156
2513.
Aunque en menor medida que en el caso de los adultos, hubo oca-
siones en las cuales los niños fueron torturados con el propósito de obte-
ner información.
“Cuando los encontraron, les dispararon pero no les pegaron, los aga-
rraron, los desnudaron, les pusieron unas … redes que llevaban ellos
o morrales de pita que llevaban, los desnudaron, les pusieron sus cosas
adentro y los colgaron, y arrastrando los llevaron para la aldea ante
toda la gente, diciendo esos son guerrilleros, y aparte de eso son hijos
de los comandantes guerrilleros. Eso lo tomaban como una victoria
militar contra la guerrilla. No eran piezas simples, sino que eran im-
portantes. Entonces todos los patrulleros pasaron pateándolos, gol-
peándolos con los fusiles que cargaban. Después los llevaron al desta-
camento de Chajul … ellos se pusieron de acuerdo en que nunca cam-
biarían de versión. Fue así porque cada hora, cada media hora, cada
dos horas, los interrogaban, les hacían un montón de preguntas y ellos
sólo daban la misma declaración. Pasaban distintos oficiales pregun-
tándoles. Los torturaron, mucho, los colgaron, los pateaban, los hicie-
ron tomar sangre de chucho. Mataron a unos perros en la calle y los
obligaron a tomar la sangre. Tal vez por eso mi hermano tiene a ve-
ces problemas de estómago”.
157
69
155 C 4275. Febrero, 1989. Río Bravo, Suchitepéquez.
156 C 16010. Junio, 1982. Uspantán, Quiché.
157 Testigo de referencia CEH. (T.C. 219).
2514.
El objetivo principal de las torturas fue siempre causar terror en las
familias, organizaciones sociales y comunidades a las cuales pertenecían las
víctimas. En muchos casos los niños fueron víctimas tanto de tortura físi-
ca como psicológica al ser obligados a presenciar actos de extrema crueldad
contra sus seres queridos.
“[Mi hermano] sólo lloraba, tenía como seis años. Él sólo lloraba.
Cuando se llevaron a mi papá ya no podía hablar ponían el nylon lo
asfixiaban y aparte lo golpeaban. Mi papá sólo se nos quedó viendo
con una mirada de mucha tristeza, realmente es una mirada que yo
siento que es una de esas miradas que nunca se le borran a uno. Ya no
nos dijo nada … Cuando [mi hermano] gritaba: ‘papá, dígales lo
que sabe para que lo dejen’, a ellos eso como que los hacía felices”.
158
“La víctima [15 años] fue degollada, la dieron por muerta. Tiene su
seña bien grande en el cuello … eso hace que se acuerde cada día de
la masacre, que nunca olvide … muchas veces se lleva la mano al cue-
llo y ahí se siente la marca de la herida”.
159
2515.
En otros casos, las víctimas fueron sometidas a torturas delante de
sus familiares y comunidades como método ejemplarizante de terror por
parte de los victimarios.
“Le cortaron sus orejas, su lengua, dejaron su cuerpo tirado y los veci-
nos lo enterraron”.
160
Violación del derecho a la libertad individual
Privación de libertad
2516.
Según las estadísticas de la CEH los niños conformaron el 16% del
total de personas con edad conocida que fueron privadas de libertad.
161
En
el análisis de estas violaciones contra niños se estableció también que casi
todos los casos de esta naturaleza ocurrieron entre 1979 y 1986, contabi-
lizándose en este período el 93% de casos. También, según los datos de la
CEH, las fuerzas de seguridad del Estado, incluido el Ejército, los comi-
70
158 C 13375. 1981-1983. Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. Testimonio sobre las desaparicio-
nes, torturas, violaciones sexuales, ejecuciones y asesinatos selectivos de una familia. El declaran-
te tenía once años.
159 C 16088. Febrero, 1982. Sacapulas, Quiché.
160 C 2627. Junio, 1982. Uspantán, Quiché.
161 En el caso de la privación de libertad, la lectura y el análisis cualitativo de los testimonios nos dan
cuenta de que allí fueron ubicados —además de las detenciones ilegales— aquellos casos de ni-
ños “adoptados” por patrulleros, comisionados o militares, que, por no saberse dónde están, no
pudieron ser ubicados.
sionados militares y las PAC fueron responsables en un 96% de los casos
de privación de libertad de menores.
2517.
La privación de libertad de menores se dio de varias modalidades.
En algunos casos fueron detenidos por considerarse implicados en activi-
dades sociales o políticas, pero no recibieron tratamiento especial, sino que
sufrieron detención y torturas al igual que los adultos. Los estudiantes, par-
ticularmente, fueron un grupo bastante afectado por esta violación. Algu-
nos de los casos de detención de menores fueron seguidos de la muerte o
desaparición de los mismos.
162
2518.
Sobre todo en las áreas rurales, la CEH ha recibido testimonios de
la privación de la libertad de menores conjuntamente con sus madres en
destacamentos militares donde ellas efectuaban tareas domésticas. En otros
casos, la CEH tuvo conocimiento de menores que sufrieron detención
prolongada en destacamentos militares con el fin de que sus padres fuesen
a preguntar por ellos y así detenerlos también.
163
En los casos de detención
masiva en las comunidades mayas, el Ejército no hacía distinción de edad
y los menores quedaban privados de libertad junto con los adultos en des-
tacamentos militares, locales públicos, templos de la Iglesia Católica, es-
cuelas, etc.
El caso de la aldea Chinantón ilustra la privación de la libertad de
adultos indistintamente con menores en una escuela. El 10 de marzo de
1982 el Ejército arrasó la aldea Chinantón de San Andrés Sajcabajá, sa-
queando y quemando casas. Las víctimas fueron numerosas, sobre todo
mujeres y niños. Pocos días después, la población sobreviviente fue con-
centrada en la escuela. A las mujeres jóvenes las violaron.
164
Sometimiento a condición servil
2519.
Después de masacres u operaciones de tierra arrasada, muchos ni-
ños que ya podían valerse por sí mismos fueron llevados por los militares,
comisionados militares o patrulleros para ser sometidos a condición servil
en sus casas o en las de otras familias. Algunos de estos niños se vieron so-
metidos a situaciones de explotación y abuso sistemático, otros fueron re-
cibidos en hogares en donde los criaron. Otros todavía desconocen que
ellos no pertenecen a la familia con la que conviven o convivieron.
2520.
Según los testimonios recibidos por la CEH, los niños debían rea-
lizar trabajos domésticos o diversas tareas que les encargaban en las casas
donde se encontraban. Sufrieron todo tipo de maltrato físico y psicológi-
71
162 C 3321. 1984. Nebaj, Quiché.
163 C 11451. Mayo, 1985. Ixcán, Quiché.
164 C 2247. Marzo, 1982. San Andrés Sajcabajá, Quiché. También véase el caso ilustrativo sobre la
ocupación militar del templo católico y del convento de San Andrés Sajcabajá. (CI 37). Comu-
nidades k’iche’. 1982.
co. Estos niños sufrieron, junto con la violación de su derecho a la liber-
tad individual, la vulneración de todos sus derechos humanos, pues por las
condiciones de servidumbre a la que fueron sometidos también se afecta-
ron su integridad física y psicológica, se les mantuvo en una situación de
explotación económica, abuso y permanente miedo. Igualmente se vulne-
ró el derecho a su identidad y a desarrollarse dentro de su propia familia y
comunidad. En algunos casos se les cambió de nombres y se negó el ori-
gen de su familia o se estigmatizó a la misma.
El caso de los 18 niños sobrevivientes de la masacre de Río Negro ilus-
tra esta situación. A las niñas las obligaban a realizar tareas domésticas: “Me
dedicaron a traer agua, hacer chilate, hacer tortilla, a llevar el nixtamal, a la-
var ropa”. Los niños eran obligados a realizar tareas agrícolas: “Nosotros íba-
mos creciendo y ya me dieron como varón un machete para hacer leña y para
ir a trabajar”. Los menores dan cuenta de que su situación era diferente a
la de los otros niños en la familia donde se encontraban: “No me trató igual
que a los hijos de ella, a ellos les daba comida, no los regañaba, no les pegaba”.
Eran continuamente explotados y maltratados: “Entonces un día que yo no
podía trabajar con los bueyes, él se enojó mucho, y me sentó dos grandes garro-
tes en el cuello ... comencé a vomitar sangre. Mientras me pegaba, como siem-
pre me decía que mejor me mandan a descansar [matar] de una vez porque
había bastantes hoyos y que no les costaba enterrarme”. Constantemente eran
amenazados de muerte: “Faltó uno de los animales. Me amenazó con que me
iba a matar ... trajo unos lazos, una punta la amarró al techo y la otra me la
puso en el cuello. La esposa no dejó que me mataran”. Inclusive hubo dos ca-
sos de menores muertos como consecuencia del maltrato. “Se murió por-
que la trataron mal. Ella no podía hacer nada ... murió de enfermedad, por
falta de cuidado, se le hincharon los pies, la cara”. Se les negó su propia iden-
tidad: “Me cambiaron de nombre y me sacaron la cédula con este apellido [del
patrullero]”. Y se estigmatizó su origen familiar: “Me preguntaron por mis
papás, les dije que no sabía. Ellos dijeron que estaban encuevados porque eso es
lo que hacen los de la guerrilla ... Los hijos de la señora me trataban como hi-
ja de guerrilleros”.
165
Violación del derecho a la propia vida cultural
Niños sustraídos de su grupo cultural
2521.
Además de las violaciones contempladas en el apartado anterior, un
gran número de niños fue objeto de traslado forzoso de su comunidad o
grupo cultural hacia otro ajeno a ellos. Los testimonios recabados por la
CEH dan cuenta de que, sobre todo durante las masacres, los niños sobre-
72
165 CI 14. 1982. Rabinal, Baja Verapaz.
vivientes eran tomados por los jefes de las operaciones militares, los solda-
dos e incluso por los patrulleros civiles quienes más tarde daban a los ni-
ños a otras familias o bien se los llevaban para que sirvieran en sus casas.
Otra forma de sacarlos de su grupo cultural, en el caso de los adolescentes,
fue reclutándolos forzosamente para el servicio militar. El reclutamiento en
las PAC también significó impedimento a la propia vida cultural. Ambos
reclutamientos, por implicar a menores en el conflicto armado, también
violaron el derecho internacional humanitario.
166
Traslado forzoso de menores de su grupo a otro grupo
2522.
En el contexto del enfrentamiento armado interno, los niños fue-
ron sacados de su entorno, ya fuese por desplazamiento forzado o debido
a que durante las masacres quienes sobrevivieron fueron llevados por las
tropas a otras regiones, a las zonas y destacamentos militares o bien deja-
dos al cuidado de sus propios victimarios. Esto significó la separación de
sus familias haciendo difícil o imposible el reencuentro. Con estas prácti-
cas se dio lugar a la destrucción de los lazos familiares y comunitarios, y en
algunos casos también representó el cambio de su entorno cultural.
“Ella tenía tres años, lo presenció todo. Luego fue dada [entregada] a
una familia que ahora vive en Jutiapa y no podía tener hijos. Era in-
dígena k’iché, ahora vive como ladina. Sus hermanos, de ocho meses y
18 años, fueron desaparecidos”.
167
2523.
En otros casos se puede inferir que cuando a los niños se les sacó
de sus comunidades fueron entregados a familias o instituciones para que
se hicieran cargo de ellos. Instituciones que trabajaron con niños víctimas
del conflicto señalan: “En su mayoría eran llevados por un soldado, en gru-
pos hasta de cinco o más de un mismo lugar, pero nos llamaba la atención que
estos niños no sobrepasaban los trece años. Esto nos hacía suponer que eran con-
siderados subversivos … Tampoco llegaban niños menores de cinco años, lla-
mándonos la atención que en estos períodos surgieron algunas casas cuna vin-
culadas a familiares de algunos militares, y sobre todo porque estas edades (me-
nores de 5 años) son muy propicias para dar en adopción a un niño”.
168
2524.
Dentro de los casos conocidos por la CEH se encuentra el de un
ex jefe del Estado Mayor del Ejército que luego de un enfrentamiento con
73
166 Estos dos propósitos de reclutamiento violan el derecho a la propia vida cultural, así como los de-
rechos de los niños a ser protegidos por el Estado en conflictos armados. Por este segundo moti-
vo serán materia del siguiente apartado.
167 C 2608. Enero, 1981. San Juan Cotzal, Quiché.
168 Casa Alianza, El origen de los niños olvidados que son atendidos y registrados por las ONG, Ponen-
cia durante el foro “Buscando a los niños/as desaparecidos/as durante el conflicto armado, ¿Dón-
de están?, Guatemala, 14 de agosto de 1998.
la guerrilla se llevó a su casa a una menor capturada, reteniéndola con él
por varios años.
“Sí, sí, es cierto. Un caso lo tenemos con mi general, es un caso. Y le
voy a contar la historia triste: hubo un combate en mi jurisdicción
donde cayeron muertos catorce, quince guerrilleros, nicaragüenses, sal-
vadoreños y quedó una niña herida … y ahí el Ejército la operó; era
una niña que iba armada. [Era] de trece años, linda la nena y está
en el periódico … Y esa muchacha la operó el Ejército, porque sus
papás ... están muertos. Pasado el tiempo que yo la vi, que yo llegué a
ser comandante del Petén … llegué a la casa del general … y vi a la
nena, vi a la señorita ya como de diecisiete años, la vi y ahí está y la
vi así ... y le dije: ‘Señorita, qué fue lo que le pasó’, ‘Eh, que tuve un
accidente, que una moto...’ y me dijo una mentira y dije yo si supiera
esta señorita que yo vi como quedaron sus papás, armados hasta la
gran diabla, pues si está en la prensa … ¿Quién la recogió? El gene-
ral … y se la llevó y no sólo ése, otros más. Yo me recuerdo de ese ca-
so”.
169
2525.
Este testimonio fue corroborado a la CEH por otro informante
militar, quien dijo que no se tuvo en cuenta a la familia de la adolescente
y que, incluso, en ocasiones fue incorporada a la estructura militar.
“El 13 de septiembre de 1981 hubo un enfrentamiento armado entre
el Ejército y el EGP en Sacpulub (Chichicastenango). Una niña re-
sultó herida, de once años de edad por entonces, su mamá se llama
Inés. Al mando de la operación estaba el teniente destacado en Chu-
pol. La niña fue adoptada por el general, le cambiaron el nombre,
trabajó en el Estado Mayor”.
170
2526.
Varios niños fueron “entregados” a familias desconocidas, por lo
cual perdieron sus identidades y vínculos con familiares cercanos, quitán-
doles así el derecho a estar con sus familias de origen y no ser separados
de ellas.
“[Las víctimas 16 y 17 ya eran huérfanos] … los llevaron al desta-
camento de Cotzal y allá los regalaron a unos ancianos. Santos, de seis
años, se quedó a vivir en Cotzal. Isabel, de ocho años, cuenta que
siempre se recordaba de lo que había pasado con sus familiares y que
74
169 Testigo CEH. (T.C. 118).
170 Testigo (militar de alta) CEH. (T.C. 70).
estaba muy triste, pero como no podía llorar, no podía compartir con
personas queridas … cuando creció se vino a vivir con una hermana
que la recibió bien alegre por recuperarla”.
171
“Una niña de seis años fue adoptada por una señora de San Martín
Jilotepeque y con ella vive actualmente [el declarante es su padre]. A
dos hijas de su hermano [cuatro y seis años] y otra hija de él [dos
años], las mandaron a una guardería en la ciudad de Guatemala. A
ellas su mamá las estuvo buscando y logró localizarlas en 1983. Otro
hijo [18 meses] de su hermano nunca apareció”.
172
2527.
Ex militares que sirvieron en las áreas de mayor conflicto durante
el enfrentamiento armado afirmaron a la CEH que el Ejército sí trasladó a
los niños sobrevivientes de sus comunidades a otras que no les pertenecían,
negándoles el derecho a su propia vida cultural y a su propio idioma.
“Pero yo vi, yendo con tropa, de repente atacaron y quedaron muer-
tos civiles, que la guerrilla empujaba de parapeto ... para que vaya a
recoger las armas de los soldados muertos o gente que va caminando
cuando ocurre el encuentro; se van y quedan niños vivos, ¿qué se ha-
ce con un niño de esos?, ¿qué haría usted? ¡Recogerlo! … el Ejército sí
los jaló”.
173
“A los dos niños los llevaron al pueblo y los regalaron a la gente …
cuando capturaban a niños y no los mataban de una vez, así hacían
con ellos, regalarlos a la gente en los pueblos”.
174
2528.
La lectura y el análisis cualitativo de los testimonios de la CEH per-
mite afirmar que la separación de los niños de sus familias fue generaliza-
da, y que a los niños no acompañados los “ofrecían” a familias que no te-
nían hijos propios.
“Entre diciembre de 1983 y mayo de 1984, mientras la comunidad
de desplazados de la aldea Najtilabaj se encontraba en el centro de
reeducación que tenía el Ejército en la finca Sacol, los niños que no
tenían padres se los llevaron los soldados a la zona militar No. 21 de
Cobán, Alta Verapaz. Juntaron alrededor de 25 niños huérfanos de
todos los grupos de todas las aldeas que estaban ahí concentrados y los
75
171 C 16120. Septiembre, 1984. Uspantán, Quiché.
172 C 293. Septiembre, 1982. San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.
173 Testigo CEH. (T.C. 118).
174 C 3559. Octubre, 1983. San Juan Cotzal, Quiché.
llevaron no sé a dónde. Escogían los niños de once años para abajo, los
más grandecitos los dejaban. Originarios de Najtilabaj se llevaron los
siguientes: Antonio Porfirio Amalén Caal, de diez años; Guillermo
Gonzalo Amalén Caal, de ocho años; Josefina Yat Jom, de diez años;
Sebastián Yat Jom, de nueve años, y Abelino Iquí, de nueve años. Ha-
ce aproximadamente dos años, Abelino Iquí vino en calidad de visi-
tante a la aldea, dijo que se lo habían llevado a Italia y que ahí vive,
dijo que a Antonio Porfirio Amalén Caal lo había visto en Europa”.
175
“Los juntaron allí, en una escuela, allá arribita de la aldea, y después
dijeron a los patojos, los patojos que ya entienden de diez a doce años,
‘ustedes patojos quédense o si quieren morir se van con su mamá, aho-
ra si no quédense…”
176
2529.
Por el modus operandi del traslado forzoso de niños, el enfrenta-
miento armado ocasionó una gran cantidad de situaciones irremediables
para ellos, al serles negadas sus identidades, procedencias étnicas y orígenes
familiares, en violación de los derechos fundamentales de los niños. Tam-
bién se violaron derechos colectivos del pueblo indígena afectado, al impe-
dirse la continuidad biológica y cultural del grupo.
“Ellas tenían siete y cinco años: los soldados las agarraron y nunca vol-
ví a verlas. Al final, cuando pudimos regresar a nuestra comunidad,
nos dimos cuenta que faltaban mis hijas … dos militares ... me con-
testaron que estaban vivas, pero sin decirme dónde estaban”.
177
2530.
Incluso, varias de las nuevas “familias” de estos niños estuvieron
conformadas por quienes fueron los victimarios de sus verdaderos padres.
“De lejos, como a unos 75 metros estaba yo viendo cómo agarraban
una por una a las personas … y uno por uno también a los niños …
de esa masacre quedó viva una niña como de dos años y medio o tres
tal vez; el subteniente ordenó que un soldado se encargara de ella, [el
soldado] anduvo cargando a la niña, nosotros le dábamos de nuestras
raciones frías … y anduvo con nosotros ella, primero llorando, después
se acostumbró porque le dábamos dulces, le dábamos leche condensa-
da, ella se acostumbró y anduvo ... se olvidó pronto de su familia, ver-
dad, era niña y regresamos ... recuerdo que de esa patrulla llegamos a
La Garrucha, así le decían, llegamos a La Garrucha, dormimos en
76
175 C 9226. Noviembre, 1981. San Cristóbal, Alta Verapaz.
176 Testigo REMHI. (T. 544).
177 C 9351. Agosto, 1982. Chisec, Alta Verapaz.
una escuela, después volvimos a salir, patrullando, patrullando, llega-
mos otra vez a Tecpán, en Tecpán le dieron ropa y todo, cambiaron a
la niña y se estuvo allí un tiempo, luego el subteniente en una ocasión
que salió con licencia se la llevó, ya no la volvimos a ver”.
178
2531.
La práctica de “recoger” niños abandonados bajo el pretexto de ayu-
darlos o protegerlos, en ocasiones tuvo como propósito real el utilizarlos
para “atraer” a sus padres a los destacamentos militares. Los niños crecie-
ron fuera de su familia y entorno cultural en un contexto totalmente mi-
litarizado.
“El 17 de febrero de 1984 capturaron en parte de Mayalán en el cen-
tro Altamira … Estaba un chamaquito parado encima de un bordo
y le disparan y todos salen … El chamaquito se llama Baudilio Mon-
zón Martínez, de nueve años, nacido en Mayalán en noviembre de
1974. Fue capturado por el Ejército. A los tres meses un helicóptero
lanzó octavillas con su foto y un mensaje detrás ‘soy Baudilio Monzón
(Odilio). Papá, mamá, Floridalma, Amparo ... Edelmira ... compa-
ñeros, soy Baudilio ... gracias a Dios estoy vivo ... y con los ojos abier-
tos a la verdad ... por favor váyanse a Xalbal, de allí los llevarán a
donde yo me encuentro. Los espero’. Los padres nunca se presentaron.
Sin embargo, recientemente una persona del Centro Uno … y otra de
Xalbal … le han dicho al declarante que el patojo está en la Escuela
Politécnica para graduarse de teniente. Estas personas tienen mucha
comunicación con el Ejército porque cada poco van a la base de Pla-
ya Grande. [Quien dio información al declarante] estaba con el
Ejército como patrullero cuando hirieron a este patojo en la pierna.
Lo llevaron al hospital del Ejército y luego lo tuvieron en la escuela en
Huehuetenango, en la escuela que hay adentro de la zona militar.
Había 350 niños dentro de la zona … Lo que pensaba era que ha-
bía muerto y era el único varón que tenía. A los tres meses viene el bo-
letín, yo me puse triste, pensé en entregarme pero el Ejército mentía
mucho, por lo que había visto, y no respetaban. En cambio mi espo-
sa pensaba que nos entregáramos”.
179
2532.
Para otros niños fueron decretadas temporalmente medidas de
protección tales como la colocación en hogares de guarda, internados, ca-
sas de huérfanos, etc. Muchas de estas medidas “temporales” se mantienen
77
178 Testigo REMHI. (T.C. 53).
179 C 11451. Mayo, 1985. Ixcán, Quiché.
por la omisión del Estado en el intento de búsqueda y reunificación de los
niños con sus familias.
“Los niños que traían los llevaban al juez de menores y después a
Casa Alianza, SOS, en la zona 15 a una casa de monjas, otros al
hospital porque estaban enfermos … Una vez me entregaron un ni-
ño guerrillero que había sido adoptado por un capitán. Fue a Casa
Alianza…”
180
“El y su esposa tienen once niños. Ellos son bautistas. Y llegaron di-
ciendo que querían ayudar y que estaban dispuestos a adoptar once
niños. Se los dejaban mientras que encontraban las familias de ellos,
a través del Juzgado de Menores. Legalmente no se podían dar en
adopción, sino en guarda. Salían de los campamentos, todos eran in-
dígenas, de diferentes etnias. Uno fue herido en Playa Grande, cinco
eran de Nebaj, tres eran de Acul y otro que fue traído de Nebaj, pero
que no se sabe de dónde venía”.
181
Violación del derecho de los niños en conflictos armados
Reclutamiento forzado
2533.
Aunque con una dimensión diferente, el reclutamiento militar for-
zado, en particular en las comunidades mayas, también fue un medio que
sacó a los menores de edad de su contexto cultural y social afectando su
identidad cultural maya y, por ende, violando el derecho a su propia vida
cultural. El reclutamiento de menores de edad fue un mecanismo ilegal pa-
ra utilizar la fuerza laboral de los menores en la estrategia contrainsurgen-
te. Ello militarizó la vida de los menores y los implicó en operaciones ar-
madas, violando el derecho internacional humanitario.
2534.
La Ley Constitutiva del Ejército dictamina que “conforme lo esta-
blecido por la Constitución Política de la República de Guatemala, los varones
guatemaltecos al cumplir la mayoría de edad
182
tienen la obligación de prestar
servicio en el Ejército de Guatemala, por el tiempo que establecen las leyes y re-
glamentos militares, cuando fueren requeridos para ello”.
183
“Había muchos jóvenes forzados. A los que estaban estudiando tam-
bién se los llevaban, ellos lamentaban no poder seguir estudiando por-
78
180 Testigo directo CEH.
181 Ibid.
182 En Guatemala la mayoría de edad se adquiere al cumplir los 18 años.
183 Artículo 68, Decreto 28 de 1986. En todas las Constituciones se ha establecido el servicio mili-
tar obligatorio para los varones que hayan alcanzado la mayoría de edad.
que no había clases en la zona militar. Los jóvenes eran agarrados en
las calles de día, otros contaban que en el campo de fútbol de su co-
munidad, a veces por los soldados y en otras ocasiones por los comisio-
nados militares”.
184
“Fue reclutado forzosamente por el Ejército cuando tenía 16 años de
edad y estudiaba sexto de primaria. Solamente le dieron permiso para
hacer sus exámenes finales en la escuela. El 21 de diciembre de 1991,
el Ejército entregó a la familia el cadáver del niño, dijeron que había
muerto en combate. Cuando la familia lavó el cuerpo para velarlo y
luego enterrarlo, se dio cuenta de que tenía golpes en la columna ver-
tebral y ninguna perforación de bala. Al parecer fue el mismo Ejército
el que lo mató cuando recibía algún castigo disciplinario”.
185
2535.
El reclutamiento de menores quedó evidenciado durante la masa-
cre de Xamán (octubre de 1995), en la cual participaron 26 miembros del
Ejército, entre ellos un adolescente de 16 años que se encontraba prestan-
do servicio en el destacamento militar de Rubelsanto, zona militar No.
21,
186
Alta Verapaz.
2536.
Este caso constituye un ejemplo de la utilización de niños como
soldados.
187
Pese a que el menor de edad informó a las autoridades que ha-
bía ingresado por voluntad propia en las filas castrenses, en realidad el ca-
so dejó al descubierto las violaciones a la ley de reclutamiento en las fuer-
zas militares y a la reserva que hiciera Guatemala del Artículo 38 de la
Convención Internacional de los Derechos del Niño.
2537.
Debido al escándalo suscitado por la masacre en la comunidad de
retornados, el procurador de Derechos Humanos de la época declaró que
en el caso del adolescente se habían violado los “derechos de integridad, se-
guridad, libertad e igualdad, libertad de acción, deberes y derechos cívicos y po-
líticos, y protección del menor”, y exigió a los responsables el cumplimiento
de la ley en lo que a reclutamiento militar se refiere, así como demandó la
destitución inmediata y puesta a disposición de los tribunales competen-
tes, por el delito de detención ilegal, al comandante del destacamento mi-
litar de Fray Bartolomé de las Casas.
2538.
Instituciones que trabajaron en los años ochenta con niños vícti-
mas de la violencia por el enfrentamiento armado interno señalan: “Algu-
79
184 Testigo CEH. (T.C. 1). C 11418. 1985. Ixcán, Quiché.
185 C 7041. Diciembre, 1991. San Marcos, San Marcos.
186 CI 3. Octubre, 1995. Chisec, Alta Verapaz.
187 El caso Xamán es, además, uno de los que mejor muestra el grado de involucramiento de la ni-
ñez y la adolescencia en el conflicto: seis de las víctimas eran niños y el principal testigo de la ma-
sacre es un ex refugiado que desde muy pequeño tuvo que desplazarse de su lugar de origen a cau-
sa de la violencia.
nos niños relataban, con un cargo de conciencia terrible, cómo habían sido to-
mados por el Ejército y sirvieron para delatar a otros. Niños de diez o doce años
que los llevaban de guía para no pararse donde había minas y para señalar
quiénes eran las otras personas que, aunque no tenían relación con la guerri-
lla, vivían en la montaña. A veces en Casa Alianza se juntaron niños que sa-
bían que el otro había denunciado a su familia y entre ellos había enemistad.
Todo esto se pudo saber con la psicoterapia…”
188
Patrullas de Autodefensa Civil
2539.
La información oficial da cuenta que en 1982 las PAC estaban
conformadas por un millón de personas.
189
“Una encuesta de la Procuradu-
ría de Derechos Humanos en varias poblaciones del norte de Guatemala don-
de existían PAC informa que por lo menos un dos por ciento de sus miembros
eran niños entre los 10 y los 14 años de edad. En 1989 las PAC las conforma-
ban un millón de personas y en 1994 unas 600 mil”.
190
2540.
El involucramiento de niños en la estrategia contrainsurgente fue
planificado por el Estado. Si bien el plan de campaña Firmeza 83 señala
que “la participación de ancianos, mujeres y niños en la Auto-Defensa Civil
deberá de manejarse con sumo cuidado, de acuerdo a sus capacidades y volun-
tad individual, aprovechándoseles al máximo en comités puramente adminis-
trativos de Inteligencia y desarrollo comunal”,
191
los menores fueron recluta-
dos forzosamente para participar en las tareas de las PAC.
2541.
Podría hablarse de por lo menos 20 mil niños de menos de 15 años
reclutados forzosamente en las PAC,
192
obligados a realizar labores de ras-
treo, aprovisionamiento, vigilancia y operativos militares. Los menores re-
clutados en las PAC ya no pudieron desarrollar sus actividades ordinarias
ni desarrollarse en el marco de la vida cultural de su grupo. De otra parte,
con el reclutamiento en las PAC, los menores fueron involucrados en el
conflicto armado como agentes del Estado y por tanto expuestos a respues-
tas armadas por parte de la guerrilla. El reclutamiento en las PAC violó
normas que obligan al Estado a respetar los derechos de los niños en gene-
ral, y en particular, vulneró las normas que disponen la protección y cui-
dado de los niños en conflictos armados.
“La víctima fue obligada a patrullar en las PAC desde que tenía do-
ce años. El primer día de su patrullaje, junio de 1981, fue golpeado
80
188 Casa Alianza, “Casa Alianza: una historia de compromiso con la niñez”, en Nuestra Alianza, la
Revista para los amigos de los niños, No. 3, julio de 1998, pgs. 4-8.
189 Comisión de Coordinación y Enlace del Ejército de Guatemala con la CEH, Oficio No. 057-
GAM, 24 de julio de 1998.
190 Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, Informe sobre la situación de los
derechos de la niñez en Guatemala 1997, pg. 79.
191 Apéndice No. 5. Reorganización, funcionamiento y control de las Patrullas de Autodefensa Civil
(PADCIL), anexo B, plan de campaña Firmeza 83.
192 Ibid.
por un teniente en el estómago y sumergido al río San Pedro en varias
ocasiones para ver si estaba apto”.
193
“Nos obligaron a hacer las patrullas, somos pocos, pero hasta a los mu-
chachitos con doce años los pusieron a hacer patrullas…”
194
2542.
De acuerdo con el análisis de los casos conocidos por la CEH la ni-
ñez fue profundamente afectada por la violencia ejercida por el Estado du-
rante el período del enfrentamiento armado interno; por lo tanto la res-
ponsabilidad de éste en las violaciones de los derechos humanos de la ni-
ñez es ineludible. Es de responsabilidad del Estado no sólo la falta de pro-
tección de los menores en situaciones de conflictos armados, sino la vulne-
ración que el Estado realizó directamente de las normas del derecho inter-
nacional humanitario aplicables a menores. Asimismo, es de responsabili-
dad del Estado la falta de investigación, juicio y sanción de los responsa-
bles directos de las violaciones, y la reparación de las víctimas.
XV. PRIVACIÓN DE LIBERTAD
Marco jurídico
2543.
El derecho a la libertad se encuentra reconocido en los instrumen-
tos internacionales de derechos humanos. La Declaración Universal de
Derechos del Hombre establece en el Artículo 9 que nadie podrá ser arbi-
trariamente detenido, preso, ni desterrado. Por su parte la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombres establece en su
Artículo XXV que nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos
y formas establecidas por leyes preexistentes. Asimismo establece los dere-
chos de toda persona sujeta a una detención.
2544.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, ra-
tificado por Guatemala en 1992, consagra en el Artículo 9,1 que “Todo in-
dividuo tiene derecho a la libertad y seguridad personales. Nadie podrá ser so-
metido a detención o privación arbitraria. Nadie podrá ser privado de su li-
bertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento esta-
blecido en ésta.” Igualmente establece un conjunto de derechos de las per-
sonas detenidas, como el derecho de información de las razones de la de-
tención (Artículo 9,2), el ser puesta inmediatamente a disposición de la au-
toridad judicial y a ser juzgada sin demora (Artículo 9,3), al control judi-
cial de la detención (Artículo 9,4) y a la reparación cuando se efectúe una
81
193 C 10122. Junio, 1981. La Libertad, Petén.
194 C 16088. Febrero, 1982. Sacapulas, Quiché.
detención ilegal (Artículo 9,5). En el Artículo 10 regula el tratamiento de
la persona detenida, disponiendo que “Toda persona privada de libertad se-
rá tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser
humano”. (Artículo 10,1). La violación de los derechos de las personas de-
tenidas hace que la detención devenga ilegítima.
2545.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos
195
establece
en su Artículo 7, numeral 2, que nadie puede ser privado de su libertad fí-
sica salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las
constituciones políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas con-
forme a ellas. De igual forma dispone que nadie puede ser sometido a de-
tención o encarcelamiento arbitrarios, estableciendo los derechos de toda
persona que se encuentra sujeta a prisión provisional.
2546.
El derecho internacional ha desarrollado un conjunto de normas
para proteger el derecho a la libertad y los derechos de las personas deteni-
das. Entre éstas, cabe mencionar las Reglas Mínimas para el Tratamiento
de los Reclusos,
196
los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclu-
sos,
197
el Conjunto de Principios para la Protección de los Menores Priva-
dos de Libertad,
198
las Reglas de Naciones Unidas para la Protección de los
Menores Privados de Libertad.
199
Igualmente se aplica la Convención con-
tra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de
1984, ratificada por Guatemala en 1990, y la Convención Interamericana
para Prevenir y Sancionar la Tortura, suscrita en 1985 y ratificada por Gua-
temala en 1987.
2547.
Una forma de privación de la libertad prolongada y que acarrea la
vulneración de otros derechos, incluyendo el derecho a la vida, ha llegado
a constituir una figura específica dentro de la normativa internacional, de-
nominándose desaparición forzosa o detención-desaparición. Esta se pro-
duce cuando después de la detención de una persona por agentes del Es-
tado o por terceros con su asentimiento, se niega dicha detención o el pa-
radero de la persona, vulnerándose muchos derechos. La Declaración so-
bre la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas
200
se-
ñala que: “Todo acto de desaparición forzada constituye un ultraje a la digni-
dad humana...” (Artículo 1,1), indicando que: “Todo acto de desaparición
forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa graves sufri-
mientos, lo mismo que a su familia. Constituye una violación de las normas
82
195 La Convención fue firmada por el Gobierno el 22 de noviembre de 1969 y aprobada por el Con-
greso de la República por Decreto número 6-78 del 10 de marzo de 1978. El instrumento de ra-
tificación fue depositado el 25 de mayo de 1978.
196 Aprobadas por las resoluciones de ECOSOC 663C (XXIV) del 31 de julio de 1957, y 2076
(LXII) del 13 de mayo de 1977.
197 Adoptados por la Asamblea General en su resolución 45/111, del 14 de diciembre de 1990.
198 Adoptado por la Asamblea General en su resolución 43/173, del 9 de diciembre de 1988.
199 Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/113, del 14 de diciembre de 1990.
200 Aprobada por la Asamblea General en su resolución 47/133 del 18 de diciembre de 1992.
del derecho internacional que garantizan a todo ser humano, entre otras cosas,
el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, el derecho a la liber-
tad y a la seguridad de su persona y el derecho a no ser sometido a torturas ni
a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Viola, además, el de-
recho a la vida, o lo pone gravemente en peligro”. (Artículo 1,2).
201
2548.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su
Artículo 4 y en especial la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos en su Artículo 30, reconocen la posibilidad de la suspensión de la obli-
gación de los Estados de respetar y garantizar determinados derechos de las
personas, dentro de los cuales se incluye el derecho de libertad, siempre
que esta suspensión se realice bajo las condiciones establecidas por dichos
instrumentos y la ley nacional.
2549.
El reconocimiento a nivel nacional del derecho a la libertad ha for-
mado parte de la tradición constitucional de la República de Guatemala.
202
Incluso en la Carta de Gobierno de 1956, emanada de un gobierno de fac-
to, cuya vigencia perduró hasta el siguiente golpe de estado de 1963, con-
templaba en su Artículo 43, que “Nadie puede ser detenido o preso sino por
causa de delito o falta en virtud de mandamiento judicial o por apremio, li-
brado con arreglo a la ley, por autoridad competente … Por faltas o infraccio-
nes a los reglamentos no deben permanecer detenidas las personas cuya identi-
dad y abono puedan establecerse mediante documentación o por testimonio de
persona de arraigo. En tales casos la autoridad debe limitar su cometido a dar
parte del hecho al juez competente y prevenir al infractor para que comparez-
ca ante el Tribunal, dentro de los 48 horas hábiles siguientes … Los detenidos
deberán ser puestos inmediatamente a disposición de las autoridades judiciales
competentes y recluidos en centros destinados a prisión preventiva, distintos de
aquellos en que habrán de extinguirse las condenas…” La disposición ante-
rior se retomó en la Constitución aprobada por la Asamblea Constituyen-
te el 15 de septiembre de 1965, la cual estuvo vigente hasta el 23 de febre-
ro de 1982.
2550.
La Constitución vigente, promulgada en mayo de 1985, establece
en su Artículo 6: “Ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por cau-
sa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autori-
dad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los
detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competen-
te en un plazo que no exceda de seis horas y no podrán quedar sujetos a nin-
guna otra autoridad”.
2551.
En otras palabras, para que una detención sea legítima, deben con-
currir una serie de requisitos, entre otros, orden de autoridad competente,
83
201 La desaparición forzada es objeto de un apartado específico de este capítulo.
202 La Constitución de la República Federal de Centroamérica de 1824, en su Artículo 155 establecía
que “nadie puede ser preso sino en virtud de orden escrita de autoridad competente para darla”. En su
Artículo 175, reconocía el derecho a no ser detenido sin las formalidades sagradas de la ley.
exhibición de la misma al detenido —salvo que se trate de un delito fla-
grante—, actuación de funcionario competente y presentación del deteni-
do a disposición de un juez, que sea conducido a un centro de reclusión
establecido por la ley, que se cumplan las condiciones y requisitos legales
para ejecutar la detención y sobre el tratamiento del detenido, etc. La au-
sencia de cualquiera de estos requisitos convierte la detención en ilegal o
arbitraria.
Los casos de privación de libertad informados a la CEH
2552.
La CEH ha registrado un total de 13,791 violaciones contra la li-
bertad individual. De ese total, el 25% de las violaciones fue presentado de
modo autónomo, relacionado directamente con la privación arbitraria de
libertad. El otro 75% de las violaciones contra la libertad individual se des-
prende de la investigación realizada por la CEH sobre la comisión de otras
violaciones de derechos humanos, como ejecución arbitraria, tortura o vio-
lación sexual, en el marco de una privación de libertad (Vease G
RÁFICA
7).
2553.
Como se explicó anteriormente, el porcentaje de personas víctimas
de privación de libertad no es mayor en los datos de la CEH, porque esta
violación se registró como accesoria de una violación más grave. Vale ano-
tar que el alto número de privaciones a la libertad que preceden las viola-
ciones graves, confirman la existencia de centros clandestinos de deten-
ción, donde las personas privadas de su libertad eran víctimas de torturas,
violación sexual y ejecuciones.
2554.
Primero se presentarán aquellos casos de detenciones arbitrarias de-
nunciados ante las instancias internacionales de protección de derechos
humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) y los Relatores Especiales de Naciones Unidas. Posteriormente se
84
GRÁFICA 7: Porcentaje de privaciones de libertad en combinación
con violaciones seleccionadas
GUATEMALA (1962-1996)
2%
6%
23%
25%
37%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Privación de libertad
con violación sexual
Privación de libertad con
desaparición forzada
Privación de libertad
con ejecución arbitraria
Privación de libertad
Privación de libertad
con torturas
Porcentaje
Combinaciones seleccionados
incluirán aquellos casos de privación de libertad presentados ante la CEH
a través de los testimonios y que acompañaron otras violaciones a la vida e
integridad de las víctimas, convirtiéndose así la privación de libertad en un
preámbulo de otras violaciones.
Casos de privación ilegal de libertad denunciados ante las
instancias internacionales de protección de derechos humanos
2555.
Un caso significativo de hechos violatorios de la libertad por par-
te del Ejército fue la detención arbitraria y posterior expulsión del país del
padre de nacionalidad alemana Carlos Stetter, quién había sustituido al
padre Guillermo Woods, luego de su asesinato. Este hecho, que hizo par-
te de una larga cadena de actos represivos en contra de la Iglesia Católi-
ca,
203
tenía la clara finalidad de destruir las organizaciones cooperativistas
de la región.
2556.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tu-
vo conocimiento de los hechos y al respecto declaró: “El día 20 de diciem-
bre de 1979 fue virtualmente secuestrado el padre Carlos Stetter, párroco de la
región de Ixcán, cuando aterrizaba en el aeropuerto de la ciudad de Huehue-
tenango … Según resolución de la Dirección General de Migración, de fecha
12 de diciembre (la cual no le fue notificada sino hasta el día que fue arbitra-
riamente capturado y expulsado del país), fue conducido por hombres vestidos
de particular y armados hasta Valle Nuevo, frontera con El Salvador…” Con
base en los hechos consignados, la misma CIDH resolvió que el Gobierno
de Guatemala había violado los artículos 7 (derecho a la libertad), 8 (ga-
rantías judiciales), 22 (derecho de circulación y residencia) y 25, (protec-
ción judicial) de la Convención Americana de Derechos Humanos.
204
2557.
EL 24 de noviembre de 1980 la CIDH recibió una denuncia so-
bre la detención ilegal de Felipe Alvarez Tepaz, miembro del partido De-
mocracia Cristiana y alcalde indígena de la municipalidad de San Martín
Jilotepeque del departamento de Chimaltenango, ocurrida el 21 de no-
viembre de 1980. La víctima fue secuestrada por un grupo de hombres ar-
mados, quienes ametrallaron su domicilio, hiriendo a la víctima y a sus dos
hijos. Sobre el caso, en Resolución número 15/82, del 9 de marzo de 1982,
la CIDH resolvió: “Declarar que el Gobierno de Guatemala violó los artícu-
85
203 La muerte de Guillermo Woods y la expulsión de Stetter están íntimamente relacionadas con las
acciones represivas contra otros miembros del clero. El general Otto Spiengeler, en ese entonces
ministro de la Defensa Nacional, responsabilizó públicamente a los miembros de la Iglesia por la
masacre de Panzós, porque a su juicio habían incitado a los campesinos. Posteriormente fue ex-
pulsada del país la Hermana Raimunda Alonso acusada de participación en actividades políticas.
En julio de 1978 fue asesinado un catequista, promotor de la CNT. El 6 de junio de 1979 fue
expulsado del país al padre Gregorio Barrenales de la parroquia de Salamá, Baja Verapaz. Al mes
siguiente fue asesinado el padre José María Grant junto con un catequista de Cotzal. CIDH, In-
forme de la situación de los derechos humanos en Guatemala, 1981.
204 Resolución No. 30/81. Caso 7378 (Guatemala) 25 de junio de 1981.
los 5 (derecho a la integridad personal) y 7 (derecho a la libertad personal) de
la Convención Americana de Derechos Humanos”.
205
2558.
En su Informe sobre la situación de los derechos humanos en Gua-
temala del 5 de octubre de 1983, la CIDH elaboró una amplia relación de
casos en los que se afectó el derecho a la libertad. Dentro de ellos se men-
ciona el caso de Hugo Rolando Morán Ramírez, quien fue secuestrado por
varios hombres el 7 de septiembre de 1982 en la Universidad San Carlos
de Guatemala, sin que se haya tenido conocimiento del paradero o reclu-
sión en centros de detención provisional. En igual forma Axel Raúl Gar-
cía, estudiante de sexto año de magisterio de la Escuela Normal Central de
Guatemala, el día jueves 3 de junio de 1982 fue capturado por fuerzas de
seguridad del Gobierno de Guatemala. El secuestro de Luis Gustavo Ma-
rroquín se perpetró el 9 de agosto de 1982 en el estacionamiento del Ban-
co Nacional de Desarrollo Agrícola (BANDESA) por varios hombres ves-
tidos de particular fuertemente armados que transitaban en dos vehículos
con vidrios polarizados y sin placas de identificación. De su detención la
CIDH no obtuvo información sobre las razones de la misma o del lugar
donde se encontraba detenido.
206
2559.
Como una constante a lo largo del enfrentamiento armado, el Es-
tado negó sistemáticamente su participación en acciones violatorias de los
derechos humanos, llegando a recurrir incluso a afirmaciones inverosími-
les, al admitir con posterioridad y de modo excepcional, ante fuertes pre-
siones, la detención de determinadas personas.
2560.
Tal es el caso de Carlos Padilla Gálvez, médico, director del Hos-
pital General de Sololá, quien fue secuestrado junto con dos enfermeras de
nombres Yolanda Calí Say y Felipa Alquijay en su centro de trabajo, por
seis hombres vestidos de particular y fuertemente armados el 26 de agosto
de 1982. El Dr. Padilla permaneció detenido ilegalmente hasta el 28 de oc-
tubre de ese mismo año. Su liberación se debió únicamente a la presencia
de la CIDH, que realizó una visita in loco a Guatemala en septiembre del
mismo año. La CIDH fue informada por el entonces ministro de la De-
fensa Nacional Mejía Victores
207
que el Dr. Padilla se encontraba detenido
en el Segundo Cuerpo de la Policía Nacional, como consecuencia de un
autosecuestro y había solicitado a las fuerzas de seguridad que lo apresaran,
aislaran e incomunicaran para proteger su vida amenazada por la guerrilla.
86
205 CIDH, Resolución No. 15/82. C 7777. Marzo, 1982.
206 CIDH, Informe sobre la situación de derechos humanos en Guatemala, OEA/Ser.L/II.61, 5 de
octubre de 1983, pg. 86.
207 La Comisión se entrevistó primeramente con el entonces Jefe de Estado, Efraín Ríos Montt,
quien manifestó desconocer del caso y remitió tratar el tema con el entonces ministro de la De-
fensa Oscar H. Mejía V. A su vez él manifestó desconocer del asunto, afirmando que posiblemen-
te fue capturado por la guerrilla y que en ningún caso fue detenido por las fuerzas de seguridad
a sus órdenes ni se encontraba preso en los centros de detención del Gobierno. Versión que fue
modificada dos días después por el mismo Ministro.
Ante la visita de la CIDH en el Segundo Cuerpo de la Policía Nacional el
médico sostuvo su detención ilegal. A pesar de ello, Padilla no fue libera-
do sino hasta el mes de octubre; no se volvió a saber nada más de las dos
enfermeras.
208
2561.
La CIDH, en su Informe sobre la situación de los derechos huma-
nos en Guatemala, que comprendió el período del 23 de marzo de 1982
al 5 de octubre de 1983, concluyó: “2. En lo que respecta a los derechos a la
libertad y seguridad personal, la Comisión observa: Que bajo la vigencia del
Estado de Sitio no sólo se suspendió el habeas corpus o recurso de exhibición
personal sino que tampoco el amparo tuvo efectividad, permitiendo que los or-
ganismos de seguridad del Estado actuasen con total impunidad para detener
ilegalmente a las personas; que continúan produciéndose secuestros por agentes
de seguridad, situación que ha dado origen, en algunos casos, a prolongadas de-
tenciones ilegales, negadas inicialmente por las autoridades…”
209
2562.
El año 1984, la CIDH en su informe anual correspondiente al pe-
ríodo 83-84, reportaba que la situación sobre la violación al derecho de li-
bertad no mostraba mejoría alguna. Así la CIDH informó que “el mayor
problema que confronta Guatemala en materia de Derechos Humanos es el
que se refiere a las constantes desapariciones de personas, la mayor parte de ellas
previamente víctimas de secuestros y de detenciones ilegales, atribuidos tanto a
las fuerzas de seguridad como a los escuadrones de la muerte…”
210
2563.
En el tercer informe de la CIDH que cubrió el período 1984-
1985, se publicó un listado con los nombres de más de 400 personas en
favor de quienes se había interpuesto recurso de exhibición personal, todos
los cuales fueron desestimados por los tribunales de justicia, evidenciando
la ineficacia de esta garantía constitucional.
211
2564.
Con fecha 17 de marzo de 1987 la CIDH recibió la siguiente de-
nuncia: “Sandra Zamora López fue detenida ilegal y arbitrariamente por fuer-
zas de seguridad, en la Colonia Santa Luisa, zona 6, ciudad de Guatemala, el
6 de marzo de 1986, fecha desde la cual se desconoce su paradero, pese a las
múltiples gestiones realizadas por sus familiares. Se han presentado en su favor,
sin éxito, recursos de exhibición personal ante el presidente del Organismo Ju-
dicial”.
212
Sobre tal caso la CIDH resolvió: “Declarar que el Gobierno de
Guatemala ha violado los artículos 4 (derecho a la vida) y 7 (derecho a la li-
bertad personal).”
87
208 CIDH, Resolución No. 01/84. Caso No. 8078. Véase también Comité pro Justicia y Paz de Gua-
temala Situación de los derechos humanos en Guatemala, diciembre de 1982.
209 CIDH, Informe sobre la situación de derechos humanos en Guatemala, OEA/Ser.L/II.61, 5 de
octubre de 1983, pg. 142.
210 CIDH, Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1983-1984, OEA-
/Ser.L/II.63, 28 de septiembre de 1984, pg. 109.
211 Ibid., pgs. 57 a 71.
212 CIDH, Informe No. 50/90. Caso 9922, Guatemala.
2565.
En 1988, la CIDH manifestó que “los secuestros de personas conti-
núan siendo en Guatemala cosas de todos los días, hasta el punto de haberse
convertido en una amenaza constante para todas las familias guatemaltecas.”
Un caso significativo lo constituyó el secuestro el 21 de julio de 1988 del
licenciado Julio Aníbal Trejo Duque, Juez Séptimo de Primera Instancia
Penal de Instrucción, “quien fue violentamente raptado por hombres fuerte-
mente armados, sin antifaces, en plena vía pública y a la vista de muchísimas
personas al salir de su trabajo del edificio del Organismo Judicial…” Al mis-
mo tiempo la CIDH hizo énfasis en las coincidencias del caso, relativas a
que Trejo era el juez de la causa incoada por la serie de violaciones al dere-
cho de libertad realizadas por miembros de la Guardia de Hacienda, el cual
es conocido como el caso de la panel blanca.
213
2566.
En 1991 el experto independiente señalaba que “persisten en Gua-
temala los fenómenos de detención no reconocida, secuestro y detención-desapa-
rición forzada o involuntaria de personas, en muchos casos por motivos de per-
secución política…”
214
Dentro de dicho informe el experto independiente
señaló sobre las víctimas de dichos hechos:
“En cuanto a las víctimas de detenciones y desapariciones en el curso
de 1991, se han señalado miembros de las organizaciones de defensa
de los derechos humanos, como es el caso de Santos Toj colaborador del
Consejo de Comunidades Etnicas Rujunel Junam … secuestrado el
26 de mayo de 1991 en la zona 4 de ciudad de Guatemala por hom-
bres no identificados vestidos de civil … Varios estudiantes también
han sido objeto de detenciones-desapariciones, entre ellos se encuentra
el caso de Claudia Estrada, denunciado por la Asociación de Estu-
diantes Universitarios (AEU), que habría sido secuestrada el 12 de
agosto de 1991 por grupos paramilitares en Mazatenango, descono-
ciéndose su paradero…”
215
Casos de privación de libertad denunciados ante la CEH
2567.
Durante los primeros años del enfrentamiento armado, las viola-
ciones a la libertad se realizaron en una forma poco articulada en respues-
ta a circunstancias coyunturales. En general las autoridades demostraron
un irrespeto completo por la ley que rige la privación de libertad en todas
las circunstancias relacionadas con la lucha en contra de la “subversión”. Sin
embargo, no es sino a partir del apoyo de instancias extranjeras, que las
88
213 CIDH, Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1987-1988, OEA/
r.L/V/II.74, 16 de septiembre de 1988, pg. 324.
214 Informe del experto independiente, Sr. Christian Tomuschat, sobre la situación de los derechos
humanos en Guatemala, preparado de conformidad con el párrafo 11 de la resolución 1991/51
de la Comisión de Derechos Humanos. E/CN.4/1992/5, 21 de enero de 1992, párrafo 97.
215 Ibid., párrafos 103 y 104.
operaciones para practicar detenciones gozaron de planificación, sistema-
tización y actuación combinada de las diferentes fuerzas de seguridad, con
objetivos de represión en forma sostenida y a largo plazo.
2568.
Una operación militar puesta en práctica a finales de 1965 y prin-
cipios de 1966, fue conformada bajo la asesoría del Public Safety Division
USAID Guatemala, la cual comprendía la realización de operativos deno-
minados “Plan de Áreas Congeladas”, por los que se acordonaba un área to-
tal de dieciséis manzanas con el objetivo de registro, allanamiento y captu-
ra de sospechosos ubicados en las casas de las cuatro manzanas centrales.
Las primeras áreas objeto de este tipo de operativos fueron las zonas 5 y 6
de la capital, en las que la Policía Judicial tenía conocimiento de la existen-
cia de residencias y lugares de permanencia de conocidos comunistas.
216
2569.
Junto con la incorporación de estas operaciones combinadas, se
mantuvo la modalidad de realizar las capturas en forma independiente por
parte de las distintas fuerzas de seguridad. Así se reportan varias detencio-
nes ilegales por parte de la Policía Nacional y de la Policía Judicial.
“Cuando iba en mi carro y en compañía de mi esposa, otro automó-
vil nos alcanzó al llegar a un cruce, uno de los viajeros de ese carro
sacó por la ventanilla una ametralladora introduciéndola en mi
ventanilla a la altura de mi cabeza, y me ordenó detener totalmen-
te el carro. El individuo bajó de su auto y fue al mío; para mi for-
tuna dejaron que mi esposa se fuera, él se montó en mi carro y se-
guidos por el otro auto nos dirigimos a la dirección de la Policía, que
en parte sirve a la Policía Nacional o uniformada y en parte a la
Judicial que viste de civil. Nos introdujimos al estacionamiento de
esta última y de inmediato se me condujo a una celda conocida por
sus condiciones infames como ‘la tigrera’. Aquí encontré a varios
compañeros que habían sido detenidos en días anteriores y algunos
ese mismo día”.
217
2570.
La violación al derecho de libertad personal fue acompañada de
torturas en los interrogatorios que aportaron a las fuerzas de seguridad in-
dicaciones sobre otras personas relacionadas con el detenido, las cuales a su
vez fueron privadas de su libertad y torturadas con el objeto de extraer in-
formación de otras personas más. Ello dio origen a la conformación de ex-
tensas cadenas de detenciones y de violaciones en contra de personas vin-
culadas o no con actividades guerrilleras.
89
216 Documento desclasificado del 17 de diciembre de 1965, pg. 186.
217 Carlos Cáceres, Aproximación a Guatemala, Universidad Autónoma de Sinaloa. Colección Nues-
tro Continente. México 1980.
“En diciembre de 1970 la casa de Amado Cabrera y sus hermanos
en la zona 7 … fue allanada por la Policía. Todos los ocupantes de
la casa fueron capturados. Amado y dos hermanos … fueron captu-
rados y llevados a los separos
218
de los cuerpos de seguridad bajo la
acusación de formar parte de una organización clandestina … En
ese tiempo no fue sólo él ni sólo su familia los que fueron captura-
dos si no que fue una cadena muy grande de personas. A todas se les
vinculaba con una organización. Fueron encontradas en casa de
Amado listas de los participantes de la Federación de Periodistas Es-
colares … uno de los detenidos fue el periodista Jorge Mazariegos,
toda la razón de su captura fue haber aparecido en las listas de los
miembros de la Federación de Periodistas Escolares…”
219
2571.
En otros casos, la persona detenida era torturada en el mismo mo-
mento de su captura, incluso dentro del vehículo utilizado para su deten-
ción, con la finalidad de obtener información que pudiera ser utilizada en
el mismo momento, y lograr una mayor efectividad en posteriores hechos,
evitando cualquier posible evasión de la víctima que, conociendo su vin-
culación con el detenido o desaparecido, intentase ocultarse. La realización
de estas detenciones implica necesariamente cierta libertad de operación de
los responsables, que actuaban con información no procesada por el órga-
no de Inteligencia.
“Me detuvieron tres agentes de la Judicial, me pusieron una pisto-
la, me llevaron hacia un vehículo … me introdujeron con lujo de
fuerza y luego me llevaron a la Judicial en la 14 calle y 6a aveni-
da ‘A’ final. Allí me pusieron la capucha … Todo el interrogatorio
giró sobre por qué me había citado con Rolando … a él lo captura-
ron una dos horas antes … pasó un carro de la Judicial y lo agarra-
ron lo estaban vigilando … lo torturaron dentro del vehículo y les
dijo que se iba a reunir conmigo…”
220
2572.
Uno de los lugares de detención y tortura estaba ubicado en el Di-
rección General de la Policía, conocida como “la tigrera”. Una víctima de
la política represiva relata haber sido detenida ilegalmente en “la tigrera”
luego de haber cumplido una condena de dos años impuesta por la Audi-
toría de Guerra de la Zona Central.
221
Al haber cumplido su condena, fue
90
218 Calabozos.
219 C 962. Septiembre, 1971. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
220 C 968. Enero, 1972. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
221 El Decreto-Ley número 8 de 1963 contemplaba el juzgamiento de civiles por tribunales milita-
res “en los casos que determina la ley”. Por su parte la Ley de Defensa de las Instituciones Demo-
cráticas, Decreto-Ley número 9 establecía que los delitos contenidos en dicha ley serían juzgados
por los tribunales militares exclusivamente y de conformidad con las leyes procesales militares.
ordenada su libertad por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el
subdirector de la penitenciaría, contrario a acatar la orden de dicho alto
organismo jurisdiccional, remitió al reo a la dirección de la Policía, en
donde fue introducido en dicha celda durante un período de 15 días, pa-
ra posteriormente entregarlo a miembros de la Guardia de Hacienda de
El Salvador.
222
2573.
A través de la investigación, la CEH pudo constatar que en la ma-
yoría de los casos las personas capturadas eran llevadas a centros clandesti-
nos de detención fuera de la localidad donde la víctima residía. Así, perso-
nas capturadas en la ciudad capital eran trasladadas fuera de esta, mientras
que aquellas capturadas en el interior, eran conducidas a los centros de de-
tención en la ciudad capital. En cualquiera de los casos, las fuerzas de se-
guridad mantuvieron varios centros de detención ilegales dispersos por el
territorio nacional a efecto de trasladar constantemente a los detenidos a
diferentes lugares. El objetivo de dichos traslados respondió a las necesida-
des de la Inteligencia militar, así como para garantizar la más completa sus-
tracción de todo tipo de mecanismos de protección en favor de la víctima,
en especial su localización y protección por medio de un recurso de exhi-
bición personal.
2574.
En área rural, los comisionados militares sirvieron como fuente
de información para las fuerzas de seguridad, y colocaron a disposición
sus viviendas como centros de detención ilegal, antes de trasladar a las
víctimas a los destacamentos militares. A lo largo del enfrentamiento ar-
mado los destacamentos militares sirvieron como centros de detención y
tortura.
“La víctima estuvo una semana en la casa de uno de los comisionados
militares … y de allí se lo llevaron a la base militar de Zacapa don-
de fue torturado y quemado. La familia lo buscó por mucho tiempo,
pero nada encontró”.
223
2575.
A partir de 1978 las detenciones reportaron un incremento sustan-
cial, coincidiendo con la etapa de mayor agudización del enfrentamiento
armado (véase G
RÁFICA
8). Fue en el área rural donde se reportó la mayor
cantidad de víctimas de las violaciones de los derechos humanos, incluyen-
do la privación de libertad.
91
222 Folio 27, expediente de la causa 879 del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Criminal del
departamento de Guatemala. Dicho proceso se inició en virtud de la interposición de recursos de
exhibición personal en favor del grupo de los 28 detenidos en los primeros meses de 1966. CI
68. 1966. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
223 C 832. Noviembre, 1966. Esquipulas, Chiquimula.
Detenciones en el área rural
2576.
Las detenciones en el área rural revistieron una amplia gama de
modalidades, las cuales obedecieron a mecanismos de represión por parte
de las fuerzas de seguridad, en las que la privación de libertad fue utiliza-
da como preámbulo de posteriores violaciones. Las modalidades de deten-
ción variaron en relación al nivel de información de Iinteligencia utilizada
en cada uno de los casos concretos, así como al nivel de discrecionalidad
en las facultades operativas de los miembros de los diferentes cuerpos de
seguridad del Estado.
2577.
En la mayoría de casos las detenciones se efectuaron bajo la simple
sospecha de participación en actividades guerrilleras en razón de elemen-
tos subjetivos y circunstanciales. Se presentaron casos en que la informa-
ción fue proporcionada por comisionados militares o patrulleros civiles a
los comandantes de los destacamentos militares, quienes sin dilación y sin
previa verificación de la veracidad de la acusación, ordenaron la detención
de personas y su conducción al destacamento militar.
“El jefe de comisionados … llegaba al destacamento y hablaba con el
capitán o el subteniente o quien estuviera allí y le decía ‘mire, fíjese
que fulano de tal y fulano y fulano están metidos en babosadas, hay
que irlos a traer, verdad’, entonces ya con esa información el subte-
niente actuaba, lo iba a traer sin averiguar…”
224
2578.
Durante los patrullajes de varios días en determinadas localidades
rurales se capturaba a aquellas personas sobre las que existiera presunción
92
GRÁFICA 8: Total de privaciones de libertad, según año
GUATEMALA (1962-1996)
Años
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
No. de violaciones
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
224 Testigo CEH. (T.C. 53).
de su participación en actividades organizativas, fueran estas guerrilleras o
no. Para la realización de estos patrullajes, el Ejército contó en la mayoría
de los casos con la participación de las Patrullas de Autodefensa Civil, así
como de los comisionados militares.
225
2579.
En los casos de capturas de personas sobre las que recaía una fuer-
te presunción de vinculación con la insurgencia, la violación al derecho de
libertad perduró por un prolongado período de tiempo, determinado en
razón de la utilidad de la información a ser extraída de la víctima. En al-
gunos casos estas personas fueron forzadas a participar en operaciones mi-
litares, luego de haber sufrido severas torturas, en las que el instinto de so-
brevivencia se sobrepuso a las convicciones ideológicas. En otros, su acep-
tación obedeció simplemente a la preservación de su integridad física a
cambio de proporcionar lo que sus torturadores le exigían.
“La víctima llegó al mercado de Pochuta, del municipio de Chimal-
tenango a comprar … En la Finca Pacayal tres soldados del destaca-
mento militar de ese lugar lo capturaron, acusándolo de ser miembro
de la guerrilla. Se lo llevaron al destacamento militar y de inmediato
lo torturaron durante una semana … fue llevado al cuartel general
de la zona militar de Mazatenango … El jefe del destacamento le
ofreció que le daría comida, vestido y un salario si cooperaba … o lo
seguía torturando … sin saber en qué consistía la cooperación, acep-
tó … Una o dos veces a la semana lo disfrazaban con uniforme mili-
tar y gorra pasamontañas para señalar…
226
2580.
La obtención de información se aplicó como regla dentro de ins-
talaciones militares y se realizó bajo directrices generales proporcionadas
por el alto mando militar en los planes de campaña. Para tales efectos, den-
tro de los destacamentos militares se construyeron instalaciones destinadas
especialmente para la detención y la realización de “interrogatorios tácticos”
que en la práctica constituyeron cruentas sesiones de torturas. La ilegali-
dad de dichos centros de detención deviene de la prohibición expresa plas-
mada en la Constitución, en la que se establece que toda persona deteni-
da debe ser recluida en centros de detención legalmente establecidos.
2581.
En contravención de normas constitucionales expresas, en los pla-
nes de campaña se instruyó a los jefes de destacamento establecer centros
de detención. El plan de campaña del Ejército para 1985 contemplaba la
siguiente directriz para el manejo del personal capturado: “Después de efec-
tuar el interrogatorio táctico a los D.S. [Delincuentes Subversivos] captura-
93
225 Véanse los apartados relativos a los comisionados militares y las Patrullas de Autodefensa Civil.
226 C 4212. Julio, 1988. Pochuta, Chimaltenango.
dos, deberán ser trasladados a un centro de detención adecuado, informando
inmediatamente a la Dirección de Inteligencia del EMDN [Estado Mayor de
la Defensa Nacional ]”.
227
2582.
Dichos centros de detención ilegales variaban en cada caso, según
las disponibilidades de los destacamentos. Estos fueron galeras, cuartos de
láminas, o simplemente tiendas militares. En otros casos fueron excavados
agujeros en el suelo donde eran introducidos los detenidos. Estos tenían en
su interior agua, y en otros casos excrementos, dado que eran utilizados
por los soldados como letrinas, aun cuando las víctimas se encontraban en
su interior. Estos agujeros contaban con tapaderas de lámina, que provo-
caban intenso calor en su interior.
2583.
El traslado de los “Delincuentes Subversivos” (D.S.) a centros de de-
tención adecuados —si es que deba entenderse por tales los centros de de-
tención legalmente reconocidos—, cuya directriz se encuentra en la mayo-
ría de los planes de campaña, fue atendido muy excepcionalmente. Las
personas detenidas tenían tres alternativas : “O la dejan en libertad, o la en-
vían a los tribunales de fuero especial (mientras duraron), o la mandan a la
tumba”,
228
siendo esta última la más frecuente. La conservación de la vida
del detenido estaba determinada por razones de utilidad en materia de In-
teligencia militar. Familiares de las víctimas, que lograron romper el temor
a sufrir represalias, se presentaron a los destacamentos a reclamar por sus
esposos, hijos, padres o madres, sin obtener mayores resultados.
2584.
La implementación de los “interrogatorios tácticos” se tradujo en al-
gunos casos en la conformación de listas con nombres de personas señala-
das por las víctimas. Este constituyó un mecanismo común y constante
utilizado por las fuerzas de seguridad a lo largo del enfrentamiento arma-
do. Las listas fueron utilizadas para efectuar las detenciones realizadas en
calles y carreteras a vehículos de transporte público o privado e incluso a
peatones, dentro del control sobre la población, y en especial sobre los mo-
vimientos estacionales de campesinos hacia las fincas de la Costa Sur,
229
así
como en la concentración de los miembros de una comunidad en el cen-
tro de la misma, etc.
“El 20 de octubre de 1982, a las seis de la mañana, llegó una patru-
lla del Ejército a la aldea Caxlampom, una comunidad q´ueqchi´.
Los soldados trajeron una lista, sacaron a todos de sus casas. Luego lle-
varon los 16 capturados a la finca Tablas … el subteniente se identi-
94
227 Plan de campaña Estabilidad Nacional 1985, apartado VI. Análogas instrucciones se encuentran
en los planes de campaña de los años 1982, 1983 y 1984.
228 CI 22. Marzo, 1983. Ciudad de Guatemala.
229 Plan de campaña Victoria 82 establece: “Se deberá hacer énfasis en el control de los trabajadores ex-
traordinarios que se trasladan del Altiplano a la Costa Sur, a realizar trabajos de temporada”.
ficó y dijo a los presos que eran acusados de ser subversivos. En lancha
los 16 fueron trasladados amarrados al destacamento militar en la
playa de El Estor…”
230
2585.
De igual forma, en materia de Inteligencia, los detenidos fueron
mantenidos con vida sólo con el objeto de extraer información de utilidad
para la realización de posteriores operaciones militares. En algunos casos
los detenidos eran trasladados a diferentes instalaciones militares en los
cuales se encontraban cuerpos de Inteligencia (D-2) correspondientes al
nivel de información a ser sustraída.
231
2586.
Característica de las operaciones de inteligencia fue la clandestini-
dad, que se aplicó, aunque de forma más moderada, también al interior
del Ejército. Así : “Las zonas militares deberán contar con centros de deten-
ción que al mismo tiempo sean seguros y adecuados, también sean discretos y
no estén a la vista del personal, debiendo contar con personal exclusivamente
para el control o vigilancia. Los interrogatorios tácticos deberán ser realizados
preferentemente por el oficial de Inteligencia o en su defecto por el oficial co-
mandante de la unidad o patrulla que esté operando”.
232
En los casos en que
fue necesario el traslado de algún detenido a instalaciones militares con la
logística de Inteligencia requerida, estos se realizaron de la manera más
encubierta posible. La secretividad al interior del Ejército es confirmada
por parte de personal de Inteligencia durante el interrogatorio a una de
las víctimas:
“Allí fue el primer interrogatorio. Lo más inmediato era de donde era
yo, mi identidad … En ese momento la respuesta que di fue que no
era procedente tener a una persona así, que no sabía donde estaba y
que cualquier delito tenía que esclarecerse ante la justicia y pedí de in-
mediato que me llevaran a los tribunales. La respuesta fue que no y
que me olvidara de todos los procedimientos legales, que estaba ante
una organización secreta, aun dentro del Ejército y que las cosas se
iban a arreglar a la manera de ellos…”
233
95
230 C 1093. Octubre, 1982. El Estor, Izabal.
231 “Guerrilleros capturados que son identificados como lideres de columnas guerrilleras o de alguna otra
forma apreciados como importantes, son usualmente entregados por la zona militar G-2 a la D-2 Di-
visión de Inteligencia Militar para interrogatorios extensivos. En estos casos, los guerrilleros capturados
son llevados a la ciudad de Guatemala y detenidos por la D-2 para interrogación en la División de
Inteligencia Militar.” Documento desclasificado C.T68 Agencia Central de Inteligencia (CIA), de
noviembre de 1994, titulado “Comentarios de (censurado) sobre el proceso usado por el Ejército de
Guatemala para explotar el valor de Inteligencia de guerrilleros capturados” (traducción libre).
232 Plan de campaña Estabilidad Nacional 85.
233 CI. 42. Marzo, 1992. Quiché.
2587.
En el supuesto de que el detenido únicamente poseía información
a nivel local, este permanecía en manos de sus captores y era utilizado co-
mo delator en los operativos militares de las patrullas rutinarias, tales co-
mo las operaciones de limpieza o en la realización de ataques determina-
dos a aldeas específicas. En el caso de las patrullas, los detenidos que po-
seían conocimientos del área y de los integrantes del grupo subversivo de
la localidad, eran utilizados con una doble finalidad: como guías y delato-
res. Este procedimiento sirvió como mecanismo eficaz para infundir terror
en las comunidades.
“Recuerdo que esa vez cargábamos una muchacha con nosotros que
era guerrillera, que la habían capturado en un campamento guerri-
llero, verdad … entonces el capitán se la había llevado a ella para que
nos sirviera de guía, pero fíjese que eso era algo ingrato … fíjese que
por ejemplo había un grupo de personas y había un guía, entonces ese
guía con tal de quedar bien con el oficial decía, ‘bueno vos decime
pues’, le decía el oficial ‘quiénes son María, en ese grupo quiénes son
los guerrilleros’, entonces ella, el guía por quedar bien con el oficial de-
cía ‘bueno fulano, aquel otro que está allá y aquel otro que está allá’
y tal vez gente que nada que ver, verdad, entonces ya venía el oficial
y basándose en lo que la otra le decía o el otro, los agarraban y a ma-
tarlos mano…”
234
2588.
La utilización de delatores dio lugar a falsas acusaciones de perte-
nencia o colaboración con la guerrilla y en la mayoría de los casos los se-
ñalamientos fueron motivados por problemas personales, envidias y celos.
“El Ejército llegó a la aldea Nuevo Porvenir en Ixchiguán un día lu-
nes … del año 83, en el mes de abril. Era un grupo grande de solda-
dos. Solicitaron a la autoridad que convocara a la gente en el centro
de la aldea con su cédula y los iban agarrando conforme llegaban. En
la mañana se llevaron a 20 personas. Se las llevaron al destacamento
de Ixchiguán y allí estuvieron metidos en un hoyo … Había un en-
capuchado que delató a la gente. Era … el hijo del comisionado mi-
litar del Cantón San Antonio … había tenido un problema personal
con alguien de la aldea en una fiesta y a raíz de eso acusó a muchos
de guerrilleros … nada más por gusto empezó a mencionar a las per-
sonas…”
235
96
234 Testigo CEH. (T.C. 53).
235 C 7264. Abril, 1983. Ixchiguán, San Marcos.
2589.
Los casos de detenciones masivas dentro de las comunidades se ca-
racterizaron por un amplio despliegue de fuerzas, compuestas por elemen-
tos militares y patrulleros civiles. Se instalaban cercos alrededor de la co-
munidad con el propósito de impedir que sus miembros pudieran huir,
también se aprovechaba el momento de mayor vulnerabilidad de la comu-
nidad, en horas de la madrugada o la noche. En tales casos, la selección de
las víctimas tuvo fundamentalmente dos modalidades. En una de ellas las
personas eran formadas en fila, separando las personas por sexo con el fin
de facilitar la señalización por parte de la persona enmascarada o delator.
“El 11 de octubre de 1983, a las cuatro de la mañana, aproximada-
mente 80 soldados uniformados, con las caras pintadas, pasaron casa
por casa anunciando que toda la población tenía que concentrarse en
el campo de la Iglesia Menonita, a las nueve de la mañana. El mis-
mo mensaje se repetía por un altoparlante. Unas personas que inten-
taron salir del pueblo por el lado de la montaña, se dieron cuenta que
los soldados habían rodeado la aldea imposibilitando cualquier inten-
to de fuga. Poco a poco fueron cerrando el círculo para que toda la
gente estuviera en el campo de fútbol a la par de la Iglesia Menonita.
Ya reunidos los hicieron poner en filas. Al frente de la iglesia estaban
soldados, jeeps, tres camiones del Ejército y cuatro personas encapu-
chadas vestidas con uniformes militares … Aterrizó un helicóptero en
medio del campo y de este bajaron oficiales de la zona militar núme-
ro 17. Los soldados tenían una lista con los nombre de los supuestos
guerrilleros … Alrededor de las cuatro de la tarde el helicóptero con
los oficiales despegó. Los detenidos fueron trasladados en un camión
del Ejército a la zona militar número 17, donde fueron interrogados
y dos de ellos torturados. Tres de los detenidos desaparecieron”.
236
2590.
En una segunda modalidad la comunidad era igualmente separada
por sexo, deteniendo a las personas dentro de edificios públicos, para lue-
go presentar una por una frente al delator para su señalización. El delator
tenía el rostro cubierto con un gorro pasamontañas, con la finalidad de evi-
tar el reconocimiento por parte de los supervivientes. La combinación de
listados y delator fue igualmente frecuente.
“Entonces vino el Ejército a las seis de la mañana … empezaron a pa-
sar por nuestras casas y nos llevaron a la iglesia … Entonces el acusa-
dor, el que se fue a quejar con el Ejército ya tenía tapada la cara; ‘aho-
ra vos nos tenés que mostrar quiénes son los guerrilleros’, decía el Ejér-
97
236 CI 25. Septiembre y Noviembre, 1983. Quetzal, Guatemala.
cito a ese acusador … Sáquenlos uno por uno a la puerta de la igle-
sia y así los vamos a conocer uno por uno … al salir ‘¿es éste vos?’, le
decían; ‘no’, decía; ‘¿y éste?’, ‘sí’ … sólo la cabeza movía señalando a
la gente; si él decía que alguien que salía tenía culpa de ser guerrille-
ro lo mandaban al infierno y el que no, al cielo…”
237
Detenciones en la capital y otras cabeceras departamentales
2591.
La violación al derecho de libertad a nivel urbano se caracterizó por
su selectividad. En la mayoría de casos se realizaron en las vías públicas, en
la vivienda de la víctima o en su lugar de trabajo. Los captores siempre ac-
tuaron en grupos de cuatro a doce efectivos, fuertemente armados, y en
pocos casos uniformados, conduciéndose generalmente en dos vehículos
con vidrios polarizados y sin placas de circulación o con placas falsas. Sin
embargo, el procedimiento de “Zona Congelada”, con amplio despliegue
de fuerzas por el que se cercaba un determinado número de manzanas de
viviendas, fue utilizado en varias ocasiones por grupos armados y la Policía
Nacional. En ningún caso registrado por la CEH consta que previamente
a la realización de la captura fuera exhibida una orden de captura.
“Agarraron a altos dirigentes de las FAR y el temor creció. Como con-
secuencia agarraron a tres o cuatro de la CNT. EL 2 de febrero de
1984, el declarante tenía que encontrarse caminando con Otto a la
altura de la 5ª Av. y 12 calle de la zona 1. La táctica consistía en si-
mular un encuentro casual y caminar varias cuadras juntos mientras
intercambiaban información. En el punto prefijado lo agarraron y lo
metieron en una panel blanca. Otto debía haber sido detenido y re-
velado el contacto … pudo oír que dentro de la panel blanca se co-
municaban con otros vehículos. Iban dos personas adelante y tres en
la parte trasera del mismo … lo llevaron a un cuartel militar donde
lo tuvieron los 17 o 18 días que duró el secuestro, sin cambiar de lu-
gar … los interrogatorios y torturas fueron muy duros…”
238
2592.
La selectividad de las detenciones urbanas realizadas por el Ejérci-
to y otras fuerzas de seguridad para la represión oportuna de actividades
coyunturales de las organizaciones sociales, quedó demostrada mediante la
realización de operaciones en las que ejecutaron detenciones arbitrarias de
varias personas casi en forma simultánea.
98
237 CI 107. 1982. Nebaj, Quiché.
238 C 322. Febrero, 1984. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
“Les preguntaron dónde trabajaba Luis y tuvieron que decir que en
la panadería Pan Chapín, en ese momento abrieron la puerta del
auto y les dijeron a otros que fueran a buscarlo allí. Cuando llegaron
a la panadería, a quien encontraron fue a Otto Raúl, hermano de
Luis, a quien se llevaron al Comando Seis”.
239
2593.
A partir del inicio del proceso de democratización del país en
1985, se observa un descenso sustancial en el volumen de violaciones al de-
recho de libertad, y variaciones en los objetivos perseguidos con la prácti-
ca de la violación. Así, la privación de libertad se orienta a la explotación,
en el ámbito político, de víctimas con perfiles de liderazgo ya sea sometién-
dolas a acogerse a las leyes de amnistía, exigiéndoseles en algunos casos re-
conocerse públicamente como desertores de su organización o condicio-
nándolas a mantener constantes contactos periódicos con sus captores des-
pués de concederles la libertad.
“A finales de agosto comenzaron a presionarme para que hablara en
contra de la URNG y de las organizaciones populares, trabajaba de
cerca con el GAM, CONAVIGUA, CERJ … Tenía que hablar en
contra del movimiento popular … En septiembre me acogí a la am-
nistía … bajo presión, porque era la única salida que me quedaba. A
finales de agosto se entrevistó una persona conmigo, con la cara tapa-
da, coronel o general. Me habló de todos mis datos, ‘lo que te decimos
es que te presentés a la prensa, nunca digás que te capturaron sino que
vos te entregaste por problemas internos de la URNG, en todo caso se-
rá como una basura más…”
240
2594.
El procedimiento de detención y tortura con el objetivo ya no ex-
clusivo de obtención de información sino también de utilización de la víc-
tima con fines políticos, se realizó incluso en casos cuya finalidad era la ex-
culpación de la responsabilidad institucional del Estado en ejecuciones ar-
bitrarias. Así, Gonzalo Cifuentes Estrada fue capturado el 27 de agosto de
1991 en la calle por cinco hombres armados. Ante fuertes amenazas de tor-
turas y muerte en contra de él y de su familia se vio obligado a aceptar su
responsabilidad en forma pública, sobre el asesinato de Mérida Escobar,
investigador de la Policía Nacional, quien tenía a su cargo la investigación
de la ejecución arbitraria de la antropóloga Myrna Mack Chang.
241
99
239 C 931. Agosto, 1981. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
240 CI 42. Marzo, 1992. Quiché.
241 Informe del experto independiente para Guatemala de Naciones Unidas, E/CN.4/1992/5, 21 de
enero de 1992, párr. 114.
Los autores
Fuerzas de seguridad del Estado
2595.
El Ejército fue responsable de la mayor parte de las privaciones de
libertad registradas por la CEH. Les siguen en orden descendente las Pa-
trullas de Autodefensa Civil, los comisionados militares y otras fuerzas de
seguridad, en particular la Policía Nacional (Véase G
RÁFICA
9).
2596.
La actuación de los presuntos responsables, al igual que en las otras
violaciones, se produjo ya sea de manera individual o en colaboración en-
tre los diferentes autores. Por ejemplo el Ejército actuó en coordinación
con las Patrullas de Autodefensa Civil principalmente, y en menor porcen-
taje con los comisionados militares. Igualmente actuó en coordinación con
otras fuerzas de seguridad del Estado.
“Cada comando militar, para el cumplimiento de su misión en el área
asignada, establecerá coordinación estrecha con la Policía Nacional y
la Guardia de Hacienda, de las cuales deberá de tratar de obtener la
máxima colaboración y control…”
242
2597.
Esta orden general del alto mando del Ejército establecida en los
planes de campaña, fue confirmada por medio de una declaración de un
miembro de la Policía Nacional en la que se observa claramente la subor-
dinación de ésta frente al Ejército.
“[El declarante] ingresó a la Policía a principios de 1981 y fue inte-
grado al Comando de Operaciones Especiales formado en esa época
por el coronel Germán Chupina Barahona. Se instalaron en la Villa
de Guadalupe en la zona 10. Luego en 1982 se trasladaron al edifi-
cio que se construyó para ellos en la colonia Centroamérica y anillo
periférico. Se le cambia de nombre a BROE … cuya actividad prin-
cipal era apoyar las operaciones militares y policíacas … Toda la lo-
gística para las operaciones provenía de los militares. Ellos [los
policías] solamente eran fuerza de apoyo”.
243
2598.
Las fuerzas de seguridad han sido responsables de la violación al de-
recho de libertad, actuando bajo la dirección estrecha del Gobierno. Un
caso significativo, que evidencia la política institucional de violación a los
100
243 C 946. 1984. San José Poaquil, Chimaltenango.
242 Plan de campaña Victoria 82. Disposiciones de este tipo se presentan a lo largo de los sucesivos
planes de campaña, tales como Firmeza 83 y Firmeza 83-I.
derechos humanos, lo constituye la detención ilegal, en 1962, de uno de
los altos dirigentes sindicales del país, Víctor Manuel Gutiérrez. Por medio
de la eficacia excepcional de un recurso de exhibición personal, Gutiérrez
fue puesto a disposición de los tribunales. Esto fue motivo para la destitu-
ción del director de la Policía Nacional, coronel Víctor Rodríguez, frente a
la desobediencia de órdenes de la Presidencia de la República en el sentido
de mantener a la víctima en condición de detenido y desprovisto de todas
las garantías constitucionales.
244
2599.
A partir del golpe de Estado que condujo al poder al general Efraín
Ríos Montt, el Ejército elaboró, en abril de 1982, el Plan Nacional de Se-
guridad y Desarrollo. Este constituyó la columna vertebral de la estrategia
contrainsurgente, a raíz de la cual se derogó la Constitución Política de
1965, emitiéndose en sustitución el Estatuto Fundamental de Gobierno,
Decreto-Ley 24-82. En él se contemplaba un escueto catálogo de derechos
fundamentales, dentro de los cuales se incluyó el derecho a la libertad per-
sonal. Sin embargo, el 27 de julio del mismo año el Gobierno recurrió
nuevamente al estado de excepción, limitando los derechos individuales
consignados en el Estatuto de Gobierno, dentro de ellos el derecho a la in-
violabilidad de la vivienda y libertad personal. La prórroga del estado de si-
tio hasta finales de marzo de 1983 acompañado de la vigencia de los Tri-
bunales de Fuero Especial, colocó a la población en una situación de com-
pleta indefensión y plena vulnerabilidad contra las fuerzas militares del Es-
tado y representó la legalización de un terrorismo penal. Como consecuen-
cia de lo anterior, aumentó el número de violaciones al derecho a la liber-
tad, que para el año de 1982 alcanzó el punto más alto de todo el enfren-
tamiento armado.
101
Nota: El porcentaje de cada responsable se calcula sobre el total de violaciones, sin considerar si su
actuación fue individual o en colaboración con otro.
GRÁFICA 9: Porcentaje de participación de fuerzas responsables
en privaciones de libertad (los 7 más frecuentes)
GUATEMALA (1962-1996)
86%
21%
11%
5% 4%
3%
2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ejército PAC Comisionados
militares
Guerrilla Otras fuerzas
de seguridad
Sin identificar
Otros grupos
Responsable
Porcentaje de participación
244 Departamento de Estado, telegrama a AID/Washington, 15 de marzo de 1963, Pq. 8.1.
2600.
Documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia
de los Estados Unidos de febrero de 1983, dan cuenta de una reunión a fi-
nales de octubre de ese año en la que se instruyó a miembros del Estado
Mayor Presidencial para capturar, detener, interrogar y disponer de sospe-
chosos de guerrilleros como lo consideraran conveniente. En febrero de
1983, ante el amparo provisional de la sentencia de muerte en contra de
tres presuntos subversivos, miembros del Estado Mayor Presidencial invo-
lucrados en los secuestros recibieron la garantía de que no se liberaría a los
insurgentes capturados y serían sometidos a los Tribunales de Fuero Espe-
cial. Igualmente el documento reporta el incremento de la violencia en los
últimos meses, particularmente de secuestros de estudiantes y maestros.
245
Comisionados militares y Patrullas de Autodefensa Civil
2601.
Mientras la represión urbana se realizaba por parte de las fuerzas
de seguridad, principalmente el Ejército y la Policía Judicial, la Policía
Militar Ambulante y los comisionados militares constituyeron una pieza
fundamental para la represión a nivel rural, al grado de reportarse como
los principales responsables de la violación a la libertad entre los años
1960 y 1977.
2602.
De tal cuenta, la persecución contra los miembros del Partido Re-
volucionario en los años 65 y 66 se realizó a nivel rural, con el apoyo de
los comisionados militares.
“Lo persiguieron los comisionados militares y el Ejército por pertenecer
al Partido Revolucionario. El 18 de diciembre de 1966 lo capturaron
en Carboneras y lo trasladaron a Carrizal, allí lo dejaron en el río ata-
do junto a Pedro Pérez, alcalde auxiliar en Quebrada de Piedra Amo-
lar, quien también pertenecía al Partido Revolucionario…”
246
2603.
La naturaleza dual de los comisionados militares, derivada de su
pertenencia a las diferentes comunidades y su vinculación con el Ejército
en el carácter de grupo paramilitar, favoreció la descentralización de la In-
teligencia, en lo relativo a la recepción de información, que posteriormen-
te sería utilizada para realizar detenciones en contra de la población. Esta
dualidad también tuvo como efecto secundario la utilización del poder pa-
ra favorecer intereses o para resolver problemas personales. Las violaciones
de derechos humanos aplicadas a objetivos ajenos a la lucha contrainsur-
gente fue tolerada y consentida por los agentes del Estado, particularmen-
te por el Ejército.
102
245 CIA, informe sin destinatario, febrero de 1983, Pq. 12.46.
246 C 1034. Diciembre, 1966. Olopa, Chiquimula.
“En enero de 1967 … Las víctimas fueron capturadas cada una en
sus respectivas casas como a la seis de la mañana. La acción fue diri-
gida por los comisionados militares de la aldea Paternito, quienes es-
tuvieron acompañados por aproximadamente 25 soldados … los ma-
taron por celo hacia su tierra o por venganza personal, ya que uno de
los hermanos tenía una deuda de diez quetzales con uno de los comi-
sionados…”
2604.
Por su parte, desde su creación, las Patrullas de Autodefensa Civil
(PAC) sustituyeron progresivamente a los comisionados militares en las ta-
reas represivas, asumiendo niveles mayores de responsabilidad en las viola-
ciones a los derechos humanos. Las PAC participaron en la conformación
de retenes, en la realización de acciones de control de la población, en la
localización y señalización de supuestos miembros subversivos, y en las
capturas de presuntos miembros de la insurgencia.
“Los aproximadamente 40 soldados de Quiché … llegaron al centro
de Sacasiguán aproximadamente a la una de la tarde y se reunieron
con los patrulleros del mismo lugar. Bajo órdenes de los soldados, los
patrulleros llamaron a toda la gente a una reunión en el centro de Sa-
casiguán. Asistieron aproximadamente 80 personas. Los soldados,
quienes llevaron un listado, amarraron a Francisco Perpuac Ixcoto-
yac, patrullero, a Diego Ixcotoyac Perpuac un patrullero y supuesto co-
laborador del EGP y a Manuel Pu López, y los obligaron a llevar a
los soldados a un cantón vecino, Pamachín.
“Con los hombres de Sacasiguán llegaron a Pamachín … pasaron
por la casa de Marcos Pu Tojín, miembro de la junta directiva de
la Iglesia Católica y colaborador del EGP … y fue amarrado con las
manos atrás. Amarraron de la misma manera a los patrulleros José
Pu Tojín y Antonio Pu Tojín, los hermanos de Marcos … A la vez
cinco hombres del grupo, bien armados, pasaron por la casa de Pe-
dro Pu Lux, colaborador del EGP … le pidieron que los acompa-
ñara … junto con su hijo de 13 años, Juan Pu Tojín … Mientras,
otros soldados agarraron a Manuel Ixcotoyac Uz y a Manuel Pú Ló-
pez, quien llegaba a su casa y a cuatro hombres cuyos nombres no
recuerda…”
“De Pamachín el grupo salió para Cokuben, donde hubo una reunión
con gente de allá y con gente de Siquibal. Aproximadamente 16 per-
sonas fueron llevados de Cokuben, incluyendo a Antonio Ixcotoyac Pu
y Pascual Pu Castro, dos colaboradores del EGP de Cokuben y Pedro
103
Pu Tum, un colaborador de Siquibal. De Cokuben, el grupo se fue a
pie para la cabecera de Santa Lucía La Reforma … Un día después,
el 6 de agosto de 1983, llegaron hombres de la G-2 de Quiché y co-
misionados militares de Santa Lucía La Reforma, y a las once de la
mañana empezaron a preguntar y maltratar a los 30 secuestrados …
Según dos testigos, mataron a Marcos Pu Tojín en la cárcel, aquel día,
golpeándolo con palos y armas en la cabeza; cuando falleció lo metie-
ron en una bolsa plástica negra”.
“Por la tarde del mismo día 6 de agosto, 8 de los secuestrados fueron
llevados a la zona militar No. 20 de Quiché, incluyendo a: Diego Ix-
cotoyac Perpuac, Francisco Perpuac Ixcotoyac, Pascual Pu Castro, An-
tonio Ixcotoyac Pu, Pedro Pu Tum, José Pu Tojín, Manuel Pu López
y Manuel Ixcotoyac López. Nadie los volvió a ver. Los demás, Manuel
Ixcotoyac Perpuac, Pedro Pu Lux, Antonio Pu Tojín, Juan Pu Tojín y
17 desconocidos, fueron liberados en Santa Lucía la Reforma”.
247
La vinculación del sector empresarial y agrícola
2605.
Durante el enfrentamiento armado los sectores empresariales y
agrícolas se mantuvieron en alianza con el Estado e incluso se beneficiaron
del combate al comunismo. La falsa acusación de pertenencia a movimien-
tos de izquierda fue hábilmente utilizada para desestimar exigencias labo-
rales; reprimir la organización sindical de los trabajadores en las empresas
y fincas; resolver conflictos personales o simplemente para apropiarse de
terrenos ajenos.
“El administrador de la finca … nos persiguió, nos puso guaro clan-
destino en las puertas de las casas a dishoras (sic) de la noche, nos pu-
so manojos de propaganda del PGT y de las FAR en las puertas de las
casas y nos metieron propaganda del PGT adentro del local del sindi-
cato; después llegó la Policía Judicial a sacarme de la casa. … Sólo así
podían hacerle daño a los trabajadores…”
248
2606.
El Decreto 2164 de la Asamblea Legislativa, del 29 de abril de
1936, antiguo Código Penal
249
del régimen de Jorge Ubico, vigente hasta
el año 1973, disponía: “A todo propietario de finca rústica, sus administrado-
res o representantes legales, se les equipara a la categoría de agentes de la auto-
ridad y están obligados a capturar, o en su caso a perseguir, a toda clase de de-
104
247 C 8144. Agosto, 1983. Santa Lucía La Reforma, Totonicapán.
248 C 13133. 1962. Escuintla, Escuintla.
249 El Código Penal de 1936 mantuvo vigencia hasta 1973, año cuando se promulgó el Decreto 17-
73 del Congreso de la República, actual Código Penal, que lo derogó.
lincuentes, poniéndolos a disposición de la autoridad más inmediata.”
250
Es
necesario resaltar que esta no constituía una facultad sino una obligación
por parte de los finqueros y sus representantes legales o laborales. La CEH
registró la participación de finqueros de modo indirecto o mediato, don-
de las fuerzas de seguridad fueron requeridas por éstos para la perpetración
de violaciones a los derechos humanos.
2607.
Ante las acusaciones por parte del sector patronal agrícola o em-
presarial, el Estado ponía en marcha su estructura represiva realizando de-
tenciones arbitrarias, a través de los diferentes cuerpos de seguridad, con-
tra los trabajadores.
“A un dirigente sindical de la empresa bananera de Entre Ríos le co-
rrespondió defender un pacto colectivo muy favorable a los trabajado-
res, lo que motivó la proposición de los gerentes de la compañía al ofre-
cerle un pago para ‘comprar’ su compromiso; el dirigente rechazó la
propuesta. Días después, cuando el dirigente se dirigía en compañía
de otros trabajadores a Puerto Barrios, fueron capturados por milita-
res vestidos de civil y conducidos hasta la base militar; allí permane-
cieron secuestrados por siete días con grilletes en las manos y vendas en
los ojos; fueron golpeados y sometidos a simulacros de ejecuciones e in-
terrogados sobre la actividad en la bananera”.
251
2608.
La relación del sector económico poderoso del país con las fuerzas
armadas se materializó en el área rural mediante la instalación de destaca-
mentos en terrenos propiedad de los finqueros, como una mecanismo de
protección en su favor. De tal forma la participación de finqueros en las
violaciones al derecho a la libertad y de otros derechos humanos obtuvo
una dimensión indirecta facilitando infraestructura y logística en favor de
las fuerzas militares. En correspondencia, el Ejército perpetró actos repre-
sivos en contra de cualquier persona que tuviese tendencias contrarias a los
intereses locales de los propietarios.
“Y les digo una cosa, el poder que yo tuve en la zona desde el punto
de vista militar-civil, pude haberlo aprovechado para hacer lo que se
me diera en gana … teníamos gente armada en la finca, trabajado-
res que yo podía ordenarles cualquier cosa…”
252
105
250 Artículo 154 del Decreto 2164 de la Asamblea Legislativa de la República, Código Penal.
251 C 1224. 1979. Entre Ríos, Izabal.
252 Testigo (propietario de finca) CEH. (T.C. 16).
Escuadrones de la muerte
2609.
Los escuadrones de la muerte surgieron a partir de la década de los
sesenta como grupos armados clandestinos cuyo propósito fue combatir
las organizaciones políticas, gremiales y los movimientos guerrilleros o de
oposición dentro del marco de la lucha contrainsurgente y con la dirección
inmediata del Ejército, en particular de la Inteligencia.
253
2610.
La estrecha vinculación de los escuadrones de la muerte con las
fuerzas de seguridad del Estado es ilustrada por lo sucedido en octubre de
1971. El 4 de octubre de dicho año fue secuestrado el licenciado Bernar-
do Lemus por el escuadrón de la muerte Ojo por Ojo, manteniéndosele
detenido por un lapso de 12 horas aproximadamente. A su liberación se le
utilizó como canal forzado de comunicación para otra serie de amenazas
en contra de profesionales universitarios. Como consecuencia de ello el
Consejo Superior Universitario denunció los hechos al presidente Arana
Osorio, “demandando las medidas que el caso amerite”.
254
Ante la denuncia
el Presidente respondió “que se abriría una investigación sobre el asunto”.
255
Sin embargo, la investigación no se realizó y al día siguiente el Gobierno,
por medio de la oficina de Relaciones Públicas del Ejército, emitió un co-
municado a través de la radio y la televisión, en el cual acusó a los profe-
sionales y estudiantes universitarios de agitadores de la extrema izquierda
que tiendían a propiciar el movimiento subversivo.
2611.
Actividades de estos grupos armados en actos violatorios al dere-
cho de libertad han sido registrados por la CEH en Huehuetenango, Iza-
bal, Escuintla y Zacapa.
256
“El plagio ocurrió en presencia de su familia y de numerosos especta-
dores. Tres desconocidos que viajaban a bordo de un automóvil Ford
placas P-38485 secuestraron ayer a las 7 horas con 20 minutos al co-
nocido locutor y profesor José Arnoldo Guilló Martínez, después de he-
rirlo en una pierna. El secuestro del señor Guilló Martínez fue come-
tido precisamente en el lugar donde se detienen los transportes extraur-
banos, a una cuadra de su residencia”.
257
2612.
Tal como se reporta en el caso de la víctima anterior, los miembros
de estos grupos armados “actuaban sin miedo, como si nada, a pesar de tan-
ta gente que los estaba mirando”,
258
en completa seguridad de no ser impe-
106
253 Véase en este capítulo el apartado de Inteligencia que trata sobre los escuadrones de la muerte.
254 Diario La Nación, miércoles 6 de octubre de 1971, pg. 4.
255 Ibid.
256 C 16315. Mayo, 1981. Zacualpa, Quiché. C 13309. Enero, 1982. Los Amates, Izabal. C 6128.
Octubre, 1982. Santa Eulalia, Huehuetenango. C 6042. Octubre, 1983. Santa Eulalia, Huehue-
tenango. C 6055. 1982. Santa Eulalia, Huehuetenango.
257 CI 41. Julio, 1967. Escuintla. Versión consignada del diario El Gráfico del 13 de julio de 1967.
258 CI 41. Julio, 1967. Escuintla, Escuintla.
didos en sus acciones, bajo el amparo de la impunidad garantizada por al-
tos funcionarios de los organismos del Estado.
2613.
Sin embargo, los escuadrones de la muerte representaban una
fuerza de acción directa e inmediata, cuyo objetivo principalmente era la
aniquilación de personas. A diferencia de las fuerzas oficiales del Estado,
para lograr su objetivo, no requerían de la víctima con fines de inteligen-
cia, por lo que las detenciones por parte de escuadrones de la muerte son
cuantitativamente muy inferiores a los reportados por los primeros. An-
tes bien, estos operaban con base en la información obtenida por las fuer-
zas militares.
Reclutamiento forzoso ilegal
2614.
Durante el enfrentamiento armado la estrategia militar de capta-
ción de efectivos para el Ejército incluyó el reclutamiento forzoso ilegal. Su
práctica cristalizó en capturas individuales y masivas, que en su mayoría
afectaron a la población maya, la más vulnerable del país. Esta práctica
constituyó una grave violación del derecho a la libertad y la seguridad per-
sonales y, en algunos casos, dio lugar también a la comisión de otras viola-
ciones de derechos humanos de mayor gravedad.
2615.
Conforme a las necesidades que imponía la agudización del en-
frentamiento armado en el país, el Ejército incrementó su presencia en
el plano territorial. Por este motivo, hacia los años sesenta existían seis
zonas militares en todo el país, en tanto que el año 1983 ascendía a vein-
titrés.
259
2616.
En consecuencia, la duración del servicio militar obligatorio fue
aumentando de forma progresiva. En 1961 el tiempo que se prolongaba el
servicio alcanzaba dieciocho meses y en 1968 se había extendido a dos
años y seis meses, en atención a que “la situación política y anormal que ha
vivido el país durante los últimos años hace necesario concentrar los esfuerzos
militares en la mayor preparación del personal de tropa, aumentando su entre-
namiento con vistas de una mejor eficiencia”.
260
2617.
La legislación nacional consagró el servicio militar al otorgarle ca-
rácter obligatorio, estableciendo a la vez los requisitos y procedimientos
que debían observarse en la captación de efectivos. Sin embargo, durante
el enfrentamiento armado, excediendo el marco legal, el Ejército utilizó co-
mo estrategia para engrosar sus filas el reclutamiento ilegal y ostensible-
mente discriminatorio, vulnerando de este modo el derecho a la libertad y
a la seguridad personales y en muchos casos el derecho a la vida.
107
259 Véase el apartado sobre las zonas y bases militares, despliegue territorial entre 1960-1996, las es-
trategias y estructuras militares del Ejército, de este capítulo.
260 Acuerdo Gubernativo del 14 de febrero de 1968.
2618.
En la totalidad de los casos registrados por la CEH consta la utili-
zación de la violencia y la fuerza al efectuar los reclutamientos, ya sea a tra-
vés de capturas masivas o redadas que incluyeron, en la mayoría de los ca-
sos, el maltrato físico de las víctimas.
“Llegó un camión de soldados y corretearon a los jóvenes. Lo agarra-
ron a la orilla del río, una persona de la comunidad lo golpeó con una
piedra, así fue finalmente agarrado por los soldados, lo ataron de ma-
nos y se lo llevaron como a un trozo de leña en un camión”.
261
“A todos nos agarraron y nos trataban como animales, nos encerraron
en una cuadra, todos amontonados unos sobre otros y sólo se podía sa-
lir para ir al baño y no nos daban de comer”.
262
2619.
Este reclutamiento fue ilegal, porque infringió los requisitos que
establecieron las sucesivas leyes constitutivas del Ejército. La normativa in-
terna reguló el sistema para reclutar a varones mayores de 18 y menores de
50 años; debía realizarse mediante una citación que sólo en caso de produ-
cirse desobediencia facultaba a practicar la detención. Fijaba, asimismo, las
circunstancias que un ciudadano podía invocar para eximirse temporal o
definitivamente de la obligación de cumplir este servicio; las más frecuen-
tes: enfermedad incurable, impedimento físico, tener hijos bajo tutela o
patria potestad, mantener económicamente a hermanos menores de edad
o incapacitados, ser hijo único de mujer soltera, entre otras.
263
2620.
En la totalidad de los testimonios recogidos por la CEH consta que
el Ejército infringió esta normativa. Por ejemplo, en un 26% de los casos
las víctimas del reclutamiento forzado eran menores de edad.
“Varios comisionados militares de las aldeas Las Flores y Sejá llevaron
a la víctima a la edad de quince años a la fuerza, para que se inscri-
biera en el Ejército … el padre de la víctima fue a hablar con el co-
misionado diciendo que era muy joven y también era su único hijo, el
comisionado le contestó que el ya era un hombre … aproximadamen-
te un año después el joven murió durante un combate con los guerri-
lleros en Huehuetenango”.
264
108
261 C 16569. Mayo, 1982. Sacapulas, Quiché.
262 Testigo (testimonio tomado por REMHI) CEH. (T.C. 94).
263 Decreto N° 1387 de 1° de octubre de 1960. Ley Constitutiva del Ejército, Artículo 55. Decreto
Ley N° 26-86 de 10 de enero de 1986, Ley Constitutiva del Ejército, Artículo 70. Decreto Ley
149-83 del 5 de diciembre de 1983, Ley Constitutiva del Ejército, Artículo 67.
264 C 1154. Noviembre, 1983. Izabal.
2621.
Otro de los elementos de ilegalidad que caracterizó la práctica del
reclutamiento forzoso fue la discriminación con que se llevó a efecto, en
tanto que no afectó a la población ladina sino que se dirigió de manera ex-
clusiva contra la población indígena del país y, dentro de ésta, prioritaria-
mente al pueblo maya.
265
“El indígena era nuestro soldado, es nuestro soldado, nosotros no po-
demos ver al indígena de otra forma, más que como soldados. Pocos
ciudadanos quisieron prestar servicio militar en ese tiempo tan di-
fícil”.
266
“Si hablamos del reclutamiento militar forzoso también … tiene un
papel discriminatorio porque es gente llevada la fuerza, la gente no es-
taba dispuesta a ir a entregarse, sin embargo la hacían instruir ahí y
le cambian la cultura o la religión, su forma de ser, la cosmovisión,
todo eso, entonces por eso un joven después de haber hecho el servicio
militar regresa con una mentalidad militarista y un lenguaje diferen-
te, diferente forma de ser … ya no es aquel joven que se fue y regresa,
sino que sigue siendo un joven, pero ya con diferente mentalidad”.
267
2622.
Para las comunidades mayas afectadas en su mayoría por el reclu-
tamiento forzado e ilegal, el ingreso al Ejército no sólo significaba una for-
ma de sobrevivencia económica: era también una forma de evitar su cali-
ficación como subversivos o guerrilleros.
“En la vida civil nosotros sentíamos que éramos … muy despreciados.
El hombre que no ha prestado servicio militar es discriminado y siem-
pre existe el riesgo de ser señalado de guerrillero y subversivo; en mi co-
munidad casi el 70% u 80% ya prestó servicio militar y el desprecio
a los que no han servido es mucho … por seguridad de mi familia tu-
ve que prestar el servicio”.
268
“Nos veíamos obligados a prestar el servicio militar, pues si no lo ha-
cíamos nos acusaban de ser guerrilleros. De la aldea fueron al servicio
como veinte y fueron el primer batallón que se presentó”.
269
109
265 Véase el apartado sobre violaciones a la integridad e identidad del pueblo maya.
266 Testigo CEH. ( T.C. 42).
267 Testigo CEH. ( T.C. 1).
268 Testigo CEH. ( T.C. 68).
269 Testigo (testimonio tomado por REMHI) CEH. ( T.C. 94).
“El 10 de junio de 1981, un joven tzutujil … se emborrachó con
unos amigos en el pueblo, fueron denunciados ante la autoridad mu-
nicipal y la Policía Nacional los capturó. Al día siguiente un familiar
fue a preguntar por la situación del muchacho, pero le dijeron ‘Ven-
ga en cinco días, para ese entonces estará todo claro y le daremos la li-
bertad’; al término de la fecha [la familia] fue nuevamente para en-
contrarse con el muchacho pero no estaba allí. Les dijeron que el día
14 de junio de 1981, a las cuatro de la tarde, llegó a San Pedro La
Laguna un contingente militar, en lancha, procedente del destaca-
mento de Pajaibal en Santiago Atitlán. Tras hablar con los policías
nacionales del lugar tomaron a los dos muchachos y se los llevaron. La
familia acudió al destacamento Pajaibal, pero negaron tener a los jó-
venes indígenas … a mediados del mes de julio del mismo año, uno
de los jóvenes se presentó en su hogar materno … tenía uniforme mi-
litar pinto, pero estaba muy sucio e iba sudoroso y jadeante, y además
descalzo. Contó a los suyos que los militares lo sacaron de la cárcel de
San Pedro y lo llevaron en calidad de recluta y prisionero, sin mayor
entrenamiento lo enviaron al frente para luchar contra las columnas
guerrilleras … en este momento era un desertor. Con la ayuda de los
comisionados militares lo encontraron y fue conducido nuevamente al
destacamento … nunca permitieron a los familiares hablar con el
muchacho personalmente, sabían que estaba allí por boca de otros re-
clutas y soldados pero no lo vieron … en febrero la compañía retornó
a Santiago Atitlán, fueron a buscarlo pero no les dieron información.
‘Ese chavo ya no está con nosotros’ … acudieron a la zona militar N°
14 de Sololá, consultaron varios libros y les dijeron: ‘Ese muchacho
que vos decís no aparece en nuestros registros, él no estuvo de alta en
el Ejército, creo que vos estás equivocado”.
270
2623.
La CEH también comprobó que esta práctica ilegal y discrimina-
toria fue aplicada por el Ejército, las Patrullas de Autodefensa Civil y los
comisionados militares ante todo en las áreas rurales del país, y contó con
el apoyo de las autoridades civiles.
271
“El alcalde y el comisionado militar apoyaban el reclutamiento forzo-
so de jóvenes, de tal manera que el Ejército hace una agarrada de mu-
chos hombres en la cabecera municipal y los encierran en la cárcel”.
272
110
270 C 4318. Junio, 1981. Santiago Atitlán. Sololá.
271 En el anexo D (Orden de movilización parcial N°1) al plan de campaña Victoria 82, se establece
que “al decretarse la movilización parcial, las autoridades civiles quedan bajo la autoridad militar, en
consecuencia deberán cumplir fielmente las disposiciones del Alto Mando para que dicha movilización
se lleve a cabo con exactitud, brevedad y orden”.
272 C 15120. 1982. San Bartolomé Jocotenango, Quiché.
2624.
Conocidas como “agarradas” o “cupo”, los habitantes de las comu-
nidades de las áreas rurales sufrieron las capturas masivas de hombres, jóve-
nes y menores de edad, en operaciones realizadas por el Ejército y grupos
paramilitares. Ocurría a la salida de las misas, en los días de mercado, o
bien, en los controles militares ubicados en puentes, caminos y carreteras.
2625.
El 20 de febrero de 1982, un joven de 19 años fue reclutado en
una “redada” que el Ejército realizó en la aldea El Pino, municipio de
Chiantla, Huehuetenango. Los soldados que lo capturaron le propinaron
varios golpes y patadas, y el sargento a cargo de la operación le robó su re-
loj. Un batallón completo de nuevos soldados fue compuesto ese día,
como consecuencia de la redada. Se los llevaron a la zona militar N°19, pe-
ro a él lo llevaron a la Brigada Manuel Lizardo Barillas de Xela. Durante
noventa días tuvo que someterse al curso especial de entrenamiento con-
trainsurgente Tigre. Los malos tratos, abusos y golpes eran esenciales en el
entrenamiento: “La idea era volverlo a uno malo para poder pelear mejor”.
273
“La víctima fue capturada por los militares un día de mercado en el
municipio de Chichicastenango, inmediatamente fue llevado a Jutia-
pa, allí estuvo cuatro meses, después lo trasladaron al Quiché, actual
zona militar, después lo llevaron al destacamento de Joyabaj, allí es-
tuvo varios meses y nuevamente lo retornaron a la zona militar”.
274
“La víctima asistió a misa en compañía de su padre a la iglesia de
Olopa, ese mismo día la patrulla de militares estaba capturando mu-
chachos en el pueblo para enrolarlos forzosamente en el Ejército, la
víctima fue capturada también. Una semana más tarde sus familia-
res fueron a consultar por su estado a la zona militar de Chiquimu-
la, sin embargo sólo recibieron respuestas evasivas y negativas, concu-
rrieron varias veces y obtuvieron los mismos resultados. En cierta
oportunidad un soldado les informó que el muchacho se encontraba
en la zona militar de Zacapa, también se dirigieron allí, pero nunca
obtuvieron respuestas, nunca más supieron de la víctima”.
275
2626.
El reclutamiento forzado e ilegal fue aplicado no sólo para engro-
sar las filas del Ejército sino también las de las PAC y los comisionados mi-
litares.
“Fui obligado por el Ejército a ser comisionado militar de El Estor,
Izabal, en el año 1982”.
111
273 C 5011. 1982. Chiantla, Huehuetenango.
274 C 16696. 1982. Chichicastenango, Quiché.
275 C 1038. 1976. Olopa, Chiquimula.
“Un día llegaron como doscientos soldados a nuestra aldea y nos obli-
garon a darles comida y bebidas … el oficial le dijo a la gente que
ahora éramos amigos de los soldados y que ahora nos teníamos que or-
ganizar … cuatro personas de nuestra aldea fueron a la zona militar
para que autorizaran a la patrulla y el comandante de la zona les pi-
dió un nombre para que fuera comandante de las PAC y como nadie
quería, me nombraron allí, y así quedó registrado mi nombre”.
276
2627.
Los casos recogidos demuestran, también, que la práctica del reclu-
tamiento forzado e ilegal se aplicó durante todo el período que compren-
de el enfrentamiento armado. Sin embargo, la mayor frecuencia con que
se reitera esta violación contra la libertad personal se registra entre 1981 y
1982.
“En el Altiplano no hay quien no tenga una historia que contar acer-
ca de los años del reclutamiento forzoso … al hermano mayor de …
lo agarraron tres veces para el cupo”.
277
2628.
La estrategia empleada por el Ejército para engrosar el número de
efectivos se manifiesta en el plan de campaña Victoria 82, que contempla
una “Orden de movilización parcial de su reserva disponible”, a fin de “alcan-
zar los objetivos nacionales fijados en el plan de empleo de la fuerza”.
2629.
La CEH estableció que, en la mayoría de los casos, la puesta en
marcha de este plan incluyó reclutamientos violentos de hombres, jóvenes
y menores de edad mayas, muchos de ellos ya habían cumplido su tiempo
de servicio obligatorio y fueron enrolados de nuevo, y a la fuerza, en las fi-
las del Ejército.
“La víctima había prestado cuatro años de servicio militar, varias ve-
ces los comisionados militares lo habían ido a buscar para que colabo-
rara con ellos, el 5 de diciembre lo encontraron los soldados a las siete
de la tarde cuando andaba paseando por la calle, lo mantuvieron en
el salón municipal y a la mañana siguiente lo llevaron al destacamen-
to que en ese tiempo se encontraba en Santa Clara La Laguna. La fa-
milia se fue a buscarlo al día siguiente en el destacamento de Santa
Clara, les dijeron que … no estaba allí, a los diez días recibieron una
carta por correo que decía: ‘Mamá aquí estoy con los militares en el
destacamento de Santa Clara’, no tenía remitente ni firma”.
278
112
276 Testigo (testimonio tomado por REMHI) CEH. (T.C. 94).
277 Memorias del cupo. Ob. cit.
278 C 4203. 1983. Santiago Atitlán, Sololá.
2630.
Hacia los últimos años del enfrentamiento armado continuaron
presentándose denuncias sobre la práctica del reclutamiento forzado e ile-
gal. La detención y procesamiento de los militares responsables de la ma-
sacre de Xamán, ocurrida en octubre de 1995, permitió detectar la presen-
cia de un menor de edad entre los acusados. “Este menor indígena, pertene-
ciente al grupo étnico q´eqchi´, fue reclutado por las fuerzas armadas en
1994”.
279
2631.
La Misión de Verificación de Naciones Unidas en Guatemala re-
gistró como última denuncia de reclutamiento forzado e ilegal durante el
enfrentamiento armado, el de un menor de edad: tuvo lugar en agosto del
año 1996. En este último caso conocido, la modalidad empleada fue la de
ofrecer al menor un pago de Q900 que “se vio obligado a aceptar”.
XVI. DENEGACIÓN DE JUSTICIA
Introducción
2632.
Todo Estado tiene el deber de respetar y garantizar el libre y pleno
ejercicio de los derechos humanos y de organizar, en función del cumpli-
miento de este deber, el aparato gubernamental y todas las estructuras a
través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público.
2633.
El instrumento principal para asegurar que se cumpla esta obliga-
ción es el Poder Judicial. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos, el Estado —para cumplir su deber
general de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos
por un Estado— se encuentra obligado, especificamente, a suministrar re-
cursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de derechos huma-
nos, que deben ser proporcionados de conformidad con las reglas del de-
bido proceso legal.
2634.
El fracaso de la administración de justicia guatemalteca en la pro-
tección de los derechos humanos durante el enfrentamiento armado inter-
no ha quedado clara y plenamente establecido, a la vista de miles de viola-
ciones de derechos humanos registradas por la CEH que no fueron obje-
to de investigación, juicio ni sanción por el Estado de Guatemala. Son
muy pocos los casos en que se procedió a investigar los hechos, y a proce-
sar y sancionar a los responsables. Excepcionalmente, en un caso las vícti-
mas y sus parientes recibieron reparación por los daños causados.
280
En ge-
neral, el Poder Judicial se abstuvo de atender los recursos procesales bási-
cos para controlar al poder público frente a atropellos graves a la libertad
113
279 CI 3. Octubre, 1995. Ixcán, Alta Verapaz.
280 CI 005. Agosto 1993. Huehuetenango.
y la seguridad de las personas, como, por ejemplo, el habeas corpus. Ade-
más, en numerosas ocasiones los tribunales de justicia actuaron directa-
mente subordinados al Poder Ejecutivo, aplicando normas o disposicio-
nes legales contrarias al debido proceso u omitiendo aplicar las que corres-
pondían.
2635.
Todo ello colocó a la población en una situación de absoluta inde-
fensión frente a los abusos del poder y le ha hecho percibir al Organismo
Judicial como un instrumento de defensa y protección de los poderosos,
281
que ha reprimido o negado la protección de los derechos fundamentales,
especialmente de quienes han sido víctimas de graves violaciones de dere-
chos humanos.
2636.
También las políticas públicas han debilitado —consciente o in-
conscientemente— al Poder Judicial. La ausencia de un presupuesto ade-
cuado, la excesiva burocratización, la insuficiencia de jueces, la falta de de-
fensores, la deficiente formación profesional de sus integrantes, entre otras
debilidades estructurales, han sido acertadamente reseñados por la Comi-
sión de Fortalecimiento de la Justicia (CFJ)
282
como factores que favorecen
la debilidad institucional del Organismo Judicial. La CFJ también apuntó
que existe deficiencia numérica (de tribunales) y deficiencia formativa de
jueces y magistrados.
283
Según datos proporcionados por la secretaría de la
Corte Suprema de Justicia, existen 367 tribunales en todo el país. La mis-
ma fuente informa que 114 de los 330 municipios no tienen juzgado de
paz propio.
284
2637.
Por otra parte, la inexistencia, a lo largo de todo el enfrentamiento
armado interno, de la carrera judicial permitió la arbitrariedad en la selec-
ción, nombramiento, traslado, sanciones y remociones de jueces y magis-
trados, atentando contra el principio de la independencia interna. Para la
CFJ la omisión de una ley de carrera judicial fomentó en jueces y magistra-
dos “el surgimiento de una tendencia o actitud hacia una cultura de verticali-
dad y subordinación, que pone en peligro la independencia de criterio de los jue-
ces y magistrados y, por lo tanto, el derecho a ser juzgado en forma imparcial”.
285
2638.
Desde 1954 el anticomunismo influyó notablemente en la integra-
ción del Organismo Judicial, aumentando su dependencia del Ejecutivo,
114
281 Esto se refleja en la opinión pública: en encuestas recientes sobre la justicia, sólo el 6% de entre-
vistados opinó que los tribunales no favorecen a los ricos y poderosos (es decir, el 94% de la po-
blación encuestada considera que la justicia favorece solamente a los ricos y poderosos). Encues-
ta citada por Luis Pásara, “La justicia en Guatemala”, Diálogo, FLACSO, Guatemala, No. 3, año
2, marzo 1998, pg. 4.
282 Comisión de Fortalecimiento de la Justicia, constituida por el Acuerdo Gubernativo No. 221-97,
según lo previsto en el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en
una Sociedad Democrática.
283 Comisión de Fortalecimiento de la Justicia, Una nueva justicia para la paz, informe final, mayo
de 1998.
284 Ibid., pg. 150.
285 Ibid., pg. 22.
en perjuicio de la tutela de los derechos humanos. La Junta de Gobierno
decretó la “depuración” de funcionarios en los organismos ejecutivo, legis-
lativo y judicial, para lograr la “erradicación del comunismo”.
286
Esta políti-
ca se repetiría en los subsiguientes gobiernos militares: Peralta Azurdia
también depuró el Organismo Judicial de elementos comunistas. Ríos
Montt creó tribunales ad hoc para juzgar “delincuentes subversivos”, pero,
además, el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo planteó la necesidad
de “reformas administrativas, funcionales y jurídicas de la estructura y funcio-
namiento de los órganos del Estado [que], valiéndose de las correspondientes ra-
mas del poder público ... coordinará e integrará los planes y programas anti-
subversivos a nivel de los organismos políticos del país”.
287
2639.
Junto al anticomunismo, que actuaba como elemento ideológico,
la política contrainsurgente influyó también en que la generalidad de los
jueces asumiera un concepto de su propia función subordinado a las actua-
ciones del Gobierno, a fin de posibilitar la represión rápida y eficaz de los
opositores políticos.
288
Esta real subordinación o sumisión de los tribuna-
les a los designios del poder ejecutivo se manifestó más claramente a par-
tir de 1966, cuando se instauró, de hecho, un sistema punitivo ilegal, que
imponía a las víctimas sanciones extrajudiciales, sin respetar ninguna de las
garantías procesales.
Un oficial del Ejército admitió en este sentido: “El Ejército sintió
que estaba conduciendo solo el enfrentamiento contra la guerrilla.
El procedimiento, ese era el sentimiento de nosotros, fue que para
qué voy a capturar a un guerrillero si no lo puedo llevar a un jui-
cio, si no va a haber nadie que se ponga contra él. Es mejor tenerlo
muerto que vivo porque quizás el tribunal lo va a poner libre en 15
días. Lamentablemente esta fue mi visión, nunca se nos pasó la idea
de capturarlos y llevarlos a un tribunal, nunca lo pensamos. En to-
do caso, cuando se le capturaba el procedimiento fue hablar con él
y sacarle información y, dependiendo de lo que supiera, se quedaba
en el Ejército. La mayoría sí es posible que fuera ejecución extraju-
dicial”.
289
2640.
La falta de acceso a la justicia se ha acentuado por la barrera del
idioma y las diferencias culturales. La Comisión de Fortalecimiento de la
Justicia ha destacado esta circunstancia.
115
286 Decreto 17 de la Junta de Gobierno.15 de julio de 1954.
287 Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo. 1982.
288 Ibid.
289 Testigo directo CEH. (T.C. 92).
“La población indígena del país debe afrontar la barrera lingüística
para ejercer su derecho de petición ante el sistema de justicia, a lo que
debe sumarse que su vida en comunidad se basa, en algunos casos, en
principios distintos a los impuestos por las leyes que responden a una
sola cultura”.
290
2641.
Hasta 1994 las leyes internas no reconocieron la obligación de pro-
porcionar intérpretes, ni se contemplaba la obligación de transcribir las di-
ligencias al idioma maya. Estas circunstancias trajeron como consecuencia
que grandes sectores de la población no gozaran del efectivo derecho de de-
fensa y de petición ante los tribunales, favoreciendo la manipulación de las
declaraciones de las víctimas, testigos e imputados, propiciando el temor
de la población de acercarse a los tribunales.
2642.
Sumado a la barrera lingüística se agrega el factor de discrimina-
ción racial: de hecho solamente la mitad de la población recibe igual tra-
to ante los juzgados.
291
No existían jueces indígenas, ni siquiera en aque-
llos departamentos como Totonicapán, Alta Verapaz o Quiché —entre
otros—, en donde la mayor parte de la población es indígena.
2643.
A lo anterior debe agregarse la inexistencia o debilidad de los siste-
mas de defensa pública o de asistencia legal gratuita para personas indigen-
tes o de escasos recursos.
292
Por otra parte, los abogados particulares se re-
husaban a llevar casos de violaciones a derechos humanos por temor a re-
presalias, por lo que las víctimas y sus familiares no contaban con la posi-
bilidad de obtener el auxilio profesional requerido para ejercer sus derechos
en juicio.
2644.
Por tanto, las condiciones estructurales de la justicia en Guatema-
la crearon un obstáculo para acceder a la tutela judicial efectiva de los de-
rechos de la población. El escaso número de juzgados, su lejanía de las co-
munidades, la barrera lingüistíca, la falta de asesoría legal y el desconoci-
miento de las leyes del país, fueron condiciones estructurales que configu-
raban un régimen de denegación de justicia.
2645.
La falta de asignación de recursos económicos suficientes,
293
provo-
có una importante deficiencia numérica de juzgadores privando a vastas
regiones del país de la posibilidad material de acceso a la justicia. A la es-
casa asignación de recursos se debe agregar la incapacidad de planificación
116
290 Informe final de la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia, pg. 181.
291 “La Justicia en Guatemala”, Diálogo, Ob. cit. pg. 3. Encuestas acerca de la cultura democrática de
los guatemaltecos realizadas por Development Associates, Inc., la Universidad de Pittsburgh y
ASIES en 1993, 1995 y 1997.
292 Hasta 1994 no existía servicio de defensa pública en el país.
293 Es apenas hasta 1985 que la Constitución fijó una asignación presupuestaria para la justicia. Pe-
se a ello, la Corte Suprema ha indicado que “La suma resultante viene a ser escasa como su entrega
no siempre deviene oportuna”, plan de modernización del Organismo Judicial, pg.18.
y administración del propio Organismo Judicial. La ausencia del Organis-
mo Judicial posibilitó el surgimiento de una “justicia paramilitar”, contro-
lada por los oficiales de asuntos civiles, las Patrullas de Autodefensa Civil
y los comisionados militares.
2646.
Numerosos testimonios recibidos por la CEH dieron cuenta de es-
ta realidad y permitieron establecer, con certeza, que en el desarrollo del
enfrentamiento armado interno la debilidad del sistema judicial se acentuó
progresivamente, debido a que la inmensa mayoría de sus integrantes se
plegó, por adhesión o temor, a los requerimientos impuestos por el mode-
lo de seguridad nacional imperante. Ello determinó que los tribunales to-
leraron y ampararon la impunidad de graves violaciones de derechos hu-
manos que la propia Constitución de Guatemala garantizaba, con lo cual
perdieron toda credibilidad como garantes de la legalidad vigente.
2647.
Debido a lo expuesto, la mayoría de las víctimas de violaciones de
derechos humanos, especialmente en las zonas rurales, no las denunciaban
judicialmente. El sentimiento frecuentemente expresado a lo largo del con-
flicto armado, era:
“Nunca pusimos la denuncia pues la gente nos decía que si lo hacía-
mos, el Ejército enviaría a la G-2 y nos harían lo mismo que a
ellos”.
294
En otros casos, cuando se quiso poner la denuncia, alguna
gente dijo que no se metieran en líos y mejor enterraran a los muer-
tos, pues si no nos veríamos afectados todos”.
295
La justicia entre 1954 y 1966
Garantías para la independencia
e imparcialidad del Organismo Judicial
2648.
El Gobierno de Castillo Armas “depuró” el Organismo Judicial.
Los jueces considerados “comunistas” fueron separados de sus cargos.
296
Pos-
teriormente, la Constitución de 1956 confirió la designación de los magis-
trados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones al
Congreso de la República, que, por cierto, se encontraba en situación de
subordinación respecto al Organismo Ejecutivo. El control ideológico en
la selección de jueces y magistrados se facilitaba con la consulta a los regis-
tros de personas que hubiesen participado en actividades consideradas co-
munistas del Comité de Defensa Contra el Comunismo. La circunstancia
117
294 C 7272. 1983. San Marcos, San Marcos.
295 C 7092. 1992. Santa Eulalia, Huehuetenango.
296 Decreto 17 de la Junta de Gobierno, julio de 1954.
de figurar en ese registro constituyó una grave presunción de peligrosidad
y antecedente de varias ejecuciones arbitrarias.
2649.
Con el objetivo de lograr una efectiva represión de todas las activi-
dades “comunistas”, Castillo Armas hizo adoptar una nueva legislación. Pa-
ra tal efecto, entre 1954 y 1966, se dictó un conjunto de leyes que supri-
mieron o limitaron atribuciones propias de los tribunales civiles, o que tu-
vieron efectos negativos en la tutela judicial de las garantías constituciona-
les. El 19 de julio de 1954 la Junta de Gobierno mediante el Decreto 23
creó el Comité de Defensa Contra el Comunismo, organismo extrajudi-
cial con facultades para ordenar en toda la República la captura de los ele-
mentos sindicados de comunistas, sin precisar cargos y por tiempo indefi-
nido. Por su parte, el Decreto 34 del 28 de julio de 1954 estableció como
medidas de seguridad contra personas dedicadas a actividades comunistas,
las siguientes: la detención, la libertad vigilada, la residencia forzosa y la ex-
pulsión de extranjeros. Además, se confirieron facultades jurisdiccionales a
órganos administrativos del Ejecutivo, los cuales quedaron instituidos co-
mo tribunales ad hoc para combatir el comunismo.
2650.
Finalmente, la Ley de Defensa de las Instituciones Democráticas,
promulgada en 1961 mediante el Decreto 14-24 del Congreso de la Re-
pública, confirió a los tribunales militares competencia para juzgar a civi-
les. Esta situación continuó durante el período de Peralta Azurdia y no es
sino hasta la promulgación de la Constitución de 1965 que se limita la
competencia de los tribunales militares para juzgar a civiles sólo en el caso
de dirigentes o cabecillas de movimientos armados. La superación defini-
tiva de esta impropia extensión de la jurisdicción militar al juzgamiento de
civiles se producirá con la Constitución política de 1985.
2651.
El 24 de Agosto de 1954 se emitió el Decreto 59, denominado Ley
Preventiva Penal Contra el Comunismo, en virtud del cual se proscribe el
comunismo y toda actividad considerada de este signo. Poco más tarde, el
27 de septiembre de 1954, en virtud del Decreto 99, se instauró la pena
de muerte a quienes participaran en actividades de resistencia susceptibles
de ser consideradas “comunistas”.
297
2652.
Esta legislación anticomunista otorgó pretexto formal a la persecu-
ción política de personas estigmatizadas por su posición ideológica y con-
figuró una suerte de sistema penal basado no en la determinación de con-
ductas objetivas, sino en la personalidad del eventual sujeto activo del de-
lito, constituida por su supuesta filiación política, sindical e, incluso, reli-
giosa, y que bastaba, por sí misma, para presumir la “peligrosidad” de aquél.
118
297 Un abogado comenta la forma en que se aplicaba esta ley: “La violencia comenzó a la caída de Ar-
benz, con Castillo Armas, crearon un comité anticomunista en donde tenían listas de las gentes que te-
nían que matar y efectivamente, sobre todo en el interior de la República, hicieron una de matanzas
selectivas de dirigentes que fue en donde comenzó en realidad ese sistema”. Testigo Directo CEH (TC-
77). Abogado laboralista, ex Ministro de Trabajo.
Además, en la aplicación de esta legislación, se juzgaron eventuales acciones
cometidas con antelación a su promulgación, violándose el principio de no
retroactividad de la ley, reconocido por la Constitución de 1956. Los tribu-
nales aplicaron esta legislación sin reparar en los señalados vicios jurídicos.
2653.
A raíz del golpe de Estado de Peralta Azurdia, en 1963, se emitie-
ron nuevas leyes contrasubversivas. Entre ellas vale mencionar el Decreto
Número 1 de ese año, el cual estableció que todos los delitos serían juzga-
dos y sancionados por los tribunales militares. La Ley de Defensa de las
Instituciones Democráticas (LDID),
298
que sustituyó al Decreto 1424 del
Congreso, estableció penas severas para los delitos de terrorismo y sabota-
je; esta ley se promulgó el 10 de abril de 1963.
299
2654.
Los tipos penales establecidos en esta última ley eran de tal vague-
dad, que abrían el camino a cualquier detención o proceso arbitrarios. Por
ejemplo, se sancionaba con penas de cárcel la circulación de cualquier ma-
terial o propaganda que se estimase comunista y visitas a países con gobier-
nos comunistas. El cuerpo legal radicaba la competencia para juzgar estos
delitos, cometidos por civiles, exclusivamente en los tribunales militares, y
establecía que el Ministerio de la Defensa se encargaría del registro de per-
sonas y entidades “comunistas”.
Violaciones al debido proceso
2655.
Se confirió facultades a las fuerzas de seguridad, para detener sin
previa orden judicial a cualquier persona sospechosa de ser comunista, lo
que dio lugar a una permanente arbitrariedad.
“Los gobiernos después de Castillo Armas fueron prácticamente de re-
presión. De tal manera que la generación nuestra, el grupo, a cada ra-
to rumoreaba que iba a haber algo, había redada, ya todos andaban
con su cepillo de dientes en la bolsa y una pastita chiquita de dientes,
listos para la cárcel, era matemático...”
300
2656.
Esta legislación de inspiración ideológica fue utilizada, en multitud
de ocasiones sobre la base de acusaciones falsas, como represalia contra di-
rigentes sindicales, quienes no tuvieron la oportunidad de someterse a los
tribunales civiles.
“Yo era secretario ... del sindicato de trabajadores de una finca en Es-
cuintla. Habíamos logrado mejores prestaciones para los trabajadores,
119
298 Decreto Ley 9 del 10 de abril de 1963, Ley de Defensa de la Institución Democrática.
299 Las medidas adoptadas seguían al pie de la letra los manuales militares, que prescribían que para
lograr una acción directa contra los elementos subversivos la autoridad legal debe: “investirse de
los poderes legales necesarios para poder actuar en forma directa contra el movimiento subversivo”.
300 Testigo directo CEH. (T.C. 15). Estudiante univesitario de la época.
entonces el patrono buscó la forma de destruirnos … El
administrador puso güaro clantestino en las puertas de la casa y
manojos de propaganda del EGP y de la FAR adentro del local del
sindicato … Mediante esas mañas pudo disolver al sindicato y decep-
cionar a los afiliados, mediante la presión y el miedo. Yo estuve tres
meses y quince días preso ... acusado del delito de propaganda subver-
siva ... El juicio se llevó en la Auditoría de Guerra en la capital.
Cuando declaramos en la Auditoría de Guerra, dijimos que era una
injusticia, que nos tenían presos porque teníamos ganado un conflic-
to laboral al patrono por más de Q20,000...”
301
2657.
En general, las personas sometidas a esta legislación cuya aplicación
estaba sustraída del ámbito de los tribunales de justicia civiles, permane-
cían en prisión preventiva durante varios meses, lo cual originó, además,
sobrepoblación carcelaria.
“En el cuarto en que nos encerraron dormíamos como cuarenta, unos
encima de otros, yo dormía bajo la cama del encargado de cua-
dra...”
302
2658.
Por lo demás, en la época que va desde la instalación del Gobier-
no liberacionista hasta el de Peralta Azurdia, el Organismo Ejecutivo adop-
tó, progresivamente, una serie de medidas legislativas que confirieron a las
autoridades administrativas atribuciones que, según la tradición jurídica,
deben radicar en los tribunales.
2659.
Entre esas medidas se cuentan, por ejemplo, la disolución de de-
terminadas asociaciones, como el caso de organizaciones sindicales que ca-
recieron del derecho a la defensa en juicio,
303
lo cual mereció la reproba-
ción de la OIT,
304
o de partidos políticos.
305
Violaciones a los recursos para la protección
de los derechos fundamentales
Habeas corpus
2660.
El habeas corpus fue un recurso efectivo solamente durante los pri-
meros años del enfrentamiento armado interno. Un porcentaje significati-
vo de las personas consignadas por supuestos delitos políticos, recobraron
120
301 Víctima C13133. Marzo, 1962, Escuintla.
302 Víctima C13134. Marzo, 1962, Guatemala.
303 Decreto número 48 de la Junta de Gobierno, de fecha 10 de agosto de 1954.
304 Informe del Comité de Libertad Sindical. Caso 144. Boletín Oficial, Vol. XXXIX, No. 4, 1956,
pg. 362.
305 5 de febrero de 1965.
su libertad por recursos de habeas corpus. Por ejemplo, después del alza-
miento del 13 de noviembre de 1960 se presentaron numerosos recursos
de exhibición personal que sirvieron para hacer cesar torturas o malos tra-
tos.
306
También ante la detención ilegal de un grupo de dirigentes sindica-
les fueron interpuestos diversos recursos de habeas corpus por FASGUA
307
,
los cuales permitieron la iniciación de un proceso judicial.
2661.
Pero la moderada efectividad del recurso de exhibición personal
desapareció a partir de 1966. A partir de entonces, las autoridades, desco-
nociendo la atribución judicial del habeas corpus, se negaron a poner a los
prisioneros a disposición de los jueces y los recursos se tornaron indefecti-
blemente ineficaces.
2662.
La decisión gubernamental de utilizar la desaparición forzada de
personas como medida represiva, produjo, entre uno de sus muchos efec-
tos, el fracaso definitivo de las solicitudes de habeas corpus, como lo eviden-
ció el caso conocido como de los 28.
308
Frente a esta gravísima violación de
derechos humanos se interpusieron 2,000 recursos de exhibición personal,
pero sólo unos pocos fueron declarados con lugar
309
y, en estos casos, las di-
ligencias practicadas no depararon los resultados que se esperan de esta
centenaria institución jurídica de salvaguarda del derecho a la libertad y la
integridad personales. En su inmensa mayoría, los recursos fueron declara-
dos improcedentes por los jueces.
310
Esta uniforme actitud de los juzgado-
res, en el caso de los 28 anunciaba lo que sería, en el futuro, la denegación
sistemática de los recursos de exhibición personal y la objetiva indiferencia
judicial ante la suerte de miles de detenidos desaparecidos.
2663.
El escándalo público ocasionado por esta gravísima situación, obli-
gó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y otros jueces a con-
vocar a una reunión con los familiares de las víctimas para darles una ex-
plicación. Pero, en la reunión misma, no sólo no hubo explicación sino
que, ante los reclamos de los familiares, los integrantes de la Corte Supre-
ma de Justicia optaron por retirarse.
Un familiar les dijo: “Vemos con muchísima pena que ustedes se retiran,
sin siquiera explicarnos qué se ha hecho para localizar a nuestros parientes. Les
pedimos que se pongan en nuestro lugar”.
311
2664.
La respuesta no fue dada por los magistrados de la Corte Suprema
de Justicia, pues ya se habían retirado, sino por un juez, quien explicó que
“se habían agotado todos los recursos para dar con los desaparecidos y que el
121
306 REMHI, Guatemala: nunca más, tomo III, pg. 29.
307 Federación Autónoma Sindical de Guatemala. Caso 13335. Escuintla, 1962.
308 CI 68. 1966. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
309 El Imparcial, 23 de junio de 1966.
310 El Imparcial, 23 de marzo de 1966. Sólo unas pocas personas fueron encontradas. Un recurso in-
terpuesto ante la Corte Suprema de Justicia sirvió para encontrar a otras dos personas.
311 Prensa Libre, 9 de mayo de 1966.
Gobierno informaba que no había detenidos políticos”. Los familiares, basa-
dos en lo establecido en las leyes, pidieron entonces a los jueces que se
constituyeran en los centros de detención de la Policía para indagar por las
víctimas.
Al momento, la juez Ana María Vargas contestó: “Sepan que cuando se
solicita la exhibición de un reo, los jueces nos concretamos a practicar la dili-
gencia de visitar las cárceles, a fin de establecer si están o no en esas cárceles y
comprobar su estado físico y la consignación respectiva. Pero si un juez llega a
una detención y niegan a un reo, o lo escamotean sacándolo por otra puerta o
lugar, ¿qué podemos hacer en ese caso? Nosotros no tenemos jurisdicción sobre
las policías; es el Ministro de Gobernación el que las manda”.
312
2665.
Esta fue la respuesta judicial a un hecho que causara grave conmo-
ción pública. A partir de ese momento, por decisión del Gobierno y con
la tolerancia de los tribunales, nunca más un prisionero político no com-
batiente sería exhibido ante un juez o entregado a la justicia civil para ser
sometido a proceso legal.
Recursos de amparo
2666.
Hasta principios de los años sesenta era frecuente utilizar recursos
de amparo para la protección rápida de otros derechos fundamentales.
Aunque, en algunos casos, estos recursos fueron efectivos, la mayoría de
ellos, que favorecían a personas o instituciones identificables como oposi-
toras o críticas a los gobiernos, fueron rechazados por los tribunales. Por
ejemplo, un recurso de amparo a favor del diario El Imparcial fue acogido
luego que el Gobierno había prohibido su circulación.
313
Sin embargo, en
1961, un amparo basado en el hostigamiento contra el periódico El Estu-
diante
314
fue denegado por la Corte Suprema de Justicia, debido a “falta de
prueba”, aunque conforme a la legislación en vigor ese tribunal debía rea-
lizar las investigaciones.
2667.
Tampoco fueron efectivos los amparos interpuestos ante los tribu-
nales en favor de personas que habían sido expulsadas del país. Por ejem-
plo, Baltasar Aldana Archila
315
fue expulsado por cuatro agentes del Depar-
tamento de Investigaciones Especiales (DIE) a México y la Corte Suprema
de Justicia declaró improcedente el amparo, pese a la abierta ilegalidad de
la expulsión. Lo mismo ocurrió en otros casos, aún más conocidos, como
la deportación de dirigentes políticos contrarios al ydigorismo, en 1962.
316
122
312 Prensa Libre, 9 de mayo de 1966.
313 REMHI. Guatemala: nunca más, tomo III. pg. 29.
314 Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, 27 de julio de 1961, Gaceta de los Tribunales, julio a
diciembre de 1961, pgs. 219 y siguentes.
315 Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, 13 de octubre de 1961, Gaceta de los Tribunales. julio
a diciembre de 1961, pgs. 243 y siguientes.
316 Véase Gaceta de los Tribunales, primer y segundo semestre de 1962.
2668.
En todos estos casos la Corte Suprema de Justicia se limitó a pedir
informes a las autoridades del Ejecutivo, acatando sin mayor discernimien-
to la versión de que no se habían girado órdenes de expulsión de dichos
ciudadanos. La gran cantidad de personas involucradas y la publicidad de
estos acontecimientos, obliga a concluir que los fallos denegatorios de la
Corte Suprema de Justicia constituyeron, en sí mismos, violaciones de de-
rechos humanos, en particular el derecho a la tutela judicial, con la finali-
dad de favorecer la política represiva del Gobierno, apartándose del prin-
cipio de independencia judicial, propio de un Estado de Derecho.
Incumplimiento del deber de investigar
y sancionar las violaciones a los derechos humanos
2669.
Los tribunales no investigaron ningún delito de torturas infligidas
a los presos políticos, práctica que fue común luego del alzamiento militar
del 13 de noviembre de 1960 y el surgimiento de la guerrilla: la investiga-
ción solicitada en 1961 por los partidos políticos de oposición nunca ob-
tuvo respuesta.
317
Más aún, cuando, a comienzos de 1964, 91 políticos en-
carcelados en la Penitenciaría Central se declararon en huelga de hambre,
para protestar por las torturas que les imponía el subdirector de ese esta-
blecimiento,
318
no se inició ninguna investigación judicial.
2670.
Análoga denegación de justicia ocurrió en las situaciones de desa-
pariciones forzadas, penalmente constitutivas del delito continuado de se-
cuestro. Por ejemplo, en el caso de los 28, ya mencionado, los jueces po-
seían suficiente información para poder iniciar un proceso contra las fuer-
zas de seguridad responsables de las detenciones. Por ejemplo, el señor Jo-
sé Braulio Romero Fuentes, uno de los pocos liberados en virtud de un re-
curso de exhibición personal,
319
relató que “fue compañero de celda de Fer-
nando Arce Behrens, a quien aplicaron horribles torturas”.
320
También en el
recurso de exhibición en favor de Iris Yon Cerna
321
tres detenidas declara-
ron que la habían visto en el Departamento Judicial.
“Durante el día domingo 6 del corriente [marzo de 1966] ...
constándoles [que la] llamaban en una lista ... no pudiendo asegurar
si la torturaron o no, ya que pusieron una música a alto volumen pa-
ra evitar que se escuchara si torturaban o no”.
322
123
317 Prensa Libre, enero de 1961, pgs. 25 y 26.
318 Prensa Libre, enero de 1964, pgs. 15 y 18.
319 Recurso de exhibición personal ante el Juez Tercero de Instancia de lo Criminal, el 5 de marzo.
Y con Cándida Palacios, en la Policia Judicial, el 8 de marzo. Fue liberado el 18 de abril de 1966.
320 Declaración en acta notarial ante el licenciado Fernando Valenzuela.
321 El juez declaró improcedente el recurso, en contra de las constancias procesales.
322 Expediente de exhibición personal, acta de fecha 11 de marzo de 1966.
2671.
Ninguno de estos y otros antecedentes fueron nunca considerados
por los tribunales para determinar el paradero de los desaparecidos. Sobre
la base de estas y otras pruebas los familiares de las víctimas iniciaron un
proceso penal por los delitos de plagio, abusos contra particulares y tortu-
ra, pero el juez se negó a continuar conociendo el caso,
323
argumentando
cuestiones de competencia. El nuevo juez no realizó las diligencias solici-
tadas, la apelación principal nunca fue resuelta por los tribunales superio-
res y el caso se encuentra paralizado desde entonces.
324
2672.
Para afianzar a futuro la situación generalizada de denegación de
justicia con la consecuente impunidad, antes de finalizar el Gobierno de
Peralta Azurdia la Asamblea Nacional Constituyente emitió un decreto de
amnistía que favorecía a los miembros del Ejército y la Policía Nacional y
cubría todos los delitos que hubiesen cometido entre “el 3 de julio de 1954
y el 28 de abril de 1966”. Esta amnistía fue otro mecanismo para evitar la
investigación y el proceso por la desaparición de los 28.
La justicia durante la vigencia de la Constitución de 1965
2673.
Como se esbozó en el capítulo primero de este Informe, a partir
del “pacto secreto” entre el presidente Méndez Montenegro y el Ejército, el
terrorismo con motivaciones políticas y la violencia de Estado ya no fue-
ron considerados por los jueces y tribunales como materias bajo la compe-
tencia de la justicia criminal. En consecuencia, los tribunales, de hecho,
abdicaron a ejercer sus atribuciones en el ámbito de las operaciones de con-
trainsurgencia, aunque ellas contemplaran la comisión de delitos, e inclu-
so en la investigación y sanción de actos criminales ejecutados por los de-
nominados escuadrones de la muerte.
Garantías para la independencia
e imparcialidad del Organismo Judicial
2674.
La Constitución de 1965 confirió al Congreso de la República la
elección del presidente del Organismo Judicial, los magistrados de la Cor-
te Suprema de Justicia, de la Corte de Apelaciones, de los tribunales de lo
contencioso administrativo, de segunda instancia de cuentas y de conflic-
tos de jurisdicción. La Corte Suprema de Justicia se encontraba integrada
por siete magistrados. El presidente del Organismo Judicial era, al mismo
tiempo, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pero la elección del
presidente de la Corte Suprema de Justicia por el Congreso se convirtió en
un acto puramente formal, pues en la realidad era el Presidente de la Re-
pública quien decidía esa elección, debido al control que ejercía sobre los
124
323 En resolución de fecha 28 de julio de 1966.
324 Anexo al CI 68. Documento desclacificado de la CIA, marzo, 1966.
bloques parlamentarios. Esta relación especial entre los presidentes del Eje-
cutivo y del Organismo Judicial quedó evidenciada cuando, en 1978, el
nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia agradeció públicamen-
te
325
al Presidente de la República —y no al Congreso— por su nombra-
miento.
2675.
La Constitución asignaba al presidente de la Corte Suprema la ad-
ministración y la supervisión disciplinaria de todos los tribunales de la Re-
pública (artículos 242 y 249 de la Constitución). Pero, como no existía
una ley de carrera judicial que velara por el principio de la inamovilidad,
tipificara las faltas y señalara las sanciones, las facultades disciplinarias de
que estaba investido el presidente de la Corte Suprema fueron ejercidas,
muchas veces, en forma abusiva, es decir, interfiriendo en lo sustantivo de
la actuación judicial, afectando, de paso, la independencia interna de los
jueces, el principio de legalidad y el derecho a la defensa.
2676.
Por ejemplo, en el proceso judicial seguido por la ejecución arbi-
traria del padre Stanley Rother,
326
luego de que varias personas fueran con-
denadas en primera instancia como responsables del hecho, fueron absuel-
tas después de que la secretaría general de la Junta Militar enviara un ofi-
cio a la secretaría de la Presidencia del Organismo Judicial señalando que
“los imputados se encontraban en prisión injustamente [y] ... solicitando se or-
denara su libertad”, mencionando que el caso se encontraba en la Sala No-
vena de la Corte de Apelaciones. Efectivamente la Sala Novena revocó la
condena en sentencia del 17 de mayo de 1982.
327
Aunque los favorecidos
eran efectivamente inocentes, fue la gestión del Ejecutivo y el eco que ella
tuvo en la presidencia de la Corte Suprema lo que permitió la revocación
de la sentencia condenatoria.
2677.
Otro ejemplo que ilustra la subordinación del Organismo Judicial
al Ejecutivo es la instrucción de un proceso penal contra la familia Colom
Argueta, por el delito de desacato a la autoridad, a raíz de denuncias pú-
blicas formuladas por dicha familia luego del asesinato de Manuel Colom
Argueta,
328
en el sentido de que integrantes del Ejército estaban involucra-
dos en el crimen. La rara diligencia mostrada, en este caso, por los tribu-
nales, violaba disposiciones de la Ley de Libertad de Emisión del Pensa-
miento que impedían juzgar y condenar a las personas que formulaban de-
nuncias públicas contra funcionarios gubernamentales.
125
325 María Eugenia Villaseñor, “Myrna Mack y su encuentro con la justicia”, Fundación Myrna Mack,
primera edición, septiembre de 1994, pg. 15.
326 CI 12. 1980-1982. Sololá.
327 Ibid. Oficio del 30 de abril de 1982 de la secretaría de la Junta de Gobierno. Igualmente, las pre-
siones de la Embajada Americana para soltar a los condenado se encuentran en un documento
desclasificado donde se indica que “después del cambio de gobierno en marzo de 1982, y a pedido
del embajador de EEUU, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala accedió revisar
la decisión de la corte inferior. En mayo 17, una Corte de Apelaciones revirtió la condena”.
328 CI 65. Enero y Marzo 1979. Ciudad de Guatemala.
2678.
Durante los 17 años que estuvo vigente la Constitución, en mu-
chas oportunidades fueron suspendidos los derechos y garantías constitu-
cionales, en virtud de la declaración infundada de los estados de emergen-
cia, lo cual significó al Ejecutivo asumir, con frecuencia, atribuciones que
normalmente corresponde ejercer a los tribunales, con lo cual, además de
aumentar las violaciones de derechos humanos, se acrecentó la debilidad
del sistema judicial.
2679.
Ejemplo de este fenómeno fueron, en el contexto de la casi perma-
nente suspensión de garantías constitucionales durante el Gobierno de
Arana Osorio, el Decreto Gubernativo 4-70, de fecha 11 de diciembre de
1970, que facultó al Organismo Ejecutivo para intervenir y disolver cual-
quier organización, asociación o entidad, tuviera o no personalidad jurídi-
ca, que realizara “actos subversivos o contrarios al orden público”, y la refor-
ma a la Ley de Orden Público, de fecha 13 de noviembre de 1970, que
amplió aún más las atribuciones del Poder Ejecutivo y las fuerzas armadas,
durante los estados de excepción.
2680.
El diputado Oscar Adolfo Mijangos se opuso a la aprobación de las
reformas de esta última ley y a las prórrogas del estado de sitio.
329
En espe-
cial, Mijangos denunció la atribución al Ejecutivo de facultades propias de
los tribunales. En una de sus intervenciones ante el pleno del Congreso, se-
ñaló: “Ellos [el Gobierno] califican qué es falta al orden público … qué es
subversivo y de ahí a la intervención o a la disolución de la municipalidad, de
la Universidad o de los sindicatos, no hay más que un milímetro”.
330
En espe-
cial se opuso a la suspensión temporal del recurso de amparo, contempla-
da en la reforma a Ley de Orden Público. Adolfo Mijangos López fue ase-
sinado el 13 de enero de 1971.
Violaciones al debido proceso
2681.
La Constitución de 1965 prohibió que de los civiles fueran juzga-
dos por los tribunales militares, salvo “cuando sean jefes o cabecillas de accio-
nes armadas contra los poderes públicos”.
331
La Constitución también estable-
ció las garantías judiciales indispensables de un debido proceso en una so-
ciedad democrática.
2682.
No obstante lo anterior, como se ha reseñado, en esta época se ins-
tauró, en la práctica, un sistema punitivo ilegal y paralelo, objetivamente
tolerado por el Organismo Judicial, que transformó en letra muerta aque-
llas garantías y se tradujo en el castigo extrajudicial de los opositores polí-
ticos y de los miembros de los movimientos insurgentes. No se conocen,
126
329 CI 100. Enero 1971. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
330 Ibid.
331 Artículo 259 de la Constitución.
en esta época, procesos judiciales incoados por autoridades judiciales con-
tra miembros de las fuerzas insurgentes.
2683.
Es una circunstancia establecida que, al finalizar el Gobierno de
Méndez Montenegro, el sistema de justicia no actuaba en la persecución
de delitos de tipo político o vinculados al enfrentamiento armado. La ex-
cusa política a esta situación de abierta ilegalidad era la incapacidad de los
tribunales para hacer frente al terrorismo. Además, esa excusa sirvió para
que el presupuesto del Organismo Judicial nunca fuera incrementado, con
la consecuente ausencia de tribunales en numerosos municipios del terri-
torio nacional y, en general, la carencia de recursos materiales y humanos
para cumplir sus funciones.
2684.
La CEH, tomando en consideración estas circunstancias, deja es-
tablecido que, durante el período comprendido entre los años 1966 y
1982, debido a la omisión sistemática de persecución legal de los delitos
políticos o conexos y a su sustitución por la represión criminal, se vivió una
situación de violación sistemática del derecho al debido proceso penal. Es-
ta violación institucionalizada fue tolerada por los tribunales de justicia.
Un ex vicepresidente de la República admitió, públicamente, aquella
situación: “El Ejército estaba desmoralizado por los guerrilleros el año pasado
hasta que organizamos la Mano Blanca ... En la eliminación sistemática de
guerrilleros una serie de injusticias han sido cometidas ... algunos cientos de
personas han sido asesinados, pero entre enero y marzo [1967] los guerrilleros
han sido casi eliminados completamente del Oriente guatemalteco. El terroris-
mo de la guerrilla ... ha forzado a adoptar un plan de completa ilegalidad, pe-
ro que ha tenido resultados”.
332
2685.
En otro ámbito, numerosas violaciones de derechos humanos y he-
chos de violencia vinculados al enfrentamiento armado interno tuvieron
origen o se relacionaron con violaciones al debido proceso, cometidas por
jueces del ramo civil en situaciones relacionadas con la propiedad de la tie-
rra, en particular casos de titulación supletoria.
2686.
La masacre de Panzós
333
muestra de forma patente esta falta de res-
puesta del sistema judicial para proteger el derecho a la propiedad de los
campesinos q’eqchi’. Los campesinos indígenas protestaban contra los pro-
cedimientos ilegales que conducían a la usurpación de sus tierras comuna-
les por parte de terratenientes. Tras la masacre, el Gobierno admitió públi-
camente que “la falta de un sistema eficiente de control inmobiliario ha dado
lugar a los múltiples problemas de tenencia de la tierra, problemas registrales y
toda una serie de contradicciones en relación a este básico factor”.
334
127
332 Vicepresidente de la República de Guatemala de la época, citado por Norman Gall, “Guatema-
lan Slaughter”, NY Review of Books, 20 de mayo de 1971.
333 CI 09. Mayo 1978. Alta Verapaz.
334 Diario de Centroamérica, 22 de junio de 1978.
2687.
Aunque en este tipo de procesos la ley exigía citar a los vecinos
propietarios de los terrenos colindantes con el inmueble que se pretendía
titular supletoriamente, en la práctica las citaciones eran omitidas. Ade-
más, en muchos casos, los campesinos q’eqchi’ desconocían los mecanis-
mos de defensa legal para oponerse al procedimiento de titulación suple-
toria, o no contaban con dinero suficiente para contratar un abogado pa-
ra que pudiera defender sus derechos. El propio Gobierno reconoció las
anomalías en los trámites de titulación supletoria y exigió una investiga-
ción sobre “finqueros que han obtenido tierras comunales como en el caso de
la aldea Telemán”.
335
Violaciones a los recursos para
la proteccion de los derechos fundamentales
Habeas corpus
2688.
La Constitución de 1965 estableció un desarrollado catálogo de re-
cursos para la protección de los derechos fundamentales. Pero los jueces y
magistrados, salvo excepciones, no los aplicaron.
2689.
El Artículo 79 de la Constitución de 1965 establecía que “las au-
toridades que ordenaren el ocultamiento del detenido o se negaren a presentar-
lo al tribunal respectivo, o que en cualquier otra forma burlaren la garantía de
habeas corpus, así como los agentes ejecutores, incurrirán en el delito de pla-
gio, serán separados de sus cargos y sancionados de conformidad con la ley”.
2690.
En la práctica, esta garantía no se aplicó. Por ejemplo, el 26 de sep-
tiembre de 1972 fueron capturados los principales miembros del Buró Po-
lítico del PGT:
336
La detención se produjo en una casa situada en la 30 ave-
nida 6-31 de la zona 7 y la presenciaron numerosas personas. El caso apa-
reció publicado en todos los periódicos del país. La detención masiva se
produjo dos días antes del aniversario del PGT. Los familiares de las vícti-
mas presentaron recursos de exhibición personal
337
en varios juzgados y an-
te la corte suprema de justicia, indicando los lugares en que se encontra-
ban encarcelados, pero ninguno prosperó y la policía indicó “que no fueron
detenidos”.
338
128
335 Diario La Hora, 1 de junio de 1978.
336 C 835. Septiembre 1972. Ciudad de Guatemala. Bernardo Alvarado Monzón, Hugo Barrios
Klee, Mario Silva Jonama, Carlos Alvarado Jérez, Carlos René Valle y Valle y Miguel Angel Her-
nández, quienes fueron detenidos junto a la dueña de la casa (Fantina Rodríguez Padilla).
337 La tía de Fantina Rodríguez Padilla lo presentó ante el Juez Segundo, indicando que había sido
detenida en su casa. La señora Gloria Silva presentó un recurso a favor de Mario Silva Jonama,
ante la Corte Suprema de Justicia.
338 El ministro de Gobernación, Roberto Herrera Ibargüen, afirmó que se trataba de un campaña di-
rigida a desprestigiarlo. Explicó: “hay muchas personas desaparecidas por muchas causas. Está el con-
trabando humano. Las personas son llevadas en avionetas por el Golfo de México y si son descubiertas
por las autoridades, las lanzan al mar y es allí donde desaparecen”. Diario La Tarde, 27 de septiem-
bre de 1972.
2691.
Los tribunales sólo solicitaron un informe a la Dirección General
de la Policía Nacional y, en ningún caso, se procedió a inspeccionar los re-
cintos policiales, aceptando sin mayor investigación los informes policiales.
2692.
Sin embargo, existían elementos suficientes para realizar una inves-
tigación eficaz. Los testigos del hecho lograron identificar los números de
placas de los vehículos en los cuales fueron introducidos los detenidos. Los
tribunales no realizaron ninguna investigación sobre este punto. Por su
parte, el Ministro de Gobernación, al ser preguntado al respecto respon-
dió: “Las guerrillas cambian también las placas. Tienen también talleres para
eso. El PGT es un grupo reducido. ¿No estarán levantando otra historieta a los
15 días de haber tomado posesión el nuevo Ministro de Gobernación para
complicarlo o para desacreditarlo?”
339
2693.
En un informe de la Policía,
340
que no fue dirigido a los tribunales
de justicia, sino al Ministerio de Relaciones Exteriores, para dar respuesta
a solicitudes internacionales, se reconoce que los vehículos pertenecían o
eran utilizados por dependencias del Estado, incluyendo al Cuerpo de De-
tectives: “Se dice que tales capturas se efectuaron utilizando los automóviles
placas P-43116, P-43758, O-1962 y P-42680; placas de las que únicamen-
te la última pertenece a este cuerpo, pero la misma ha dejado de circular en ve-
hículos desde el 31 de octubre de 1971 … La placa P-43116 está a cargo de
esa general [el Ministerio de Relaciones Exteriores] y la número O-1962 a
cargo de la SIECA …. Con tales declaraciones se vienen a confirmar más las
sospechas de que etodas estas placas bien pudieron ser falsificadas, si es que en
realidad exisitió tal hecho…”
341
No obstante estas pruebas, los tribunales no
realizaron otras diligencias de investigación.
342
2694.
Otro caso en que fue públicamente admitida la participación del
Estado en la desaparición de la persona y los tribunales no hicieron efecti-
vo el habeas corpus fue el de Fernando Lobo Dubón. Las autoridades, co-
mo era habitual, informaron que no se encontraba detenido. El habeas cor-
pus fue denegado, sin previa investigación de los tribunales y 33 días des-
pués fue liberado por la Policía Nacional.
343
El canciller Adolfo Molina
Orantes reconoció posteriormente que había sido detenido por el Cuerpo
de Detectives y llevado al cuartel general de la Policía Nacional. Estas de-
claraciones fueron públicas. El juez no citó a Molina Orantes a declarar pa-
129
339 Diario La Tarde, 27 de septiembre de 1972.
340 Informe del departamento de detectives, providencia 13332 de fecha 8 de diciembre de 1972.
341 Ibid.
342 En una nota dirigida a la CIDH, de fecha 8 de diciembre de 1972, el Gobierno de Guatemala
“no proporcionó ninguna información completa”. Formuló consideraciones generales acerca de in-
dividuos que se pierden sin dejar rastros y agregó que hay casos referentes a personas “que efecti-
vamente no han desaparecido y otros que sería prolijo enumerarlos en que las investigaciones continúan
y continuarán hasta establecer el paradero de las mismas”. CIDH, resolución de 17 de abril de 1974
(OEA/Ser.L/V/II.32, Doc. 21. rev.1).
343 Inmediatamente buscó asilo en El Salvador.
ra continuar el proceso penal por la detención ilegal. Lobo Dubón marchó
al exilio hacia El Salvador para proteger su vida.
344
2695.
En 1980 se producen varios casos de desaparición forzada de diri-
gentes sindicales. Los dos casos más importantes son el caso de la CNT y
el de la finca Emaús Medio Monte. Los sindicalistas de la CNT fueron
capturados por las fuerzas de seguridad del Estado el 21 de junio de 1980.
Fue pública la presencia de tropas del Ejército y la Policía Nacional en las
inmediaciones de la sede. La novena y décima avenidas estaban rodeadas
por las tropas que habían interrumpido el tráfico vehicular.
345
2696.
Tras la detención de los dirigentes sindicales se presentó un recur-
so de exhibición personal en favor de 31 personas ante la Corte Suprema
Justicia. El 1 de julio el tribunal solicitó informes a los directores de la Po-
licía Nacional y la Guardia de Hacienda, y comisionó a todos los jueces
de primera instancia para que los solicitaran en sus respectivas jurisdiccio-
nes. Sin embargo, el 7 de julio la Corte declaró sin lugar el recurso, por
el sólo hecho de que funcionarios declararon que los sindicalistas no se
encontraban detenidos, violando el derecho a la tutela judicial efectiva de
las víctimas.
2697.
El Juzgado Seis, comisionado para continuar con la investigación
de la simple desaparición, no realizó ninguna diligencia judicial. El Minis-
terio Público tampoco realizó ninguna investigación.
2698.
En los pocos casos en que algún juez decidió hacer efectivo el ha-
beas corpus las represalias fueron comunes. El 24 de agosto de 1980, el
Ejército y fuerzas de seguridad capturaron a otros 17 sindicalistas pertene-
cientes a la CNT y a la Escuela de Orientación Sindical de la Facultad de
Derecho de la USAC. El hecho ocurrió en la finca Emaús Medio Monte,
Escuintla. En este caso se presentaron ambién recursos de exhibición per-
sonal. El juez Jaime Rafael Marroquín Garrido se presentó a una sede de
la Policía Nacional.
“El juez creyó dar con su paradero y, precisamente, en el momento en
que exigía la apertura de un recinto desde donde escuchaba ruidos, le
fue señalado que se le necesitaba en la Dirección General de la Poli-
cía Nacional. A tal solicitud respondió que no obedecía órdenes de la
Policía Nacional y procedió a retirarse del lugar, ya que no se le per-
mitía continuar con la diligencia. Tres días después [el juez Marro-
quín] fue abatido a tiros”.
346
130
344 Amnistía Internacional, informe anual 1977.
345 CI 51. 1982. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
346 M. E. Villaseñor, Myrna Mack y su encuentro con la justicia, pg. 18.
2699.
En ese mismo ataque se dio muerte a Cristóbal Arnulfo Villagrán
Diéguez, quien era secretario del juez Marroquín.
347
El 16 de septiembre
de 1980 se asignaron al juez Héctor Augusto Valdez Díaz los casos de Ma-
rroquín. Valdez Díaz fue ametrallado ese mismo día.
348
2700.
Bajo este clima de amenazas, los pocos jueces y magistrados que
habían tramitado con responsabilidad los recursos de exhibición personal
se abstuvieron de realizar diligencia alguna. Como señala una juez: “El mie-
do fue la enfermedad dominante”
349
que paralizó cualquier intento del Or-
ganismo Judicial por proteger los derechos humanos. No puede dejarse de
mencionar que las altas autoridades judiciales fueron incapaces de prote-
ger la integridad física de jueces y magistrados, que, como Jaime Marro-
quín Garrido y Héctor Augusto Valdez Díaz, habían intentado cumplir
con su función jurisdiccional.
2701.
En conclusión, entre 1966 y 1982 el Poder Judicial, por diversas
causas, la mayor parte de ellas imputables a sus integrantes, y en particu-
lar a la Corte Suprema de Justicia, denegó sistemáticamente el recurso de
habeas corpus y la protección judicial efectiva de las personas ilegalmente
detenidas por las fuerzas de seguridad.
Recurso de amparo
2702.
Durante este período, la inefectividad del recurso de amparo, pro-
tector de otros derechos fundamentales, fue reseñada elocuentemente en
un informe de la Comisión Internacional de Juristas: “Aunque el amparo se
invoca con frecuencia, las decisiones se toman con base en tecnicismos y no so-
bre fundamentos reales del caso; además el procedimiento no se considera pro-
cedente en relación con altos funcionarios del Gobierno. Aunque se trata de un
completo mecanismo legal para la protección de los derechos establecidos en la
Constitución, su aplicación se ve afectada por consideraciones políticas”.
350
Incumplimiento del deber de investigar
y sancionar las violaciones a los derechos humanos
2703.
En 1966 se iniciaron las operaciones de los denominados escuadro-
nes de la muerte. Dichas operaciones fueron anunciadas públicamente a
través de la creación del Frente Nacional Anticomunista, integrado por 15
agrupaciones, para “organizar la autodefensa ante la nueva amenaza del co-
131
347 Organización de Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Infor-
me sobre la situación de los derechos humanos en la República de Guatemala, 1981, OEA/Ser.L-
/V/II.53, pg. 68 y Prensa Libre, 10 de septiembre de 1980.
348 Ibid., pg. 68 y El Gráfico, 17 de septiembre de 1980.
349 María Eugenia Villaseñor, ob. cit., pgs. 14 y15.
350 Informe de la Comisión Internacional de Juristas. Junio 1979. Citado por la CIDH, informe de
1981, pg. 66.
munismo internacional, en vista de que el Gobierno no ha manifestado la me-
nor intención de combatirlo”.
351
2704.
A pesar de las numerosas víctimas cobradas por esos escuadrones,
los tribunales no investigaron a las personas que públicamente habían afir-
mado pertenecer a ellos o apoyarlos. En octubre de 1966 fueron captura-
dos varios dirigentes de la Mano Blanca, acusados de ser los máximos di-
rigentes de esa organización. Se pensó que se les juzgaría por sus acciones
criminales, pero el 10 de noviembre de ese año los tribunales de justicia los
pusieron en libertad por falta de méritos. La violencia criminal de esta or-
ganización continuó en ascenso.
2705.
En 1968 escuadrones de la muerte secuestraron al arzobispo de
Guatemala, monseñor Mario Casariego, con el propósito de responsabili-
zar a las FAR. El secuestro se frustró. Habiéndose imputado el hecho a la
Mano Blanca, dos de sus dirigentes, Raúl Lorenzana Morales y Carlos Pa-
dilla, fueron detenidos, pero ambos fueron asesinados cuando eran trasla-
dados en una patrulla de la Policia Nacional hacia los tribunales, con las
manos esposadas. Los policías que los custodiaban habían abandonado la
radiopatrulla inmediatamente antes del atentado y salieron ilesos. Los tri-
bunales no consignaron a ninguna persona por el asesinato, a pesar de la
sospecha de participación de los custodios en el hecho.
2706.
El 13 de enero de 1971 fue asesinado Adolfo Mijangos López.
352
Su asesinato produjo una enorme consternación pública. Tras el asesinato,
sus familiares exigieron una investigación del hecho y acusaron pública-
mente al presidente Arana Osorio, pero fueron obligados a desistir de ac-
ciones judiciales, mediante amenazas. Los tribunales no realizaron más que
meros actos formales.
2707.
En general, las investigaciones sobre estos crímenes no se realiza-
ban siquiera cuando se contaba con pruebas directas de quiénes eran los
autores. En 1975
353
el agente Lauro Alvarado formuló declaraciones a la
prensa confesando haber intervenido en desapariciones y ejecuciones de
opositores políticos, por órdenes de sus jefes superiores. Entre los casos en
que Alvarado reconoció haber participado, se encontraba la detención y
asesinato de González Juárez y sus compañeros.
354
A pesar de formales so-
licitudes para suspender la ejecución e investigar estas denuncias, Lauro Al-
varado y Marco Tulio Osorio fueron fusilados el 16 de abril de 1975.
2708.
El 29 de marzo de 1976, el ex alcalde capitalino Manuel Colom
Argueta fue herido en un intento de asesinato. Tras el atentado, Colom Ar-
132
351 Michael Mc Clintock, The American Connection, Volume 2, “State Terror and Popular Resistan-
ce in Guatemala”, Zed Books Ltd. London, 1985.
352 CI 100. Enero 1971. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
353 Lauro Alvarado y Marco Tulio Osorio fueron condenados a muerte por el asesinato de Etelvina
Flores.
354 AI, informe sobre Guatemala, 1976.
gueta dirigió una carta al Presidente indicando que, desde un mes antes,
hombres vestidos de civil de la Policía Regional (policía secreta ligada al
Ejército) lo habían venido vigilando. Indicó que la Regional, una oficina
con sede en el Palacio Nacional, era la responable de las desapariciones y
asesinatos políticos.
355
Los tribunales no investigaron esta denuncia.
2709.
En mayo de 1977, la CNUS emitió un comunicado de prensa en
que informaba sobre un plan represivo.
356
A pesar de que la legislación es-
tablecía la obligación de investigar de oficio las denuncias de hechos delic-
tivos, ni la Policía Nacional, ni el Ministerio Público ni los jueces, realiza-
ron investigación alguna para establecer la veracidad de la denuncia y des-
cubrir a los responsables.
2710.
El plan represivo denunciado por la CNUS se inició, efectivamen-
te, con el asesinato de Mario López Larrave, asesor laboral del CNUS, el 8
de junio de 1977.
357
Después se sucedieron otras ejecuciones contra diri-
gentes sindicales, miembros de la Escuela de Orientación Sindical de la
USAC y asesores legales de los trabajadores. En ninguno de estos casos la
Policía Nacional, el Ministerio Público o los jueces investigaron o sancio-
naron a persona alguna, quedando todos los asesinatos en la impunidad.
2711.
Un ejemplo de deficiencia en las investigaciones policiales y judi-
ciales lo constituye el proceso por el asesinato de Mario López Larrave.
Ninguna diligencia realizada se encaminó a esclarecer el hecho o a buscar
a los responsables. Por el contrario, en el informe de la sección de Archivo
del Cuerpo de Detectives se refiere exclusivamente a las investigaciones
realizadas a la víctima, por el propio Gobierno, antes de su ejecución y
señala, por ejemplo, que López Larrave “registra actividades comunistas” de
1957 a 1971.
358
El expediente policial demuestra que López Larrave había
sido investigado por la Policía, por lo menos durante 20 años, por sus ac-
tividades políticas y pareciera justificar el asesinato a partir de su supuesta
actividad comunista, pero no se refiere a la investigación del crimen.
2712.
El juez, por su parte, se limitó a tomar la declaración de los com-
pañeros de oficina de la víctima y a devolver su vehículo a su viuda. La úl-
tima actuación que aparece en el expediente se realizó el 22 de junio de
1977. En ningún caso se trató de investigar las denuncias hechas públicas
por la CNUS, acerca de un plan para eliminar a los líderes sindicales agru-
pados en esta organización.
2713.
En todos estos casos las diligencias de investigación, prácticamen-
te, se limitaron a la resolución inicial, que ordena la práctica de las diligen-
133
355 M. Mc Clintock, ob. cit., pg. 171.
356 Documento de CNUS, “EL fascismo en Guatemala. Un vasto plan represivo y antipopular y sin-
dical”, 1977. Véase CI 28.
357 CI 28. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
358 Ibid.
cias que sean necesarias para “el mejor establecimiento del hecho”. Según las
investigaciones realizadas por la CEH, los jueces no exigieron con decisión
a la Policía Nacional o los forenses la entrega de los informes sobre las di-
ligencias que les solicitaron, ni dedujeron responsabilidad alguna por evi-
dentes falsedades en los informes de investigación, incumplimiento de in-
formación u obstrucción de la justicia.
2714.
Lo mismo acontenció con las masacres que ocurrieron en este pe-
ríodo, por ejemplo en el caso de Panzós. Los cadáveres fueron llevados en
la palangana de un camión azul de la municipalidad, a un lugar cercano al
cementerio público y con un tractor se cavó un hoyo, donde fueron colo-
cados los cuerpos.
359
2715.
En este hecho, pese a las evidencias, ningún oficial del Ejército fue
implicado en la masacre. Las víctimas q’eqchi’ no declararon ante el juzga-
do por desconocer el idioma español y carecer de asistencia letrada. El Mi-
nisterio Público y los tribunales no realizaron una sola diligencia de inves-
tigación. La denuncia judicial sobre el hecho sólo pudo ser presentada 19
años después de la masacre. Bajo amenazas e intimidaciones, se exhumó a
las víctimas enterradas colectivamente en el cementerio clandestino. Las
causas para no denunciar el hecho fueron el miedo y la intimidación cons-
tante hacia testigos, víctimas sobrevivientes y sus asesores legales. Hasta la
elaboración de este Informe ninguna persona había sido formalmente acu-
sada por la masacre.
2716.
En todas las demás masacres ocurridas durante este período, el de-
ber de investigar atribuido a los jueces fue, también, flagrantemente viola-
do por ellos mismos y por los magistrados del Organismo Judicial. Como
admitió un juez, en aquella época “teníamos demasiado miedo. No podíamos
profundizar en los casos”.
360
2717.
El incumplimiento del deber de investigar y sancionar las violacio-
nes de derechos humanos, con su evidente consecuencia —la impuni-
dad— se vio acrecentado por amenazas contra jueces y magistrados del
Organismo Judicial y, también, amenazas y represalias contra víctimas, de-
nunciantes, testigos y abogados
2718.
En cuanto se refiere al Organismo Judicial, una funcionaria expli-
ca a la CEH: “Al principio hubo amenazas en contra de los jueces. Después no
hubo necesidad de amenazar, era un valor entendido. Los jueces se hicieron los
sordos y los locos”.
362
134
359 CI 9. Mayo 1978. Alta Verapaz. Informe de la exhumación realizada por la Fundación de Antro-
pología Forense, Junio de 1998.
360 Testigo (Juez de Paz en San Benito, Petén) CEH.
361 Testigo (funcionaria del Organismo Judicial) CEH.
362 Ibid.
2719.
Una serie de asesinatos y atentados perpetrados contra jueces pro-
vocó, por el temor, la paralización casi absoluta de la justicia, cuando se
trataba de investigar violaciones de derechos humanos u otros delitos en
que estaban involucrados agentes del Estado. En su libro, la magistrada Vi-
llaseñor señala: “Se llegó a pensar que permanecer con vida era una mera cues-
tión de suerte. La necesidad del trabajo y de sobrevivir contribuyeron al surgi-
miento de una generación de jueces temerosos, conformistas y sensibles a llama-
das y recomendaciones que les producían terror”.
363
2720.
Al finalizar este período, es decir, antes de iniciarse la ofensiva con-
trainsurgente de la década de los ochenta, se perpetraron graves violacio-
nes de derechos humanos contra miembros del Organismo Judicial, que la
CIDH reseña en su informe de 1981.
2721.
Como ya se ha señalado, el juez Marroquín Garrido, quien tenía a
su cargo importantes casos de violaciones a los derechos humanos, fue ase-
sinado el 9 de septiembre de 1980, junto con su secretario Cristóbal Ar-
nulfo Villagrán Diéguez. Y lo mismo ocurrió con el juez Héctor Augusto
Valdez Díaz, el 16 de septiembre de 1980.
364
2722.
Otros jueces asesinados en esa época son: Fulgencio Napoleón
Díaz Herrera, juez de Primera Instancia de Huehuetenango; César Augus-
to Santallana Hérnandez, juez de Paz de Escuintla; Rigoberto Aroche, juez
de Paz de San José, Escuintla y el supervisor general de tribunales, Gilber-
to Jiménez Gutiérrez. También resultó herido en un atentado el juez de Paz
de Chichicastenango, Oscar Amado Gómez Figueroa.
2723.
La CIDH, en su informe, concluyó que “La independencia del Po-
der Judicial proclamada constitucionalmente, no funciona en los hechos, lo que
ha derivado en la existencia de una actitud de desconfianza hacia las actua-
ciones del Poder Judicial. La situación señalada ha dado lugar a un clima de
arbitrariedad y represión en perjuicio de la administración de justicia y de la
vigencia del debido proceso. Ejemplo de ello lo constituyen los asesinatos de abo-
gados y jueces; la falta de investigación de estos crímenes por parte de las auto-
ridades; la ineficacia de los recursos legales contenidos en el ordenamiento jurí-
dico, y los indicios de que la fuerza pública está comprometida en una acción
organizada para destruir todo comportamiento que evidencie oposición a los
sectores gobernantes”.
365
2724.
En lo que se refiere a amenazas y represalias contra víctimas, de-
nunciantes, testigos y abogados, que también acrecentaron la situación
135
363 María Eugenia Villaseñor, ob.cit., pg. 19.
364 CIDH, informe de 1981 y El Gráfico, 17 de septiembre de 1980, pg. 68.
365 CIDH, informe de 1981, pg. 66. En este informe se ofrece un listado de los abogados asesinados
en 1980 y 1981.
de denegación de justicia, es necesario tener presente, como anteceden-
te, que con la llegada al poder de Méndez Montenegro grupos de aboga-
dos, catedráticos universitarios y estudiantes iniciaron acciones legales de
defensa y protección de las víctimas de violaciones de derechos humanos.
2725.
A partir de entonces, estudiantes de la AEU y catedráticos univer-
sitarios que asesoraron el caso de los 28 fueron perseguidos, asesinados u
obligados a marchar al exilio. El escuadrón de la muerte autodenominado
CADEG y otro grupo conocido como Junio Rojo, publicaron listas com-
pletas de estudiantes y universitarios “sentenciados a muerte”, en el año
1967. Una de las consecuencias de estas persecuciones fue la paralización
de los procesos judiciales.
2726.
Como ya se adelantara, otra víctima de estas intimidaciones fue la
familia de Adolfo Mijangos López, que había exigido públicamente se hi-
ciera justicia, responsabilizando al Gobierno de la ejecución del parlamen-
tario. Cinco meses después del hecho, “como a las 11 de la mañana … se
presentaron dos individuos con planta de judiciales … y les dijeron, ‘callen a
esas viejas o si no matamos al sobrino [de Mijangos]”.
366
Bajo ese clima de
amenazas, los familiares de Adolfo Mijangos López se vieron obligados a
no proseguir más las diligencias judiciales, a las que tampoco dieron curso
progresivo los tribunales.
2727.
Numerosos atentados y asesinatos en contra de abogados que te-
nían a su cargo la asesoría de los familiares de las víctimas desaparecidas, o
llevaban casos de conflictos laborales influyeron, también, en la ausencia
casi total de investigación judicial.
367
La CIDH reportó los casos que afec-
taron a Ricardo Galindo Gallardo, Pablo Emilio Valle de la Peña, Rodolfo
Montoya Guzmán, Rigoberto Aroche, Leonel Roldán Salguero, Miguel
Angel Curruchiche Gómez, Augusto Sac Necancoj, Saúl Najarro Hernán-
dez y Abel Lemus.
2728.
Todos estos asesinatos imposibilitaron a familiares de víctimas ob-
tener cualquier asistencia legal e influyeron en la omisión de los jueces a
cumplir su deber de investigar y sancionar las causas que aquéllos defen-
dían. El propio vicepresidente de la República, Villagrán Kramer, recono-
ció la ausencia de posibilidades de obtener asistencia legal en casos de vio-
laciones a derechos humanos:
“Me permito expresar a usted y por su medio a la honorable Corte Su-
prema de Justicia mi profunda preocupación por la situación que con-
136
366 CI 100. Enero de 1971. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
367 CIDH, Informe de 1981, pg. 68.
fronta el estudiante universitario Víctor Valverth al verse obligado su
abogado defensor a separarse de esa defensa por las dificultades con
que tropieza la familia para encontrar sustituto…”
368
2729.
La CIDH, en su informe de 1981, al referirse a las intimidaciones
contra jueces, abogados de bufetes populares que representan a campesi-
nos y a organizaciones indígenas señala que esto “sugiere un esfuerzo preme-
ditado por parte de los responsables para privar a ciertos sectores de la sociedad
del acceso efectivo a los derechos garantizados por las leyes de Guatemala, y pa-
ra desalentar el ejercicio imparcial de los poderes judiciales”.
369
La justicia entre 1982 y 1986
Garantías para la independencia
e imparcialidad del Organismo Judicial
2730.
Fue en este período que llegó a su culminación el fenómeno de
asunción, por el Organismo Ejecutivo, de atribuciones que normalmen-
te corresponde ejercer a los tribunales, incluida la de juzgar, dando lugar
a mayores violaciones de derechos humanos y a una más extendida im-
punidad.
2731.
Una de las primeras medidas del régimen militar con que se ini-
cia este período fue derogar la Constitución de 1965 y sustituirla por una
nueva norma fundamental. El 26 de abril, la Junta Militar de Gobierno
dictó el Decreto 24-82, denominado Estatuto Fundamental de Gobier-
no, que concentró en la Junta Militar los poderes ejecutivo y legislativo.
También otorgó al presidente de la Junta Militar el poder de nombrar al
presidente y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y demás
tribunales colegiados.
2732.
La selección y nombramiento de los magistrados de la Corte Su-
prema de Justicia y Cortes de Apelaciones pasó a ser, por tanto, de mane-
ra formal, un acto eminentemente político y discrecional del jefe del Eje-
cutivo, que determinó la absoluta subordinación de la justicia al poder mi-
litar. Otra circunstancia que permitió dicha subordinación fue el nombra-
miento de los alcaldes, por parte del jefe de Estado, puesto que, por ley, los
alcaldes desempeñaban funciones de juez de Paz en los lugares donde es-
tos no existían.
370
Estas circunstancias afectaron la independencia del Or-
ganismo Judicial.
137
368 Carta de fecha 20 de junio de 1981 dirigida a la Corte Suprema de Justicia, citada por la CIDH,
en su informe de 1981, pg. 70.
369 CIDH, informe de 1981, pg. 68.
370 El Artículo 3 del Decreto-Ley No. 44-82 estableció que “todos los funcionarios y empleados del Es-
tado de cualquier jerarquía deberán acatar las disposiciones que el mando del Ejército dicte en cum-
plimiento de este decreto, y en caso de que por cualquier circunstancia tal acatamiento no se realice, el
Ejército ejecutará por sí lo que estime conveniente”.
2733.
El hecho de que los magistrados pudieran ser removidos sin causa
debidamente justificada, por el propio jefe del Estado (Artículo 26 del Es-
tatuto Fundamental de Gobierno), además de atentar contra el principio de
la inamovilidad, hizo aún más ilusoria la independencia del Organismo Ju-
dicial y más vulnerable la voluntad de aquellos de sus integrantes que estu-
viesen dispuestos a investigar abusos cometidos por los agentes del Estado.
2734.
Una integrante del Organismo Judicial describe las consecuencias
de este sistema: “Los miembros del Organismo Judicial fueron sometidos a se-
veros controles y amenazas indirectas; se destituyó a un juez por supuestas ano-
malías en los procedimientos, así como varios jueces fueron destituidos por apli-
car criterios judiciales ... La delación fue el sistema de aquella administración,
la utilización de cualquier medio fue adoptada con tal de resolver el problema
de la administración de justicia”.
371
2735.
La CIDH, al analizar esta situación, indicó que “el sistema jurídico
que regula al Organismo Judicial transitorio creado por el Gobierno de Gua-
temala, de conformidad con el Decreto-Ley 24-82, Estatuto Fundamental de
Gobierno, no reúne las garantías judiciales exigidas por el Artículo 8 de la
Convención Americana en cuanto a la independencia e imparcialidad de los
jueces”.
372
2736.
Como ocurrió en etapas anteriores con otros cuerpos legales de
rango constitucional, a partir de este estatuto el Ejecutivo asumió, en for-
ma casi permanente, atribuciones que normalmente corresponde ejercer a
los tribunales, en el contexto de las facultades que otorgaba al presidente
de facto para restringir parcial o totalmente la mayoría de las garantías
constitucionales. Por tanto, la falta de independencia del Organismo Judi-
cial llegó a un grado extremo.
Violaciones al debido proceso
2737.
La situación del derecho al debido proceso legal se agravó durante
el gobierno del general Ríos Montt, fundamentalmente debido a la actua-
ción de los denominados Tribunales de Fuero Especial, creados en virtud
del Decreto 46-82 y que, en la práctica, significó la derogación de poderes
propio de un Estado de Derecho, pues funcionarios del Poder Ejecutivo
tomarían directamente en sus manos la función jurisdiccional.
2738.
Es de reconocer que los Tribunales de Fuero Especial fueron un in-
tento de legalización de la persecución a los opositores políticos, tras un pe-
ríodo de 18 años en que ésta había revestido caracteres criminales y paraes-
tatales. En todo ese período, por ejemplo, ningún guerrillero capturado o
persona eventualmente involucrada en delitos de carácter político había si-
138
371 María Eugenia Villaseñor, ob. cit., pg. 21.
372 CIDH, Informe de 1983, pg. 96.
do juzgado. En todo caso, este intento de legalización de la represión po-
lítica no significó el término de procedimientos clandestinos, que impli-
caban detenciones arbitrarias y torturas.
373
A estas actuaciones ilegales po-
día seguir, eventualmente, la entrega del capturado a un Tribunal de Fue-
ro Especial.
2739.
En esa época, se advertía a los detenidos que les esperaban tres po-
sibilidades: ser liberado sin más, ser ejecutado extrajudicialmente o ser juz-
gado en los Tribunales de Fuero Especial.
374
2740.
Con la creación de los Tribunales de Fuero Especial el Gobierno
pretendió, junto con “legalizar” la represión, administrar un castigo rápi-
do y ejemplar a los detenidos, según se establece en el considerando terce-
ro de la ley: “Que para proteger el orden, la paz y la seguridad pública, se ha-
ce necesario dictar la ley que garantice una rápida y ejemplar administación
de justicia, en el juzgamiento de delitos que atenten contra estos valores”.
2741.
Según las investigaciones de la CEH, los Tribunales de Fuero Es-
pecial ajustaban su actividad no tanto a las normas de su ley constitutiva,
sino a regulaciones y consignas militares de carácter secreto. En considera-
ción a esto, nadie sabía ni podía informarse sobre quiénes eran los “jueces”,
cuántos eran, dónde funcionaban, cuándo se reunían. Además, hasta hoy
se desconoce dónde están las copias de sus actuaciones, que también que-
daban ocultas:
“[Los] expedientes tramitados por dichos tribunales eran ultrasecretos
sin posibilidad de acceso a ellos … los memoriales se presentaban en
una oficina del Ministerio de la Defensa situada en el Palacio Nacio-
nal, y no en el edificio del Organismo Judicial, donde el oficial encar-
gado de la receptoría estampaba el sello de recibido y que, partiendo
de ese momento, su trámite era totalmente ignoto”.
375
2742.
La CEH requirió al Ministerio de la Defensa información sobre al-
gunos casos conocidos por los Tribunales de Fuero Especial, en los cuales
habrían participado miembros del Ejército de Guatemala.
376
En una res-
puesta, el Ministro de la Defensa Nacional manifiesta: “se le informa que no
obran en los archivos de la Institución Armada registros relacionados con los
hechos mencionados en el citado documento, los cuales supuestamente se reali-
zaron en gobiernos anteriores”.
377
139
373 CI 22. Marzo-junio 1983. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
374 Testigo directo CEH.
375 Conrado Alonso, Fusilados al alba, repaso histórico jurídico sobre los Tribunales de Fuero Espe-
cial. Serviprensa Centroamericana, Guatemala, 1986, pg. 20.
376 Carta CT/C7048-97/sp, de fecha 19 diciembre 1997, dirigida al Ministro de la Defensa Nacio-
nal por la CEH.
377 Oficio No. 002-MDN.acong/98, de fecha 5 enero 1998, dirigido al Coordinador de la CEH por
el Ministro de la Defensa Nacional.
Ante la insistencia de la CEH para obtener copias de los expediente
llevados ante estos tribunales, el ministro envió una nueva respuesta, seña-
lando: “En lo concerniente a los Tribunales de Fuero Especial, se investigó en
las dependencias de este Ministerio, habiéndose determinado que no existe nin-
guna documentación sobre el tema de su interés, debido a que por su natura-
leza especial, los procesos se tramitaron en forma sumarísima y bajo toda la se-
cretividad del caso, y los mismos eran llevados personalmente por los laboran-
tes, quienes a su retiro se llevaban los expedientes”.
378
El anonimato de los jueces, la secretividad de sus actuaciones y la ine-
xistencia de constancia escrita, conculcaron desde un comienzo los princi-
pios de publicidad y de imparcialidad de los jueces. Como lo explica el
abogado Conrado Alonso, “Frente a la defensa estaban los jueces de fuero es-
pecial arropados bajo el misterio del anonimato. Esto es grave … porque se pri-
va a la defensa y a su patrocinado del derecho a recusar al juez cuando concu-
rre en él alguna de las varias causales que cualquier Derecho común consigna
para que deje de seguir conociendo el proceso ante él planteado”.
379
2743.
Tampoco se conoció nunca la sede de estos tribunales.
380
Pedro Ra-
xón Tepet y otra persona interpusieron amparo por haber sido juzgados
“por tribunales secretos, sin tener oportunidad de conocer a los jueces y poder
defenderse”.
381
2744.
El caso extremo que ejemplifica el carácter de estos tribunales ocu-
rrió cuando la Corte Suprema de Justicia, al otorgar un amparo provisio-
nal ordenando la suspensión de una sentencia de pena de muerte, ignora-
ba a quién notificar la sentencia y en dónde. La Corte comisionó a un juez
de paz para realizar la notificación. El juez se dirigió a las tres de la madru-
gada al Palacio Nacional, donde indicaron desconocer donde se encontra-
ba la sede del tribunal. Luego se dirigió al segundo cuerpo de la Policía Na-
cional, donde el segundo jefe de ese cuerpo policial le informó que “al co-
municarse con sus superiores le han indicado que tal diligencia [la notificación
y suspensión de la pena de muerte] no procede practicarse y que él solamen-
te cumple órdenes”.
382
2745.
Los procedimientos secretos utilizados por los tribunales de fuero
especial violaron, además, el derecho de defensa. En una acción de ampa-
ro, el abogado de un acusado solicitó que se exhibiera el original del pro-
ceso para poder preparar la defensa de su patrocinado. El Ministerio Pú-
blico se opuso a la solicitud. La defensa nunca llegó a tener acceso a las co-
pias originales del proceso.
140
378 Oficio No. 043-MDN-98, de fecha 24 febrero 1998, dirigido al Coordinador de la CEH.
379 Conrado Alonso, ob. cit. pg. 42.
380 Ibid., pg. 21.
381 Sentencia de amparo. En Gaceta de los Tribunales, primer semestre de 1983, pg. 29.
382 Conrado Alonso, ob.cit. pg. 25. La ejecución se suspendió en esa ocasión.
2746.
Aunque la Ley de Tribunales de Fuero Especial establecía el dere-
cho de todo acusado a ser asistido por su defensor, designado por él o por
el tribunal, en la práctica las declaraciones de los procesados se tomaban
sin presencia de abogado defensor. La CIDH indica “los encausados mani-
festaron no haber contado con la presencia de un abogado defensor, no sólo por-
que no se lo designaron, sino porque no se lo permitieron”.
383
2747.
La CIDH afirma, en un estudio sobre las actas de los casos en que
se condenó a muerte a cuatro personas en septiembre de 1982, “en ningu-
na de ellas había constancia alguna de haber sido asistidos y acompañados por
su defensor…”
385
Igualmente, los recursos de amparo interpuestos ante la
Corte Suprema de Justicia señalaban “que en las actuaciones no consta ni
una sola audiencia oral que indique la presencia del abogado defensor ni de
ellos mismos”.
386
2748.
En algunos casos en que hubo abogado defensor, los acusados nun-
ca llegaron a conocerlo. Tal fue la situación del ciudadano hondureño
Marco Antonio González, sentenciado a muerte por los Tribunales de Fue-
ro Especial. Hasta unas pocas horas antes de que la Corte Suprema de Jus-
ticia suspendiera provisionalmente la sentencia que ordenaba su ejecución,
manifestó que nunca se había comunicado con la persona que lo habría
asistido como defensor durante el proceso, ni con miembro alguno de la
delegación diplomática hondureña.
387 388
2749.
Además, los Tribunales de Fuero Especial no respetaron la garan-
tía de los acusados de no declarar contra sí mismos, lo cual, aunado a la
tortura en los interrogatorios, posibilitó, en varios casos, la autoincrimina-
ción de los imputados, que aceptaron falsas acusaciones. El mismo Marco
Antonio González fue sometido a una “tremenda paliza” al momento de su
detención. Su hermana y los vecinos pudieron oír los gritos. Después fue
conducido a un lugar desconocido donde permaneció unos seis días más.
Allí prestó “declaración indagatoria”, sin la presencia de un abogado. Al fi-
nal de la diligencia, “no le leyeron el acta, ni le permitieron leerla. Doblaron
la hoja para que no pudiera enterarse de su contenido y amenazadoramente le
previnieron, ‘firmá aquí, o será peor para ti”.
389
2750.
Una mujer que fue forzada, bajo apremios ilegítimos, a trabajar pa-
ra el Ejército, declaró a la CEH cómo fue obligada a firmar una confesión
judicial:
141
383 CIDH, Informe de 1983, pgs. 99 y 100
385 C 290, ciudad de Guatemala, Guatemala.
386 Gaceta de los Tribunales, primer semestre de 1983, pg. 29.
387 Conrado Alonso, ob. cit., pg. 20.
388 Este motivo fue invocado también en los recursos de amparo interpuestos ante la Corte Suprema
de Justicia de: Pedro Raxón Tepet, Carlos Subuyuj; de Walter Vinicio Marroquín González y Ser-
gio Roberto Marroquín González; de Marco Antonio González, y de Héctor Aroldo Morales Ló-
pez. Gaceta de los Tribunales, primer semestre de 1983.
389 Conrado Alonso, ob. cit., pg. 30.
“[Mi amiga y su abogado] llegan hasta donde a mí me tienen. Y exi-
ge ella que quiere verme. Y ellos dicen que ahí no hay nadie con el
nombre que ella pregunta ... Se va y regresa una hora después. Cuan-
do ella vuelve le dicen, ‘Fíjese que aquí está, pero no sabemos que es-
taba haciendo esta muchacha, porque está en muy mal estado y usted
no la puede ver porque se puede impresionar’ ... vamos a autorizar al
abogado para que la vea nada más ... él les exige que me saquen de
ese lugar [Cuarto Cuerpo de la Policía Nacional] y ellos dicen que
sí, pero que van a ponerme en tratamiento ... me sacan y me llevan a
curación. Como a los 8 días ... me meten en un cuarto y me dicen que
dispare, Y yo les digo que por qué y me dicen, ‘dispará, de todos mo-
dos estas en nuestras manos. Nosotros ahorita te podemos agarrar e ir
a tirar a cualquier lado. No creás que por el hecho de que ya te iden-
tificaron estás libre, ahorita empieza tu martirio’ ... Entonces uno de
ellos me hace meter el dedo en el gatillo del arma y me hace que dis-
pare ... y empiezan a escribir en una hoja, la que yo iba a firmar y
donde ponen que, al momento en que me capturan … yo tenía apa-
ratos eléctricos robados, que me agarraron armada, con granadas ... Y
me dicen que la lea ... ‘No’, decía yo, ‘no la voy a leer’. ‘Pues leela y la
vas a leer en voz alta’ ... Entonces me dijeron, ‘pero decílo así como
que no estás fingiendo’, y me dijeron que firmara y firmé. Cuando lle-
gó mi abogado dijeron, ‘mire, ella se va directo a la cárcel de mujeres
porque aquí está su acusación. Y ella está acusada de esto y ella la fir-
mó, así que no crea que la vamos a dejar libre’ ...”
390
2751.
La CIDH estableció que en estos procedimiento especiales se en-
contró a veces, como única prueba, declaraciones autoincriminatorias, sobre
la base de las cuales se dictaba sentencia de muerte.
391
En su visita al Cuarto
Cuerpo de la Policía Nacional, la CIDH entrevistó a varios detenidos. “To-
dos coincidieron en afirmar que antes de ser puestos a la orden del tribunal que
los estaba juzgando habían sido objeto de tortura y que esa tortura había consis-
tido en mantenerlos incomunicados y en interrogarlos utilizando el método lla-
mado ‘capucha llanta’ ... La operación se repetía una y otra vez, día tras día,
hasta lograr la confesión en base a lo cual se les remitía a los tribunales”.
392
2752.
En conclusión, los juicios sumarios ante los Tribunales de Fuero
Especial violaron todas las garantías que supone el derecho al debido pro-
ceso legal. Sobre la base de la secretividad de sus actuaciones y de la inde-
fensión de los acusados, su objetivo era la confesión mediante la tortura,
para asegurar la imposición de la pena y dar una apariencia de legalidad.
142
390 Testigo directo CEH.
391 CIDH, Informe de 1983, pg. 100.
392 Ibid., pg. 89.
Estas confesiones forzadas, sin más pruebas, sirvieron de base para conde-
nar a 16 personas a la pena capital.
2753.
Los tribunales de fuero especial también denegaban el derecho a
recurrir ante un juez o tribunal superior para la revisión de la sentencia
condenatoria. Este defecto inicial de la ley fue subsanado mediante las re-
formas introducidas en virtud del Decreto 111-82. Sin embargo, dado que
las instancias de apelación estaban integradas por abogados y oficiales del
Ejército de Guatemala, todas las sentencias fueron confirmadas, sin ser so-
metidas a una genuina revisión.
2754.
Los Tribunales de Fuero Especial fueron, al fin, disueltos inmedia-
tamente después del golpe militar de agosto de 1984. Posteriormente, en
virtud del Decreto-Ley 74-84, se otorgó indulto a todas las personas con-
denadas por tales tribunales. Ninguno de los condenados en estos proce-
sos abiertamente ilegales fue indemnizado.
393
Además, se desconoce la
suerte que siguieron aquellos procesados que no fueron condenados, cu-
yo número alcanzaría las 300 personas. Los familiares interpusieron innu-
merables recursos de exhibición personal sin que se pudiera establecer su
paradero.
394
Violaciones a los recursos para la protección
de los derechos fundamentales
2755.
El Estatuto Fundamental de Gobierno (EFG) limitó severamente
las posibilidades de ejercicio de los recursos de habeas corpus o exhibición
personal, de amparo y de constitucionalidad. El segundo párrafo del
Artículo 111 del EFG negó la procedencia del recurso de amparo contra
las medidas de seguridad dictadas conforme a las normas del mismo. En
tal virtud, no existían recursos judiciales efectivos para controlar los actos
gubernamentales arbitrarios.
2756.
Frente a la suspensión de casi todas las garantías constitucionales,
incluso el habeas corpus, en virtud del decreto 45-82, que estableció el es-
tado de sitio en la República, el presidente de la Corte Suprema de Justi-
cia
395
explicó en estos términos la situación a la CIDH:
“Este (el habeas corpus) no estaba normalmente limitado. En los
tiempos actuales, debido a la implantación del estado de sitio, se sus-
pendió la garantía...del habeas corpus junto con otras garantías. Sin
embargo, la Corte Suprema de Justicia considerando que el inciso 20
dice que los derechos y garantías individuales contenidos en los nume-
143
393 CIDH, Informe de 1984, pg. 107.
394 Ibid.
395 CIDH, Informe de 1983.
rales anteriores de dicho artículo no implica exclusión de otros no es-
pecificados que sean inherentes a la persona humana, y que el ejerci-
cio de todos los derechos, del goce de todas las garantías individuales
consignadas en este artículo tienen como único límite las medidas de
seguridad que dicta el Gobierno en momentos de emergencia como el
actual, es decir, analizando el espíritu de este artículo, la Corte ha
considerado que si bien el inciso 19 que establece el habeas corpus es-
tá en suspenso, no lo está el inciso 16 que establece ciertas garantías
para el detenido o preso”.
396
2757.
La suspensión de la garantía de habeas corpus constituyó una fla-
grante violación al Artículo 27 de la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos que establece la inderogabilidad, bajo cualquier circuns-
tancia,“de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales
derechos”.
2758.
El restablecimiento del recurso de exhibición personal en marzo de
1983 no significó una mayor protección para las personas detenidas. En el
informe de la CIDH de 1984, se expone que “el número de casos registra-
dos por desaparecimiento de personas en Guatemala entre el 8 de agosto de
1983 al 30 de abril de 1984 es de 635, lo que arroja un promedio de 80 per-
sonas desaparecidas en cada uno de los 8 meses”.
397
Incumplimiento del deber de investigar
y sancionar las violaciones a los derechos humanos
2759.
El Artículo 16 del Estatuto Fundamental de Gobierno establecía
que los funcionarios que dieran órdenes de realizar actos de tortura, tratos
crueles o acciones infamantes serían destituidos de sus cargos, y quedarían
definitivamente inhabilitados para el desempeño de cualquier empleo o
cargo público y que, además, serían responsables conforme a la ley penal.
2760.
Muchos casos de tortura fueron hechos públicos durante esa épo-
ca, incluso mediante recursos de amparo, como en el caso de Marco An-
tonio Gónzalez y otras cinco personas, “ante los profesionales del derecho, an-
te las cámaras de televisión y radiograbadoras de los reporteros, los seis conde-
nados a muerte repitieron sus acusaciones de cómo habían sido capturados, tor-
turados e indagados y condenados a muerte”.
398
Pero la Corte Suprema de Jus-
ticia no inició ninguna investigación para establecer la veracidad de las de-
144
396 Artículo 16 del Estatuto Fundamental de Gobierno: “A ningún detenido o preso podrá impedírsele
la satisfacción de sus funciones naturales; tampoco podrá infligírsele torturas físicas o morales, trato
cruel, castigos o acciones infamantes, molestias o coacción, ni obligársele a trabajos perjudiciales a su
salud o incompatibles con su constitución física o con su dignidad humana...”
397 CIDH, Informe de 1984, pg. 102.
398 Conrado Alonso, ob.cit., pg. 113.
nuncias ni comisionó a otro tribunal para iniciar la investigación corres-
pondiente.
2761.
Lo mismo aconteció con otras personas que señalaron ante los tri-
bunales de justicia ordinarios haber sido sometidos a tortura.
“Entonces, cuando el médico forense me hace mi examen, él pasa la
hoja que yo he sido violada, que he sido torturada con electricidad. El
pasa todo el informe ... entonces ... me preguntaron que si yo quiero
identificar a los hombres que supuestamente me habían violado y yo
digo que sí, que sí los quiero identificar. Cuando me llevan para que
los identifique, los hombres están del otro lado y se están riendo ... En-
tonces yo digo ‘¿qué voy a ganar con la acusación?, y me dice el oficial
del tribunal, ‘mucho, porque si usted los denuncia, ellos pueden llegar
a juicio y usted los puede meter presos, porque lo que le hicieron a us-
ted’ ... Entonces se levantó mi abogado y preguntó: ‘¿Ustedes garanti-
zan que eso se va a llevar a cabo?’ ‘No’, le dijeron, ‘si la persona que
a ella la está acusando es uno de esos mismos tipos ... Son ellos mismos
los que la están acusando de todo lo que ella firmó’ ... ‘¿Y acaso ella
ya les contó la forma en que la obligaron a firmar?’ ‘No’, dijeron. ‘Y
no se lo van a creer. Entonces yo creo que ella no tiene ninguna acu-
sación que hacer...”
399
2762.
Hubo casos en que el sistema judicial no sólo no dio curso a la in-
vestigación y sanción de graves violaciones de derechos humanos, sino que,
virtualmente, encubrió las verdaderas circunstancias del crimen, como
ocurrió en el asesinato de María del Rosario Godoy y Héctor Gómez Ca-
lito, en que los tribunales precipitaron, sobre bases precarias, la versión de
que se trataba de un accidente de tránsito.
400
2763.
El secreto sumarial servía de pretexto para encubrir la deficiencia y
la arbitrariedad de las investigaciones, que, por ejemplo, en el caso citado
en el párrafo anterior, quedó en manos de los auxiliares inferiores de justi-
cia y la Policía. En diversas oportunidades organizaciones independientes
intentaron evaluar los informes de necropsias u otras evidencias, pero les
fue denegado.
2764.
Lo mismo acontece con las masacres que se perpetraron entre los
años 1981 y 1983. No se realizó una sola investigación judicial seria con
relación a estos hechos, llegando los tribunales incluso a abstenerse de le-
vantar los cadáveres y dejando a las fuerzas de seguridad que los enterraran
en fosas o cementerios clandestinos. En muchos casos, los jueces favorecie-
145
399 Testigo directo CEH.
400 CI 35. Abril 1985. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
ron directamente la impunidad, amenazando a las víctimas para que no
denunciaran el hecho o negándose a recibir sus denuncias.
“El 21 de abril [de 1982] se realizaron trámites en la Policía, de re-
conocimiento de fotografías y se hizo la solicitud para efectuar una ex-
humación del cadáver que se encontraba en La Verbena. Al hacer el
trámite ante el Juzgado Onceavo de Paz Penal, el juez le sugirió que
nunca debía pedir investigaciones sobre el hecho y la hizo firmar un
acta donde se indicaba que ella ‘no quería nada en contra de quien
lo hubiera hecho”.
401
2765.
El fracaso del sistema judicial determinó que se buscaran mecanis-
mos no judiciales para resolver el drama de las desapariciones forzadas y de
numerosas ejecuciones arbitrarias. En 1984 se establecieron dos comisio-
nes para indagar sobre los desaparecidos. En marzo de 1984 se instituyó la
Comisión Pro Paz, compuesta por representantes de la prensa, la USAC,
asociaciones de profesionales y de negocios, así como representantes del
Ejército y del Ministerio del Interior, quedando como coordinador de la
misma el rector de la USAC, Eduardo Meyer Maldonado.
402
2766.
La Comisión de la Paz se autodisolvió en mayo de 1984. Al pre-
sentar su renuncia el rector magnífico expuso públicamente que “no pode-
mos seguir al frente de la coordinación de esta Comisión, pues la misma se con-
vierte en un cargo meramente decorativo y poco práctico, cuando cotidiana-
mente continúan produciéndose casos de cadáveres tirados en los caminos, así
como de secuestros o desapariciones”.
403
2767.
La Comisión Tripartita fue establecida en noviembre de 1984, con
el mismo propósito. Estaba compuesta por los ministros de Gobernación
y de la Defensa y el jefe del Ministerio Público. En junio de 1985 proce-
dió a su autodisolución, tras declarar que no le había sido posible esclare-
cer el paradero de ninguno de los varios cientos de desaparecidos cuyos ca-
sos le habían sido denunciados por familiares de las víctimas y por grupos
de derechos humanos.
404
2768.
Por otra parte, en este período, tras los asesinatos y amenazas que
habían afectado a abogados y jueces en los regímenes anteriores, resultaba
sumamente difícil encontrar a un abogado dispuesto, por ejemplo, a asu-
mir un caso de personas detenidas desaparecidas
2769.
Debido a la persecución, en el año 1982 ya no existían organiza-
ciones formales de víctimas o familiares de desaparecidos. Las personas
deambulaban de morgues a hospitales, de locales de bomberos a centros de
146
401 Caso 2, febrero de 1982. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
402 CIDH, Informe de 1984, pg. 103.
403 CIDH, Informe de 1984, pg. 103.
404 Amnistía Internacional. Guatemala, Crónica de las violaciones de derechos humanos. pg. 2.
detención, etc, tratando de localizar a sus familiares,
405
aunque sin contar
con ningún apoyo legal, menos aún el de servicios legales proporcionados
gratuitamente por el Estado.
La justicia entre 1986 y la finalización
del conflicto armado interno
Garantías para la independencia
e imparcialidad del Organismo Judicial
2770.
La Constitución Política de la República de 1985 asignó la potes-
tad de juzgar y ejecutar lo juzgado con exclusividad al Organismo Judicial.
La administración del Organismo Judicial es encargada al presidente y de-
más magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes son designados
por el Congreso de la República por un período de cinco años. El Congre-
so también designa a los magistrados de la Corte de Apelaciones por un
período de 5 años. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia designa di-
rectamente a los jueces de Primera Instancia y de Paz.
2771.
La Corte Suprema estableció por primera vez las condiciones esen-
ciales para el ejercicio de la justicia: la selección del personal, la no remo-
ción, traslado o suspensión de jueces y magistrados, salvo causa justificada
durante el período de su elección, el derecho de antejuicio y la protección
frente a las injerencias de otros funcionarios o poderes del Estado. La
Constitución también establece que debe promulgarse una Ley de Carre-
ra Judicial para desarrollar estas garantías debidamente. Dicha ley no se ha
promulgado hasta la fecha del término de trabajo de la CEH.
2772.
La falta de la Ley de la Carrera Judicial ha fomentado un Poder Ju-
dicial débil, altamente centralizado, estructurado verticalmente, lo que ha
impedido una auténtica independencia judicial, y ha interferido en la fun-
ción jurisdiccional para favorecer intereses determinados.
2773.
Un aspecto destacable, en esta época, fue la resolución de la Corte
de Constitucionalidad con respecto al golpe de Estado dado por Serrano
Elías el 25 de mayo de 1993. Mediante un decreto, el presidente Serrano
ordenó la disolución del Congreso de la República, la destitución de los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia y se autoconfirió poderes le-
gislativos de carácter absoluto. Al mismo tiempo, se arrogó la facultad de
nombrar una nueva Corte Suprema de Justicia.
2774.
En una sentencia que vino a romper con la tradicional sumisión de
los órganos jurisdiccionales ante las actuaciones de facto, la Corte de Cons-
titucionalidad declaró nulo ipso jure el decreto presidencial. La Corte ac-
tuó ex oficio, basada en los artículos constitucionales que le confieren la
defensa del orden constitucional.
147
405 CI 48. 1980. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
2775.
Un día antes de entregar el poder, el jefe de Estado, Oscar Hum-
berto Mejía Víctores, emitió el Decreto-Ley 8-86, por medio del cual se
otorgaba amnistía general a todos los funcionarios y miembros de las fuer-
zas de seguridad que hubieran realizado actos delictivos hasta el 14 de ene-
ro de 1986. Si bien el decreto nunca fue invocado directamente ante los tri-
bunales de justicia, los jueces y magistrados lo aplicaron de hecho, simple-
mente absteniéndose de actuar debidamente en los procedimientos con
trasfondo político. El Código Procesal Penal vigente hasta 1994 encargaba
a los jueces la investigación penal durante el procedimiento sumario. Por lo
tanto, la no investigación en estos casos es una responsabilidad directamen-
te imputable a los jueces. Sin perjuicio de la corresponsabilidad del Minis-
terio Público en la aplicación de la amnistía y la subsiguiente falta de inves-
tigación de las violaciones a los derechos humanos cometidas hasta 1986.
Violaciones al debido proceso
2776.
Durante el período de 1986 a 1996 continuó la práctica de no
consignar a los tribunales de justicia a las personas acusadas de participar
en actividades subversivas. La CEH recibió numerosos testimonios de per-
sonas que permanecieron detenidas en instalaciones del Ejército, someti-
das bajo tortura para colaborar como informantes del Ejército.
406
Entre los
casos más conocidos conocidos se cuentan: Efraín Bámaca,
407
Maritza
Urrutia
408
y Emeterio Toj.
409
En todos estos casos el debido proceso fue ne-
gado, nunca se les presentó ante los tribunales de justicia para ser juzgados
o condenados y se les mantuvo durante meses, e incluso años, en prisión.
2777.
Igual situación ocurrió con otro declarante ante la CEH, miembro
de la URNG, que fue detenido en 1992. “Después de la conferencia de pren-
sa en donde yo decía pedir la amnistía me trasladan a la torre de tribunales …
ya todo estaba arreglado. Ingresamos a la oficina donde un licenciado firma el
acta de amnistía … donde el Ejército hacía constar que yo tenía perdón ... y
me vuelven a regresar al mismo lugar en donde me tenían siempre”.
410
2778.
Los testimonios anteriores demuestran que los jueces violaron el
derecho a un debido proceso penal, al prestarse a levantar actas de amnis-
tía de personas que sabían que se encontraban en poder del Ejército, so-
metidas a vejámenes y a privación de libertad. Esto significa que jueces del
Organismo Judicial y las más altas autoridades judiciales coordinaron con
oficiales de la Institución Armada operaciones de propaganda de personas
supuestamente vinculadas a la URNG. En este sentido, el Organismo Ju-
148
406 C 20036. Marzo 1991. San Marcos.
407 CI 82. 1992. Retalhuleu.
408 CI 33. Julio 1992. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
409 CI 42. 1992. Quiché.
410 CI 42. 1992. Quiché.
dicial permitió abiertamente el castigo de personas acusadas de pertenecer
a la guerrilla, a través de mecanismos extrajudiciales, y la imposición de pe-
nas extralegales como lo es la tortura y privación ilegítima de libertad. To-
dos estos actos constituían graves delitos conforme a la legislación guate-
malteca, los cuales fueron tolerados abiertamente por el sistema de justicia
y encubiertos por ella.
Violaciones a los recursos para
la protección de los derechos fundamentales
2779.
Estadísticas de la secretaría de la Corte Suprema de Justicia eviden-
cian que en el período que va desde agosto de 1987 a diciembre de 1989
se presentaron 5,729 solicitudes de exhibición personal, habiéndose desig-
nado juez ejecutor para la casi totalidad de ellas. Los jueces no lograron su
objetivo —el habeas corpus— en el 80% de los casos (4,128), ya fuera por
falta de recursos o medios para movilizarse, la falta de colaboración de la
Policía o autoridad militar respectiva para presentar al ofendido, por ser
objeto de amenazas o intimidaciones, o por la imposibilidad de detectar
posibles lugares secretos de detención o cárceles clandestinas.
411
2780.
En la tramitación de otros recursos de exhibición personal las per-
sonas fueron halladas pero no estaban legalmente detenidas. De conformi-
dad con la Constitución vigente “las autoridades que ordenen el ocultamien-
to del detenido o que se nieguen a presentarlo al tribunal respectivo, o que en
cualquier forma burlen esta garantía, así como los agentes ejecutores, incurri-
rán en el delito de plagio y serán sancionados conforme a la ley”.
412
En estos
casos, los tribunales no procedieron a iniciar los respectivos procesos pena-
les por el delito de plagio, tal como ordena la Constitución, violando con
ello el deber de enjuiciar y castigar a los funcionarios públicos.
Incumplimiento del deber de investigar
y sancionar las violaciones a los derechos humanos
2781.
La madrugada del 11 de septiembre de 1989 fueron descubiertos
los cádaveres de cuatro de los estudiantes de la AEU que habían sido se-
cuestrados unos días antes. Los familiares de las víctimas habían presenta-
do recursos de exhibición personal. Las diligencias de averiguación que de-
bía realizar el juez que tenía a su cargo el caso nunca se efectuaron, aunque
existían evidencias de participación de las fuerzas de seguridad. Los fami-
liares de las víctimas habían denunciado oportunamente “que en la casa de
los hechos han estado llegando una radiopatrulla de la Policía Nacional y otros
149
411 CIDH. Cuarto informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala. OEA/Ser.L/V/II
83, 1 de junio de 1993, pg. 16.
412 Artículo 269 de la Constitución Política de la República de Guatemala vigente.
tres carros más, los cuales se han parado varias veces en la puerta de la casa de
los hechos”. El declarante pidió que se le brindara protección.
413
2782.
En el expediente judicial consta que las diligencias de investigación
ordenadas por los jueces nunca fueron cumplidas, pese a lo cual nunca ini-
ciaron acciones contra los policías que rehusaron cumplir sus órdenes. La
juez a cargo del caso le informó a una las personas que actuaban como acu-
sador que “el proceso había llegado a un punto peligroso, que me cuidara”.
414
En otra ocasión, la juez “me aconsejó: ‘hable con el Ministro de la Defensa, él
es el único que puede ayudarla; nosotros no podemos hacer más”.
415
2783.
En todos los demás casos de violaciones de derechos humanos
acaecidos en este período las investigaciones judiciales han sido deficientes,
apareciendo en varias encubrimiento de los hechos mediante informes mé-
dico forenses con diversos tipos de falsedad, o negligencia judicial. Un
ejemplo de ello es el caso de la antropóloga Myrna Mack.
416
2784.
Durante el trámite de este proceso varios jueces se han inhibido de
conocer, la mayoría por temor a represalias. El proceso contra los autores
intelectuales, tres oficiales del Ejército de Guatemala, ha sido reiterada-
mente obstruido por el Ministerio de la Defensa. Invocando el secreto de
Estado, el Ministro de la Defensa se ha negado a proporcionar informa-
ción necesaria, pero los jueces no han aplicado las sanciones correspon-
dientes por esta negativa, ni han procesado a las autoridades militares que
se niegan a cumplir sus resoluciones.
2785.
En otro ámbito, la Constitución de 1985 estableció un fuero per-
sonal: los tribunales militares conocerían de los delitos y faltas cometidos
por integrantes del Ejército de Guatemala (Artículo 219). Los tribunales
militares se convirtieron en un fuero privilegiado, que permitió se desesti-
maran injustificadamente acusaciones contra miembros del Ejército, que-
dando los casos en la impunidad.
2786.
Por ejemplo, en el caso de la masacre de Santiago Atitlán, toda la
responsabilidad del hecho fue atribuida exclusivamente a un sargento, que-
dando impunes el oficial superior y otros soldados.
417
2787.
Esta situación cambió dramáticamente en el caso Xamán.
418
La Sa-
la Quinta de la Corte de Apelaciones de Jalapa, en una importante senten-
cia, declaró que los tribunales militares carecían de los presupuestos de in-
dependencia e imparcialidad para llevar procesos penales. La Sala Quinta
analizó —entre otros elementos— que los jueces militares estaban someti-
dos a la jerarquía militar y que el salario de dichos jueces era pagado direc-
150
413 Acta levantada en la Procuraduría de Derechos Humanos.
414 Relato escrito de familiar de una de las víctimas dado a la CEH. CI 30.
415 Ibid.
416 CI 085. Septiembre 1990. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
417 CI 6. Diciembre 1990. Sololá.
418 CI 3. Octubre 1995. Alta Verapaz.
tamente por el Ministerio de la Defensa y no por el Organismo Judicial.
La sentencia debe ser considerada como un hito en la lucha contra la im-
punidad, y permitió, por lo menos, que el proceso seguido contra 27 ele-
mentos del Ejército de Guatemala, pudiera ser juzgado ante un tribunal
ordinario.
419
Conclusiones
2788.
La CEH concluye que durante el enfrentamiento armado interno
los tribunales de justicia se mostraron incapaces de investigar, procesar, juz-
gar y sancionar siquiera a un pequeño número de responsables de los más
graves crímenes contra los derechos humanos o de brindar protección a las
víctimas.
2789.
Actuaciones y omisiones del Organismo Judicial, tales como la de-
negación sistemática de los recursos de exhibición personal, la permanen-
te interpretación favorable a la autoridad, la indiferencia ante la tortura de
los detenidos y el establecimiento de límites al derecho a la defensa, cons-
tituyeron algunas de las conductas que evidencian la carencia de indepen-
dencia de los jueces, que fueron constitutivas de graves violaciones del de-
recho al debido proceso y de infracciones al deber del Estado de investigar,
juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos. Los contados
jueces que, manteniendo su independencia, no abdicaron al ejercicio de su
función tutelar, fueron víctimas de actos represivos, incluyendo el asesina-
to y las amenazas, sobre todo en la década de los ochenta.
2790.
La CEH concluye que en los procesos tramitados por los denomi-
nados Tribunales de Fuero Especial, de forma particular en lo relativo a nu-
merosas sentencias que impusieron la pena de muerte, también se violó gra-
vemente el derecho a la vida y el derecho al debido proceso de los ciudada-
nos que fueron consignados ante ellos por el Gobierno de Guatemala.
XVII. LIBERTAD DE EXPRESIÓN
2791.
El Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
dispone: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expre-
sión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de in-
vestigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación
de frontera, por cualquier medio de expresión”.
2792.
Los mismos principios son recogidos en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos en su Artículo 19, numeral 2, que establece:
151
419 No obstante, no puede la CEH dejar de señalar las graves deficiencias de investigación en el ca-
so: dilación de la entrega de las armas por parte de las autoridades militares, la realización de au-
topsias sin los requisitos necesarios, presiones y amenazas contra el fiscal del caso y obstrucción
del Ejército a rendir información sobre los hechos.
“Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho compren-
de la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índo-
le, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma im-
presa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
2793.
El sistema interamericano también protege la libertad de expre-
sión. Así, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hom-
bre de 1948, en su Artículo IV sanciona que “Toda persona tiene el derecho
a la libertad de investigación, opinión y de expresión y difusión del pensamien-
to por cualquier medio.” Por otra parte, la Convención Americana sobre los
Derechos Humanos o Pacto de San José de 1969, ratificada por Guatema-
la en 1978, en su Artículo 13, numeral 1 señala que “Toda persona tiene de-
recho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente o por escrito o en forma impresa o
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.”
2794.
Pese a que los diversos textos constitucionales y cartas de Gobierno
que ha tenido Guatemala, en particular los que rigieron durante el perío-
do del enfrentamiento armado interno, contemplan la libertad de expre-
sión y aunque contienen similares consideraciones relacionadas con esta
materia, las mismas también señalan limitaciones al pleno ejercicio de este
derecho. La Carta Fundamental de Gobierno puesta en vigor durante el
Gobierno de facto del coronel Enrique Peralta Azurdia, establecía como
uno de los derechos ciudadanos la libertad de expresión en el Artículo 22,
numeral 7, al afirmar: “Es libre la emisión del pensamiento por cualquier me-
dio de difusión, sin previa censura, salvo las limitaciones que imponga la ley”.
2795.
Las limitaciones a que se refiere esta última acepción estaban con-
templadas en el Decreto-Ley número 9, Ley de Defensa de las Institucio-
nes Democráticas, que tipificaba como delitos: la circulación de folletos,
panfletos, carteles, discos, grabaciones y toda clase de impresos emanados
de cualquier procedencia, que propugnen al establecimiento en Guatema-
la de entidades de tipo comunista, y hacer propaganda comunista por
cualquier medio de difusión.
420
También tipificaba como delito hacer pro-
paganda comunista en reuniones públicas o en lugares de trabajo, trans-
mitir comunicaciones de carácter o de origen totalitario, pública o clan-
destinamente, y la proyección de películas cinematográficas de tesis comu-
nista.
421
Es evidente que estas disposiciones de carácter legal interno con-
travenían obligaciones internacionales de Guatemala sobre la libertad de
pensamiento, conciencia y expresión, consagradas en los tratados de dere-
chos humanos.
152
420 Ley de la Defensa de las Instituciones Democráticas, Artículo 4, incisos 1 y 2.
421 Ibid. Artículo 5, incisos 1, 2 y 3.
2796.
La Ley de Defensa de las Instituciones Democráticas continuó vi-
gente después de promulgarse la Constitución de 1965, que a su vez orde-
nó la vigencia de la libre emisión del pensamiento. Este conflicto de nor-
mas en la práctica mantuvo su vigencia hasta el año 1985, cuando se pro-
mulgó la nueva Constitución.
2797.
La Constitución que entró en vigor en 1985 amparó en el Artículo
35 el derecho ciudadano de expresarse sin limitaciones al establecer: “Es li-
bre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censu-
ra ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por
ley o disposición alguna”.
2798.
No obstante que el Estado de Guatemala estaba obligado a respe-
tar el derecho de libre pensamiento, opinión y expresión, por estar garan-
tizados en las declaraciones e instrumentos internacionales de derechos hu-
manos, en la práctica, las autoridades reconocieron vigencia a una norma
de menor rango que contravenía tales instrumentos. Así, durante veinte
años, de facto, la libertad de expresión estuvo supeditada a lo que las au-
toridades dispusieran entender como comunista. Durante este período la
palabra comunista fue utilizada de forma indiscriminada para atacar a los
opositores políticos y deshacerse de ellos.
2799.
A partir del análisis de los instrumentos legales, tanto nacionales
como internacionales, vigentes durante el período del enfrentamiento ar-
mado, podemos comprobar que el derecho ciudadano de expresarse con li-
bertad fue conculcado de modo reiterado tanto en el ámbito individual co-
mo social. Las autoridades estatales se valieron de diferentes medios para
lograrlo. Individualmente, ante el estado de terror que se vivió durante es-
te período: los guatemaltecos prefirieron callar sobre cualquier tópico que
les afectara por temor a resultar muertos o desaparecidos.
2800.
La libertad de expresión va íntimamente ligada al libre ejercicio del
resto de los derechos políticos. Al cerrarse los espacios para la participación
política, se cerraron de forma tácita los espacios necesarios para la libertad
de expresión. Una revisión de lo sucedido respecto a este tema durante el
período del enfrentamiento armado confirma que en Guatemala el simple
hecho de pensar se convirtió en un hecho peligroso y escribir sobre ideas,
hechos o acontecimientos de la vida política y social del país significó co-
rrer el riesgo de ser amenazado o sometido a torturas, desaparición o muer-
te. En este sentido, la opinión de los ciudadanos, escritores, artistas, poe-
tas, líderes de organizaciones, políticos y periodistas estuvo sujeta a los ries-
gos que la represión imponía al ejercer el derecho a expresarse. Por sistema
fue denegada al pueblo de Guatemala la posibilidad de hacer uso del más
elemental de los derechos democráticos.
2801.
La libertad de expresión se entiende como un ciclo que compren-
de la libertad de pensamiento a través de la manifestación libre de la opi-
153
nión personal. También la libertad de expresión corresponde a la libertad
de opinión al difundirse el pensamiento a través de los medios de comu-
nicación y, por último, el derecho a informar y ser informado que retroa-
limenta la libertad de pensamiento en una forma cualitativamente supe-
rior.
422
Todo el ciclo fue un derecho constantemente violado por los gobier-
nos que se sucedieron durante el enfrentamiento armado interno.
Violaciones de la libertad de expresión
2802.
La sociedad guatemalteca sufrió durante el enfrentamiento arma-
do el silencio provocado por las condiciones de violencia y terror institu-
cionalizados, violándose así el derecho a la libre expresión del pensamien-
to inherente a todo ser humano. Los testimonios recibidos por la CEH, in-
sisten en subrayar el silencio que la población vivió porque hablar consti-
tuía un peligro inminente.
“El precio que se pagó no fue exclusivo del sector prensa, fue la ma-
yoría de la población, incluso de los que no dijeron. Guatemala es un
país silenciado, es un país incomunicado. Nosotros no hemos tenido
la posibilidad de establecer realmente ese acercamiento entre seres hu-
manos porque el derecho a la comunicación nos ha sido vetado todo
la vida”.
423
“Es duro que te digan que no tienes derecho a hablar, que te vas a
acostar a las seis de la tarde ... es violar nuestros derechos”.
424
2803.
La censura penetró en todos los estratos y gremios del país. Esta se
impuso mediante las prohibiciones a la circulación de libros que se consi-
deraban comunistas,
425
las restricciones a la libertad de cátedra y a la pro-
hibición de periódicos alternativos como la de El Estudiante que se dio a
principios de la década de los sesenta y que era el medio de comunicación
de los estudiantes universitarios. Tampoco se podían dar a conocer opinio-
nes sobre la condición política del país o sobre situaciones referentes a la
vida cotidiana.
154
422 Luis Rodolfo Ramírez y otros, “Justicia penal y libertad de prensa”, Informe sobre Guatemala. Ila-
nud, San José, Costa Rica, 1993, pg. 175.
423 Testigo (periodista) CEH.
424 C 11415. Ixcán, Quiché.
425 Por ejemplo, durante el Gobierno de Arana Osorio, el ministro de la Defensa, coronel Leonel
Vassaux Martínez, informó que durante los cateos que se realizaban en la ciudad, “cualquier per-
sona dueña de libros que a criterio del oficial encargado del cateo se estimara subversivo o literatura
‘de izquierda’ sería capturada y asumió la responsabilidad de no publicar nada sin la autorización del
Ejército”. Carlos Cáceres, Presencia y Tiempo, Guatemala: ensayo biográfico sobre Huberto Alva-
rado, México, 1987, pg. 58.
“Al profesor Recinos lo enterraron en Malacatán, fue un entierro ma-
sivo, y todos con la idea clara de cómo predominaba el Ejército y que
no dejaba actuar ni mucho menos decir las verdades, hasta pecado era
pensar porque nos venían a buscar”.
426
2804.
No se podía hablar de las condiciones de violencia, discriminación
y pobreza en que se vivía, ya fuera a través de la música o del arte, porque
se constituía en motivo para que quienes lo hicieran fueran reprimidos.
Grupos culturales, teatrales, así como escritores y poetas fueron amenaza-
dos, ejecutados arbitrariamente o desaparecidos y otros más partieron al
exilio. Un ejemplo fue el del escritor Manuel José Arce, quien definió su
exilio en estos términos: “Si dejé mi país fue a causa de las amenazas de las
que fui objeto, de la hostilidad del régimen contra mi persona y de la imposi-
bilidad de expresarme en tanto que escritor y en tanto que ciudadano”.
427
En
1979 el Festival Nacional de Teatro llevó el nombre del escritor y periodis-
ta Manuel José Arce, pero el Gobierno prohibió que durante la celebración
del festival se llevaran a escena obras de este autor.
2805.
La misma suerte debían soportar quienes mostraban simpatía por
los líderes asesinados. Esto motivó que las autoridades tomaran represalias
contra los empleados estatales. Por ejemplo, Julia Vela, directora del Ballet
Folklórico, fue despedida por el Ministro de Educación porque había pe-
dido un minuto de silencio en tributo de Manuel Colom Argueta duran-
te un acto oficial.
428
2806.
Esta imagen de violencia se puede ver en todo el período, aunque
realizada de distinta manera: en las primeras dos décadas la represión selec-
tiva era la norma y aunque ya se conocían asesinatos de personas que ex-
presaban sus ideas, fue durante los años ochenta cuando sistemáticamente
se violó el derecho a la libertad de expresión al reprimir incluso a las orga-
nizaciones culturales y teatrales de los barrios populares de la ciudad y del
interior del país.
“Nosotros empezamos una de las que sería interesante de ver es de que
el círculo cultural Ixmucané, por su misma evolución cultural y sus
mismos actos culturales como canción-teatro, el teatro principalmente
era, podríamos llamarle, teatro popular, que hacía bromas de la rea-
lidad indígena para que la gente despertara y viera cuál era la reali-
dad que se estaba viviendo. Como por ejemplo las agarradas al cuar-
tel, cómo regresaban los muchachos a las comunidades”. Este grupo
155
426 Testigo CEH (T.C. 451).
427 Tribunal Permanente de los Pueblos sesión Guatemala, Madrid, 27 al 31 de enero de 1983. Edi-
torial Iepala, Madrid, 1984, pg. 166.
428 Amnistía Internacional, Guatemala Campaign, Circular No. 7, “Repression of Journalists in
Guatemala”, 1979.
cultural se desintegró después de que algunos de sus integrantes fueran
desaparecidos”.
429
Alberto Rubén Ochoa Ochoa, integrante del conjunto marimbístico
Lira Marquense, había gravado varios discos como intérprete de canciones,
entre ellos una melodía que se titulaba Maldita Violencia. Fue la época de
mayor auge del conjunto, y por lo tanto realizaba giras por todo el país,
por lo que cuando el cuerpo de este músico fue encontrado sin vida, hu-
bo un entierro que concentró a una singular cantidad de personas venidas
incluso de otros departamentos que se hicieron presentes para darle el úl-
timo adiós.
430
2807.
Debido a la represión, la población decidió guardar silencio como
una forma de protegerse y no tener entre sus haberes algo que pareciera “co-
munista”.
“Todo el mundo sabía que el Ejército podía venir en cualquier mo-
mento y registrar las casas, y como la incultura de los soldados era muy
grande y no sabían leer, cualquier libro que encontraban pensaban
que era comunista. Por ello optamos por no tener libros, ni música, ni
ropa verde en casa”.
431
Periodistas y medios de comunicación
2808.
La puesta en vigor en 1965 de la Ley de Libre Emisión del Pensa-
miento estableció las líneas legales para ejercer este derecho, pero como ya
se explicó, otras normas con rango similar determinaron que ejercerlo fue-
ra imposible. Así, tanto durante el Gobierno de facto de Peralta Azurdia,
como en el de Julio César Méndez Montenegro, los periodistas debieron
estar a la defensiva para no ser blanco de los ataques a la libre expresión.
No todos lograron sobrevivir.
“A José Arnoldo Guilló Martínez, se lo llevaron el 12 de julio de
1967 ... trabajaba en Escuintla en Radio Sur y en Radio Palmeras
y como voluntario en la Pastoral Radial de Sacerdotes Belgas de la
Congregación del Inmaculado Corazón de María; por ello a través
de Radio Sur transmitía dos veces por semana. A lo largo del progra-
ma ‘La Vida de los Santos’, tratábamos de hacer entender a la gente
que había persecución e injusticias … siempre con un sentido social
bastante fuerte”.
432
156
429 Testigo CEH (T.C. 5).
430 C 7272, San Marcos, octubre de 1980.
431 Testigo directo CEH. Huehuetenango, 1982.
432 CI 41. Desaparición forzada del locutor José Arnoldo Guilló Martínez. Escuintla, julio de 1967.
El escuadrón de la muerte la Mano Blanca hizo un estrecho segui-
miento al periodista del diario La Hora, Gonzalo Acevedo, obligándolo a
trasladarse de Zacapa a esta capital, en donde continuó la persecución has-
ta darle muerte con ametralladora, en la zona 1, frente al Santuario de
Guadalupe.
433
2809.
Al iniciarse la década de los setenta los sucesivos estados de sitio cu-
ya vigencia se prolongó por un período de dos años, y decretados por el
entonces presidente coronel Carlos Manuel Arana Osorio, obstaculizaban
el libre ejercicio de los derechos ciudadanos, entre ellos la libertad de ex-
presión. Diferentes documentos revisados por la CEH dan cuenta que el
gremio periodístico fue uno de los más afectados en esa época. El Foro Per-
manente por la Democratización de las Comunicaciones reportó a la Co-
misión sobre un total de 13 periodistas ejecutados arbitrariamente o desa-
parecidos en estos cuatros años y varios atentados contra la vida de perio-
distas o contra los medios de comunicación. Entre los periodistas asesina-
dos en este período se cuentan: Luis Díaz Pérez, Julio César de la Roca,
Enrique Salazar y Humberto González Juárez. Veinte años después, en oc-
tubre de 1990, sería asesinado su hijo Humberto González Gamarra, tam-
bién copropietario de un radioperiódico, en parecidas circunstancias.
2810.
Durante el período de transición del Gobierno de Arana Osorio al
de Kjell Laugerud García el panorama político de Guatemala estaba agita-
do debido al denunciado fraude electoral que dio el triunfo a Laugerud, la
resistencia a este fraude era aplacada por las fuerzas estatales mediante la
represión. De marzo a julio de ese año fueron también ejecutados arbitra-
riamente periodistas de diferentes medios de comunicación que dieron su
opinión sobre la coyuntura que se vivía. Entre ellos: Mario Monterroso Ar-
mas, director de “Cartones Radiofónicos” y corresponsal de La Voz de las
Américas.
“Antes y después de las elecciones del 3 de marzo, Monterroso, era uno
de los críticos más destacados contra el Gobierno, el MLN y la fami-
lia Arana Osorio. Aunque sobrino del presidente Castillo Armas
(1954-57), Monterroso era miembro del grupo FLOR, disidente de
la DCG, y lideró la campaña de candidato a alcalde del secretario ge-
neral del FURD, Leonel Ponciano. Se conoció que el Gobierno se
ofendió mucho por la crudeza de la crítica de Monterroso. Sus emi-
siones más recientes casi no se podían escuchar por una aparente in-
terferencia”.
434
157
433 C 654. 1968. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
434 Documento desclasificado HD17.2. International Security, Monthly Report of Incidents, mar-
zo, 1974.
2811.
Este clima de represión fue una de las causas por las cuales en Gua-
temala no se desarrolló la investigación en el medio periodístico. Si alguno
de los reporteros de los medios se atrevía a ir más allá de lo que las instan-
cias gubernamentales permitían, corría sin duda el riesgo de perder su vida.
“Venner Roswald Trejo Alvarez era muy acucioso y dinámico en el
campo del periodismo profesional. Jamás participó en política ni en ac-
ciones delictivas. En algunas oportunidades trató de desentrañar casos
criminales que tendían a quedar en el misterio, sobre todo porque entre
la prensa había temor, por cierto explicable, de interiorizar esos casos
en vista de la brutal represión a que estaban entregados los cancerberos
policíacos del régimen castrense para golpear, desarticular y eliminar a
los grupos de oposición y a cualesquiera otras personas que hacían es-
torbo ... Puedo decir en pocas palabras que lo que realmente motivó la
captura de Venner Roswald Trejo Alvarez, fue el hecho de que su nom-
bre apareció en un pie de foto en el periódico donde trabajaba como re-
portero redactor. En la fotografía estaba la figura grotesca de un coro-
nel que a la sazón actuaba como director de la Policía Nacional, quien
el primero de mayo de 1974, Día Internacional del Trabajo, lanzaba
bombas lacrimógenas, protegiéndose con máscara antigás, contra los
obreros y campesinos participantes en el desfile de aquel día”.
435
2812.
Entre 1978 y 1982 se registró el mayor número de periodistas eje-
cutados arbitrariamente o desaparecidos. La represión contra todos los sec-
tores de la sociedad desatada por el Gobierno del general Romeo Lucas
García repercutió también sobre este gremio. El informe sobre Guatemala
de 1981 preparado por la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos, aseguraba que “si bien es cierto que en Guatemala los periodistas ejercen
su profesión en los distintos medios de comunicación social, también lo es que la
libertad de pensamiento y expresión se ve constreñida por el clima de temor y
amenaza existentes, y que muchos periodistas han sido víctimas de la violencia
que conmueve a dicho país. Algunos intelectuales guatemaltecos estiman que la
libertad de expresión del pensamiento se encuentra seriamente limitada”.
436
2813.
El Foro para la Democratización de las Comunicaciones informó
a la CEH sobre un total de 32 casos de periodistas asesinados o desapare-
cidos en estos años, así como varios atentados contra medios de comuni-
cación y la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG). A pesar de la
creciente represión que los periodistas sufrían, las autoridades guberna-
mentales consideraron que “los ataques contra la prensa provienen de extre-
158
435 C 15385. Mixco, Guatemala, 15 de mayo de 1974.
436 Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
compilación de los informes publicados sobre la situación de los derechos humanos en Guatema-
la 1980-1985. Washington, D.C., junio de 1995.
mistas. El Gobierno y las fuerzas de seguridad no tienen ninguna razón para
perseguir o atacar a los periodistas”.
437
2814.
Sin embargo, las amenazas frecuentes contra los periodistas y los
medios de comunicación hacían que la situación de estos desembocara en
la autocensura como una forma de sobrevivencia. Poco a poco, de las ame-
nazas se pasó a la intimidación, en especial por parte de algunos funciona-
rios públicos que no permitían que se les criticara sobre sus actuaciones en
el ejercicio del poder o que se informara sobre las violaciones a los dere-
chos humanos que el Gobierno cometía.
“El uno de febrero de 1980 fui llamado con urgencia por el secretario
de Relaciones Públicas de la Presidencia. Al llegar [a su despacho],
su secretaria me dijo que no estaba, que me iba a atender el subsecre-
tario. En esa conversación se le intimidó sobre las informaciones que
sobre la quema de la Embajada de España se habían transmitido en
su noticiero. Durante la conversación lo amenazó diciéndole que él te-
nía muy buena puntería y agregó: ‘Esto dígaselo a su compinche de la
Internacional Socialista, Marco Antonio Cacao, porque ustedes son
los que tratan de desestabilizar al Gobierno con noticias falsas y ten-
denciosas ... ustedes necesitan lecciones para no abusar de la libertad
de prensa’. Después agregó: ‘Tenga mucho cuidado, ande con pies de
plomo porque la vida no es cola de garrobo, no retoña”.
438
“Inconforme por unas declaraciones suyas publicadas en el Nuevo
Diario, en las que justificaba los golpes de Estado, el Ministro de Re-
laciones Exteriores ... acompañado de un grupo de guardaespaldas,
me esperó infructuosamente en el periódico durante tres horas. No re-
currió al derecho de aclaración, a sabiendas de que sus opiniones ha-
bían sido grabadas, sino que me buscó con desplantes intimidatorios
y me dejó dicho con el director que ‘eso no se iba a quedar así’. Ese era
el típico proceder de los funcionarios del régimen”.
439
2815.
La violencia contra los periodistas llevó a la desaparición del Sin-
dicato de Trabajadores de los Medios de Comunicación (SIMCOS), orga-
nización que aglutinaba a buen número de profesionales. El 27 de diciem-
bre de 1978 sus miembros fueron acusados por el coronel Germán Chu-
pina Barahona, director de la Policía Nacional, de haber puesto una bom-
ba en la sede central de la Policía y acusó a los miembros del SIMCOS de
tener en su posesión ametralladoras que habían usado en actos ilegales.
159
437 Diario Impacto, 1 de marzo de 1979.
438 C 741, ciudad de Guatemala, febrero 1980.
439 Byron Barrera Ortiz, El delito del búho, Fondo de Cultura Editorial, Guatemala 1992.
Cuando los periodistas quisieron aclarar la situación, el coronel Chupina
rehusó reunirse con los líderes para discutir los cargos.
440
Dos meses antes
había acusado a sindicalistas, periodistas y directivos de la Asociación de Pe-
riodistas de Guatemala, APG, de formar parte de una facción clandestina.
2816.
Entre 1979 y 1980 “son asesinados José León Castañeda, Marco An-
tonio Cacao Muñoz y Belte Villatoro, miembros del Comité Ejecutivo del sin-
dicato...el principal dirigente del sindicato fue el periodista Elías Barahona...
con su salida del país deja al sindicato en manos de líderes con poco carisma
y poder de convocatoria. El SIMCOS pasa a la clandestinidad y luego desa-
parece”.
441
2817.
Marco Antonio Cacao Muñoz, periodista, miembro del Partido
Socialista Democrático fue ametrallado por la G-2 el 5 de julio de 1980,
acusado de viajar frecuentemente a Costa Rica, según dijo el Ministro
del Interior;
442
éste señaló confidencialmente a su secretario de prensa
que Cacao Muñoz era un buen muchacho pero no medía su lengua pa-
ra hablar mal del Gobierno.
443
El crimen se atribuyó al Ejército Secreto
Anticomunista.
2818.
[José León Castañeda fue capturado en 1979] “por dos
hombres armados que se conducían en un carro Bronco ... Luego del
secuestro, Castañeda fue encontrado tirado en una de las calles de la
ciudad. Se informó que su muerte se debió a un paro cardíaco. Sin
embargo, al exigirse el dictamen de la autopsia se reveló que el perio-
dista había muerto por la intensidad y brutalidad de las torturas que
le fueron propinadas: golpes, hemorragia pulmonar y asfixia. El SIM-
COS ha comentado que éste es un nuevo método de eliminación uti-
lizado por las fuerzas terroristas, pues no acuden al tiro de gracia.
444
Había sido amenazado por el Ejército Secreto Anticomunista y por
dos diputados miembros de la actual legislatura de la República. Las
entidades democráticas y populares han interpretado el asesinato de
José León Castañeda como un atentado en contra de la libertad de ex-
presión y consideran que dicho crimen forma parte de una agudiza-
ción de la violencia en contra de los trabajadores de la prensa”.
445
“En una de las conversaciones se entró a discutir sobre la muerte del
periodista José León Castañeda, quien fue reportero del ‘Noticiero
2000’ miembro del Sindicato de Medios de Comunicación Social y
que había recibido amenazas de organizaciones anticomunistas como
160
440 Represión a periodistas en Guatemala, Circular No. 7 de Amnistía Internacional 1979.
441 Testigo directo CEH.
442 Testigo CEH. (T.C. 153).
443 Ibid.
444 Informe sobre la situación de los derechos humanos en la República de Guatemala, Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos, octubre 1981, pg. 25.
445 Ibid.
la Mano Blanca. [Un diputado] dijo en un momento efusivo que [el
secretario de Relaciones Públicas de la Presidencia] tenía datos so-
bre José León Castañeda que lo ligaban con la guerrilla y que en una
ocasión se les había fugado por los tejados de una casa de la zona 6”.
446
2819.
Al igual que fue violentada la libertad de información, lo fue tam-
bién la libertad de opinión. En muchos casos los periodistas fueron vícti-
mas después de expresar su opinión sobre algún aspecto de la vida política
del país.
Edgar Rolando Castillo Rivera, periodista del Radioperiódico América,
realizó denuncias contra algunos hechos de violencia en Quetzaltenango.
Las denuncias eran en contra de la guerrilla y del Ejército. El 31 de enero
de 1981, luego de haber recibido varias amenazas de muerte, fue ejecuta-
do arbitrariamente en la colonia Molina, Quetzaltenango. En los últimos
días había escrito un editorial muy fuerte contra el candidato a la Presiden-
cia por el MLN.
447
2820.
La desaparición forzada fue uno de los métodos más utilizados pa-
ra acallar a los periodistas. De este período se cuenta a más de una decena
en esta condición que en ejercicio de su derecho a informar daban a cono-
cer hechos atribuidos a la política del Gobierno.
Oscar Leonel Mujía Córdoba era locutor, estaba trabajando en la emi-
sora Nuevo Mundo en la ciudad capital desde hacía un año. Se encontraba
en Huehuetenango disfrutando de dos días de permiso que había solicita-
do para asistir a una celebración cuando desapareció, nunca se supo de su
paradero.
448
Oscar Enrique Ovalle Barrillas era radio operador de la Cruz Roja y
trabajaba como cronista deportivo. Además tenía un noticiero, en una ra-
dio que estaba en la 3ª calle y 10ª avenida de la zona 2, que transmitía los
domingos por la mañana. El 17 de abril de 1980 fue capturado por hom-
bres armados en la esquina de la 3ª calle y 9ª avenida de la zona 1, Guate-
mala. Hasta la fecha se desconoce su paradero.
449
2821.
La represión se extendió por todo el país. Los periódicos y revistas
de provincia desaparecieron durante los años de mayor violencia al igual
que las radios comunitarias, destacando aquellas que difundían programas
de carácter educativo y cultural. El Estado mantuvo como cierto que los
medios de comunicación del interior del país, y sobre todo las radioemiso-
ras, estaban vinculados a la insurgencia. Este supuesto los convirtió en
blancos de la represión. Durante este período de Gobierno él Ejército vi-
161
446 C 741. En referencia al caso de José León Castañeda. 1979. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
447 C 8006. Quetzaltenango, enero 1981.
448 C 5676. Huehuetenango, 10 de marzo de 1981.
449 C 742, ciudad de Guatemala, abril 1980.
giló constantemente las radioemisoras que transmitían en lengua indígena
“debido a que la denuncia de un prisionero ha alertado sobre la colaboración
de muchas de esas emisoras con la insurgencia. Apenas seis semanas después de
conocerse esta noticia, dos locutores de La voz de Utatlán, estación que trans-
mitía en lengua quiché, aparecieron muertos por arma de fuego”.
450
2822.
También la Radio Quiché que transmitía programación religiosa y
“hablaba sobre la realidad de las comunidades [que] en la explicación de la
palabra lleva ideas progresistas e innovadoras, y fue la primera radio que llegó
a las comunidades, ya que Radio Santa Cruz era de onda corta”,
451
fue perse-
guida y muchos de quienes trabajaron en ella fueron asesinados. De acuer-
do con los testimonios recibidos por la CEH las víctimas eran perseguidas
por los escuadrones de la muerte. Ellos operaban “desapareciéndolos y luego
dejaban el cadáver, a veces sin partes del cuerpo. Hubo uno de la Radio Qui-
ché, a quien luego a la esposa le enviaron en una cajita la cabeza”.
452
2823.
En este sentido, la Comisión conoció el caso de la Asociación Ra-
diofónica La Voz de Atitlán que funcionaba en Santiago Atitlán, Sololá.
453
Esta asociación, que surgió en 1970, y que a través de sus programas ra-
diales transmitía básicamente programas de educación para adultos, de sa-
lud, culturales y religiosos fue acusada por el Ejército de colaborar con la
guerrilla y sus principales dirigentes fueron desaparecidos. El director, Gas-
par Culán Yatás, fue desaparecido el 24 de octubre de 1980. El 29 de oc-
tubre de ese mismo año los soldados irrumpieron con lujo de fuerza a la
radio, destruyeron el equipo de transmisión y la clausuraron. El 15 de no-
viembre otros cuatro miembros de la asociación fueron secuestrados en
Antigua Guatemala: Esteban Ajtsip Reanda, Nicolás Ratsán Tsiná, Juan
Pacay Tucuch y Diego Sosof Alvarado.
454
2824.
Con el golpe de Estado de marzo de 1982 pareció en un primer
momento que el ejercicio del periodismo iba a ser más abierto que duran-
te el régimen anterior e incluso se llegó a opinar sobre la situación política
del país. Pero ya el 26 de abril el jefe del Estado Mayor del Ejército difun-
dió una nota entre los periodistas en la que solicitaba que colaboraran en
la lucha contra la guerrilla, no volviendo a mencionar en las publicaciones
el término guerrillero, sino que se les calificara de terroristas o subversivos;
que no se mencionara el nombre completo de las organizaciones guerrille-
ras, y que “no se le dé importancia a las acciones que lleven a cabo esas orga-
nizaciones”.
455
162
450 Luis Rodolfo Ramírez y otros, ob. cit., pg. 212.
451 Testigo de referencia CEH.
452 Ibid.
453 Ver CI 12.
454 C 4095. Antigua Guatemala, noviembre 1980.
455 Luis Rodolfo Ramírez y otros, ob. cit., pg. 212.
2825.
Este fue uno de los primeros intentos destinados a coartar la liber-
tad de expresión y de información. El decreto del estado de sitio del 2 de
julio de 1982 dispuso en el Artículo 14: “Los órganos de publicidad están
obligados a evitar las publicaciones que puedan causar confusión o pánico o
agraven la situación. En consecuencia, se les prohíbe publicar toda información
de los grupos facciosos”.
2826.
Asimismo, por medio de un comunicado el Gobierno estableció:
“Se prohíbe la publicación de noticias y comentarios que tengan que ver con
acciones subversivas ocurridas en el país, ya sea que estas informaciones se ori-
ginen en la República o provengan del exterior. Cualquier noticia de esta ín-
dole sólo podrá publicarse si proviene de la secretaría de Relaciones Públicas de
la Presidencia. Los directores de los distintos medios de comunicación del país,
en ejercicio de la autocensura, darán cumplimiento a las anteriores disposicio-
nes bajo su más estricta responsabilidad. En caso de incumplimiento se proce-
derá a imponer la censura previa por el tiempo que sea necesario, bajo las dis-
posiciones que para ese efecto se dicten”.
456
2827.
El decreto que se menciona provocó que los periodistas fueran cau-
telosos en el desempeño de sus labores, es decir, utilizaron de nuevo la au-
tocensura como un medio de protección para salvaguardarse de cualquier
interpretación que el Gobierno hiciera sobre lo que éste denominaba pu-
blicaciones que “puedan causar confusión o pánico o agravar la situación”. Tal
proposición y la interpretación que se hiciera de ella, significó la vuelta a
trabajar bajo un clima de intimidación a la que los medios y periodistas su-
cumbieron al autocensurarse.
2828.
Los diferentes planes de campaña elaborados por el Ejército para
contrarrestar a la insurgencia estimaban también el control que sobre los
periodistas y los medios de comunicación debía ejercerse. Así, los coman-
dantes de zonas y bases militares, al tomar el control del gobierno regional
como gobierno militar, asumían el control de los medios de comunica-
ción.
457
2829.
El plan de campaña del Ejército, Victoria 82 disponía “la censura o
suspensión de las transmisiones civiles” y “la vigilancia y control de los aspectos
vulnerables de la región, [entre los que se cuenta] el sistema de radioemisoras,
antenas y repetidoras”.
458
2830.
Los mismos planes de campaña Victoria 82 y Firmeza 83 ordena-
ban a los comandos militares que se encontraban realizando operaciones
contrasubversivas la “prevención de interferencia civil en operaciones milita-
res … control sobre reporteros y periodistas”,
459
con lo que se impedía el libre
acceso a las fuentes de información.
163
456 Comunicado del Gobierno de la República, julio de 1982.
457 Plan de campaña Victoria 82, anexo G, apartado III-D-2.
458 Plan de campaña Victoria 82, anexo A, apéndice 3 (contrainteligencia), apartado II-C y I-6.
459 Plan de campaña Victoria 82, anexo G (asuntos civiles), apartado 3-A-3.
2831.
La radio La Voz de Atitlán comenzó a transmitir de nuevo en ma-
yo de 1982, contando con la autorización del Ejército que ejercía control
sobre los socios de la emisora, convocándolos con frecuencia a reuniones.
En julio del mismo año en una reunión de esa naturaleza que se realizaba
en el edificio de la radioemisora fue capturado el socio Felipe Vásquez Tuiz,
quien después de cuatro días de estar en la cárcel municipal se lo llevaron
miembros del Ejército sin que se tengan noticias de él hasta la fecha.
460
En 1976 nace radio Quicoté (alegría) ... la finalidad de la radio era
purificar los idiomas. Las amenazas fueron cada vez más serias por
parte del Ejército o personas allegadas al mismo ... Un día de 1982
la Policía Nacional (identificados por los uniformes) se llevaron al lo-
cutor Agustín Tzaloj Tuist, de 28 años de edad, cuando se dirigía de
su aldea a Sololá, a trabajar en la radio. Familiares, vecinos y amigos
iniciaron su búsqueda y quince días después encontraron su cadáver
troceado en un río. Fue identificado por la camisa que vestía ... la ra-
dioemisora desapareció aquel año y actualmente se está intentando re-
cuperarla.
461
2832.
En 1986 llega al poder el civil Marco Vinicio Cerezo Arévalo, po-
niéndose en marcha la denominada etapa de transición a la democracia en
la que se inicia el retorno de políticos, intelectuales y periodistas en el exi-
lio y se abren nuevos medios de comunicación como el semanario La Epo-
ca, el diario Siglo XXI, la revista Crónica y el telenoticiero Siete Días. El uso
de la crítica por parte de la prensa produjo roces que llevaron a coartar la
libertad de expresión. Así, en 1989 el programa radial “Radar Informati-
vo”, transmitido por La Voz de Huehuetenango, fue amonestado por sus crí-
ticas. Por otro lado, una campaña publicitaria del sector privado organiza-
do que criticaba la reforma tributaria del Gobierno fue censurada. Los pe-
riodistas Alvaro Contreras Vélez y Mario David García fueron advertidos
públicamente por el mandatario sobre los riesgos de ser procesados por
cargos de desestabilización atribuidos a sus comentarios.
462
2833.
Las consideraciones que las autoridades gubernamentales tenían
sobre la desestabilización que provocaba la prensa fueron consideradas
por el Ministro de la Defensa de la siguiente forma: “La prensa introduce
los ingredientes de destrucción de la democracia. Ustedes le dan más relevan-
cia a un boletín de los Oficiales de la Montaña [grupo clandestino de extre-
ma derecha], que a lo que dice con mucha seriedad y responsabilidad el vo-
cero del Ejército, que soy yo. Ustedes, señores, están desnaturalizando el gran
164
460 C 4245, Santiago Atitlán, Sololá. Julio 1982.
461 C 400. Sololá. 1982.
462 Alvaro Contreras Vélez, director y columnista de Prensa Libre y Mario David García, director y
editorialista de Aquí el Mundo.
esfuerzo que el Ejército quiere hacer de viabilizar la democracia. Ustedes des-
truyen la construcción de la democracia. Ustedes quieren que el Ejército regre-
se a ser un Ejército opresor”.
463
2834.
Luego de la intentona de golpe de Estado de mayo de 1988, el Go-
bierno ordenó el cierre del Canal 3, a tan sólo siete días para que finaliza-
ra el contrato del noticiero Aquí el Mundo con el canal. Por orden judicial
se reabrió el canal, pero no se renovó el contrato al noticiero debido a la
advertencia del Gobierno de una nueva suspensión de este medio u otro si
“se vuelven a detectar acciones desestabilizadoras”. El noticiero había apoya-
do en sus emisiones la intentona golpista.
2835.
Los nuevos medios de comunicación se caracterizaron por desarro-
llar un periodismo de investigación, profundizando en las informaciones.
En junio de 1988 el semanario La Epoca, auspiciado por agencias no gu-
bernamentales europeas, sufrió un atentado. Hombres fuertemente arma-
dos irrumpieron en sus instalaciones y destruyeron totalmente el equipo.
Su jefe de redacción comentó: “El semanario La Epoca fue el experimento
de insertar un periodismo independiente en la democracia; su expulsión, el pre-
cio por tal osadía”.
464
Previo al atentado se había secuestrado al reportero Ju-
lio Godoy y el fotógrafo Omar Martínez fue detenido, acusado de delitos
que no había cometido.
465
También desapareció el noticiero Siete Días al
impedírsele, por presiones gubernamentales, seguir utilizando el espacio en
el canal por donde transmitía.
“El 14 de junio amigos de los Barrera en la administración de Cere-
zo verificaron que miembros de la Inteligencia militar los vigilaban y
que oficiales de unidades no identificadas de Inteligencia militar pla-
neaban secuestrar y asesinar a Byron Barrera para asegurar que La
Epoca no fuera reabierta”.
466
2836.
La apertura de agencias de noticias de los países socialistas que se
dio en estos años duró poco tiempo, las amenazas y atentados en su con-
tra hicieron que estas abandonaran el país. En mayo de 1988 el escuadrón
de la muerte la Mano hizo circular un comunicado en que señalaba de es-
pionaje a las agencias TASS, soviética y Prensa Latina, cubana. La TASS su-
frió un atentado dinamitero y su corresponsal, Alejandro Trouchine, jun-
to con Manuel Guerrero, corresponsal de Prensa Latina, fueron obligados
a abandonar el país después de recibir numerosas amenazas.
2837.
En los años de gobierno de Cerezo Arévalo la violencia se tornó se-
lectiva, en particular a finales del año 1990; los periodistas volvieron a ser
165
463 Citado por Byron Barrera, ob. cit.
464 Haroldo Shetemul, jefe de Redacción de La Epoca, Intervención en el seminario realizado en
Guatemala sobre la prensa y los derechos humanos, 28 y 29 de junio de 1991.
465 Byron Barrera Ortiz, ob. cit.
466 Documento desclasificado, pg. 12.53, julio 1988.
víctimas de la represión. Byron Barrera Ortiz,
467
ex director de La Epoca,
sufrió un atentado el 26 de octubre de 1990 que le costó la vida a su es-
posa Refugio Villanueva. Días antes, el empresario radial Humberto
González Gamarra
468
había sido asesinado también por hombres desco-
nocidos.
2838.
El segundo Gobierno civil en el poder, encabezado por Jorge Se-
rrano Elías, fue considerado por las asociaciones internacionales de prensa,
como la Federación Internacional de Periodistas (FIP), como un período
difícil para la libertad de expresión en Guatemala. Serrano prometió en su
discurso de toma de posesión “respetar rígidamente los derechos humanos y
enjuiciar a los violadores indiscriminadamente, sin tomar en cuenta su estado
social o afiliaciones con el Gobierno o con las fuerzas de seguridad”.
469
2839.
El derecho a la libertad de información tampoco fue respetado du-
rante este período. En agosto de 1991 los periodistas fueron conminados
a no informar sobre la evolución que los casos de Michael Devine, Myrna
Mack y Byron Barrera llevaban en los tribunales; y varios reporteros, espe-
cialmente de radio periódicos, fueron amenazados de muerte por la vía te-
lefónica.
2840.
Las relaciones entre la prensa y el Gobierno se fueron haciendo ca-
da vez más tensas. El Presidente acusó a la prensa de desestabilizadora del
sistema y de que los medios de comunicación, especialmente los escritos,
eran sobornados por narcotraficantes. Funcionarios del poder ejecutivo lle-
garon a considerar un posible golpe de Estado fraguado desde el interior
de los medios de comunicación.
2841.
El informe de 1992 del experto independiente Christian Tomus-
chat exponía que: “Se ha denunciado que la secretaría de Relaciones Públicas
de la Presidencia repartió una circular titulada Límites a las libertades de ex-
presión del pensamiento, de opinión e información. Al respecto la Cámara
Guatemalteca de Periodismo consideró que la falta de una legislación adecua-
da en materia de medios de comunicación favorece la inseguridad de los pro-
fesionales de la prensa”.
470
2842.
En las últimas semanas de 1992 se produjo una serie de hechos que
fueron calificados por organizaciones de derechos humanos como una
agresión sistemática a la libertad de prensa. Entre estos hubo atentados
contra periodistas y medios de comunicación, así como la captura ilegal, el
166
467 Ver C 842.
468 C 842. Ciudad de Guatemala, octubre 1990.
469 Robert Carty, “El terror diario. Ataques a la libertad de expresión y a los derechos de los perio-
distas en Guatemala”, publicado en Democracia y medios de comunicación en Centroamérica. Se-
minario sobre demandas y perspectivas del ejercicio y la capacitación de los periodistas en el ist-
mo centroamericano, Asociación para el Desarrollo de las Comunicaciones Sociales, 1992.
470 Naciones Unidas, Consejo Económico y Social. Comisión de Derechos Humanos; “Informe del
experto independiente, Sr. Christian Tomuschat, sobre la situación de los Derechos Humanos en Gua-
temala, preparado de conformidad con el párrafo 13 de la resolución 1992/78 de la Comisión, pg. 20.
4 de diciembre, del periodista Omar Cano Herrera, quien fue sometido a
vejaciones por contrabandistas de madera a los que apoyaron elementos
militares. Meses después este periodista debió salir al exilio ante las fre-
cuentes amenazas que recibía.
2843.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró en
1992: “pese a que existe en Guatemala legislación que garantiza la libertad de
prensa y muchos órganos del Estado luchan para defenderla, existe actualmen-
te un clima de atemorización y ataques contra la misma, en que participan
agentes del Estado, y que se agrava en sus efectos por la trágica experiencia de
períodos anteriores”.
471
2844.
El 25 de mayo de 1993 el presidente Serrano Elías rompió con el
orden institucional, disolvió varias instituciones e interrumpió con carác-
ter temporal 46 artículos de la Constitución, entre ellos el Artículo 35 que
ampara el libre ejercicio de la libertad de emisión del pensamiento. Envió
a los medios de comunicación a contingentes de las fuerzas de seguridad
para que los cuidaran y censores para que sometieran a revisión las edicio-
nes a publicar. El resultado fue la inmediata protesta de los periodistas que
llegaron a las manifestaciones de repudio por el golpe de Estado y por coar-
tar la libertad de expresión. Pocos días después Serrano debió renunciar a
su mandato y en su lugar el Congreso de la República eligió a Ramiro de
León Carpio, hasta entonces procurador de los Derechos Humanos.
2845.
En los últimos años del enfrentamiento armado las presiones que
se ejercieron contra los periodistas y los medios de comunicación para que
no informaran sobre ciertos hechos fue disminuyendo. Sin embargo, en
julio de 1994 Jorge Carpio Nicolle, dueño del periódico El Gráfico y pri-
mo hermano del Presidente, cayó asesinado. En este mismo período fue-
ron asesinados los periodistas Alberto Antoniotti y Víctor Cruz.
2846.
Hasta la firma de la paz el 29 de diciembre de 1996 los asesinatos,
amenazas y otros tipos de represión dirigidos contra los periodistas conti-
nuaron. El 10 de diciembre de 1996, a escasos 19 días de la firma de la
paz, el jefe de Redacción del semanario Inforpress Centroamericana, Israel
Hernández Marroquín, fue asesinado. Las autoridades dijeron que el cri-
men fue de tipo sentimental, pero Marroquín trabajaba en proyectos de
investigación sobre la aplicación de los Acuerdos de Paz. El crimen nunca
se esclareció.
La desinformación
2847.
La desinformación fue una de las normas básicas para distorsionar
la opinión pública. Con este recurso se pretendía justificar y hasta legiti-
167
471 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuarto informe sobre la situación de los dere-
chos humanos en Guatemala, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos,
Washington D.C., 1993, pg. 23.
mar las violaciones a los derechos humanos, haciéndolas aparecer como
una reacción normal del Gobierno que se defendía de la agresión foránea,
es decir, esgrimiendo el argumento del “costo necesario” para mantener el
Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos.
2848.
Las recurrentes declaraciones de miembros de los diferentes gabi-
netes de que la violencia en el país era a causa del enfrentamiento de pos-
turas políticas extremistas o de que el Gobierno del momento era ajeno a
los actos de violencia que se efectuaban, constituía un medio de mantener
el control de la opinión pública. Los listados que los escuadrones de la
muerte hacían circular constantemente fueron utilizados precisamente pa-
ra desinformar a la ciudadanía. El que en ellos se incluyera a altos perso-
najes del Gobierno de turno era una manera de desorientar e implantar la
duda en la población sobre el supuesto de que eran las extremas las que se
enfrentaban.
“Durante el tiempo que estuve en el Ministerio del Interior seguí con
mucho interés el proyecto contrainsurgente que sugirieron los represen-
tantes del Gobierno norteamericano al general Lucas García. El pro-
yecto se denominaba Programa de Pacificación y Erradicación del Co-
munismo ... constaba de una justificación pública del Gobierno por
la represión selectiva y luego masiva e indiscriminada, denominada
teoría de las extremas, dando la idea de enfrentamiento violento de la
izquierda y derecha y luego la guerra civil que está destinada a expli-
car lo que ocurre en las áreas rurales para dar a entender que los cam-
pesinos se enfrentan a la guerrilla dando como resultado la guerra civil
... Todo eso lo sé muy bien porque fui consultado para los aspectos pro-
pagandísticos de la primera fase, al extremo que yo elaboré el primer
comunicado del resurgimiento del Ejército Secreto Anticomunista ...
A ese comunicado se agregó luego una lista con el nombre de 36
472
di-
rigentes de distintos sectores que habían sido sentenciados a muerte por
comunistas. Esta lista se la dio al Ministro del Interior el jefe de la In-
teligencia militar. El comunicado fue llevado a los periódicos por
agentes de la policía secreta, a quien yo se los entregué con instruccio-
nes del Ministro del Interior. Esto demuestra que no eran las extremas
las que se enfrentaban, sino que era el Gobierno el que planificaba y
cometía los asesinatos y secuestros ... Fui consultado para la implemen-
tación de lo que se refiere a la propaganda en los medios de difusión.
Había que divulgar reiteradamente que los guerrilleros estaban come-
tiendo las masacres y que el pueblo se defendía, cuando en realidad
168
472 Fueron 38 los nombres que aparecieron en esta lista, publicada en los principales periódicos del
país.
eran las tropas especiales y los grupos paramilitares los que las come-
tían utilizando la mayor parte de los recursos que da la teoría de la
guerra psicológica”.
473
“Fui llevado en mi propio carro, semi inconsciente, a Santa Rosita,
zona 16, donde me preguntaron que si era del PGT. Les respondí: ‘Soy
de la APG’. Luego ya no sentí nada sólo un ardor caliente en las pier-
nas porque me pegaron dos balazos...Logré salir de ese lugar y llegué
a mi casa...Estando hospitalizado se presentó el Secretario de Relacio-
nes Públicas de la Presidencia a decirle a mi esposa que en las decla-
raciones les dijera a los periodistas que fue delincuencia común. Acep-
té porque el sentido común decía que era lo que debía hacer”.
474
2849.
Más adelante, durante el Gobierno del general Efraín Ríos Montt,
se puso en práctica el plan de campaña Victoria 82 que trazaba los linea-
mientos para la utilización de los medios de comunicación a fin de estable-
cer una campaña masiva contrainsurgente haciendo propaganda específica-
mente sobre los logros que la amnistía
475
daba para los insurgentes que se
acogieran a ella. El método consistía en saturar de propaganda los medios
de comunicación utilizando para ello los espacios que por ley el Estado pue-
de utilizar para divulgar sus actividades.
476
El anexo F de dicho plan señala:
“Plan de OPSIC [Operaciones Psicológicas] a la orden de operaciones Victo-
ria 82. III. Ejecución, a) Pre-ofensiva. Se decretará la amnistía para los delin-
cuentes subversivos, dándoles saturativa (sic) divulgación por todos los medios de
comunicación, reforzada por un mensaje del padre Pellecer Faena como uno de
los primeros y único amnistiado público y mensajes dominicales por el señor
Presidente de la República. Segunda fase, 3. Durante los últimos ocho días se
iniciará una campaña publicitaria en contra del comunismo en todos los me-
dios de comunicación, los cuales se saturarán al finalizar la amnistía”.
2850.
Asimismo, la directriz del Gobierno
477
plasmada por el Ejército en
el plan de campaña Consolidación Nacional 86 ordenaba como imperativo
la planificación, ejecución y supervisión de un programa que debía ser
aplicado en 1986 que contenía la estrategia militar que haría posible la po-
lítica de seguridad del Gobierno. Dentro de dicho plan, a través de su De-
partamento de Información y Divulgación (DIDE), el Ejército implemen-
169
473 Tribunal Permanente de los Pueblos, Sesión Guatemala, Madrid, 27 al 31 de enero de 1983. Ie-
pala Editorial, Madrid, enero 1984, y testigo CEH. (T.C.153).
474 C 741. 1979. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
475 Para más información sobre las amnistías decretadas en este período véase el apartado sobre el
desplazamiento forzado en este capítulo.
476 Ver Ley de Radiodifusión Nacional.
477 Plan de campaña Consolidación Nacional 86 No. 3-l-000021.
tó el plan de operaciones psicológicas que tenía como uno de sus objetivos
la orientación de un enfoque nacional e internacional hacia los medios de
prensa y comunicación popular “para contrarrestar toda acción tendiente a
confundir a la opinión pública en contra del prestigio del Ejército y del nuevo
Gobierno”,
478
manipulando de esa forma la información. Testimonios reco-
gidos por la CEH dan cuenta de cómo se utilizaba la desinformación pa-
ra confundir a la opinión pública, incluso ya a finales del enfrentamiento
armado.
“Mucho después … fuimos llevados pues a dar una conferencia de
prensa ... Bueno, eso fue montado por el mismo Ejército, por colabo-
radores de la prensa, o sea gente de la prensa que eran colaboradores
cercanos del Ejército, o sea gente que defendía o que estaba a favor
pues, de lo que el Ejército hacía. Tuve la oportunidad y con honor a
la verdad lo estoy diciendo, pues, ese momento eso fue a finales de
agosto, fue como el 28, sí, fue como el último de agosto porque dimos
la conferencia de prensa en donde nos dijeron … Por lo que a mí res-
pecta, me dieron varios documentos que yo tenía que estudiar para
ir preparado sobre qué responder y qué no responder a la hora de que
me preguntaran. Preguntas desde cómo me sentía al estar con el Ejér-
cito, porque se suponía que yo iba a presentar toda una mentira pa-
ra que el Ejército en ese momento saliera favorecido. ¿Por qué? Por-
que fue toda una cuestión montada en donde yo tenía que responder
a las preguntas que me hiciera la prensa, porque ahí había gente que
colaboraba con el Ejército en ese entonces. Entonces … ya sabían, o
sea ellos ya sabían qué me iban a preguntar pues, y entonces ya a mí
me habían preparado qué iba a responder ... Estuve el resto del mes
de agosto ahí, en ese lugar, cuando me avisan de que tenía que ir a
otra conferencia de prensa, sólo que con la cadena internacional de
televisión ECO. Eso fue lo que me dijeron, hasta aquí no sé de dón-
de sea esa cadena de televisión, en dónde sería la entrevista, esa con-
ferencia tenía que tardar cinco minutos, donde yo tenía que despres-
tigiar pues o seguir hablando en contra de la URNG … esto tenía
un fin político. Una vez que se realizó la conferencia de prensa me
comunicaron que tenía que quedarme, me tenían que trasladar a
donde estaba el cuartel general de la Policía Militar Ambulante,
siempre en la zona 6”.
479
170
478 Plan de campaña Consolidación Nacional 86.
479 Testigo directo CEH. 1992. De acuerdo con los periódicos de la época esta persona fue presen-
tada a la prensa el día 26 de agosto de 1992.
2851.
En este aspecto el Estado violó el derecho ciudadano de recibir una
información veraz sobre lo que acontecía en el país, distorsionando la in-
formación y haciéndole creer a la población sobre la existencia de una “gue-
rra fratricida” en la cual el Estado no estaba involucrado.
XVIII. VIOLACIONES A LOS DERECHOS DE EXISTENCIA,
INTEGRIDAD E IDENTIDAD CULTURAL
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
2852.
En este apartado se analizará, de una parte, el marco de obligacio-
nes de Guatemala respecto de los derechos de los pueblos indígenas en el
derecho interno e internacional; y de otra, las violaciones a los derechos de
existencia, integridad e identidad cultural de los pueblos indígenas que se
sucedieron a lo largo del enfrentamiento armado. Cabe anotar que la nor-
mativa nacional e internacional en materia de derechos de los pueblos in-
dígenas ha ido evolucionando a lo largo del período que comprende el en-
frentamiento armado, llegando a conformar un cuerpo jurídico de gran re-
lieve e importancia.
2853.
El derecho a la existencia de los pueblos indígenas comprende tan-
to el derecho a la integridad como el derecho a la identidad étnica o cultu-
ral. El derecho a la integridad está referido a las condiciones que permiten
mantener y desarrollar su vida colectiva (la vida e integridad de sus miem-
bros, la continuidad biológica y las condiciones de existencia). El derecho
a la identidad cultural está referido a la conservación y desarrollo de sus ele-
mentos identitarios (idioma, vestido, símbolos culturales), de su propia vi-
da cultural y formas de organización social, religiosa, económica y política.
2854.
Los pueblos indígenas en Guatemala conforman una gran parte
de la población, y si bien tanto normas internacionales como nacionales
les reconocen derechos, éstos fueron vulnerados durante el enfrentamien-
to armado.
Obligaciones de Guatemala respecto a los derechos de
los pueblos indígenas en el Derecho Interno e Internacional
El concepto de pueblos indígenas
2855.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo so-
bre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989,
480
define como pueblos indíge-
171
480 El Convenio 169 fue adoptado por la OIT en 1989 y entró en vigor en 1991. La ratificación del
Convenio fue aprobada por Guatemala mediante Decreto del 5 de marzo de 1996, el depósito
de la ratificación se efectuó el 6 de junio de 1996 y el Convenio está vigente desde el 6 de junio
de 1997.
nas: “A los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el he-
cho de descender de poblaciones que habitaban en el país, o una región geo-
gráfica a la que pertenece el país, en la época de la conquista o colonización
o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que
sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales,
económicas, culturales y políticas o parte de ellas” (Artículo 1, inciso 1,lite-
ral b). Por el derecho de autoidentificación, se entiende que un pueblo
es indígena en tanto él mismo se considere como tal (convenio 169,
Artículo 1, inciso 2).
2856.
Esta definición reemplaza la definición de poblaciones indígenas
que recogía el Convenio 107 de la OIT sobre Poblaciones Indígenas y Tri-
bales de 1957, y cabe tenerla en cuenta a fin de identificar qué derechos
se han otorgado a los colectivos indígenas y a sus miembros, y por ende,
qué vulneraciones se han cometido. Otros términos que se han utilizado
como sinónimos para designar los colectivos indígenas en las normativas
nacional e internacional son: “comunidades o grupos indígenas”, “grupos ét-
nicos”,
481
“poblaciones indígenas”
482
y “minorías”.
483
El rasgo relevante es que
se trata de colectivos indígenas con sus propias características histórico-
culturales.
2857.
El Estudio del problema de la discriminación contra las poblaciones
indígenas de la ONU,
484
señala algunas características derivadas de la con-
tinuidad histórica y los elementos que dan identidad o cohesión a los pue-
blos indígenas:
a) La ocupación de tierras ancestrales o al menos parte de ellas;
b) La ascendencia común con los ocupantes originales de esas tierras;
c) La cultura, en general, o ciertas manifestaciones específicas, como la
religión, la pertenencia a una comunidad, trajes, medios de vida, es-
tilo de vida, etc.;
172
481 Este término alude a los colectivos que se identifican con un ancestro común, ya sea biológico o
cultural, y que comparten características culturales comunes. Pueden ser indígenas o no. La Con-
vención para la Prevención y Sanción del Genocidio de 1948, utiliza este término, así como la
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (Artículo 26.2).
482 Este es el término que utilizaba el Convenio 107 de la OIT de 1957 sobre Poblaciones Indígenas
y Tribales para referirse a los colectivos indígenas. La palabra “poblaciones” tiene un contenido más
demográfico que cultural.
483 Se refiere a colectivos diferenciados dentro de sociedades nacionales y que tienen sus propias ca-
racterísticas socio-culturales, ya sean lingüísticas, religiosas o de otra índole. Los pueblos indíge-
nas comparten con las minorías la tenencia de rasgos culturales propios y la condición política-
mente subordinada, pero no necesariamente constituyen una minoría numérica. El término ha
sido utilizado por la Convención Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de
la Enseñanza de 1962 (Artículo 5.1.c), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de
1966 (Artículo 27) y posteriormente por la Declaración sobre los Derechos de las Personas Per-
tenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas, adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1992, mediante Resolución 47/135.
484 Informe final presentado por el relator especial, José R. Martínez Cobo, Vol. 5, conclusiones, pro-
puestas y recomendaciones, ONU, Nueva York, 1987, numerales 377, 380 y 488.
d) Idioma, ya se utilice como lengua única, lengua materna, como me-
dio habitual de comunicación en la familia, o como lengua princi-
pal, general;
e) Instituciones y sistemas sociales, políticos y jurídicos que rigen la vi-
da de las poblaciones indígenas, y que ellos consideran esenciales pa-
ra su organización y existencia.
El marco de protección jurídica de los derechos
de los pueblos indígenas en Guatemala
2858.
Los derechos de los pueblos indígenas están conformados por:
a) los derechos que expresamente les reconocen las constituciones y el
derecho interno;
b) los derechos humanos contenidos en tratados y convenios interna-
cionales ratificados por Guatemala;
c) los derechos inherentes a la dignidad humana, aunque no estén ex-
presamente reconocidos por Guatemala (por la cláusula abierta de
protección de derechos que tienen todas las constituciones);
d) los derechos sancionados por la jurisprudencia de instancias interna-
cionales;
e) el derecho consuetudinario internacional.
2859.
Cabe subrayar tres elementos en el derecho interno en relación a
los derechos de los pueblos indígenas:
a) sobre el sujeto titular del derecho,
b) el contenido de los derechos reconocidos, y
c) la fórmula abierta de protección de derechos.
2860.
S
UJETO TITULAR DE DERECHOS
: A partir de la Carta constitucional
de 1945, todas las constituciones contienen normas de protección de los
colectivos indígenas bajo distintas denominaciones: “grupos indígenas”, “co-
munidades indígenas” y “grupos étnicos”. Mediante estas normas protectoras
se crean obligaciones para el Estado y derechos para los grupos indígenas.
Los titulares de estas normas son sujetos colectivos.
2861.
Por los términos utilizados en el derecho constitucional, el sujeto
titular del derecho tiene las siguientes características.
a) Los términos “grupos” o “comunidades”
485
aluden a entes que tienen
existencia colectiva. No sólo se trata de individuos. Es la colectividad
la que es sujeto de derechos y tiene derecho a existir como tal.
173
485 Estos términos son utilizados por todas las constituciones a partir de la de 1945, y por el Estatu-
to de Gobierno de 1982.
b) El concepto de “comunidad” supone la existencia de una identidad
colectiva y de elementos históricos y socioculturales que le dan cohe-
sión. No se refiere a un grupo recientemente constituido. Se nace y
vive en la comunidad.
c) El concepto de “grupo étnico”
486
alude a la existencia de una cultura
compartida y que sus miembros se identifican con un ancestro co-
mún, ya sea cultural o biológico. Ello es lo que da contenido a la
identidad colectiva.
d) El concepto de “grupo indígena”
487
se refiere a los pueblos descendien-
tes de poblaciones prexistentes a los procesos de conquista y coloni-
zación, con derechos históricos y con elementos identitarios comu-
nes como idioma, territorio, instituciones sociales, religiosas, jurídi-
cas y políticas propias. El pueblo se autoidentifica como indígena y
a su vez es considerado como tal.
2862.
C
ONTENIDO DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS
: A partir de la
Constitución de 1945, todas en las que en adelante la suceden establecen
un sistema de protección de los indígenas no sólo como individuos, sino
como grupo o colectivo. Los listados de derechos varían de una carta a
otra,
488
pero en lo fundamental están orientados a la protección de los de-
rechos de carácter socioeconómico y cultural. Entre éstos, el mejoramien-
to o desarrollo económico, social y cultural de los grupos indígenas; la pro-
tección de sus costumbres, usos, idiomas, formas de vida, formas de orga-
nización social, trajes, tierras comunales, etc. Tal sistema de derechos per-
mite la protección de la existencia de los grupos indígenas como colecti-
vos, de su integridad y su identidad cultural.
489
2863.
L
A CLÁUSULA ABIERTA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS
: Todas las
constituciones del presente siglo, con distintas fórmulas, incorporan un ar-
tículo por el cual expresan que la carta no sólo reconoce y protege los de-
rechos enunciados o enumerados en el texto constitucional, sino también
otros no especificados pero que son inherentes a la dignidad humana.
490
174
486 Este término es utilizado por la Constitución de 1985, si bien ya se utilizaba en muchos conve-
nios internacionales, como la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio de 1948.
487 Este término es utilizado por todas las constituciones a partir de la de 1945.
488 Véase el apéndice sobre la protección a los pueblos indígenas en el derecho interno, al final del
presente capítulo de este Informe.
489 Más adelante se tratará en el contenido del derecho a la integridad e identidad cultural de los pue-
blos indígenas, tanto en el derecho interno como internacional.
490 Los textos constitucionales vigentes durante el enfrentamiento tienen los siguientes artículos:
Constitución de 1956, Artículo 72: “La enumeración de los derechos garantizados en este título no
excluye los demás derechos que esta Constitución establece, ni otros de naturaleza análoga que se deri-
ven del principio de soberanía del pueblo, de la forma republicana y democrática de Gobierno y de la
dignidad del hombre”, Constitución de 1965, Artículo 77: “Los derechos y garantías que otorga la
Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la per-
sona humana...”, Estatuto de Gobierno de 1982: Artículo 23, inciso 20: “Los derechos y garantías
individuales contenidas en los numerales anteriores de este Artículo, no implican exclusión de cuales-
quiera otros no especificados que sean inherentes a la persona humana”, Constitución de 1985, Artí-
culo 44: “Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitu-
ción no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona huma-
na. El interés social prevalece sobre el interés particular...”
2864.
Esta cláusula abierta de protección de derechos, no es un enuncia-
do constitucional vacío. Tiene una importante fuerza jurídica porque crea
un puente con los derechos humanos reconocidos en el derecho interna-
cional. Cabe invocar estos artículos para la protección de derechos huma-
nos (individuales o colectivos) aunque no hayan sido expresamente adop-
tados por Guatemala, pues sí existen en el derecho internacional de los de-
rechos humanos.
491
2865.
Las normativas interna e internacional obligan al Estado de Gua-
temala a la protección de los derechos de existencia, integridad e identidad
cultural de los pueblos indígenas.
492
El derecho a la existencia e integridad de los pueblos indígenas
2866.
El derecho a la existencia colectiva de los pueblos indígenas tiene
dos componentes inseparables: a) el derecho a la integridad, y b) el dere-
cho a la identidad cultural. El derecho a la integridad está referido a la pro-
tección de la vida colectiva y de las condiciones para el desarrollo de la mis-
ma de modo digno. El derecho a la identidad está referido a la protección
de los elementos que identifican o distinguen al grupo, y al desarrollo de
su cultura así como de sus propias instituciones y sistemas sociales, cultu-
rales, religiosos y políticos. Hay una estrecha relación entre ambos dere-
chos. La existencia como pueblo está vinculada tanto a las condiciones fí-
sicas de la reproducción material como a las condiciones de reproducción
de la cultura.
493
2867.
La existencia de los grupos indígenas, como colectivos, está prote-
gida en todas las constituciones a partir de la de 1945.
494
Los textos cons-
titucionales dotan de derechos específicos a los grupos o comunidades in-
dígenas, a fin de que puedan tener las condiciones materiales para su sub-
sistencia y desarrollo, a la vez que puedan preservar y desarrollar su propia
identidad cultural. Cada Constitución establece un listado de derechos
propio.
495
175
491 La Corte de Constitucionalidad de Guatemala interpreta el Artículo 44 de la Constitución de
1985 sobre el reconocimiento de derechos inherentes a la persona humana, como un “reconoci-
miento a la evolución en materia de derechos humanos” y señala que tal artículo permite “ingresar
al ordenamiento jurídico interno aquellas normas que superen el reconocimiento explícito de los dere-
chos que ella [la Constitución] posee”, debiéndose buscar una conclusión que armonice antes que
la que coloque en pugna los distintos preceptos. Opinión consultiva de la Corte de Constitucio-
nalidad, Guatemala, 18 de mayo de 1995, en: Iudicium et Vita N° 6, julio 1998. Jurisprudencia
Nacional de América Latina de Derechos Humanos. San José, Costa Rica, IIDH. (pgs. 47-60).
492 Véase el apéndice sobre las normas nacionales e internacionales que protegen a los colectivos in-
dígenas, así como a los derechos de grupos étnicos y minorías, al final del presente capítulo de es-
te Informe.
493 Sólo por razones metodólogicas se analizará por separado el derecho a la integridad de los pue-
blos indígenas, del derecho a su identidad cultural.
494 Las Constituciones precedentes sólo establecieron derechos individuales, abolieron la palabra “in-
dígena” de sus textos así como la referencia a Pueblos Indígenas. Es lo que Augusto Willemsem,
experto en derecho indígena, llama “el silencio constitucional respecto del indígena” (comunicación
directa ante la CEH, octubre, 1998).
495 La Constitución de 1945 declaró de interés y utilidad nacionales el desarrollo de una política in-
tegral para el mejoramiento económico, social y cultural de tales grupos, dictaminando que la da-
2868.
En el ámbito internacional la Convención para la Prevención y
Sanción del Delito de Genocidio de 1948, ratificada por Guatemala en
1950, es la primera en proteger la existencia de la vida colectiva, la integri-
dad y la continuidad biológica de los grupos étnicos, nacionales, religiosos
o raciales, como colectivos.
496
La Convención busca prevenir y sancionar
los atentados contra la vida e integridad física de miembros del grupo, así
como de los actos destinados a impedir la vida colectiva (condiciones de
existencia que acarreen destrucción física), la continuidad biológica (impe-
dimento de nacimientos) y la continuidad cultural como grupo (traslado
forzoso de niños de su grupo a otros grupos). Los pueblos indígenas que-
dan protegidos por esta Convención.
2869.
El Convenio 107 de la OIT sobre Poblaciones Indígenas y Triba-
les de 1957, establecía la protección de los colectivos indígenas y un lista-
do de derechos referidos a la tierra, condiciones de empleo, las costumbres,
etc. Este Convenio fue reemplazado por el Convenio 169 de la OIT.
2870.
El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales de
1989 establece la obligación de los gobiernos, con participación de los pue-
blos indígenas, de desarrollar “una acción coordinada y sistemática con mi-
ras a proteger los derechos de esos pueblos y garantizar el respeto de su integri-
dad” (Artículo 2,1). Esta acción engloba diversos tipos de medidas, entre
ellas las que aseguren el goce de derechos por sus miembros, “la plena efec-
tividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos”, y las
que ayuden a la eliminación de diferencias socioeconómicas (Artículo 2,2).
También incluye una serie de derechos referidos a las condiciones de vida,
el acceso a la tierra, los recursos y al desarrollo.
497
2871.
En síntesis, el derecho a la existencia e integridad de los pueblos in-
dígenas, incluye el derecho a la vida, a la continuidad biológica, y a condi-
ciones materiales de subsistencia y desarrollo socioeconómico, en el marco
de su propia cultura.
176
ción de normas debería contemplar sus necesidades, condiciones, prácticas, usos y costumbres
(Artículo 84), igualmente declaró la inalienabilidad, imprescriptibilidad, inexpropiabilidad e in-
divisibilidad de las tierras comunales (Artículo 96), entre otros derechos. Después de la deroga-
toria de la Constitución de 1945 por el golpe de Estado de 1954, el cambio fundamental en las
constituciones siguientes es que no se vuelve a declarar la inalienabilidad e imprescriptibilidad de
las tierras comunales, aunque se ordene la dación de leyes protectoras. Las constituciones de 1956
y de 1965 establecen derechos socioecómicos pero en un catálogo más reducido que en 1945. En
1985 se establece un sistema de protección de grupos étnicos con un amplio listado de derechos
de carácter económico, social y cultural.
496 Véase en este capítulo el apartado sobre genocidio.
497 El Convenio 169 dice que deben darse medidas para salvaguardar el medio ambiente de los pue-
blos interesados (Artículo 4). Reconoce el derecho a la propiedad, posesión y acceso a tierras y te-
rritorios (artículos 13 y 14), y ordena la protección de los derechos de los pueblos interesados a
los recursos existentes en sus tierras o territorios (Artículo 15), garantiza el derecho de los pue-
blos indígenas a decidir sus prioridades y “controlar su desarrollo económico, social y cultural”, y a
participar en los programas de desarrollo nacional en lo que les afecte (Artículo 7,1), propende el
“mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos
interesados” (Artículo 7,2).
Derecho a la identidad étnica o cultural
2872.
El derecho a la identidad étnica o cultural de los pueblos indígenas
consiste en la atribución que tienen de mantener y desarrollar las propias
características culturales comunes, como el idioma, la religión y el modo
de vida, así como sus elementos identitarios. También incluye las formas
de organización y regulación de la vida social y sus propias instituciones so-
ciales, económicas y políticas, cuyo modo específico es lo que da particu-
laridad o identidad a los colectivos indígenas y los diferencia de otros sec-
tores de la sociedad. La contrapartida de este derecho es la obligación del
Estado de reconocer, respetar y promover dicha identidad.
2873.
Una primera forma de proteger el respeto a la identidad es el dere-
cho de no ser discriminado en el ejercicio de derechos por la pertenencia a
determinado grupo étnico, racial, nacional, religioso o lingüístico. Este de-
recho está consagrado como derecho individual en todos los instrumentos
internacionales de derechos humanos.
498
2874.
Igualmente, los instrumentos internacionales prohíben el odio ra-
cial, nacional o religioso dirigido contra individuos o grupos. La Conven-
ción Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discrimi-
nación Racial de 1965
499
prohíbe la discriminación, segregación y los actos
de violencia “contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen
étnico”. Tiene como sujetos de protección a individuos y grupos.
2875.
El derecho a no ser discriminado por razones de raza, color, reli-
gión o creencias está reconocido en el derecho interno, en el Artículo 21
de la Constitución de 1945, en el Artículo 42 de la Constitución de 1956,
y en el Artículo 43 de la Constitución de 1965. La Constitución de 1985
contempla el derecho a la igualdad (Artículo 4).
2876.
El derecho de conservar y desarrollar las propias características so-
cioculturales de los grupos indígenas se encuentra en el derecho interno a
partir de la Constitución de 1945. Esta Constitución disponía que la “po-
lítica integral de mejoramiento de los grupos indígenas” debía contemplar “sus
necesidades, condiciones, prácticas, usos y costumbres” (Artículo 96). La Cons-
titución de 1956 propende al desarrollo de la cultura de los grupos indíge-
nas. La Constitución de 1985 “reconoce el derecho de las personas y de las co-
munidades a su identidad cultural de acuerdo con sus valores, su lengua y sus
costumbres” (Artículo 58), e indica: “El Estado reconoce, respeta y promueve
sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el
177
498 La protección del derecho a no sufrir discriminación en el ejercicio de derechos está contenida en
la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (Artículo 2,1), la Declaración Ameri-
cana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948 (Artículo II), el Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos de 1966 (Artículo 2,1), el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales de 1966 (Artículo 2,2), y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Artículo
1).
499 Esta Convención entró en vigor en 1969, fue ratificada por Guatemala en 1983 y publicada en
1984.
uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos” (Artículo
66). Los titulares de estos derechos son sujetos colectivos: grupos étnicos o
indígenas y comunidades.
2877.
En lo que se refiere a la normativa internacional son varios los ins-
trumentos que protegen los valores culturales, religiosos, el uso de los idio-
mas indígenas, los trajes, modo de vida, y el mantenimiento de las institu-
ciones económicas, sociales y políticas propias, así como de los métodos
propios de control social de los colectivos indígenas.
2878.
Ya el Convenio 107 de la OIT sobre Poblaciones Indígenas y Tri-
bales de 1957 decía que se debía “tomar debidamente en consideración los
valores culturales y religiosos y las formas de control social propias de dichas
poblaciones” (Artículo 4), e igualmente, que se debía “tomar en considera-
ción su derecho consuetudinario” (Artículo 7), sus propias costumbres e ins-
tituciones, y los métodos de control social propios de las poblaciones in-
dígenas.
500
2879.
El derecho a tener la propia vida cultural, a profesar y practicar la
propia religión y emplear el propio idioma, está garantizado en el Pacto In-
ternacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966
501
como un derecho de
los integrantes de minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, para ser ejerci-
do en común con los demás miembros del grupo (Artículo 27).
502
El Co-
mité de Derechos Humanos de Naciones Unidas creado en virtud de este
Pacto, interpreta que “aunque los derechos amparados por el Artículo 27 sean
derechos individuales, dichos derechos dependen a su vez de la capacidad del
grupo minoritario para conservar su cultura, su idioma o su religión. El Co-
mité reafirma el derecho a la protección especial de las minorías étnicas y las
obligaciones positivas del Estado de garantizar tal protección”.
503
2880.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos interpretó el
Artículo 27 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en el sentido de que
“reconoce a los grupos étnicos el derecho a una protección especial para el uso de
su idioma, el ejercicio de su religión y, en general, de todas aquellas caracterís-
178
500 Convenio 107 OIT de 1957, Artículo 7: “1. Al definir los derechos y obligaciones de las poblaciones
en cuestión se deberá tomar en consideración su derecho consuetudinario. 2. Dichas poblaciones po-
drán mantener sus propias costumbres e instituciones cuando éstas no sean incompatibles con el orde-
namiento jurídico nacional o los objetivos de los programas de integración”. Artículo 8: “En la medi-
da que sea compatible con los intereses de la colectividad nacional y con el ordenamiento jurídico del
país: a) los métodos de control social propios de las poblaciones en cuestión deberán ser utilizados, en
todo lo posible para la represión de los delitos cometidos por miembros de dichas poblaciones, b) cuan-
do la utilización de tales métodos de control no sea posible, las autoridades y los tribunales llamados a
pronunciarse deberán tener en cuenta las costumbres de dichas poblaciones en materia penal”.
501 Este Pacto entró en vigor el 23 de marzo de 1976, y fue ratificado por Guatemala en 1992.
502 “En los Estados que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que
pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su
grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio
idioma” (Artículo 27).
503 Observación general 23, Artículo 27, aprobada en el 50 Período de sesiones, 1994, HRI/GEN-
/1/Rev. 1 (pgs. 45 y 48), Véase: Revista IIDH, N° 26, (julio-diciembre 1997), pg. 145.
ticas necesarias para la preservación de su identidad cultural”. En el caso de
los miskitos de Nicaragua, en 1984, la Comisión consideró que “a ello de-
be agregarse los aspectos vinculados con la organización productiva [y el ma-
nejo] de las tierras ancestrales y comunales”, así como el respeto de derechos
individuales, entre ellos la elección de autoridades.
504
Cuando la Comisión
invocó el uso de este artículo en el caso de los yanomami del Brasil en
1985, alegó la aplicabilidad del mismo en virtud del “derecho consuetudina-
rio internacional” pues el Brasil no era signatario del Pacto.
505
2881.
El “derecho de conservar la identidad cultural” es establecido por la
Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales de 1978, (Artículo 1.3),
la que a su vez indica que “Todos los individuos y los grupos tienen el derecho
a ser diferentes, a considerarse y ser considerados como tales. Sin embargo, la
diversidad de formas de vida y el derecho a la diferencia no pueden legitimar
ni en derecho ni de hecho ninguna práctica discriminatoria.” (Artículo 1.2).
Añade que las prácticas de discriminación son crímenes contra la humani-
dad (Artículo 4), y las realizadas por el Estado entrañan responsabilidad in-
ternacional (Artículo 9,1).
2882.
La Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Into-
lerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las Convicciones de
1981, establece que nadie puede ser objeto de discriminación ya sea por
parte del Estado, grupos o individuos, por motivo de la religión o convic-
ciones. Detalla las libertades que son objeto de protección (Artículo 6), en-
tre las cuales están la práctica, observancia, enseñanza, difusión de la reli-
gión o convicciones, la realización de celebraciones; el mantenimiento de
lugares, el acceso a bienes o artículos para la práctica de los ritos o costum-
bres; la capacitación y designación de dirigentes. La práctica de la religión
y convicciones de los individuos y de los pueblos indígenas está protegida
por esta Declaración.
2883.
El respeto a la identidad de los pueblos indígenas está claramente
establecido como una responsabilidad de los Estados por el Convenio 169
de la OIT de 1989. El Convenio obliga la adopción de medidas que “pro-
muevan la plena efectividad de los derechos ... culturales de esos pueblos, respe-
tando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus institu-
ciones” (Artículo 2, 2, b). Igualmente indica que “deberán reconocerse y pro-
tegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios
de dichos pueblos...” (Artículo 5, a) y que “deberá respetarse la integridad de
los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos” (Artículo 5, b). Igualmen-
179
504 Informe sobre la situación de los derechos humanos de un sector de la población nicaragüense de
origen miskito. OAS. Doc. OEA/Ser. L/V/II. 62, doc.26 (1984) caso No. 7964 (Nicaragua). Véa-
se también: Revista IIDH. No. 26, Julio-diciembre 1997.
505 Caso Yanomami. Caso N° 7615 (Brazil), Comisión Interamericana, Resolución No. 12/85, In-
forme Anual de la CIDH, 1984-1985, OAS. Doc. OEA/ Ser. L/V/II.66, doc.10 Rev. 1 (1985).
te desarrolla otros derechos colectivos referidos al uso de los idiomas in-
dígenas,
506
el respeto del derecho consuetudinario
507
y de las modalidades
propias de transmisión de los derechos sobre la tierra;
508
el derecho de con-
sulta
509
y el derecho de contar con protección legal (Artículo 12), entre
otros.
2884.
La Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a
Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas, aprobada en
1992, refuerza el derecho a la identidad étnica y obliga al Estado a asumir
un rol promotor al establecer que “Los Estados protegerán la existencia y la
identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística de las minorías
dentro de sus territorios respectivos y fomentarán las condiciones para la pro-
moción de esa identidad”. Esta declaración tiene como titulares del derecho
no sólo a los miembros de las minorías sino también, en algunas de sus dis-
posiciones, a las minorías mismas, en tanto sujetos colectivos. También
promueve el desarrollo de la cultura, idioma, religión, tradiciones y cos-
tumbres (Artículo 42), y el aprendizaje del idioma materno (Artículo 4, 3).
2885.
En suma, las normas mencionadas protegen la diversidad cultural
y el derecho de los pueblos indígenas a tener y desarrollar sus elementos
identitarios, sus características culturales como idioma, religión, trajes, cos-
tumbres; sus formas de organización y sus propias instituciones sociales,
económicas y políticas; sus mecanismos de control social, sus procedi-
mientos y su derecho consuetudinario; sus conocimientos y valores.
2886.
Según el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indíge-
nas suscrito por las Partes en diciembre de 1995, los pueblos indígenas en
Guatemala son: los mayas (que conforman la mayoría de la población in-
dígena), los xincas (que tienen una raíz diferente de los mayas y que actual-
180
506 Convenio 169, Artículo 28,3: “Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas
de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas”, el Artículo 28, 1, se
refiere a la enseñanza de la lectoescritura a los niños en su propia lengua indígena. El Artículo 12,
2do párrafo dice: “Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos pue-
dan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuera necesario, in-
térpretes u otros medios eficaces”.
507 Convenio 169, Artículo 8, 1: “Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán to-
mar debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario”, Artículo 8, 2: “Di-
chos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que
éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional
ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, y siempre que sea necesario deberán es-
tablecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este prin-
cipio”. Artículo 9, 1: “En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con
los derechos humanos internacionalmente reconocidos deberán respetarse los métodos a los que los pue-
blos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros”.
508 Convenio 169 OIT, Artículo 17, 1: “Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los dere-
chos sobre la tierra entre los miembros interesados establecidas por dichos pueblos”, ésta es una forma
de respeto del derecho consuetudinario, también en lo que respecta a modalidades de transmi-
sión respecto de derechos sobre la tierra.
509 Convenio 169, Artículo 6, 1, a): “los gobiernos deberán: consultar con los pueblos interesados, me-
diante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez
que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.
mente se encuentran sumamente reducidos) y los garífunas (población
afroamericana descendiente de esclavos traídos por los conquistadores).
Durante el enfrentamiento armado el pueblo maya fue el más afectado, da-
do su número y su expandida presencia geográfica. Por este motivo, el aná-
lisis que sigue se refiere a las violaciones de los derechos del pueblo maya,
510
sin por ello negar que se violaron los derechos de todos los pueblos indí-
genas de Guatemala.
Violaciones a los derechos de existencia,
integridad e identidad cultural del pueblo maya
2887.
Durante el enfrentamiento armado se produjeron hechos que
vulneraron la existencia del pueblo maya, por los atentados que se consu-
maron contra su integridad e identidad cultural. Los efectos de estas vio-
laciones se retroalimentan entre sí.
2888.
La privación de determinadas actividades económicas, o el despo-
jo de tierras, por ejemplo, afectó tanto a la alimentación y las condiciones
físicas de la subsistencia, como a los referentes culturales en los cuales se ha
conformado la identidad colectiva, un cúmulo de saberes y técnicas, el sis-
tema de relaciones sociales y de parentesco, la concepción sagrada de la tie-
rra y los ritos religiosos de reciprocidad y “pago” a la naturaleza. Y vicever-
sa: la vulneración de los derechos culturales, la represión de la cultura o los
signos identitarios, el impedimento de realizar las prácticas religiosas o ce-
lebraciones, dificultaron reproducir relaciones sociales, tejer lazos de paren-
tesco, dar fluidez a las prácticas económicas, y fracturaron el sentido de la
pertenencia a un colectivo.
511
Violaciones al derecho de existencia
e integridad de los pueblos indígenas
2889.
Durante el enfrentamiento armado, se dieron diversas formas de
vulneración a la existencia e integridad del pueblo maya como colectivo.
Se afectó directamente la vida y las posibilidades de continuidad biológica
de dichos pueblos, sobre todo a raíz de acciones armadas y de las conse-
cuencias de las mismas. Se atentó además contra sus condiciones de vida y
desarrollo, agudizando la precariedad de la economía indígena.
2890.
Como se ha visto en el capítulo primero, durante los años sesenta,
la mayor parte de las acciones contrainsurgentes se encauzaron hacia la zo-
na de Oriente, donde se localizaron los principales focos guerrilleros y don-
de la composición étnica era de predominio ladino. El pueblo chortí, ubi-
181
510 El punto que sigue está referido en exclusividad al pueblo maya, por lo que la palabra indígena
su utilizará como sinónimo de maya.
511 Se distinguirán los atentados contra la existencia e integridad de una parte, y los atentados con-
tra la identidad cultural de otra, sólo para efectos metodológicos.
cado en la región oriental, fue reprimido con gran dureza. Durante este pe-
ríodo, dirigentes o comunidades indígenas que hacían reclamos por tierras
y reivindicaban mejores condiciones laborales fueron estigmatizados como
“comunistas” y reprimidos de modo selectivo.
2891.
Durante los setenta fueron en ascenso tanto las demandas socio-
económicas, culturales y políticas de los indígenas, como la presencia y el
arraigo de la guerrilla en comunidades indígenas. Dichos reclamos fueron
respondidos mediante la represión, y los líderes de estas reivindicaciones
fueron llamados “subversivos” o “guerrilleros”. Entre 1979 y 1984 se masifi-
có la represión y se militarizaron los mecanismos de control social de todo
tipo. Se involucró a la población civil, especialmente de forma especial en
las áreas indígenas, en el combate contra la guerrilla a través de las PAC y
los comisionados militares. Todos los conflictos de índole social, incluso los
pleitos entre vecinos, se militarizaron. Es en este período que la curva de
violaciones a los derechos humanos se incrementó de un modo drástico.
2892.
En el marco de la estrategia contrainsurgente los indígenas fueron
conceptuados dentro de la categoría de “enemigo interno” o “base social de la
guerrilla”.
512
Esta calificación fue expresada con carácter público. El vocero
del Gobierno de Ríos Montt, Francisco Bianchi, declaró: “La guerrilla se ha
traído muchos colaboradores indios, por lo tanto los indios son subversivos. ¿Y
cómo combatir la subversión? Evidentemente matando a los indios”.
513
Los tes-
timonios recogidos por la CEH dan cuenta de cómo este calificativo ope-
raba en la realidad, dando lugar a la muerte, persecución y tortura de las
personas y comunidades que se consideraban colaboradoras de la guerrilla.
“Un día, en el año 83 u 84, estando con el teniente … un niño de
Xiaxán Bajo contó cómo la gente ayudaba a la guerrilla dándole de
comer. El teniente preguntó el nombre de esa gente e incluso el niño
señaló a su padre. En la tarde el teniente regresó a buscar a las 13 o
16 personas señaladas, para torturarlas y matarlas. Antes de matarlas
la colocó paja encima y las quemó. Yendo a Acatenango, degolló a cin-
co que no mató en la aldea”.
514
“[Después de la masacre en Rabinal] mucha gente se fue a refugiar
a Río Negro ... hay gente que entraba a la comunidad de ellos a com-
prar comida, entraba en las tiendas; hay otros que no tenían dinero,
entonces pedían tortillas y la gente les regalaba tortillas ... Y [por eso]
182
512 Véase el apartado sobre las estrategias del Ejército en este capítulo.
513 Citado por José Emilio Ordoñez: “Rostros de las prácticas etnocidas en Guatemala”, Cuadernos
Constitucionales México-Centroamérica, México, IIJ UNAM, Corte de Constitucionalidad de
la República de Guatemala y procurador de Derechos Humanos de Guatemala, 1996, pg. 30.
514 C 633. 1982. Chimaltenango, Chimaltenango.
les dijeron que todos eran guerrilleros y si ustedes dan comida, ustedes
son guerrilleros también. Pero no eran guerrilleros, porque no tenían
armas ... El encargado del Ejército maltrataba a las mujeres porque
decía que son indias, y decía que ... donde hay comunidades lejanas,
son puentes de alimento para la guerrilla ... y les decía a los patrulle-
ros que hay que terminar a las mujeres...”
515
2893.
El Ejército clasificó las áreas geográficas de acuerdo a su supuesto
grado de compromiso con la guerrilla, considerando que algunos munici-
pios o aldeas eran zonas rojas.
516
En ese ámbito cualquier elemento de iden-
tificación externa de indígena atraía y desencadenaba la represión, entre los
signos más peligrosos figuraban el idioma y el traje.
517
2894.
Tal panorama explicaría por qué el mayor número proporcional y
absoluto de violaciones de los derechos humanos que afectaron la vida e in-
tegridad física de las personas y comunidades, registradas por la CEH, se
cometieran contra indígenas mayas. Del total de violaciones registradas por
la CEH 70% de ellas se cometieron contra mayas, 10% contra ladinos,
0.1% contra otros, y en el 19.9% de violaciones no se pudo determinar la
adscripción étnica de las víctimas. De los casos de víctimas individuales
identificados,
518
el 83.3% son mayas, el 16.5% ladinos y el 0.1% otros (véa-
se G
RÁFICA
10).
2895.
En cuanto a la procedencia, del total de víctimas registradas por la
CEH, el 89% de ellas provienen de municipios donde se habla uno o más
idiomas mayas y el 11% de municipios donde se habla castellano. El 20%
de las víctimas proviene de municipios donde se habla k´iché, el 13% de
áreas multilingües, el 12% de municipios donde se habla ixil, el 9% de
municipios donde se habla k’aqchikel, el 8% de municipios donde se ha-
bla q´echi´, el 7% de municipios donde se habla mam y el 4% de muni-
cipios donde se habla achi.
183
515 CI 14. Marzo, 1982. Rabinal, Baja Verapaz.
516 Para el Ejército, las zonas rojas eran las que estaban involucradas o comprometidas con la guerri-
lla, al igual que las zonas rosadas, solo que éstas en un grado menor. En ambas zonas los objeti-
vos militares estaban destinados a acabar con la “subversión”. Por ejemplo, el plan de campaña Vic-
toria 82 en su anexo H (G,2) señala que “La misión es aniquilar a la guerrilla y organizaciones pa-
ralelas”, e indica que es propósito estratégico del plan “Aniquilar a los Comités Clandestinos Loca-
les (CCL) y a las Unidades Militares Permanentes del enemigo (UMP)” (C,1, c). Los CCL y las lla-
madas estructuras paralelas, como se sabe, estaban conformados por personal civil. Las zonas ver-
des eran las que podían permitir algún trabajo de “rescate” de la población, y las zonas blancas
eran las que estaban con el Ejército.
517 Cada municipio o región suele tener un traje distintivo con sus propios colores y diseños, por lo
que la identificación por el traje es bastante fácil (véase el apartado sobre las comunidades del
pueblo maya en el capítulo tercero sobre los efectos del enfrentamiento armado respecto del uso
del traje y de los idiomas indígenas, y también véase el apartado sobre genocidio en el presente
capítulo).
518 La CEH ha clasificado las víctimas en tres tipos: individuales identificadas (45% del total de víc-
timas), colectivas (40%) y anónimas (15%). En adelante usaremos los datos de las víctimas indi-
viduales identificadas porque se tiene mayor y más confiable información de ellas.
2896.
Un coronel retirado del Ejército declaró ante la CEH: “La pobla-
ción indígena fue la más afectada porque es la mayoría”.
519
Sin embargo, si se
compara la composición étnica de la población nacional con la composi-
ción étnica de las víctimas registradas por la CEH, se verá una alta sobre-
representación de indígenas mayas entre las víctimas. Según los censos ofi-
ciales, los indígenas bordean el 43% de la población total, y las víctimas
mayas identificadas que registra la CEH representan casi el doble de tal ci-
fra, el 83.3%. Si nos atenemos a las cifras no oficiales de población, éstas
atribuyen un porcentaje del 61% a los indígenas cifra que de igual modo
es superada en un tercio por el porcentaje de víctimas indígenas identifica-
das (Véase G
RÁFICA
11).
520
2897.
En relación a los grupos étnicos más afectados esto se vincula a la
calificación que el Ejército hizo de cada colectivo. Ello no siempre se debía
a una relación directa con la presencia guerrillera en la región. También se
entremezclaron conflictos de carácter socioeconómico, político, por tierras
o de otra índole. Del 83.3% de víctimas mayas, las comunidades etnolin-
güísticas más afectadas son la k´iche´, que representa un tercio del total de
víctimas mayas (32%) la q´eqchi´ (13% del total de mayas); la ixil (11%);
la mam (11%); y la k’aqchiqel (10%). Les siguen con menores porcenta-
jes las comunidades etnolingüísticas q’anjob’al, achi y chuj (5%).
184
519 Testigo (coronel retirado del Ejército) CEH. (T.C. 118).
520 Para los datos censales: Instituto Nacional de Estadística de Guatemala, República de Guatema-
la: características generales de población y habitación. Censo 1994. Guatemala, INE, 1996. Pa-
ra cifras no oficiales de población indígena, véase: Leopoldo Tzian, Mayas y ladinos en cifras. El
caso de Guatemala, Guatemala, Cholsamaj, 1994.
GRÁFICA 10: Porcentajes de víctimas registradas por la CEH,
según su pertenencia étnica
GUATEMALA (1962-1996)
Ladino
16.51%
Otros
0.16%
Maya
83.33%
2898.
La proporción en la que las comunidades etnolingüísticas mayas
fueron afectadas no guarda relación necesariamente con el porcentaje po-
blacional. Y ello está vinculado a la estigmatización que algunas comu-
nidades etnolingüísticas sufrieron en más alto grado que otras. Luego
que se clasificara de una región como zona roja, las acciones emprendi-
das por el Ejército en tales áreas eran por lo general de tipo masivo e in-
discriminado.
2899.
En el caso de las comunidades achi, ixil y chuj el porcentaje de víc-
timas es cinco veces superior al de hablantes (los porcentajes suben del 1%
al 5%, del 2% al 11% y del 1% al 5% respectivamente). La comunidad
etnolingüística q’anjob’al tiene una sobrerepresentación de casi el doble de
víctimas en relación al porcentaje de hablantes (sube del 3% al 5%). Y en
los casos de las comunidades etnolingüísticas q´eqchi´y k´iche´, hay una
ligera sobrerepresentación de víctimas respecto de hablantes. En el caso de
las otras dos comunidades etnolingüísticas más afectadas en términos ab-
solutos, la mam y la k’aqchiqel, muestran una infrarepresentación entre el
porcentaje de hablantes y el de víctimas registradas por la CEH (Véase
G
RÁFICA
12).
521
2900.
Las violaciones que tienen más alta tasa de frecuencia se refieren a
los derechos a la vida y la integridad física. El carácter masivo que alcanza-
ron supone la existencia de una organizada capacidad bélica de gran mag-
nitud. Este dato explica el motivo por el que el Ejército aparece como res-
ponsable del 85% del total de violaciones registradas por la CEH. En se-
gundo lugar están las PAC, que participaron en el 18% de las violaciones
185
GRÁFICA 11: Comparación proporcional entre composición étnica
de la población nacional y de las víctimas registradas por la CEH
GUATEMALA (1962-1996)
43.00%
61.00%
83.33%
57.00%
39.00%
16.51%
0.00% 0.00% 0.16%
Censo oficial 1994 Cifras no oficiales
sobre población
Representación étnica
de las víctimas
CEH
Maya
Ladino
Otro
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
521 Ibid.
registradas y cuya presencia tenía un carácter obligatorio y muy ostensible
sobre todo en las áreas de población maya.
522
2901.
Los hechos registrados por la CEH por los que se violó el derecho
a la vida y la integridad del pueblo maya, entre otros, son:
a) Los actos probados de genocidio contra varios grupos etnolingüísti-
cos.
523
b) La denominada política de tierra arrasada.
524
Esta fue una modalidad
extrema de violación a la vida y la integridad de los colectivos indí-
genas. Incluía la muerte de las personas, la quema de casas, campos
de cultivo y la destrucción completa de aldeas.
c) Las masacres.
525
Las masacres en comunidades, seguidas de persecu-
ción, y muerte de la población sobreviviente en la huida, dan cuen-
186
GRÁFICA 12: Comparación entre el porcentaje de población y el
porcentaje de víctimas de cada grupo étnico (los 10 más frecuentes)
GUATEMALA (1962-1996)
30%
12%
2%
18%
17%
3%
1% 1%
32%
13%
11%
1
1%
10%
5%
5%
5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
K'iche Q'eqchi' Ixil Mam Kaqchikel Q'anjobo'al Achi Chuj
Grupo étnico específico
Porcentaje
Porcentaje de población
de cada grupo étnico
Porcentaje de víctimas CEH
de cada grupo étnico
522 Luego están los comisionados militares, que participaron en el 11% de violaciones; otras fuerzas
de seguridad, en el 4% de violaciones; la guerrilla, en el 3%; otros grupos, en el 2%; y hay un
4% de responsables sin identificar.
523 Véase el apartado sobre genocidio en este capítulo segundo. Este apartado trata sobre algunos ac-
tos de genocidio estudiados por la Comisión, sin que ello excluya la existencia de otros.
524 Mónica Pinto en su informe (2 de febrero de 1995), como experta independiente de la Comi-
sión de Derechos Humanos concluye en relación a los cementerios clandestinos encontrados, que
todo ello “puso de manifiesto la política de tierra arrasada del Gral. Ríos Montt”.
525 Véase el apartado sobre masacres en este capítulo. Véase también los casos ilustrativos sobre ma-
sacres: CI 1. Junio, 1981. El Petén; CI 2. Noviembre, 1981. Alta Verapaz; CI 3. Octubre, 1995.
Alta Verapaz; CI 4. 1981, 1982. Ixcán Quiché; CI 6. Diciembre 1990. Sololá; CI 7. Diciembre,
1981. Sololá; CI 9. Mayo 1978. Alta Verapaz; CI 10. Marzo, 1980. Baja Verapaz; CI 11. Enero,
1981. Sololá; CI 14. Marzo, 1982. Rabinal, Baja Verapaz; CI 18. Julio, 1982. Huehuetenango;
CI 19. Abril-julio, 1982. Chimaltenango; CI 27. Agosto 1982. Huehuetenango; CI 31. Diciem-
bre, 1982. El Petén; CI 39. Febrero, 1982. Sacapulas, Quiché; CI 44. Septiembre, 1981. El Es-
tor, Izabal; CI 47. Febrero, 1967. Chiquimula; CI 50. Marzo, 1982. San Martín Jilotepeque; CI
58. Diciembre, 1989. Santa Rosa Xeputul, Chajul; CI 60. Abril, 1982. Chajul, Quiché; CI 61.
Marzo, 1982. Quiché; CI 73. Enero, 1982. San Marcos; CI 78. Marzo, 1982. Quiché; CI 80.
Marzo, 1982. Quiché; CI 83. Junio, 1982. Huehuetenango; CI 84. Julio-septiembre, 1981. Hue-
huetenango; CI 92. Febrero, 1982. San Juan Cotzal, Quiché; CI 107. Abril, 1982. Quiché.
ta de una intención de destrucción total. La mayor parte de las ma-
sacres acaecidas a los largo del enfrentamiento, y casi la totalidad de
las que se consumaron en el período más álgido del mismo, fueron
efectuadas contra mayas, y guardan relación estrecha con los planes
de campaña del Ejército.
d) La muerte selectiva de líderes y dirigentes comunitarios y de organi-
zaciones mayas, así como la desaparición forzada, tuvieron como
efecto desarticular las formas de organización comunitarias, y por en-
de, la capacidad de respuesta de las comunidades ante la represión,
dejándolas indefensas frente a diversas formas de ataque.
526
e) La muerte de ancianos, mujeres y niños, producida directamente o
como consecuencia de la represión, ha afectado la reproducción de la
cultura y la posibilidad de la continuidad biológica y cultural. Los
testimonios recibidos por la CEH así lo ilustran.
“En ese tiempo ya sufrimos bombardeos, ya quemaron nuestras cose-
chas y es mucho el hambre que pasamos, ya el Ejército viene a cada
rato y no podemos salir a buscar comida ... Mueren muchos, más ni-
ños y ancianos ... los niños son la esperanza de nuestro futuro, pone-
mos a los niños nombres iguales para que alguno quede ... Nosotros
respetamos mucho a nuestros ancianos, son autoridades, llevan la ex-
periencia de nuestro pueblo. En ese tiempo no podemos escucharlos
porque sólo podemos pensar en cómo seguir vivos y así es que se per-
dió mucho de los conocimientos de los ancianos porque muchos mue-
ren porque ya no aguantan el hambre y enferman por el frío y la llu-
via y no tenemos medicinas para curarlo...”
527
f) Una de las formas más cruentas de desvalorización de la vida que re-
gistró la CEH, fueron algunos actos de coprofagia y antropofagia que
se realizaron dentro de la estrategia contrainsurgente. Estos actos de
crueldad extrema fueron efectuados por elementos del Ejército, quie-
nes también obligaron a personas detenidas a realizarlos. En los ca-
sos testimoniados ante la CEH, las víctimas fueron miembros de co-
munidades indígenas.
528
“Mi papá se quedó en Yanwitz. Cuando llegó el Ejército lo agarra-
ron los soldados ... lo amarraron de pies y manos y lo golpearon y pa-
tearon. En la mañana siguiente dijeron los soldados a mi papá, ‘va
187
526 Véase el apartado sobre las comunidades del pueblo maya en el capítulo tercero de este Informe,
sobre los efectos del enfrentamiento en la desestructuración del sistema de autoridades.
527 C 16713. Abril, 1983. Chajul, Quiché.
528 Véase el apartado sobre las estrategias del Ejército en el presente capítulo segundo.
a comer su carne’. Llevaron a mi papá hasta Taxbal (cerca de Río
Zarco, Río Azul) y continuaban maltratándolo. Pasaron por Bella
Linda hasta que llegaron al destacamento Ixquisis. Lo acusaron de
ser guerrillero y lo obligaron a comer carne humana”.
529
“A fines de 1983, alrededor del 26 de diciembre, en la aldea La
Cumbre, Ixtahuacán ... llegaron soldados enmascarados y sacaron
aproximadamente a 35 personas de la aldea, y las llevaron a la zona
militar ... Las acusaron de ser guerrilleros ... Los metieron en un ca-
labozo ... estaban con sed y hambre, no les dieron ni comida ni agua.
Se tomaban sus orines ... [Había otro grupo de personas captura-
das que] habían sido torturadas allí mismo. Los soldados les corta-
ban pedazos de carne de los cachetes y los brazos ... y se los comían.
[El declarante dice que ya conoce el infierno] He estado allí”.
530
g) La violación sexual de mujeres,
531
individual y masiva, además de
la afectación directa contra las mujeres tuvo profundas repercu-
siones en el colectivo. El 88.7% de violaciones sexuales de vícti-
mas individuales identificadas registradas por la CEH, fueron
cometidas contra mujeres mayas, el 10.3% contra ladinas y el
0.1% contra otras.
2902.
Entre los efectos que produjo la violación sexual destacan: senti-
mientos de humillación, desprecio, vergüenza, y también efectos inhibido-
res de las relaciones sexuales por parte de las víctimas aun con sus propias
parejas. Algunas mujeres abortaron o incluso cometieron filicidio con el
hijo producto de la violación. De otra parte, muchos esposos repudiaron a
las mujeres violadas. La violación sexual impidió o dificultó también el
matrimonio de mujeres solteras: las que no se casaron, tuvieron que salir
de sus pueblos para tener pareja y hacer familia. Otros efectos fueron la
vergüenza comunitaria y el aislamiento social de las víctimas.
“[Varias] parejas se separaron porque los soldados violan a las muje-
res y luego los hombres ya no las quieren ... también entran a las ca-
sas de las mujeres donde no están sus hombres y las violan. Durante
188
529 C 6024. Agosto,1982. San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
530 C 12027.1983. Ixtahuacán, Huehuetenango. Otros casos de canibalismo forzado de notable
crueldad se produjeron en Baja Verapaz, entre julio y diciembre de 1981, en una operación con-
junta entre el Ejército y las PAC de Rabinal, los soldados les cortaron las orejas a seis personas y
los obligaron a comérselas, C 883. 1981. Chateguá, Rabinal, Baja Verapaz.
531 Véase el apartado sobre violación sexual en este capítulo segundo, en el capítulo tercero y el caso
ilustrativo CI 91. 1979-1983. Mujeres maya k’iche’ víctimas de violación sexual en el departa-
mento de Quiché.
los años 82-83, los militares organizaban fiestas, ponían marimba
... dentro del destacamento ... obligaban a los hombres a ir con sus
mujeres ... si uno no quería ir lo castigaban ese día, [los militares]
sacaban a las mujeres que querían y se las llevaban al monte para
violarlas ... toda la comunidad sabía que si las sacaban durante la
marimba era para violarlas ... [algunas víctimas] estaban casadas y
fueron repudiadas por sus maridos, [otras] eran solteras, [una] con-
tinúa siéndolo, [otra] se casó con un soldado de Chichi ... Remigia
quedó embarazada y se provocó un aborto, lo cual es de dominio de
las mujeres de la comunidad. Esta mujer vive actualmente en Pana-
má, se juntó con un muchacho uspanteco que llegó huérfano”.
532
“[A muchas mujeres casadas el hombre las rechaza] las mujeres
solteras no podían ser tomadas en cuenta para esposa ... no podemos
generalizar pero las mujeres solteras y que sabían que toda la comu-
nidad lo había presenciado, más que todo cuando la violación no fue
de varias veces sino por más de un batallón. Ahora, cuando es una
sola persona, como que es un poco tolerable, pero cuando el jugue-
teo es por cinco o diez hombres, la cosa cambia...”
533
2903.
En síntesis, la violación sexual fue otro mecanismo que quebró la
unidad conyugal y los lazos sociales, provocó el éxodo de mujeres, abortos
y filicidios; impidió matrimonios y nacimientos dentro del grupo. En fin,
afectó la continuidad biológica del colectivo como tal.
a) La muerte, tortura y el descuartizamiento de mujeres embarazadas,
la destrucción de fetos, así como de niños pequeños, no sólo fueron
cruentos en extremo sino que tuvieron un doble efecto; uno físico,
que afectó la reproducción biológica del grupo, y otro cultural, pues
trastocó sentimientos y valores profundos. Así lo señalan los testigos:
“Un teniente ... llegó a Chitucá y reunieron a las mujeres, entonces
con el mismo cuchillo que él tenía, empezó a abrir una parte del es-
tómago de una mujer y le sacó el niño, así directamente y eso fue de-
lante de todas las mujeres que estaban ahí ... entonces no mataron
[a las demás] pero de otra forma las mataron: dejaron miedo para
que no se siga hablando de lo que pasó”.
534
189
532 C 16517. Octubre, 1982-1983. Uspantán, Quiché.
533 Testigo (mujer maya refugiada) CEH. (T.C. 130).
534 Testigo (líder achi) CEH. (TC 216).
En la aldea San Antonio el Baldío (o San Antonio Chiquito), de Us-
pantán, los soldados hicieron una masacre. Luego persiguieron a los so-
brevivientes. Algunas mujeres y niños fueron alcanzados. Las mujeres
“fueron desnudadas y violadas frente a los otros capturados, una y otra vez por
los soldados y los patrulleros ... estando aún las mujeres tumbadas en el suelo,
los soldados les destrozaron la cabeza con grandes cuchillos ... una mujer in-
dígena decapitada tenía siete u ocho meses de embarazo. [El vientre le fue
abierto a cuchillo y su cabeza introducida en su propia matriz]. El feto es-
taba despedazado...”
535
“Agarran a una mujer, la violan y sacan el patojo que tiene en la
panza, eso es para que les duela. La saña de eso ... son los valores que
se llaman sagrados. En el caso del indígena yo creo que lo sagrado fue
trastocado, precisamente para tocar a fondo esa cultura”.
536
b) La tortura
537
fue física y psicológica. La mayor parte de la tortu-
ra pública y masiva se realizó en comunidades mayas, en igle-
sias, plazas, escuelas, etc., con el claro objetivo de crear terror,
desestructurar a la comunidad, alterar los valores del grupo, hu-
millar, desvalorizar y desmoralizar a la población indígena. Se-
gún los casos registrados por la CEH, del total de víctimas in-
dividuales identificadas el 85.3% fueron mayas, el 14.6% ladi-
nas y otros 0.1%
“Nos trataron como animales ... No a todos nos trataban como ani-
males, pero a otros [sí] les hacían sentir ser animales ... Y lo que les
decían, que los orinaban, todas esas cosas también que les hacían,
que lo dejaban allí junto con las heces, o sea todo el trato, no sólo el
trato sino la repetición [les decían] guerrilleros, guerrilleros, son ma-
los, son animales, no creen en Dios ... si hubieran sido buenos ...
nunca les hubiera pasado eso, y la gente [tenía] la confusión de que
si era cierto o no ... Lo mejor [para ellos era que] los indígenas se
terminaran ... y por lo tanto matar indios era matar chuchos [pe-
190
535 C 12041. Junio,1980. Ixcán. Quiché.
536 C 53. Septiembre, 1980. San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.
537 Véase el apartado sobre tortura en el presente capítulo segundo. Véanse también los casos ilustra-
tivos sobre tortura: CI 1. Junio, 1981. Riberas del Río Usumacinta, El Petén; CI 11. Enero, 1981.
Santiago Atitlán; CI 13 Marzo 1980. Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla; CI 17. 1981 y
1983. Ixcán, Quiché; CI 22. Marzo, Junio, 1983. Ciudad de Guatemala; CI 33. Julio, 1992.
Ciudad de Guatemala; CI 37. 1981, 1983. Quiché; CI 42. 1992; CI 43. Diciembre, 1982. San-
ta Cruz del Quiché; CI 53. Mayo, 1982. San José Sinaché, Quiché; CI 54. Mayo, 1982. Chichi-
castenango, Quiché; CI 63. Septiembre, 1982. Tzisbaj, Huehuetenango; CI 64. Octubre, 1982.
Santa Ana Huista, Huehuetenango; CI 70. Marzo, 1983. San Marcos; CI 81. Marzo, 1992. Nue-
vo San Carlos, Retalhuleu; CI 83. Junio, 1982. Huehuetenango; CI 98. Julio, 1981. Quetzalte-
nango; CI 99. Enero, 1971. San Vicente Pacaya, Escuintla.
rros], y por lo tanto no hay problemas, no eran humanos, sí preva-
leció mucho esa idea...”
538
c) El desarraigo o traslado forzoso de niños mayas de sus grupos a
otros,
539
trastornó y amenazó la vida colectiva. Los niños no sólo su-
frieron violaciones de sus derechos individuales, sino que al perder
sus referentes identitarios e impedirse la socialización dentro de su
grupo cultural, tampoco pudieron dar continuidad al mismo. Des-
pués de las masacres, los niños sobrevivientes eran repartidos entre
los patrulleros o se los llevaban los militares. Niños pequeños fueron
dados en adopción a familias ladinas o extranjeras. Los niños que
eran llevados por los patrulleros se quedaban en las casas de éstos o
en las de otras familias para cumplir trabajos domésticos, estaban allí
en condiciones de servidumbre.
“Era como en el infierno, en los años 82 y 83 ... los comisionados
traen muchachitos que no sabemos de dónde vienen y luego los ofre-
cen ... cuando crecieron se fueron”.
540
Un testigo narra que sobrevivió a la masacre de su comunidad junto
con otros 17 niños. Luego los patrulleros mataron a los niños más peque-
ños, entre ellos su hermano, “[el patrullero] lo agarró de sus pies, y su cabe-
za fue estrellada contra las piedras ... no les costaba matarlos”. Y a los demás
se los repartieron para trabajar en sus casas. Le obligaban a hacer trabajos
pesados y era maltratado física y psicológicamente. Señala que varias veces
el patrullero lo amenazó de muerte, sólo se libró de ella por la compasión
de la esposa del patrullero. Por casualidad, un día de mercado se encontró
con un familiar quien finalmente lo pudo rescatar.
541
Un ex militar entrevistado por la CEH, afirmó que después de com-
bates con la guerrilla, algunos menores huérfanos fueron llevados y criados
por militares. “Hubieron casos donde se llevaron a los hogares, allí en la colo-
nia donde yo vivo se llevaron niños, ahora ya son profesionales”.
542
d) Entre los jóvenes indígenas reclutados a la fuerza, muchos eran me-
nores de edad
543
y sufrieron fuertes procesos de aculturación o asimi-
191
538 Testigo (mujer maya). CEH. (TC 130).
539 Véase el apartado sobre la violencia contra la niñez en este capítulo.
540 C 16517. 1982-1983. Uspantán, Quiché.
541 Véase el caso ilustrativo sobre el traslado forzoso de niños sobrevivientes de la masacre de Río Ne-
gro. CI 14. Marzo, 1982. Rabinal, Baja Verapaz.
542 Testigo (coronel retirado del Ejército) CEH. (T.C. 118).
543 La CEH tiene testimonios de casos de reclutamiento forzoso y algunos de ellos son casos de meno-
res, véase también informe de Quaker United Nations Office, Estudio de Caso: Reclutamiento de me-
nores de 18 años por las fuerzas armadas y por otros grupos armados y su involucramiento en el conflic-
to armado interno en Guatemala. Defensa de la Niñez Internacional-Sección Guatemala, Dic. 1995,
véase más adelante en este apartado. También en el apartado sobre reclutamiento forzoso en este ca-
pítulo y en el apartado sobre las comunidades del pueblo maya en capítulo tercero de este Informe.
lación cultural. Después del servicio militar, algunos ya no querían
volver a sus comunidades y quedaron desarraigados; o cuando vol-
vían se unían a las PAC o eran nombrados comisionados militares y
contribuían a la desestructuración comunal. Algunos ya no se que-
rían casar o trabajar dentro de su comunidad. Este fenómeno tam-
bién afectó la vida colectiva.
Vulneración de las condiciones de existencia
2904.
A raíz del enfrentamiento armado se afectaron las condiciones de
existencia física de los colectivos indígenas, en el contexto de una aguda e
institucionalizada pobreza indígena en el campo
544
y la falta de leyes y de
políticas sociales que protegieran y otorgasen tierras a las comunidades in-
dígenas.
545
Esto se tradujo en carencias económicas de diverso tipo, impo-
sibilidad de acceder a recursos para la subsistencia, el despojo o abandono
forzoso de la tierra, el deterioro del hábitat, entre otros daños.
“A partir del día de San Antonio, los militares llegaron noche tras no-
che y sacaron a los hombres, jóvenes, adultos y viejos, y los asesinaron
en los caminos. Quemaron reservas alimentarias, destruyeron cultivos
y robaron bienes comunitarios. La vida se hacía imposible”.
546
2905.
Durante el enfrentamiento armado los conflictos de tierras se mi-
litarizaron y el despojo de tierras se agudizó, dejando sin sustento material
a las comunidades indígenas. La masacre de Panzós
547
en 1978 constituye
un caso paradigmático de respuesta armada ante un reclamo de tierras
usurpadas a los indígenas por los finqueros. Igualmente la CEH ha recibi-
do testimonios de casos de despojo de tierras y bienes por parte de milita-
res, comisionados militares y patrulleros, e inclusive falsas denuncias de ser
guerrilleros, manipuladas para conseguir la apropiación de tierras, por par-
te de los denunciantes.
2906.
A los casos mencionados se suman los problemas ocasionados a
raíz del desplazamiento forzoso interno, el refugio externo y el reasenta-
miento sin tener en cuenta a los antiguos dueños. Elaine Elliot señala: “El
192
544 El informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala de 1981 de la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos de la OEA, indica que la pobreza afecta mayoritariamente a
la población indígena, que está sometida a difíciles condiciones de subsistencia, añadiendo que
“las evidentes disparidades en la distribución del ingreso son el reflejo del sistema de tenencia de la tie-
rra” (CIDH, 1981, 1-128).
545 Después del abandono de la reforma agraria en 1954, la Constitución de 1965, el Estatuto de
Gobierno de 1982 y la Constitución de 1985 ordenan que se dicten leyes que protejan las tierras
comunales y que se otorgue tierra a las comunidades indígenas. Estas leyes nunca se emitieron
durante el período del enfrentamiento armado; por el contrario, la desprotección de tierras se in-
crementó como efecto de la violencia.
546 C 12041. 1980. Ixcán, Quiché.
547 CI 9. Mayo, 1978. Panzós, Alta Verapaz.
ejército y el INTA han reasentado la población desplazada sin tomar en cuen-
ta los antiguos dueños. Las personas que han perdido sus tierras a causa de su
éxodo involuntario son tan numerosas que los conflictos de tierras parecen ser
un resultado inevitable en los próximos años”.
548
Y Manz concluye: “Con la
poca tierra disponible y la gran proporción de desplazados, la mayoría de los
habitantes de la región ixil tienen menos extensión de tierras que antes del pe-
ríodo de la violencia”.
549
“Cuántos k’iche’s se han desplazado y cuántos ixiles, que nosotros co-
nozcamos, están en la capital y ahorita ya no quieren volver. Ya no
quieren volver porque les quitaron sus tierras allá...”
550
Familias de la comunidad de Río Negro fueron asentadas en Pacux.
Pero las tierras no son adecuadas para la agricultura de subsistencia. Los te-
rrenos “son pobres, no es aprovechable nada, ni para pastos de nuestros anima-
les”. Y el INDE aún no ha cumplido con el compromiso de otorgar igua-
les o mejores tierras a los damnificados. Tampoco ha legalizado las tierras
donde estaban los asentamientos de las comunidades desplazadas.
551
2907.
La destrucción de sembradíos y de aldeas enteras recrudeció las
condiciones de existencia física de los colectivos indígenas. Esto sucedió
sobre todo desde 1981 y en comunidades mayas, en el contexto de los pla-
nes de campaña del Ejército. La destrucción del hábitat, la tala de bosques
afectaron a las comunidades mayas tanto en el plano material como sim-
bólico o cultural.
“Desde el Selegua a La Laguna, el Ejército taló muchos árboles, que-
ría que se viera el movimiento de la guerrilla, que no pudiesen escon-
derse. Y eso dolió al pueblo maya...”
552
“Ese día los soldados arrasaron todo Sumal Chiquito, de una vez.
Quemaron las casas y la producción, robaron animales, quebraron las
piedras de moler, robaron todo lo que encontraron de valor”.
553
2908.
El desplazamiento y la huida por efectos de la represión generaron
condiciones de subsistencia de extrema fragilidad, por la carencia de ali-
193
548 Elaine Elliot, Ixil Land Tenure, CIRMA, Guatemala 1989, pgs. 15-16.
549 Beatriz Manz, Guatemala: cambios en la comunidad, desplazamientos y repatriación, México, Igle-
sia Guatemalteca en el Exilio, 1ª edición, Editorial Praxis, México, 1986, pg. 191.
550 Testigo (dirigente maya) CEH. (T.C. 53).
551 CI 10. Marzo,1980. Río Negro, Baja Verapaz.
552 Testigo (sacerdote católico) CEH. (T.C. 93).
553 Testigo Ixil CEH. C 16788. 1982. Nebaj, Quiché.
mentos, medicinas, vivienda, etc. Igualmente, que los moradores de las zo-
nas arrasadas tuvieran que vivir escondidos algún tiempo para evitar las ac-
ciones represivas, disminuyó las posibilidades de supervivencia.
554
“Después de la destrucción de Sumal Chiquito la población huyó a
la montaña donde hicieron ranchitos de nylon para la lluvia, luego
ya en la pura montaña, muchos mueren de hambre y enferme-
dad”.
555
Los rastreos y ofensivas constantes del Ejército a las CPR de la Sierra
obligaron a la población a huir y refugiarse en las montañas por largos pe-
ríodos, durante los cuales se iban quedando sin alimentos, vestido, medi-
cinas, etc. El Ejército adoptó la táctica de asentarse en los lugares donde se
habían hecho siembras de maíz, esperando que las personas bajaran a bus-
carlo. Cuando las personas bajaban, las capturaban y ejecutaban.
556
“Sufrimos mucho porque no podíamos cocinar en la casa. Tenemos es-
condido nuestro maíz. Tuvimos que abrir pozos para meter el maíz,
pero el maíz se pudrió porque cuando empezó el invierno entonces ca-
yó agua. Entonces, total tuvimos que comer maíz podrido y de ahí su-
frimos de muchas enfermedades, porque, imagínese, comer comida
que no está en buena condición”.
557
2909.
El destino de un quinto del tiempo aproximado de trabajo produc-
tivo para realizar tareas de carácter militar en las PAC
558
u otros servicios,
los trabajos forzosos impuestos a las mujeres en cuarteles, el reclutamiento
forzoso e irregular de varones jóvenes, fueron mecanismos de extracción de
fuerza de trabajo que restaban importantes recursos a la ya pauperizada
economía de subsistencia de las comunidades indígenas.
“La patrulla civil trajo más bien la pobreza, las enfermedades, limi-
tación en el trabajo en la agricultura, también los viajes a las fincas,
194
554 CI 64, 1982. Huehuetenango; CI 34. Septiembre, 1981. Quiché.
555 Testigo Ixil CEH. C 16788. 1982. Nebaj, Quiché.
556 C 3449. Quiché. 1987. CPR de la Sierra. Población ixil, Cotzal. Los hechos de persecución y des-
trucción de cosechas después de las masacres fueron constantes. Las condiciones de vida fuera de
las aldeas hicieron que muchas personas perdieron la vida. Véase C 3488. 1982. Nebaj, Quiché.
Masacre de la aldea Pulay en 1982 y persecución por el Ejército en la huida; C 3491.1982. Ne-
baj, Quiché. La población salió huyendo desde la aldea Pulay y hubo varias muertes en su des-
plazamiento hasta San Antonio Tzeja, Ixcán, Quiché; C 3773. Chajul, Quiché. CPR de la Sierra.
También sufrieron varias muertes a raíz de las condiciones del desplazamiento en 1990; también
véase el apartado de genocidio en el presente capítulo.
557 Testigo (mujer k´iche´) CEH. (T.C. 1).
558 Véase el apartado sobre los costos económicos del enfrentamiento armado en el capítulo tercero.
en fin. Hay muchas cosas que no permiten desarrollar nuestras pro-
pias actividades”.
559
Violaciones contra la identidad étnica o cultural
2910.
Durante el enfrentamiento armado se cometieron muchas viola-
ciones contra el derecho a la identidad étnica o cultural del pueblo maya,
afectando la reproducción de su cultura, el uso de sus propios símbolos
culturales, el mantenimiento de sus propias instituciones sociales, econó-
micas y políticas, de sus valores y prácticas culturales, religiosas y sociales.
Irrespeto de símbolos y nombres identitarios
2911.
El derecho a la identidad de los pueblos indígenas incluye tanto el
respeto del uso, por dichos pueblos, de sus elementos identitarios (trajes,
nombres, signos y símbolos culturales e históricos, objetos y lugares sagra-
dos) como la no utilización de los mismos con otros fines, para no desvir-
tuar su sentido simbólico e identificador de la cultura.
2912.
Durante el enfrentamiento armado se destruyeron objetos, lugares
y símbolos sagrados e identitarios,
560
y también se utilizaron nombres y
símbolos históricos y culturales mayas con otros fines.
2913.
Es relevante en particular la utilización de nombres de centros ce-
remoniales e históricos, personajes míticos y nombres de nahuales o fuer-
zas del calendario maya, que son los referentes históricos y culturales de los
mayas, para nominar zonas de operaciones militares y a las llamadas Fuer-
zas de Tarea, esto es, los cuerpos especializados del Ejército asignados a zo-
nas u operativos específicos, y que se desarrollaron con gran crueldad y en-
sañamiento contra la población maya. Entre estos nombres están:
a) Gumarcaj, palabra k´iche´ referida al más importante asiento cultu-
ral histórico de los k´iche´s. La Fuerza de Tarea estuvo asignada con
este nombre a ciertas regiones del departamento de Quiché.
b) Iximché, palabra k’aqchiqel referida al centro histórico más impor-
tante de dicha comunidad étnica y ubicada en Chimaltenango. La
Fuerza de Tarea fue destinada con ese nombre a ese departamento,
así como a Sololá y parte de Quiché.
c) Kaibil Balam, nombre de un rey del señorío mam, gran estratega re-
conocido en otros grupos, que no pudo ser capturado por los con-
quistadores españoles. Este nombre se utilizó para designar a uno de
los cuerpos del Ejército que realizó actos de gran crueldad.
195
559 Testigo (mujer k´iche´) CEH. (T.C. 1).
560 Véase el apartado sobre genocidio en el presente capítulo, y el apartado sobre las comunidades
del pueblo maya en el capítulo tercero.
d) Quiriguá y Xancantal, nombres de ciudades mayas.
e) El Quetzal y el Tigre, nahuales mayas. El Tigre se utilizó para nomi-
nar una zona de operaciones, Ixcán, y una Fuerza de Tarea.
f) Cabracán y Sinacán, personajes míticos mayas.
2914.
Dichos nombres mayas no fueron utilizados en su sentido original,
sino que se desvirtuaron para buscar legitimar las fuerzas más cruentas que
actuaron contra los propios mayas. Por ello, el uso de estos nombres cons-
tituye un desprecio a la cultura maya, sus símbolos culturales, su memoria
histórica, sus referentes identitarios y los símbolos que representan al an-
cestro cultural común.
Actos de discriminación, el reclutamiento forzoso
2915.
La discriminación contra los indígenas por el solo hecho de ser ta-
les, constituye otra vulneración a la identidad cultural maya. La discrimi-
nación se realizó en todas las esferas de la vida nacional. La Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos se ha pronunciado reiteradamente so-
bre este tema en sus informes anuales, a partir de 1981, al referirse al caso
de Guatemala. En su informe de 1996 concluye: “La discriminación racial
extremadamente extendida, la pobreza extrema y la exclusión social en relación
con la población indígena influyen negativamente sobre el goce de los derechos
económicos, sociales y culturales por esta población”.
561
2916.
El reclutamiento forzoso constituyó una de las formas extremas de
discriminación institucionalizada contra el pueblo maya. Si bien el servi-
cio militar obligatorio está autorizado por la Constitución, el modo como
se llevaba a cabo el reclutamiento era irregular porque no cumplía los re-
quisitos legales (se hacía a la fuerza, sin seguir los procedimientos) y tenía
un carácter discriminatorio.
2917.
El reclutamiento militar forzoso se ejecutaba de modo masivo, en
especial en zonas de alta concentración indígena. La vieja historia del “cu-
po”
562
es también la historia de la discriminación por el delito de ser joven ma-
ya. Por lo común, la población objetivo a ser reclutada la conformaban: jóve-
nes indígenas principalmente provenientes del Altiplano del país, pobres, anal-
fabetos y que viven en áreas rurales”.
563
196
561 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe anual, 1996, véase comentarios en Re-
vista del IIDH, N° 26, julio-diciembre 1997, pg. 175.
562 Véase: “Memorias del los años del cupo”, El Periódico, 18 de octubre de 1998, Guatemala.
563 “Reclutamiento de menores de 18 años por las fuerzas armadas y por otros grupos armados y su invo-
lucramiento en el conflicto armado interno en Guatemala”, Defensa de la Niñez Internacional-Sec-
ción Guatemala, Guatemala 1995, pg. 17.
“Se sabía cuándo iban a agarrar. Siempre era a fin de año, en fin de
semana, por la noche. Por precaución no salíamos de casa ... aunque
como estudiante de básico del colegio La Salle [me] sentía protegido.
Los que se iban para el cupo eran indígenas de los pueblos de los alre-
dedores, como Santa Ana o Jocotenango. Podía ser que algún patojo
de colegio cayera por error, pero al día siguiente los papás lo sacaban
por medio de sus conectes con comisionados, que eran gente conocida
en el pueblo, carniceros, negociantes. De quedarse una noche en el
cuartel no pasaban”.
564
2918.
Un coronel retirado del Ejército justificaba por qué la mayoría de
reclutas son indígenas diciendo: “jamás el estudiante va a querer prestar ser-
vicio por las condiciones del cuartel de nuestro Ejército ... a ningún estudiante
le va a gustar comer frijolitos y arroz. No lo va a hacer ... pero ... si el Ejérci-
to llevara al servicio obligatorio al estudiante, aunque sea 10 meses, culturiza-
ría y ayudaría más a ser un Ejército mejor, pero si es sólo indio ... Entonces el
indio ha sido discriminado, pero es por su falta de cultura, porque está muy
alejado...”
565
2919.
Lo que nació como un acto de discriminación étnica terminó sien-
do un acto de asimilación cultural: incluía, entre otras imposiciones, la
prohibición de hablar en idiomas mayas, la castellanización forzosa, la al-
fabetización asimilacionista, la ruptura de valores culturales indígenas, la
introyección de comportamientos autoritarios, el entrenamiento en actos
atentatorios contra indígenas.
566
“Había mucha discriminación con el indígena. A los indígenas los
golpeaban, casi por gusto, porque no podían decir una palabra. La
misión era enseñarles el español a puro golpe”.
567
2920.
Un coronel del Ejército planteaba la castellanización más bien co-
mo un incentivo del cupo, reflejando el etnocentrismo: “Antes de subirlos
al camión, les decíamos que en el cuartel se iba a ver si de veras eran hombres,
que iban a ganar buen sueldo, que iban a aprender castilla, eso era un gran
incentivo”.
568
2921.
En primer lugar se usaba el castigo para alterar el sistema de valo-
res y comportamientos aprendidos en su familia y comunidad. “Yo siempre
197
564 Hugo Castillo (exonerado del cupo), en “Memorias de los años del cupo”, El Periódico, 18 de oc-
tubre de 1998, Guatemala.
565 Testigo (coronel retirado) CEH. (T.C. 118).
566 En el apartado sobre comunidades del pueblo maya del capítulo tercero de este Informe se expli-
ca la desestructuración de valores de los reclutas mayas.
567 C 11418. 1985. Ixcán, Quiché.
568 Héctor Alejandro Gramajo (militar), en “Memorias de los años del cupo”, El Periódico, 18 de oc-
tubre de 1998, Guatemala.
traté de portarme lo mejor, de conducirme siempre bien porque así fue la for-
mación que recibí de mi familia; y yo siempre fui castigado...”
569
Luego se les
entrenaba para cometer hechos violentos como parte de la “preparación psi-
cológica”. Estos reclutas eran entrenados para realizar actos represivos con-
tra los propios indígenas.
2922.
Refiriéndose a una masacre que se había consumado en Zacualpa,
un declarante ex soldado señala: “ninguno de los soldados dijo nada después
de la masacre porque allí en el Ejército la vida no vale nada. Más bien les dio
risa por la preparación psicológica que han recibido”.
570
“Nos decían que si nuestro papá colaboraba con la guerrilla uno mis-
mo tenía que matarlo, porque si ustedes no lo hacen nosotros nos da-
mos cuenta y matamos a toda la familia”.
571
2923.
En síntesis, el reclutamiento forzoso dio lugar a un conjunto de
violaciones contra derechos individuales de las personas reclutadas por
procedimientos irregulares, especialmente si eran menores. Pero además
consistió en una violación de los derechos colectivos del pueblo maya. El
reclutamiento forzado resultó discriminatorio contra los pueblos indíge-
nas, dañó valores culturales de un modo profundo, vulnerando el derecho
a la propia cultura, al idioma y a las creencias religiosas. Durante el servi-
cio militar se realizaban prácticas de asimilación cultural como la castella-
nización forzosa. El tipo de entrenamiento que se realizaba también viola-
ba derechos culturales al buscar la ruptura de valores como el respeto a la
vida y la deshumanización de los reclutas para adiestrarlos en la realización
de actos que vulneraban a los propios pueblos mayas.
Violación del derecho al uso
de elementos identitarios: idioma, vestido
2924.
La CEH cuenta con testimonios de personas que fueron reprimi-
das sólo porque se identificó su lugar de procedencia por su idioma o tra-
je.
572
A la discriminación tradicional por ser indígenas
573
se sumó la estig-
matización de áreas o grupos indígenas como guerrilleros. Ni siquiera era
necesario individualizar a las personas, bastaba encontrar un elemento
198
569 C 11431. Abril, 1983. Ixcán, Quiché.
570 C 15128. 1983. Chichicastenango, Quiché.
571 C 11418. 1985. Ixcán, Quiché.
572 Véase casos citados en el apartado de Genocidio en este capítulo y en el apartado de Comunida-
des del Pueblo Maya en el capítulo III.
573 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe Anual de 1993 señalaba:
“quienes retienen características identificatorias mayas —lenguaje, formas comunitarias, vestido, prác-
ticas religiosas— están no solamente excluidos de posiciones de poder y prestigio en la nación, sino ade-
más son despreciados por los políticos en general...”, CIDH, 1992-3, 35, véase comentarios en Re-
vista IIDH, N° 26, julio-diciembre, 1997, pg. 172.
identificatorio del grupo para dar lugar a su “aniquilamiento”. Hay casos
extremos en los que fue suficiente reconocer que unas personas hablaban
un idioma indígena y como los soldados no podían entenderles, las ma-
taron.
574
“El pueblo poptí por ello se sintió muy afectado al tener que ocultar
sus ritos, cambiar sus costumbres y tener miedo a hablar su idioma
porque decían que todos los guerrilleros hablaban poptí”.
575
2925.
Una víctima testimonió ante la Comisión que su mamá le instaba
a no usar el güipil de San Martín Jilotepeque porque era sinónimo de per-
secución. En ese tiempo la declarante dice que “no entendía por qué los per-
seguían, por qué no los querían como indígenas, por qué sólo a los indígenas
perseguían y mataban y a los ladinos no”.
576
2926.
Estos hechos generaban procesos de autoinhibición en el uso del
propio idioma indígena o de otros elementos identificatorios como el tra-
je, para evitar acciones represivas. Se realizaron acciones directas asimismo
para imponer la utilización del castellano. Además del caso de los reclutas
ya comentado, en algunas aldeas indígenas, luego de la instalación de pa-
trullas o destacamentos militares, se proferían expresiones de descalifica-
ción contra los indígenas a los que obligaban a hablar castellano. Este, por
ejemplo, es el caso de Uspantán donde se formaron las PAC y más tarde se
instaló un destacamento militar del Ejército. El testigo dice que tras asen-
tarse las PAC en 1981:
“Comenzamos a tener muchos problemas porque los comisionados y
los jefes [de las PAC] eran ladinos, nos llamaban raza de coches, nos
decían malas palabras porque no podíamos hablar castilla ... [y cuan-
do el Ejército se instaló en 1982] fue peor porque los militares sí
obligaban a hablar castilla...”
577
2927.
La política lingüística del Estado en cuanto al acceso a servicios pú-
blicos en idiomas indígenas no sólo no mejoró durante el período, sino
que empeoró de hecho a causa de la violencia. El acceso a la justicia para
toda la generalidad de la población se hizo más difícil. El acceso en idio-
mas indígenas era imposible en la práctica.
2928.
Hasta antes de promulgarse la Constitución de 1985 los funciona-
rios municipales tenían atribución para administrar justicia en casos de
199
574 C 3649. 1980. Chiantla, Huehuetenango.
575 Testigo (sacerdote católico) CEH. (T.C. 93).
576 C 15527. Marzo, 1981. San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.
577 C 16517. 1981-1983. Uspantán, Quiché.
menor gravedad, por lo que la población indígena podía acceder a la jus-
ticia en su idioma. Pero para los casos graves tenían que ir acudir a los Juz-
gados de Instancia, que sólo se ubicaban en las cabeceras departamentales,
debiendo viajar horas o días para acceder a ellos, gastar dinero, contratar
abogados y buscar intérpretes ocasionales porque prácticamente ningún
juzgado del país contaba con intérpretes contratados.
578
Desde 1985 se em-
pezaron a crear los Juzgados de Paz para administrar justicia en casos me-
nores, pero en 1996 apenas cubrían la mitad de los municipios del país y
casi ningún juzgado tenía intérpretes para ocuparse de los idiomas indíge-
nas. La Constitución de 1985 señala que el Estado promueve el uso de
idiomas indígenas y desde 1992 el Código Procesal Penal ordena la presen-
cia de intérpretes para traducir los idiomas indígenas, pero dichas disposi-
ciones no fueron activadas durante el período del enfrentamiento armado.
Un testimonio recogido por la CEH ilustra de modo dramático la falta de
acceso a la justicia por el tema del idioma:
“El 13 de marzo de 1984 mi esposo salió de la casa, iba a su terreno
a buscar café, llevó comida y todo porque era el trabajo de todo un día
y resulta que en el camino lo encontraron los soldados y lo mataron ...
Mis hijos lo buscaron y ahí nos contaron que estaba muerto y los bom-
beros lo fueron a recoger, se lo trajeron al municipio [Cobán] y yo
llegué pero me dio pena hablarle al juez porque no tenía dinero y no
hablaba español”.
579
2929.
La falta de acceso a la justicia en idiomas mayas y la discriminación
que han sufrido ante la administración de justicia ha sido también cuestio-
nada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus infor-
mes anuales: “La falta de respeto que persiste por la diversidad cultural es la
causa de ejemplos de discriminación de facto y de jure ... los tribunales gene-
ralmente funcionan en castellano, aunque muchos de los habitantes de Guate-
mala hablan idiomas indígenas y rara vez pueden ofrecer la interpretación o
traducción necesarias para garantizar el debido proceso”.
580
2930.
En síntesis, el derecho de usar los idiomas indígenas fue totalmen-
te vulnerado, en especial en el período más cruento del enfrentamiento ar-
mado. Se dio un trato discriminatorio a los maya-hablantes, no se respetó
el derecho de usar los idiomas mayas y además se reprimió el uso de los
200
578 Informe del proyecto administración de justicia y pluralismo lingüístico 1996-1997, Minugua, Quet-
zaltenango, marzo de 1997.
579 C 9066. Marzo,1984. San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.
580 CIDH, informe de 1996. En el informe anual de 1993-2, había invocado a los miembros del Po-
der Judicial para que “actúen en forma no discriminatoria contra los indígenas y les otorguen, con la
prontitud necesaria, todas las garantías legales que les corresponden”, CIDH, 1993-2 38.
mismos o la mera pertenencia a determinada comunidad etnolingüística,
se obligó la castellanización forzosa, se estigmatizó dichos idiomas. Tam-
poco se posibilitó el acceso a servicios públicos de personas que se expre-
saban en idiomas mayas, entre ellos, el acceso a la justicia para el reclamo
de derechos.
Violación de la libertad religiosa y las convicciones
2931.
Las creencias y prácticas religiosas de los mayas son una resultante
de la herencia cultural maya, a la que ellos actualmente llaman “la costum-
bre”, junto con elementos de fe, prácticas e instituciones apropiadas de la
religión católica.
581
Por este motivo es fácil encontrar prácticas religiosas en
apariencia católicas, junto con prácticas mayas o “de costumbre”.
2932.
Durante los años sesenta hubo un importante movimiento de re-
novación dentro de la propia Iglesia Católica, la llamada Acción Católi-
ca,
582
que incidió fundamentalmente en la capacitación de nuevos líderes,
formados en temas vinculados a la justicia social. Estos líderes alentaron di-
versas formas de organización en el campo y la ciudad, e impulsaron recla-
mos colectivos por tierras, mejores condiciones laborales en las fincas, rei-
vindicaciones socio-culturales y políticas. En un primer momento este
nuevo liderazgo cuestionó el sistema tradicional de las autoridades y las
prácticas mayas, pero luego fue acogido en amplios sectores. En el campo,
el ser catequista se volvió una nueva forma de liderazgo reconocido en las
comunidades indígenas. El movimiento en pleno auge cuando empezó la
represión. Coincidió con los procesos reivindicativos que se gestaban des-
de otras esferas sociales y políticas, así como también con la emersión de
las fuerzas insurgentes.
2933.
El reclamo por la justicia social encabezada por estos líderes les
atrajo una primera calificación, la de ser “comunistas”, alimentada por los
finqueros-ladinos y los ladinos de las ciudades, dentro de una compleja ar-
ticulación de conflictos interétnicos y socioeconómicos. Algunos de estos
líderes se vincularon a continuación al EGP y a otras fuerzas insurgentes.
Y los católicos en general fueron catalogados como comunistas-guerrille-
ros, y por lo tanto se convirtieron en un objetivo prioritario de la repre-
sión. De modo selectivo primero, los catequistas, animadores, agentes pas-
torales, sacerdotes y otros líderes de Acción Católica fueron perseguidos y
muertos. Y de modo masivo, se forzó a la población, especialmente la in-
dígena rural, a convertirse al credo evangélico.
583
201
581 Por ejemplo, una de las instituciones más difundidas entre las comunidades mayas es la cofradía.
Ésta fue una imposición colonial católica para la evangelización de los indios, pero fue utilizada
por ellos como reducto cultural. Es decir, si bien originalmente fue una institución foránea, lue-
go fue apropiada culturalmente por los indígenas.
582 Véase capítulo primero y apartado sobre Iglesia Católica en el en capítulo tercero de este Informe.
583 En el apartado sobre comunidades del pueblo maya del capítulo tercero se desarrolla con más de-
talle cómo la represión religiosa afectó a dichas comunidades.
2934.
Ser indígena católico, por lo tanto, era ser “un indio alzado”. Gran
cantidad de testimonios recogidos por la CEH
584
dan cuenta del fenóme-
no de represión religiosa ejecutada por el Ejército, los comisionados mili-
tares y los patrulleros. “Antes de la represión, la mayoría de la población era
miembro de Acción Católica, como catequista, sí, hablábamos de las injusti-
cias, de la realidad nacional, en las alfabetizaciones se hablaba de política, pe-
ro no había presencia del EGP para 1980, en Chipaj ... [Con la represión]
terminaron con las costumbres —ritos mayas—, cerraron la iglesia católica,
acusaban a todos los catequistas de guerrilleros y forzaron a mucha gente para
que se hiciera evangélica bajo amenaza de muerte”.
585
“La violencia trajo consigo la persecución de los catequistas y la obli-
gación de cerrar los oratorios. Tuvieron que dejar de utilizar los luga-
res sagrados, aunque siguieron practicando en las casas. El sacerdote
que venía regularmente desde Chichi tuvo que dejar de visitar la co-
munidad. Antes de la violencia solamente había dos iglesias evangéli-
cas, luego hubo más. Acusaron a los católicos de ser los responsables de
la violencia”.
586
2935.
El Ejército cerró templos católicos, instaló destacamentos militares
en ellos, los utilizó para masacres, torturas
587
o violaciones sexuales masi-
vas, e impidió toda celebración religiosa y toda acción pastoral. Esto ocu-
rrió en todo el territorio nacional y con mayor intensidad en algunos luga-
res como la Diócesis de Quiché. El Ejército se instaló en templos católicos
de los municipios de Joyabaj, Zacualpa, San Pedro Jocopilas, Sacapulas,
Nebaj, Chajul, Cotzal, Uspantán, Chiché, Canillá, San Andrés Sajcabajá y
el internado marista de Chupol.
588
Utilizó los campanarios como sede de
observación y control de la población, y los templos como centros de tor-
tura y ejecuciones.
2936.
El Ejército utilizó los símbolos de la religión católica como parte
de la operación psicológica que acompañaba la represión. Esto queda de
202
584 C 3316. Enero, 1983. Nebaj, Quiché; C 5781. Enero, 1982. Nentón, Huehuetenango; C 3040.
Abril, 1982. Nebaj, Quiché. Testigo (tz’utujil) CEH (T.C. 794); Testigo (mujer kaqchikel) CEH
(T.C. 792).
585 C 2768. 1980. Uspantán, Quiché.
586 C 16037. Diciembre, 1980. Chichicastenango, Quiché.
587 Véase el apartado sobre tortura en este mismo capítulo.
588 CI 37. 1983. San Andrés Sajcabajá, Quiché. Este caso ilustra la ocupación militar en el templo
católico y convento de San Andrés de Sajcabajá entre 1981 y 1983 en el Quiché. En el lugar se
ha practicado una exhumación, encontrándose restos humanos con huellas de tortura. Esto ha
ocurrido en muchos otros templos, luego de haber sido desocupados por los destacamentos mi-
litares. Véase también: CI 61. 1982. Quiché. En este caso se describe la masacre de la aldea Ilom
en 1982. Los hombres fueron ejecutados en el templo de la Iglesia Católica por el Ejército; y CI
60.1982. Quiché. Masacre de la comunidad de Chel, Chajul, en el marco de la campaña Victo-
ria 82. Mujeres y adolescentes ixiles fueron violadas sexualmente y luego ejecutadas en el templo
religioso, en abril de 1982.
manifiesto con motivo de la masacre de Acul. La población fue selecciona-
da por el Ejército. Las personas señaladas como guerrilleras “se iban al in-
fierno” y las demás “se iban al cielo”. Los que estaban destinados al infierno
fueron ejecutados por el Ejército. Luego, toda la población fue obligada a
enterrar a las víctimas destinadas al infierno.
589
Por si fuera poco, el Ejérci-
to vistió las imágenes de santos de la iglesia de Chajul, símbolo del sincre-
tismo religioso maya-católico, con uniformes militares.
590
2937.
El Ejército destruyó lugares sagrados mayas, prohibió la celebra-
ción de ceremonias mayas, impidió la venta de materiales para los rituales,
imposibilitó el acceso a templos y lugares sagrados. Acusó de brujos, per-
siguió y mató a muchos ajq´ijab´ o guías espirituales mayas. El Ejército
forzó el involucramiento de las PAC y comisionados militares en la repre-
sión de las autoridades mayas y el arrazamiento de sus espacios y símbolos
sagrados.
“Ustedes me tienen que decir quiénes son los brujos que hacen su cos-
tumbre porque hay que acabar con ellos, no queremos que los brujos
hagan rituales en contra de los militares”.
591
En Xabalanguac se perseguía a los catequistas y líderes católicos. La
Iglesia estuvo ocupada por el Ejército por tres meses en 1981.
592
“Dos miembros de la cofradía fueron desaparecidos cuando llevaban
la imagen de la Virgen María en su peregrinaje de aldea en aldea, en
celebración de la Virgen, como de costumbre. Fueron llevados al des-
tacamento por los soldados. La imagen de la Virgen fue devuelta, pe-
ro nunca aparecieron los dos”.
593
“Las PAC prohibieron celebrar los ritos mayas porque decían que pe-
dían por los guerrilleros y tuvimos que dejar de ir al lugar sagrado de
Xocopila [ahora han vuelto a celebrar en forma regular]”.
594
“La víctima desaparecida fue sacerdote maya y practicaba la costum-
bre. Cuando comenzó la violencia ya no se atrevían a ir al oratorio y
dejaron de vender artículos religiosos por miedo a ser acusados de gue-
rrilleros, los llamaban brujos y los amenazaban”.
595
203
589 CI 107. 1982. Nebaj, Quiché.
590 Testigo (dirigente ixil) CEH (T.C. 463). Chajul, Quiché.
591 Testigo (dirigente maya) CEH (T.C. 55). Nebaj, Quiché.
592 C 2885. 1981. Joyabaj, Quiché.
593 C 535. Mayo,1984. San José Poaquil, Chimaltenango.
594 C 2546. 1982. San Pedro Jocopilas, Quiché.
595 C 16463. Noviembre, 1982. Zacualpa, Quiché.
El 6 de abril de 1981 en la aldea Cahaboncito, municipio de Panzós,
Alta Verapaz, comisionados militares y miembros de las PAC, capturaron
a Nolberto y Francisco Choc Chub, quienes fueron acusados de guerrille-
ros debido a que habían celebrado una ceremonia maya en su casa.
596
Vecinos de varios cantones estaban reunidos para celebrar la navidad
en una casa, todos eran de una cofradía. A las 7:30 pm. llegaron los solda-
dos, entraron disparando, “todo era balacera y laguna de sangre”. Había co-
mo cincuenta personas, todas murieron. Sólo sobrevivieron dos niños que
estaban fuera de la casa jugando.
597
La PAC de Santa Beatriz llegó a una casa donde un señor y su esposa
estaban haciendo una ceremonia maya. La PAC vio que tenían “una bola
de tierra entre dos candelas. Los acusó de guerrilleros. Mataron al hombre en
el cementerio, a la mujer le prohibieron practicar su rito maya”.
598
2938.
En los testimonios se advierte el objetivo de aniquilación física de
los líderes religiosos católicos
599
(miembros de cofradías, dirigentes de Ac-
ción Católica, catequistas) y mayas, para desarticular la organización en
torno a las prácticas religiosas, las creencias y las reinvindicaciones sociales,
favorecer el rompimiento de la cohesión social y disuadir a la población de
continuar con la religión católica y la “costumbre” o espiritualidad maya.
Respecto al resto de la población, el objetivo de asimilación cultural, con-
versión forzosa y neutralización de convicciones sociales y políticas, resul-
ta evidente.
2939.
El Ejército ejecutaba a líderes religiosos con una particular cruel-
dad y publicidad, para que tales muertes cumplieran un efecto disuasorio.
Esto es lo que se aprecia en el caso del sacerdote maya y principal de Cha-
jul, quien fue asesinado en la calle.
600
El sacerdote maya de Xexac, en Qui-
ché, fue sacado de su casa, degollado y tirado a un barranco.
601
Otro caso
fue el que protagonizó un sacerdote maya y principal ixil, quien fue asesi-
nado en su casa por el Ejército, enterrado en la localidad y desenterrado
luego por el propio Ejército para que la gente viese cómo se lo comían los
perros. Los vecinos luego volvieron a sepultar sus restos.
602
2940.
El papel jugado por las sectas evangélicas introducidas simultánea-
mente incrementaba el proceso de militarización, de asimilación cultural,
control social de la población, colaboración con funciones represivas o di-
recta participación en ellas (elaboración de listados de presuntos guerrille-
ros, informes), y articulación ideológica de la contrainsurgencia.
204
596 C 9400. 1981. Panzós, Alta Verapaz.
597 C 2075. Diciembre,1981. Santa Cruz del Quiché, Quiché.
598 C 5147. Abril, 1982. Santa Bárbara, Huehuetenango.
599 CI 70.1983. San Marcos; CI 12. Octubre, 1980. Santiago Atitlán. Sololá.
600 C 3270. Chajul, Quiché.
601 C 2664. Marzo,1982. Chiché, Quiché.
602 C 3848. 1982. Nebaj, Quiché.
“Dos sacerdotes mayas fueron sacados de su casa por los soldados.
[Habían sido] denunciados por el pastor evangélico que decía que
practicaban ritos mágicos. El pastor evangélico era además comisio-
nado militar”.
603
“Toribio Ajbac, comandante de la PAC, era evangélico y obligaba a
la población a que aceptara el Evangelio, ‘si no quieren aquí está el
arma preparada’ —decía—, pasaba casa por casa. La Asamblea de
Dios Ajbac concedía a la familia permiso para enterrar en el cemen-
terio si los hombres continuaban en las PAC y seguían la religión
evangélica [pero ya no había mucho espacio en el cementerio y la
mayoría ya enterraban a sus muertos cerca de sus casas desde
1983]”.
604
“El destacamento de Uspantán obligaba a la población de la cabece-
ra a tener una tarjeta de identificación, en la que constaba la religión.
Si eras evangélico podías ir más tranquilo. Los católicos siempre co-
rríamos más peligro, por eso mucha gente se hizo evangélico”.
605
“La violencia nos cambió. Muchos tuvieron que hacerse evangélicos
porque así decía el Ejército. Tuvimos que olvidarnos de nuestra orga-
nización que teníamos en nuestra comunidad antes de la violencia,
de nuestra experiencia en cooperativa. También murieron muchos
ancianos”.
606
“En el 82 y 83 están como locos, [los militares] quieren que todos se
hagan evangélicos y un tiempo sí que somos evangélicos y vamos a re-
zar para que no nos maten, luego lo dejamos”.
607
2941.
Aquellos que participaban o integraban el movimiento de Acción
Católica fueron caracterizados por los sectores tradicionales como una
“amenaza al orden” y un cuestionamiento tácito a la distribución de la ri-
queza. Con la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), se convirtieron en
“enemigos” y por ende en objetivos de aniquilamiento. El campo religioso
se convirtió en un escenario de la lucha ideológica, y los líderes religiosos
en objetivo militar de la estrategia contrainsurgente.
2942.
Entre las “técnicas de pacificación” del Gobierno de Ríos Montt, se
recurrió a estrategias militares de represión que llegaron a concretarse en
205
603 C 12018. 1982. Panzós, Alta Verapaz.
604 C 2359. 1986. San Pedro Jocopilas, Quiché.
605 C 2791. Septiembre, 1981. Uspantán, Quiché.
606 C 2596. Junio, 1983. Uspantán, Quiché.
607 C 16517. 1982. Uspantán, Quiché.
operaciones de “tierra arrasada”. En la esfera ideológica se incluyó el uso de
predicadores fundamentalistas, que aconsejaban a los personas para que no
interviniera en asuntos “de este mundo”, y que a su vez actuaban como co-
laboradores de la contrainsurgencia para movilizar a quienes engrosaban
sus auditorios a integrarse en las PAC, entregar listas de sospechosos al
Ejército, etc.
608
Las presiones para lograr la conversión generalizada tuvie-
ron sus efectos y Guatemala es el país con más alto porcentaje de conver-
tidos evangélicos en América Latina, siguiéndole Haití con 20% y Chile
con 15%.
609
2943.
En resumen, durante el enfrentamiento armado y particularmente
en el período más alto de la violencia, se desarrollaron prácticas y políticas
desde el Estado que aseguraban la discriminación por ser católico o por
participar de la espiritualidad maya o “costumbre”. El Ejército instauró una
política de persecución y exterminio de líderes, autoridades y miembros de
organizaciones y comunidades católicas y mayas. Se impidió y reprimió el
libre ejercicio de la religión católica y la espiritualidad maya. Igualmente se
limitaron, impidieron y hasta manipularon, la realización de ceremonias,
festividades, las prácticas religiosas y la celebración de ritos y fiestas que da-
ban cohesión y reforzaban la identidad colectiva. Se destruyeron templos,
lugares y objetos sagrados, o se impidió el acceso a ellos. Se implementa-
ron mecanismos de control ideológico, de imposición religiosa, de conver-
sión forzosa y de asimilación cultural.
Vulneración de las formas de organización
y regulación de la vida social
2944.
Los sistemas de organización y las instituciones económicas, socia-
les, culturales, religiosas y políticas de los pueblos indígenas son el resulta-
do de un proceso histórico dinámico, en el que éstos han tenido que apren-
der a apropiarse y adaptar, dentro de su marco cultural, formas impuestas
durante la Colonia y la República. Este es el caso del sistema de autorida-
des y mecanismos de regulación social y resolución de conflictos. Las co-
munidades mayas hicieron suyas instituciones coloniales como las alcaldías
y las cofradías, que antes del enfrentamiento armado eran parte de su pro-
pio sistema institucional. Adicionalmente, pervivían autoridades de origen
maya, como los ancianos, los principales, los llamados guías espirituales o
sacerdotes mayas (ajq´ijab´), las comadronas y otras. Ambos sistemas se
206
608 Véase, José Emilio Ordoñez, Rostros de las prácticas etnocidas en Guatemala. Cuadernos Constitu-
cionales México-Centroamérica. México. UNAM, Corte de Constitucionalidad de Guatemala y
Procurador de Derechos Humanos de Guatemala (1996), pgs. 17-30. Esta obra incluye un do-
cumentado estudio sobre el papel de las sectas evangélicas en la estrategia contrainsurgente. Ca-
be aclarar que la posición de las sectas fundamentalistas no era compartida por las más importan-
tes iglesias evangélicas reunidas en la Confraternidad Evangélica de Guatemala.
609 Ibid., pg. 23.
habían articulado dentro de criterios de servicio a la comunidad y arraiga-
dos valores religiosos y culturales.
2945.
Desde la Colonia hasta antes de la Constitución de 1985, la legis-
lación interna permitía que los alcaldes de los pueblos de indios, luego al-
caldes municipales y auxiliares (de aldeas y cantones) administrasen justi-
cia. Las constituciones de 1945, 1956 y 1965 establecían como una atri-
bución de los funcionarios municipales el ejercicio de facultades judiciales
para casos menores, competencia de los llamados “jueces menores”. De otra
parte, las cartas constitucionales determinaban que los alcaldes debían ser
elegidos por votación popular. Durante el Gobierno de Ríos Montt, el Es-
tatuto de Gobierno de 1982 estableció las mismas atribuciones judiciales
para los alcaldes, pero señalaba que éstos serían designados por el Ejecuti-
vo. En 1985 la Constitución eliminó las funciones judiciales de las atribu-
ciones de los alcaldes. Fue mediante el sistema de las alcaldías, combinado
con el sistema de autoridades de raíz maya, como los principales y guías es-
pirituales, entre otras autoridades, que el derecho consuetudinario, las for-
mas de organización y la cultura maya, se transmitieron y desarrollaron.
“Antes de la violencia ... me recuerdo todavía los que trabajaban más
con la gente son los alcaldes auxiliares y los comités ... [y los elegían]
así democráticamente, pienso yo, porque si medio que la persona es co-
laborador con la comunidad, entonces le dejan la responsabilidad, y
media vez la persona no es colaborador entonces no lo toman en cuen-
ta. Entonces creo que antes hubo más organizaciones. También [se pi-
de que] la persona que ocupa responsabilidad, sea adulto, responsable
y tener buenas relaciones con toda la comunidad, y la comunidad por
eso lo nombra como representante ... En Rabinal en el 84 no existía
juez. El que se encarga de hacer las leyes es el alcalde municipal, en-
tonces en ese tiempo ... son los alcaldes auxiliares cuando hay un pro-
blema de gallinas o media vez un patojo le pega a otro patojo, siem-
pre son los alcaldes auxiliares [que ven esos problemas]. Y cuando
hay algún problema ya fuerte, entonces, los alcaldes auxiliares se en-
cargan de capturarlo y lo llevan con el alcalde [municipal]”.
610
“El servicio comunitario [era] como antes se ganaba la autoridad,
porque ... le entregas a tu comunidad tu tiempo, tu trabajo y todo, to-
do el mundo te respeta por eso...”
611
“Entonces ahí en esa estructura de la cultura maya están los principa-
les de todos los indígenas de Huehuetenango y [tienen] un centro ce-
207
610 Testigo (joven achi) CEH. (T.C. 216).
611 Testigo (mujer maya) CEH. (T.C. 130).
remonial, es una casita ... y entonces ahí se reúnen ellos en determi-
nadas épocas del año y estos señores son los ancianos dirigentes jefes de
todos los mayas, en ese territorio les dicen mamines, que es una espe-
cie de papá o abuelo. Son los abuelos los que dirigen a todas las gen-
tes ... Tienen su estructura, el principal de todos ellos es el alcalde re-
zador, que es el máximo jefe de todos, luego tienen sus síndicos y de-
más mayordomos, etc”.
612
2946.
Como reiteran los testimonios, antes del enfrentamiento armado
funcionaban estos sistemas tradicionales de instituciones y autoridad den-
tro del pueblo maya, aunque ya desde los años sesenta habían sufrido cier-
tos cambios por el surgimiento de nuevas formas de liderazgo. Igualmen-
te, el pueblo maya tenía sus propias normas y patrones de organización
económica y de manejo de recursos, normas para la regulación de la vida
social, como las uniones conyugales, la filiación, las herencias; reglas para
orientar el comportamiento en la familia y la crianza de los hijos; disposi-
ciones relativas al control del orden público, el sistema de cargos y respon-
sabilidades dentro de la comunidad, un sistema de rotación de servicios a
la comunidad a lo largo del ciclo vital, dictámenes para determinar los he-
chos dañinos, las responsabilidades y los procedimientos para esclarecer
hechos y proceder a la reparación, restitución o arreglo; mecanismos para
ventilar y resolver conflictos de diverso tipo, etc.
“En ese tiempo ... los principales hacen sus reuniones en cada comu-
nidad, en cada aldea, se reúnen. Cualquier problema [ve] el alcal-
de auxiliar, entonces cuando ya no tiene capacidad para resolver to-
do, acude al principal para resolver problemas y discutir todo”.
613
“Los sacerdotes mayas ... son la reproducción en alguna forma de to-
da la cuestión espiritual ... la cuestión de cuándo se siembra, qué ora-
ciones hacer, quién regula los conceptos ... las cuestiones rituales...”
614
2947.
Durante el enfrentamiento armado y en especial en el período en
que se registró mayor violencia, las políticas de Estado conducentes a la
militarización de las comunidades, la implantación de las PAC, el reforza-
miento de los comisionados militares, la imposición de procedimientos
militarizados para la toma de decisiones y la resolución de conflictos vul-
neraron, muchas veces mediante prácticas criminales, normas, valores, sis-
208
612 Testigo (ex combatiente del EGP) CEH. (T.C. 154).
613 Testigo (ixil) CEH. (T.C. 56).
614 Testigo (mujer maya) CEH. (T.C. 130).
temas de organización, autoridades y procedimientos mayas para regular la
vida social y resolver conflictos.
“Asesinaban a los sacerdotes mayas, pero así, sistemático, una canti-
dad de casos ... por ser líderes ... todo líder, todo dirigente, todo el que
guiara, es que era cortarle la cabeza al pueblo ... De la manera de aca-
bar con los sacerdotes mayas creían así, pienso yo, que era de acabar
con la cultura, pues son los sacerdotes mayas ... los que conducen y los
que guían. Acabados estos, ¿quién guía y quién conduce? Acabarlos a
ellos es acabar la cultura misma ... [Con la presencia del Ejército]
todos los conflictos, todos absolutamente todos fueron exacerbados,
porque también dejó de haber autoridades ... ese robo de animales que
los animales pasan y se comen la siembra aquí, eso también fue resuel-
to acusándolos de guerrilleros, o ellos mismos agarrándolos, todo en-
tonces [se volvió] un desmadre...”
615
“Pero ya después de la masacre [de Rabinal] no son los alcaldes, los
comisionados son los que se encargan de hacer todo ... Ya después de
la masacre los que tenían más fuerza son los comisionados militares y
toda la gente les tenía miedo. Porque incluso también en Pacuch si al-
guien no quería [patrullar] o se duerme en el lugar donde hacían pa-
trulla, entonces llegaban de noche, llevaban agua y lo empiezan a ba-
ñar, y si después ya cometen un delito ... entonces lo van a traer y lo
meten ocho días en un pozo, y después de los ocho días lo van a sacar
y lo mandan al destacamento ... Cuando yo estoy [estuve] en Pacuch
entonces un muchacho, por lo menos tenía 14 años, jugaba pelota y
la pelota la pateó para arriba, se trabó dentro de los alambres de elec-
tricidad y se hizo corto circuito. Después lo fueron a traer [al mucha-
cho], lo metieron al pozo y después llegó la mamá y ahí durmió dos
noches con su hijo cerca del pozo ... la señora no dejaba a su hijo, en-
tonces le decía a los comisionados, ‘hágame el favor, sáquenlo de ahí’.
Entonces al tercer día lo sacaron, pero llevaban unos varejones y cuan-
do lo sacaron le metieron doce en la espalda y después lo mandaron a
su casa. Entonces en ese tiempo los comisionados militares son mato-
nes, y si uno no los respeta, lo mandan a matar”.
616
“El alcalde rezador que había allí en 1980 era un viejito y a cuatro
o cinco de los miembros de su estado mayor digamos, a todos, llegó el
209
615 Testigo (mujer maya) CEH. (T.C. 130).
616 Testigo (líder achi) CEH. (T.C. 216).
Ejército y los decapitó ahí junto al ceremonial ... les voló la cabeza ahí
frente a toda la gente, como un escarmiento de que la gente quedara
descabezada ... entonces decapitarlos pues, ya era un mensaje de que
se quedaban sin jefe y al que siguiera le iban a hacer lo mismo. En-
tonces a esa estructura la descabezaron, al igual que hicieron con to-
dos los CCL en todos los lados donde los lograron encontrar ... a los je-
fes de FIL, a esos también los asesinaron ... y entonces después una vez
hecho eso, vienen las patrullas civiles. Al mismo tiempo que matan a
estos dirigentes locales nuestros, reúnen a toda la gente y les dicen: ‘Lo
mismo les va a pasar a todos los que sigan ayudando a la guerrilla y
de aquí en adelante ahora se van a organizar con nosotros como no-
sotros les digamos’. Y pasaron acá las patrullas civiles ... Y aprovecha-
ron esa estructura que teníamos ... Dirigían esas patrullas civiles la
gente que respondía a ellos, por aquellos que habían sido comisiona-
dos militares, por los que habían sido soplones, los espías del trabajo
revolucionario, esos pasaron a ser los jefes de esas patrullas civiles, ¿y
ahora quiénes componían las patrullas? Eso sí, toda la gente ... forza-
ron bajo pena de muerte, decían: ‘El que no integre las patrullas civil
es guerrillero’ ... [Luego] los obligaban a cometer algún exceso o man-
charse las manos de sangre para ya comprometerlos, entonces ya los de-
jaban ... El Ejército se llevaba a las patrullas civiles de aquí y las lle-
vaban a masacrar otra aldea para comprometerlos”.
617
“El alcalde municipal … fue nombrado a la alcaldía, pero para en-
tonces el Ejército tenía mucho poder, no había ninguna autonomía.
Todas las decisiones las tenían ellos ... en las reuniones de las coordi-
nadoras interinstitucionales llegaba un capitán, un teniente, cual-
quier oficial y era el que mandaba ... El mismo día en que el alcalde
municipal fue nombrado, un militar lo llevó al destacamento militar,
donde el jefe del destacamento … le dijo: ‘Bueno, te felicito, y allí te
aviso cuando te toque colgar el primero en el campanario’. A partir de
entonces el alcalde empezó a sentir la presión ... Muchas veces lo con-
vocaban al destacamento, nunca para consultarlo, sino que sólo para
girar órdenes”.
618
“[En Chajul] al menos 50 personas en 1982 aparecieron colgadas en
el balcón del edificio municipal, normalmente se trataba de delin-
cuentes comunes, ejecutados por los soldados”.
619
210
617 Testigo (ex combatiente del EGP) CEH. (T.C. 154).
618 Testigo (líder ixil) CEH. (T.C. 254). Nebaj, Quiché.
619 Testigo (dirigente ixil) CEH (T.C. 463). Chajul, Quiché.
2948.
Durante la etapa llamada de “seguridad y desarrollo” (1983-1992)
siguieron la militarización y la política represiva, acompañadas de la llama-
da “política de reconstrucción”. Durante esta etapa, las autoridades mayas
que no fueron eliminadas siguieron bajo formas de control militar (presen-
cia en reuniones, cooptación, impedimento de autonomía, etc.).
2949.
Posteriormente, entre 1992 y 1996, disminuyó la militarización y
se produjo un resurgimiento de la sociedad civil. Los cargos de los sistemas
de autoridad maya empezaron nuevamente, aunque con dificultad y len-
titud, a ser designados mediante mecanismos más consensuados de elec-
ción, más acordes con los valores de la cultura maya. Sin embargo, por el
miedo que dejó la militarización, todavía quedaban autoridades que ha-
bían sido comisionados militares o patrulleros, y muchos de sus procedi-
mientos para encarar los conflictos, incluso conflictos interpersonales o ro-
bos menores, respondían a métodos autoritarios: escasa investigación y res-
puestas rápidas, violentas y vulneratorias de derechos.
2950.
En conclusión, la política implementada por el Estado durante el
conflicto armado, mediante la militarización de las comunidades mayas, la
implantación forzosa de las PAC
620
y el reforzamiento de los comisionados
militares, la imposición o control de autoridades, la sustitución de funcio-
nes y el impedimento del uso de sus propias normas y procedimientos pa-
ra regular la vida social y resolver conflictos, violó los derechos de los pue-
blos indígenas. Se afectó de forma grave el derecho colectivo de dichos pue-
blos a tener su propia vida cultural, a conservar y desarrollar sus propias ins-
tituciones y su derecho consuetudinario, a designar sus propias autoridades,
a tener sus propios métodos de control social y de respuesta ante los delitos.
XIX. DESPLAZAMIENTO FORZADO
2951.
La magnitud de la violencia institucional a la que la población ci-
vil en Guatemala se vio sometida durante el enfrentamiento armado, se
muestra de modo contundente en el fenómeno del desplazamiento. Se es-
tima que entre 500 mil y un millón y medio de guatemaltecos, en parti-
cular al inicio de los años ochenta, fueron forzados a huir como consecuen-
211
620 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe de 1984-1985 sobre Guate-
mala, al analizar los efectos de las Patrullas de Autodefensa Civil en relación con la población in-
dígena, indica que tales han afectado “el derecho al desarrollo progresivo de acuerdo con su propia
identidad étnica” (Artículo 26 de la Convención Americana), CIDH, 1984, 167. Y en el tercer
informe sobre los Derechos Humanos de la República de Guatemala de1985, dice que las PAC
“tienen también un impacto cultural, económico y social en la población indígena, cuyos grupos, por
ejemplo, ya no eligen más a sus líderes sino que éstos le vienen impuestos por la organización de tal mo-
do que el jefe de la patrulla viene a reemplazar esta figura, cumpliendo casi todas las funciones que
tradicionalmente los dirigentes indígenas realizaban” CIDH, 1985, pg. 102. Véase comentarios en:
Revista IIDH, No. 26, julio-diciembre 1997, pgs. 169-170.
cia directa de la represión.
621
No es fortuito entonces que una tercera par-
te de todos los testimonios recopilados por la CEH hable de la cruda ex-
periencia del desplazamiento.
622
2952.
El desplazamiento masivo de los primeros años de los ochenta fue
una consecuencia directa de los planes de campaña y operativos militares
que el Ejército desarrolló para recuperar el control sobre la población civil
en las áreas de conflicto. En un primer momento, se buscó aniquilar a la
base social de la insurgencia, en su afán de destruirla, y evitar que otras co-
munidades se vieran tentadas a apoyarla. Con este objetivo, el Ejército de-
sarrolló las operaciones de tierra arrasada, mediante las que masacró y arra-
só comunidades enteras en las que había supuestos indicios de colabora-
ción con los rebeldes. Estas masacres forzaron de diversas maneras a miles
y miles de guatemaltecos a desplazarse de sus hogares, como única alterna-
tiva para conservar la vida.
2953.
Una parte de los desplazados buscó escapar de la muerte cruzando
la frontera,
623
otros buscaron preservar su vida sin abandonar el país.
624
Al-
gunos emigraron a los cascos urbanos o a otros departamentos, mientras
que otros buscaron refugio en las montañas y selvas aledañas a sus lugares
de residencia donde hubieron de enfrentar condiciones infrahumanas. Me-
diante la investigación de la CEH se hizo evidente que una gran cantidad
de personas murió durante la huida y desplazamiento, especialmente por
hambre, frío, enfermedades, miedo y agotamiento.
625
2954.
Desde el momento en que la población tuvo que huir de sus comu-
nidades para salvar sus vidas, el Ejército la persiguió y acosó sin cesar bus-
cando su aniquilamiento en una primera etapa. Son numerosas las masacres
y ejecuciones que los desplazados sufrieron durante el tiempo que permane-
cieron en las montañas. Asimismo, el Ejército destruyó por sistema cose-
chas, cultivos y viviendas para imposibilitar su supervivencia en la montaña.
2955.
En un segundo momento la estrategia del Ejército fue la de recu-
perar el control sobre esta población y reconstruir las estructuras sociales
tan férreamente militarizadas. Para ello, se decretaron una serie de amnis-
tías a las que se acogieron gran parte de los desplazados para quienes vivir
en las montañas se había convertido en algo insostenible.
2956.
Los amnistiados fueron retenidos en centros donde se iniciaba un
proceso de adoctrinamiento, para transformar el posible apoyo a la guerri-
212
621 Para las estimaciones sobre la magnitud del desplazamiento véase AVANCSO, Política institucio-
nal hacia el desplazado de Guatemala, Cuaderno de Investigación No. 6, Guatemala, 1990, pg.
15; Cáritas Arquidiocesana, Informe anual de labores 1987, Guatemala 1988, pg. 34, y REMHI,
1998.
622 Los diferentes patrones de desplazamiento y sus efectos en las personas y comunidades, al igual
que las estrategias de supervivencia y las formas de organización, serán tratados en el capítulo
tercero de este Informe.
623 CI 1. Junio, 1981. La libertad. Petén.
624 CI 77. 1981-1983. San Miguel Uspantán, Quiché.
625 CI 34. 1981-1982. Chiché, Quiché.
lla en una colaboración constante con el Ejército, donde se combinaban la
entrega de alimentos y medicinas con los interrogatorios y los malos tratos,
así como se procedía a organizar las Patrullas de Autodefensa Civil. Poste-
riormente, la estrategia abarcó el realojo de los amnistiados en estructuras
militarizadas, algunos en los polos de desarrollo y las aldeas modelo y otros
en sus comunidades de origen. Al margen del lugar, la vida diaria de los re-
tornados estaba sometida a un control absoluto por parte del Ejército.
2957.
Aquellos grupos que no se acogieron a la amnistía se vieron forza-
dos a generar estrategias de supervivencia más desarrolladas, debido a la
persistencia de las ofensivas del Ejército de Guatemala sobre ellos. Estos se
organizaron en nuevas estructuras, como las Comunidades de Población
en Resistencia (CPR), para poder enfrentar las arduas condiciones de vida
en un medio hostil, alejados de sus comunidades de origen. Para el Ejérci-
to esta organización, que surgió como resultado de las necesidades de su-
pervivencia, fue vista como una prueba de la relación de estos grupos con
la guerrilla, por lo que se intentó justificar así su persecución y acoso cons-
tantes sin tener en cuenta la condición de civiles de los mismos.
2958.
La persecución de la población desplazada no se restringió tan só-
lo al territorio nacional, sino que se extendió en varias ocasiones a la po-
blación refugiada en México. El Ejército de Guatemala, en su afán de te-
ner bajo control a la población desplazada y refugiada, llegó a incursionar
en México y Honduras infringiendo todo tipo de acuerdos y convenios in-
ternacionales relacionados con los refugiados y la soberanía nacional de
otras naciones. El hecho de arriesgar, incluso, la relación con los países ve-
cinos denota que para el Ejército de Guatemala el control y la desarticula-
ción de la población desplazada era de gran importancia estratégica dentro
de la política contrainsurgente.
2959.
Todos estos hechos violentan el concepto de un Estado que, según
las leyes internacionales y nacionales, tiene el deber de proteger los dere-
chos humanos y las libertades fundamentales de sus ciudadanos. Sin em-
bargo, en el caso de Guatemala, fue el mismo Estado el que violó sistemá-
ticamente los más básicos derechos, a la vida, a la dignidad y a la seguri-
dad de dicha población. La población desplazada, como quedó menciona-
do, fue considerada como enemiga del Estado por vivir fuera del ámbito
de las estructuras de poder estatal. A pesar de la condición civil de la po-
blación desplazada, ésta no fue reconocida por el Estado, que, por el con-
trario, la criminalizó y la sometió repetidamente a amenazas, ataques,
bombardeos, ejecuciones extrajudiciales, persecuciones, detenciones arbi-
trarias, tortura y otras violaciones a sus derechos fundamentales.
2960.
El desplazamiento en sí supone una grave violación por parte del
Estado contra el derecho a la residencia y libre circulación de la población
afectada, derechos que debían haber sido garantizados por el mismo Esta-
do. Por otro lado, la principal intención del Ejército fue sujetar a la pobla-
213
ción para mantenerla bajo su control. En la consecución de este objetivo
el Ejercito violó por sistema los derechos a la vida, a la libertad, a la segu-
ridad y a la integridad de la población afectada mediante el repetido aco-
so y hostigamiento y demás condiciones de inseguridad y falta de protec-
ción que afectaron a las víctimas durante el desplazamiento forzado.
2961.
La criminalización y la persecución de los desplazados los marginó
privándoles de sus derechos civiles y políticos, negándoles en términos ab-
solutos la posibilidad de participar en los asuntos de la vida pública del país
y en el goce de sus derechos civiles más fundamentales, como son el dere-
cho a un nombre, a la identidad y a la nacionalidad, ya que muchos de
ellos, dadas las características de la huida, perdieron sus documentos; y al
estar perseguidos no pudieron tramitarlos de nuevo ni registrar a los recién
nacidos y los fallecidos.
2962.
Pese a no existir aún un instrumento normativo específico que re-
coja el desplazamiento forzado provocado por agentes del Estado, se apli-
can las normas que se encuentran dispersas en el derecho internacional de
los derechos humanos, en el derecho internacional humanitario, en las
normas contenidas en los tratados y convenciones regionales y en las dis-
posiciones que establece el derecho interno.
2963.
En lo relativo a los derechos de residencia y circulación que resul-
tan afectados por el desplazamiento forzado, se encuentra en el sistema in-
ternacional la Declaración Universal, que en su Artículo 13, numeral uno,
establece: “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su resi-
dencia en el territorio de un Estado”; por su parte, la Declaración America-
na expresa en su Artículo 8 que “toda persona tiene el derecho de fijar su re-
sidencia en el territorio del Estado de que es nacional, de transitar por él libre-
mente y no abandonarlo sino por su voluntad”. Tanto el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos
626
como la Convención Americana
627
reco-
nocen el derecho a toda persona que se halle de forma legal en el territo-
rio de un Estado, a circular libremente por él y a escoger en él su residen-
cia. En su esencia, el derecho de libre circulación es parte del derecho con-
suetudinario al menos en cuanto se refiere al derecho de permanecer en el
hogar y no ser expulsado. No obstante este derecho puede ser restringido
por causas legales a condición de que así lo establezca la ley con el fin de
proteger el bien fundamental de la comunidad nacional, situación que no
ocurrió en Guatemala, donde prevaleció la arbitrariedad, como se demos-
trará más adelante.
2964.
El Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra,
628
en su
Artículo 17 prohíbe ordenar o forzar el desplazamiento de la población ci-
214
626 Artículo 12.
627 Artículo 22.
628 El Estado de Guatemala aprobó los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra por De-
creto 21-87 del 23 de abril de 1987, hizo el depósito de la ratificación el 19 de octubre de 1987
y la publicación en el Diario Oficial, el 6 de septiembre de 1988.
vil por razones relacionadas con el conflicto. Esta prohibición puede sin
embargo omitirse a condición de que así lo exija la seguridad de la pobla-
ción o por razones militares imperiosas. En tal caso, también ordena tomar
las providencias necesarias para proteger y garantizar la seguridad y bienes-
tar de la población civil. Si bien esta norma fue ratificada por Guatemala
el año 1987, la norma citada recoge usos y prácticas universalmente acep-
tadas como el derecho consuetudinario y/o como los principios jurídicos
de aceptación universal sobre la base del Artículo 3 común, circunstancia
que la hace plenamente aplicable al enfrentamiento armado; por otro lado,
gran parte de los desplazamientos forzados en Guatemala se verificaron
con posterioridad a la ratificación del Protocolo II.
2965.
Al mismo tiempo, las diversas normas internacionales establecen
un esquema de protección aplicable a las diferentes fases: incluyen el am-
paro y la asistencia durante el período de la migración forzada y ofrecen
garantías para el regreso o el asentamiento y la reintegración. Estos siste-
mas de protección internacional establecen que cualquier persona despla-
zada debe gozar, en condiciones de igualdad, de los mismos derechos y li-
bertades que el derecho internacional y el derecho interno conceden a los
demás habitantes del país.
2966.
En cuanto al derecho interno la Constitución de 1965 estableció
en el Artículo 59, dentro del título II relativo a las garantías constituciona-
les: “Toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del te-
rritorio de la República, salvo las limitaciones que la ley establezca. A nadie
puede obligarse a cambiar de residencia o domicilio, sino por mandato de la
autoridad competente, conforme a los requisitos que la ley señale”. En el mis-
mo sentido se consagró la libertad de locomoción en el Estatuto Funda-
mental de Gobierno de 1982, Artículo 23, inciso segundo, y después en la
Constitución de 1985 en su Artículo 26.
Huir para conservar la vida
2967.
Desde el inicio del enfrentamiento armado la violencia provocó el
desplazamiento forzado de todos aquellos individuos o grupos que temían
los ataques del Ejército y grupos afines.
629
Sin embargo, cuando la repre-
sión se generalizó y empezó a afectar indiscriminadamente a amplios sec-
tores de la población a partir de 1981, se produjo el fenómeno del despla-
zamiento de una forma masiva afectando a cientos de miles de guatemal-
tecos, quienes se vieron obligados a huir y abandonar sus lugares de origen
como única alternativa para salvar su vida. De aquí que los puntos más al-
tos en los flujos de desplazamiento masivo registrados por la CEH corres-
215
629 La CEH ha documentado los primeros casos de desplazamiento forzado en los años sesenta, en
el Oriente del país. Véase C 1018. 1966. Camotán, Chiquimula, y también C 1049. 1966-1969.
Jocotán, Chiquimula. CI 47. 1967. Camotán, Chiquimula.
ponden a las zonas donde el Ejército procedió con las operaciones de tie-
rra arrasada.
2968.
El desplazamiento masivo empezó a registrarse a finales de los años
setenta y llegó a su punto álgido entre 1981 y 1983, años en los que la vio-
lencia se generalizó. Se estima que durante este período en los departamen-
tos más afectados por la violencia institucional, como Quiché, Huehuete-
nango, Chimaltenango y Alta Verapaz, alrededor del 80% de la población
tuvo que desplazarse de sus comunidades, cuando menos durante un bre-
ve período. En menor grado, también se produjeron desplazamientos en
otros departamentos, como Baja Verapaz, Sololá, San Marcos, Petén e Iza-
bal durante esos mismos años.
2969.
En su desesperada situación muchos desplazados cruzaron la fron-
tera hacia México, y en menor medida a otros países vecinos, para evitar
ser alcanzados por la violencia, pasando a ser refugiados. En 1984, según
datos del ACNUR, había 46 mil refugiados guatemaltecos asentados en
campamentos en el sur de México, la gran mayoría procedente de
departamentos fronterizos con México, como Huehuetenango y Quiché.
Se estima que otros 100 mil refugiados vivían dispersos cerca de la fronte-
ra o en otras partes de México.
630
Por otro lado, en Honduras se encontra-
ban reconocidos oficialmente 800 refugiados y se estima que varios miles
se refugiaron en los Estados Unidos, en mayor medida en los estados de
Florida, California y Texas.
631
Antecedentes del desplazamiento masivo: la represión
selectiva se traduce en un desplazamiento selectivo
2970.
El incremento de la violencia en el área rural provocó, en un pri-
mer momento, la intensificación de los flujos de desplazados desde las al-
deas y caseríos hacia las áreas urbanas. Estos flujos llegaron a ser más os-
tensibles a partir de 1980, cuando la represión selectiva empezó a golpear
con mayor contundencia a las organizaciones sociales locales. Los operati-
vos militares, junto con las actividades de los comisionados y los confiden-
ciales, generaron un fuerte clima de terror en las comunidades. Este fue el
tiempo de las desapariciones en la noche o en el camino, las capturas en
días de mercado, las “listas negras” y las amenazas. Esto provocó que algu-
nos de los que estaban involucrados en organizaciones cívicas o religiosas
se vieran obligados a abandonar sus hogares.
“Ya no podemos dormir en la casa porque llega el Ejército, te queman
la casa, lo matan a uno, sólo de día podemos entrar en la casa, vamos
216
630 Véase el capítulo tercero para detalles sobre estas poblaciones.
631 Dada la dificultad para distinguir a los emigrantes por causas económicas de los refugiados por
causas políticas no se dispone de una cifra exacta en este caso.
a dormir bajo el monte en la noche. Así poco a poco la gente huye a
la montaña”.
632
2971.
Antes de la generalización de la violencia, las primeras víctimas de
la represión fueron en su gran mayoría hombres involucrados en activida-
des sociales o políticas, por lo cual en las comunidades existía la percep-
ción de que las mujeres, ancianos y niños no iban a ser blanco de las in-
cursiones militares y éstos solían permanecer en sus casas, mientras que los
hombres tendían a abandonarlas de modo temporal o permanente. Aun
en las ocasiones en que los efectivos del Ejército llegaron a averiguar por
esposos, padres, hijos o hermanos, las familias no dejaron sus hogares. Sin
embargo, a partir de 1981 la represión se volvió indiscriminada. Empeza-
ron a producirse casos en que los soldados, cuando no encontraban a quie-
nes buscaban, mataban a los familiares sin tener en cuenta su edad o con-
dición.
633
2972.
Esta arbitrariedad en la elección de las víctimas tuvo un impacto
ejemplificante en la población. Por un lado, aquellos que participaban en
actividades sociales o políticas se vieron confrontados por las consecuen-
cias que estas actividades impusieron a sus familias. Por otro, esta amena-
za constante sobre las familias obligó a los afectados a plantearse el despla-
zamiento como un fenómeno más amplio, colectivo.
“Lo que buscaban los soldados eran a los catequistas, pero no los en-
contraban porque ellos se fueron a la montaña, y entonces se fueron a
buscar a estas cuatro personas que también estaban en la religión. Por
el miedo todos huyeron a la montaña, eran como 15 familias”.
634
Quitarle el agua al pez: auge del desplazamiento masivo
2973.
Estos primeros hechos de violencia despertaron el horror en el se-
no de las comunidades afectadas. Un horror que fue aumentando con las
sucesivas operaciones del Ejército y que llegó a su punto máximo con el
plan de campaña Victoria 82. Dicho programa impuso las operaciones de
tierra arrasada como forma de terminar con la base social del movimiento
insurgente. Esto supuso cientos de comunidades que fueron aniquiladas de
forma sistemática. La generalización de la violencia tuvo como efecto más
directo la masificación del desplazamiento como principal alternativa para
conservar la vida. Muchas poblaciones abandonaron sus lugares de origen,
unas veces alertados por sus líderes locales o por miembros de la guerrilla
217
632 C 11196. 1982. Ixcán, Quiché.
633 CI 2. Noviembre, 1981. Chisec, Alta Verapaz.; CI 7. Diciembre, 1981. Sololá, Sololá.
634 C 9419. 1981. Cobán, Alta Verapaz.
y otras al tener noticias de que el Ejército se encontraba arrasando otras co-
munidades cercanas.
“Porque ya sabíamos lo que hace el Ejército cuando llega, matar gente
y quemar casas, entonces mejor salir a la montaña, ya sabemos que el
plan del Ejército es agarrar y matar, y acabar con toda nuestra gente”.
635
2974.
Incluso en las ocasiones en las que el Ejército irrumpió en las co-
munidades sin que estas lo supieran con anterioridad, hubo ciertas posibi-
lidades de huida para algunos. Las comunidades vivieron instantes de te-
rror y pánico generalizados; las familias, muchas veces, se separaron en el
momento de marchar y no todos lograron salir con vida, ya que los solda-
dos solían perseguir a la gente que huía, disparándoles o lanzando grana-
das. El siguiente caso, relatado por varios testigos, muestra el hecho de que
ante el riesgo de perder la vida, la fuga fue la única salida posible. Asimis-
mo plasma las condiciones de flagrante violación a los derechos más ele-
mentales bajo las que este tipo de desplazamiento forzado se llevó a cabo.
“A las seis de la mañana escuchamos mucha bulla, la gente corría y
gritaba, también escuchamos muchos disparos, como si se tratara de
una guerra, entonces comprendimos que algo malo sucedía. Cuando
salimos de nuestra casa, uno de los vecinos gritó: ‘Corran, allí vienen
a matarnos’. Sin pensarlo salimos corriendo, llevando a nuestros hijos
como pudimos. Cuando salimos nos dimos cuenta que la comunidad
estaba llena de pintos, también había muchos civiles armados …
quienes al vernos corrieron disparándonos”.
“En la huida mucha gente caía, yo miraba que a la par o delante de
mí se caía la gente como si se tropezara, pero no, ellos caían porque les
pegaban los balazos o porque cerca caían granadas y cuando esto pa-
saba la gente salía volando y caían como muñecos”.
“Ese día nos encontrábamos en nuestra casa, con nosotros estaba vi-
viendo una persona ya muy anciana, tenía su casa cerca de la aldea
... pero como allí empezaron a matar gente, decidió pedir posada pa-
ra venirse a vivir en nuestra casa. Cuando los soldados llegaron a
nuestra comunidad nosotros recibimos el aviso, pero no podíamos lle-
varnos al anciano, era una carga para nosotros, porque él no podía co-
rrer como corre la gente joven, entonces pensamos dejarlo escondido
218
635 C 16117. Mayo. 1981. Uspantán, Quiché.
debajo del zacate que teníamos guardado para nuestros animales, él
aceptó quedarse y salimos corriendo … pero cuando los soldados lle-
garon a la casa, la registraron y al encontrarlo lo degollaron”.
“Salí corriendo llevándome a mis dos hijos, cuando los soldados se die-
ron cuenta empezaron a dispararnos, pegándome una bala en el bra-
zo izquierdo pero eso no me detuvo, seguí corriendo viendo que mi
brazo sangraba … Llegó un momento en que no podía más, sentía
que el corazón se me paraba, entonces me detuve para ver si los solda-
dos ya no me seguían, me senté a descansar … mi hija tenía la cara
llena de sangre, vi que una bala le había pasado rozando la cabeza,
le limpié la herida, después me preocupé del que llevaba en la espal-
da, me lo bajé de mi espalda, porque no se movía ni lloraba. Al te-
nerlo entre mis brazos lo vi dormido, al revisarlo lo encontré con el pa-
ñal lleno de sangre, estaba muerto, le pegaron un balazo en la espal-
da. El evitó que la bala me matara a mí. Con mucho dolor lo dejé
debajo de un árbol y seguí … subiendo más para el monte, me encon-
tré con más gente de la comunidad”.
636
2975.
La persecución indiscriminada contra la población civil por parte
del Ejército en las áreas de conflicto forzó a comunidades enteras a aban-
donar sus hogares. No sólo el Estado, violando el derecho a la vida, persi-
guió y acosó a la población afectada, dejándola sin otra opción más que el
desplazamiento, sino que violó por sistema los derechos y garantías que se
aplican a los desplazados bajo los convenios y tratados internacionales por
su condición de población civil no beligerante.
Violaciones contra la población desplazada
2976.
El abandono de sus hogares representó sólo una primera fase en el
calvario de los desplazados, quienes tuvieron que enfrentar condiciones de
vida infrahumanas al marcharse de sus comunidades. La supervivencia en
un medio hostil, al que no estaban acostumbrados, sin alimentos, sin un
lugar donde refugiarse, cargando con niños pequeños y ancianos, se con-
virtió en una tarea de titanes. La precariedad diaria, los efectos psicológi-
cos de la violencia hicieron que muchos de ellos enfermaran y, los más vul-
nerables, murieran. Cientos de desplazados fallecieron a causa del hambre,
las enfermedades y el “susto”. Familias enteras fueron diezmadas como con-
secuencia directa de las operaciones militares de tierra arrasada que causa-
ron el desplazamiento.
637
219
636 C 2756. Marzo, 1982. Zacualpa, Quiché.
637 Véase el capítulo tercero para una descripción más detallada de estas consecuencias.
“Nos íbamos a esconder en los lugares más profundos de las montañas.
Encontraban nuestras casas y las quemaban. Siempre nos acompaña-
ba un bultito de ropa. Los que no lográbamos escapar nos mataban.
Por el instinto de vivir, sobrevivíamos, porque teníamos el deseo de ver
la luz del día y de vivir en la tierra”.
638
“Ya no llevamos la cuenta de cuántos murieron porque sólo podemos
pensar en salvar la vida, pero como unos 200 o más, algunos porque
los agarraron y los mataron, también muchos de hambre, porque cor-
taban la producción, robaron todo, quebraron las piedras y ya no po-
demos moler, robaron la sal ... Tuvimos que estar en la montaña co-
miendo sólo hierbas sin sal y camote de guineo, sin ropa, sin poder
hacer fuego en el día … llegaban helicópteros y aviones echando
bombas”.
639
2977.
Teniendo en cuenta que en todo momento la población civil des-
plazada que habitaba las áreas de conflicto era considerada base social del
movimiento insurgente, resulta revelador en extremo observar cómo el
plan de campaña Firmeza 83 recoge las siguientes recomendaciones: “Se
deben destruir sus siembras con el propósito de cortarles sus fuentes de abasteci-
miento y obligarles a que por hambre se rindan o se descubran en sus despla-
zamientos por las áreas que frecuenten y poder así combatirlos, con el propósi-
to de desorganizarlos”.
640
“Nos fuimos a la montaña y ahí nos perseguían los soldados. Los sol-
dados mataban y hacían pedazos a los niños ... estuvimos cerca de tres
años en la montaña sin comer casi nada ... cuando nos ubicaban lle-
gaban y quemaban todo el maíz. Si agarraban a alguien lo hacían
pedazos, pedazos, como si fuera leña ... Nos quedábamos tristes, llo-
rando bajo la montaña”.
641
2978.
Un ex soldado que estuvo en la región de Ixcán en ese período, des-
cribió las prácticas de destrucción de las patrullas militares cuando pene-
traban hasta los refugios de los desplazados en la montaña:
“El campamento estaba en la montaña, cubierto con los árboles. Ha-
bía ranchos de nylon y hoja … Encontramos buzones, decían que eran
de la guerrilla, pero eran de la gente que estaba refugiada en México,
220
638 C 9061. 1982. San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.
639 C 16117. Mayo,1981. Uspantán, Quiché.
640 Plan de campaña Firmeza 83-1.
641 C 9050. 1982-1984. Chisec, Alta Verapaz.
había que destruirlos. Se encontraban machetes, piochas, un motor de
nixtamal, un motorcito de luz, fotos, ropa, eran de la gente que lo es-
condió cuando se fueron por la violencia. Los buzones se encontraban
a cada poco. Nunca se encontró armas, por eso sé que no eran de la
guerrilla … Patrullando uno encontraba siembras, cultivos de maíz,
plantaciones de guineos y nosotros nos las volábamos … Me llamaba
la atención que no era algo bueno lo que estábamos haciendo. Cuan-
do llegábamos a los campamentos se los destruíamos, las ollas las des-
truíamos con machete y a tiros, a las viviendas les pegábamos fuego”.
642
2979.
Las operaciones de tierra arrasada implicaban la quema de cose-
chas, la destrucción de viviendas y el control de las comunidades. En estas
operaciones no sólo se destruyeron las pertenencias de los desplazados, si-
no que cerraron una de las pocas vías de aprovisionamiento de comida, ro-
pa, techo que éstos tenían en una primera etapa del desplazamiento. Son
numerosos los casos en los que varias personas trataron de regresar por pro-
visiones a sus casas siendo descubiertos y ejecutados. La destrucción de
fuentes de aprovisionamiento de la población civil por parte del Ejército
constituye un claro atentado contra la vida.
“Estaban refugiados en Las Guacamayas porque se resistieron a con-
centrarse en el pueblo y someterse al control militar cuando el Ejérci-
to quemó sus casas ... iban a buscar alimentación ... porque ya no
aguantaban el hambre. Unos 30 patrulleros los capturaron ... los in-
terrogaron, les preguntaban: ‘¿Por qué se quedaron en las montañas?
¿Dónde están sus compañeros?’ ... [los patrulleros] vieron a [una per-
sona] muy debilitada, ya no aguantaba caminar, le dieron cuatro
tortillas y mientras las comía, le metieron una bala en la espalda. No
dejaron a la familia enterrar su cuerpo, quedó tirado en el monte”.
643
2980.
Bajo el marco de violaciones contra los derechos humanos, dada la
magnitud del caso la CEH estableció la categoría de muerte por desplaza-
miento forzado como una grave violación a estos derechos en el contexto
guatemalteco. En los testimonios recogidos por la CEH, encontramos
1,933 muertos por desplazamiento, de los cuales 451 eran niños y ancianos.
2981.
Desde el momento en que la población se vio forzada a salir de sus
comunidades para salvar sus vidas, las fuerzas de seguridad del Estado ini-
ciaron ofensivas contra ellos de persecución, acoso y aniquilamiento. Son
numerosas las masacres y ejecuciones que se recogen de los testimonios de
221
642 Testigo (ex soldado). CEH. ( T.C. 69).
643 C 2596. Junio 1983. Uspantán, Quiché.
la población desplazada una vez que ésta se encuentra refugiada en las
montañas. Sobre todo en áreas de Ixcán, Uspantán y Ixil.
644
“Como ya no nos alcanzaba el Ejército empezó a bombardear en la
montaña … Venía cada dos o tres días y lo que hacía era que como
en la montaña no nos encontraba, entonces en la noche por la luz que
se ve, por el fuego que se ve, entonces en la noche pasa a mirar donde
hay luz y ya en el día empieza a bombardear”.
645
“En 1981 comenzaron a bombardearnos los aviones del Ejército, nos
estuvieron bombardeando, allí fue cuando comenzó a estremecerse
más la gente. Ahí comenzaron a morirse los niños … nos escondíamos
en las cuevas, en hoyos, como los tepescuintles”.
646
“El Ejército tiraba obuses desde Mónaco, Cari, Puente Xalbal, Pue-
blo Nuevo y Achiotal (Ixcán). Estas instalaciones militares se ponían
de acuerdo para bombardear el mismo día y a la misma hora, esto a
veces hacía muy dificultoso protegerse”.
647
2982.
Como se desprende del testimonio anterior los atentados contra la
vida de la población desplazada, ya fuera mediante bombardeos, rastreos u
otro tipo de ofensivas, estaban planificados por completo por el Ejército.
Las operaciones militares no se redujeron a condenar a la población a mo-
rir de hambre o de enfermedades, sino que buscaban acorralarla y reducir-
la, en un primer momento mediante el acoso y exterminio, y en un segun-
do momento mediante su “rehabilitación”.
La población es el objetivo principal,
debiéndose alcanzar su control físico y psicológico
648
2983.
A partir de 1983, sobre todo, la estrategia del Ejército se concen-
tró más en tratar de recuperar el control de la población desplazada instán-
dola a regresar a lugares bajo su dominio, acogiéndose a las amnistías, y a
continuación imponiéndole estructuras militarizadas para lograr así pacifi-
car las áreas de conflicto a largo plazo.
649
Para lograr el control sobre la po-
blación en las áreas de conflicto, en particular los desplazados retornados,
el Ejército utilizó diferentes mecanismos como la imposición de las PAC y
222
644 Las masacres en la huida serán tratados en el apartado sobre masacres en este mismo capítulo.
Véase también C.I. 50. Marzo, 1982. San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.
645 T.C. 347. Entrevista colectiva Cabá I. Nebaj, Quiché.
646 C 9057. 1979. Chisec, Alta Verapaz.
647 C 11147. Mayo 1982. Ixcán, Quiché.
648 Plan de campaña Firmeza 83.
649 No toda la población desplazada optó por entregarse como veremos más adelante cuando trate-
mos de las CPR.
de alcaldes auxiliares y comisionados militares, la prohibición de salir a
pernoctar a las parcelas, lo que implicó que a causa de las distancias, mu-
chos campesinos se vieran imposibilitados para trabajarlas y el reasenta-
miento forzado en lugares donde se pudiera controlar con facilidad a la po-
blación, como las aldeas modelo o los pueblos o aldeas más grandes.
“Así ordenó el Ejército a la población, para que se fuera al pueblo, que
quién se quedaba en las comunidades era porque andaba con los gue-
rrilleros y si no lo hacíamos nos iban a matar a todos”.
650
2984.
La pacificación requería un cambio en la forma de imponer los
principios sobre la seguridad nacional que guiaban las acciones del Ejérci-
to. El consenso al que se llegó a raíz de los debates entre el alto mando des-
pués del golpe de Estado de marzo 1982, afirmaba que la violencia en sí
misma no sería suficiente para vencer a la insurgencia. Desde esta reevalua-
ción surgió una nueva orientación, conocida como filosofía desarrollista,
en la que se reconocía que “se tendría que pelear una guerra en todos los fren-
tes: militar, político, y sobre todo, social y económico. Las voluntades y corazo-
nes del pueblo eran nuestros objetivos”.
651
2985.
Los estrategas del Ejército eran conscientes de que factores como la
pobreza extrema, el aislamiento y abandono por parte del Estado de un
gran número de comunidades en las áreas de conflicto creaban condicio-
nes óptimas para la implantación y el desarrollo del movimiento insurgen-
te. “Las grandes masas indígenas del Altiplano de la nación han encontrado
eco en las proclamas de la subversión por ser sus banderas la escasez de tierra,
la inmensa pobreza y ... ven al Ejército como a un enemigo invasor”.
652
2986.
Esto llevó a los expertos del Ejército a diseñar nuevas estrategias en
las que se planteaba mejorar las condiciones básicas de vida de la población
en estas áreas a través de proyectos sociales y económicos paralelos a la ac-
tividad militar. Con ella se marcó una segunda fase del enfrentamiento y
lo redefinió como una guerra de reconstrucción física, social e ideológica
de las regiones azotadas por las operaciones de tierra arrasada.
2987.
Para consolidar su presencia permanente en estas áreas, enfocado
ante todo el noroccidente del país, la estrategia del Ejército se basaba en
cuatro componentes operativos: las Patrullas de Autodefensa Civil, los po-
los de desarrollo, dentro de los cuales se enmarcaban las aldeas modelo; las
coordinadoras interinstitucionales y el S-5 o Asuntos Civiles, encargados
de las operaciones psicológicas, como se examinará más adelante.
223
650 C 2598. 1983. Uspantán, Quiché.
651 Héctor Alejandro Gramajo, De la guerra... a la guerra: La difícil transición política en Guatemala,
Fondo de Cultura Económica, 1995, pg. 181.
652 Plan de campaña Victoria 82.
2988.
La estrategia contrainsurgente de “pacificación”, es decir, de control
de la población civil en las áreas de conflicto, estaba diseñada para desarro-
llarse en tres fases en las que se involucraban los cuatro componentes ope-
rativos. En la primera, el control se planteaba a través de la combinación
de medidas represivas con ayuda de emergencia: esta fase se conoció como
fusiles y frijoles. Por un lado se trataba de recibir a los desplazados en los
centros de recepción, donde se les sometía a operaciones psicológicas; tam-
bién se les proveía de alguna asistencia, imprescindible dadas las deplora-
bles condiciones de salud en las que se encontraban los desplazados, y por
otro, se les organizó en “grupos de trabajo” y se inició el proceso de milita-
rización a través del patrullaje.
2989.
La segunda fase, denominada como techo, tortillas y trabajo, con-
templaba el reasentamiento forzado de los desplazados en lugares donde el
control de los mismos fuera más fácil, como las aldeas modelo, las cuales
fueron reconstruidas con esta función, la profundización y afianzamiento
de las estructuras de militarización como las PAC y la puesta en marcha de
proyectos de construcción e infraestructura, apoyados por el programa de
alimentos por trabajo. Esta fase se enmarcaba dentro de la estrategia de los
polos de desarrollo.
2990.
En la tercera fase, paz, seguridad y desarrollo, se pretendía involu-
crar a las instituciones y organizaciones nacionales e internacionales para
desarrollar de forma sostenida proyectos de producción y desarrollo
socioeconómico. En la práctica, sin embargo, esta fase no llegó a cumplir-
se en su totalidad, tal como el Ejército la había planificado. El objetivo de
esta fase era mantener bajo control a la población civil, minimizando las
razones que pudieran haberles acercado a la insurgencia restándole así apo-
yo logístico a la misma.
2991.
En la puesta en práctica de cada una de las diferentes fases, la viola-
ción de los derechos humanos más elementales se convirtió en una constan-
te. Desde un primer momento, a través de distintos operativos militares, la
población civil desplazada fue obligada a acogerse a una amnistía, sometida
a procesos de reeducación en los que sistemáticamente se dieron malos tra-
tos, ya fueran físicos o psicológicos, y las libertades de locomoción, acción
y expresión en los lugares de reasentamiento fueron restringidas.
Amnistía y acogida
“Realmente nos engañaron porque
nosotros nos amnistiamos y ellos se
adueñaron de nosotros
653
2992.
El Ejército, en la primera fase, utilizó diferentes tácticas para recu-
perar el control sobre la población desplazada. Por un lado, se decretaron
224
653 Cahabón, 1981.
sucesivas amnistías, convenientemente publicitadas, con la intención de
atraer a la población desplazada, tratando de vencer su miedo y su descon-
fianza; y por otro, se continuó con las ofensivas de acoso y hostigamiento,
rastreando las montañas con el propósito de capturar a los desplazados y
destruir sus siembras, para llevar a cotas extremas la situación de supervi-
vencia en la montaña. En el plan de campaña Victoria 82, en el anexo E,
se observa cómo en su primera fase se establece el decreto de amnistía y en
la segunda: “Se efectuará [coordinada por el Estado Mayor General del
Ejército] la movilización parcial a las áreas de operaciones a manera de de-
mostración de fuerza”, como se ilustra en el siguiente testimonio.
“Un grupo [de soldados] entró por el kilómetro 6 de la carretera, otro
por la aldea de Las Pacayas, otro entró desde la aldea Chiborón y un
cuarto grupo que entró por Pantup. Por el otro lado entró otro grupo
de soldados y patrulleros, por el cruce de Santa Cruz, otro por Tontem
y otro más por la ruta del campo de aviación de Cobán ... el objetivo
de ellos era acabar con nosotros, matarnos, así que decidimos movili-
zarnos, y cuando íbamos de un lugar a otro, los soldados pasaban cer-
ca y nos escondíamos”.
654
2993.
La noticia de las amnistías y la posibilidad de entregarse llegaba a
la montaña de diferentes maneras. En el plan de campaña Victoria 82 se
establece que se “desarrollará una saturada campaña publicitaria para di-
fundir el decreto de amnistía e incentivar a los afectados, haciendo uso máxi-
mo de los diferentes medios de comunicación y en los diferentes dialectos ... en
kaqchikel, quiché, q’eqchi’ e ixil”. Los volanteos aéreos, así como arengas
por altoparlante durante los vuelos son los medios más frecuentemente
reportados. En ocasiones, el Ejército hacía que participaran en estas ope-
raciones algunos líderes, como se recoge en la siguiente cita del mismo
anexo: “Se decretará la amnistía para los delincuentes subversivos ... reforza-
da por un mensaje del padre Pellecer Faena
655
como uno de los primeros y úni-
co amnistiado público”.
2994.
Cuando el sufrimiento en la montaña se volvió insostenible, cuan-
do la muerte se volvió omnipresente, la posibilidad de entregarse al Ejérci-
to se convirtió en la única opción, pese a que la misma fue vista con gran
ambivalencia y desconfianza. A partir de 1982, con la primera amnistía,
nació para los desplazados una alternativa a la muerte por hambre, susto,
bombardeo o rastreo militar en la montaña, a pesar de que pocos podían
225
654 C 9227. Marzo 1982. San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.
655 El padre jesuita Pellecer Faena fue secuestrado violentamente en la capital de Guatemala el 8 de
junio de 1981. En septiembre del mismo año aparece en la televisión, confesando haber sido mi-
litante del EGP. A partir de ese momento la Inteligencia militar explotó al máximo el “caso Pelle-
cer”, y durante los siguiente doce años fue un asesor influyente de los servicios de Inteligencia.
creer que el mismo Ejército que los había perseguido, ahora les ofreciera
abrigo y comida.
“Fue difícil la decisión de entregarnos, ante la posibilidad de morir a
manos del Ejército, ya que éste nos había dejado sin semillas, sin cul-
tivos, sin milpa … y creíamos que no se podía esperar nada bueno de
los soldados, todos estábamos desconfiados”.
656
“Al fin de tres meses vino un aviso del alcalde de Santa Eulalia y el je-
fe de los comisionados militares de Santa Eulalia diciendo que tenía-
mos que regresar, que ya había paz. Nosotros teníamos mucho miedo.
Por lo tanto nos pusimos de acuerdo en regresar en tres grupos. Si no
le pasaba nada al primer grupo, regresaba el segundo grupo y luego el
tercer grupo. Hubo cincuenta personas en cada grupo. Dentro de 16
días habrán regresado todos los grupos”.
657
2995.
Tras acogerse a la amnistía la población desplazada se encontró con
el rechazo y la estigmatización impuestos por las autoridades militares. A
pesar de que explícitamente los decretos exponían su condición de civiles
no beligerantes, acusaron a un gran número de los que habían regresado
de ser colaboradores de la insurgencia, y por lo tanto, responsables de la
violencia. En determinados casos, estas recriminaciones y acusaciones
aprovechaban la profunda religiosidad popular tachándolos de “demonios”
o atacaban la dignidad como revela el siguiente testimonio.
“El presidente Ríos Montt había dicho que regresaran todas las perso-
nas que habían salido de sus casas ... Entonces todos nuestros herma-
nos hombres, mujeres y niños que estaban en la montaña, se fueron a
presentar ante los oficiales, pero los oficiales los maltrataron demasia-
do, les decían: ‘Ustedes son los ladrones, ustedes son los que matan al
Ejército, ustedes son como los gatos que se esconden entre los montes,
ustedes son los animales’ ... Los que se fueron a presentar posiblemen-
te eran doce o nueve familias. Otras familias se arrepintieron a medio
camino, ya no quisieron presentarse”.
658
2996.
Acogerse a la amnistía fue algo doloroso para los desplazados, no
sólo vencer la desconfianza y el miedo sino encontrarse con toda clase de
226
656 C 9229. Agosto 1983. San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.
657 C 6187. Junio 1982. Barillas, Huehuetenango.
658 T.C. 51. Entrevista colectiva con mujeres sobrevivientes de la violencia. Comalapa, Chimalte-
nango.
vejaciones morales y físicas. A pesar de lo que implicaba entregarse al Ejér-
cito, muchos desplazados terminaron optando por esta salida, como única
posibilidad para sobrevivir.
“Estuvimos dos años [en la montaña], pero como no teníamos dine-
ro, ropa, comida, decidimos entregarnos. En el año 1983 nos entre-
gamos los restantes. Éramos unos doscientos, mezclados con otras co-
munidades. Los primeros en entregarse fueron los de Sechinapemech.
Cuando nosotros bajamos, nos encontraron los soldados en Semuy.
Ellos nos rodearon y nos dijeron que no tuviéramos miedo, porque ya
no estaban matando gente. Nos bajaron en camiones y nos fueron a
dejar a la iglesia católica. Todos los días teníamos miedo porque no sa-
bíamos si nos iban a matar, ‘quizá mañana’, decíamos”.
659
2997.
Sin embargo la CEH ha documentado varios casos en los que
desplazados, al bajar de la montaña para amnistiarse, fueron ejecutados
arbitrariamente por las fuerzas de seguridad del Estado. Estas violenta-
ban así de forma flagrante las garantías de seguridad que se definían en
las amnistías.
660
“Algunos vecinos fueron muertos, al volver confiados en la amnistía,
por los patrulleros que los esperaban en los caminos y acusaban de ser
guerrillero a todo el que se desplazaba sin permiso. Otros fueron
muertos al volver porque sus tierras habían sido ocupadas por colabo-
radores del Ejército”.
661
“Cuando el golpe de Estado de Ríos Montt, comenzaron a mandar
anuncios por radio de que ya hay amnistía, que los soldados ya son
amigos del pueblo, son defensores de la gente campesina, que la gue-
rra ya se terminó, que por favor todos los huidos o escondidos salgan
… pero para capturar y matar a la gente es”.
662
2998.
La estrategia militar no terminaba en la etapa de acogida que plan-
teaba la amnistía; por el contrario, los instrumentos de control se ponían
en marcha en el momento que los desplazados retornaban. En todas las
áreas de conflicto había lugares donde se recibía a estos grupos. En estos
227
659 C 9054. Noviembre 1981. Chisec, Alta Verapaz.
660 En el Artículo 2 del Decreto de amnistía 33-82 se establece que (la autoridad militar correspon-
diente) “hará manifestación de respetar la integridad física y la libertad de los presentados lo cual se
hará efectivo inmediatamente”.
661 C 2699. Marzo 1983. Uspantán, Quiché.
662 C 16794. Junio 1980. Uspantán, Quiché.
centros de recepción, antes de reincorporarse a la vida “civil”, se iniciaba la
preparación psicológica con la que se trataba de “recuperarlos” para que se
incorporaran al proyecto contrainsurgente.
“Había que oír discursos, que siempre eran sobre los mismos temas,
nos los querían meter en la cabeza ... ‘Ustedes son grupos de comunis-
tas, pero después los meros comunistas los van a matar a todos, los
hombres van a traer gente de otros países y se van a quedar con sus hi-
jas, sus mujeres, sus tierras y todo lo que tengan’ ... ‘pero ahora noso-
tros los protegemos y ahora ya no van a aceptar nada de ellos, porque
si vuelven a aceptar algo de ellos, nosotros vendremos otra vez a ma-
tarlos, en las manos de nosotros están sus vidas’ ... También remacha-
ban que si alguien de afuera venía a aconsejarnos que volviéramos a
meternos en babosadas, inmediatamente avisáramos para que lo cap-
turaran”.
663
2999.
Para lograr establecer con firmeza el control sobre la población am-
nistiada, el Ejército utilizó diferentes métodos para neutralizar a sus líde-
res. Por un lado se trató de acercarlos al Ejército, en otros casos se les asig-
naron puestos de responsabilidad en las PAC, otras veces, tras capturarlos
y torturarlos duramente, se les obligó a desacreditar y deslegitimar a la in-
surgencia así como a instar a la población desplazada a amnistiarse.
3000.
Asimismo, el Ejército optó en varias ocasiones por eliminar física-
mente a los líderes, como en el caso de Pedro Atz, dirigente del CUC,
quien fue desaparecido en el destacamento de San Martín Jilotepeque des-
pués de que fuese amnistiado días antes.
“A Pedro Atz le dijeron que querían platicar con él y lo llevaron a las
instalaciones del centro de salud donde estaba parte del destacamen-
to, allí lo metieron y no se supo nada más de él”.
664
3001.
Las poblaciones desplazadas fueron vistas en su conjunto como
sectores sospechosos por el presunto acuerdo que habían tenido con la gue-
rrilla durante el desplazamiento. Por lo tanto tenían una importancia es-
tratégica para el Ejército: eran el blanco de operaciones de Inteligencia (in-
terrogatorios y seguimientos), porque se presumía que dispondrían de in-
formaciones acerca de la ubicación y actividades de la insurgencia, y tam-
bién fueron vistos aún después del retorno como potenciales colaborado-
res de la guerrilla, por lo que había que “reeducarlos”.
228
663 C 9229. 1984. San Cristóbal. Alta Verapaz.
664 C 674. 1983. San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.
“Fueron concentrados en Xemamatzé ... en dicho lugar los militares
tenían un campo de concentración donde torturaban e interrogaban,
en un corral con alambre tenían a las personas como animales, daban
justo comida para que uno no se muriea de hambre ... no los llevaron
directamente a Nebaj porque el Ejército pensaba que iban a contami-
nar con ideas de guerrilleros a la gente de Nebaj, también porque
querían sacar información, pero qué información si sólo éramos po-
blación”.
665
3002.
Los centros de recepción se encontraban en diferentes puntos, al-
gunos dentro de instalaciones militares, otros en iglesias ocupadas, en edi-
ficios públicos en las cabeceras municipales, a veces eran verdaderos cam-
pos de concentración, como precisaba el testimonio anterior, donde tenían
a la gente encerrada con cercos de alambre.
666
El proceso de reeducación no
siguió una línea uniforme: en cada caso variaron los lugares de asentamien-
to, la forma de aplicar el proceso de reeducación, la duración de la estan-
cia en estos centros, que podía prolongarse de varias semanas a un año, y
el tratamiento de los amnistiados, quienes en algunas ocasiones eran trata-
dos como convictos y en otras como hijos pródigos.
“Escucharon hablar de la amnistía, pero no entendían qué significa-
ba esa palabra. Sin embargo, lo comprendieron cuando el Ejército
capturó a dos de los siete grupos y los trataban bien y los ayudaban a
llevar sus cosas. Por eso se entregaron, los llevaron a la zona militar de
Puerto Barrios. Ahí había mucha gente detenida y vieron los malos
tratos que el Ejército les daba. Los torturaban y encerraban durante
días para que dijeran dónde estaban escondidos y si la guerrilla había
tenido influencia en ellos”.
667
3003.
Lo que todos los centros tenían en común era su función: formar
y preparar en el plano ideológico a esta población para reinsertarla. Por un
lado se les adoctrinaba imponiéndoles la visión de que el Ejército era el de-
fensor de la patria, que todo lo que hacía o había hecho era por el bien de
la patria y de ellos mismos; y por otro se les bombardeaba con toda una
campaña psicológica contra los “subversivos”. Por último, se les amenazaba
con dureza para que no volvieran a “oponerse” al Ejército, ni colaborando
con la guerrilla, ni huyendo a las montañas.
229
665 C 3040. Abril 1981. Nebaj, Quiché.
666 Algunos de los centros de recepción donde se concentró a los desplazados retornados de forma
masiva se encontraban en Choatulum, Chimaltenango; Playa Grande, Quiché; Chisec, Alta Ve-
rapaz; La Pista, Las Violetas y posteriormente Xemamatze en Nebaj; La Perla en Chajul y la zo-
na militar de Barillas, Huehuetenango.
667 C 11631. 1985. Izabal, Puerto Barrios, los “amnistiados” permanecieron nueve meses en ese lu-
gar, donde muchos murieron a causa de las torturas y otros fueron ejecutados.
“Nos enseñaron que teníamos la mente shuca y que había que cam-
biarla, nos advertían que no teníamos que escuchar a nadie fuera de
Acamal, no prestar oídos a nadie que hablara de luchas sociales, si al-
guien hablaba de esas cosas o alguien de nosotros se quejaba de la vi-
da en esa aldea, había que denunciarlo, que no había que reunirnos
entre nosotros, que no había necesidad, que todas sus dudas se las pre-
guntáramos a los que mandaban en Acamal”.
668
“Nos afirmaron que ya estábamos en la amnistía y que ya éramos sus
amigos y nos hicieron prometer que ya no íbamos a volver al monte,
o si no iban a liquidar a hombres, mujeres y niños”.
669
3004.
Dentro del mismo proceso de reeducación los malos tratos eran
constantes, tanto en los interrogatorios como en el mismo proceso de
adaptación. Ya fuera mediante acusaciones directas o con maltratos psico-
lógicos o físicos, el mensaje que transmitían los agentes del Estado era que
los desplazados que llegaban a entregarse eran responsables de la violencia
y debían pagar sus culpas, en algunos casos incluso con su vida.
“En Sebás había un campamento de 200 patrulleros, nos encerraron
en la escuela y nos pegaron culatazos, patadas, y nos dijeron: ‘¡Aquí
van a estar, guerrilleros!’ Nos rodearon y apuntaron con sus armas.
Realmente nos engañaron porque nosotros nos amnistiamos y ellos se
adueñaron de nosotros, nos hacían cargar sus armas, nos tenían pre-
sos, no podíamos salir; no nos daban comida ... nos mandaban a tra-
bajar para ellos, nos apuntaban, caminábamos vigilados por sus ar-
mas, así estuvimos tres años”.
670
“Había amontonadas unas 300 personas, estaba lleno … algunos es-
taban 3 o 4 meses o más … Las interrogaban dos veces al día, dónde
está la guerrilla, dónde las armas, dónde los compañeros, dónde los
buzones ... así todo el tiempo … sólo daban de comer unas tortillas,
niños enfermos sin medicina. Había un cuarto de tortura donde se lle-
vaba a algunos para golpearlos más duro, así estábamos siempre como
animales”.
671
230
668 T.C. 857. Entrevista colectiva Najtilabaj. 1981-1985. San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.
669 C 9057. 1979. Chisec, Alta Verapaz.
670 C 9371. 1981. Cahabón, Alta Verapaz.
671 C 16120. 1984. Uspantán, Quiché.
Los polos de desarrollo
“¡Fusiles para defender nuestra tierra
y arados para cultivarla; sangre y sudor
del soldado para que el pueblo disfrute las cosechas
de la paz, de la libertad y su desarrollo!”
672
3005.
La estancia de los desplazados retornados en los centros de recep-
ción sirvió para preparar a la población para su reasentamiento, a veces en
sus aldeas de origen y otras veces en las llamadas aldeas modelo. Al mismo
tiempo, en las áreas reconstruidas todas las comunidades reasentadas expe-
rimentaban los rasgos generales de la militarización social y cotidiana, con
independencia de si éstas eran o no aldeas que se adaptaron a los dictáme-
nes oficiales. La diferencia residía en no contar con el acompañamiento
institucional, lo que implicaba en ciertos casos el acceso a servicios básicos
como carretera, agua potable, escuela, alumbrado eléctrico, salón comunal.
3006.
El diseño y construcción de las aldeas modelo, como parte de la es-
trategia contrainsurgente, quedaron institucionalizados dentro del progra-
ma de los polos de desarrollo. Estos fueron aprobados mediante el Decre-
to-Ley 65-84 de junio 1984 y se ubicaban en puntos estratégicos de las
áreas de conflicto. Existieron dos proyectos de polos de desarrollo en el de-
partamento de Quiché, uno en el triángulo Ixil, que comprendía 17 co-
munidades, la más destacada Acul, y otro en Playa Grande, abarcando
nueve comunidades, entre las que se encontraban Xalbal y Cantabal; en
Alta Verapaz se ubicó el polo de Chisec, que englobaba a 17 comunidades,
entre ellas Acamal, y, finalmente, Chacaj, en Huehuetenango, que sólo te-
nía dos aldeas modelo. Asimismo, el Ejército proyectó la construcción de
otro polo en Petén, Yanahí, y un último en Senahú, también en Alta Vera-
paz. Según el Ejército, los polos de desarrollo serían centros de servicios de
infraestructura física y social en las áreas recién pacificadas, “de tal manera
que los desplazados lograran reasentarse en sus antiguas localidades, pero con
una nueva expectativa”.
673
3007.
Los polos de desarrollo fueron el producto más evidente de la filo-
sofía de este período, englobada dentro de la estrategia contrainsurgente.
Esta filosofía desarrollista, consistente en combinar acciones militares con
actividades de crecimiento en las áreas afectadas no era una novedad en el
país. Ya en los años sesenta, asesores estadounidenses introdujeron en la re-
gión oriental guatemalteca la acción cívica que consistía en recurrir a las
tropas para realizar proyectos humanitarios y de desarrollo.
3008.
A principios de los ochenta, en los sucesivos análisis acerca de la si-
tuación nacional plasmados en los diferentes planes de campaña, se consi-
231
672 Revista Cultural del Ejército, “Pluma, espada y cruz”, Guatemala, 1985.
673 Ejército de Guatemala, Polos de desarrollo, febrero, 1985, pg. 23.
deró la urgencia de “darle una cara más humana” al Ejército después de las
operaciones de tierra arrasada, así como la necesidad de mejorar las condi-
ciones de vida de la población en el área rural para hacerla menos proclive
a los planteamientos de la insurgencia. De tal forma, en esta época se in-
corporaron nuevos elementos al concepto de acción cívica en lo que fue-
ron los polos de desarrollo.
“La prioridad para la acción desarrollista mediante los polos de desa-
rrollo deberá estar contemplada preferentemente hacia las áreas de
conflicto ... Al proporcionarle a esta población mejores condiciones de
vida bajo los auspicios del Ejército, éste logrará su adhesión invirtien-
do el trabajo político realizado por la subversión y siendo organizada
en autodefensa civil combatirá a favor nuestro”.
674
3009.
Con tal fin, se visualizaba un esfuerzo concertado entre autorida-
des militares y otras entidades del Gobierno para fortalecer la presencia es-
tatal en las áreas de conflicto. Los objetivos de los cuatro polos de desarro-
llo principales eran claramente de índole político-militar. El programa de
estos le permitía al Ejército movilizar recursos del Estado para ocupar y
controlar con cierta rapidez algunos puntos considerados como anteriores
bases estratégicas de la guerrilla, así como activar programas que buscaban,
por un lado, ganar la confianza de la población y por otro, a través de los
servicios sociales que se ofrecían, crear una dependencia de ésta hacia el
Ejército que fortaleciera su control.
3010.
El programa de los polos de desarrollo estaba basado en cuatro pi-
lares fundamentales que aseguraran el ejercicio del control sobre la pobla-
ción civil: las PAC, la sección S-5 del Ejército (asuntos civiles), las coordi-
nadoras interinstitucionales y las aldeas modelo.
3011.
La piedra angular en esta estrategia militar de reconstrucción del
poder local eran las PAC, dentro de las cuales se encuadraba a la población
civil en tareas de control y vigilancia. Mediante las PAC, el Ejército logró
militarizar a la población civil y de este modo involucrarla en el enfrenta-
miento bajo control castrense.
675
3012.
Otro elemento de la estrategia de reconstrucción eran las operacio-
nes psicológicas. La dependencia del Ejército encargada de articular las
nuevas relaciones con las comunidades y de llevar a cabo los programas de
“reeducación” con los desplazados retornados, así como desempeñar funcio-
nes de Inteligencia, se llamaba asuntos civiles o S-5. Los promotores de la
S-5 permanecían inmersos en las áreas de conflicto y hablaban los idiomas
de esas regiones y algunos hasta eran originarios del lugar. Estas caracterís-
232
674 Plan de campaña Reeencuentro Institucional 84.
675 Para mayor información sobre las PAC veáse el apartado correspondiente en este mismo capítulo.
ticas facilitaban el avance de ciertos trabajos de Inteligencia como obtener
información acerca de cualquier actividad que la población asentada em-
prendiera individual o colectivamente, asegurando así un estricto control.
Hacia 1987 había un total de dos mil promotores civiles adscritos a la S-5
en todo el país.
676
3013.
Las coordinadoras interinstitucionales participaron en la construc-
ción y manejo de los polos, facilitándole al Ejército el fortalecimiento de
su manto de control sobre las áreas de conflicto. Estas coordinadoras, igual
que las PAC, eran estructuras militarizadas que estaban presentes en todo
el país. Funcionaban a través de una Coordinadora Institucional Nacional
y coordinadoras departamentales y municipales, donde intervenían todas
las dependencias del Gobierno bajo la autoridad de los comandantes de los
destacamentos o las zonas militares. Esa estructura, a su vez, se vinculaba
con las comunidades a través de los nuevos comités de desarrollo local, ca-
lificados por un funcionario estatal como “la oferta de organización por par-
te del Gobierno”.
677
A escala nacional, las coordinadoras estaban a cargo del
diseño, supervisión y manejo de los proyectos de desarrollo. Por otro lado
podían aprobar o vetar la actividad de instituciones y organizaciones de de-
sarrollo nacionales e internacionales.
3014.
Diversas instituciones del Estado, supeditadas a las coordinadoras,
tuvieron también un papel fundamental en la ejecución de la política con-
trainsurgente en los polos de desarrollo. La más prominente fue el Comi-
té de Reconstrucción Nacional (CRN), creado por el Ejército después del
terremoto de 1976, y al que a partir de 1982 se le encargó la misión de po-
ner en marcha el componente de desarrollo del Plan Nacional de Seguri-
dad y Desarrollo.
678
La principal función del CRN
679
era la de administrar
la ayuda alimentaria en los polos de desarrollo, sobre todo a través de la
aplicación de los proyectos de alimentos por trabajo suministrados por el
Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, y financiado
principalmente por EEUU.
3015.
Otra institución que realizó un papel importante en las políticas
gubernamentales referentes a los reasentamientos en las áreas “pacificadas”,
en particular en Ixcán, fue el Instituto Nacional de Transformación Agra-
ria (INTA). La anulación de los derechos de propiedad sobre la tierra ale-
gando el “abandono voluntario” por parte del INTA generó en su momen-
to, y aún en la actualidad, graves conflictos. Esto logró varios objetivos
fundamentales para el Gobierno militar: por un lado, reasentar en estas
233
676 Entrevista con el coronel Mario Enrique Morales, director de asuntos civiles, AVANCSO, Políti-
ca exterior y estabilidad estatal, Cuadernos de Investigación 5, Guatemala, 1988, pg. 48.
677 AVANCSO, ¿Dónde está el futuro? Procesos de reintegración en comunidades de retornados, Guate-
mala, Cuadernos de Investigación 8, 1992, pg. 156.
678 Estado Mayor General del Ejército de Guatemala, Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo, 1982.
679 Acuerdo Gubernativo 44-2, publicado en el Diario Oficial, 18 de junio de 1982.
áreas a población afín al Ejército para afianzar su control e influencia y por
otro, incitar a la población desplazada y refugiada a regresar para no per-
der sus tierras.
“En 1985 el Ejército empezó a repoblar Kaibil Balam con otras fa-
milias. Hubo un decreto del INTA declarando que nuestras tierras
eran tierras abandonadas, ociosas ... Las autoridades entregaron las
tierras de las aldeas a nuevos pobladores. La primera colonización no
tenía nada que ver con el Ejército. El Ejército repobló y controló la se-
gunda colonización con las PAC y poniendo gente que no estaba en
contra de ellos”.
680
3016.
Otras muchas instituciones (como DIGESA, BANDESA, FUN-
DAPI e INTECAP), así como diferentes ONG nacionales e internaciona-
les participaron en la construcción y funcionamiento de los polos de desa-
rrollo. Es de destacar que varias ONG estadounidenses como CARE, fi-
nanciada por USAID, y otras vinculadas a iglesias evangélicas de extrema
derecha, como Gospel Outreach y Christian Broadcasting Network, desem-
peñaron un significativo papel en la primera etapa de estos complejos.
681
Las labores de todas las organizaciones e instituciones estaban dirigidas por
las coordinadores interinstitucionales, las cuales estaban controladas de
forma férrea por el Ejército.
“Los polos de desarrollo eran para tener el control. Con la segunda co-
lonización de gente de otros lugares empezó el polo. Siempre bajo la
visión y el ordenamiento del Ejército. Todos los trabajadores en este
proyecto tenían una relación con el Ejército. Todas las instituciones
fueron obligadas a participar en el proyecto del polo. El Ejército deci-
día lo que había que hacer ... cada institución presentaba su plan al
comandante de la zona militar para funcionar dentro del proyecto.
Los resultados fueron confundir a la gente”.
682
3017.
Estos proyectos se realizaron de forma precipitada tratando de
cumplir un papel más propagandístico que funcional, como fue el caso de
Acul, que estaba considerada como “aldea vitrina”. Por este motivo mu-
chos de los proyectos no llegaron a implementarse en su totalidad una vez
que el control estaba asegurado.
“Nos dieron un proyecto pero fue muy rápido, muy improvisado,
porque ya no alcanzábamos y trabajábamos muy arduamente, porque
234
680 C 11471. 1984-1985. Ixcán, Quiché,
681 The New York Times, “Guatemala Leader Reports Aid Plan”, 20 de mayo de 1982.
682 C 11471. 1984-1985. Ixcán, Quiché.
ya no podíamos, casi ya no dormíamos … porque ya por la mañana
muy de madrugada, venían los camiones con madera y teníamos que
ir a cargar la madera donde quedaban los camiones porque no llega-
ban hasta aquí pues”.
683
“Si nosotros estamos sufriendo … van a hacernos buenas casas y el
pueblo de Acul se desarrolla, se pone el nombre desarrollado, pero no
hay desarrollo”.
684
3018.
La distribución de la ayuda humanitaria donada desde el exterior
para los polos de desarrollo se prestó en muchos casos a prácticas de co-
rrupción por parte de los encargados de administrarla, por lo general per-
sonal militar. Esto refleja una vez más el absoluto control que los elemen-
tos castrenses tenían sobre todas las actividades que se llevaban a cabo en
los polos, ya fueran institucionales o de la población.
“Un señor ... trajo una gran cantidad de láminas, para darle 25 a
cada campesino. No recuerdo de parte de qué institución llegaron las
láminas, pero sólo entregó 20 a cada familia. En la zona militar las
aprovechaban”.
685
“Llegaba ayuda, pero el encargado de Acamal (un sargento mayor) se
la robaba por camionadas. La ropa buena la vendía afuera, a noso-
tros nos daban ropa que nos quedaba chiquita, nos decía que no im-
portaba, que nadie nos estaba mirando. Cuando llegaban visitas a la
zona, nos impedía que habláramos o nos quejáramos, solo él hablaba
o alguno de sus ayudantes, advertía que si alguien se atrevía a hablar
podía ser castigado fuertemente”.
686
3019.
Los polos de desarrollo servían para ofrecer al exterior una imagen
de Ejército benefactor comprometido por entero con el progreso y bienes-
tar de la población civil y de esta forma mejorar el concepto que existía de
la institución en círculos internacionales, favoreciendo así la obtención de
financiamiento, que sería en cualquier caso administrado por la institución
castrense. Los fondos internacionales, en particular los que procedían de
EEUU, fueron trascendentales para la construcción y funcionamiento,
aun cuando fuese en gran medida artificial, dado que en ningún momen-
to se logró la autosuficiencia de los polos, por lo que decayeron con clari-
235
683 T.C. 339. Entrevista colectiva. Acul, Nebaj, Quiché.
684 Ibid.
685 Caso 1201, Ixcán, Quiché.
686 T.C. 857. Entrevista colectiva Najtilabaj. 1981-1985. San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.
dad a partir de 1985, cuando el Ejército concentró su actividad en otros
objetivos.
687
3020.
Por otro lado, cumplían también una función muy importante en
las campañas de captación del Ejercito relativas a los desplazados. Su dis-
tribución geográfica, en ciertos casos, fue escogida para seducir a la pobla-
ción desplazada, como el polo de Chacaj, construido a poca distancia de
la frontera con México, “para que lo vieran” los refugiados.
688
O como el
complejo del triángulo ixil, donde el alumbrado eléctrico de las nuevas al-
deas debía convertirse en un foco de atracción para las poblaciones que
deambulaban por la montaña.
3021.
Durante el período de auge de los polos de desarrollo, entre 50 y
60 mil personas vivían en las nuevas aldeas modelo, es decir, alrededor del
6% de los desplazados retornados a escala nacional entre 1982 y 1984. El
período más intenso de construcción de los polos abarcó desde finales de
1983 hasta 1985. Aunque el proceso de pacificación y reasentamiento de
los desplazados continuó a marcha lenta durante los años siguientes, las al-
deas reconstruidas más tarde no recibieron el mismo “paquete” de servicios
(escuela, luz eléctrica, agua potable, letrinización, carreteras, etc.) con que
fueron dotadas las primeras. De hecho, el interés del Estado, y en particu-
lar del Ejército, para invertir en los polos disminuyó casi por completo des-
pués de 1985, aunque para el área ixil se planteó reactivar el modelo de las
coordinadoras interinstitucionales coincidiendo con la ofensiva militar de
1987-1988.
3022.
El cambio de estrategia orientado hacia una concepción desarro-
llista, por parte del Ejército, debiera haber generado fuentes de desarrollo
en estas áreas; sin embargo, a pesar del énfasis institucional que durante un
tiempo, en especial entre 1984 y 1985, se dio a los polos de desarrollo, su
fracaso resultó estrepitoso. Esto se debió en esencia a que la estrategia se di-
señó para asegurar el control sobre la población siguiendo un objetivo mi-
litar en exclusiva. En este sentido, en un primer momento se invirtieron
cuantiosos recursos para atraer y recuperar a la población que habitaba en
estas regiones hacia el Ejército, pero una vez que este control quedó asegu-
rado, se volvió innecesario seguir invirtiendo recursos nacionales en estas
áreas por lo que fueron decayendo poco a poco.
Aldeas modelo
“Después nos dieron una casa,
pero como una casa de jaula, jaula de pájaro”
689
3023.
Según los principios rectores de los polos de desarrollo las aldeas
modelo se enmarcaban dentro de esta estrategia constituyendo un compo-
236
687 Véase el apartado sobre las estrategias del Ejército en este mismo capítulo.
688 Myrna Mack Chang, Notas de campo, entrevista con un asesor del Ejército, 1988.
689 T.C. 339. Entrevista colectiva. 1983. Nebaj, Quiché.
nente esencial. Sin embargo, en la práctica, los polos como proyecto tuvie-
ron un desarrollo incierto y una vida bastante efímera, mientras que las al-
deas modelo fueron diseñadas e implementadas con gran rigor, dado que
era en ellas donde se imponía el control. Un número importante de des-
plazados que se acogieron a la amnistía fueron asentados en estos lugares
donde se les ofrecía “protección” frente a la amenaza subversiva.
3024.
Las aldeas modelo, en un principio, eran comunidades construidas
o reconstruidas con el propósito específico de controlar a la población en
las áreas de conflicto, después de haber sido “pacificadas” mediante las ope-
raciones de tierra arrasada, como ocurrió en Acul. La primera aldea mode-
lo, Choatulum, en Chimaltenango, data de 1982; sin embargo el mayor
impulso en la construcción de aldeas modelo se dio a partir de 1983 y
1984, cuando se concretó la política de polos de desarrollo.
3025.
A cambio de recibir comida los desplazados retornados tenían que
trabajar a la fuerza en la construcción de las aldeas modelo y de carreteras
que facilitaban el acceso militar a los puntos estratégicos existentes dentro
de las áreas de conflicto, entre otras ocupaciones. El control alimenticio fue
un objetivo estratégico del Ejército en las aldeas modelo. La entrega de ali-
mentos, así como de todo tipo de ayuda humanitaria (ropa, cobijas y me-
dicinas), estuvo controlada con máxima severidad por el Ejército, creando
así una fuerte dependencia que reforzaba su poder sobre la población.
“Nos hacían trabajar de gratis, y sólo nos daban comida, los trabajos
consistían en hacer carreteras, romper y acarrear piedra, además cons-
truimos un tanque para la zona militar No. 21 de Cobán. El trato
era muy feo, los soldados no nos hablaban a nosotros si no era para
darnos órdenes, nos llevaban a las casas de los ricos y ladinos y de los
oficiales del Ejército, para hacerles trabajos, y no nos pagaban”.
690
3026.
El Ejército, por otro lado, obligó a la población que iba a reasen-
tarse en estos lugares, a construir sus casas siguiendo un patrón prefijado
de calles paralelas y perpendiculares, con las casas muy próximas entre sí.
Este plan urbanístico, que se vio con mayor frecuencia en el área ixil, esta-
ba diseñado para optimizar el control sobre la población, aunque el mismo
a la larga fuera no sólo disfuncional, sino que atentara contra las líneas
maestras de asentamiento tradicional de la población indígena campesina.
Unido a ello, en algunas de estas aldeas, cada casa albergaba a dos familias
elegidas por sorteo, lo que relacionaba por lo común a dos familias sin la-
zos de parentesco, e incluso enemistadas, lo que favorecía el aislamiento y
acentuaba el control de la población.
237
690 T.C. 857. 1981-1985. Entrevista colectiva. San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.
“El Ejército nos obligó, que teníamos que controlarnos, que cada uno
tenía que comprar su lote, una cuerda de la distancia de cada familia
para que así sea mejor. Cuando estábamos todos juntos, mejor control
podían hacer para que así sea mejor. ‘Hay que juntarse para que fácil
se controlan entre ustedes mismos, porque si están separados es muy di-
fícil de controlar y entra la guerrilla otra vez’. Esto es lo que nos dijo
el Ejército, pero el resultado lo estamos viendo; por una parte está bien,
pero por otra parte a nosotros una letrina nos crea enfermedad ... por-
que ya el olor llega a la otra casa y así pues nos da una enfermedad,
pues no estamos bien así como estamos concentrados”.
691
“Cuando el Gobierno regaló así casas, pero sólo de madera que sólo
aguanta como unos diez años y ahorita parece que ya van como unos
catorce años ... ahorita pues ninguno tiene casa así, que sea buena, to-
da la gente de aquí sólo tiene casas de madera, hace pocos días pasó el
huracán por aquí y se llevó catorce casas”.
692
3027.
En las aldeas modelo, se proseguía por lo regular el proceso de
adoctrinamiento iniciado en los centros de recepción y reeducación, así co-
mo se mantenía a la población bajo un riguroso control militar y una cre-
ciente militarización de la vida diaria a través de las PAC. Para esto, todas
las aldeas modelo se encontraban en las cercanías de instalaciones milita-
res, ya fueran destacamentos, zonas militares o edificios ocupados por el
Ejército. Las condiciones de vida en estos lugares no difería demasiado de
aquellas sufridas en los centros de recepción.
“Estabamos vigilados constantemente, sólo con permisos podíamos sa-
lir. Cuando regresábamos tarde del permiso, ya no nos daban otra vez
permiso. Siempre nos regañaban. Cuando salíamos los domingos
siempre nos insultaban, nos decían, por ejemplo, que íbamos a ver a
nuestros compañeros en la montaña ... se podía salir pero no todos de
una misma familia, o sea que uno siempre dejaba gente de su fami-
lia adentro, por si disponía no regresar”.
693
“Tanto en Sacol como en Acamal ... había que hacer formación a las
seis de la mañana y a las seis de la tarde, cantar el Himno Nacional,
el Himno del Patrullero. Si uno no quería cantar, cometía alguna fal-
ta o no quería hacer patrulla, lo castigaban, lo ponían a correr con
una arroba de incaparina en la espalda, hasta a los ancianos les da-
238
691 T.C. 346. Nebaj, Quiché.
692 T.C. 349. Cotzal, Quiché.
693 C 9061. 1982. Saraxoch, Alta Verapaz.
ban esos castigos. Después de cantar los himnos teníamos que dar un
grito ‘¡Jaaa!’, si no lo hacíamos con entusiasmo, nos acusaban de estar
tristes en el lugar, de querer regresar a la guerrilla, y entonces nos cas-
tigaban”.
694
“En Acamal nos dividieron el tiempo los soldados, entre hacer traba-
jo y hacer turnos, desde que llegamos nos organizaron en Patrullas de
Autodefensa Civil (PAC). En el día arreglábamos la carretera y por la
noche hacíamos los turnos, nos daban castigos si nos dormíamos en la
vigilancia o si nos negábamos a hacer patrullas, hasta a las mujeres les
ponían castigos, daba pena ver a las señoras corriendo como castigo,
todas sudorosas o hacer otro tipo ejercicio para pagar alguna falta”.
695
3028.
Algunos investigadores plantean que en las aldeas modelo se ma-
nejó la cuestión étnica como otro elemento de control. “La idea … detrás
de las aldeas modelo, era la de reconcentrar a la población indígena en un es-
pacio reducido de terreno y controlar la totalidad de sus movimientos … el ob-
jetivo principal era iniciar un proceso de erosión de la identidad étnica para
poder llegar al ideal señalado por el general Mejía Víctores: ‘Debemos acabar
con los términos indígena e indio”.
696
3029.
Tal visión se impuso en estos lugares por diferentes medios. Entre
los testimonios de la CEH se recoge cómo se forzó a diferentes grupos ma-
yas a convivir en el mismo lugar favoreciendo a aquellos provenientes de
otras regiones, lo que generó importantes conflictos en el interior de la co-
munidad, y en algunos de estos lugares se obligó a la población a sembrar
cultivos ajenos a sus costumbres.
“El coronel nos dio una orden, dijo que sí teníamos derecho a nuestras
tierras, pero dio una orden: cada uno tenía que repartir las tierras por
igual, porque venían varias aldeas: venía gente de Aguacatán, Xexo-
com, Chortis, Xexuxcap, Tu Uchuch, Las Majadas y Janlay”.
697
“El Ejército nos ordenó que nosotros teníamos que trabajar ... las tie-
rras hacia la orilla del pueblo ... y sembrar algunas hortalizas, pero en
eso nos pusimos a pensar nosotros y los ancianos que estamos aquí pues
y dijimos: ‘Bueno, las verduras no van a durar mucho tiempo, no las
239
694 C 9229. 1983. San Cristóbal, Alta Verapaz.
695 T.C. 857. Entrevista comunitaria . 1981-1985, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.
696 “Guatemala. Polos de desarrollo”, Ceidec, Editorial Praxis, México, 1988, pg. 176.
697 T.C. 339. Entrevista colectiva. Nebaj, Quiché.
podemos almacenar, sin embargo nuestro maíz sí lo podemos almace-
nar por un año”.
698
3030.
En Guatemala, dentro de la estrategia contrainsurgente de pacifi-
cación y control de áreas de conflicto y reasentamiento de la población des-
plazada, la CEH también ha identificado el uso de las llamadas aldeas es-
tratégicas, como Macalajau y Amachel en Quiché, que se usaron como en-
claves favorables al Ejército en áreas hostiles al mismo. Al estar inmersas en
las áreas donde el conflicto se mantenía con una mayor intensidad, el con-
trol sobre la población civil era incluso mucho más rígido que en las aldeas
modelo. Sin embargo, la distinción entre las dos no era muy marcada, si
bien estas comunidades no estaban incluidas en el marco teórico de los po-
los de desarrollo, sí tuvieron algunos elementos muy similares.
699
3031.
Las aldeas estratégicas tuvieron una función instrumental, al invo-
lucrar a la población en acciones de guerra o incluso al utilizarla como es-
cudo humano frente a posibles ataques contra el Ejército emprendidas por
la guerrilla en estas regiones que todavía se consideraban en disputa. Lo
normal era instalar un destacamento militar en un lugar estratégico donde
simultáneamente se reubicaban familias consideradas, tras su reeducación,
“incondicionales” del Ejército. Las viviendas de estos reasentados se cons-
truían alrededor de las instalaciones militares a modo de cerco defensivo.
“Nos dijeron que el Ejército venía con nosotros para defendernos de la
guerrilla, pero nosotros vimos que era al revés. Nosotros somos los que
protegemos, porque nosotros hacemos posta para cuidarlos a ellos en el
destacamento; vamos adelante en las misiones, su lugar está protegido
por nuestras casas…”
700
3032.
En varios casos también se minó el terreno para optimizar la pro-
tección ante eventuales ataques guerrilleros al destacamento. Los poblado-
res normalmente recibieron láminas y regletas para construir precarias vi-
viendas, así como tierras pertenecientes a quienes se hallaban desplazados
en las montañas.
“[El Ejército] desde el principio hizo una campaña de confusión por-
que quería captar a la población para que colaborase con el Ejército
… la población quedó dividida, unos huyeron al monte, otros se en-
240
698 T.C. 339. Entrevista colectiva. Nebaj, Quiché.
699 Las aldeas estratégicas en Guatemala, aunque puedan tener similitudes con las que se crearon en
Vietnam, no cumplían las mismas funciones ni estaban organizadas según el mismo esquema.
700 T.C. 109. (ex patrulleros) 1982. Uspantán, Quiché.
tregaron o fueron capturados, estuvieron un tiempo en el pueblo y des-
pués los regresaron a Macalajau como patrulleros, ya conformes con el
Ejército; además se quedaron con las tierras de los que habían huido
a las montañas”.
701
3033.
La militarización y el control en las aldeas estratégicas era aun
más intenso que en las aldeas modelo. Las PAC estaban afianzadas, su
entrenamiento era más estricto, contaban con mayor volumen de arma-
mento y participaban habitualmente en operaciones militares, como “co-
misiones” y rastreos en los que los patrulleros acostumbraban ir a la cabe-
za, buscando desplazados o “subversivos” como las CPR que deambula-
ban en las montañas.
“Estábamos al mando de dos comisionados militares, un total de sie-
te miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil nos enseñaban a ar-
mar y desarmar armas y técnicas de enfrentamiento. No teníamos li-
bertad de movimiento, no teníamos tierra para trabajar, sólo lotes pa-
ra vivir”.
702
3034.
El Ejército, como hemos visto, en todas las instancias desarrolladas
para la reubicación y reeducación de los desplazados violó por sistema los
derechos más elementales de la población civil. No sólo ésta fue sometida
a prácticas vejatorias, malos tratos, atentados flagrantes contra la vida, la
dignidad y la seguridad, también se violaron los derechos culturales de los
pueblos mayas, que componían la gran mayoría de los grupos de desplaza-
dos. Asimismo, al utilizarlos como escudos humanos se les ponía en peli-
gro de una forma intencionada.
3035.
En los lugares de reasentamiento las libertades de locomoción, ac-
ción y expresión fueron restringidas también en un grado por completo
desproporcionado si se tiene en cuenta que se trataba de áreas “pacificadas”.
En la práctica el estricto control militar sobre todos los aspectos de la vida,
con las correspondientes restricciones a las libertades individuales que esto
implicaba en las regiones reconstruidas, más el hecho de que los actos re-
presivos nunca se terminaron, mantuvieron como trasfondo el temor de
que “el pasado” podría repetirse en cualquier momento. Así, se vivió en las
áreas reconstruidas una tensión constante entre las promesas de seguridad
y una realidad incierta.
241
701 C 2418. 14 de noviembre de 1980. Uspantán, Quiché.
702 C 9419. 1981. Cobán, Alta Verapaz.
Comunidades de Población en Resistencia (CPR)
“Nos acusan de guerrilleros para
que sus delitos queden impunes”
703
3036.
Las estrategias del Ejército respecto a la población desplazada al-
canzaron un gran impacto durante los primeros años, tanto en lo referen-
te a recuperación como al reasentamiento y establecimiento de mecanis-
mos de control. Sin embargo, el Ejército no consiguió someter a toda la
población desplazada. A lo largo de ese período, desde el inicio del despla-
zamiento masivo, miles de personas que deambulaban por las montañas y
selvas de las áreas donde el conflicto se vivía con mayor intensidad, sobre
todo en el norte de Quiché, se habían agrupado en las autodenominadas
Comunidades de Población en Resistencia (CPR). Esta población eligió
entre partir hacia el refugio, entregarse al Ejército o sobrevivir en las mon-
tañas. Un poblador explica:
“En la montaña no podíamos vivir solos, nos juntamos con otros, por
grupos de 10 a 18 familias. Cuando nos unimos por grupitos no sa-
bíamos cómo sobrevivir, los demás ya se habían ido a México. En el
83 ya no había mucho maíz y decidimos formar nuestro comité y una
asamblea de todos los que estabamos en la montaña ... no es justo ren-
dirnos al Ejército ... como tenemos apoyo seguimos resistiendo. El Ejér-
cito ya tiene su mapa de dónde están las comunidades pero no es cier-
to que estemos engañados por la guerrilla. Obligado no estaría nunca
en la CPR, nosotros decidimos así para defender nuestra tierra”.
704
3037.
Entre las CPR y las unidades guerrilleras que operaban en estas
áreas medió una relación de ayuda mutua. Como parte de esta colabora-
ción la guerrilla actuó como guía en momentos de huida, orientó la auto-
defensa, en determinados momentos abasteció a los pobladores e hizo tra-
bajos de organización y reclutamiento dentro de esas comunidades. Una
parte de los desplazados se implicó en estructuras político-organizativas de
la guerrilla aunque no fueran combatientes regulares. Sin embargo, las co-
munidades mantuvieron procesos organizativos autónomos, y a pesar de la
cercanía geográfica los campamentos guerrilleros y los asentamientos de las
CPR se encontraban separados con claridad.
705
“Esa es una de las cosas muy importantes que nosotros aclaramos por-
que el Ejército ha tergiversado toda la información, que son bases so-
ciales. De una manera u otra aportó un poco de maíz por ahí, bene-
fició a alguien, porque nosotros les vendimos maíz o les vendimos ga-
242
703 Diario Siglo Veintiuno, 5 de marzo, 1993, pg. 17.
704 T.C. 833. (miembro de CPR-Ixcán). Ixcán, Quiché.
705 Véase el apartado sobre desplazados del capítulo tercero de este Informe.
llinas o les vendimos frijoles. Pero no quiere decir que soy parte ... no
quiere decir que ya es un hecho que somos bases sociales, como decía
el Ejército ... A lo mejor alguien de alguna manera tendrá relación
más directa, pero eso es muy particular de cada gente ... ahí sí que a
título personal, sólo uno sabe si tiene algo que ver en eso”.
706
3038.
Si bien el Ejército señalaba a las CPR como pertenecientes a la gue-
rrilla, la distinción entre campamentos guerrilleros y las comunidades de
la población desplazada fue resaltada por numerosos observadores nacio-
nales e internacionales que visitaron a las CPR entre 1991 y 1994. El en-
tonces relator especial de las Naciones Unidas para Guatemala, Christian
Tomuschat, cuando viajó a la CPR de Cabá, junto con un representante
del procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, puntualizó: “La
población de Cabá [CPR de la Sierra] es civil y está completamente indefen-
sa”.
707
Al realizar en 1994 una misión de observación a las CPR, la Comi-
sión Interamericana de los Derechos Humanos concluyó que sus miem-
bros eran “civiles desarmados que viven en gran pobreza”.
708
“Nosotros no pensamos si vamos a resistir bajo esta represión porque
hay destrucción, hay tierra arrasada por los militares; la patrulla se
organiza, cuando llegan queman nuestras viviendas, destruyen nues-
tra milpa, roban nuestros animales, bombardean y ametrallan a no-
sotros, así como pasó el 10 de octubre del 92, cuando el señor Chris-
tian Tomuschat vino a visitar las CPR y cabal los militares estaban
bombardeando el centro de Cabá, cabal él se dio cuenta de lo que es-
taba pasando ... pero los militares nos acusaban de guerrilleros...”
709
3039.
Esta identificación que hacía el Ejército entre las CPR y la insur-
gencia, se reflejó en los sucesivos planes de campaña donde se contempla-
ba el riesgo de que la URNG consolidara su “control” en las áreas donde se
ubicaban las poblaciones en resistencia. En los planes de campaña de 1984,
1987, 1989, 1992 y de nuevo en 1994, entre otros, se advertía del peligro
que podía suponer que la insurgencia declarara como zonas liberadas cier-
tas regiones del noroccidente del país. La posibilidad de que se proclama-
ran zonas liberadas fue interpretado por el Ejército como un alto riesgo po-
lítico que podía lograr el reconocimiento internacional como fuerza belige-
rante, lo que tendría graves consecuencias así como un fortalecimiento de
la posición de la insurgencia frente a un eventual diálogo.
710
243
706 T.C. 484. Entrevista con miembros del comité de coordinación de las CPR.
707 La Hora, 12 de octubre de 1991, pg. 3.
708 CIDH, ob. cit., 1994, pg. 4.
709 T.C. 484. Entrevista con miembros del comité de coordinación de las CPR-Sierra.
710 Ejército de Guatemala, plan de campaña Fortalecimiento Institucional 89 y plan de campaña Con-
solidación por la Paz.
3040.
Durante el período de las elecciones presidenciales y de instaura-
ción de un Gobierno civil se produjo una disminución de los operativos
del Ejército, en concreto entre 1985 y 1986, pero a partir de 1987 se rea-
nudaron una vez más operaciones militares dirigidas hacia la “recuperación”
de la población desplazada, utilizando los mismos mecanismos que se ha-
bían utilizado anteriormente: rastreos y bombardeos contra los asenta-
mientos, quemas de viviendas y de siembras, así como la captura de los po-
bladores.
“Cuando salíamos para otro lugar, salíamos en emergencia, de noche,
sin luz, sin fuego, sin comida, mucha lluvia, mucho lodo en la selva,
a veces dos o tres días sin comida, pero hemos aguantado la represión,
la situación de la guerra, hemos sufrido, y cuando el Ejército encon-
traba nuestra champa decía: ‘ahí estaba el campamento de la guerri-
lla’. A veces no podíamos recoger nuestro nylon, nuestras cosas, porque
estábamos en emergencia con el Ejército a 15 minutos. Las láminas
que teníamos las macheteaban. Teníamos unos pollos y los dejan a to-
dos muertos ... Mucho bombardeó, cañoneó y ametralló contra las po-
blaciones que estuvimos bajo la montaña. Murieron muchos anima-
les, mucha gente murió de enfermedades y por fuego de armas”.
711
“La ofensiva fin de año fue en 1987 cuando llegaron cientos de sol-
dados que nos atacaron por Xeputul, Xecoyeu, Santa Clara, Amachel,
San Marcos, Cabá; llegaban los helicópteros … ‘la gran puta, estos los
vamos a matar, a todos los que están en la montaña los vamos a ma-
tar, ni moscas, ni culebras, todo lo vamos a terminar ... hay que en-
tregarse y vénganse todos porque vamos a quemar la montaña”.
712
3041.
La ofensiva Fin de año 87 forzó a entre 6,000 y 10,000 pobladores
de la CPR-Sierra a retornar a las áreas bajo control militar en el triángulo
ixil.
713
En 1991 la ofensiva Lacandona 91 incluía ataques contra los asenta-
mientos de las CPR de Petén.
714
En Ixcán, la Operación Diamante 92 es-
taba dirigida contra las CPR de la región. Hasta finales de 1993 las áreas
de asentamiento de las CPR, y en concreto en el Ixcán fueron atacadas re-
petidamente.
715
En todas estas operaciones militares contra las CPR, aún
244
711 T.C. 833. CPR-Ixcan, Ixcán, Quiché.
712 T.C. 337. Entrevista comunitaria de Santa Clara. Chajul, Quiché.
713 AVANCSO, 1990, pg. 128.
714 C 10210. 7 de agosto de 1991. La Libertad, Petén.
715 Recortes de prensa de varios años y Comisión Interamericana de los Derechos Humanos
(CIDH), Informe especial sobre la situación de los derechos humanos de las llamadas Comunidades
de Población en Resistencia en Guatemala, Washington, 1994.
más que contra la población desplazada, se hizo habitual el uso de las fuer-
zas aéreas para el acoso de los asentamientos humanos mediante bombar-
deos y ametrallamiento. El terror que estos ataques provocó entre la pobla-
ción afectada es un elemento recurrente en sus testimonios.
“El 31 de diciembre de 1987 llegaron, a las cinco y media de la ma-
ñana, cuatro aviones y cuatro helicópteros, y bombardearon hasta las
cinco de la tarde. En un día destruyeron todo lo que teníamos, nues-
tras casas de champa y toda la gente se quedó bien asustada por el do-
lor que levantaron las bombas … Son bombas de 500 libras, como
dos metros de altura, destruyen como 50 metros cuadrados, hacen un
gran hoyo en la tierra”.
716
“En 1987 el cañoneo y ametrallamiento con helicóptero fue casi per-
manente. Lanzaban de 15 a 20 bombas cada día. Había bombar-
deos desde los destacamentos de Puente Xalbal, Pueblo Nuevo, Cuar-
to Pueblo y Cari. Estas instalaciones militares se ponían de acuerdo
para bombardear el mismo día y a la misma hora”.
717
“La bomba abarcó unas dos cuerdas, cuando estalló, fue como un
barranco que hizo. Me asustó y vi que no estaba mi esposa, ya estaba
bien llena de tierra. Y ya no estaba”.
718
3042.
La incursión por tierra fue otra modalidad de ataque utilizada por
el Ejército en coordinación con los bombardeos. Estas incursiones solían
hacerse junto con elementos de las PAC, a veces recurriendo a la guía de
personas apresadas en anteriores rastreos. Las patrullas conjuntas buscaban
destruir las viviendas y fuentes de abastecimiento de las comunidades
cuando éstas salían huyendo. Asimismo, estas patrullas, en sus operativos
minaban el área donde se ubicaban los asentamientos cuando se encontra-
ban abandonados. Estas minas produjeron un gran número de muertes
entre los pobladores cuando decidieron regresar, para recuperar algunas de
sus pertenencias, a estos lugares.
“Cuando termina el bombardeo, el Ejército va avanzando … Los mi-
litares hacían rastreos, iban persiguiendo, así diariamente … Cuan-
do el Ejército entra por tierra se muere mucha población”.
719
245
716 T.C. 337. Entrevista comunitaria de Santa Clara, Chajul, Quiché.
717 T.C. 71 (miembro de las CPR del Ixcán). Ixcán, Quiché.
718 C.I. 58. Diciembre, 1989. Chajul, Quiché.
719 T.C. 337. Entrevista colectiva Santa Clara. 30 de octubre de 1997. Chajul, Quiché.
“En el 93, por mi comunidad San Francisco pasó el Ejército lanzan-
do su ofensiva, buscando a la población; quemaron una troja de 600
quintales de maíz, quemaron toda nuestra comunidad, milpa, ani-
malitos ... Donde fueron encontrando un tapesco con jabón, sal ... lo
pisotearon, lo destruyeron todo. Una bolsa de jabón la dejaron atada
a una granada. Domingo Pascual levantó el jabón y le explotó la
bomba. El murió”.
720
3043.
La estrategia del Ejército, al igual que a principios de los años
ochenta, iba dirigida a la recuperación de la población desplazada para reu-
bicarla en áreas bajo su dominio. En las ofensivas contra las CPR se repi-
tió este mismo patrón, combinando incursiones y capturas así como la ree-
ducación de los detenidos en centros de recepción antes de su reasenta-
miento forzado en estructuras militarizadas.
“La señora fue capturada el 22 de noviembre de 1989 … junto con
sus cuatro hijos y un nieto … Ya no pudieron huir del Ejército. Al mo-
mento de su detención fueron golpeados y tratados brutalmente. Ama-
rrados y arrastrados, además de ser acusados de subversivos. Fueron
conducidos hasta el lugar donde tenían un helicóptero que los trans-
portó a Xemamatzé, Nebaj”.
721
“Cuando íbamos a patrullar en Amachel, en Cabá, en Santa Clara,
en Xecoyeu, el teniente y el comandante del destacamento nos decían
que si la gente no podía retirarse, entonces los teníamos que agarrar y
traer al destacamento, pero si salían huyendo, entonces no querían vi-
vir en paz, mejor darle bala, decía el Ejército. Las patrullas siempre
lo hacían porque era una orden del Ejército … nuestro temor era que
si no los matábamos entonces a nosotros nos mataban”.
722
“Sesenta familias fuimos al destacamento militar para que nos auto-
rizara nuestra salida a esta aldea, pues prácticamente el Ejército nos
autorizó pero con la condición de que nosotros teníamos que sacar ar-
mas y formar nuestros comités, y nuestro comandante de la patrulla
… Y después, al llegar aquí, tuvimos que hacer servicio día tras día y
hasta nos obligaba [el Ejército] acarrear agua”.
723
3044.
Paralelamente a las operaciones militares, a partir de 1987, se dio
un nuevo impulso a la construcción de las aldeas modelos en la área ixil,
con la incorporación de nuevas instituciones estatales, destacándose la Co-
246
720 C 11505. CPR Ixcán. 8 de agosto de 1993. Quiché.
721 C 3275. 22 de noviembre de 1989. Nebaj, Quiché.
722 T.C. 158. Entrevista colectiva Chel, 1 de octubre de 1997. Chajul, Quiché.
723 T.C. 286. Entrevista colectiva Sumal Grande. 13 de noviembre de 1997. Nebaj, Quiché.
misión Especial de Atención a Refugiados y Desplazados (CEAR), creada
durante el primer año del Gobierno de Vinicio Cerezo.
Los refugiados
“La reserva humana de la subversión”
724
3045.
Dentro de la estrategia del Ejército de recuperar el control sobre la
población civil es necesario no olvidar las capturas e incursiones empren-
didas contra los guatemaltecos que se refugiaron en territorios mexicano y,
en menor medida, hondureño. Al aumentar la población asentada en la re-
gión fronteriza de Chiapas, en el sur de México, creció también la atención
por parte del Estado guatemalteco hacia lo que se percibió como una si-
tuación que afectaba la seguridad nacional. El Ejército afirmaba en el plan
de campaña de 1984 que los refugiados se habían convertido en la “reser-
va humana de la subversión que incluso ha usado estos campamentos como
puente logístico para el ingreso de material a Guatemala”.
725
3046.
La presencia de estos campamentos era considerada por el Ejército
como una traba constante para la “pacificación” de las áreas de conflicto,
debido a que se entendía que la población de estos campamentos consti-
tuía la base social de la insurgencia. La idea de que hubiera población fa-
vorable a la guerrilla cercana a la frontera, circunstancia que podía posibi-
litar el abastecimiento y el apoyo, así como agilizar incursiones de la insur-
gencia en territorio guatemalteco, implicaba una amenaza permanente,
por lo que recuperar el control sobre este colectivo era vital. La imposibi-
lidad de imponerle los mecanismos de control que estaban siendo desarro-
llados en el resto del país, la hacía aún más peligrosa; por lo tanto, era ne-
cesario o recuperarla, mediante capturas, o alejarla de la frontera median-
te incursiones y ataques.
3047.
Los medios de comunicación y las instituciones mexicanas e inter-
nacionales documentaron ampliamente las incursiones en el área, sobre-
vuelos y hasta bombardeos del Ejército de Guatemala, causantes de la
muerte de refugiados guatemaltecos como de campesinos mexicanos. Los
ataques contra los campamentos de refugiados fronterizos con Guatemala
provocaron en 1984 la reubicación forzada de alrededor de 20 mil perso-
nas en los estados mexicanos de Campeche y Quintana Roo.
726
De acuer-
do con lo declardo por un funcionario de la Comisión Mexicana de Ayu-
da a Refugiados (COMAR):
“Desde el 81 hasta el 93 fueron aproximadamente 52 incursiones de
grupos armados a territorio mexicano. En el 93 fue la última, que
247
724 Ejército de Guatemala, plan de campaña Reencuentro Institucional 84.
725 Ibid.
726 La reacción de los refugiados a la reubicación se describe en detalle en el capítulo tercero de este
Informe.
precisamente fue a Puerto Rico, porque venían persiguiendo a las
CPR … llegaron las CPR y es una población civil, y después llegan
los militares y se requiere de la intervención de COMAR y ACNUR.
De estas 52 incursiones hubo cinco lamentables, la peor de ellas fue la
del 5 de abril de 1984 y fue la que obligó al Gobierno mexicano a re-
tirarlos de la frontera”.
727
3048.
Un testigo que había huido a Mexico contó de una de estas incur-
siones:
“Después seguimos a Río Escondido que ya es parte de México, Chia-
pas, y que queda en la mera línea ... Unos días después vinieron otra
vez, pero ahora con helicóptero echándonos bombas, entonces no nos
quedamos allá, era demasiado peligroso. Fuimos a una colonia que se
llama San Pedro ... aquí también vino el Ejército guatemalteco bus-
cándonos. Aterrizaron en dos helicópteros y preguntaron a los mexica-
nos dónde se encontraban los refugiados. ‘Tenemos regalos para ellos’,
dijeron. Por eso los mexicanos vinieron a llamarnos. Pero al presen-
tarnos los soldados no nos dieron regalos, sino que agarrraron a cua-
tro refugiados y los llevaron a la fuerza al destacamento militar en Ix-
quisis. En este destacamento siempre hubo un aviso colgado que decía:
‘Estamos aquí para ayudarles”.
728
3049.
En Honduras, donde unos 800 guatemaltecos se habían estableci-
do en el campamento El Tesoro, se sucedieron también ataques y acciones
de hostigamiento por parte del Ejército de Guatemala. Los refugiados en
El Tesoro estaban estrictamente confinados en el espacio del campamento.
Esta condición limitaba su actividad económica, su desenvolvimiento cul-
tural y social; por otro lado, el hecho de estar concentrados los expuso al
hostigamiento tanto de las Fuerzas Armadas hondureñas como del Ejérci-
to guatemalteco, que continuó persiguiendo a esta población. Una noche
de 1983 el Ejército hondureño secuestró a 17 refugiados del campamento
donde se encontraban destinados. Siete fueron devueltos después de pocos
días y las diez personas restantes fueron detenidas en la cárcel de Santa Ro-
sa. Ante la urgencia de llevarlas a un lugar seguro, ACNUR tuvo que tras-
ladar a los diez encarcelados y sus familiares, un total de 107 personas, a
Bolivia.
729
3050.
El Ejército intentó fomentar el regreso voluntario de los refugiados
situando en la frontera aldeas modelo, como fue el caso de Chacaj, para
248
727 Citado en Carlos Camacho Nassar y Carla Aguilar Stwolinsky, ob. cit., pg. 67.
728 C 6176. 1982. San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
729 T.C. 83. (Persona que trabajó con población refugiada durante la década de los ochenta).
atraer a esta población; sin embargo en ningún momento se logró este ob-
jetivo. Asimismo, recurrió a ciertas instituciones gubernamentales en su es-
trategia sobre la población desplazada. En el caso de los refugiados, el he-
cho de que el INTA anunciara la anulación de los derechos de propiedad
alegando “abandono voluntario” de todos aquellos que no regresaran a sus
parcelas, trató por un lado de ser otro mecanismo para impulsar y promo-
ver el retorno; por otro, pretendió impedir a largo plazo que se asentaran
en esa área aquellos refugiados que no habían regresado en un primer mo-
mento.
3051.
Las estrategias del Ejército en cuanto a la población desplazada tu-
vo los mismos objetivos: alejarlos de la esfera de influencia de la guerrilla y
recuperarlos para el proyecto contrainsurgente, así como consolidar el con-
trol sobre la misma. En el caso de los desplazados internos, primero fue-
ron acosados por las tropas y, más tarde, cuando bajaron de las montañas
se les sometió, en la mayoría de los casos, a un proceso de reeducación. Ac-
to seguido fueron reasentados en lugares bajo control del Ejército. Las
CPR fueron hostigadas y perseguidas sistemáticamente para minimizar el
riesgo de que se declararan áreas fuera del control del Estado y de este mo-
do evitar que la insurgencia pudiera utilizarlas como arma para fortalecer
su posición en las negociaciones con el Gobierno. Con los refugiados se
buscó: atraerlos a lugares como los polos de desarrollo o alejarlos de las
áreas de conflicto para que no pudieran ser aprovechables como “refugios”
o “centros de abastecimiento” de los insurgentes.
XX. LAS MASACRES: VIOLENCIA COLECTIVA
CONTRA LA POBLACIÓN INDEFENSA
Introducción
3052.
La gran cantidad de operaciones militares en las que se perpetra-
ron matanzas contra la población indefensa, que el lenguaje popular de-
nominó masacres, es uno de los fenómenos más característicos del enfren-
tamiento armado en Guatemala, especialmente durante el período que va
de junio de 1981 a diciembre de 1982. Estos 18 meses concentraron el
64% de todas las masacres documentadas por la CEH, así como el 76%
de las ejecuciones arbitrarias perpetradas durante masacres. Fueron los
meses más teñidos de muerte, destrucción y dolor en la historia contem-
poránea del país.
3053.
En la mayoría de los casos, las masacres no se limitaron a la elimi-
nación masiva de individuos, sino que fueron cometidas mediante accio-
nes de barbarie de tal magnitud que, en una primera lectura, hasta podrían
provocar cierta incredulidad. Sin embargo, las imágenes —todavía vivas en
249
los testigos— de cuerpos degollados, cadáveres mutilados, mujeres emba-
razadas con sus vientres abiertos a bayoneta o machete, cuerpos “sembra-
dos” en estacas, “olor a carne quemada” de las personas abrasadas vivas y pe-
rros devorando los cadáveres abandonados que no se pudieron enterrar, co-
rresponden a lo realmente acaecido. La reiteración de los hechos en dece-
nas de comunidades, contados por miles de personas que dieron sus testi-
monios en forma individual o colectiva y recogidas en otras fuentes plena-
mente confiables registradas por la CEH, los hace innegables. Asimismo,
las exhumaciones realizadas en casos de masacres han aportado elementos
de prueba material sobre el grado de sevicia con que se realizaron.
3054.
En muchos casos, las masacres incluyeron acciones de pillaje de los
bienes de las víctimas o la destrucción de sus casas, cultivos, animales, ollas,
piedras de moler, ropa y todo lo que tenían para su supervivencia material,
en operaciones que se han denominado, de tierra arrasada. De esta mane-
ra, la vida se rompió para decenas de miles de personas que habitaron los
cinco departamentos donde más se concentraron estas operaciones milita-
res. Las huellas físicas, pero especialmente las psíquicas, están aún presen-
tes en las comunidades.
3055.
La exposición de este análisis de las masacres, que es resultado de
la investigación de casos concretos, empieza con una precisión de las defi-
niciones y conceptos utilizados; sigue un breve análisis estadístico, para re-
velar las dimensiones del fenómeno y su ubicación en el tiempo y el espa-
cio. Luego, se analizan algunas características más comunes de las masa-
cres, para entender tanto su complejidad y estructura como operaciones
militares, así como sus objetivos. Por último, se hace un análisis más deta-
llado de las masacres en las áreas de operación del Ejército, durante el pe-
ríodo de junio de 1981 a diciembre 1982. En general este análisis se con-
centra en las masacres perpetradas durante la etapa más álgida del enfren-
tamiento armado, es decir de 1978 a 1983.
Definiciones y conceptos
Las masacres
3056.
La CEH ha utilizado, para referirse a las violaciones de derechos
humanos, conceptos propiamente jurídicos, como ejecuciones arbitrarias,
tortura, detención arbitraria, etc. Sin embargo, puesto que el esclareci-
miento histórico que está llamada a hacer quedaría trunco si no se analiza-
ra en su integridad este fenómeno propio del enfrentamiento armado en
Guatemala, cuyo “núcleo duro” consiste en ejecuciones arbitrarias de varias
personas, ha decidido hacer suyo el término “masacre”, que no correspon-
de a un concepto jurídico sino a la adecuada denominación que el pueblo
250
de Guatemala ha asignado a estas matanzas crueles contra grupos de per-
sonas indefensas, cometida por cualquiera de las partes en el enfrentamien-
to armado. (Las masacres cometidas por las diferentes organizaciones gue-
rrilleras aparecen en el apartado sobre los hechos de violencia en este mis-
mo capítulo).
3057.
El eje de una masacre es, como se ha adelantado, la concurrencia
de varias ejecuciones arbitrarias. Si estas no se perpetran, no hay masacre.
No obstante, lo que caracteriza a la mayoría de las masacres, además de las
ejecuciones, es una acumulación de graves violaciones de derechos huma-
nos, como torturas, tratos crueles, desapariciones forzadas y violaciones se-
xuales, y también hechos aberrantes, tales como la mutilación de cadáve-
res, y la destrucción de bienes de personas, comunitarios y destinados al
culto. Es este conjunto de hechos, que preceden, acompañan o siguen a las
ejecuciones, el que otorga significación histórica a las masacres, como fe-
nómeno explicativo de lo ocurrido en Guatemala.
3058.
La CEH ha definido una masacre como la ejecución arbitraria de
más de cinco personas, realizada en un mismo lugar y como parte de un
mismo operativo, cuando las víctimas se encontraban en un estado de in-
defensión absoluta o relativa.
3059.
En esta definición, el concepto de “en un mismo lugar” puede refe-
rirse a espacios físicos de diversa índole. Este espacio puede ser una casa,
un barrio, un cantón, finca o aldea e, incluso, aldeas colindantes. En este
último caso, la calidad de “un mismo lugar” se aplica a un área más amplia
que una aldea, cuando las circunstancias documentadas de las ejecuciones
arbitrarias y otras violaciones demuestran que éstas se produjeron como
parte de un sólo operativo militar.
730
3060.
La expresión “como parte de un mismo operativo” alude, en primer
lugar, a un elemento intelectual, es decir, la planificación de la acción. Des-
de luego, significa que los hechos deben haberse realizado en el curso de
un plan de acción continuo que persiguió un objetivo común, aunque di-
chas ejecuciones y otras violaciones hayan ocurrido, una con respecto a
otra, en espacios distintos (por ejemplo, en una casa, en el mercado, etc.,
o algunas en una aldea y otras en el camino que conduce a la misma). En
segundo término, debe haber existido una continuidad en el tiempo, de tal
suerte que, aunque las violaciones no se hayan perpetrado en forma simul-
tánea, el tiempo que medie entre una y otra confirme que fueron parte de
un mismo operativo.
3061.
El “estado de indefensión” puede ser absoluto o relativo. La indefen-
sión absoluta es aquella situación en que las víctimas se encontraban sin
medio de defensa alguno, desarmadas, o en la imposibilidad total de reac-
cionar frente a la acción ejercida en su contra. En cambio, se configura la
251
730 Por ejemplo, en una operación militar en un cantón cuando la gente huía ante el ataque y el Ejér-
cito la persiguió, dándoles muerte a algunos ya en otro cantón o aldea.
indefensión relativa cuando existía evidente desproporción, en calidad o
cantidad, entre los medios de ataque de los agresores y los medios de de-
fensa de las víctimas. Por ejemplo, cuando los primeros contaban con ar-
mas de fuego y las segundas con machetes o piedras.
3062.
Un aspecto que conviene adelantar es la calidad de las víctimas de
las masacres, por cuanto en una proporción importante se trata de sujetos
que en el sistema universal y regional gozan de una especial protección, es-
to es, población civil indefensa, niños, mujeres y población indígena. Por
lo anterior y conforme al marco jurídico general de la CEH, son aplicables
a las masacres las normas contenidas en el Derecho Internacional de los de-
rechos humanos, en el Derecho Internacional Humanitario —Artículo 3
común— y en el derecho constitucional interno.
3063.
En el marco del Derecho Internacional Humanitario, el Artículo 3
común de los Convenios de Ginebra de 1949 obliga a cada una de las Par-
tes en conflicto a aplicar normas mínimas respecto de las personas que no
participan directamente en las hostilidades —población civil—, de miem-
bros de fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y de las personas
puestas fuera de combate, y prohíbe en cualquier tiempo y lugar “los aten-
tados contra la vida, la integridad corporal, especialmente el homicidio en to-
das sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios”.
3064.
Durante su trabajo de campo, la CEH recibió testimonios que le
permitieron documentar 626 masacres cometidas por las fuerzas del Esta-
do, principalmente el Ejército, apoyado en muchos casos por estructuras
paramilitares tales como las PAC y los comisionados militares (Véase el
apéndice sobre masacres perpetradas por fuerzas del Estado, al final de es-
te capítulo).
3065.
La CEH ha centrado el análisis de las masacres en su relación con
la estrategia y los planes militares, analizando sus características, frecuen-
cia, fechas y ubicación geográfica en relación con las estrategias y los pla-
nes de campaña del Ejército.
731
3066.
Mediante el análisis de los casos se identificaron tres patrones de
masacres que fueron reiterados: las masacres selectivas, las masacres indis-
criminadas sobre población residente y las masacres indiscriminadas sobre
población desplazada. No todos los casos de masacres presentados a la
CEH corresponden a uno de estos patrones; tampoco se intentó estable-
cer una tipología que incluyera todas las masacres. Más bien, la utilización
de estas categorías de análisis responde a su utilidad para profundizar en la
investigación sobre el eventual carácter sistemático y planificado de estas
operaciones de violencia y destrucción colectiva.
252
731 Este aspecto de la investigación se vio dificultado por sólo contar con los planes de campaña emi-
tidos a partir de junio de 1982; los anteriores planes no fueron entregados por el Ejército a la
CEH. Sin embargo, el uso de los otros instrumentos que se describen a continuación permitie-
ron complementar la información oficial.
Las masacres selectivas
3067.
La masacre selectiva invariablemente incluye, como patrón propio,
algún elemento claro de selección de las víctimas, individualmente consi-
deradas. Entre estos elementos utilizados por los victimarios se distinguen:
los listados de nombres llevado por los hechores; el empleo de un “señala-
dor”, una persona generalmente encapuchada que identificaba ante los vic-
timarios a los supuestos guerrilleros o sus colaboradores; la ejecución arbi-
traria de determinados miembros de una o ciertas familias; o la ejecución
arbitraria de determinados miembros de un grupo, como cooperativistas,
rezadores, catequistas. Es importante notar que en muchos de estos casos
el “señalador” había sido capturado previamente y luego torturado para lo-
grar su colaboración en este tipo de operaciones.
3068.
Así ocurrió, por ejemplo, en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango
en julio de 1982, en medio de la campaña militar más intensa en esa re-
gión:
“Aquel día los soldados llegaron llevando a un guerrillero enmascara-
do y amarrado. Tenía como una gorra sobre su rostro ... reunieron a
las mujeres en un lugar, y a los hombres en otro. A ellos los pusieron
en cinco filas, luego el guerrillero pasó cinco veces entre los hombres ...
diciendo ‘aquél sí, aquél no’ ... Este guerrillero caminaba como un lo-
co. No podía caminar bien y apenas logró sostenerse en pie. Vimos una
parte de su cara que estaba hinchada y tenía moretones, tal vez lo ha-
bían torturado. Creo que ya había perdido el control y sólo imagina-
ba quienes entre nosotros eran guerrilleros ... Después de haber seña-
lado 37 o 38 hombres el Ejército nos obligó a afilar palos igual que
los palos que usamos para sembrar maíz. Nos preguntó el teniente,
‘¿Saben cómo matar a la gente?’ ... Nos enseñó cómo matar, era como
sembrar milpa, sólo que en el cuello de las gentes en vez de en la tie-
rra. Nos dijo el teniente, ‘Ustedes saben cómo manejar machetes’, y nos
obligó a machetear a nuestros hermanos. A unos les quitamos la cabe-
za, a otros los brazos. Unos aguantaron mucho y sufrieron mucho el
dolor. Al fin unos quedaron puros trozos, otros no murieron. ‘¿Por qué
no murió éste?’, dijo el teniente. ‘¿Saben ustedes cómo manejar esta ar-
ma?’, y luego él disparó a los que no habían muerto todavía. La ver-
dad es que no sabíamos manejar armas. Luego obligaron a los hom-
bres a hacer un hoyo grande para echar los cuerpos. Los cadáveres to-
davía se encuentran allí”.
732
253
732 C 6075. Julio, 1982. San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
3069.
Los casos de masacre selectiva revisten un particular interés para la
CEH, en la medida que en ellos se observa con mayor nitidez el trabajo
previo de Inteligencia, la planificación y la intencionalidad en las operacio-
nes. La inclusión de una determinada masacre dentro de esta categoría im-
plica haber constatado que en el hecho investigado hubo selectividad de las
víctimas, acertada o no en su aplicación.
Las masacres indiscriminadas sobre población residente
3070.
La masacre indiscriminada sobre población residente incluye, co-
mo patrón propio, que no existió ningún elemento de selección individual
de las víctimas. Estas todavía residían en sus comunidades o bien se encon-
traban en sus actividades cotidianas (trabajando en sus milpas, caminando
de un lugar a otro, o comprando en el mercado del pueblo). Son los casos
en que las fuerzas estatales simplemente mataron a quienes encontraron en
sus casas, en el camino o sus lugares de trabajo, muchas veces después de
haber cercado el lugar.
3071.
Un ejemplo de este patrón se produjo en la hacienda San José del
Río Negro, Cobán, Alta Verapaz.
“Los soldados habían ingresado a la comunidad desde el día 20 de oc-
tubre de 1982 y realizaron la masacre el día 22. Mataron a todos los
que se encontraban en el lugar, salvo a una persona que logró huir y
es el único sobreviviente. Antes de iniciar las ejecuciones, las mujeres
fueron separadas de los hombres y violadas sexualmente. A todos se les
negó el alimento durante dos días. El día de la masacre los hombres
fueron levantados y obligados por miembros de la tropa a cavar una
zanja. Una vez finalizada la tarea, todos los miembros de la comuni-
dad fueron forzados a hacer una fila alrededor de la zanja, y a cada
uno le preguntaron dónde estaban los comunistas y los guerrilleros. En
la medida que no respondían, un teniente daba la orden de asesinar
a machete a cada una de las víctimas, incluidos los niños. Luego de
que los cuerpos caían en la zanja, el teniente ordenaba rematarlos con
ráfagas de ametralladora. Después la tropa saqueó las casas, para lue-
go quemarlas y comerse a los animales domésticos que quedaban. An-
tes de abandonar el lugar machetearon la milpa y los frijoles y le pren-
dieron fuego”.
733
3072.
Se incluye entre las masacres indiscriminadas los casos en los cua-
les los victimarios llegaron a buscar a ciertos individuos y, al no encontrar-
los, ejecutaron a quienes estaban presentes en el lugar.
254
733 C 9001. Octubre de 1982. Cobán, Alta Verapaz.
3073.
Este tipo de masacre adquiere una especial relevancia, porque de-
muestra la predeterminación estatal de grupos de personas como objetivo
de operaciones criminales; las personas se convirtieron en blancos simple-
mente por pertenecer a un grupo identificado como enemigo, indepen-
dientemente de las características particulares de cada individuo del grupo.
En este sentido, la existencia de este patrón constituye un antecedente de
las conclusiones sobre la existencia de actos genocidas, contenidas en el
apartado respectivo del presente capítulo.
Las masacres indiscriminadas sobre población desplazada
3074.
La masacre indiscriminada sobre población desplazada incluye, co-
mo patrón propio, que las víctimas fueron personas que huían de las ac-
ciones represivas en sus comunidades, sin que existiera ningún elemento
de selección individual. Son las masacres de personas que habían dejado
sus lugares de residencia, buscando refugio en las montañas, barrancos o
bosques, o habían iniciado la huida hacia México. Las operaciones milita-
res perpetradas sobre estas colectividades revistan especial interés para la
CEH porque demuestran la intención de aniquilar a la población, a sa-
biendas de que ya no contaba con los medios materiales para su propia so-
brevivencia, ni mucho menos para colaborar con la insurgencia, si es que
lo habían hecho antes. De manera similar al patrón anterior, proporciona
elementos de convicción para establecer la comisión de actos genocidas.
3075.
Un ejemplo de este patrón ocurrió en San Cristóbal Verapaz, Al-
ta Verapaz en 1982, cuando después de haber sufrido acciones represivas
en su contra, la comunidad se encontró frente a la disyuntiva de quedar-
se o huir:
“A estas alturas era de tomar una decisión, ya que si nos quedábamos
en la casa, de todos modos se moría a manos de los soldados. Fue por
eso que salimos a escondernos en las montañas ... En una ocasión el
Ejército y las patrullas nos acorralaron ... nos atacaron por todos la-
dos. El objetivo era acabar con nosotros, matarnos ... Comenzó una
fuerte persecución ... Durante la persecución ... cayeron 17 compañe-
ros en manos del Ejército, entre hombres, mujeres y niños”.
734
La destrucción comunitaria
3076.
Independientemente del patrón de las acciones, en un importante
porcentaje de masacres registradas por la CEH, se presentaron elementos
adicionales que indican la finalidad de eliminar las bases de subsistencia de
la comunidades, provocar su desarticulación o destrucción, así como de-
255
734 C 9228. 1982. San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.
sintegrar sus organizaciones y demás mecanismos de acción colectiva. Los
elementos más importantes en este sentido fueron: la destrucción física de
las comunidades, de las casas, cultivos y animales, así como de los centros
de oración, las escuelas, los salones comunales y demás edificios comuni-
tarios; la utilización y profanación de las iglesias como centros de tortura y
de ejecuciones; la destrucción de elementos materiales como el maíz y las
piedras de moler que a la vez conllevan un fuerte sentido simbólico para la
cultura, y el involucramiento obligado de miembros de las mismas comu-
nidades u otras vecinas, generalmente mediante las PAC o los comisiona-
dos militares, en estas acciones. En las comunidades mayas esta dimensión
colectiva de la destrucción conlleva un indudable elemento de desestruc-
turación cultural.
Las masacres en cifras
3077.
La CEH registró un total de 626 casos de masacres atribuibles al
Ejército de Guatemala, fuerzas de seguridad, o estructuras paramilitares
como las PAC y los comisionados militares, en todo el período del man-
dato, incluyendo cinco sobre población refugiada en territorio mexicano
en 1982 y 1983. En estas acciones se cometieron el 69% de todas las eje-
cuciones arbitrarias documentadas por la CEH, así como el 41% de las
violaciones sexuales y el 45% de las torturas. Claramente, las masacres fue-
ron la expresión más concentrada de la fuerza represiva del Estado.
3078.
En el 63% de las masacres documentadas por la CEH, el Ejército
actuó solo, mientras en otro 27% se hizo acompañar en sus operaciones
por miembros de las PAC o comisionados militares. Un 3% de las masa-
cres fueron atribuibles a miembros de las PAC y un 1% a los comisiona-
dos militares, actuando éstos sin la presencia inmediata del Ejército (Véase
G
RÁFICA
13).
256
GRÁFICA 13: Total de masacres, según responsable agrupado combinado
GUATEMALA (1962-1996)
1%
1%
1%
3%
5%
27%
63%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Fuerzas de seguridad
Comisionados militares solos
Comisionados/PAC
PAC solos
Ejército, otros grupos
Ejército/comisionados/PAC
Ejército solo
Porcentaje
Responsable agrupado combinado
3079.
Las masacres de los primeros 15 años del enfrentamiento armado
se realizaron principalmente en contra de la población campesina y ladina
del Oriente del país, en los departamentos donde se habían asentado las
primeras columnas guerrilleras. En contraste, durante el período mas álgi-
do (1978-1984), respondiendo a los planes contrainsurgentes, estas opera-
ciones militares se concentraron principalmente sobre las comunidades
mayas de cinco departamentos del Altiplano.
3080.
Del total de masacres, el 95% (595 casos) fueron perpetradas entre
1978 y 1984. En este período, un 90% de las masacres registradas por la
CEH ocurrieron en Quiché (52%), Huehuetenango (14%), Chimaltenan-
go (10%), Alta Verapaz (9%) y Baja Verapaz (4%) y en ellas murió el 97%
de todas las víctimas de ejecuciones arbitrarias perpetradas en masacres du-
rante todo el período del enfrentamiento armado (Véase G
RÁFICA
14).
3081.
De esta manera, los muertos se concentraron en la población ma-
ya, siendo los k’iche’ los más afectados, habiendo sufrido el 25% de las eje-
Número de masacres por departamento
perpetradas por fuerzas del Estado
(1962-1996)
Departamento 1962-70 1970-78 1978-85 1985-96 Total
Chiquimula 4 1 3 8
Zacapa 1 1
Izabal 1 1 2
Quetzaltenango 1 4 5
San Marcos 1 14 15
Alta Verapaz 1 53 1 55
Quiché 318 6 327
Huehuetenango 83 83
Chimaltenango 62 1 63
Baja Verapaz 26 26
Sololá 12 2 14
Petén 12 12
Guatemala 3 3
Escuintla 2 2
Suchitepéquez 2 2
Retalhuleu 1 1
Sin identificar 1 1
México 5 5
TOTAL 7 3 601 11 626
257
Véase A
PÉNDICE
1.
cuciones arbitrarias en masacres, seguidos por los kaqchikel (14%), los ixil
(13%), los q’eqchi’e (11%), los achi (8%), los mam (6%) y los chuj (5%).
Un 7% de las víctimas ejecutadas en masacres eran ladinos. Estas cifras con
respecto a las víctimas ixil, achi y chuj son especialmente significativas ya
que son mucho mayores que los porcentajes de población de estos grupos
en relación a la población nacional (Véase G
RÁFICA
15).
3082.
El 54% de los casos presenta hechos de extrema crueldad en la co-
misión de las masacres; de éstos, el Ejército de Guatemala participó en un
97%, ya sea actuando sólo o haciéndose acompañar por miembros de las
PAC o comisionados militares. Asimismo, el 27% de las masacres registra-
258
GRÁFICA 14: Total de masacres, según departamento
(los 5 más frecuentes)
GUATEMALA (1979-1985)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1979 1980 1981 1982 1983 1984
1985
Años
QUICHE
HUEHUETENANGO
CHIMALTENANGO
ALTA VERAPAZ
BAJA VERAPAZ
No. de casos
GRÁFICA 15: Total de víctimas de ejecuciones arbitrarias en masacres
con participación del Estado, según pertenencia étnica
GUATEMALA (1962-1996)
25%
14%
13%
11%
8%
6%
5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
K'iche Kaqchikel Ixil Q'eqchi' Achi Mam
Chuj
Pertenencia étnica
Porcentaje
das fueron acompañadas por acciones de destrucción física de bienes ma-
teriales particulares o comunitarios; la participación del Ejército en estos
caso alcanzó el 98%.
Las masacres: de la violencia a la barbarie
3083.
Las cifras revelan la magnitud del fenómeno de las masacres como
parte de las operaciones militares del Ejército para acabar con el enemigo
interno. En la aplicación de la estrategia contrainsurgente, cientos de co-
munidades fueron arrasadas en diferentes regiones del país a lo largo del
enfrentamiento armado. Los métodos utilizados durante estas ejecuciones
colectivas demuestran el nivel de crueldad con que los hechores se ensaña-
ron contra las víctimas, todas ellas población civil indefensa y desarmada.
3084.
El impacto de las masacres no se entiende observando únicamen-
te las cifras, sino que requiere también un análisis cualitativo de esta vio-
lencia despiadada, que revelan tanto la lógica de las estrategias y las tácti-
cas militares como el horror que implicaban para las poblaciones víctimas.
La masacre de Chisís, San Juan Cotzal, departamento de Quiché, el 13 de
febrero de 1982, recoge un gran número de características que, según ha
constatado la CEH, se repite en la mayoría de las masacres estudiadas.
3085.
La aldea de Chisís se encuentra en la región ixil, lugar caracteriza-
do por su extrema pobreza, un tradicional abandono por parte de las ins-
tituciones nacionales y una fuerte concentración de la tierra. Aunado a es-
to, predomina en la región un fuerte racismo que condiciona las relaciones
socioeconómicas, siendo los dueños de las grandes fincas ladinos, mientras
que los microparcelarios son de origen ixil. En esta región, desde mediados
de los años setenta, el EGP comenzó a desarrollar su trabajo organizativo.
Luego de un ataque de este grupo guerrillero al destacamento militar de
San Juan Cotzal del 19 de enero de 1982, un grupo de soldados llegó y
convocó a una reunión de los líderes de la comunidad. Llegaron con una
lista con los nombres de los supuestos colaboradores de la guerrilla. Cap-
turaron a cuatro hombres cuyos nombres aparecían en la lista y posterior-
mente los desaparecieron. Asimismo, este día obligaron a los hombres de
la comunidad a formar las PAC. El 11 de febrero de 1982, la guerrilla ata-
có un helicóptero que sobrevolaba cerca de la aldea Chisís. De nuevo la
respuesta no se hizo esperar y dos días después, el 13 de febrero, el Ejérci-
to acompañado de patrulleros civiles de San Juan Cotzal irrumpió en la co-
munidad masacrando alrededor de doscientas personas. A continuación
los hechos de esta masacre son narrados por un grupo de testigos ante la
CEH, sobrevivientes de esta operación.
“Cuando el Ejército entró en esta aldea de Chisís vino de Santa Ave-
lina con un grupo de Tzitnay y otro grupo de Secal, una aldea
259
cercana, tres grupos ... como a las cinco de la mañana ... entraron los
soldados sin ruido, sin bulla cuando entraron aquí a nuestra aldea”.
“Muchas gentes salieron de madrugada, fueron a comprar al merca-
do. Entonces cuando encontraron a los soldados … entonces los sol-
dados dicen, ‘vayan, regresen a sus casas muchá porque ya llegamos
nosotros, vamos a platicar, entonces poco a poco regresen muchá a sus
casas’ así. Entonces la confianza, mucho gusto dijeron, entonces se re-
gresaron a sus casas con confianza.”
“Muchos grupos de soldados ocuparon nuestra aldea, ocuparon como
cerco, pusieron cerco y entonces toda la gente tuvo confianza porque
estaba organizada de parte de los soldados, ninguno salió de sus casas
porque ya tenían buena confianza”.
“La gente ya estaba bien organizada con los soldados, ya estaban ar-
madas las patrullas, cuando vienen los soldados toda la gente ya esta-
ba con confianza, vienen los soldados y les dicen: ‘¿Qué tal? Buenos
días, buenos días, entren en su casa”.
“No juntaron a la gente, sino que fueron casa por casa, poco a poco
venían, caminando como si fuera fuego”.
“Mi marido se quemó en mi casa, vinieron los soldados y las patru-
llas, vinieron a matar a mi marido, quemaron en mi casa todo, has-
ta mis piedras de moler, mis machetes, mis ropas, todos se quemaron.”
“A su mujer Juana, primero la violaron delante de su sobrina y des-
pués la amarraron dentro de la casa delante de todos los hijos ... des-
pués le prendieron fuego a la casa. Cuando quemaron la casa estaban
adentro las personas vivas y amarradas. Así fue con toda la gente que
se encontraba en sus casas, a todos los quemaron vivos”.
“Los soldados entraron en la casa y amontonaron a toda la familia,
también patojitos como de siete años, amarraron a los señores y mata-
ron a los niños, mientras los señores ya estaban amarrados. Se queda-
ron mirando que se estaban quemando sus hijos y su casa también”.
“Escuchamos las bullas, las gritaderas de las casas, que estaban gol-
peando a la gente, decía un mi tío que nos fuéramos, pero mi abuelo
dijo que no, ‘si usted tiene miedo sálgase’, dijo, ‘yo tengo mi autoridad
y estoy cumpliendo mi deber’ ... Mi abuelo tenía un bastón como se-
260
ñal de autoridad que le dio el alcalde de San Juan Cotzal. A decir de
él, el Ejército no le iba a hacer nada porque era autoridad. Mostró su
bastón ante los soldados, pero su bastón lo echaron al fuego y a él lo
amarraron dentro de la casa”.
“Un grupo de patrulleros estaba en el borde de la aldea, andaban
veinte muchachos jóvenes, como de 18 años, estaban colocando una
bandera, cuando vieron que los soldados se acercaban ... los soldados
dijeron, ‘¿Qué tal, cómo están ustedes?’. Los jóvenes contestaron: ‘esta-
mos patrullando’. Entonces los soldados les ordenaron que se formaran
... los veinte jóvenes formaron una cola y los soldados volaron sus ca-
bezas, los apuñalaron, los machetearon, les dispararon…”
“Por no querer matar a su gente agarraron a diez patrulleros y los me-
tieron en una casa. Allí los masacraron a puro tiro, a los diez al mis-
mo tiempo, como matar hormiga con veneno”.
“Saber cuánto número de Ejército vino aquí para masacrar a toda la
gente, e incendiar las casas y quemar nuestros ranchos, y quemar la
troja y quemar nuestro maíz y quemar frijol y quemar las chamarras,
todo, todo eso. Salimos sin ropa ... todos hasta mujeres embarazadas,
hasta niños menores de edad, todos los que están en su casa, todos mu-
rieron por culpa del Ejército”.
“Porque a mi abuela la quemaron allí, se quedó sólo en huesos allí y
los chuchos se los comieron también, como ya eran sabrosos verdad,
porque ya estaban quemados, y tres de mis tíos y una mi abuela así
cerca”.
735
3086.
En esta masacre están presentes varios elementos que caracteriza-
ron las operaciones militares contra comunidades sospechosas de tener al-
gún vínculo con la guerrilla. Estos incluyen tácticas propias de operaciones
militares, como el elemento sorpresa, el uso del engaño y el cerco militar;
la participación de las PAC y los comisionados militares como forma de
involucrar a la población civil y obtener su complicidad; el uso deliberado
del terror ejemplificante a través de actos de extrema crueldad, con los que
se puede conseguir la paralización de la población y su aislamiento defini-
tivo de la guerrilla, y la destrucción y disgregación de la comunidad física,
cultural y espiritualmente, siguiendo la lógica de “quitar el agua al pez” y
261
735 CI 92. Febrero, 1982. San Juan Cotzal, Quiché.
destruyendo su sustento humano y material. Estas características se repiten
en todos los departamentos donde se concentraron las masacres durante el
período más álgido del enfrentamiento.
736
Tácticas militares
3087.
Varias fueron las tácticas propiamente militares, pero utilizadas
contra la población civil, destinadas a impactar, con las masacres, al mayor
número de personas posible e impedir la defensa y la eventual fuga de las
personas, o que las mismas dieran aviso a comunidades vecinas. General-
mente, los soldados irrumpían en las comunidades de manera inesperada
y abrupta, sacando máximo provecho al elemento sorpresa. El Ejército en
muchos casos se aproximó a las comunidades de madrugada, sorprendien-
do las personas en sus casas, mientras dormían o se preparaban para salir a
trabajar.
“Un domingo creo, a la una de la mañana, cuando todo el mundo es-
taba durmiendo, unos militares se acercaron al pueblo. No sé cuantos
eran, nadie veía algo. Eran del destacamento de Santa Cruz Barillas.
La gente se despertó cuando las balas empezaron a entrar en las casas.
Los militares estaban disparando por las ventanas, luego entraron en
las casas, entraron para matar a la gente, y después las rompieron”.
737
“Ese día los habitantes de esta comunidad nos encontrábamos en cal-
ma, había amanecido y, como todos los días, hombres y mujeres nos
preparábamos para nuestros trabajos diarios. A las seis de la mañana,
esa tranquilidad fue interrumpida, nosotros escuchamos mucha bulla,
la gente corría y gritaba, también escuchamos muchos disparos, como
si se tratara de una guerra, entonces comprendimos que algo malo su-
cedía. Cuando salimos de nuestra casa, uno de los vecinos nos gritó:
‘Corran, allí vienen los soldados a matarnos’. Sin pensar salimos co-
rriendo, llevándonos a nuestros pequeños hijos como pudimos...”
738
3088.
En otros casos, el Ejército no sólo empleó el elemento sorpresa, si-
no que hizo uso del engaño y aprovechó la ingenuidad de la gente para im-
pedir su posible huida. Se aprovechaba así la confianza que la población te-
nía en la institución castrense, en un primer momento, o el miedo a las te-
rribles consecuencias que suponía desobedecer las órdenes del Ejército.
262
736 Los casos seleccionados para ilustrar diferentes aspectos del texto han sido seleccionados en par-
te para reflejar esta amplitud regional. Son por lo general casos de Quiché, Huehuetenango, Chi-
maltenango, Alta Verapaz y Baja Verapaz.
737 C 6023. Septiembre, 1982. San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
738 C2756. Marzo, 1982. Zacualpa, Quiché.
“El 14 de julio de 1981, llegaron los militares, que un día anterior
habían enviado una nota con un informante de la patrulla diciendo
que llegarían y que la persona que no se encontrara en esta reunión
era porque colaboraba con la guerrilla. Hacían esto para que la gen-
te no saliera del pueblo”.
739
“El 8 de enero de 1982 como a las once de la mañana engañaron a
la gente. Dijeron que nos reuniéramos en la clínica para entregar ju-
guetes a los niños, suéteres a los hombres para hacer patrulla. Al mis-
mo tiempo ordenaron los morteros alrededor, morteros de 105 mm.,
trajeron una camioneta y un camión. Había bastantes. Estaban cin-
co judiciales con las caras tapadas. Dieron uno como medio juguete a
los niños. Se terminó de dar el regalo ... Al día siguiente había sangre
en la clínica. Murieron 32 personas”.
740
3089.
En muchos casos el Ejército recurrió al cerco militar,
741
que venía a
reforzar el elemento sorpresa. No sólo se impedía a la población que se en-
contraba en la comunidad escaparse de la muerte, sino que a aquellos que
se encontraban en las afueras de la localidad, camino a otros lugares, se les
forzaba a regresar. El uso del cerco facilitaba la consecución de los objeti-
vos prioritarios.
“Llegaron por la Estancia de la Virgen, formaron tres frentes y rodea-
ron la comunidad. Hombre que encuentran, hombre que se llevan”.
742
“El 17 de julio, dos días más tarde, a las seis de la mañana los solda-
dos llegaron en Yalambojoch. Pasaron casa por casa para obligar a to-
dos, hombres, mujeres y niños a presenciar otra reunión. Rodearon to-
da la aldea y vigilaron todos los caminos para que nadie escapara”.
743
“Llegaron como 600 patrulleros de diferentes lugares y dos batallo-
nes del Ejército, rodearon la aldea para que no saliera ninguno ...
traían personas de otros lados y en la escuela los estuvieron tortu-
rando”.
744
263
739 C 6074. Julio, 1981. San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
740 C 9094. Enero, 1982. Rabinal, Baja Verapaz.
741 Como parte de la capacitación de mandos, se incluye en los manuales de entrenamiento con va-
rios detalles los procedimientos para cercar una aldea. Ejército de Guatemala, Manual de guerra
contrasubversiva.
742 C 48. Febrero, 1982. San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.
743 C 6095. Julio, 1982. Nentón, Huehuetenango.
744 C 343. Septiembre, 1982. Tecpán Guatemala, Chimaltenango.
3090.
Además de las tácticas utilizadas en la masacre descrita, la CEH ha
establecido que la elección previa del día de la operación era otro elemen-
to clave de la táctica destinada a lograr la máxima concentración de pobla-
ción en un mismo punto. La CEH comprobó que, en muchas masacres,
el Ejército incursionó en un día importante para las comunidades, ya fue-
ra día de fiesta o de mercado, fechas en las que se aseguraba que la pobla-
ción estaría congregada.
“Un domingo del mes de mayo de 1981 era día de mercado en la fin-
ca San Francisco de Cotzal. Como todos los días domingo, mucha
gente estaba reunida, proveniente de varias aldeas cercanas a la finca
... A mediodía llegaron en camión 100 hombres armados, vestidos de
particular, al mando del jefe del destacamento militar de Cotzal ...
Rodearon la plaza central y el jefe ordenó a toda la gente que forma-
ra una gran fila...”
745
“El 15 de septiembre de 1981 nosotros tenemos la costumbre de ver el
desfile de los niños. Ese año [1981] el Ejército, los judiciales y los pa-
trulleros estaban en el campo y se dedicaron a agarrar a la gente y a
matarlos en el pueblo ... Ese día mataron como a ochocientas perso-
nas, masacraron a las personas que estaban vendiendo o comprando,
era día de feria, las personas que no regresaron a sus casas bajaron de
sus comunidades para divertirse ... La plaza se llenó de muertos”.
746
“Era jueves santo, la población de Cocob estaba preparando la fiesta.
En la mañana rodearon la comunidad ‘puros kaibiles, puros soldados,
grandes, fuertes’... Dijeron: ‘De plano, ustedes son guerrilleros, por eso
están concentrados’. La comunidad quedó arrasada”.
747
Involucramiento de la población civil
3091.
Conforme a los datos de la CEH, las PAC participaron en casi una
de cada cinco masacres atribuidas a los agentes del Estado. Las PAC, ya
fueran de comunidades aledañas o de la comunidad afectada, estaban obli-
gadas a seguir las órdenes de los oficiales al mando, bajo amenaza de per-
der su propia vida.
“Todos sabemos lo que hicieron los hombres en la matanza del cemen-
terio, obligados por los soldados. Todos tenían alguna familia y mata-
264
745 C 3141. Mayo, 1981. San Juan Cotzal, Quiché.
746 C 9160. Septiembre, 1981. Rabinal, Baja Verapaz.
747 C 304. Abril, 1981. Nebaj, Quiché.
ron a sus familias, a sus hermanos, pero sabemos que fueron obligados
y en ese tiempo sabemos que hay que hacer lo que dicen los soldados,
porque si no, vamos a morirnos todos, pero siempre queda el dolor, la
pena de que mataron a sus hermanos. El miedo echó mucha raíz, es
salvaje ver como nuestra misma gente se mata ... sólo malas ideas vi-
no a traer la violencia, ideas de robar, de tomar, de maltratar”.
748
“Esos 15 hombres no querían matarlos [los patrulleros] pero tenían
que cumplir eso bajo amenaza. El teniente del Ejército dijo, ‘si no
quieren matar, los vamos a matar a ustedes’ ... Así fue que a unos
treinta les quitaron la cabeza y a otros les cortaron cualquier parte del
cuerpo. Unas de las víctimas estaban gritando hasta que los mataron
con golpes. Mataron a los hombres con machetazos cortándoles en tro-
zos. Cortaron los hombres como se corta leña. A unos los mataron a
balazos. Los hombres no se pudieron defender porque tenían amarra-
das sus manos hacia atrás. Luego ellos se cayeron. Los soldados habían
obligado a los vecinos de Cebeb a matar a los que había señalado el
guerrillero o sea matar a sus familiares y paisanos. Los soldados ame-
nazaron con matar a los que no querían matar a sus vecinos”.
749
3092.
También se dieron casos en que las PAC actuaron sin la presencia
del Ejército. En estas masacres los patrones utilizados en la ejecución de los
operativos eran similares a los seguidos por tropas de la Institución
Armada. Ello, porque probablemente habían participado con anterioridad
en operaciones similares, o porque habían sido preparados militarmente
para tal fin. Del mismo modo, en muchas ocasiones los patrulleros hicie-
ron referencia a que estaban cumpliendo órdenes del Ejército. Aún en los
casos en que las PAC actuaron solas, nunca se les sancionó por las accio-
nes cometidas; incluso, en algunos casos los hechores recibieron un reco-
nocimiento de parte de las autoridades.
“Muchos empezaron a suplicar, porque iban a matar a nuestras pro-
pias familias, pero los responsables [jefes de las PAC] dijeron que era
orden del Ejército que venía de Chimaltenango y que se tenía que
cumplir”.
750
3093.
En otro caso, ocurrido en el Ixcán, las PAC fueron utilizadas para
detectar y masacrar a un grupo de población desplazada. Unas veinte per-
sonas desplazadas que huían de la violencia de sus comunidades, iban ha-
265
748 CI 43. Enero, 1982. Santa Cruz del Quiché, Quiché.
749 C 6074. Julio, 1981. San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
750 C 2990. Agosto, 1982. Chichicastenango, Quiché.
cia territorio mexicano. Se habían detenido para descansar y comer unos
alimentos cerca de la comunidad de San Pablo, Ixcán, Quiché, cuando
fueron descubiertos por el jefe de las PAC de San Isidro, quien reunió a los
patrulleros y atacó a los desplazados. Una vez cometida la masacre, el pa-
trullero dio aviso inmediato al destacamento militar. Por esta acción, el je-
fe de las PAC recibió una condecoración del Ministro de la Defensa, en un
aniversario de la zona militar número 22 de Playa Grande Ixcán.
751
3094.
Asimismo, en los planes de campaña se hacía referencia a la im-
portancia de que las PAC participaran con el Ejército en operaciones con-
juntas, “tomando en cuenta que conocen perfectamente el terreno de su juris-
dicción, donde opera la guerrilla ... La organización de las poblaciones ha per-
mitido un desenvolvimiento más efectivo en las operaciones contra grupos sub-
versivos, con la ayuda eficaz de la población, en las diferentes áreas de la Re-
pública”.
752
“Los del Ejército nos obligaron a patrullar y nos llevaban a hacer ras-
treos. Nos obligaron a quemar casas, llevar animales, si no lo hacía-
mos a nosotros nos mataban”.
753
“Obligaron a los PAC de turno en Cucabaj a participar en la masa-
cre, cada patrullero tenía que pasar cortándoles un poquito con cuchi-
llo ... les iban cortando pedazos, las orejas, las manos, la nariz, para
que delataran a su propia gente, porque todos estábamos en el CUC
... murieron macheteadas, hacían pasar uno por uno a los patrulleros
y cada uno fue obligado a darles un corte en el cuello hasta quitarles
la cabeza, también tuvimos que darles con piedras y palos”.
754
3095.
En algunos casos de masacres los declarantes destacan, por encima
de la participación del Ejército, la despiadada actuación de los patrulleros.
En estos casos, presumidos del poder arbitrario que el Ejército les había
otorgado y asegurados de la impunidad de sus acciones, especialmente los
jefes de PAC en diversas comunidades se desquitaron de viejas rencillas, ac-
tuando con extrema crueldad.
“Después de la masacre salimos del lugar como a las cinco de la tar-
de. Durante la caminata discutían entre ellos cuántos mataron ese
día. El que mató mas era el más hombre y se burlaban del que mata-
ba menos. Llegamos a Xococ como a la una de la mañana. Cuando
266
751 C 11119. 1982. Ixcán, Quiché.
752 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, anexo J, inciso D.
753 C 5536. Agosto, 1982. Aguacatán, Huehuetenango.
754 CI 043. Enero, 1982. Santa Cruz del Quiché, Quiché.
estaba en Xococ, vi cuando los patrulleros fueron a hacer la masacre
de Agua Fría y también en Los Encuentros”.
755
“Fueron acusados de guerrilleros, a saber quién los delató, pero ellos
no andaban en nada. Los capturaron en sus casas, los trasladaron a
un cuarto de la municipalidad, fueron torturados y degollados. Fui a
dejarles café, ya estaban bien golpeados ... El papá rogó que los solta-
ran, los patrulleros lo amenazaron con escopeta y le dijeron, ‘corre
ahorita mismo de aquí’. Los mismos patrulleros enterraron los cadá-
veres en un lugar donde hay un río”.
756
3096.
Efectivamente, al investir a ciertas personas con un poder absolu-
to y respaldado por las armas, el Ejército logró captar a un sector de la po-
blación, aunque fuera minoritario, asegurándose su lealtad a largo plazo.
Así en algunas comunidades, el Ejército no sólo logró la complicidad de
esos sectores en las barbaries, sino también agudizó la división entre la po-
blación, fomentando una profunda desconfianza mutua. Con ello, queda-
ron vulnerados los lazos solidarios comunitarios y la capacidad de organi-
zación local.
Terror ejemplificante y disuasivo
757
3097.
En casi todas las operaciones que desembocaron en masacres, el
Ejército empleó diversos mecanismos para crear un terror ejemplificante y
disuasivo entre la población. Con este fin, una vez cercada o controlada la
comunidad, en muchos casos procedió a concentrar a la población en un
lugar, generalmente un salón de reuniones, al frente o al interior de un edi-
ficio público, como una iglesia, auxiliatura, juzgado o escuela. El terror fue
un efecto buscado en comunidad tras comunidad, al concentrar a la po-
blación y controlarla bajo las armas, forzarla a escuchar el discurso de las
operaciones psicológicas que estigmatizaban y criminalizaban a los líderes
de la comunidad u otros acusados de colaborar con la guerrilla, obligarla
luego a presenciar las ejecuciones o mutilar los cadáveres o enterrarlos en
fosas comunes. La masacre se convertía así en un espectáculo de muerte, al
que el público estaba obligado a asistir.
“Los soldados vinieron enojados aquí con nosotros. Ya no nos pregun-
taron si estábamos viendo guerrilla, sino ‘vénganse que tenemos una
junta, vamos a tratar de reunirnos, a tratar de hablar cosas’. Pasaron
267
755 C 9098. Marzo, 1982. Río Negro, Rabinal, Baja Verapaz.
756 C 2890. Junio, 1986. San Bartolomé Jocotenango, Quiché.
757 Para mayor información sobre los efectos del terror, véase el apartado correspondiente en el
capítulo tercero de este Informe.
los Ejércitos entre las casas y se llevaron a las mujeres, a nuestros hijos,
todos, todos ... nosotros no pensábamos que sí iban van a matar, vi-
nimos conscientemente con todo corazón a escucharlos ... pero cuando
llegamos nos obligaron a meternos al juzgado, y a las mujeres las me-
tieron en la iglesia”.
758
“Los soldados sacaron de sus casas a muchas personas y las metían en
una escuela, eran muchos soldados como 250 o más. Todos gritaban
que no se escape ni uno de estos guerrilleros ... gritaban ‘por ahí hay
otro guerrillero, agarren a ese cabrón’, cuando ya tenían a muchas
personas reunidas el teniente gritó muy enojado: ‘maten a todos estos
comunistas’, entonces los soldados pusieron leños en las puertas y rocia-
ron gasolina; cuando encendieron el fuego mucha gente quería salir
por las ventanas, puertas y techos. El teniente se dio cuenta de eso y
gritó: ‘no dejen que ningún cerote de esos se escape y si miran a algu-
no, dispárenle, y si queda vivo, échenlo al fuego”.
759
3098.
En muchos casos tras la concentración de la población, los hecho-
res procedían a la separación de la misma en grupos, generalmente hom-
bres por un lado y mujeres y niños por el otro. La separación reducía las
posibilidades de que la población recurriera a cualquier mecanismo de re-
sistencia, aumentando su impotencia, desesperación y humillación. En
muchas ocasiones, tras la separación de hombres y mujeres los hechores
procedieron a violar a las mujeres, generalmente las jóvenes, previamente
a su ejecución.
“Nos obligaron a meternos en el juzgado y no permitieron que saliera
ninguna persona ... y llevaron a las mujeres y a nuestros hijos a la igle-
sia, nos dividieron ...Y a nuestras señoras las mataron, a veces vivas les
prendieron fuego, cómo gritaban nuestras mujeres. Las violaron y le
prendieron fuego en las casas, vivas las quemaron, les dieron balazos a
nuestras mujeres. Nosotros veíamos todo desde la ventana de la auxi-
liatura, los Ejércitos tronaban las armas y tiraban bombas y cuando
las tiraban dentro de las casas, cómo gritaban nuestras señoras”.
760
“El 6 de julio llegó el Ejército y avisó que el día siguiente había reu-
nión, a las ocho de la mañana, que llegaran hombres, mujeres y ni-
ños. Con miedo la gente se reunió. Yo, por ser niño, entré a la iglesia
con mi mamá, que fue donde reunieron las mujeres ... En eso dice un
268
758 C 5043. Julio, 1982. Finca San Francisco, Nentón, Huehuetenango.
759 C 6074. Julio, 1982. San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
760 C 5043. Julio, 1982. Nentón, Huehuetenango.
hombre con la cara cubierta con una gorra: ‘las mujeres menores de
17 años que pasen’. Pasaron, las sacaron y las violaron”.
761
3099.
Como se desprende, por ejemplo, de la masacre de Chisís, el Ejér-
cito no se limitó a eliminar físicamente a aquellos catalogados como ene-
migos, sino que en una mayoría de los casos sus efectivos ejercieron actos
de extrema crueldad, como torturas, mutilaciones, quema de personas vi-
vas, ejecuciones de niños mediante golpes y violación de mujeres y niñas
entre otros. En muchos casos, estos actos se realizaban en presencia de los
familiares de las víctimas incrementando de esta manera no sólo la cruel-
dad del acto en sí, sino el efecto ejemplificante y disuasivo en los especta-
dores.
“Muchas mujeres fueron violadas, el Ejército agarró a unas mujeres
embarazadas y las degolló; les partieron el estómago y les sacaron los
bebés. A los niños de pecho y de un año los tiraron al río y allí se aho-
garon. Muchas personas heridas o muertas cayeron al río y el río se ti-
ñó de rojo con la sangre de los muertos”.
762
“Ese día alrededor de las 7 de la noche, un grupo de vecinos se encon-
traba en una casa celebrando la Palabra. Los soldados entraron a la
casa y sacaron a todas las personas que allí se encontraban, hombres,
mujeres y niños. Los pusieron en fila frente a la casa, violaron a las
mujeres delante de los hombres que estaban atados de pies y manos.
Posteriormente ejecutaron a ocho hombres que allí se encontraban. A
unos les dieron muerte a balazos y a otros a machetazos”.
763
3100.
La participación de las PAC y comisionados militares también fue
un factor importante para generar el terror. Forzándolos a infligir torturas,
asesinar, mutilar cadáveres y arrasar comunidades, se involucró a la pobla-
ción civil en las masacres, convirtiéndoles de esta manera de víctimas en
victimarios obligados, con lo que se logró que aún después de las masacres,
el terror, la humillación y los sentimientos de culpa propia se mantuvieran,
sobre todo en los casos en que los hechores pertenecían a la misma comu-
nidad de las víctimas.
“Nos hicieron matar a nuestros hermanos, eso no podemos olvidarlo
nunca, con ese peso seguimos viviendo, eso es peor que nos mataran los
269
761 C 6031. Julio, 1981. Barillas, Huehuetenango.
762 CI 50. Marzo, 1982. Río Pixcayá, Chimaltenango.
763 C 5148. Enero, 1982. Jacaltenango, Huehuetenango.
soldados, tenemos ese doloroso recuerdo para siempre en nuestros pen-
samientos”.
764
“Otros patrulleros violaban a las muchachas de 15 y 16 años y los sol-
dados también. Empezaron a matar a las mujeres. Después de un ra-
to, tal vez mataron como a 25 mujeres ... me di cuenta que los patru-
lleros las obligaban de ponerse boca abajo para estrangularlas, ahor-
carlas ... una señora no quería. Al fin la señora levantó una piedra y
se la tiró al patrullero. La señora tenía un bebé en la espalda, de seis
meses por lo menos, y el patrullero le dio dos machetazos. La señora
vio como la mitad del bebé cayó al suelo y la otra mitad se quedó pren-
dida en el perraje.
765
Ella se cayó del lado de la orilla de la quebrada.
Después recibió otro machetazo en el cuello y se murió la señora. [El
patrullero] la agarró de los pies y la llevó arrastrando y la tiró en la
quebrada donde estaban tirados los demás”.
766
“Los que viven en la Antena ya no los reconocemos porque ya no son
como nosotros, tienen las ideas que dejaron los soldados, ellos hicieron
mucho daño”.
767
3101.
Las diferentes tácticas que el Ejército utilizó para generar terror de-
mostraron que el castigo por colaborar con la insurgencia o, simplemente,
por participar en actividades de desarrollo local o en programas de la Igle-
sia Católica no tenía límites, ya que esto se consideraba un crimen que jus-
tificaba el menosprecio absoluto de la vida y dignidad de las personas. La
criminalización sistemática de las víctimas en el discurso disuasivo del Ejér-
cito enfatizó que la responsabilidad de las masacres recaía en la población
o sus dirigentes, por “su delito”, o bien en los guerrilleros, por “meter ideas
en sus cabezas”. Y sus repetidas acciones dejaron en evidencia que el Ejérci-
to no dudó en proceder de igual manera en todos los casos de sospecha de
algunas “actividades subversivas”. Al perpetrar estos actos calculados para
inducir el miedo extremo, el Ejército buscó impedir, a largo plazo, que las
comunidades se involucraran con grupos insurgentes o pudieran plantear-
se la posibilidad de un proyecto de cambios profundos frente a las injusti-
cias que vivían.
Destrucción comunitaria
3102.
Paralelamente a los actos que iban dirigidos a generar terror en mu-
chas masacres, principalmente las de carácter indiscriminado, como se ob-
270
764 CI 43. Enero, 1982. Santa Cruz del Quiché, Quiché.
765 Perraje es una pieza textil que usan las mujeres mayas para protegerse del frío y para cargar a los
niños en su espalda.
766 CI 10. 1982. Rabinal, Baja Verapaz.
767 CI 43. Enero, 1982. Santa Cruz del Quiché, Quiché.
serva en el caso de Chisís, los hechores procedían a la destrucción de la co-
munidad y sus fuentes de producción y sustento, previo saqueo y pillaje.
No sólo se destruyeron miles de viviendas, sino edificios públicos como es-
cuelas o clínicas, templos e iglesias y cosechas. De esta manera el Ejército
logró destruir junto con lo que se consideraban potenciales fuentes de
abastecimiento y acopio de la insurgencia, la esperanza de la población que
conseguía huir, de regresar y rehacer sus vidas tras la masacre.
“El Ejército nos obligó a destruir la siembra de los vecinos, porque ellos
decían que con milpa los guerrilleros comían bien”.
768
“Este día, el 2 de julio, el Ejército quemó todo el pueblo, las casas,
nuestros cultivos, animales, todo. Fue una gran tristeza y nos dejó po-
bres. Los Ejércitos mataron a nuestros pobladores”.
769
“Primero quemaron la tienda de la cooperativa, después varias casas
y tiendas particulares, más tarde la iglesia, la oficina de la junta di-
rectiva y las bodegas ... robaron todas las cosas de la cooperativa”.
770
“Dos grupos de soldados salen de Mónaco, uno pasa por el Centro Es-
trellita. En estos lugares quemaron las construcciones. En el Centro Es-
trellita quemaron la escuela con mesas y sillas”.
771
3103.
La destrucción de la comunidad no se redujo a arrasarla material-
mente, sino que conllevó la destrucción de otros elementos que la confor-
man. Se destacan las mutilaciones y profanaciones de cadáveres de las víc-
timas, la prohibición a los supervivientes de enterrar a sus familiares, la im-
posibilidad de realizar las ceremonias de duelo y sepultura con los que se
habitúa a cerrar el ciclo de la vida en las comunidades mayas. A esto hay
que sumar que los supervivientes, generalmente por miedo, no regresaron
a sus hogares o lo hicieron días después, por lo que, muy a menudo, en-
contraron los cuerpos en estado de descomposición y devorados por ani-
males.
“Se miraba todo, los perros estaban comiéndose los cadáveres, salían
de la tierra las trenzas de las mujeres, un perro llevaba en su boca el
piecito de un niño, habían zopes comiéndose los cadáveres”.
772
271
768 C 5536. Agosto, 1982. Aguacatán, Huehuetenango.
769 C 6080. Enero, 1981. Barillas, Huehuetenango.
770 C 11621. Junio, 1991. CPR-Ixcán, Quiché.
771 C 11568. Agosto, 1981. Ixcán, Quiché.
772 CI 51. Marzo, 1982. San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.
“Entonces los fuimos a enterrar, pero a puro escondido, a puro con
miedo porque dicen que el Ejército va a regresar otra vez, porque ‘si
alguien viene a recoger a esa maldita gente entonces ahí vamos a ter-
minar con su vida’, dijeron, entonces mejor con miedo venimos, me-
jor con rapidez venimos a enterrarla y nos fuimos...”
773
3104.
Asimismo, el Ejército atacó sistemáticamente elementos culturales,
espirituales y religiosos de profundo significado para la población. En nu-
merosos casos se observa el desprecio y la crueldad usada contra los ancia-
nos de las comunidades mayas, donde ellos cumplen un papel vital en la
vida cultural y espiritual. Por otro lado el Ejército arrasó las cosechas, prin-
cipalmente de maíz, el cual para la cosmovisión maya tiene un profundo
significado espiritual. También se ensañó contra los templos, las imágenes
y los lugares sagrados.
“Destrozaron nuestros lugares sagrados, destrozaron los sitios y nos
ofendieron al matar a nuestros guías, a nuestro sacerdote, a nuestros
ancianos”.
774
“El 25 de agosto a las seis de la mañana llegó un pelotón de soldados
que empezaron a agarrar a diez ancianos [todos sacerdotes mayas];
se los llevaron y los mataron ... los patearon, les dieron culatazos, se los
llevaron desnudos, sólo en calzoncillos, los amarraron con cadenas, se
les hincharon los brazos, rompieron sus maletas, sus papeles, y robaron
su dinero”.
775
Las masacres como operativos centrales
de la estrategia contrainsurgente
3105.
Aunque cada masacre tuvo características particulares, la recurren-
cia de ciertas características durante varios años (especialmente en el perío-
do 1978-83) y en todas las regiones donde se produjeron múltiples opera-
ciones de este tipo, constituyen elementos indicativos de que éstas no res-
pondieron a simples excesos de unos pocos oficiales, sino que formaron
parte de una estrategia debidamente planificada y dirigida a aniquilar físi-
camente a miles de personas indefensas y a aterrorizar a los sobrevivientes.
Las masacres, sin duda, fueron el método más cruel y desproporcionado de
la guerra contrainsurgente.
3106.
Las masacres, como parte de las operaciones contrainsurgentes,
fueron un medio no sólo para aislar físicamente a la insurgencia de la po-
272
773 C 3318. 1982. Pexlá, Nebaj, Quiché.
774 C 2756. Marzo de 1982. San Antonio Sinaché, Quiché
775 C 9078. Agosto, 1982. Senahú, Alta Verapaz.
blación, sino también para dejar a los guerrilleros sin fuentes de abasteci-
miento y reclutamiento. La recomendación en el plan de campaña Victo-
ria 82 es muy reveladora en este sentido:
“Las operaciones y nuestra conducta deben estar encaminadas a negar
el acceso de la guerrilla a la población civil, de la cual se nutre y den-
tro de la cual se esconde”.
776
3107.
En el período en que se registró la mayoría de las masacres, se pue-
de observar que éstas fueron perpetradas en las regiones donde la insurgen-
cia había logrado asentarse, donde estaba ampliando su base social de ma-
nera acelerada y donde había intensificado sus actividades militares. El
Ejército consideraba que muchas comunidades en esas regiones colabora-
ban con la guerrilla o eran proclives a hacerlo, ya que el discurso de los gru-
pos insurgentes apelaba a la condición de pobreza extrema, la marginaliza-
ción y la injusticia que vivían las poblaciones.
3108.
Frente a esta situación, los altos mandos del Ejército decidieron
implementar masivas operaciones mortíferas contra la población civil, pa-
ra aniquilar de manera contundente la amenaza de la insurrección y recu-
perar su control sobre las comunidades. Lo hicieron aun cuando tenían
amplio conocimiento de la reducida cantidad de armas y poca capacidad
militar efectiva de la guerrilla en todas estas regiones, así como del estado
de indefensión absoluta o relativa de las poblaciones a las que atacaron.
777
3109.
Ya en la primera etapa del enfrentamiento, el Ejército había utili-
zado el recurso de la masacre para desestructurar la base de apoyo que ha-
bían organizado las primeras columnas guerrilleras. Los primeros casos de
masacres registrados por la CEH fueron cometidos durante la segunda mi-
tad de la década de los sesenta en el Oriente del país, correspondiendo a las
regiones donde actuaba la insurgencia en esa época. Luego, en el período
más álgido del enfrentamiento, las masacres se concentraron en las áreas de
conflicto del momento, es decir Quiché, Huehuetenango, Chimaltenango,
Alta Verapaz y Baja Verapaz. Posteriormente, desde 1984 en adelante, se
observa que las masacres se dirigieron especialmente contra la población
desplazada fuera de control del Ejército, como fue el caso de las CPR, que
fueron consideradas por aquel como base social de la guerrilla.
3110.
En los casos de masacres del período de los sesenta, se observan al-
gunos de los elementos que, más adelante, en los años ochenta y en las co-
munidades mayas del altiplano central y noroccidental, así como en las tie-
273
776 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, anexos H (órdenes permanentes para el de-
sarrollo de operaciones contrasubersivas) y G (actitud militar en operaciones contrasubersivas).
777 Véanse los primeros apartados sobre estructuras y estrategias del Ejército en este capítulo.
rras cálidas de la frontera agrícola del norte del país, llegaron a ser caracte-
rísticos de las acciones cotidianas de la tropa estatal. Todas las masacres re-
gistradas por la CEH en los años sesenta eran selectivas en el sentido ex-
plicado con anterioridad. La extrema crueldad y el terror que también las
marcaron se ven claramente reflejados en los siguientes testimonios presen-
tados a la CEH:
“Durante la operación en Río Hondo, Zacapa, los soldados captura-
ron entre cuarenta y sesenta hombres y los trasladaron hasta el cam-
pamento El Roblar, situado entre La Palma y Chanchán. Los dete-
nidos permanecieron de veinte a treinta días en el lugar. Sus fami-
liares no tuvieron posibilidades de visitarlos o llevarles alimentos y
vestuario. Por las noches escuchaban los gritos de los detenidos que
provenían desde dentro del campamento. Una mañana del mes de
noviembre de 1966, los detenidos fueron sacados del campamento El
Roblar; llevaban los pies atados y en sus brazos cargaban tambos de
gasolina. Fueron obligados a caminar aproximadamente tres kilóme-
tros en dirección de la sierra, subieron al cerro Chanchán. Los solda-
dos los rociaron con la gasolina que los propios detenidos cargaron
durante la caminata, los pusieron frente a ellos y comenzaron a lan-
zarles bolas de papel prendidas con fuego. Todos los detenidos fueron
quemados vivos”.
“Los ejecutados eran en su mayoría hombres entre 25 y 40 años, con
o sin filiación política y todos habitantes del municipio de Río Hon-
do, departamento de Zacapa. Los cuerpos quedaron calcinados. Algu-
nos familiares pudieron reconocer algunos cuerpos y enterrarlos, no
obstante, la mayoría de los cuerpos quedaron allí, el terror se apoderó
de Río Hondo y la población no se acercó nunca más al lugar de los
hechos”.
778
3111.
Los mismos elementos, incluso más refinados, se repiten en las ma-
sacres entre 1978 y 1983, cuando éstas se convirtieron en operaciones co-
munes y generalizadas en los departamentos de Quiché, Huehuetenango,
Chimaltenango, Baja y Alta Verapaz. Es allí donde se reportan las más ele-
vadas cantidades de víctimas, así como de población desplazada, sobrevi-
viente de las masacres y la destrucción casi total del entorno inmediato de
las comunidades afectadas.
3112.
En Huehuetenango, un sobreviviente contó como algunos habían
visto todos los cadáveres tirados en la orilla del camino luego del paso del
274
778 C 95. Noviembre, 1967. Río Hondo, Zacapa.
Ejército. Según dijeron, todo era muy feo, los cuerpos ya casi descompo-
niéndose, despidiendo un olor horrible y expuestos a los animales y al
tiempo:
“No respetaban nuestras vidas ... a todas estas personas las dejaron en
el lugar donde los habían matado, expuestos al aire libre. Nadie se
atrevía a enterrarlos. Lo peor fue cuando los soldados entraron en Ca-
naná para matar toda la pobre gente de allí. Antes de llegar a esta al-
dea, empezaron a matar a todas las personas que encontraron entre el
camino de Xoxlac y Cananá, más que todo comerciantes y personas
que venían para el día de plaza en Xoxlac … Los soldados violaron,
mataron y decapitaron también a una mujer que cargaba su nena.
Pero a esa nena no la mataron. Cuando pasaron unos negociantes de
Nucá, encontraron a la bebé viva en el pecho de la madre muerta; la
nena no había muerto y mientras lloraba, trataba de mamar del pe-
cho de la mamá”.
779
“Allí no quedó nada, ni animales, ni maíz ni nada. Los soldados eran
más o menos treinta, llegaron a pie; unos cuantos habitantes de la al-
dea lograron escapar y se fueron a la montaña, a los que se quedan los
queman vivos, hay muchos niños muertos. En la semana llegan noti-
cias que dicen que los soldados van a terminar toda la aldea, por eso
la gente huye”.
780
“Los soldados llegaron y encontraron a los campesinos que estaban tra-
bajando en El Pelillo, los torturaron y los mataron, los dejaron tira-
dos en el ojo de agua, cubiertos con piedras. Tres de ellos tenían heri-
das posiblemente de machete, uno estaba estrangulado, uno tenía una
horqueta en el cuello y estaba amarrado con un lazo. Otro tenía las
manos hacia atrás y un lazo en el cuello y el último tenía amarrado
los pies y tenía arrancado el brazo derecho. Tres de los campesinos te-
nían partes del cuerpo arrancadas y los otros tenían golpes y destrozos
en la cara; les habían quitado los dientes”.
781
3113.
Desde 1984 en adelante, el Ejército siguió recurriendo, pero a me-
nor escala a las masacres como parte de su repertorio operativo. La mayor
parte iba dirigida contra la población desplazada, especialmente en contra
de las CPR. Por estar ellas fuera del control del Ejército, se les consideraba
275
779 C 6019. Junio, 1982. Barillas, Huehuetenango.
780 C 5070. Marzo, 1982. Aguacatán, Huehuetenango.
781 C 5427. Enero, 1982. Jacaltenango, Huehuetenango.
como simpatizantes de la guerrilla. En la lógica contrainsurgente del Ejér-
cito fueron tratadas como objetivos militares, a pesar de su carácter civil y
de su indefensión.
Las masacres selectivas
3114.
En muchos de los testimonios recogidos por la CEH de masacres
cometidas por agentes del Estado, se destaca la selección de las víctimas
con antelación a su ejecución. Partiendo de esta base, el concepto de ma-
sacre selectiva, para la CEH, incluye todas aquellas operaciones militares o
demás actos de violencia que implicaron la muerte de cinco o más perso-
nas previamente escogidas, ya fuera por motivos políticos, militares, eco-
nómicos o de otra índole.
3115.
Las masacres selectivas generalmente buscaban golpear específica-
mente a aquellos individuos que, en mayor o menor medida, habían sido
definidos como parte del “enemigo interno”, por razón de sus actividades,
fueran éstas de carácter político, social, religioso o cultural. La mayoría de
las víctimas eran hombres y muchos tenían vínculos con alguna organiza-
ción reivindicativa, de promoción social o cultural, o de la Iglesia Católi-
ca. Casi siempre las víctimas fueron acusadas de pertenecer a alguna orga-
nización “subversiva”, aun cuando la denuncia fuera totalmente arbitraria,
justificando de esa manera su ejecución.
“Se reunían en las tardes para hablar del trabajo mal pagado en la
Costa Sur, de la injusticia que los ricos hacen con nosotros, los jó-
venes se organizaban en el CUC para luchar contra los salarios ba-
jos. Por eso es que muchos aparecían en las listas acusados de gue-
rrilleros … Nosotros todavía no sabemos cuál era su delito, sola-
mente querían que nuestras familias vivieran mejor y por eso los
mataron”.
782
“Tenemos idea de que nos masacraron y querían acabarnos no sólo
por la guerrilla, también porque nosotros empezamos a mejorar
nuestras vidas, a tener conciencia más clara de la opresión que sufri-
mos de los ladinos y fueron ladinos quienes nos denunciaron”.
783
3116.
En los casos de masacres selectivas documentadas por la CEH, se
distinguieron por lo menos tres modalidades diferentes. En primer lugar,
se utilizó “señaladores”, personas con el rostro cubierto, que podían ser in-
distintamente guerrilleros capturados o habitantes de la misma comunidad
o alguna aledaña, capturados con anterioridad. En la mayoría de los casos,
276
782 C 2990. 1982. Chichicastenango, Quiché.
783 CI 80. Marzo, 1982. Zacualpa, Quiché.
ellos fueron forzados a delatar a otros después de las torturas. Asimismo,
podían ser confidenciales o comisionados militares o, en algunos casos,
agentes de Inteligencia. El criterio de juicio de este delator fue a menudo
arbitrario; muchas personas fueron condenadas debido a rencillas o renco-
res personales con el delator, o por intereses económicos. Por otro lado, tras
las torturas sufridas, la víctima, generalmente, decía lo que sus verdugos
querían oír, lo cual no significaba que los delatados fueran culpables de las
acusaciones.
3117.
El caso de una masacre en Chipiacul, Patzún, Chimaltenango en
1982 ilustra lo anterior:
“El Ejército llegó e hizo formar a los hombres. Llevaron a una mujer
prisionera de la vecina aldea de Xejolón quien fue obligada a señalar
a algunos de ellos. Estuvo envuelta en una capa y con su güipil enro-
llado y medio escondido en la cadera. Fueron señalados once varones y
una mujer, a quienes torturaron durante unas dos horas. Les quebra-
ron las piernas, quemaron las lenguas, los colgaron, los amarraron del
cuello con lazos. Se pararon encima de ellos y les sacaron los dientes a
culatazos. Fueron asesinados, degollados algunos y fusilados otros”.
784
3118.
Al 18 de agosto de 1982 en Chichicastenango, Quiché, el Ejérci-
to capturó a un hombre, acusándolo de pertenecer al EGP y lo llevaron a
la garita de las PAC:
“Lo torturaron mucho, también con la bolsa de hule en la cabeza …
no aguantó la tortura y empezó a decir muchos nombres, puras men-
tiras, decía por decir … Hasta dio el nombre de una muchacha que
nunca estuvo ni en el CUC, mucho menos en el EGP. [A estas vícti-
mas] las torturaron y las llevaron a un terreno … y ahí las ejecuta-
ron con disparos y las enterraron clandestinamente”.
785
3119.
El hecho de que el delator tuviera su rostro cubierto, favorecía la
arbitrariedad, ya que le otorgaba un poder indiscriminado y absoluto, de
vida y muerte, sin que se le pudiera responsabilizar posteriormente. Para
las personas que estaban siendo acusadas, así como para sus familiares y ve-
cinos, en muchos casos este proceso duraba horas incluso días, no saber
quién era el acusador, qué podía saber de la vida de uno o qué problemas
personales podía tener con los presentes fue otro elemento de terror. Hu-
bo casos, también, en que la población se dio cuenta de la identidad del
277
784 CI 19. 1982. Patzún, Chimaltenango.
785 C 2990. 1982. Chichicastenango, Quiché.
delator, a pesar de tener la cara tapada. En los casos de prisioneros utili-
zados como delatores, estos casi siempre fueron ejecutados por los hecho-
res, una vez considerada cumplida su misión de señalar a los supuestos
“subversivos”.
3120.
En el testimonio de una masacre en la aldea K’om, Jacaltenango,
Huehuetenango, se puede apreciar cómo la inquietud en la comunidad
acerca de la identidad de su delator no terminó hasta la muerte de éste:
“Llegaron a la aldea entre 40 y 50 soldados uniformados que proce-
dían de la cabecera municipal de Concepción Huista. Los soldados
llevaban al frente a un hombre encapuchado con todas las caracterís-
ticas físicas de Francisco, un vecino del lugar”.
“Venía con una capa larga y con la cara tapada, era del alto de Fran-
cisco, por eso siempre creímos que él era el encapuchado”.
“Los soldados reunieron a toda la población en el centro de la aldea
y pusieron al encapuchado frente a ella para que señalara, según las
órdenes del oficial, a los vecinos que estuvieran comprometidos con
la guerrilla. El encapuchado observó a todos los hombres y empezó
a señalar a las víctimas. Cada uno de los detenidos era llevado
adentro de las aulas de la escuela donde fueron torturados y ejecu-
tados. Al regresar a la cabecera municipal de Concepción los solda-
dos ejecutaron al encapuchado. Se descubrió que efectivamente se
trataba de Francisco”.
786
3121.
Otra modalidad consistió en el uso de listas previamente elabora-
das con los nombres de los supuestos colaboradores o miembros de la
guerrilla. Muchas veces eran los comisionados militares quienes elabora-
ban estas listas con los nombres de personas que ellos consideraban como
subversivos. A veces los listados se hicieron sólo en respuesta a la presión
y amenaza de los oficiales y para demostrar su fidelidad al Ejército, inclu-
so en casos que los entregados no tenían nada que ver con la insurgencia.
El dilema era de vida o muerte: o entregaban o eran acusados ellos mis-
mos. Al mismo tiempo, el uso de listas fue otro factor que facilitó la arbi-
trariedad, ya que cualquier persona podía llegar al destacamento y entre-
gar una lista de “guerrilleros” y deshacerse de esta manera de algún enemi-
go personal.
278
786 C 5476. Marzo, 1982. Jacaltenango, Huehuetenango.
“Por la lengua de nosotros mismos el Ejército actuaba. Era muy sucio
porque entre nosotros mismos nos matábamos. Como que siempre ha-
bía envidias y odios entre vecinos, eso se aprovecharon y por eso la gen-
te se moría”.
787
“El destacamento entregó a los patrulleros del lugar listados con nom-
bres de personas que buscaban. En caso de resistencia a colaborar, los
soldados mataban a los patrulleros. Hicieron también limpieza en las
filas de las PAC porque miembros del CUC estaban inscritos como
patrulleros”.
788
3122.
Una vez entregadas las listas al destacamento, o elaboradas por
agentes de la G-2, se procedía a montar un operativo militar en la comu-
nidad. Se solía reunir a la gente, especialmente a los hombres, de día. Ya
reunidos, generalmente un soldado solicitaba la cédula a los hombres cu-
yos nombres estaban en la lista. Si constaba su nombre en la lista, era cap-
turado; si no, solían dejar a la persona en libertad. A las personas que apa-
recían en la lista, las mataban allí mismo en la comunidad, o muchas ve-
ces se llevaba el grupo de acusados a otro lugar, para ejecutarlos o para de-
saparecerlos. El anonimato de las listas producía en la población el mismo
efecto aterrorizante que el uso de encapuchados.
3123.
En un caso en el Ixcán, el testigo contó sobre un puesto de regis-
tro:
“Antes de llegar a su destino, se encontraron con soldados que estaban
registrando a la gente. Los soldados leyeron nombres de una lista. Les
dijeron, ‘si su nombre aparece en la lista, lo vamos a matar’. Los sol-
dados se llevaron aproximadamente diez personas a una casa en la zo-
na militar. Mataron a las personas con cuchillos y armas de fuego, y
tiraban los cadáveres al Río Copón”.
789
3124.
En otro caso, en Huehuetenango, se explicó el proceso así:
“Lo que pasó fue que en la aldea hubo un delator y él por gusto o tal
vez envidia denunció a las personas. Había entregado una lista con
nombres al Ejército. En esta lista apareció también el nombre de mi
esposo. Mi esposo era del comité de la cooperativa y tal vez colabora-
ba de vez en cuando con la guerrilla dando un dinerito o algo de co-
279
787 Testigo (ex patrullero) CEH. (T.C. 261).
788 C 2987. Santa Cruz del Quiché, Quiché. 1982.
789 C 15047. 1980. Ixcán, Quiché.
mida, pero aparte de eso no tenía delito. Sin embargo, el delator vino
con los soldados para enseñar la casa. Esa noche sacaron a 30 hom-
bres y los encerraron en una casa. Allí los amarraron de los pies y las
manos como si fueran ganado ... Así se quedaron durante cuatro días
... Yo vi que los tenían amarrados en forma de pelota y que los esta-
ban golpeando duro con sus armas, con lazos y puntapiés. Sangraban
bastante y tenían las caras hinchadas ... A los cuatro días los sacaron
y los llevaron descalzos con los pies y las manos amarrados a una cue-
va ... y allá les dispararon y luego les echaron bombas para asegurarse
de que ninguno sobreviviera”.
790
3125.
En la tercera modalidad los hechores centraban las acciones contra
dirigentes o miembros de organizaciones sociales durante el desarrollo de
alguna actividad o cuando habían sido identificados previamente. En estos
casos, efectivos del Ejército irrumpían en la comunidad, llegando directa-
mente a capturar y ejecutar a personas, o en algunos casos, a familias an-
teriormente calificadas como enemigo interno.
“El 25 de agosto de 1982 tuvimos un gran dolor, nos acusaron de la-
drones y de guerrilleros. Hasta hace dos años que nos dejaron de joder.
Los comisionados de aquí se quejaron con los soldados de que nosotros
éramos guerrilleros. Nosotros estábamos rezando al cerro con los an-
cianos, para pedir por nuestra comida, ellos eran sacerdotes mayas, y
nos enseñaban en la costumbre, pero los comisionados decían que éra-
mos comunistas y vinieron a asustarnos ... Empezaron a agarrar a
diez ancianos, se los llevaron y los mataron.”
791
3126.
El uso sistemático de elementos de selección de personas, como lis-
tados o encapuchados en diferentes lugares del país, denota la planificación
e investigación previas a cada una de estas operaciones. El Ejército aplicó
un patrón diseñado antes de realizar las masacres, para identificar, perse-
guir y aniquilar a “enemigos” civiles identificados. Es decir, la información
provenía del trabajo de Inteligencia desarrollado, mediante la información
arrancada de prisioneros y las redes propiamente militares de obtención de
información, conformadas por comisionados militares, confidenciales y
miembros de la G-2.
3127.
Las masacres selectivas dirigidas contra individuos determinados
conllevaron siempre un elemento fuerte de terror disuasivo y ejemplifi-
cante:
280
790 CI 84. 1981. San Miguel Acatán, Huehuetenango.
791 C 9078. Agosto, 1982. Senahú, Alta Verapaz.
“El teniente ... nos obligó a nosotros los hombres a formar un círculo.
El teniente se puso en medio con un bastón afiliado. ‘Ahora que se pre-
senten todos los organizadores y representantes de la guerrilla. Yo sé
que en esta aldea hubo organización de la guerrilla, entonces que se
presenten.’ Nos dijo que no iba a pasar nada con las personas que ha-
bían sido organizados, pero que si ellos no se presentaban, tendrían
que masacrar a toda la comunidad. Entonces, empujados por el mie-
do, uno por uno los que habían sido representantes de la guerrilla [de
los CCL y FIL en Jom] se presentaron. En total unas 16 personas ...
Los soldados los desnudaron completamente, les sacaron sus zapatos y
les pusieron capas, y así encapuchados los llevaron rumbo a San Mi-
guel Acatán. En el camino, saliendo de Jom, se detuvieron para tor-
turar a los presos. Hicieron un fuego y les quemaron la boca, las plan-
tillas de los pies, las manos y la cabeza ... Después de la tortura, si-
guieron el camino rumbo a San Miguel Acatán. Llegaron hasta un
lugar que se llama Nubilá. Allí los obligaron a cavar su propia fosa,
y al terminarla los soldados fusilaron todos los detenidos, dejando los
cadáveres en la fosa”.
792
3128.
El terror ejemplificante en las masacres selectivas no estuvo presen-
te sólo en la eliminación física de las personas seleccionadas, sino también
en actos de extrema crueldad como torturas, quema de los heridos o los ca-
dáveres, muestras de desprecio absoluto a las víctimas antes y después de
su muerte o prohibición a la comunidad de hacerse cargo de los cuerpos,
siendo la mayoría de estos actos perpetrados delante de la población, la
cual había sido forzada a estar presente, e incluso, en algunos casos, a par-
ticipar activamente en los hechos.
3129.
En una masacre de Babeltzap, Barillas, Huehuetenango, el Ejérci-
to reunió a toda la gente de la comunidad. Tenían a diez presuntos guerri-
lleros, todos de Babeltzap:
“El teniente quería que todos presenciaran los acontecimientos. Los
diez guerrilleros fueron obligados a hacer una fila. El teniente dijo,
‘Ahora necesitamos treinta personas, quienes estarán encargadas de
disparar a los pisados: veinte soldados, diez civiles más yo’. Los volun-
tarios formaron otra fila a siete metros de distancia de los capturados.
Uno por uno fusilaron a los presuntos guerrilleros. En cada caso, el te-
niente contaba: ‘uno, dos, tres’, y luego todos tenían que disparar con-
tra quien le tocaba el turno en la fila. Uno de ellos, al esperar su tur-
no, hincó la rodilla y mientras estaba llorando empezó a rezar dicien-
281
792 C 6009. 1982. Nentón, Huehuetenango.
do: ‘a saber por qué yo tengo que morir ahora. Soy inocente’. Enton-
ces se enojó mucho el teniente, y dijo: ‘¿Por qué este pisado me está
maldiciendo con su oración? Ahora acabamos con el pisado’, y dio la
orden de que le pusieran una arma en la boca y que le dispararan”.
“Así se acabó con la vida de los diez. Entonces dijo el teniente, ‘Para
terminar, ahora vamos a mutilar los pisados. Ustedes tienen que ha-
cerlo, porque yo ya estoy cansado de matar tantos pisados’”.
“Así hablaba el teniente para animar a todos los presentes, para dar-
nos valor de participar en la matanza. Entonces soldados, patrulleros
y comisionados empezaron a machetear los cadáveres hasta que sólo
quedaran pedazos. Me acuerdo que llegaron las moscas y los perros pa-
ra comerse los cadáveres”.
“¿Y qué sintieron ustedes?’, nos preguntó el teniente. ‘Ahora experi-
mentaron un valor para el futuro para matar pisados. Es un alcance.
Ya saben ustedes que también pueden ser como soldados’. Nos ordenó
hacer un hoyo y hicimos un hoyo de aproximadamente tres metros de
largo, un metro de ancho y una vara de hondo ... Para juntar los pe-
dazos de los cadáveres prestamos palas, azadones y machetes y los tira-
mos en el hoyo. Tiramos sus cédulas encima, después tierra para cubrir
el hoyo. Ya era tarde, casi las 18:00. El teniente se preparó para irse.
Antes de salir, nos dio la orden de quedarnos en el hoyo para vigilar.
El que no quiera quedarse, según dijo el teniente, ‘lo vamos a matar
también y enterrar aquí con los pisados”.
793
3130.
En las masacres, los autores también buscaron inculcar en la pobla-
ción el concepto del castigo “merecido”. Mediante discursos y sermones y a
través de la selección de las víctimas, se trasmitió el mensaje de que el que
no apoyaba al Ejército era un criminal que merecía la peor de las muertes,
sin siquiera tener derecho a ser enterrado dignamente. La criminalización
y deshumanización de las víctimas fue parte de las operaciones. El hecho
de no poder enterrar a las víctimas incrementó aún más el terror, dado que
en muchos casos los cadáveres se quedaron tirados y la gente tuvo que ob-
servar como los animales los devoraban.
“Estaba toda la gente muerta echando humo todavía. Algunos de los
hombres estaban quemados sólo a la mitad del cuerpo, otros ya esta-
ban carbonizados totalmente, otros hinchados, algunos cuerpos se que-
daron abrazados”.
282
793 CI 83. Junio, 1982. Barillas, Huehuetenango.
“También había sangre en las ventanas y algunos hombres murieron
unos sobre otros. Las paredes y puertas del salón estaban ahumadas.
El olor a carne quemada duró varios meses. Los efectivos del Ejército
obligaron a reunirse a los hombres y mujeres en el mismo salón comu-
nal donde estaban los cadáveres de los patrulleros, regañándolos con
palabras fuertes, amenazando con ejecutarlos igual que sus compañe-
ros si apoyaban a la guerrilla. Les dijeron que mataron a los hombres
porque estaban metidos en babosadas y que para que no les pasara lo
mismo, no deberían apoyar a la guerrilla. Todo el día los tuvieron
reunidos y no permitieron que enterraran a los muertos”.
794
3131.
En Santa Anita Las Canoas, de San Martín Jilotepeque, Chimal-
tenango (uno de los municipios más golpeados por las masacres entre
1981 y 1982), el Ejército mandó a avisar que iba a haber una reunión a
las cinco de la tarde y que todos los patrulleros, unos 100 hombres, de-
bían participar.
En la reunión el teniente “estaba bravo”. Ordenó que todos tenían que
confesar. “El que confiese todos sus pecados, los voy a perdonar, al que no, no
hay perdón”. Como nadie habló, les dijo “como ustedes no se confesaron...” e
hizo aparecer un “conocedor” con la cara cubierta quien empezó a señalar
a algunos de los hombres. Así sacaron a once hombres del grupo. Luego
uno de ellos señala a otro y lo agarraron a él también. A estos hombres los
llevan a la iglesia y allí durante toda la noche los torturan. A las cinco de
la mañana el capitán les dice que, “a las seis los vamos a matar, pero no se
asusten ... puede haber muchos tomates en una canasta, pero algunos están po-
dridos. Es mejor quitar estos ahora”. El capitán dio la orden a los soldados
de que los ejecutaran y ordenó a los patrulleros que los enterraran. Des-
pués el capitán les advirtió “no les pongan cruz porque estos cabrones no lo
merecen”.
795
3132.
El terror muchas veces se vio reforzado por la utilización de luga-
res o símbolos que para la comunidad tenían un fuerte valor religioso, cul-
tural y psicológico. En el siguiente testimonio, los jefes de patrulla y los sol-
dados le preguntaban al delator qué hombres estaban destinados para el
cielo y cuáles para el infierno.
“Entonces llegó el Ejército a las seis de la mañana ... empezaron a pa-
sar por nuestras casas y nos llevaron a la iglesia ... Entonces el acusa-
dor, el que fue a quejarse con el Ejército, ya tenía tapada la cara. ‘Aho-
ra vos nos tenés que mostrar quiénes son los guerrilleros’, decía el Ejér-
cito a ese acusador. ‘Lo que hay que hacer es sacarlos uno por uno a la
283
794 CI 19. 1982. Masacre de Chipiacul, Patzún, Chimaltenango.
795 C 262. Octubre, 1982. San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.
puerta de la iglesia y así los vamos a conocer uno por uno’. Empezó
a ordenar el Ejército la gente uno por uno; al salir: ‘¿es éste vos?’ , de-
cía el oficial. ‘No’, decía el. ‘¿Y este?’, ‘Sí’ ... Sólo la cabeza movía se-
ñalando a la gente; si él decía que quien salía tenía culpa de ser gue-
rrillero lo mandaban al infierno, y el que no al cielo … Noventa fui-
mos a romper el hoyo para los muertos ... ya no pensábamos, puro po-
bre, ya tiene miedo ... Yo miré cuando mataron a esos pobres en el ce-
menterio ... cuando no se morían con un tiro, cuchillo le metían en
el cuello, si está vivo allí menten cuchillo ... allí dejamos tapada la
fosa, después nos fuimos todos, ya no teníamos ganas de hablar na-
da, nos asustamos”.
796
“Los soldados pusieron al encapuchado frente a toda la población
para que señalara a los vecinos que estuvieran comprometidos con la
guerrilla. En total señaló a 16 vecinos, todos hombres y tres de ellos
menores de edad. Torturaron a las víctimas durante una hora en
presencia de toda la población, y ejecutaron a la primera víctima.
La muerte fue a golpes: Le pegaban con un leño, era como matar a
un perro, le metieron palos con punta en la cabeza y ni siquiera res-
petaron el templo sagrado de la comunidad, nuestra iglesia. Los sol-
dados amarraron de las manos y de los pies a las otras 15 víctimas
y las condujeron por el camino de vereda en dirección a la cabecera
municipal”.
“Toda la comunidad quedó con miedo, cuando se retiraron del centro
de la Aldea, ya eran las siete de la noche, todos estábamos temblando,
muchos estaban llorando. Antes de irse los soldados se despidieron, nos
dijeron ‘cuando escuchen el primer balazo, quedará muerto el si-
guiente hombre’. Habían transcurrido alrededor de diez minutos
cuando se escucharon varios disparos y esto se repitió por más de una
hora. Cada 200 metros aproximadamente los soldados se detenían,
torturaban y ejecutaban uno por uno a las víctimas. Todos los cadá-
veres quedaron tirados a lo largo del camino. Estos cadáveres tenían
señales de lazos en las muñecas, les metieron cuchillos en el cuello, te-
nían moretes en todo el cuerpo, el abdomen lo tenían abierto, se les
miraban sus órganos internos”.
797
3133.
Las masacres selectivas evidencian como objetivo planificado, cas-
tigar a los líderes, a quienes destacaban, para anular en el resto la voluntad
de participar en asuntos comunitarios. Con la eliminación por un lado de
284
796 CI 107. Abril, 1982. Nebaj, Quiché.
797 C 5476. Marzo, 1982. Concepción Huista, Huehuetenango.
los líderes de las comunidades y por otro, mediante la generación de un
clima de terror, el Ejército buscaba destruir los lazos sociales y las estructu-
ras de poder local que existían en las comunidades, facilitando de esta ma-
nera la implantación de nuevas estructuras militarizadas ya fuera bajo su
control o el de las PAC, de los comités de desarrollo o alcaldes auxiliares.
“Los soldados nos apuntaron con sus armas, nos preguntaron si cono-
cíamos a las personas cuyos nombres estaban en la lista que llevaban
los soldados, eran líderes de la organización laboral de la finca. Yo les
dije que sí, entonces me dijo que los fuera a traer. Yo les dije que no
quería ir y entonces me amenazaron con sus armas. Me dio miedo y
por eso mejor les hice caso. Fui a traer a los diez hombres, fui yo más
50 patrulleros de aquí. El oficial me dijo que si no los traía me iba a
matar. Cuando regresé como a las ocho de la noche, se los entregué y
él me dijo: ‘está bueno’. Los soldados pegaron a las víctimas y a la mu-
jer la violaron cada uno de los soldados durante toda la noche ... For-
maron a los hombres y con machete les fueron dando muerte, mien-
tras tanto a la mujer la desnudaron y la torturaron hasta darle muer-
te de la misma forma. Yo les dije a los soldados, ‘qué culpa teníamos’,
entonces nos amenazaron y nos dijeron que los de mi comunidad que-
maban las fincas del otro lado. El oficial decía que éramos guerrille-
ros. Yo tenía miedo, lloraba del miedo a sus armas”.
798
“El jefe de las PAC tenía una lista en la que aparecían los nombres de
las trece personas. Los agarraron y los amarraron. Muchos empezaron
a suplicar, porque iban a matar a nuestras propias familias, pero [las
PAC] dijeron que era una orden del Ejército que venía desde Chichi-
castenango y que se tenía que cumplir. Había reservas que participa-
ron en la masacre ... Las reservas iban de civil, vivían en sus casas y
los domingos iban al destacamento a recibir entrenamiento. Les dan
un uniforme blanco mientras estaban en el cuartel pero fuera no lo
usaban... Eran de nuestra misma comunidad, estaban bien prepara-
dos para torturar y matar. [A las trece víctimas] las golpeaban, pa-
teaban, les ponían una capucha en la cabeza ... llegaron las mujeres
también a suplicar pero no hubo modo, los mataron”.
799
3134.
La arbitrariedad con la que se seleccionó, en muchos casos, a las
víctimas potenció la desconfianza y la división entre los miembros de la co-
munidad, facilitando así el del control de la población por el Ejército. La
285
798 C 9009. Agosto, 1982. Cahabón, Alta Verapaz.
799 C 2990. 1982. Chichicastenango, Quiché.
amenaza constante de que en cualquier momento uno podía ser denuncia-
do, provocaba un clima de angustia, inseguridad y desconfianza entre ve-
cinos y minaba las condiciones de convivencia.
“Cuando toda la gente, hombres, mujeres, niños y ancianos, de los
cantones estaban presentes en la plaza, un teniente ... del destacamen-
to militar de Joyabaj les habló y les dijo: ‘tenemos que ver quiénes son
los guerrilleros’. Tenía un listado de personas y empezó a llamarlos uno
por uno ... eran aproximadamente 60 personas ... Los patrulleros de
Xenup los golpeaban, los amarraban y los llevaban a un costado de
donde estaba el teniente, quien presentaba a cada uno como guerrille-
ro ... ‘éste es un guerrillero, vamos a matar a esta mala gente que está
organizándose, así quedan tranquilos nuestros cantones ... así mueren
los guerrilleros y la gente que no obedece nuestras órdenes.’ En ese mo-
mento el teniente dió la orden de ejecución y los patrulleros de Xenup
... los golpearon, se pararon sobre ellos y los mataron a machetazos”.
800
Las masacres indiscriminadas de población residente
3135.
Aparte de las masacres selectivas, el Ejército, en un número supe-
rior de casos, emprendió operaciones militares que se concretaron en ma-
sacres indiscriminadas. En la mayoría de los casos de masacres indiscrimi-
nadas, en todas las áreas de mayor presencia guerrillera, los testigos cuen-
tan cómo miembros del Ejército, acompañados en muchas ocasiones por
patrulleros o comisionados militares, atacaron sus comunidades, infligien-
do brutales torturas y tratos crueles que superaron lo imaginable, violando
mujeres y niñas, y ejecutando a todos los habitantes, sin ningún criterio
más que su pertenencia a un colectivo identificado como enemigo sin dis-
tinción de edad, condición o niveles de participación e involucramiento.
3136.
En otros casos, el Ejército atacó también indiscriminadamente a
grupos de personas que se dirigían hacia otra comunidad, que huían de la
violencia o vivían en continuo desplazamiento, como fue el caso de las
CPR. La violencia indiscriminada contra la población revistió similares ca-
racterísticas en todos los casos, para eliminar a grupos previamente identi-
ficados, sin importar si se encontraban asentados en un lugar concreto o se
encontraban en camino. En el caso de la masacre de Chisís, descrito con
anterioridad, se observa como el Ejército atacó indiscriminadamente a una
comunidad que ya se había organizado en las PAC. Sin embargo, su par-
ticipación en las patrullas no bastó para que los militares procedieran con-
tra la comunidad.
286
800 C 2438. Abril, 1982. Joyabaj, Quiché.
“A mí me tocó comandar una operación en la aldea Chisís ... yo la
consideré un objetivo militar ... porque Chisís tenía un simbolismo es-
pecial en las estructuras organizativas del EGP y era desde Chisís don-
de se habían planeado y dirigido las principales acciones que el EGP
había realizado en la región de Chajul, Cotzal y Nebaj”.
801
3137.
Muchas comunidades sufrieron la misma suerte que Chisís. La po-
blación civil indefensa fue tratada por el Ejército como objetivo militar por
lo que se procedió a la eliminación física por igual de adultos, ancianos, ni-
ños y hasta bebés y fetos, aniquilando así generaciones completas y, con
ello, la supuesta amenaza que estos constituían.
3138.
Entre las masacres indiscriminadas, las más frecuentes fueron aque-
llas que se realizaron contra una comunidad cuando la mayor parte de la
población se encontraba en el lugar. En estos casos, toda la fuerza del ope-
rativo militar se descargó contra la población que se encontraba indefensa
y desprevenida. Esta condición facilitaba la ejecución de la masacre, por-
que es en estos casos que se reúne la gran mayoría de circunstancias previs-
tas en la planificación del operativo, descrita anteriormente.
3139.
En la masacre de Plan de Sánchez, Rabinal, Baja Verapaz.
“Varias bombas fueron arrojadas por una avioneta, pero no cayeron
en la población. El 18 de julio, a las ocho de la mañana, del destaca-
mento militar lanzaron hacia la comunidad dos granadas mortero ca-
libre 105 mm. que cayeron al oriente y poniente de la comunidad. A
la una de la tarde, soldados que procedían de Rabinal y de Cobán lle-
garon a la comunidad. Los hombres no estaban, pero los soldados vio-
laron a diecinueve mujeres y se burlaban de ellas, acusándolas de ser
guerrilleras. A las cinco de la tarde tiraron dos granadas y dispararon
con las armas. Los disparos continuaron hasta las once de la noche. A
esa hora ya no gritaba nadie. A los niños los mataron a golpes. Según
los testigos, los niños gritaban y gritaban y después se quedaron en si-
lencio. Al otro día las casas estaban humeando, no se podían recono-
cer los cadáveres que estaban dentro de las casas, eran puro carbón. Los
cadáveres que estaban afuera de las casas, tenían disparos en la cabe-
za, en el pecho y en la espalda. Ese día el Ejército ejecutó a 227 per-
sonas. En la masacre, también participaron las PAC y comisionados
militares”.
802
“Estaba bien hasta que llegó la violencia, llegaron muchos ejércitos.
Antes de nosotros hubo masacres en Santo Tomás y Santiaguito, ya es-
287
801 Testigo (alto mando del Ejército) CEH. (T.C. 92).
802 C 9075. Julio, 1982. Rabinal, Baja Verapaz.
tábamos con miedo del Ejército. Estábamos acostumbrados a que el
Ejército nos acusara de guerrilleros y el comisionado militar también
lo hacía. Un domingo de julio, llegaron dos mil ejércitos a las diez de
la mañana al mercado, donde habían varias personas comprando y
vendiendo. Primero mataron a las personas ahí con balazos, cortán-
doles las manos y los pies, matando a niños, violando a las mujeres,
les quitaron sus cortes y les metieron un palo, y algunas se murieron
de eso. Quemaron las tiendas y las casas y se fueron de la aldea, más
o menos trescientas personas murieron en total”.
803
3140.
Los ataques indiscriminados no sólo se centraron en poblaciones
asentadas en una comunidad determinada, sino que alcanzaron también a
personas que, por distintos motivos, se movilizaban hacia otros lugares.
Durante estos años, actividades normales, como trasladarse a la Costa Sur
en época de cosechas, bajar al mercado de la aldea vecina o salir a las par-
celas a trabajar se convirtieron en una peligrosa tarea, debido a la latente
amenaza de ser detenidos por el Ejército y acusados de subversivos.
“El Ejército puso unos retenes en la salida de la aldea ... Un grupo de
18 mujeres y sus niños salieron de la aldea con burros, canastas y bol-
sas. Cuando regresaban por Río Seco, fueron interceptados y captura-
dos por una patrulla de soldados. Les quitaron los burros y las cosas
que habían comprado. Llevaron a las mujeres y a los niños a un lu-
gar cercano. A las mujeres las desnudaron, las torturaron y las deja-
ron colgadas con palos introducidos en los genitales para que la gente
las miraran. A los niños les quebraron las cabezas”.
804
“[Los soldados] bajaron por el campo y comenzaron a caminar di-
recto a Xoxlac … Se fueron de regreso para Nucá por el camino que
iba para Barillas; a todo el que encontraban lo mataban, comercian-
tes, mujeres, niños, ancianos, a todos los mataron con hachas y cuchi-
llos; no usaron armas de fuego. A otros los ahorcaron y los dejaron col-
gando de los árboles para que los miráramos … en todo el camino
quedaron como 70 muertos. Nos dio mucho dolor ver todo eso. Fran-
cisco [un de las víctimas] había salido para Barillas para hacer algu-
nas compras, porque nosotros somos pobres, son pocas las cosas que sa-
limos a comprar, pero cuando él regresaba a su casa, fue capturado por
él Ejército junto con ocho solomeros, los acusaron de traer comida pa-
288
803 C 10301. Junio, 1981. Ixcán, Quiché.
804 C 8031. Febrero, 1981. San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.
ra la guerrilla, y en la carretera los mataron a todos … les amarraron
las manos, les quitaron la nariz, les sacaron los ojos y los degollaron
con machete”.
805
3141.
También hubo casos en los cuales cuando las tropas no podían lo-
calizar a las personas que buscaban, se ejecutó indiscriminadamente a
otras. En otros casos, el silencio de la comunidad, interpretado como en-
cubrimiento de los culpables, generó una respuesta de violencia indiscri-
minada contra todos los presentes, como en los siguientes ejemplos:
“Ese día los soldados buscaban a los jefes de familia, incluyendo a don
Daniel; como no estaba, quemaron su casa y mataron a su mujer y a
su hija. A otro vecino con su hija de doce años que esa noche se ha-
bían quedado para acompañar a la señora, también los mataron,
quemaron la casa y a las personas las tiraron adentro para que se que-
maran. Cuando los soldados entraban a las casas y no estaba el hom-
bre mataban a la mujer, esa noche le dieron muerte a diez personas y
quemaron ocho casas”.
806
“Reunieron a las mujeres, que eran 27 y a 20 niños. En una casa muy
grande metieron a todos. Cuando ya estaba adentro les comenzaron a
disparar y los mataron. Después de que los mataron incendiaron la
casa. Ahí quedaron todas las personas quemadas. Al día siguiente en-
contramos todo hecho escombros. Las mujeres por nosotros murieron.
No sabíamos que iba a pasar eso”.
807
3142.
En los llamados “operativos de castigo”, como fue el caso de Chisís,
el Ejército emprendió acciones militares contra la población civil, como re-
presalia contra algún ataque o actividad de la guerrilla. En estos casos, la
respuesta no se hacía esperar, los soldados culpaban a la población civil y
se ensañaban en su contra, aprehendían a pobladores que se encontraban
cerca del lugar o irrumpían en comunidades cercanas para amenazar e im-
poner un castigo ejemplificante, mientras en muchos casos estos hechos
culminaron en una masacre indiscriminada.
“Los guerrilleros llegaron a San Juan Cotzal a atacar el destacamen-
to. Los militares empezaron a buscar a todos los que estuvieran cerca
y mataron como a 70 personas. Recuerdo que los ejércitos bombar-
dearon a San Juan Cotzal el 15 de septiembre de 1981 y después que
289
805 C 6019. Junio, 1982. Barillas, Huehuetenango.
806 C 5181. Enero, 1982. Jacaltenango, Huehuetenango.
807 CI 002. Noviembre, 1981. Chisec, Alta Verapaz.
los helicópteros se habían ido, los soldados en compañía de 40 policías
judiciales mataron a 70 personas sindicadas de ser guerrilleros”.
808
“En otra masacre, dos de las víctimas iban a comprar para San An-
tonio Huista, Huehuetenango, cuando se escuchó una explosión. La
guerrilla había colocado una bomba al camión militar que venía con
soldados de Jacaltenango. Los dos se regresaron corriendo por la carre-
tera y entraron rápidamente a una vivienda que quedaba en la en-
trada de la aldea. Los soldados llegaron a la casa, los capturaron y
también se llevaron a otros dos jóvenes que a esa hora estaban escu-
chando un partido de fútbol. Sacaron a los cuatro y se los llevaron
rumbo a la aldea de Monajil. Cuando llegaron allí, sacaron de sus ca-
sas a otros dos jóvenes y los llevaron al entronque de B’uxub’ y allí los
empezaron a golpear y a torturar. Les provocaron heridas con arma
blanca y luego los mataron con armas de fuego. Los cadáveres tenían
muchas perforaciones. Los soldados los dejaron tirados en el lugar”.
809
3143.
Entre las características de las masacres indiscriminadas, destacó el
uso de la extrema crueldad como parte de las mismas. En algunos casos, el
Ejército estuvo varios días en una comunidad, realizando los actos más
aberrantes. Luego, esperaban que la noticia llegara a las comunidades veci-
nas para dejar “claro” el ejemplo, reforzándolo con discursos que trataban
de criminalizar a las víctimas, afirmando que les fue aplicado un castigo
justo y ejemplar correspondiente a los “pecados” cometidos.
“A las ocho de la mañana [los soldados] se marcharon rumbo a la
finca San Francisco donde masacraron a toda la comunidad, dejan-
do muertas a 363 almas. A las mujeres las encerraron y las masacra-
ron en la iglesia, y a los hombres en el juzgado. A los ancianos los ma-
taron a machetazos”.
“En Yalambojoch oímos el ruido de la balacera y de las bombas que
tardó durante toda la noche. En la tarde del día siguiente los soldados
regresaron a Yalambojoch con unos 40 animales robados de San Fran-
cisco y un montón de otras cosas como vestidos, grabadoras, guitarras
y motores. También llevaron a dos presos ... Los dos al llegar a Yalam-
bojoch ya estaban muy golpeados y quemados. Los soldados los habían
colgados sobre el fuego durante un interrogatorio. Los siguieron inte-
rrogando en Yalambojoch y los encerraron en la cárcel durante los cua-
tro días que quedaron los soldados en nuestra aldea”.
290
808 C9438. Septiembre, 1981. San Juan Cotzal, Quiché.
809 C 5236. Febrero, 1981. Santa Ana Huista, Huehuetenango.
“Al llegar a Yalambojoch los soldados pidieron dos ganados para hacer
una fiesta al día siguiente ... Obligaron a las mujeres mas gordas a
preparar la comida. Los soldados estaban bien animados y dijeron co-
sas como: ‘ahora vamos a festejar, ya triunfamos en la guerra.’ Este día
volvieron a quemar otras quince casas en la aldea e hicieron un hoyo
en donde tiraron bombas para asustar a la gente. Después empezó la
fiesta. Izaron la bandera guatemalteca y nos forzaron a cantar el
Himno Nacional. Nos forzaron a tocar marimba y a bailar. Duran-
te los cuatro días que los soldados permanecieron en la aldea a cada
rato teníamos que reunirnos. En estas reuniones siempre hablaban de
la patrulla, de que teníamos que patrullar para que la guerrilla no en-
trara en Yalambojoch y por lo tanto no sería necesario masacrar nues-
tra aldea también ... Los soldados violaron unas 17 mujeres y las ma-
taron con bala. Por el miedo nadie se atrevió a enterrar las mujeres.
Quedaron tiradas en el lugar expuestas a los animales y al tiempo...”
810
“Llegamos hasta la aldea Llano Coyote, es una aldea de Aguacatán,
llegamos tipo ocho de la mañana y de casa en casa comenzaron ellos a
matar a la pobre gente, sólo dejaron a dos ancianos como de 60 años.
Y este oficial ... dijo a los dos ancianos que les perdonaba la vida pero
que a las seis de la tarde cuando nosotros regresáramos de Sacapulas, ya
tenían que estar enterradas las 145 personas que habían matado ...
Bueno, estos ancianos por el temor de que los iban a matar si no los en-
terraban, lo hicieron. Cuando regresamos nosotros de la comisión de
Sacapulas, ya sólo le faltaba una persona, medio enterrada; las demás
no enterradas estaban normalmente como se hace, estaban semiente-
rradas; ya sólo le faltaba una persona, pero ese señor oficial, no quitán-
dose la cólera por los 145 que había mandado a asesinar, asesinó a los
dos ancianos y los dejó colgados en sus viviendas en Llano Coyote”.
811
3144.
La crueldad no tuvo límites; el Ejército actuó con auténtica saña
en numerosos casos, contra bebés, niños, mujeres embarazadas y sus fetos.
A pesar de ser ésta la parte de la población más indefensa, más vulnerable,
más inofensiva, fue atacada con una ferocidad inimaginable.
“En la casa estaba ella violada y degollada, en otro cuarto estaba mi
papá, sobre la cama, estaba baleado, tiene una bala en el corazón y
otra en la cabeza. Debajo de la cama estaban tres niños, pero no han
muerto por balas. Uno tiene la cara destrozada, como que lo hubie-
ran golpeado con palas o los hubieran reventado en el suelo. Ya no
291
810 C 6095. Julio, 1982. Nentón, Huehuetenango.
811 Testigo (ex miembro del Ejército) CEH. (T.C. 85).
tenían los dientes, y los huesos de la cara, cerca de la boca, parecían
como colgando. Los tres han muerto de la misma forma, y los tres son
de edades muy pequeñas. Cerca de la cocina otro cadáver tiene destro-
zada por balas la cabeza y un gran agujero en el pecho. Al entrar a la
cocina la masacre es total ... Las señoras estaban haciendo el desayu-
no y se ve cómo cada madre tenía amontonados a sus niños, todas las
mujeres fueron muertas por balas y los niños tenían partidas las cabe-
zas con machetes. Allí había 16 cadáveres. Al salir al patio, en el fru-
tal había tres cadáveres, con el cráneo destrozado, en el tronco existían
aún señales de que fueron estrellados contra ese tronco, ya que además
de la sangre también hay partes de cerebro”.
812
“Se podía ver cómo las golpeaban en el vientre con las armas, o las
acostaban y los soldados les brincaban encima una y otra vez hasta
que el niño salía malogrado”.
813
“Eran alrededor de doscientos soldados ... ella contaba con cuatro me-
ses de embarazo, fue violada por los soldados, quienes no conformes le
abrieron el vientre y la degollaron”.
814
“Los soldados llegaron a la aldea Tierra Colorada de Sacapulas y co-
menzaron a registrar todas las viviendas en busca de armas y guerri-
lleros. Encerraron a los niños con todo y las familias dentro de las vi-
viendas, los rociaron con gasolina y les prendieron fuego. En los alre-
dedores del pueblo, niños fueron muertos degollados y a mujeres em-
barazadas les abrieron el vientre y les sacaron sus fetos y los tiraban al
suelo. A los hombres los encerraron en una casa particular cercana a
la iglesia y los torturaron”.
815
3145.
Asimismo, en las masacres indiscriminadas, se dieron altos índices
de destrucción comunitaria, dado que el operativo iba dirigido a eliminar
no sólo a los presuntos guerrilleros sino a dejar a la insurgencia sin posibi-
lidades de abastecerse. Desde el momento en que la población era conside-
rada base social de la guerrilla se buscaba no sólo aniquilarla a ella, sino, me-
diante las operaciones de “tierra arrasada”, aniquilar también la posibilidad
de un nuevo asentamiento hostil en un área en disputa con el enemigo.
“Después de la masacre ... Los soldados pasaron la noche en la co-
munidad, comiéndose los animales de la población. A la mañana
292
812 C 2756. Marzo, 1982. Zacualpa, Quiché.
813 CI 31. Diciembre, 1982. La Libertad, Petén.
814 C 16011. Mayo, 1982. Uspantán, Quiché.
815 C 16465. Enero, 1982. Sacapulas, Quiché.
siguiente los soldados arrasaron la aldea, quemándolo todo. Los ani-
males que no se comieron, los soldados se los llevaron a la finca La
Perla”.
816
“Los soldados, al no encontrar más gente para matar, procedieron a
quemar muchas casas, pero antes las registraron robándose las cosas
de valor que encontraron en ellas. Se comieron nuestras gallinas,
también mataron toros y vacas para comérselos; en fin, hicieron ave-
rías en nuestras casas, destruyeron todas las cosas que nos eran nece-
sarias, piedras de moler, comales, ropa, mazorca, frijoles, ollas. Nos
dejaron sin comida ni con qué preparar nuestros alimentos, tampo-
co donde vivir ... Ellos estuvieron durante tres días, el cuarto se reti-
raron llevándose con ellos varios toros, vacas y chivos que encontra-
ron en nuestra casas”.
817
Las masacres indiscriminadas de población desplazada
3146.
En muchos casos de masacres indiscriminadas, el Ejército no sólo
eliminó a la población y arrasó la comunidad sino que trató de dar caza y
eliminar a las personas que habían escapado del lugar. Los soldados prosi-
guieron “limpiando” el área, capturando y ejecutando a todos los que
huían, por lo que se desprende que el operativo no se reducía a dispersar a
la población, sino que buscaba eliminarla en su totalidad.
“El Ejército entra a la comunidad de madrugada. Mucha gente sale
huyendo. Otras no pueden hacerlo. Ese día el Ejército mató mucha
gente. A la que encontraban la mataban. Había balas por tierra y ai-
re. Ese mismo día quemaron 54 casas. Murieron 75 personas, la ma-
yoría ancianos y niños. Había personas muertas por disparos, por gra-
nadas, por cuchillos, por machetes y otras quemadas, gente que murió
huyendo de las balas. Los soldados decían que toda la población era
guerrillera. Había helicópteros buscando a la gente en los barrancos y
montañas”.
818
“Siempre que pasaban los del Ejército, nos daba un gran miedo. Mu-
chas veces corrimos y nos escondimos en el monte. Muchas veces nos to-
có dormir en el monte, teníamos miedo que nos vinieran a masacrar.
Escuchamos historias espantosas de masacres y matanzas de gente ino-
cente y sabíamos que no era necesario tener delito ante el Ejército pa-
ra que te mataran. A la aldea llegaron muchas veces los soldados, sa-
293
816 C 3082. Marzo, 1982. Chajul, Quiché.
817 C 16316. Mayo, 1982. San Antonio Sinaché, Zacualpa.
818 C 2694. Abril, 1982. Santa Cruz del Quiché, Quiché.
caron gente de sus casas y ya nunca escuchamos de ellos. Cuando los
soldados querían, mataban o violaban a las pobres mujeres. Un gru-
po de 300 soldados llegó en septiembre a la aldea, quemaron las casas
de la gente que ya estaba en el refugio. Todos los que ese día estábamos
en Buena Vista, pensamos que habían llegado para matarnos y co-
menzamos a correr y a huir rápido. Con mi familia salimos corrien-
do todos juntos, pero por el miedo no nos dimos cuenta y en el cami-
no nos dispersamos...”
819
3147.
Los operativos de tierra arrasada provocaron el desplazamiento de
un gran número de personas, los supervivientes de las masacres, poblacio-
nes que habían sido alertadas antes de que llegara el Ejército y todo tipo
de personas que, en un momento dado, huyeron de la violencia buscan-
do salvar sus vidas. Sin embargo, en los testimonios recopilados se obser-
va que esta salida en ningún caso significó una garantía de supervivencia,
dado que el Ejército, en un primer momento, dirigió un gran número de
operativos contra estas columnas humanas, buscando, como ya se dijo,
eliminar todo tipo de población considerada hostil en una determinada
región. Un caso documentado en Chimaltenango, constituye ejemplo de
lo anterior:
“La población que huía era como de 2,000 personas ... Se enteraron
que el Ejército iba a llegar. La población se refugió en el caserío Los
Magueyes, cerca del Río San José las Canoas. El Ejército empezó a dis-
parar con galiles sobre la población y a lanzar granadas. No se sabe
exactamente cuántas personas murieron; se calcula que fueron entre
100 y 200 personas. Ese día los soldados quemaron casas en Santa
Anita las Canoas y en San José las Canoas, porque ellos les habían da-
do refugio a las personas de San José Poaquil”.
820
“Los comisionados militares y el Ejército nos buscaban porque los des-
plazados éramos vistos como mala gente, guerrilleros”.
821
“El guía sabía donde se juntaba la gente, entonces poco a poco los hi-
zo acercarse a ese lugar donde la gente siempre llegaba a juntarse
cuando venía el Ejercito por cualquier lado ... Entonces la gente co-
rrió hacia ese sector ... Dentro de ellos había gente que estaba refugia-
da en estas comunidades y los atraparon en un paredón, en un sector
que llamamos catarata, donde la gente ya no podía subirse, entonces
294
819 C 5459. Septiembre, 1981. Santa Ana Huista, Huehuetenango.
820 C 661. Agosto, 1982. San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.
821 C 2696. Abril, 1982. Joyabaj, Quiché.
a la gente los agarró parejo, niños, ancianos, todo, todo ... Alrededor
de 200 personas murieron baleadas. Unas fueron enterradas, otras
fueron comidas por los chuchos o por los zopilotes”.
822
“Durante una buena parte de 1982, la población huía, tal vez unas
cinco o seis veces, cuando entraba el Ejército a la comunidad, porque
el Ejército no venía así no más en son de paz, sino que asustaba a la
gente. Eran 400 personas las que huían, hombres, mujeres y niños, me-
nos los cuatro comisionados militares, el alcalde auxiliar y sus familias.
La gente se escondía en Los Magueyes, un caserío cercano, porque allí
había un barranco profundo ... El Ejército detectó a un grupo de fa-
milias que huía de San José Poaquil, rodeó a la gente y abrió fuego.
Fueron varios los muertos ese día, la mayoría mujeres y niños”.
823
“A las seis de la mañana, 200 soldados y patrulleros de la finca La
Perla lograron sorprender a los desplazados en su área de refugio. Al-
gunos lograron esconderse, pero un grupo de 46 personas fue rodeado,
los soldados empezaron a disparar, matando a la mayoría de personas.
Los que intentaban escapar eran capturados y estrangulados con lazos.
Después de una hora, los soldados y patrulleros habían matado a 43
personas, tres personas más resultaron desaparecidas”.
824
“Ya en el mes de abril de 1982 se inició la persecución de las comuni-
dades ... A estas alturas había que tomar una decisión, ya que si nos
quedábamos en la casa, de todos modos se moría a manos de los solda-
dos, fue por eso que salimos a escondernos dentro de las montañas, pa-
ra que no nos mataran a nosotros y a nuestras familias. Nos acorrala-
ron, nos persiguieron, como seis a siete días, durante ese tiempo nos
quedamos sin comida ... cada día caminábamos mas de diez kilóme-
tros. Durante la persecución, cayeron 17 compañeros en manos del
Ejército, entre hombres mujeres y niños. Después de tres meses fuimos
a ver el lugar donde fueron torturados y dejados los cadáveres, ahí
estaban enterrados de dos en dos, a las estacas les hicieron punta en for-
ma de trompo, en esas estacas fueron ensartados seis de ellos que eran
tres parejas de esposos ... tardamos como tres meses en ese lugar...”
825
3148.
El desplazamiento, en ocasiones, duró varios años. A lo largo de es-
te tiempo, como se mencionó anteriormente, esta población fue vista por
295
822 C 2899. Agosto, 1982. Entre Lacamá I,II y Tzanimacabaj, Chichicastenango, Quiché.
823 C 262. Octubre, 1982. San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.
824 C 3221. Abril, 1983. Chajul, Quiché.
825 C 9226. 1982. San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.
el Ejército como parte de la insurgencia por lo que, aunque en menor nú-
mero que durante el período 1978-82, se continuó llevando a cabo opera-
tivos de masacres contra estos grupos. Estas masacres disminuyeron a par-
tir del momento en que la mayoría de los desplazados se acogió a la am-
nistía y se reasentó en comunidades bajo el control del Ejército.
826
“El 23 de noviembre de 1983, cuando nos encontrábamos refugiados
cerca del río Xaclbal, en un caminito, a las tres de la tarde, estábamos
caminando y encontramos un lugar donde había hierbas que se pue-
den comer. La gente se dispersó para buscar esas hierbas, había niños
llorando, mucho ruido. Escuché un ruido raro que venía de abajo del
monte. Le dije a Antonio ... que había ruido por allá. Pensó que era
de la gente misma que buscaba las hierbas en el monte muy cerrado.
Pero presentimos algo y Antonio fue a ver. Yo estaba con mi esposa de
16 años y empezaron los disparos y los soldados trataban de rodear a
toda la gente. Corrimos los que pudimos correr. Los que no podían co-
rrer se quedaron. Me fui corriendo con mi esposa, con los soldados co-
rriendo atrás de nosotros, corriendo. Pero ella no pudo seguirme. Me
di cuenta que atrás de mi ya no estaba mi esposa, pero sí los soldados.
Llegué a la playa del Río Xaclbal, pero el río creció mucho en los úl-
timos días por las lluvias. Me escondí y pasé la tarde. De las 45 per-
sonas en un principio aparecieron solamente ocho personas. El día si-
guiente crucé el río. Aparecieron otras personas. Al final, de las 45 per-
sonas, 16 murieron o desaparecieron”.
827
“Nos persiguieron en el monte, nos salvamos de morir. Los soldados
nos persiguieron día y noche por tres años”.
828
“Nos refugiamos en la selva, en la montaña de Sepalau por tres
años, de 1981 a 1983 y ahí hubo 45 muertos, unos heridos por el
bombardeo y el tiroteo y los otros ... la gente comenzó a morirse po-
co a poco del susto”.
829
3149.
Sin embargo, parte de la población desplazada optó por no regre-
sar y permanecer viviendo en las áreas de conflicto fuera del control del
Ejército. Esto suponía, para los militares, una desafío constante. Asimismo,
al no aceptar la tutela del Ejército se les consideró hostiles y, por tanto, ob-
jetivo militar, como era el caso de las CPR.
296
826 Para mayor información sobre este fenómeno véase el apartado sobre desplazamiento forzado en
este mismo capítulo.
827 C 11315. Noviembre, 1983. Ixcán, Quiché.
828 C 9371. 1981. Cahabón, Alta Verapaz.
829 C 9433. 1982. Cahabón, Alta Verapaz.
“Cuando terminaba el bombardeo, el Ejército avanzaba … Los mi-
litares hacían rastreos, iban persiguiendo, así diariamente … Cuan-
do el Ejército entraba por tierra se moría mucha población”.
830
“Las mujeres trabajaban de noche para que no se viera humo de día.
Pasaban avionetas con bocinas diciendo ‘Dios es autoridad, y ustedes
tienen que respetar a las autoridades’, y dejando volantes. ‘Ustedes son
prisioneros de la guerrilla, tienen que rendirse al Ejército’. El 2 de no-
viembre de 1987 a las seis de la mañana, llegó un helicóptero ... Ca-
da familia tenía un refugio en su casa. La gente se corrió pero llega-
ron los aviones que bombardearon hasta las nueve o diez de la maña-
na. Hubo muertos y heridos”.
831
“Se desplazaban junto con otras 25 familias, desde Santa Rosa a la
CPR de la sierra, cuando fuerzas del Ejército les tendieron una em-
boscada en el camino. Murieron alrededor de 21 personas. Los res-
tos no pudieron ser sepultados porque los soldados permanecieron en
los alrededores del lugar por aproximadamente un mes. Los fami-
liares no se acercaron por temor a ser capturados. Los cuerpos se pu-
drieron”.
832
3150.
La persecución de la población desplazada no se restringió única-
mente al territorio nacional, sino que se extendió en varias ocasiones a la
población refugiada en México, documentando la CEH cinco casos de
masacres perpetradas por el Ejército de Guatemala dentro del territorio
mexicano.
833
3151.
Efectivamente, el Ejército planteó en su plan de campaña de 1984
que los refugiados se habían convertido en:
“Reserva humana de la subversión que incluso ha usado estos cam-
pamentos como puente logístico para el ingreso de material a Guate-
mala”.
834
3152.
Para entender en mayor profundidad la masividad del fenómeno
de las masacres y su planificación, a continuación se analiza cómo se de-
sarrollaron entre 1981 y 1982, relacionando el despliegue de fuerzas del
Ejército con la intensidad y tipo de violencia cometida contra la pobla-
297
830 Testimonio colectivo CEH. (T.C. 337).
831 C 11157. 1987. CPR-Ixcán, Quiché.
832 C 16806. 1984. Nebaj, Qiché.
833 Véase el apartado sobre el desplazamiento forzado en este capítulo.
834 Ejército de Guatemala, plan de campaña Reencuentro Institucional 84.
ción civil, haciendo uso tanto de la información documental disponible
835
como de los testimonios y otros datos arrojados por su investigación de
terreno.
Las operaciones militares, masacres y tierra arrasada:
junio de 1981 a diciembre de 1982
3153.
En el período de dieciocho meses comprendido entre junio de
1981 y diciembre de 1982 la CEH registró 415 casos de masacres perpe-
tradas por fuerzas estatales, lo que representa el 64% del total de las masa-
cres de las fuerzas del Estado registradas por la CEH durante todo el en-
frentamiento armado interno. En este período se concentra el 76% del to-
tal de víctimas de ejecuciones arbitrarias cometidas en masacres, según la
base de datos de la CEH.
3154.
Asimismo se estima que en el mismo período, el Ejército movilizó
a más de 15,000 combatientes en el desarrollo de operaciones militares de
gran magnitud que abarcaron todo el Altiplano central, incluyendo Chi-
maltenango, Sololá y Sacatepéquez, así como los departamentos de Qui-
ché, Huehuetenango y las Verapaces, en su totalidad; precisamente en las
regiones donde se concentraron las masacres durante estos meses. El ma-
nejo de operaciones militares semejantes implicó la elaboración y ejecu-
ción de un plan estratégico, así como planes operativos, la preparación de
mecanismos de control en la ejecución de las operaciones y un amplio tra-
bajo de Inteligencia.
3155.
Se toma como punto de partida de esta investigación la política ge-
neral contrainsurgente definida en el Plan Nacional de Seguridad y Desa-
rrollo y luego en el plan de campaña Victoria 82. Posteriormente se exami-
nan algunos elementos de la doctrina militar aplicables al desarrollo de las
operaciones que se tradujeron en masacres y tierra arrasada ejecutadas en
Guatemala; finalmente se muestran los casos de masacres perpetradas en
cada área de operaciones.
Una política general contrainsurgente:
El Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo
3156.
El documento oficial que mejor describe la aplicación de una po-
lítica general contrainsurgente durante este período es el Plan Nacional de
Seguridad y Desarrollo (PNSD). Este plan abarcó al Estado en su conjun-
to y permitió su militarización total, condición que facilitó la ejecución de
operaciones militares de gran envergadura que, en infracción al derecho in-
ternacional humanitario, incluyeron ejecuciones masivas de población in-
298
835 La CEH tuvo acceso a los documentos de planificación estratégica y planes de campaña del Ejér-
cito a partir del año 1982. No fueron entregados ni los planes de campaña anteriores a 1982 ni
los informes de operaciones anteriores a 1988.
defensa y las denominadas operaciones de tierra arrasada. El PNSD esta-
bleció como concepto estratégico básico que:
“Guatemala acometerá a corto y mediano plazo las reformas admi-
nistrativas, funcionales y jurídicas de la estructura y funcionamiento
de los órganos del Estado valiéndose de las correspondientes ramas del
poder político y coordinará e integrará los planes y programas antisub-
versivos a nivel de los organismos políticos del país. Esta acción será
apoyada por … la adecuación de la estructura y funcionamiento del
Ejército de Guatemala y de los cuerpos de seguridad interna al enfren-
tamiento y combate eficaz…”
836
3157.
El PNSD partió de un análisis general de la situación frente a la in-
surgencia, que justificaba la necesidad de ampliar las acciones de contrain-
surgencia y coordinarlas con toda la estructura del gobierno militar.
“Los éxitos frente a los focos guerrilleros no reflejan un debilitamien-
to significativo que permita pronosticar su erradicación a corto plazo,
si esto se hace aisladamente”.
837
3158.
En lo militar reconoció la necesidad de:
“Mantener y mejorar de acuerdo a la situación, la organización del
Ejército y de los cuerpos de seguridad interna, para enfrentar con éxi-
to a los movimientos y grupos subversivos y para perfeccionar los orga-
nismos y sistemas de enfrentamiento en esta área”.
838
3159.
En al ámbito político recomendó la creación del Estado Mayor Es-
pecial, estableciendo que se debe:
“Crear al más alto nivel político, un organismo de dirección del es-
fuerzo antisubversivo que, conforme a las políticas nacionales corres-
pondientes, imparta las instrucciones y directivas generales, integre las
medidas acordadas a cada campo y coordine eficazmente su realiza-
ción.”
839
299
836 Ejército de Guatemala, Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo, Documento PNSD 0182.CE-
MO1ABR82. RLH6-CC82, presentado a los ministros de Estado el 5 de abril de 1982. Un an-
tecedente de este plan fue el estudio y recomendaciones emanadas del Curso de Comando y Es-
tado Mayor, mayo-junio de 1981; los planteamientos y recomendaciones de dicho material fue-
ron recogidas en el PNSD tanto dentro de la definición de sus objetivos como en las acciones a
emprender.
837 Ibid.
838 Ibid., punto 2 recomendaciones, literal A, acciones de aplicación, numerales 1 y 4.
839 Ibid.
3160.
Como consecuencia de ello, fue creado el Estado Mayor Especial
que tuvo como principal función la preparación de los planes estratégicos
para la seguridad y la defensa, además de la evaluación, supervisión y coor-
dinación del cumplimiento del Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo.
840
La CEH tiene la certeza de que el Estado Mayor Especial fue una de las
instancias políticas y de mando al más alto nivel en el gobierno militar, por
lo menos durante 1982. A su vez, el Estado Mayor General del Ejército fue
el centro de mando que planificó y supervisó todas la operaciones con-
trainsurgentes.
3161.
Otras recomendaciones del PNSD fueron cumpliéndose de forma
ordenada y disciplinada, como se vio reflejado en el Estatuto Fundamen-
tal de Gobierno, Decreto-Ley 24-82, promulgado el 27 de abril de 1982.
En sus artículos 4 y 26 otorgó al jefe de Estado facultades ejecutivas y le-
gislativas para el ejercicio del Gobierno mediante decretos leyes.
841
Asimis-
mo, le otorgó la facultad de nombrar tanto al presidente de la Corte Su-
prema de Justicia y del Organismo Judicial, como a todos los magistrados
de los tribunales colegiados del mismo, además de nombrar y remover a
todos los funcionarios y empleados del organismo ejecutivo incluyendo a
los alcaldes de los municipios de la República.
842
3162.
Un ilustrativo ejemplo del cumplimiento de las recomendaciones
estratégicas del PNSD fue el procedimiento utilizado para el nombramien-
to de los alcaldes municipales. Según un alto jefe militar, citado en los pe-
riódicos correspondientes a las fechas, estos fueron nombrados con base en
la información proporcionada por los organismos de Inteligencia y seguri-
dad del Estado:
“La selección de los alcaldes que serán nombrados y tomarán posesión
el 16 de junio de este año estuvo a cargo de la sección de Inteligencia
(G-2) del Ejército”.
843
3163.
El PNSD estableció la necesidad de unificar todas las líneas de
mando y todas las instituciones del Estado en la ejecución de las operacio-
nes militares contrainsurgentes. Luego, con el Decreto-Ley 44-82 sobre la
300
840 Ibid. Además, según el Comité Pro Justicia y Paz de Guatemala, en los meses posteriores a la en-
trada en vigencia de este decreto fueron nombrados mas de 90 oficiales militares en distintos mi-
nisterios; véase, Comité Pro Justicia y Paz de Guatemala, Informe de la situación de los Derechos
Humanos en Guatemala, 1983, anexo “Listado de militares que ocupan puestos destinados a ci-
viles”, Guatemala, 1984.
841 Originalmente, el Estatuto Fundamental de Gobierno otorgó estas atribuciones a la junta militar
de gobierno; posteriormente se reformó para el Presidente de la República (Decreto Ley 36-82,
Artículo 2o.) y finalmente para el jefe de Estado ( Decreto Ley 87-83, Artículo 2o.), conforme
fue modificada la Jefatura de Gobierno el 9 de junio de 1982 y luego el 8 de agosto de 1983.
842 Por medio del Acuerdo Gubernativo 31-82 se nombraron 324 alcaldes municipales por el Presi-
dente de la República quienes tomaron posesión de sus cargos el 16 de junio de 1982.
843 Prensa Libre, 8 de junio de 1982.
movilización parcial del Ejército, quedó establecida la preminencia jerár-
quica del Ejército sobre todas las demás instituciones de Estado:
“Todos los funcionarios y empleados del Estado, de cualquier jerar-
quía, deberán acatar las disposiciones que el mando del Ejército dic-
te en cumplimiento de este decreto, y en caso de que por cualquier cir-
cunstancia tal acatamiento no se realice, el Ejército ejecutará por sí lo
que estime conveniente”.
844
Los planes de campaña
3164.
Definido el marco estratégico general a través del PNSD, el Ejer-
cito de Guatemala operó mediante la ejecución de planes de campaña, que
generalmente estaban diseñados para un año e incluían con gran precisión
informes de Inteligencia, planes de comunicaciones y transmisiones, órde-
nes de movilización de efectivos, órdenes administrativas, asuntos civiles,
órdenes de desarrollo de operaciones contrainsurgentes, lineamientos para
la organización de las PAC y todos los mecanismos de información y con-
trol de la cadena de mando.
3165.
Para el período de junio de 1981 a diciembre de 1982 los planes
de campaña que estuvieron vigentes fueron Ceniza 81 (que no fue presen-
tado a la CEH por el Ejército) y el plan de campaña Victoria 82.
845
La con-
tinuidad de la campaña contrainsurgente y las operaciones militares reali-
zadas desde el segundo semestre de 1981 y la totalidad del año 82 fue cla-
ramente reflejada en los casos documentados por la CEH por la intensi-
dad, tipo de violaciones y el patrón de las acciones militares. Asimismo se-
gún información aportada a la CEH por miembros del Ejército del más al-
to rango, el plan de campaña Victoria 82 sistematizó por escrito todas las
operaciones que ya se venían realizando en el terreno, dándole continui-
dad a las operaciones contrainsurgentes.
846
3166.
Por ello, la CEH tomó el plan de campaña Victoria 82 como base
para el análisis de todo el período. En dicho plan se establecieron clara-
mente las responsabilidades de más alto nivel con respecto a la planifica-
ción, coordinación y ejecución:
“El Plan de Desarrollo y Seguridad del Gobierno está siendo planifi-
cado y coordinado por el Estado Mayor Especial de Coordinación y
Supervisión de la Presidencia de la República … los planes particu-
lares de cada comando deberán establecer fechas en que se deberán
cumplir los objetivos previamente planificados en cada actividad, es-
301
844 Decreto-Ley 44-82, movilización del Ejército, Artículo 3, Guatemala, 1 de julio de 1982.
845 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, Guatemala, 25 de junio de 1982.
846 Testigo (general del Ejército) CEH. (T.C. 799).
tas fechas servirán al comandante y al EMGE (Estado Mayor Gene-
ral del Ejército) ... para establecer la continuidad del esfuerzo y el
cumplimiento de metas y objetivos fijados”.
847
3167.
La coordinación de las operaciones militares quedó establecida tan-
to desde el punto de vista estratégico y operativo como desde su relación
con los mandos locales:
“En las jurisdicciones en las que se decrete estado de excepción, el co-
mandante jurisdiccional ejercerá funciones de gobierno militar, por lo
que tendrá plena autoridad sobre planes, acciones y funcionamiento
del aparato estatal en su sector a cada nivel de comando”.
848
3168.
Además, el plan de campaña Victoria 82 definió con gran precisión
la supervisión de todas las operaciones militares:
“Todos lo involucrados en el presente plan de campaña, deberán ela-
borar entre los documentos su IOT [Informe de Operaciones Tácti-
cas], el cual intercambiarán con los comandos de las unidades veci-
nas, para su mejor coordinación en las operaciones…”
“Los comandos deberán reportar puntualmente su IPO [Informe
permanente de Operaciones] cada quince días, conteniendo los da-
tos siguientes: dispositivo de sus unidades, acciones de combate, resu-
men de resultados”.
849
3169.
Las responsabilidades de mando quedaron plenamente establecidas
según los niveles de autoridad:
“Cada comandancia de los cuerpos militares involucrados es responsa-
ble de todos los aspectos tácticos y logísticos de sus unidades propias y
agregadas”.
“Cada comandante de área de operaciones es el responsable directo del
planteamiento y toma de decisiones adecuadas en su área”.
850
3170.
Finalmente, es importante resaltar que doctrinariamente, en cual-
quier Ejército, todas las fuerzas tienen siempre demarcada una zona de res-
302
847 Ibid., anexo G (asuntos civiles), Literal D, Instrucciones de coordinación.
848 Ibid. Literal E.
849 Ibid., punto nueve, literales O y Q.
850 Plan de campaña Victoria 82, numeral 9, Instrucciones de coordinación, literal Ñ.
ponsabilidad, la que implica una misión a cumplir, que a la vez debe co-
rresponder a un plan general. Tanto este plan como la misión y la zona de
responsabilidad deben poseer una cadena de mando con un jefe responsa-
ble. Este principio se cumple para todas las fuerzas militares regulares,
asentadas en cualquier terreno, no importando la cantidad de efectivos ni
su organización interna, ni si se trata de un pelotón o compañía o si se tra-
ta de otro nivel, incluso si el espacio de terreno donde se asienta es fijo o
transitorio o se trata de un puesto de comando avanzado. Estos principios
son aceptados aún sin importar si es tiempo de paz o tiempo de guerra.
851
3171.
La CEH tiene la certeza de que estos principios se cumplieron en
el Ejército de Guatemala; así lo reflejan tanto los planes de campaña, in-
cluyendo el Victoria 82, ampliamente citado aquí, como los testimonios
proporcionados a la CEH por miembros del Ejército de diverso rango. Las
declaraciones tanto de miembros de tropa
852
como de mandos medios
853
y
de varios miembros del alto mando militar de la época dejan claro que las
responsabilidades de mando recayeron sobre la zona, base, brigada o Fuer-
za de Tarea con asiento en un territorio definido, habiéndose centrado la
responsabilidad operativa en el Estado Mayor General de Ejército y la res-
ponsabilidad político militar en el Estado Mayor Especial que fue coordi-
nado por el comandante general del Ejército.
“Toda cosa se hace a través de lo que diga el jefe, si no, no. O sea, el
jefe le dice a los oficiales que están bajo su mando … miren esto se va
hacer, este fulano se va a matar así”.
854
3172.
El plan de campaña Victoria 82 estableció claramente las etapas y
tareas que cada órgano político o militar debía cumplir, desde el jefe de Es-
tado hasta los comandos locales; así se lee en el anexo F:
855
1. Primera fase (pre ofensiva):
a. Junta militar de Gobierno: El 0100JUN82 decretará la amnistía pa-
ra los delincuentes subversivos en todo el territorio nacional.
f. Primera y tercera secciones del Estado Mayor General del Ejército:
… elaborarán los planes pertinentes para la movilización parcial a
mediados de la última semana de amnistía.
303
851 La CEH entiende como válida la doctrina militar internacionalmente reconocida tanto por las
fuerzas militares en operaciones de paz de la ONU, como los conceptos doctrinarios vertidos a
esta comisión por los testigos militares guatemaltecos.
852 Testigo CEH. (T.C. 53).
853 Ibid.
854 Testigo (general del Ejército) CEH. (T.C. 799).
855 Plan de campaña Victoria 82, anexo F (plan de Opsic.) a la orden de operaciones “Victoria 82”,
literal B.
g. Brigadas, zonas, bases militares, áreas de operaciones: Elaboración de
estudios y planes POSIC, enviando sus requerimientos al Estado
Mayor General del Ejército.
2. Segunda fase (ofensiva):
a. Señor Presidente de la República: El último domingo del mes de ju-
nio en su mensaje acostumbrado, enfatizará a la población sobre los
procedimientos a seguir en las áreas en donde operan los delincuen-
tes subversivos.
b. Estado Mayor General del Ejército: A finales de la última semana
efectuará la movilización parcial a las áreas de operaciones a manera
de demostración de fuerza.
c. Departamento de Cultura y Relaciones Públicas del Ejército:
Con una saturada publicidad, creará el ambiente necesario para la
justificación de operaciones militares en gran escala y medidas puni-
tivas…
3. Tercera fase (consolidación):
a. El Presidente de la República: Decretará la creación de una Secreta-
ría o Ministerio de Reactivación Agraria…
d. Quinta sección del Estado Mayor General del Ejército: De acuerdo
con los requerimientos de las diferentes áreas elaborará planes para
que con la estrecha colaboración del Comité de Reconstrucción Na-
cional y de Emergencia, las ponga en ejecución en las área seleccio-
nadas.
1. Propósito general:
a. Defender a la población.
b. Recuperar aquellos miembros de las Fuerzas Irregulares Locales que
sea posible y a las vez eliminar a los subversivos que no quieran de-
poner las armas.
c. Aniquilar a los Comités Clandestinos Locales y las Unidades Milita-
res Permanentes del enemigo.
856
3173.
Estos objetivos abrieron las puertas al aniquilamiento de lo que el
Ejército entendía por enemigo interno, que incluían importantes sectores
de la población civil. La CEH determinó que los Comités Clandestinos
Locales (CCL), aunque pertenecían orgánicamente a la guerrilla, eran es-
tructuras de apoyo político, que no estaban armados, y, por lo tanto, for-
maban parte de la población civil no combatiente que no puede ser consi-
304
856 Ibid., anexo H (órdenes permanentes para el desarrollo de operaciones contrasubversivas) al plan
de campaña Victoria 82, punto I, literal C.
derada como objetivo militar. Asimismo, los miembros de las Fuerzas Irre-
gulares Locales (FIL) raras veces tenían armas, menos cuando estaban den-
tro de sus comunidades.
857
Además, como la CEH pudo establecer, en mu-
chos casos de masacres los efectivos del Ejército mataron de manera total-
mente indiscriminada a la población y, en todos los casos, por definición,
mataron a personas indefensas.
Operativos militares que incluyeron masacres
en las principales áreas de operaciones
3174.
La campaña contrainsurgente que se inició en la segunda mitad de
1981 y se prolongó hasta diciembre de 1982, como se explicó anterior-
mente, buscó contrarrestar la amenaza guerrillera, recuperar el control so-
bre la población civil y preparar el terreno para la implantación de estruc-
turas militarizadas de control de la sociedad en su totalidad. Para la imple-
mentación de esta campaña el Ejército, siguiendo los lineamientos del
PNSD, organizó sus diferentes contingentes, poniendo un alto énfasis en
la coordinación de los mismos, para maximizar la efectividad de los resul-
tados que se quería obtener con estas operaciones.
3175.
Para alcanzar los objetivos planteados en el PNSD y en los planes
de campaña, el Ejército dislocó sus fuerzas en diez áreas de operaciones
perfectamente delimitadas, de las cuales, para fines de este estudio, las cin-
co más importantes eran las siguientes:
858
● Area de operaciones Iximché, responsable de los departamentos de
Chimaltenango, Sololá y los municipios de Chichicastenango, Za-
cualpa y Joyabaj de Quiché.
● Area de operaciones Gumarcaj que correspondía a la zona central de
Quiché.
859
● Area de operaciones Zacualpa, responsable del departamento de
Huehuetenango.
● Area de operaciones Xibalbá, responsable de los departamentos de
Alta y Baja Verapaz.
● Area de operaciones Tigre que correspondía al municipio de Ixcán al
norte de Quiché.
305
857 Ver apartado correspondiente de este capítulo.
858 Las otras cinco áreas de operaciones eran: Lanquín, responsable del sur-oeste del departamento
de Guatemala y la mayor parte del departamento de Sacatepéquez; Tikal responsable de la zona
este del departamento de Guatemala; Zaculeu responsable del área norte del departamento de
Guatemala; Jícaro responsable del oeste de los departamentos de Quetzaltenango y San Marcos,
y Almolonga e Itza sobre las que no se tiene certeza de su zona de responsabilidad, probablemen-
te el departamento de Petén.
859 El área de operaciones Gumarcaj cubría los municipios de Chajul, Nebaj, Cotzal, Uspantán, Cu-
nén, Sacapulas, San Andrés Sajcabajá, San Bartolomé Jocotenango, San Pedro Jocopilas, Canillá,
San Antonio Ilotenango, Santa Cruz del Quiché, Chiché y Chinique.
3176.
Para facilitar la movilización de las tropas, el Ejército creó las lla-
madas Fuerzas de Tarea cuyas principales características eran la flexibilidad
para agruparse ante una acción puntual, realizar operaciones militares por
el tiempo que fuera necesario y aumentar o reducir sus efectivos en caso de
prolongarse las mismas. Las decisiones y planificación de los operativos de
las Fuerzas de Tarea y las diferentes zonas militares estaban centralizadas a
cargo del Estado Mayor de la Defensa Nacional. En tres de las anteriores
áreas de operaciones mencionadas se integraron Fuerzas de Tarea, mientras
que las otras dos contaban con zonas militares como fuerza militar respon-
sable en la respectiva área de tarea.
“La ofensiva nuestra comienza a finales de 1981, si no recuerdo mal
mas o menos en octubre de 1981 cuando se convence al Jefe de Esta-
do Mayor … del volumen de crecimiento que había tenido el movi-
miento guerrillero, que ya ellos habían llegado con sus unidades al
área de Chimaltenango y que tenían consolidado el Occidente del país
… convencido de eso es cuando se estructuran la primeras iniciativas
… el marco de la ofensiva comienza con la Fuerza de Tarea Iximché,
después Gumarcaj, luego Tigre en Ixcán y otra que no recuerdo su
nombre en Alta Verapaz”.
860
3177.
En estas cinco áreas, la CEH registró un gran número de casos de
masacres con las mismas características que fueron resultado de la aplica-
ción de los planes del Ejército. Hubo casos de masacres selectivas e indis-
criminadas en que aparecen sistemáticamente actos de extrema crueldad,
destrucción comunitaria, involucramiento de la población civil, criminali-
zación de las víctimas, terror ejemplificante y disuasivo, así como destruc-
ción de elementos simbólicos y culturales de las diferentes comunidades
afectadas. La repetición de estos patrones en las diferentes áreas de opera-
ciones, que se encontraban bajo la responsabilidad de diferentes coman-
dos, unido a las instrucciones contenidas en los planes de campaña de in-
formar periódicamente sobre los resultados obtenidos en los diferentes
operativos demuestra no sólo una planificación de los actos por parte de
los comandantes de zona o de las Fuerzas de Tarea sino una estricta plani-
ficación desde el Estado Mayor de la Defensa Nacional.
“Yo fui oficial del Estado Mayor ... todos teníamos los planes de cam-
paña, los de operaciones, todo perfectamente bien elaborado porque
uno no puede mandar a un comandante a una operación sin decirle,
‘esto es lo que hemos planificado, este es el mapa, este es el territorio,
306
860 Testigo (general del Ejército) CEH. (T.C.799).
esta es la población, esta es su misión’, no le puedo decir: ‘mire váyase
para allá y dentro de seis meses me reporta qué hay”.
861
3178.
En la primera parte de esta ofensiva que se dirigió contra la pobla-
ción civil, el Ejército concentró gran parte de sus esfuerzos sobre el área de
operaciones Iximché, donde se creó la primera Fuerza de Tarea del mismo
nombre. Seguidamente se crearon las otras fuerzas de tarea y se fortalecie-
ron las zonas militares correspondientes a estas áreas de operaciones. El 4
de enero de 1982, el Jefe del Estado Mayor General del Ejército afirmó:
“La segunda fase de estas operaciones se convertirá en un gigantesco
abanico que abarcará los departamentos de Huehuetenango y San
Marcos, teniendo como base del abanico los departamentos de Quiché
y Chimaltenango”.
862
“Quince mil soldados más serán involucrados en la nueva operación
de contrainsurgencia que se lleva a cabo en el Occidente del país …
la operación se extiende ahora al departamento Quiché hasta llegar a
la frontera con México … en Quiché hay varios focos de guerrilla que
no han sido combatidos frontalmente y ahora se va a trabajar en esa
región”.
863
3179.
Las principales áreas de operaciones en las cuales se llevó a cabo la
ofensiva contra la población civil indefensa abarcaban regiones donde la
mayoría de la población era maya. Los pueblos mayas con mayor número
de víctimas en estas áreas fueron el ixil, achi, k’iche’, kaqchikel, q’eqchi’,
q’anjob’al y chuj.
3180.
En la G
RÁFICA
16 se muestran todos los casos de masacres registra-
dos por la CEH en este período, perpetradas por fuerzas del Estado en es-
tas áreas de operaciones.
Area de operaciones Iximché
3181.
El área de operaciones Iximché, según se desprende de la informa-
ción recogida por la CEH, se extendía por el departamento de Chimalte-
nango, sur de Quiché, principalmente los municipios de Joyabaj, Chichi-
castenango y Zacualpa y la región al noreste del lago Atitlán del departa-
mento de Sololá. A finales de 1981, cuando se integra la Fuerza de Tarea
Iximché para llevar a cabo la operación contrainsurgente, el número de
307
861 Testigo (general del Ejército) CEH. (T.C.42).
862 El Gráfico, 4 de enero de 1982.
863 El Gráfico, 5 de enero de 1982.
efectivos se incrementó hasta 2,800 elementos.
864
La Fuerza de Tarea Ixim-
ché coordinaba sus operaciones con la Fuerza Aérea, particularmente en
los casos de masacres sobre la población desplazada, y con la Policía Judi-
cial sobre todo en los casos de masacres selectivas.
3182.
Las masacres perpetradas por los efectivos militares de la Fuerza de
Tarea Iximché comenzaron en la zona norte del área de operaciones, en
San Martín Jilotepeque, alrededor de 65 Km. al noroeste de la ciudad ca-
pital; prosiguieron en Joyabaj y Zacualpa; posteriormente fue lanzada una
gran ofensiva sobre la carretera panamericana donde se registraron masa-
cres desde Tecpán hasta Chichicastenango y, finalmente, fue atacada la po-
blación civil de la zona sur del departamento de Chimaltenango, con ma-
sacres en Pochuta y San Andrés Itzapa entre otras.
“La ofensiva contraguerrillera lanzada por el Ejército en el Occidente
del país, ha tenido resultados halagadores especialmente en Chimal-
tenango, donde se ha limpiado el lugar de elementos subversivos …
en estos momentos se está realizando un último rastreo, pero esto no
quiere decir que se vaya a quitar la presión que se mantiene, sino al
contrario se reforzará aumentando la presencia de los efectivos mili-
tares…”
865
3183.
La CEH ha establecido que, en todos los casos de masacres, esos
“elementos subversivos” eran civiles indefensos. El resultado de esta ofensiva
308
Nota: Total de casos en la region sin certeza del mes (1981 y 1982) no incluidos en la grafica: 40.
GRÁFICA 16: Total de casos de masacre en áreas
de operaciones seleccionadas
(JUNIO 1981-DICIEMBRE 1982)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Mes
No. de casos
1981-06
1981-07
1981-08
1981-09
1981-10
1981-11
1981-12
1982-01
1982-02
1982-03
1982-04
1982-05
1982-06
1982-07
1982-08
1982-09
1982-10
1982-11
1982-12
Xibalbá
Tigre
Gumarcaj
Iximché
Zacualpa
864 Testigo (oficial del Ejército de Guatemala) CEH. (T.C.102).
865 La Hora, 23 de diciembre de 1981.
en cuanto al número de casos de masacres cometidos por el Ejército en el
área de operaciones Iximché durante los dieciocho meses del período son
ilustrados en la G
RÁFICA
17.
Area de Operaciones Gumarcaj
3184.
El área de operaciones Gumarcaj comprendía los municipios de
Chajul, Nebaj, Cotzal, Uspantán, Cunén, Sacapulas, San Andrés Sajcaba-
já, San Bartolomé Jocotenango, San Pedro Jocopilas, Canillá, San Antonio
Ilotenango, Santa Cruz del Quiché y Chinique, todos ellos en la región
central del departamento de Quiché. En esta área actuaba la Fuerza de Ta-
rea Gumarcaj, la cual ejecutaba las operaciones respondiendo al centro de
mando que se encontraba ubicado en Santa Cruz del Quiché. Los efecti-
vos asignados al área eran aproximadamente 2,200. Asimismo, la Fuerza
de tarea Gumarcaj coordinaba operaciones con la Fuerza Aérea, la Policía
Nacional y la Guardia de Hacienda.
866
3185.
En parte de la región en que se encontraba ubicada el área de ope-
raciones Gumarcaj, existen evidencias de que hubo un área de operaciones
específica con anterioridad a 1981. Esta área comprendía la región habita-
da por el pueblo ixil. Del documento apreciación de asuntos civiles para el
área Ixil, se desprende que esta área de operaciones existía desde 1977.
“En vista que la región Ixil pasó a ser un área de conflicto subversivo
el alto mando dispuso que se estableciera una área de operaciones con
jurisdicción en los municipios de Chajul, Cotzal y Nebaj … La ac-
ción militar ha sido llevada satisfactoriamente aunque el problema
309
Nota: Total de casos ocurridos en la región sin certeza del mes (1981 y 1982) no están incluidos en la Gráfica.
GRÁFICA 17: Total de casos de masacre en el área de operaciones iximché
(JUNIO 1981-DICIEMBRE 1982)
0
2
4
6
8
10
12
14
Mes
No. de casos
1981-06
1981-07
1981-08
1981-09
1981-10
1981-11
1981-12
1982-01
1982-02
1982-03
1982-04
1982-05
1982-06
1982-07
1982-08
1982-09
1982-10
1982-11
1982-12
Iximché
866 Plan de campaña Victoria 82, punto instrucciones de coordinación.
después de cuatro años aún existe y, como es natural en este tipos de
acciones, el resentimiento de la población se extiende en forma alar-
mante y sin aparente solución pacífica”.
867
3186.
Esto denota la importancia que tuvo esta región para el Ejército, el
cual no sólo consideraba que una gran parte de las fuerzas guerrilleras se
ubicaban allí, sino que la población ixil era proclive a la subversión. Ade-
más el Ejército estimaba que esta amenaza no había disminuido, a pesar de
haber llevado a cabo operativos militares por más de cuatro años. Esta con-
cepción de la población civil como potencialmente subversiva, se tradujo
en un gran número de masacres que barrieron el área ixil, así como el res-
to del área de operaciones. La G
RÁFICA
18 que se ofrece a continuación
muestra los casos de masacres ocurridos en esta área.
Area de Operaciones Zacualpa
3187.
A diferencia de las anteriores áreas de operaciones, la de Zacualpa
no estaba bajo la responsabilidad de una Fuerza de Tarea sino de la zona
militar con sede en la cabecera departamental de Huehuetenango. El nú-
mero de efectivos que integraban el contingente de la zona militar era de
aproximadamente dos mil.
3188.
En el área de operaciones Zacualpa se desarrolló una campaña si-
milar a la de Iximché en la que el contingente militar llevó a cabo fuertes
operativos entre junio y julio de 1982 que barrieron con los municipios de
San Mateo Ixtatán, Barillas y el norte de Nentón. Asimismo otros muni-
310
Nota: Total de casos ocurridos en la región sin certeza del mes (1981 y 1982) no están incluidos en la Gráfica.
GRÁFICA 18: Total de casos de masacres en el área
de operaciones Gumarcaj
(JUNIO 1981-DICIEMBRE 1982)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Mes
1981-06
1981-07
1981-08
1981-09
1981-10
1981-11
1981-12
1982-01
1982-02
1982-03
1982-04
1982-05
1982-06
1982-07
1982-08
1982-09
1982-10
1982-11
1982-12
No. de casos
Gumarcaj
867 Revista Militar, septiembre-diciembre de 1981, pg. 28.
cipios de Huehuetenango como Aguacatán, San Miguel Acatán, Cuilco,
Colotenango, Santa Ana Huista e Ixtahuacán también fueron duramente
afectados, aunque no con la misma intensidad que los anteriores. Estos
operativos se tradujeron en numerosos casos de masacres como se muestra
en la siguiente gráfica.
Area de Operaciones Xibalbá
3189.
El Area de Operaciones Xibalbá abarcaba la totalidad de los depar-
tamentos de Alta y Baja Verapaz. Este área estaba al cargo de un comando
centralizado en la zona militar ubicada en Cobán, Alta Verapaz. En la es-
tructura de comando de este área los destacamentos de Rabinal y Salamá
tuvieron una relevante importancia en las operaciones militares contrain-
surgentes. La zona militar, contaba con un contingente de aproximada-
mente 1800 efectivos.
3190.
Exceptuando los municipios de Rabinal y Cahabón, que fueron de
los más afectados por las masacres en el área de operaciones Xibalbá, en
una ofensiva que barrió extensas zonas de los municipios, el resto de los
operativos de masacres siguieron una lógica más parecida a la aplicada en
el área de operaciones Gumarcaj, donde la ofensiva no se realizó “peinan-
do” un territorio, sino que las masacres se dieron en diferentes lugares a lo
largo de todo el período. Los municipios de Cobán, Chisec, San Cristóbal
Verapaz y Senahú también fueron golpeados duramente.
3191.
A continuación se presenta la G
RÁFICA
20 en que se recogen los ca-
sos de masacres ejecutados en el área de operaciones Xibalbá.
311
GRÁFICA 19: Total de casos de masacre en el área
de operaciones Zacualpa
(JUNIO 1981-DICIEMBRE 1982)
Mes
Zacualpa
No. de casos
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1981-06
1981-07
1981-08
1981-09
1981-10
1981-11
1981-12
1982-01
1982-02
1982-03
1982-04
1982-05
1982-06
1982-07
1982-08
1982-09
1982-10
1982-11
1982-12
Nota: Total de casos ocurridos en la región sin certeza del mes (1981 y 1982) no están incluidos en la gráfica.
Area de Operaciones Tigre
3192.
El área de operaciones Tigre cubría la región conocida como Ixcán
que en la actualidad es uno de los municipios del departamento del Qui-
ché.
868
Situada al pie de la sierra de los Cuchumatanes, Ixcán, limitaba al
sur con los municipios de Chajul y Uspantán, al norte con México, al es-
te por el río Chixoy y al oeste por el río Ixcán. El comando militar de la
Fuerza de Tarea Tigre, responsable del área de operaciones del mismo
nombre, se encontraba ubicado en Playa Grande. Dicha Fuerza de Tarea
estaba integrada por aproximadamente 1,800 efectivos.
3193.
La ofensiva contrainsurgente desarrollada en Ixcán varió con res-
pecto al resto de áreas, ya que en noviembre de 1981 el Ejército llevó a ca-
bo una retirada estratégica abandonando el área durante varios meses. Pos-
teriormente en febrero de 1982, tras reagruparse en Playa Grande, em-
prendió un enorme operativo que incluyó masacres contra la población ci-
vil y operaciones de tierra arrasada, como se ilustra en la G
RÁFICA
21.
3194.
En síntesis, según las estructuras de mando y supervisión presenta-
das en los planes de campaña, estaban previstos sistemas de coordinación,
información y control, mediante los informes de operaciones tácticas
(IOT) y los informes permanentes de operaciones (IPO) para todas las
operaciones militares. Esto pone de manifiesto que el Estado Mayor de la
Defensa Nacional tenía conocimiento preciso y actualizado de lo que ocu-
rría en las diferentes áreas de operaciones.
3195.
Los casos de masacres registrados por la CEH demuestran la mag-
nitud de la violencia generada en las operaciones contrainsurgentes reali-
zadas desde junio de 1981 hasta diciembre de 1982, en cinco áreas de ope-
312
Nota: Total de casos ocurridos en la región sin certeza del mes (1981 y 1982) no están incluidos en la gráfica.
GRÁFICA 20: Total de casos de masacre
en el área de operaciones Xibalbá
(JUNIO 1981-DICIEMBRE 1982)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mes
Xibalbá
No. de casos
1981-06
1981-07
1981-08
1981-09
1981-10
1981-11
1981-12
1982-01
1982-02
1982-03
1982-04
1982-05
1982-06
1982-07
1982-08
1982-09
1982-10
1982-11
1982-12
868 Ixcán fue constituido oficialmente como municipio de Quiché el 23 de agosto de 1985. Sin em-
bargo durante los años de la violencia una parte pertenecía al municipio de Barillas, Huehuete-
nango, otra a Chajul y y una más al municipio de Uspantán.
raciones delimitadas por el Alto Mando del Ejército, la cual se extendió,
más allá de lo permitido por el derecho internacional humanitario, a po-
blación civil indefensa. Por la reiteración de los casos de masacres durante
el mismo período, en todas estas áreas de operaciones, con frecuencias si-
milares y, como se vio en la primera parte de este apartado, con las mismas
características, la CEH concluye que las masacres no resultaron de los ex-
cesos de algunos mandos que actuaron con autonomía, sino que fueron la
concreción de operaciones cuidadosamente planificadas en el marco de un
plan de campaña general.
3196.
Por último, en el siguiente cuadro se observa la gran desproporción
que hubo entre el discurso contrainsurgente y la práctica. Los anuncios pú-
blicos de las campañas que hablaban de miles de insurgentes, finalmente
terminaron siendo adultos, niños y ancianos indefensos masacrados cruel-
mente. Por otro lado, la inmensa mayoría de las víctimas ejecutadas perte-
313
0
2
4
6
8
10
12
Mes
Tigre
No. de casos
1981-06
1981-07
1981-08
1981-09
1981-10
1981-11
1981-12
1982-01
1982-02
1982-03
1982-04
1982-05
1982-06
1982-07
1982-08
1982-09
1982-10
1982-11
1982-12
Nota: Total de casos ocurridos en la región sin certeza del mes (1981 y 1982) no están incluidos en la grafica.
GRÁFICA 21: Total de casos de masacre en el área de operaciones Tigre
(JUNIO 1981-DICIEMBRE 1982)
Número y tipo de víctima por área de operaciones
en el período junio 81-diciembre 82
% de víctimas civiles
Área de operación No. de
% de casos Víctimas Víctimas mayas con respecto
casos
respecto al civiles civiles al total de víctimas
total ejecutadas mayas identificadas por
área de operación
Iximché 110 26.50% 2,792 2,473 99.27%
Gumarcaj 103 24.82% 3,246 2,046 98.84%
Zacualpa 66 15.90% 2,093 1,596 98.27%
Xibalbá 61 14.69% 2,345 1,852 98.98%
Tigre 46 11.08% 1,333 644 73.51%
Otras 29 6.98% 626 176 30.7%
Total 415 100.00% 12,435 8,787
necían a pueblos mayas, principalmente a los pueblos achi, ixil, k’aqchikel,
k’iche’, chuj, q’anjob’al y q’eqchi’, que fueron considerados como base so-
cial de la insurgencia.
3197.
Asimismo, las deplorables condiciones socioeconómicas que sufría
la población, principalmente las comunidades mayas, en las regiones don-
de se ubicaban las áreas de operaciones, hacía que el Ejército considerara a
la población proclive al discurso de transformación social de la insurgen-
cia, sobre todo el relativo a la tenencia de la tierra. El intento de aniquila-
miento de esta potencial amenaza, como quedó plenamente plasmado a lo
largo del apartado y como se demuestra en las cifras, se tradujo en miles de
muertos ejecutados arbitrariamente de las formas más terribles y en cien-
tos de aldeas arrasadas. En definitiva estas operaciones no fueron sino gra-
vísimos crímenes contra los derechos humanos de la población civil inde-
fensa, considerada por el Ejército como un objetivo militar, violando con
creces los límites definidos por el derecho internacional humanitario.
XXI. GENOCIDIO
“En 1981 y 1982 se escuchó de especialistas del Ejército oriundos de
Sacapulas y otros municipios de Quiché, que tenían acceso a la co-
mandancia de la base militar número 20 de Santa Cruz del Quiché,
(6ª. zona militar mariscal Gregorio Solares) sobre la orden que ha-
bían girado el primero y segundo comandante de matar a todos los in-
dios. Algunos pilotos y personas a cargo de la seguridad de los coman-
dantes, sacaron a sus familiares de Quiché para resguardarlos, dado
que la orden era real”.
869
Consideraciones generales y marco jurídico
3198.
Después de la segunda guerra mundial, la comunidad internacio-
nal reconoció, ante las atrocidades cometidas por el régimen nazi en con-
tra de los judíos de Europa, que era necesaria una garantía internacional
que asegurara el derecho a la existencia de las comunidades o grupos na-
cionales, étnicos, raciales y religioso. En consecuencia, en el seno de las Na-
ciones Unidas se elaboró la Convención para la Prevención y Sanción del
Delito de Genocidio (en adelante la Convención). Adoptada por la reso-
lución 260 (III) del 9 de diciembre de 1948 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, la Convención entró en vigor el 12 de enero de 1951.
Como ha dicho la Corte Internacional de Justicia, las disposiciones de la
Convención reflejan dictámenes elementales de la conciencia de la huma-
869 Testigo (indígena k’iche) CEH (T.C. 840).
314
nidad que tienen fuerza de derecho vinculante independientemente de su
ratificación formal.
870
Guatemala ratificó la Convención el 13 de enero de
1950. De tal modo, la Convención estuvo en vigor durante todo el tiem-
po del enfrentamiento armado. Este instrumento internacional ha sido el
marco jurídico adoptado por la CEH para la investigación y análisis de es-
te tema.
3199.
El Artículo II de la Convención define el delito de genocidio y sus
requisitos en los términos siguientes:
“Se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a con-
tinuación perpetrados con la intención de destruir, total o parcial-
mente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, en cuanto tal:
a. Matanza de miembros del grupo;
b. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del
grupo;
c. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que
puedan acarrear su destrucción física total o parcial;
d. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;
e. Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo”.
3200.
Esta tipificación de los actos de genocidio se ha mantenido hasta
el día de hoy. En efecto, en el Estatuto del Tribunal Criminal Internacio-
nal, adoptado por una conferencia internacional en Roma el 17 de julio de
1998, se describe el crimen de genocidio exactamente en los mismos tér-
minos.
3201.
La Convención contempla tanto elementos objetivos de la acción,
descritos en la enumeración del Artículo II, que constituyen el tipo geno-
cidio, y un elemento subjetivo, que consiste en que la acción debe realizar-
se con la “intención de destruir al grupo total o parcialmente”.
3202.
Finalmente, la Convención establece que los grupos protegidos o
las potenciales víctimas del genocidio son los grupos nacionales, étnicos,
raciales o religiosos, en cuanto tales.
3203.
El elemento subjetivo o intención de destruir al grupo ha sido in-
terpretado por la jurisprudencia internacional en el sentido que: “la inten-
cionalidad que es particular al crimen de genocidio no necesita ser expresada
claramente [y que] puede inferirse de un cierto número de hechos, tales como
315
870 El dictamen en la cita original en inglés literalmente señala: “the principles underlying the Conven-
tion are principles which are recognized by civilized nations as binding on States, even without any
conventional obligation”, International Court of Justice, advisory opinion, 28 May 1951, I.C.J.
Reports 1951, pg. 15, at pg. 23. Véase también: Application of the Convention on the Prevention
and Punishment of the Crime of Genocide, Provisional Measures, Order of 8 April 1993, I.C.J. Re-
ports 1993, pg. 3 at 23, párr. 49; Preliminary Objections, judgment of 11 July 1996, pg. 595, at
615/616 parr. 31.
‘la doctrina política general’ de la que surgieron las acciones previstas en el
Artículo 4 … la reiteración de actos destructivos y discriminatorios”. (Inter-
pretación del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia).
871
3204.
Es muy importante distinguir entre “la intención de destruir al gru-
po total o parcialmente”, es decir la determinación positiva de hacerlo, y los
motivos de dicha intención. Para que se configure el tipo genocida, basta
la intención de destruir al grupo, cualquiera sea el motivo. Por ejemplo, si
el motivo por el cual se intenta destruir a un grupo étnico no es de carác-
ter racista, sino sólo militar, igualmente se configura el delito de genocidio.
3205.
Un acto cumple con los requisitos del tipo penal de genocidio, de-
finido por la Convención incluso si forma parte de una política más exten-
sa que no se encuentra dirigida al exterminio físico propiamente tal. En es-
te sentido es pertinente distinguir entre política genocida y actos de geno-
cidio. Existe una política genocida cuando el objetivo final de las acciones
es el exterminio de un grupo, en todo o en parte. Existen actos genocidas
cuando el objetivo final no es el extermino del grupo sino otros fines po-
líticos, económicos, militares o de cualquier otra índole, pero los medios
que se utilizan para alcanzar ese objetivo final contemplan el exterminio
total o parcial del grupo.
3206.
Estos elementos de la jurisprudencia, que van sentando doctrina y
también son fuente del derecho, han sido auxiliares del análisis que se des-
cribe a continuación.
Metodología
3207.
Tomando como marco jurídico la Convención y como elemento
auxiliar la jurisprudencia antes citada, los ejes de análisis utilizados por la
CEH para determinar si se cometieron actos que configuran el delito de
genocidio, fueron los siguientes:
● Análisis de la política general del Estado, en particular la Doctrina de
Seguridad Nacional que sustentó las políticas contrainsurgentes del
Estado de Guatemala, que aporta elementos para establecer el con-
texto en que ocurrieron los hechos y la intención con la cual se rea-
lizaron.
● Análisis diacrónico, relacionando tiempos con hechos y lugares, y
también sincrónico, relacionando los hechos y lugares con los auto-
res y las víctimas de las acciones de violencia. Este análisis se circuns-
cribe a los actos previstos en las letras “a”, “b”, “c”, “d” y “e” del
Artículo II de la Convención. El análisis se realizó cronológicamen-
te, examinando la adecuación de los hechos a la Convención y la in-
316
871 Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, Cámara de Sentencia, casos IT-95-5-R61/IT-95-18-
R61, Karadzic y Mladic, 11 de julio de 1996, párr. 94.
tención de los actos, según se desprende de la secuencia y caracterís-
ticas comunes a los hechos, con la finalidad de establecer si los actos
de violencia cometidos por el Estado o sus agentes ocurrieron en for-
ma reiterada y se dirigieron, discriminadamente, a un grupo o gru-
pos determinados de la población.
● Análisis de aquellos hechos que violan, o que el perpetrador conside-
ra que violan, los fundamentos del grupo y que concurren simultá-
neamente a los actos de destrucción física y obedeciendo a una mis-
ma operación. En este eje de análisis se incluyeron aquellos actos que,
según el examen de los medios utilizados, indican que hubo un ata-
que contra los fundamentos del grupo, como es el caso de las viola-
ciones y las mutilaciones sexuales, la tortura, las ejecuciones públicas,
la exhibición de cadáveres, la destrucción de elementos materiales de
la cultura, etc.
3208.
El período objeto de análisis fue el comprendido entre los años
1981 y 1983, que fue cuando se registraron los mayores índices de violen-
cia. Asimismo, el análisis se centró en determinadas regiones y, específica-
mente, en ciertos grupos étnicos, donde la CEH constató que se concen-
tró la mayor parte de las violaciones de los derechos humanos. Sobre la ba-
se de estos criterios y con los medios disponibles, fue posible realizar la in-
vestigación de lo ocurrido con cuatro grupos étnicos seleccionados, ubica-
dos en cuatro regiones geográficas:
● Maya-q’anjob’al y maya-chuj, ubicados al norte de Huehuetenango
en Barillas, Nentón y San Mateo Ixtatán;
● Maya-ixil ubicados en Nebaj, Cotzal y Chajul, departamento de
Quiché;
● Maya-k’iche’ en Zacualpa, departamento de Quiché;
● Maya-achi en Rabinal, Baja Verapaz.
Los criterios de selección fueron los siguientes:
● Intensidad de la violencia (mayor número de víctimas);
● Patrones de violencia (violencia indiscriminada);
● Calidad de las víctimas (grupos identificables);
● Cantidad de información.
3209.
Por cierto, esta investigación estuvo condicionada debido a las cir-
cunstancias de que la CEH sólo pudo recopilar una parte de las violaciones
de los derechos humanos ocurridas durante el enfrentamiento armado in-
terno, lo cual hizo necesario, con la finalidad de cotejar los datos cuantita-
tivos sobre los niveles de destrucción o exterminio, recurrir, también, a otras
317
fuentes, como el proyecto REMHI y la base de datos de Convergencia por
la Verdad.
3210.
Con el objeto de obtener la mayor validez en las fuentes, el análi-
sis y los resultados de carácter estadístico, se creó, para estas investigacio-
nes en particular, un sistema de control y verificación de los datos. El sis-
tema consistió en la validación de muestras, al azar, de la base de datos de
la CEH, teniendo como referencias auxiliares de control las otras bases de
datos.
3211.
Para el análisis cuantitativo de la información, la base de datos de la
CEH estableció los porcentajes de violaciones de los derechos humanos, to-
mando como punto de partida la intensidad de la violencia en cada región
en relación con su base demográfica. Asimismo, se realizó un análisis com-
parativo de la violencia en contra de población indígena y no indígena en
cada región, para establecer si existió discriminación, es decir, si hubo una
diferencia substancial entre la cantidad y gravedad de las violaciones de de-
rechos humanos que sufrieron los miembros de un grupo y otro grupo.
3212.
Las fuentes de la CEH se analizaron en forma exhaustiva. En cada
región se examinaron los casos presentados e ilustrativos, los testimonios
individuales y colectivos, las declaraciones de testigos clave, incluidos agen-
tes o ex agentes del Estado, y los informes de contexto. Se elaboraron ma-
peos, incluyendo los operativos militares y la presencia de la guerrilla en las
regiones. Estos datos se contrastaron con otras fuentes, como los planes de
campaña del Ejército, partes de la guerrilla, información de prensa, docu-
mentos desclasificados del Gobierno de los Estados Unidos e investigacio-
nes de campo.
3213.
En principio, este proceso ha permitido separar las correlaciones
causales de hechos de las no causales, eliminando la posibilidad de concluir
solamente en función de la secuencia de los hechos. Asimismo, este proce-
so permitió incluir variables de análisis independientes que funcionaron
como control de validación permanente, garantizando la objetividad en la
comparación de los datos recogidos. Estas variables independientes fueron,
entre otras: la unidad de mando en las fuerzas armadas, el interés político
militar de la guerrilla en las regiones analizadas y los elementos reconoci-
dos en las normas del derecho internacional humanitario para la determi-
nación de la condición de población civil no combatiente.
Período de análisis
3214.
El análisis de las violaciones de los derechos humanos registradas
por la CEH, permite afirmar que entre 1981 y 1983 se verificó la etapa
más violenta del conflicto. En este período ocurrió el 81% de las violacio-
nes. Solamente en 1982 se registra el 48% de todos los casos.
3215.
En cada etapa se tomó en cuenta tanto aquellos actos que coinci-
318
den con las descripciones de las letras “a”, “b”, “c”, “d” y “e” del Artículo II
de la Convención, como otras acciones que no corresponden estrictamen-
te a aquellas, pero que, por haber sido ejecutadas como parte del mismo
plan, podrían ser útiles para determinar si concurre en aquellos actos el ele-
mento subjetivo del tipo genocidio, consistente en la intención de destruir
al grupo, en todo o en parte. Entre estas últimas acciones se cuentan la des-
trucción de elementos culturales, el desplazamiento forzado y la destruc-
ción de bienes y de cosechas.
Grupo víctima
3216.
La Convención señala como grupos protegidos a los grupos étni-
cos, nacionales, raciales y religiosos. En la definición de estos grupos con-
fluyen elementos subjetivos y objetivos.
872
Así, un grupo racial, nacional,
religioso o étnico, es aquel que se identifica como tal —elemento subjeti-
vo o identidad—
873
y que, a la vez, es percibido por el resto de la sociedad
como distinto debido a determinadas características comunes, como la his-
toria, la lengua, los rasgos físicos, la práctica de una religión, la ubicación
en un territorio específico o determinadas pautas de comportamiento.
874
En otras palabras, los grupos nacionales, raciales, religiosos o étnicos po-
seen condiciones sociales, culturales y económicas que los distinguen de
otros sectores de la sociedad.
3217.
La Constitución Política de la República, en su Artículo 66, reco-
noce que Guatemala se encuentra conformada por diversos grupos étnicos:
“Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que fi-
guran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce,
respeta y promueve sus formas de vida, organización social, el uso del
traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos”.
3218.
Por su parte, el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos
Indígenas establece que Guatemala es una nación multiétnica, pluricultu-
ral y multilingüe
875
y reconoce la identidad del pueblo maya, así como las
identidades de los pueblos garífuna y xinca.
876
319
872 José R. Martínez Cobo, relator especial para la Sub Comisión de Prevención de la Discrimina-
ción y Protección de Minorías, Study of the problem of Discrimination Against Indigenous Popula-
tions, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1986/7, 1987.
873 De acuerdo con el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989, Artícu-
lo 1, la conciencia de la identidad indígena o tribal debe considerarse un criterio fundamental pa-
ra determinar los grupos a los que se aplica ese instrumento. Este Convenio fue ratificado por
Guatemala, en marzo de 1996, y puesto en vigencia en junio de 1997.
874 El Tribunal Internacional de Ruanda, en la primera sentencia sobre genocidio establece en el párra-
fo 512 que: “Un grupo étnico se define generalmente como un grupo cuyos miembros comparten un mis-
mo idioma o cultura”. Chamber I, International Criminal Tribunal for Rwanda, Case No. ICTR-96-
4-T, The Prosecutor Versus Jean-Paul Akayesu, 2 de septiembre de 1998, párr. 512.
875 Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, considerando tercero.
876 Ibid., punto I, numeral 4.
3219.
Aparte de su reconocimiento en el ámbito jurídico, los pueblos in-
dígenas se identifican a sí mismos como tales, como se desprende, por
ejemplo, de diversas y recientes declaraciones de representantes suyos:
“Durante siglos, hemos sido sometidas a la violencia institucional de un Esta-
do ajeno a nuestra cultura y formas de organización, un Estado patriarcal que
nos oprime y discrimina triplemente: por ser mujeres, por ser indígenas y por
nuestra situación de pobreza”.
877
3220.
Demetrio Cojtí Cuxil define al pueblo maya como: “El conjunto de
comunidades étnicas miembros de la familia lingüística maya, concepto que
quiere incluir no sólo a los mayas residentes en Guatemala, sino también a los
que fueron cedidos o quedaron bajo la jurisdicción de otros Estados”.
878
3221.
Una base para determinar si se ejecutaron actos de carácter geno-
cida en Guatemala ha sido, pues, determinar los diversos grupos étnicos
que conforman el pueblo maya.
879
Por tanto, entre los varios conceptos de
grupo a que se refiere la convención, se ha utilizado, para este análisis, el
de grupo étnico. Entre éstos, fue posible investigar lo ocurrido con cuatro
grupos, los cuales son: el grupo maya-ixil, el grupo maya-achi, el grupo
maya-kaqchikel, el grupo maya-q’anjob’al, el grupo maya-chuj y el grupo
maya-k’iche’.
3222.
En algunas de las regiones elegidas conviven dos o más grupos ét-
nicos. Al norte del municipio de Nentón, del municipio de San Mateo Ix-
tatán y de Barrillas, Huehuetenango, residen los grupos maya-q’anjob’al y
maya-chuj. En el área de Nebaj, Cotzal y Chajul, Quiché, además de los
ixil, que son mayoría, residen ki’che´, q’anjob’al y q’eqchi’.
3223.
En estos casos se entiende como grupo al pueblo indígena, ya que
los grupos étnicos se identifican como parte de una entidad mayor y así
son reconocidos. Es decir, tanto ellos se reconocen a sí mismos como indí-
genas, como la sociedad guatemalteca entera, inclusive las instituciones es-
tatales, les adjudica esta pertenencia. En otras palabras, en aquellos casos
en los cuales conviven en una misma región dos o más grupos étnicos, és-
tos se identifican como miembros de un solo grupo maya.
3224.
La Convención exige que la intención se dirija a destruir al grupo
en todo o en parte. El término “en parte” se entiende como “un número ra-
zonablemente significativo relativo al total del grupo como un todo o una sec-
320
877 Propuesta de mujeres y jóvenes indígenas, viudas y huérfanos de guerra, para la reparación histó-
rica a los pueblos indígenas.
878 Demetrio Cojtí Cuxil, El movimiento maya, Guatemala, 1997, pg. 15.
879 Los términos grupo étnico y pueblo indígena no son sinónimos, ya que los pueblos indígenas co-
rresponden a una categoría especial de grupos étnicos. Los pueblos indígenas, de acuerdo con el
Convenio 169 de la OIT, son los que descienden de poblaciones que habitaban en el país o en
una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o colonización. Los
pueblos indígenas son titulares de una gama especifica de derechos que no excluyen a los que les
corresponden en cuanto grupos étnicos.
ción significativa del grupo, como su dirigencia”,
880
es decir, una parte subs-
tancial del grupo. Para analizar si se trata de una parte substancial del gru-
po se tomó en cuenta la capacidad destructiva del autor de la acción, es de-
cir, hasta dónde pudo exterminar al grupo.
3225.
La capacidad destructiva de la acción del autor está determinada, a
su vez, por su área de dominio que es la parte de la población sobre la cual
podría ejercer las acciones de exterminio. Por ejemplo, las acciones de ge-
nocidio que cometió una unidad militar que operaba en una determinada
región, únicamente se pueden analizar con relación a la población de de-
terminado grupo étnico que se encontraba en esa región. En consecuencia,
para determinar si se afectó a una parte substancial del grupo, el análisis se
realizó tomando en cuenta la proporción de población del grupo étnico
que se encontraba bajo el área de dominio del autor.
Política general
“Ellos pues quisieron terminar a las aldeas, pero por suerte tenemos
a nuestro Señor porque logramos escapar, porque ellos querían termi-
nar a las aldeas, no es para asustar a la gente, no es para matar a
uno, dos o tres, sino para terminar de una vez, porque según he oído
cuando salí pues de escapar bajo chorros de tiros, entonces oí un sol-
dado que dijo ‘maten muchá, maten a todos porque ahora ya es tiem-
po de matar”.
881
3226.
Las violaciones de derechos humanos que se describen a continua-
ción ocurrieron en el marco de la guerra contrainsurgente o “contrasuber-
siva”, la cual estaba orientada por la Doctrina de Seguridad Nacional. Es-
ta doctrina tenía como propósito fundamental impedir la transformación
del sistema social, político y económico existente. Para ello se debían rea-
lizar acciones en todos los campos, incluidos el “campo político”, el “campo
socioeconómico” y el “campo psicosocial”.
882
3227.
Conforme a la Doctrina de Seguridad Nacional, el Ejército definió
como objetivo estratégico de la guerra contrainsurgente el “aniquilamiento
del enemigo interno”. El Ejército entendía como enemigo interno a dos ca-
tegorías de individuos, grupos y organizaciones:
● Aquellos que por medio de acciones ilegales trataban de romper el
orden establecido y que estaban representados por “comunistas revo-
321
880 Ben Whitaker, Revised and updated report on the question of Prevention and punishment of the cri-
me of genocide; UN document E/CN.4/Sub.2/1985/6, párr. 29, pg. 16.
881 Testimonio colectivo CEH, de Pexla Grande, Nebaj, Quiché. CEH. (T.C. 335).
882 Ejército de Guatemala, Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo,1982, pg. 2, recomendaciones.
lucionarios” y aquellos que sin ser comunistas, trataban de romper el
orden establecido.
883
3228.
Esta doctrina afirma también que la guerra “contrasubversiva” tiene
como “objetivo” a la población, porque considera que la guerra “subversiva”,
es decir la guerrilla, persigue la conquista de sus propósitos a través de la
participación activa de aquella. Asimismo, “el medio ambiente en el que se
desarrollan las actividades”
884
es la población y por estas razones es necesa-
rio recuperar o mantener su adhesión y hacerla participar activamente en
la guerra, a favor del Gobierno.
3229.
Desde la década de los setenta, cuando la guerrilla operaba en la
región oriental del país, donde la mayoría de la población es ladina, el
Ejército ya procedía a hacer una identificación entre la población del Al-
tiplano, habitado mayoritariamente por población maya
885
y el enemigo.
El Manual de Inteligencia Militar G-2, de 1972, lo expresa claramente:
“El enemigo tiene los mismos rasgos sociológicos que los habitantes de nuestro
Altiplano”.
886
3230.
En la década de los ochenta, el Ejército llegó a identificar al indí-
gena con el enemigo interno. El Ejército consideraba que la guerrilla había
logrado captar los problemas históricos de las grandes poblaciones indíge-
nas del Altiplano, la escasez de tierra y la pobreza, apropiándose de sus rei-
vindicaciones:
“Las grandes masas indígenas del Altiplano de la nación han encon-
trado eco en las proclamas de la subversión por ser sus banderas la
escasez de tierra, la inmensa pobreza y debido a los largos años de
concientización recibida, ven al Ejército como a un enemigo inva-
sor…”
887
“Se ha establecido por medio de informes de Inteligencia y apreciacio-
nes en las diferentes áreas, que el principal motivo por el cual el indí-
gena del Altiplano se ha enrolado en la guerrilla se debe a la falta de
comunicación entre el Gobierno y el pueblo”.
888
3231.
El Ejército consideraba que “las grandes masas indígenas” del Alti-
plano, constituían la base social del movimiento guerrillero:
322
883 Centro de Estudio Militares, Manual de guerra contrasubversiva, 1982, pg. 5.
884 Ibid., pg. 6.
885 Las referencias a los “campesinos indígenas”, la “población del Altiplano”, “indígenas marginados”,
denotan al mismo grupo de personas, es decir, a los indígenas del Altiplano, quienes son caracte-
rizados a su vez como campesinos y marginados históricamente.
886 Centro de Estudios Militares, Manual de Inteligencia G-2, 1972, pg. 217.
887 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, anexo F, literal A, numeral 2-c.
888 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, apéndice A
“Puntos fuertes y vulnerabilidad del enemigo … A. Puntos fuertes: …
5. Su base social, asentada en el campesinado indígena, con la ban-
dera en los dialectos”.
889
“Lograda la captación de grandes masas de población, especialmente
indígenas, las facciones subversivas estaban en condiciones de declarar
zonas liberadas inicialmente en el Altiplano…”
890
3232.
La percepción de las fuerzas armadas era compartida por otros fun-
cionarios civiles del Gobierno. En este sentido, Francisco Bianchi, secreta-
rio del entonces presidente de facto, Efraín Ríos Montt, no sólo identifi-
caba al indígena con la guerrilla, sino afirmaba que la consecuencia de es-
ta identificación era la eliminación:
“Los guerrilleros conquistaron muchos colaboradores indígenas, en-
tonces los indígenas eran insurgentes, no. ¿Y cómo se lucha contra la
insurgencia? Netamente, tendría que matar indígenas porque ellos es-
taban colaborando con la subversión”.
891
3233.
Un factor que facilitó la identificación realizada por el Ejército, de
los pueblos indígenas con el enemigo, fue “la discriminación de hecho, ex-
plotación e injusticia que por su origen, cultura y lengua han sufrido los pue-
blos indígenas en Guatemala”.
892
La discriminación o al menos la exclusión
histórica de los pueblos indígenas en Guatemala fue reconocida en 1982,
en distintas declaraciones públicas, por el entonces presidente de facto,
Efraín Ríos Montt:
“La apatía, nuestro menosprecio, la ignorancia de que existen [los in-
dígenas], etcétera, señaló el gobernante, ha marginado a un grupo
grande de ciudadanos”.
893
“Le planteé problemas [ex presidente de facto Ríos Montt a Ronald
Reagan] físicos, étnicos, económicos y nuestras limitaciones políticas.
323
889 Ibid., anexo F, literal A, numeral 4-a-4.
890 Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), Guatemala, testimonio de una
agresión, 1998, pg. 77.
891 El diario en la cita original en inglés literalmente señala: “The guerrillas won over many Indian
collaborators, therefor the Indians were subversives, right? And how do you fight subversion?
Clearly you had to kill Indians because they were collaborating with subversion”. The New York
Times, 20 de julio de 1982. Traducción no oficial.
892 Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas.
El problema de exclusión de los pueblos indígenas fue reconocido incluso por la Junta Militar en
1982, que estableció dentro de los 14 puntos Esenciales de Pronta Acción, “Lograr restablecer un
espíritu nacionalista y crear la base de la participación e integración de los diferentes grupos ét-
nicos que conforman nuestra nacionalidad”. El Imparcial, 6 de abril de 1982.
893 Diario El Imparcial, 8 de noviembre de 1982, pg. 1.
Le hice ver que estamos reencontrando nuestra nacionalidad que he-
mos ignorado por más de 500 años”.
894
3234.
El racismo
895
ha polarizado a la sociedad guatemalteca, dividiéndo-
la en dos grandes grupos, indígenas y ladinos. El racismo ha ocupado un
lugar predominante en la idea y la práctica de los sectores dominantes de
la sociedad guatemalteca hacia “los indios”.
896
3235.
De acuerdo con el estudio empírico de Marta Casaus Arzú, basa-
do en entrevistas realizadas por la misma autora, el núcleo de esos sectores
dominantes considera tres posibilidades respecto al tema indígena.
“Muchos de ellos son partidarios de mantener la segregación socio-ra-
cial y de evitar una integración, reforzando los mecanismos del apart-
heid. Otros son partidarios de la mejora de la raza, a través de técni-
cas de inseminación artificial y algunos se inclinan por la limpieza ét-
nica … entre el cuatro y el 10% … apuntan hacia soluciones drásti-
cas y profundamente intolerantes hacia la población indígena. Este
sector manifiesta en diversas ocasiones ser partidario del exterminio de
la población indígena, de su desaparición cultural y física”.
897
3236.
El racismo también se encuentra presente entre miembros de las
fuerzas armadas:
“Yo sí conozco uno, dos o tres o tal vez más militares que odian a la
raza indígena, pero eso lo encuentra usted en cantidades en otras par-
tes … por eso pudieron cometer muchos errores”.
898
3237.
La consideración del otro como distinto, como inferior, se expresa
en la siguiente afirmación del ex presidente de facto Efraín Ríos Montt:
“Naturalmente, si una operación subversiva existe donde los indíge-
nas están involucrados con la guerrilla, los indígenas morirán. Sin
embargo, no es la filosofía del Ejército la de matar indígenas, pero sí
de reconquistarlos, de ayudarlos”.
899
324
894 Diario El Imparcial, 6 de diciembre de 1982, pg. 1.
895 Para el análisis del genocidio el racismo juega como un elemento de contexto que brinda indicios
para la comprobación del elemento subjetivo del delito de genocidio, pero que no es determinan-
te en el momento de calificar los hechos en particular.
896 Marta Casaus Arzú, Guatemala: linaje y racismo, 1995, pg. 274.
897 Ibid., pgs. 274-277.
898 Testigo (militar en situación de retiro) CEH. (T.C. 24).
899 El diario en la cita original en inglés literalmente señala: “Naturally, if a subversive operation
exists in which the Indians are involved with the guerrillas, the Indians are also going to die. Ho-
wever, the army’s philosophy is not to kill the Indians, bun to win them back, to help them”, Fo-
reign Broadcast Information Service, Central America, Ríos Montt Views on Peasant Killings, Com-
munism, 2 de junio de 1982. (Traducción no oficial).
3238.
Por otra parte, el racismo alimenta la creencia, en el imaginario de
un importante sector ladino, de que “los indios van a bajar de la montaña
a matar a los ladinos”.
900
Este temor existe porque algunos ladinos conside-
ran que los indígenas sienten un rencor histórico hacia ellos, por las expe-
riencias vividas durante la Colonia.
901
3239.
De esta manera, el racismo favoreció, como elemento ideológico
de contexto, que el Ejército asimilara a los indígenas, una suerte de enemi-
go ancestral, con los insurgentes. Por otra parte, el racismo influía en ali-
mentar un sentimiento hacia el indígena como distinto, inferior, casi me-
nos que humano, ajeno al universo de obligaciones morales del hechor,
que hacía menos problemática su eliminación.
Análisis de las regiones
3240.
A continuación, se expone el examen a que fue sometido, por la
CEH, un conjunto de actos ocurridos en cada una de las regiones objeto
de investigación. Todos ellos ocurrieron en el marco de la “guerra contra-
subversiva”, en la cual el Estado aplicó un plan que contemplaba, entre sus
objetivos “aniquilar a la guerrilla y organizaciones paralelas”,
902
hasta lograr
“el reestablecimiento de la ley y el orden ganando la voluntad de los poblado-
res al modo de ser nacional”.
903
Un análisis de las violaciones de los derechos
humanos, permite determinar que el conjunto de operaciones militares se
realizó en tres etapas:
3241.
La primera se caracterizó por la represión selectiva, es decir, la vio-
lencia se dirigía en contra de personas o sectores específicos. La represión
selectiva continuó en etapas posteriores, pero combinada con otras moda-
lidades.
904
La segunda etapa se caracterizó por la represión masiva, acom-
pañada por la práctica de arrasamiento de las aldeas y la persecución de los
desplazados sobrevivientes. En la tercera etapa continuaron las violaciones
de derechos humanos, pero acompañadas de la imposición de mecanismos
de reorganización y control de la población superviviente del período an-
325
900 Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, Guatemala, nunca más, tomo II,
pg. 130. En el mismo sentido, Enrique Sam Colop, Informe del grupo de análisis histórico, 1998,
pg. 57 y Piero Gleijeses, Shattered Hope, 1992, pg.12.
901 Como lo explica un antropólogo, los ladinos creen que los indígenas les guardan rencor por las
siguientes razones: “En un principio, durante la Colonia hubo una opresión al indígena. Con el trans-
curso de los años el rencor hacia el ladino se volvió atávico, el odio se convirtió en un asunto biológico
y por esto generación tras generación de indígenas heredan el rencor al ladino”. Entrevista con Testi-
go (antropólogo) CEH. (T.C. 333), quien basa su conclusión en un estudio realizado en el de-
partamento de Chimaltenango.
902 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, anexo H, numeral I, literal G-2.
903 Ejército de Guatemala, “Apreciación de asuntos civiles (G-5) para el área Ixil”, Revista Militar,
septiembre-diciembre 1982, pg.31. Este documento fue publicado por la Revista Militar citada,
junto con “Una solución a la operación Ixil. Plan de AACC operación Ixil”, pgs. 25-54. Testigo
(oficial del Ejército) CEH. (T.C. 103), ratificó su autenticidad.
904 La represión selectiva, fue una constante en la política contrainsurgente porque tenía propósitos
específicos, por ejemplo aniquilar a los líderes y afectar la capacidad organizativa de las comuni-
dades, o infundir el terror a través de un castigo ejemplar. Véase Manual de contraguerrilla.
terior, con la finalidad de impedir el resurgimiento de estructuras de orga-
nización social preexistentes al conflicto armado y mantener toda la activi-
dad civil bajo absoluto control militar.
3242.
Las tres etapas formaron, sucesivamente, parte de una estrategia
global destinada a la aniquilación del enemigo. Por ello, es necesario anali-
zarlas en forma conjunta. Evidentemente, fue durante la segunda etapa
cuando se ejecutó la mayoría de actos que podrían coincidir con el tipo pe-
nal internacional descritos por la Convención, consistentes en matanzas in-
discriminadas, violaciones sexuales masivas, actos de tortura pública, bom-
bardeos y muertos durante el desplazamiento, etc. Sin embargo, la prime-
ra etapa sirvió al Ejército para obtener información sobre las características
de los lugares donde, posteriormente, se optó por aplicar, como táctica con-
trainsurgente, la violencia masiva. La tercera etapa completó la labor de
“pacificación”, mediante el control militar de los sobrevivientes, para evitar
el resurgimiento de cualquier tipo de oposición organizada. Fue un proce-
so en que la violencia iba aumentando, hasta llegar a su máxima expresión
en el año 1982. Este proceso continuó en 1983, pero sufrió una paulatina
transformación, pues los actos de “aniquilamiento” fueron siendo substitui-
dos gradualmente por acciones dirigidas a “captar, manejar, reeducar e in-
corporar a la sociedad a personas que se han acogido a la amnistía”.
905
3243.
A continuación se proporciona el análisis de las regiones seleccio-
nadas, tomando en cuenta la secuencia antes descrita.
Región I (pueblo maya ixil): municipios
de San Juan Cotzal, Santa María Nebaj
y San Gaspar Chajul, Quiché
“Una vez recibí la orden personalmente del jefe del Estado Mayor de
la Defensa, de arrasar con una población completa y yo se lo comenté
al mayor de esa época encargado del destacamento, mire me dieron la
orden de desaparecer San Juan Cotzal”.
906
3244.
El área ixil, con 2,413 kilómetros cuadrados, se localiza al noroc-
cidente del departamento de Quiché y está constituida por tres munici-
pios, Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul.
907
De
acuerdo con el censo de 1996 la población es de 67,078 habitantes, del
cual un 90% es maya-ixil, 61,121 personas, que se distribuyen de la ma-
nera siguiente:
326
905 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, anexo G, numeral II, literal C-1.
906 Testigo (oficial superior activo del Ejército de Guatemala) CEH.
907 PRODERE-UNOPS, Resumen ejecutivo del informe final del sub-programa PRODERE Guatema-
la, 1995.
3245.
En 1981 la población del área era de 44,784 personas, el 87% de
los cuales pertenecían al grupo maya-ixil.
908
El Estado consideró a los tres
municipios como un todo ixil: “Los ixil, unos 50 mil, constituyen un grupo
pequeño descendiente de los mayas y habitan en los municipios de Nebaj, Cot-
zal y Chajul … siendo el 92% de la población y el 8% son ladinos”
909
distin-
guiéndose únicamente entre dos grupos, los indígenas y los ladinos.
910
3246.
El Ejército consideraba al pueblo ixil como un grupo ajeno o dis-
tinto al grupo ladino. Esta distinción entre ixil y ladinos es clara a lo largo
del documento militar Apreciación de Asuntos Civiles para la Región
Ixil
911
que estudia las características de la región y contiene una serie de
afirmaciones que expresan juicios de valor respecto a la naturaleza de la po-
blación ixil. Por ejemplo:
● “Actitud de la población: por sus características históricas y étnicas de la
población Ixil (sic), es reacia a cooperar con las autoridades ladinas”.
912
● “Resistencia pasiva: generalmente los Ixil no prestan servicio militar en
el Ejército debido principalmente a que los reclutamientos (cupo) se ha-
cen en otras regiones del país donde el carácter del indígena es más pro-
clive a la disciplina militar”.
913
327
Nebaj 33,795
Chajul 19,213
San Juan Cotzal 14,070
908 El Censo de 1981 realizado por el Instituto Nacional de Estadística indicó que la población en el
área era de 44,791 habitantes, el 87% de los cuales era población maya-ixil. Sin embargo, estos da-
tos poseen un nivel muy bajo de fiabilidad porque el censo se realizó durante la peor etapa del en-
frentamiento armado interno. Por esta razón se ha realizado una estimación de población para 1979,
basada en los datos de los censos de 1973 y 1981, la cual indica que la población en el área ixil en
1979 era de 48.096 personas. Esta cifra aumenta en la estimación realizada por fuentes militares en
1981, que, consideran que los Ixil son unos 50,000 habitantes, y constituyen el 92% de la pobla-
ción de la región, Apreciación de Asuntos Civiles (G-5), para la Región, ob.cit., pg. 33.
909 Ibid, pg. 33.
910 El censo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística distingue únicamente entre indígenas
y no indígenas. En el área ixil se distinguen sólo estos dos grupos poblacionales, aunque en la re-
gión habitan otros grupos mayas, como ki’che’s, q’eqchi’s y q’anjobales. Así, en Nebaj, las aldeas
de Chortiz, Xexocom y Chanchoc, localizadas al sur del municipio y colindantes con Aguacatán,
residen ki’che’s. En el noroccidente de Nebaj, las aldeas de Xexán, Buena Vista, una parte de las
Pilas y Santa Marta, están habitadas por q’anjobales. En Chajul, en las aldeas de Xolcuaj, El Ca-
rrisal, Chupoy y Membrillán I residen k’iche’s al igual que en la aldea San Marcos Cumlá, Ojo
de Agua, Chenlá y Quinimaquin de Cotzal. Al respecto ver Macario Narciso Cojtí, El idioma ixil,
colección “Conozcamos Guatemala”, Prensa Libre, septiembre de 1995.
911 Ejército de Guatemala; Apreciación de Asuntos Civiles (G-5) para la Región, ob. cit., p.34.
912 Ibid., pg. 34.
La calificación a los ixil como hostiles al Ejército, se encuentra también en el documento de la CIA,
que expresa refiriéndose a los ixil: “Indígenas que han sido históricamente hostiles al Ejército”. Docu-
mento desclasificado de los EE UU, CIA; G5-41, pg. 41, released 002/98, febrero de 1982, pg. 3.
913 Ibid., pg. 36.
● “Téngase presente que los Ixil, por su características especiales, sociológi-
cas, siempre han sido desconfiados, principalmente de todo aquello que
proviene de los ladinos”.
914
3247.
La percepción de los ixil como una población “con características es-
peciales” deriva, además de la separación mencionada entre indígenas y la-
dinos, de una interpretación respecto a los actos de resistencia de la pobla-
ción ixil en la historia reciente del país. Desde principios de siglo, en 1924,
los vecinos de la aldea Ilom, Chajul, se levantaron en contra de Lisandro
Gordillo Galán, de origen mexicano, quien intentó expropiar la tierra de
los ixil. Según cuentan los vecinos de Ilom, en esa época la población de la
aldea encarceló a un agrimensor que tuvo que ser rescatado por la milicia
de Nebaj y de Cunen.
915
3248.
De la misma manera, en la década de los años treinta se realizó en
Nebaj un levantamiento indígena de protesta en contra de la Ley Contra
la Vagancia, de Ubico, que obligaba a trabajos forzados a aquellos indíge-
nas que no podían demostrar un trabajo fijo. “Una compañía de soldados
detuvo a 200 personas, fusiló a ocho principales y deportó 500 líderes ixil a las
selvas de Petén”.
916
3249.
Los movimientos por la reivindicación de sus derechos, continua-
ron en los años recientes. Así, en la huelga de campesinos de 1980 realiza-
da en la Costa Sur, “participaron siete mil indígenas ixil … ellos trabajaron
sobre todo en la finca Pantaleón, pero cuando los dueños se dieron cuenta que
los ixil eran muy combativos y participaban activamente en las luchas campe-
sinas, ya no querían contratarlos … para los finqueros todos los ixil eran in-
surgentes…”
917
3250.
Las autoridades de Santa Clara-CPR, Chajul, también recuerdan
cómo fueron etiquetados de insurgentes por los finqueros:
“En los años 75, 76 y 77 los campesinos ixil que iban a la Costa Sur,
empezaron a manifestar sobre el mal pago, el mal salario y la mala
comida que daban los finqueros; empezaron a organizarse y a recla-
mar el derecho ... y luego cuando vieron que la gente ixil se organiza-
ba, y de esta forma manifestar y exigir su derecho, los finqueros se
imaginaron que los ixil eran insurgentes y guerrilleros, y así lo infor-
maron al Ejército”.
918
328
914 Ibid., pg. 37.
915 Testigo CEH. (T.C. 321).
916 Testigo (maestro y promotor lingüístico de Nebaj) CEH. (T.C. 334).
917 Testigo (sacerdote católico) CEH. (T.C. 336).
918 Testigo (autoridades de Santa Clara-CPR, Chajul) CEH. (T.C. 337).
3251.
Finalmente el grupo étnico ixil no sólo fue percibido como distin-
to, diferente del grupo ladino, sino antagónico a la autoridad, al poder eco-
nómico y a los ladinos en general. Esta afirmación esta expresada en aná-
lisis militares: “Por supuesto que en la mente ixil identifican con el enemigo a
los propietarios de las fincas más productivas de la región, funcionarios de Go-
bierno y ladinos en general”.
919
3252.
La calificación de “insurgentes” se extendió al Ejército, que especí-
ficamente consideró como enemigo al pueblo ixil, sin establecer distinción
entre población civil y combatientes. De esta manera lo expresa el testimo-
nio colectivo de la comunidad de Pexla Grande:
“Pues porque yo me recuerdo que en el tiempo de Lucas … nos acu-
saron de guerrilleros y no sabemos ni quiénes son los grupos que son,
pero nos echaron la culpa a la comunidad que nosotros somos y enton-
ces nos quemaron toda la casa, nos mataron a todos nuestros padres,
nuestras familias, nuestros abuelos, y hasta niños, hasta mujeres em-
barazadas y hasta nuestros animales los mataron y se los comieron”.
920
3253.
La Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, en un
documento del año 1982 que aprecia las perspectivas y acciones del Ejér-
cito sobre el combate en Quiché, lo expresa de la manera siguiente:
“La creencia, bien documentada, del Ejército de que la población in-
dígena ixil en su totalidad está a favor del EGP, ha creado una situa-
ción en la que se puede esperar que el Ejército no dejará sobrevivien-
tes de igual forma entre combatientes y no combatientes”.
921
3254.
Esta percepción era compartida por el poder económico del área,
así lo expresa un finquero del lugar:
“La gente nunca fue mi enemiga, nunca, hasta hace cuatro años que
los empezaron a convertir, o sea, la misma labor que el señor Payeras
con su comandancia hizo en las selvas del Ixcán, el adoctrinamiento
de los indígenas ixil que son muy difíciles de convencer para lo bueno
y para lo malo, muy difíciles porque son muy cuadrados”.
922
329
919 “Una solución a la operación ixil. Plan de AACC Operación Ixil”, ob. cit., pg. 55.
920 Testimonio colectivo CEH, de Pexla Grande, Nebaj, donde hubo una masacre de entre 75 y 125
víctimas. Febrero, 1982. (T.C. 335).
921 Documento desclasificado del Departamento de Estado de los EEUU, CIA, G5-41, P12.41, re-
leased febrero, 1998, febrero, 1982, pg.3.
922 Testigo (finquero del área ixil) CEH. (T.C. 16).
3255.
En el mismo sentido se orientan las declaraciones de altos funcio-
narios militares de la época:
“Porque la guerrilla tenía totalmente copado el triángulo ixil, lo que
se llamaba Nebaj, Chajul y San Juan Cotzal”.
923
“El concepto con las demás aldeas era que los que no estaban con la
guerrilla vinieron a Nebaj, Cotzal o Chajul [cabeceras municipales]
el resto estaba con la guerrilla”.
924
3256.
La consideración, por parte del Ejército, de que la población del
área ixil era la base social, en cuanto fuente de alimentación, cantera de re-
clutamiento y lugar de refugio de la guerrilla, fue, sin duda, el factor de-
sencadenante de la represión,
925
ya que un objetivo estratégico del Ejército
era negar el acceso de los guerrilleros a la población que constituía su base
de apoyo.
926
Esta afirmación del Ejército no puede interpretarse como que,
efectivamente, la totalidad del pueblo maya ixil colaboraba organizada-
mente con la guerrilla, y menos aún que se trataba de combatientes. En
otras palabras, la identificación de la población indígena con las bases de
la insurgencia es un hecho que puede explicar el por qué de las matanzas,
pero que desde ningún punto de vista justifica los ataques en contra de po-
blación civil.
927
3257.
Luego de esta identificación, la totalidad de los ixil fue considera-
da como población subversiva y, en la realización de la campaña militar, no
se reparó en distinguir entre sus distintos integrantes. En otras palabras, el
ixil se convirtió en blanco por su condición de tal, aunque las motivacio-
nes hayan sido primordialmente de carácter estratégico-militar.
3258.
En el mismo sentido, el documento de la Agencia Central de In-
teligencia de los Estados Unidos, antes citado, señala:
“…durante la batalla era imposible diferenciar entre un miembro de
la guerrilla y un civil inocente, y de acuerdo con … los soldados fue-
330
923 Testigo (militar en situación de retiro) CEH. (T.C. 24).
924 Testigo (militar en situación de retiro) CEH. (T.C. 92).
925 El Manual de guerra contrasubversiva, en este sentido, señala: “se debe tener siempre presente que el
objetivo fundamental es el de aislar a la fuerza guerrillera de la población”. Centro de Estudios Mi-
litares, Manual de guerra contrasubversiva, 1982, pg.138.
926 Así lo expresa el plan de campaña Victoria 82, “Aumentar el Ejército particularmente en las áreas
de conflicto, además de apoyarse en las Unidades de Autodefensa Civil para que se niegue el ac-
ceso de los subversivos a la población que constituye su base de apoyo social ...” Ejército de Gua-
temala, plan de campaña Victoria 82, Apartado C.
927 En un sentido similar el fallo del Tribunal de Ruanda en la primera sentencia sobre genocidio es-
tablece: “De cualquier manera el hecho de que el genocidio ocurrió mientras el RAF estuviera en con-
flicto con el RPF obviamente, no puede servir como una atenuante del genocidio”. Chamber I, Inter-
national Criminal Tribunal for Rwanda, Case No. ICTR-96-4-T, The Prosecutor Versus Jean-Paul
Akayesu, 2 de septiembre de 1998, párr. 127.
ron obligados a disparar en contra de todo lo que se moviera. Comen-
tario: las autoridades guatemaltecas admitieron que muchos civiles
fueron asesinados en Cocob, muchos de ellos indudablemente eran no
combatientes. Las repercusiones de este incidente se reflejarán negati-
vamente en contra del Ejército a lo largo del área”.
928
3259.
Esta definición del grupo étnico ixil como enemigo se tradujo en
la existencia de una operación militar dirigida contra la población Ixil, de-
nominada operación ixil, en 1981. Dicha operación militar contempló un
curso de acción específico que toma en cuenta las características socio-cul-
turales del pueblo ixil y enfatiza la importancia de una “intensa, profunda
y bien estudiada campaña psicológica que rescate la mentalidad ixil hasta ha-
cerlos sentirse parte de la nación guatemalteca”.
929
Esta operación militar de-
mostró formar parte de una política específica hacia el pueblo ixil.
3260.
El Ejército denominó el área como Triángulo Ixil, es decir, utilizó
la denominación del grupo étnico, para identificar un área de combate
930
que fue cercada por las fuerzas militares.
3261.
También creó en 1982 la Fuerza de Tarea Gumarcaj, para que ope-
rara principalmente dentro del área ixil. Asimismo, formó una compañía
integrada únicamente por ixiles.
931
La utilización de miembros del grupo
en contra de los suyos es analizada más adelante como una de aquellas ac-
ciones que atentan contra los fundamentos del grupo.
3262.
El objetivo de “aniquilar al enemigo” y la identificación de los ixil
como enemigo interno condujo a la acción del aniquilamiento parcial del
grupo étnico ixil. En este sentido, los habitantes del lugar recuerdan cómo
lo expresó el Ministro de la Defensa de la época, en una visita que realizó
a San Juan Cotzal:
“Sí vino aquí … yo sé que era Ministro de Defensa. Fue el 15 de ju-
lio de 1981, para decir que con todos los ixil, que con un soldado o
dos oficiales que murieran, iba a arrasar con todo, estaba preparado
con 30 aviones y con ocho helicópteros, decía, para terminar con es-
tos indios”.
932
3263.
Similar sentido tuvieron las aseveraciones que, de acuerdo con un
testigo presencial, expresó el responsable de la masacre de Acul:
331
928 Documento desclasificado de los EEUU, CIA, G5-40, P.12.40, released Febrero, 1998, Abril,
1981, pg. 2.
929 Ejército de Guatemala, apreciación de asuntos civiles (G-5) para el área ixil, Ob. cit, pg. 32 y ss.
930 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, anexo D, numeral VI, literal L.
931 De acuerdo con un alto funcionario militar, “hubo compañías que se formaron con personal de ahí.
Había una compañía de 166 hombres que todos eran Ixil”. Testigo (militar en situación de retiro)
CEH. (T.C. 92).
932 Entrevista colectiva con la comunidad de San Marcos, San Juan Cotzal. Esta declaración fue con-
firmada por el testigo (militar en situación de retiro) CEH. (T.C.24).
“Mire … allá en Acul, ayer se mató un montón, digo, ayer los maté
… si hay necesidad acabaré con medio pueblo para que venga la paz
a Nebaj”.
933
3264.
Finalmente, las expresiones materiales de la identidad maya se con-
virtieron en una amenaza para la población; por ejemplo, el traje y el idio-
ma. El traje expresa, en Guatemala, una intensa identificación con un gru-
po étnico determinado. Existen trajes diferenciados que asocian a las mu-
jeres que los portan con sus comunidades de origen. En el área, las muje-
res ixil fueron identificadas y perseguidas por la utilización de su traje, co-
mo lo demuestran los siguientes testimonios:
“Ella y su familia pudieron llegar a trabajar en la Costa Sur pero
otras personas no pudieron porque los mataban entre Santa Cruz y
Sacapulas. Los mataban cuando los soldados reconocían que eran de
Nebaj. [También] en Patulul Suchitepequez mataban a la gente que
era identificada como ixil, se les reconocía por el corte de las mujeres.
Eran acusados de ser guerrilleros. Para poder sobrevivir tuvo que cam-
biar su traje por el traje k’iche”.
934
“Había un pozo donde las mujeres lavaban y dejaban los cortes, en-
tonces cuando vio el Ejército que todos esos cortes estaban tendidos, co-
mo eran de color rojo, entonces empezaron a disparar”.
935
“La declarante vivía en Río Azul cuando llegaron 60 soldados de Co-
cob y terminaron con la aldea. Se trasladó a Amachel, Chajul. Des-
pués se fue a Ixcán. Ella recuerda que en esa época se puso ropa de co-
baneros”.
936
3265.
Con relación al idioma, la CEH registró casos de ixil que viajaban
a comunidades vecinas a vender sus productos y que, al ser identificados
por su idioma, fueron ejecutados.
“Escapó y cuando pudo mirar vio que los soldados estaban pegándoles
a los cinco: al papá le salía sangre de la boca … los capturaron por-
que hablaban ixil, todos los ixil eran considerados guerrilleros”.
937
332
933 Testigo (maestro y promotor lingüístico de Nebaj) CEH. (T.C. 334).
CI 107. La masacre de la comunidad Acul, abril de 1982.
934 C 3161. 1987. Nebaj, Patulul, Suchitepéquez.
935 Testigo REMHI. (T.4613).
936 C 3064. Diciembre, 1982. Chajul, Quiché.
937 C 3649. 1980. Chiantla, Huehuetenango.
3266.
En conclusión, al inicio de la década de los ochenta, el Ejército
identificó al pueblo maya-ixil con la insurgencia y consecuentemente con
el enemigo interno, sin hacer distinción entre las personas que integraban
dicho pueblo y sus diferentes opciones personales a favor o en contra de la
guerrilla. La consecuencia de esta identificación fue la realización de accio-
nes dirigidas a aniquilar parcialmente al pueblo maya-ixil, debido a la ame-
naza que, según el Ejército, representaba. Los planes de campaña expresan
que el curso a seguir con relación al enemigo admite tres posibilidades: la
“eliminación”, “el aniquilamiento” o el “exterminio”.
938
Hechos
3267.
Estos tres cursos de acción: “la eliminación”, “el aniquilamiento” o
“el exterminio” se tradujeron en un conjunto de violaciones de derechos hu-
manos de los miembros del pueblo maya-ixil. Estos hechos se describen a
continuación.
Matanza de líderes
3268.
En el período de 1980 a 1983 el Ejército perpetró acciones en con-
tra de promotores comunitarios, por ejemplo, la ejecución extrajudicial de
Felipe Itzep Tum y Máximo Alvarez Itzep, ambos encargados del comité
pro tierras.
939
De igual manera se atacó a las autoridades formales, como al-
caldes y alcaldes auxiliares: un caso fue el de Felipe Raymundo, alcalde au-
xiliar, quien fue ejecutado cuando en 1980 el Ejército incendió la auxilia-
tura de la aldea Xextupil.
940
3269.
Los miembros de la Iglesia Católica fueron especialmente victimi-
zados. Así la desaparición forzada de Francisco Santiago Pérez, directivo de
la Junta Parroquial de Nebaj
941
y la ejecución extrajudicial de Juana Mar-
cos, primer mayordomo de la Cofradía. Juana Marcos fue detenida ilegal-
mente y torturada, la encontraron semienterrada, con señales de tortura, le
habían sacado los senos y tenía heridas de cuchillo en el cuello y en la es-
palda.
942
Los vecinos recuerdan esta persecución de la manera siguiente:
“El Ejército empezó a asesinar a los religiosos, a secuestrar a los cate-
quistas, ya varios catequistas tenían miedo de entrar al pueblo, aun-
que tenían tarjetas militares”.
943
333
938 Véase los planes de campaña, donde se encuentran expresiones como: “Eliminar las Unidades mi-
litares Permanentes”, “Aniquilar a los Comités Clandestinos Locales”, “Exterminar al enemigo”,
“La misión es aniquilar a la guerrilla y organizaciones paralelas”, que sugieren la posibilidad de
acciones masivas. Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, Anexo H, literales B y G.
939 C 3615. Febrero, 1982. San Juan Cotzal, Quiché.
940 C 3108. 1980. Nebaj, Quiché.
941 C 3019. 1983. Nebaj, Quiché.
942 C 3047. Abril, 1980. Nebaj, Quiché.
943 Testigo (entrevista comunitaria con autoridades de Santa Clara, Chajul) CEH. En el mismo sen-
tido, dos testigos recuerdan cómo en el año 1980 en Nebaj se dio una verdadera persecución en
contra de los maestros y promotores: el 28 de abril de 1980 fueron torturados salvajemente y ase-
sinados los maestros de la escuela de Tzalbal, Noé Cam Palacios López y Mario Enrique Herrera
Cano. Testigo (maestro y promotor lingüístico de Nebaj) CEH. (T.C. 334).
3270.
También las autoridades mayas fueron víctimas de la represión. La
CEH registró siete casos de violaciones de los derechos humanos en con-
tra de sacerdotes mayas, de 1980 a 1985.
944
Un caso relevante fue la ejecu-
ción de Sebastián Ramírez, quien fue quemado junto con su familia en el
pueblo de Chajul. Hubo seis víctimas del hecho, entre ellas sus hijos, una
niña de seis años y un niño de cinco.
945
3271.
Estos hechos constituyen un ataque premeditado, dirigido expre-
samente en contra de los líderes
946
y, por su intermedio, contra el grupo.
De acuerdo con un testigo clave, en la inauguración del polo de desarrollo
de Tzalbal un oficial del Ejército dijo a los residentes:
“Ustedes me tienen que decir quiénes son los brujos que hacen su cos-
tumbre porque hay que acabar con ellos; no queremos que los brujos
hagan rituales en contra de los militares”.
947
3272.
Un caso que ejemplifica el ataque directo en contra de los líderes
fue el asesinato por el Ejército de un sacerdote maya en el caserío Bajilá,
Chajul, en 1982. La población lo enterró luego que lo mataran y el Ejér-
cito volvió a desenterrarlo para que se lo comieran los perros.
948
Las accio-
nes contra los líderes tienen un efecto enorme en la comunidad, ya que de-
bilitan material y moralmente las estructuras tradicionales, de organización
y resolución de conflictos:
“Entonces el Ejército escuchaba … que tiene una coordinación con sus
familias, por eso el Ejército empezó a controlar eso también. Así se
cortaron las relaciones de las familias, allí se destruyeron las costum-
bres, el modo de vivir … lo que había entre la gente. Porque la gen-
te siempre sabía su modo de defenderse, de hacer justicia entre algu-
nos problemas, pero empezó la guerra, la violencia, allí se olvidó”.
949
3273.
La selección específica de líderes comunitarios para hacerlos vícti-
mas de la represión, refleja, sin perjuicio del elemento objetivo de la ma-
tanza, la intención de destruir al grupo parcialmente, elemento subjetivo
del delito de genocidio.
950
Como se señaló, los líderes son los encargados
de la conducción del grupo y al ejecutarlos son destruidas las bases de or-
334
944 C 3751. Abril, 1985. Nebaj, Quiché.
945 C 3272. Septiembre, 1980. Chajul, Quiché.
946 El Manual de guerra contrasubversiva explica cómo es una estrategia de la guerra contrasubversi-
va dirigirse en contra de “los jefes, que son en consecuencia sus elementos claves. Arrestándolos, o res-
tringiendo sus posibilidades de comunicación con la gente ... quizá se logre impedir el desarrollo de la
subversión”. Centro de Estudios Militares, Manual de guerra contrasubversiva, 1982, pg. 74.
947 Testigo (dirigente ixil) CEH. (T.C. 338).
948 C 3848. 1982. Nebaj, Quiché.
949 Testimonio colectico, a Bicalamá, Nebaj, Quiché (T.C. 287).
950 En este sentido, ver el argumento del fiscal en la preparación del juicio en el caso Kovacevic, Prose-
cutor’s Pre-Trial Brief, 20 de abril de 1998, Milan Kovacevic Case No. IT-97-24-PT, párr. 3 y 22.
ganización del grupo, especialmente en el caso ixil, en que la autoridad re-
ligiosa coincide con la autoridad política, hasta el punto que su muerte
violenta victimiza al grupo como tal.
Masacres
3274.
La CEH registró 32 masacres
951
entre marzo de 1980 y noviembre
de 1982. La suma de los casos registrados por la CEH y otras fuentes da
un total, hasta la fecha, de 52 masacres registradas. En Nebaj, Cotzal y
Chajul el 88% de la población es maya-ixil. Sin embargo, el 96% de las
víctimas de la región pertenecían a este grupo étnico.
952
Esto significa que
la casi totalidad de víctimas de la región fue población maya-ixil. Una ex-
plicación del aumento de víctimas maya ixil con relación a la distribución
poblacional es que la violencia en la región no fue arbitraria, sino que, por
el contrario, los actos de represión ejecutados por el Ejército se dirigieron
primordialmente en contra del pueblo maya ixil. Ninguna de las masacres
fue dirigida en contra de población ladina. La persecución a los ladinos en
el área ixil fue de carácter selectivo.
953
3275.
Las masacres son violaciones colectivas al derecho a la vida, en las
que generalmente concurren elementos de extrema crueldad. Son actos
que, al ser perpetrados en forma pública y reiterada, se dirigen tanto con-
tra los individuos como contra las comunidades. En este caso específico, al
dirigirse exclusivamente en contra de la población maya, constituyen actos
no sólo violentos sino también discriminatorios.
3276.
A continuación se analiza el período de las masacres, desde 1980
hasta 1983. En el área ixil las masacres continuaron hasta 1989, sobre to-
do contra población desplazada. Sin embargo, este período excede del
marco fijado para el examen de actos de carácter genocida.
3277.
En 1980 la CEH registró cuatro masacres, de las cuales dos fueron
en las cabeceras municipales de Nebaj y Chajul, las otras fueron en las al-
deas de Jua, Chajul, Asich y Concab, río de San Juan Cotzal. En 1981 se
registraron once masacres en los tres municipios del área ixil, distribuidas
de la manera siguiente:
335
951 Base de datos de la CEH.
952 Ibid.
953 Asimismo, en algunos poblados los ladinos fueron los primeros en desplazarse, por ejemplo CI
60. Abril, 1982. Chajul, Quiché.
Nebaj
Lugar Fecha Víctimas
1. Parramos 81 40
2. Xecax 2-81 18
3. Santa Marta 4-81 11 - 26
4. Acul 4-82 20
5. Cocob 4-81 70 - 90
6. Tuchanbuc 5-81 31
7. Xeucalbitz 9-81 35
3278.
El mayor número de masacres registrado por la CEH, quince de
un total de treinta y dos, ocurrió en 1982: Estas se concentraron entre los
meses de febrero y mayo de 1982, en tres regiones:
336
Chajul
Lugar Fecha Víctimas
8. Chulutzé 1-81 25
9. Covadonga 3-81 16
Cotzal
Lugar Fecha Víctimas
10. Asich 5-81 12
11. San Francisco 5-81 35
Norte de Nebaj y Chajul
Lugar Fecha Víctimas
1. Sacsihuán 2-1982
2. Estrella Polar, Chajul 3-1982 96
3. Ilom, Chajul 3-1982 85
4. Covadonga, Chajul 3-1982 20 - 39
5. Chel, Chajul 3-1982 95
6. Amachel, Chajul 3-1982 9
Vértice de los tres municipios
Lugar Fecha Víctimas
7. Pulay, Nebaj 2-1982 75 - 125
8. Pexla, Nebaj 2-1982 75 - 125
9. Xix, Chajul 2-1982 8 - 11
10. Xolcuay, Chajul 2-1982 89
11. La Laguna 11-1982 40
Suroriente de San Juan Cotzal y Chajul
Lugar Fecha Víctimas
12. Parramos 81 40
13. Xecax 2-81 18
14. Santa Marta 4-81 11 - 26
15. Acul 4-82 20
Masacres selectivas
3279.
En 1980, la CEH documentó cuatro masacres, de las cuales dos se
realizaron en las cabeceras municipales de Nebaj y Chajul; las otras en las
aldeas de Jua, Chajul, Asich y Concab, río de San Juan Cotzal. Las prime-
ras masacres respondieron a acciones selectivas de castigo en contra de la
población, como consecuencia de acciones guerrilleras.
3280.
En este patrón se inscribe la masacre de Cotzal, el 28 de julio de
1980. De acuerdo con los testimonios, a las cuatro de la mañana los gue-
rrilleros atacaron el destacamento de Cotzal. El Ejército “le echó la culpa a
la gente” y a las diez de la mañana del mismo día, los soldados sacaron de
sus casas a los hombres y los mataron. Ejecutaron a 60 personas.
954
3281.
En 1981 las fuerzas de seguridad utilizaban, generalmente, un “se-
ñalador” o delator,
955
que indicaba quién debía morir y quién se salvaba.
Por ejemplo, en la masacre de San Francisco Cotzal, un testigo narra lo
ocurrido un día de mercado, en el mes de mayo de 1981:
“Llegó el Ejército vestido de civil y formaron a la población en fila,
en la plaza central, a mujeres, hombres y niños, y comenzaron a pe-
dir cédulas. Antes habían acusado a la gente de ser guerrillera y apa-
reció un hombre con la cara tapada que empezó a señalar. El jefe
dio la orden de disparar en contra de todos lo que intentaban esca-
par. En la masacre murieron 35 personas y los soldados se llevaron
a otras 35”.
956
3282.
De la misma manera en la comunidad de Acul, en abril de 1982,
el Ejército y la patrulla civil de Nebaj reunieron a toda la gente en la igle-
sia y luego de seleccionarlos ejecutaron aproximadamente a 25 personas.
El procedimiento fue muy parecido, como narra un testigo:
“Entonces … empezó a ordenar el Ejército a la gente una por una, al
salir, ‘es éste vos’, le decían, ‘no’, decía y esto sólo con la cabeza, y se mo-
vía, señalando a la gente … Sí, él decía quién tenía culpa, o sea, el
que era culpable, digamos de ser guerrillero, lo llamaban al infierno
y otro al cielo, o sea que dos cosas tenían nombradas no más…”
957
3283.
Este procedimiento continuó en los primeros días de 1982, entre
otras, en la masacre de población de la aldea Cajixaj, Cotzal, donde ejecu-
337
954 C 3129 y C 15235. Julio, 1980. San Juan Cotzal, Quiché.
955 El señalador era una persona que colaboraba con el Ejército, voluntaria o forzadamente, para in-
dicarle quiénes eran simpatizantes de la guerrilla.
956 C 3141. Mayo, 1981. San Francisco Cotzal, Quiché.
957 Testimonio comunitario CEH, Nebaj, Quiché. (T.C. 339).
CI 107. Acul, Nebaj, abril, 1982.
taron 22 personas y en la masacre de la aldea Ilom, Chajul, del 23 de mar-
zo de 1982, cuando Ejército y patrulleros reunieron a los pobladores en la
plaza, seleccionaron a 96 personas y las mataron.
“Después del 15 de enero de 1982, la población tuvo que avecindar-
se en Cotzal porque llegó un mensaje del Ejército que los que se que-
daran aquí serían destruidos con toda la aldea, entonces tuvimos que
avecindarnos hasta Cotzal, entonces se abandonó la aldea de Caji-
xaj. Cuando llegamos a Cotzal nos fuimos a presentar al destaca-
mento y allí había otros enmascarados … y allí nos pusieron en fila,
y allí escogieron toda la gente … lo que pasó fue que contaban las
personas una por una … entonces venía el enmascarado y el oficial
dice al enmascarado así y el enmascarado sólo le hace una señal, no
habla, ‘entonces pase’, dice el oficial, viene el otro … ‘¿Qué tal?’, di-
ce el oficial, ‘Este es’, dice el enmascarado. Sólo señala, entonces, ‘por
favor pase aquí’, dice el oficial, entonces allí es donde hizo dos gru-
pos, un grupo, uno de los que se salvaron y otro de los que se queda-
ron muertos allí”.
3284.
De acuerdo con los casos examinados, en el área ixil las masacres
con “señalador” ocurrían, generalmente, con una secuencia determinada:
● Las fuerzas de seguridad rodeaban la comunidad y reunían a las per-
sonas en la plaza central o en la Iglesia (cerco militar y concentra-
ción).
● Se separaba a las mujeres y a los niños de los hombres (separación).
● Una persona con gorra pasamontañas identificaba a los que colabo-
raban con la guerrilla, generalmente esta persona era de la comuni-
dad (selección).
● Previo a la ejecución se utiliza simbología bíblica, “Hoy ha llegado el
día del juicio”, “Vamos a separar a los que van al cielo de los que van al
infierno”.
● Ejecutan a las personas en forma pública (matanza).
3285.
Esta secuencia de actos se realizó en repetidas oportunidades. La
CEH registró, en al menos cuatro casos, el mismo patrón de actuación en
el área ixil,
958
por lo que es posible afirmar que eran una práctica intencio-
nal y predeterminada.
3286.
Cada uno de estos actos evidenció la decisión del Ejército de ata-
car al grupo y desarticularlo. Así, se buscaba evitar la fuga mediante la se-
338
958 Un procedimiento similar se siguió en otras regiones del país, por ejemplo en Zacualpa, Quiché,
en Rabinal, Baja Verapaz y en Chimaltenango, donde actuaron con listas.
paración de los miembros de la familia, dividir a la comunidad al obligar
a unas personas a actuar en contra de sus vecinos y disuadir a la oposición,
mediante el terror colectivo hacia un peligro generalmente identificado
con algo divino, como “ir al cielo o al infierno”. Estas formas, matar y re-
primir, se utilizaban para destruir los lazos comunitarios y desarticular al
grupo, como lo demuestra la circunstancia que se obligaba a toda la comu-
nidad a ser parte de los actos de barbarie.
3287.
La identificación de actos de extrema crueldad con elementos sa-
grados de la cultura, como la religión o la iglesia,
959
tenía como propósito
destruir símbolos culturales importantes, relacionándolos con el castigo.
De esta manera, muchos individuos renegaron de su propia identidad,
porque llegaron a asociar elementos identitarios con escenarios de terror.
Evidentemente, esta situación provocó en muchas personas una autopros-
cripción de, al menos, parte de su identidad.
3288.
En cuanto a las ejecuciones públicas, éstas perseguían a la vez un
doble efecto: en primer lugar, se eliminaba físicamente a miembros del
grupo; en segundo lugar, generaban terror colectivo, demostrando el cas-
tigo que le esperaba a los disidentes y “satanizando” así cualquier tipo de
reivindicación colectiva.
Masacres indiscriminadas
3289.
El mayor número de masacres registrado por la CEH ocurrió en
1982, 15 de 32, con 952 víctimas. Estas se concentraron en los meses de
febrero y mayo de 1982, en tres regiones: Norte de Nebaj y Chajul, vérti-
ce entre los tres municipios y Suroriente de Cotzal y Chajul. En esta épo-
ca, concretamente a mediados de febrero de 1982, el Ejército de Guatema-
la reforzó su fuerza existente en el área ixil y “lanzó una operación para ba-
rrer el triángulo ixil”.
960
El Ejército realizó la operación con unidades de
combate que tuvo que movilizar de otras áreas de Quiché. Había dos ba-
tallones de infantería y una compañía adicional de tropas transportadas
por vía aérea.
961
3290.
En estos meses, el patrón más común fue la masacre indiscrimi-
nada. Ya no se distinguía entre posibles colaboradores de la guerrilla, sim-
patizantes y población en general. La diferencia entre este tipo de masa-
cre y las masacres con “señalador” es que, en estas últimas, no existe un
proceso previo para escoger a las personas que van a ser ejecutadas, por lo
que se dirigen más contra la totalidad de la comunidad, que contra indi-
viduos.
339
959 Existe un alto grado de sincretismo entre la religión maya y la religión católica.
960 Documento desclasificado de los EE UU, CIA, G5-41, pgs. 12-41, released febrero de 1998, fe-
brero de 1982, p.3.
961 Ibid.
“Entonces la población lo que hizo fue irse porque el Ejército ya venía
matando, el Ejército ya no está preguntando si vos sos organizado, si-
no que ya venía parejo. El que le debía y el que no le debía tenía que
sufrir”.
962
3291.
Las masacres con “señalador” continuaron, pero fueron más fre-
cuentes aquellas en las cuales se atacaba a toda la comunidad. Asimismo,
también es oportuno aclarar que, con antelación a febrero de 1982, habían
ocurrido masacres indiscriminadas como en Cocob, en abril de 1981, y en
Xeucalvitz, septiembre de 1981.
963
Sin embargo, en esa época aún prevale-
cía la utilización del proceso de selección de las víctimas.
3292.
La secuencia de este tipo de masacre indiscriminada fue, en su ini-
cio, similar a la masacre selectiva. Las fuerzas de seguridad cercaban la co-
munidad y reunían a las personas en el centro; separaban a los hombres
de las mujeres y perpetraban actos de tortura y violaciones sexuales colec-
tivas de mujeres. Pero, ahora, la acción culminaba en el ataque, contra to-
dos y cada uno de los miembros de la comunidad: hombres, mujeres, ni-
ños y ancianos.
3293.
El caso de Chel ilustra el proceso de aumento progresivo de la vio-
lencia, que se iniciaba con la represión selectiva, continuaba con el despla-
zamiento y el retorno de la población y culminaba con la represión gene-
ralizada cuando volvía a la comunidad. Como consecuencia, se repetía el
desplazamiento y, entonces, se llegaba al punto máximo de la violencia,
constituido por las masacres con destrucción de bienes, como parte de las
operaciones de tierra arrasada.
964
3294.
En algunos casos propios de este tipo de represión generalizada se
ejecutaba a todos los hombres que se encontraban en la comunidad, como
ocurrió en la masacre de la finca Estrella Polar, Chajul, en marzo de 1982,
cuando fueron ejecutados 96 hombres, de la finca y de las comunidades de
Xaxmoxan y de la finca el Caracolito. El relato de la masacre de Estrella
Polar es el siguiente:
“El 24 de marzo de 1982, un día después de la masacre en la aldea
Ilom, en la finca Estrella Polar, miembros del Ejército del destaca-
mento de la finca La Perla, miembros de las PAC del mismo lugar y
su comandante, llegaron hacia las cuatro de la mañana. Juntaron a
la gente para una reunión. Los hombres fueron metidos en la iglesia
católica, donde los ejecutaron. Orlando Tello envió a los trabajadores
340
962 Testimonio colectivo CEH. (T. C. 341).
963 Testimonio colectivo CEH, de la comunidad de Xeucalvitz, La masacre ocurrió en 1985, sin em-
bargo otras fuentes la ubican en septiembre de 1981. (T.C. 342).
964 CI 60. Abril, 1982. Chel, Chajul, Quiché.
de la finca Covadonga para ayudar a sacar los cadáveres de la iglesia
y enterrarlos. Los soldados se quedaron dos días en la finca y se roba-
ron los animales y la comida. Los soldados fueron a traer gente de la
finca Caracolito y de la aldea Xaxmoxan. 175 hombres fueron ejecu-
tados. El interrogatorio a los hombres duró aproximadamente cuatro
horas. También murieron algunas mujeres y niños, sobre todo jóvenes.
De la comunidad huyeron 250 personas, de éstas murieron 25 a cau-
sa de la enfermedad y la inanición. Ocho días después de la masacre
en la finca Estrella Polar hubo una masacre en Covadonga”.
965
3295.
En otros casos los soldados ejecutaron a todas las personas que en-
contraban en el lugar, como sucedió en la masacre de Chel, Chajul, en
abril de 1982,
966
cuando soldados provenientes del destacamento ubicado
en la finca La Perla mataron a 95 personas. Algunas fueron decapitadas o
desmembradas con machete, luego degolladas; otras murieron fusiladas en
el pecho o con un tiro de gracia; y todavía otras perecieron quemadas en
una fogata encendida para quemar la ropa. Los niños pequeños fueron eje-
cutados a golpes contra piedras, o lanzados vivos al río en la masacre de
Chel, 04/8.
967
3296.
Un procedimiento similar utilizó el Ejército en la aldea Chisís,
Cotzal,
968
donde militares y patrulleros ejecutaron alrededor de 200 perso-
nas, entre ellas 20 jóvenes que integraban la propia patrulla,
969
y en la ma-
sacre de Cocob, Nebaj, que ocurrió un Jueves Santo, en abril de 1981,
cuando la comunidad preparaba la fiesta, y miembros del Ejército, “puros
kaibiles”, ejecutaron entre 70 y 90 personas.
970
En este caso las autoridades
militares admitieron que “habían asesinado a muchos civiles en Cocob”.
971
3297.
De la misma manera ocurrió en la aldea vecina de Cocob, Pexla,
cuando en febrero de 1982 el Ejército ejecutó 125 personas, entre muje-
res, ancianos, hombres y niños.
“Qué tal, buenos’, días dijeron, entonces dispararon a toda la gente
dentro de sus casas, dispararon hasta a niños, hasta a las mujeres em-
barazadas, ya otros que andaban detrás de sus casas … toda la gente
341
965 C 3082 y C 3452. Marzo, 1982. Chajul, Quiché.
966 CI 60. La masacre de la comunidad de Chel, Chajul, abril 1982.
967 Fundación de Antropología Forense de Guatemala, informe para la CEH, Guatemala, 1998.
968 CI 92. La masacre de la aldea Chisis, febrero 1982.
969 Testimonio colectivo CEH, de la comunidad de Chisís, San Juan Cotzal, Quiché. (T.C. 324).
970 De acuerdo con la entrevista colectiva en la comunidad, el Ejército entró “disparando y hay otras
casas que dejaron tirados con palos allí hay niños y mujeres que ya sólo tiznados nada más que ya no
se conoce quiénes son, esos son los que hicieron”. C16704, masacre de Cocob, 04/81. En el registro
civil de Nebaj se encuentran anotadas 65 defunciones: 34 eran niños, cinco adolescentes, 23 adul-
tos y dos ancianos. Fundación de Antropología Forense de Guatemala, informe para la CEH,
Guatemala, 1998, pg. 51.
971 Documento desclasificado de los EEUU, CIA, G5-40, P12.40, released febrero, 1998, abril,
1981, pg. 2.
de Chisis ... tres veces vinieron aquí, porque la primera vez mataron
a 16 familias en un lugar allá, antes de la quema de las casas, 16 fa-
milias dejaron enterradas en una fosa, allá arriba en un cantón que
se llama Bipulay, que pertenece a esta aldea; la segunda vez vinieron
ya a quemar las casas y a matar más familias, como 90 familias ma-
taron cuando quemaron las casas ... Y a la tercera vez cuando ya es-
tábamos formados para hacer patrulla entonces nos mataron a dos fa-
milias. Tres veces vinieron”.
972
3298.
En la aldea de Pexla, el Ejército no permitió que se enterraran los
cadáveres.
973
Igualmente, en la masacre de Chulutze, Xeputul en San Juan
Cotzal, donde ejecutaron a 25 personas, los soldados mantuvieron una vi-
gilancia constante sobre los muertos, y si algún familiar trataba de recoger-
los, lo capturaban.
974
3299.
En estos casos, es evidente que se actuó contra los fundamentos del
grupo, ya que, como en otras culturas, en la maya es de vital importancia
dar sepultura a los muertos, para cerrar el ciclo de la vida y la muerte. Asi-
mismo, este irrespeto por valores tan profundos era una forma de deshu-
manizar a las víctimas, quienes entendían que únicamente a los animales
se les deja sin enterrar.
“Entonces la autoridad quiere … venir a sacarlo, para dejarlo en el
cementerio, para hacer una oración, porque nosotros hemos acostum-
brado que cuando muere alguna de nuestras familias … utilizamos
algunas candelas … para dejar pues en el cementerio, entonces esa es
la idea que tiene la familia … porque nuestra costumbre o nuestra
forma de enterrar a los muertos pues, porque no somos unos animales
que se pueden dejar en algunas partes escondidos”.
975
3300.
En algunas aldeas no lograron exterminar a toda la comunidad
porque la población huyó a las montañas. Sin embargo, aquellos que per-
manecieron en el lugar fueron ejecutados. Así, en la aldea Tuchabuc, Ne-
baj, miembros del Ejército mataron a 31 personas
976
y en la aldea Xix, don-
342
972 C 3318. Febrero, 1982. Nebaj, Quiché. Testimonio colectivo CEH, de Pexla Grande, Nebaj,
Quiché. (T.C. 335) y C 3318, febrero de 1982. Nebaj, Quiché.
973 Un testigo lo explica de la manera siguiente en la entrevista comunitaria: “Entonces los fuimos a
enterrar, pero a puro escondido, a puro con miedo, porque dicen que el Ejército va a regresar otra vez
porque si alguien viene a recoger a esa maldita gente entonces ahí le vamos a terminar su vida, dije-
ron, entonces mejor con miedo venimos o con rapidez venimos a enterrarlo en el cementerio y ya nos
fuimos”. Testimonio colectivo CEH, de Nebaj, Quiché. (T.C. 335).
974 El caso es de una masacre de población desplazada proveniente de distintas aldeas. La fecha la si-
túan en enero de 1981, sin embargo, por tratarse de población desplazada pudo haber ocurrido
en 1982. C 3293. Febrero, 1981. Chajul, Quiché.
975 Testimonio colectivo CEH, de autoridades de Pexla Grande, Nebaj, Quiché. (T.C. 335).
976 Este grupo había permanecido en la comunidad porque confiaba que el Ejército no les haría da-
ño, así lo explica un testimonio: “los que son evangélicos decían que como estamos orando a Dios los
de ejecutaron a once vecinos.
977
En el caso de Tuchabuc, la matanza inclu-
so contó con apoyo aéreo ya que los soldados llegaron en seis helicópteros
a atacar a la población civil.
978
3301.
En otros casos, luego de una primera masacre, la población sobre-
viviente huía, y era perseguida hasta ser encontrada y ejecutada. Una mu-
jer ixil narra su calvario luego de la masacre de Chisís, donde soldados eje-
cutaron alrededor de 200 personas, entre ellos su padre:
“Entonces mi papá … allí se quedó. Mientras yo estaba en la monta-
ña … al otro día llegó el Ejército, encontraron el campamento donde
estoy con mi marido … yo andaba con mis niños … entonces allí se
quedó muerto uno de mis hijos … Salí otra vez y los soldados llega-
ron con las patrullas … Entonces qué hacemos digo yo … pero ya
estaba muerto mi marido”.
979
3302.
Las masacres indiscriminadas fueron una agresión contra aldeas
enteras. Este mecanismo de represión fue la materialización de la afirma-
ción de que la población indígena ixil, en su totalidad, estaba en favor
del EGP. No se actuaba en contra de individuos, organizados o no: el ata-
que era al grupo.
“Y entonces dejaron dicho a los señores ancianitos que va a llegar un
momento en que tengamos que venir aquí porque todo la aldea de
Acul es guerrillera y por esa razón es que los vamos a acabar a to-
dos’”.
980
3303.
Existía entonces una etiqueta colectiva de “subversivo”. No impor-
taba lo que hiciera o dejara de hacer cada persona. Por el sólo hecho de ser
miembro de cierta comunidad, se le consideraba como enemigo:
“En el destacamento [de Cotzal] hablaron con el comandante, … les
respondió que él les daba la paz si ellos le decían quiénes eran los gue-
rrilleros, a lo cual la comunidad respondió que lo desconocían. El co-
mandante les dijo que él sí sabía quiénes eran los guerrilleros de la al-
343
soldados no nos matan a nosotros, decían pues. Pero total, cuando llegaron los soldados allí los quema-
ron, en la iglesia las mataron, a las 31 personas”. Testimonio colectivo CEH, de la comunidad de
Tuchabuc, Nebaj, Quiché. (T.C. 343). La masacre ocurrió entre mayo de 1981 y abril de 1982.
977 La masacre se efectuó en febrero de 1982, la mayoría de la comunidad había huido al barranco,
pero “algunos no quisieron salir porque no querían morir por el hambre ... así los soldados pasaron de
casa en casa y donde encontraban gente la mataban”. Testimonio colectivo CEH, de autoridades co-
munitarias de Chajul, Quiché. (T.C. 344).
978 Testimonio colectivo CEH, de la comunidad de Tuchabuc, Nebaj, Quiché. (T.C. 343).
979 Testimonio colectivo CEH, de la comunidad de Chisís, San Juan Cotzal, Quiché. (T.C. 324).
980 CI 107. abril 1982. Acul, Nebaj, Quiché.
dea, y presentó a una persona que dijo que todos los que estaban pre-
sentes eran guerrilleros, que desde que nacía un niño en Xeputul le
cambiaban el nombre a guerrillero”.
981
3304.
Las masacres indiscriminadas constituyeron el máximo despliegue
de violencia en contra de una comunidad, porque todos, niños, niñas, mu-
jeres, hombres y ancianos eran calificados como “subversivos” y, consecuen-
temente, podían ser exterminados. La inutilidad e irracionalidad de este
despliegue de terror evidencia que los actos eran dirigidos en contra del
grupo, en cuanto tal.
Tierra arrasada
3305.
Unicamente en tres casos de masacres registrados por la CEH el
poblado no fue quemado; el resto de aldeas donde hubo masacres fueron
físicamente destruidas durante o después de la masacre. Asimismo, muchas
otras aldeas donde no hubo masacres, porque la población huyó, fueron
quemadas o destruidas. En general, el período de las masacres indiscrimi-
nadas o masivas (1981-1982) coincide con la destrucción física de las co-
munidades, porque ambas violaciones al derecho internacional de los de-
rechos humanos y al derecho internacional humanitario formaban parte
de una misma operación, conocida como tierra arrasada.
3306.
Uno de los propósitos de estas operaciones de tierra arrasada era
“despejar” el área de población; al que no mataban lo obligaban, por el te-
rror, a desplazarse hacia otras regiones. De esta manera, la guerrilla queda-
ba sin posibilidades de abastecerse. En los planes de campaña existió una
orden expresa de “arrasar con todos los trabajos colectivos de siembra que la
subversión posee en determinadas áreas donde se ha comprobado plenamente
la participación activa y de colaboración de aldeas comprometidas que simpa-
tizan y están organizadas por la subversión”.
982
3307.
Sin embargo, la intención iba más allá del objetivo metafóricamen-
te expresado en el lema “quitarle el agua al pez” porque una vez logrado el
propósito de vaciar áreas, la población continuó siendo perseguida hasta
sus lugares de refugio donde, nuevamente, se ejecutaron matanzas y des-
trucción de siembras. En otras palabras, las acciones de arrasamiento y per-
secución denotaron y connotaron una intención de exterminio.
983
3308.
De acuerdo con los datos registrados por la CEH, el arrasamiento
consistía en la destrucción de las casas y la quema de milpa, la muerte de
344
981 Testimonio colectivo de una comunidad de San Juan Cotzal, Quiché. El hecho sucedió antes de
1982 en la cabecera municipal de Cotzal. (T.C. 345).
982 Ejército de Guatemala, plan de campaña Firmeza 83-1.
983 El plan de campaña Victoria 82 señala, “La misión es aniquilar a la guerrilla y organizaciones pa-
ralelas”. Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, anexo H, literales B y G.
animales domésticos y la destrucción de los instrumentos de trabajo, la ro-
pa y la piedra de moler. Un vecino de la aldea Ilom, Chajul, lo explica cla-
ramente:
“Después de la masacre el subteniente dijo: Entierren a sus padres por-
que a las tres de la tarde vamos a quemar todas sus casas’ … ‘Enton-
ces todas las casas las quemaron, quemaron todas nuestras chamarras,
nuestras camas, nuestros petates, nuestros machetes, nuestras hachas,
nuestros sombreros, nuestras piedras de moler, nuestro maíz, nuestro
café, nuestro frijol…”
984
3309.
Las operaciones de tierra arrasada se efectuaban tanto en las aldeas
de origen como en los lugares a donde la población se desplazaba. Así lo
explican vecinos de la aldea Cabá I:
“Hay lugares que son lugares secos, principalmente … en la orilla de
Chel … cuando es tiempo de verano, a ese lugar el Ejército le prendió
fuego, e incluso no se quemó tanta gente, pero sí principalmente las
cosas que llevaban, ropa, piedras de moler; dejaba sus cosas perdidas
por temor al Ejército, que lo quemaba todo pues”.
985
3310.
De acuerdo con la información de campo recolectada por la CEH,
las operaciones de tierra arrasada ejecutadas por el Ejército en los años
1980 y 1983 provocaron la destrucción total o parcial de un número apro-
ximado de 90 aldeas, distribuidas de la manera siguiente:
3311.
La CEH no pudo reconstruir el número exacto de comunidades
que existían antes de la violencia, pero considera que entre el 70% y el
90% de las comunidades del área ixil fueron arrasadas.
986
345
984 CI 61. Marzo de 1982. Ilom, Quiché.
985 Testimonio colectivo CEH, de Chajul, Quiché, pg. 9. (T.C. 347).
986 La reconstrucción se realizó conforme a la información proporcionada por: Testigo (funcionario
municipal de Nebaj) CEH. (T.C. 254).
Nebaj 54
Cotzal 10
Chajul 26
Total 90
3312.
Cuando las comunidades habían logrado recuperarse, el Ejército
nuevamente volvió a atacarlas, a destruir sus viviendas y su alimentación,
para impedirles la supervivencia. En algunos lugares el Ejército regresó has-
ta tres veces a quemar las casas y la milpa, como lo explican en la comuni-
dad de Xoloche:
346
Xix
Xolcuay
Batzal
Chacalté
Bitziquichum
Juá
Sotzil
Ilom
Xesaí Chel
Xachimoxán
Estrella Polar
Covadonga
Xejuyeb
Santa Clara
Amachel
Cabá
Pal
Cimientos
Ti’aj’a
Tzotzil
Cajchixlá
Bitzich
Xeputul
Putul
Xaxboj
Xebitz
Cocob
Pexlá
Pulay
Río Azul
Xencuá
Jacaná
Bictoz
Cotzol
Vivitz
Acul
Xexuxcab
Xexocom
Chortiz
Xecocó
Janlay
Tzalbal
Xoloché
Tuchanbuc
Basuquil
Canaquil
Xeipum
Salquil
Parramos Grande
Parramos Chiquito
Tujolom
Xeo
Palop
Bijolom
Vicampanavitz
Bicamalá
Sumalito
Batzumal
Suamal Grande
Xeucalbitz
Trapichito
Vilakam.
Laguna
Batzchocolá
Viucalvitz
Ixtupil
Sacsihuán
Santa Marta
Talsumnalá
Xesumal
K’osonip B
ipecpalam
Viramux Bipaná
kanakil Xepeum
Bitz
Piucual Pajilá
987
Asich
Namá
Cajixaj
Chisis
Quisis
Villa Hortensia
San Felipe Chenla
Chichel
Xeputul
San Marcos Cunlá
Las comunidades arrasadas fueron:
987
Chajul
Nebaj
San Juan Cotzal
987 Las cursivas se utilizan para señalar aquellas comunidades cuyo arrasamiento únicamente fue con-
firmado por CITGUA, organismo no gubernamental de investigación social. CITGUA, Con-
trainsurgencia y deterioro ambiental en Guatemala, México, 1992.
¿Cuántas veces quemaron? La primera vez el 81; el 82, volvieron a
quemar nuestra casa, así como esta casa de tablones, teja, buena casa
…. En el 83 hicimos nuestra casa, pero la volvieron a quemar, cuan-
do nos venimos acá otra vez, hacemos unos ranchitos chiquititos, chi-
quitillos … oímos cuando venían y salimos otra vez a escondernos.
Cuando regresamos ya no estaban nuestras casas, las quemaron, y las
hacemos otra vez porque sino dónde vamos a vivir…”
988
Desplazamiento forzado
3313.
La razón para el desplazamiento de la población era la superviven-
cia. Muchas comunidades establecieron un sistema de vigilancia para huir
cuando el Ejército se acercara. La población sabía de las masacres que se
habían efectuado en comunidades vecinas, por lo que ante la noticia de
que el Ejército se dirigía a la comunidad se refugiaban en la montañas. En
un inicio cerca de las aldeas, para volver cuando el Ejército se hubiera re-
tirado.
3314.
Después del arrasamiento de las aldeas, muchas comunidades
abandonaron definitivamente sus lugares de origen porque no tenían a
dónde volver. El Ejército había quemado sus hogares y todos sus bienes. La
CEH identificó cinco áreas de refugio: Sumal Grande, Nebaj, Amachel,
Chajul y Xeputul, San Juan Cotzal.
3315.
Un estudio de AVANCSO indica que durante los años compren-
didos entre 1985 y 1991, en los municipios de Cotzal, Nebaj y Chajul,
hubo un flujo de desplazados que retornaban —ya sea forzados, median-
te la captura o voluntariamente— de aproximadamente 14,051 perso-
nas. Sumado a ello, la misma fuente cita la declaración de un alto fun-
cionario del Ministerio de Desarrollo, quien sustenta que todavía en
1989 se calculaba que 10 mil personas se resguardaban en las montañas
del área ixil. Así, el total estimado de desplazados oscilaría en no menos
de 24 mil personas.
989
3316.
En esta época, la población no tenía opción si huía. El Ejército, al
encontrar sus casas vacías, los acusaba de guerrilleros;
990
y si los encontraba
347
988 Testigo CEH. (T. C. 346).
989 Como fuentes acerca de la cantidad de desplazados, está la OEA quien en el informe sobre las
CPR estimó en 50 mil la población desplazada en las montañas de Quiché a principios de los 80
y Gutiérrez quien considera que son 25 mil Gutiérrez, Edgar; Un nuevo tejido social para Guate-
mala: dinámica maya en los años noventa, pg. 14.
990 De acuerdo con un testigo, se reaccionaba así porque “cuando una patrulla llegaba a la aldea, és-
ta estaba vacía, pero estaban los chuchos, las gallinas, el fuego de la casa encendido ... pero no encon-
traba a nadie ... esto significa que colaboraban con la guerrilla y el oficial de mando tomaba la deci-
sión de quemar la aldea ... esto sin contar que cuando iba a entrar había trampas con púas y el oficial
reaccionaba con mayor cólera...” Testigo (miembro de las Fuerzas Armadas) CEH. (T.C. 92).
También documento desclasificado de los EEUU, 12-41, señala: “Una aldea vacía, se presume ha-
ber estado apoyando al EGP, y es destruida. Hay cientos y posiblemente miles de refugiados sin casas a
donde volver”.
en su casa, los mataba.
991
Bajo esta lógica no existía posibilidad de salvación
para los habitantes de la región. La población civil no combatiente podía
asumir cualquier comportamiento e igualmente sus miembros eran ejecu-
tados. De esta manera lo explican los testimonios colectivos de las comu-
nidades de Chichel
992
y Ojo de Agua,
993
de Cotzal, y Pulay y Sumal I, de
Nebaj.
“Y también cuando el Ejército pasaba, lo que hacía, si encontraba
una persona … era quemarlo juntamente con la casa y así se moría
carbonizado … no se daba ninguna libertad para que se quedara
tranquilo, sino que todo era destruido, todas las casas que se encontra-
ban sin dueño también eran quemadas y es precisamente por eso no-
sotros tuvimos miedo y tuvimos que salir a escondernos y entonces el
que no salía a esconderse esperaba la muerte”.
994
3317.
Durante el desplazamiento las personas murieron por hambre, por
frío o por enfermedad, debido a las duras condiciones del desplazamiento
y a que el Ejército quemó las casas y las fuentes de alimentación. Por otra
parte, el Ejército perseguía a la población que huía y, en esta etapa, conti-
nuó realizando masacres, tanto sobre población desplazada como sobre la
que se entregaba al Ejército. Así, por ejemplo, en Cajixaj ejecutó diez fa-
milias que volvieron luego de haber huido a la montaña,
995
y en Tuy Coral
Cay mató un grupo de población que se había entregado por hambre.
“En un principio el Ejército empezaba a quemar algunas casas con to-
do, y trojas donde están guardado los maíces … ‘Mejor vamos con el
Ejército porque allí podemos encontrar alimentación, allí podemos so-
brevivir y si nos mata pues que nos mate, qué hacer, pero no nos ma-
ta el hambre’, dijo la población … [se entregaron] cuando el Ejérci-
to estaba encabronado … ‘¡Ah! bueno llegaron ustedes’, dijo allí nada
más el oficial, los agarró el Ejército a pura tortura y disparos, allí ma-
taron un grupo de la población en Tzalbal porque se rindió, se entre-
gó por la misma situación de hambre”.
996
348
991 C 3622. Enero, 1982. Nebaj, Quiché.
992 Incendiaron la comunidad de Chichel, así lo explican los testigos: “Lo primero que hicieron fue
quemar las casas, a meter fuego a las casas y que encontraban allí, de una vez lo quemaban con todo
y casa”. Se quemaron 60 casas y murieron 14 personas. Testimonio colectivo CEH, de San Juan
Cotzal, Quiché. 23 de enero de 1982.
993 En Ojo de Agua lo describen de la manera siguiente: “Entonces si encuentran a la gente en la casa
la matan y sino sólo cierran la puerta y le ponen fuego, y se quedó todo allí”. Testimonio colectivo
CEH, de San Juan Cotzal, Quiché. (T. C. 349).
994 Testimonio colectivo CEH, de Nebaj, Quiché. (T.C. 286).
995 Así lo explica el testimonio colectivo: “En Cajixaj el Ejército quemó la aldea, la gente se fue a la
montaña, después le preguntaron alcalde qué hacían si no tenían casa, el alcalde les dijo que volvie-
ran, regresaron 10 familias y el Ejército los mató a todos, no se sabe cuántos murieron”.
Testimonio colectivo CEH, de una comunidad en Chajul, Quiché. (T.C. 347).
996 Testimonio colectivo CEH, de una comunidad de Nebaj, Quiché. (T.C. 350).
3318.
El Ejército persiguió a la población en las montañas. La CEH re-
gistró casos de persecución en el desplazamiento a las montañas de las
Guacamayas,
997
San Juan Cotzal, Xesaí, Chajul y en el cerro Sumal, Nebaj.
Por ejemplo, después de la masacre de Chel, el 4 de abril de 1982, los so-
brevivientes se refugiaron en las montañas de Xesaí. El 22 de abril, luego
de realizar una trayectoria de rastreos por Cheputul, Cotzal y Caba, en
Chajul, tropas del destacamento de Chajul, acompañadas por patrulleros
de esta comunidad, llegaron al lugar del refugio cercano a Chesai. Hacia
las cinco de la tarde rodearon el lugar donde estaban escondidas cincuen-
ta personas originarias de Chel, incluyendo niños, mujeres, hombres y an-
cianos. Los soldados abrieron fuego sobre la población matando a cuaren-
ta y cinco personas, población civil e indefensa; dos personas sobrevivieron
al ataque y tres desaparecieron. Esa noche los soldados y los patrulleros re-
gresaron caminando hasta Chajul. Al siguiente día, personas que se habían
refugiado con la guerrilla cerca de Chel, encontraron los cuarenta y cinco
cadáveres que presentaban múltiples disparos en sus cuerpos. Los enterra-
ron en el mismo lugar de la tragedia.
998
3319.
En otro caso, en marzo de 1983, soldados del destacamento pro-
visional del cerro Sumal, encontraron unas personas escondidas en las
montañas alrededor de la aldea. Capturaron ocho o diez personas y las
quemaron en una hoguera.
999
3320.
El Ejército también perseguíó a la población en las comunidades
recién reconstruidas. Así sucedió en la Aldea Cotzol, donde miembros del
destacamento de Tzalbal pasaron primero a la aldea Vipecbalam, Xeo y
luego a Cotzol, asesinaron a diez personas y arrasarron con las nuevas cons-
trucciones de palos y paja que habían construido los habitantes luego de la
ultima vez que el Ejército había quemado las casas. Las víctimas eran mu-
jeres, hombres y niños. Una niña, hija de una de las víctimas, logró sobre-
vivir haciéndose pasar por muerta, encima de su madre asesinada.
1000
3321.
Del mismo modo ocurrió en Xeuvicalvitz, Nebaj, donde el Ejérci-
to, incluso, esperó a que la comunidad volviera de las montañas:
“El día 29 de mayo de 1984, en horas de la mañana, los encargados
de la vigilancia tocaron los cachos de vacas: era la señal que el Ejérci-
to se acercaba. En efecto, un grupo de 100 soldados provenientes del
destacamento de Sumalito llegaron a la aldea Xeucalvitz, Nebaj, y no
encontrando a nadie allí, acamparon.
349
997 C 3683. Abril, 1981. Uspantán, Quiché.
998 CI 60. Abril 1982. Chel, Nebaj, Quiché.
999 C 3746. Nebaj, Quiché.
1000 C 3317. Abril, 1983. Nebaj, Quiché.
“El Ejército montó una trama, en horas de la tarde retiraron el cam-
pamento y se fueron, pero un grupo se quedó escondido atrás de un ce-
rro. Un grupo de 27 personas, pensando que el Ejército ya se había
ido, bajó a la aldea. Todos se refugiaron en una casa, porque querían
preparar un poco de comida y calentarse. Eran las seis y media de la
tarde. Los soldados llegaron a la aldea y mataron a 25 personas aden-
tro de la casa, les dispararon”.
1001
3322.
Asimismo, la población perseguida era bombardeada durante el
desplazamiento, como sucedió en Bicalamá,
1002
Sumal I,
1003
Xecotz,
1004
Tzalbal,
1005
Xexucap
1006
y Acul,
1007
todas aldeas de Nebaj. De la misma ma-
nera en Chajul, durante 1982 y 1983 fueron bombardeadas las aldeas de
Santa Rosa,
1008
Xajboj,
1009
Xeputul,
1010
Santa Clara,
1011
Cabá
1012
y Xaxmo-
xam.
1013
3323.
De esta manera, las acciones del Ejército, además de crear las con-
diciones para que la población muriera por hambre, frío, sed y enfermeda-
des, significaron la contumacia en la persecución, matándolos durante el
desplazamiento, forzando a los sobrevivientes a alejarse cada vez más de sus
lugares de origen e incrementando la indefensión y la posibilidad de la
muerte.
1014
El desplazamiento, acompañado de la persecución sistemática,
como parte de una campaña militar contra la población que huía de los
ataques, y seguido de matanzas masivas es otra evidencia de la intención
de destruir, al menos parcialmente, al grupo.
350
1001 C 3099. Mayo, 1984. Nebaj, Quiché.
1002 “Hasta vienen helicópteros, aviones para venir a bombardear estos lugares aquí, pero la verdad como
le digo pues que tal vez el Ejército también ya no mira bien, ya no controla bien a quién es el que es-
tá bombardeando sino que está bombardeando ya a la población, a la pobre gente”.
Testimonio colectivo CEH, de Nebaj, Quiché. (T.C. 287).
1003 “Si el bombardeo directamente o sea represión comenzó dura en esta comunidad fue en el 83 cuando
los aviones bombardearon, quiere decir que el Ejército esperaba la población así en los guatales, mien-
tras que el avión bombardea en los guatales para que salga la población y el Ejército los recibía y los
mataba, aquí en Visumal murieron gentes carbonizadas por el Ejército”.
Testimonio colectivo CEH, de Nebaj, Quiché. (T.C. 286).
1004 C 3090. 1983. Nebaj, Quiché.
1005 De acuerdo con el C 3097, en los primeros meses del año 1980 el Ejército bombardeó con avio-
nes la aldea de Tzalbal, era la primera vez que a población ixil veía aviones de guerra. La pobla-
ción huyó a Bicamalá y en 1983 llegaron otra vez los aviones.
1006 C 3475. 1983. Nebaj, Quiché.
1007 Testimonio colectivo CEH, de Nebaj, Quiché. (T.C. 339).
1008 C 3024. 1983. Chajul, Quiché.
1009 C 3415. Enero, 1982. Chajul, Quiché.
1010 C 3415. Enero, 1982. Chajul, Quiché.
1011 C 3708. Septiembre, 1982. Chajul, Quiché.
1012 C 3148. 1983. Chajul, Quiché.
1013 C 3414. 1983. Chajul, Quiché.
1014 “Entonces [1982] allí es donde murieron algunas personas por hambre, porque ellos no dejaron en-
trar a las personas que [venían] a recoger sus comidas en esta aldea, algunos se quedaron muriendo
más abajo de la comunal, allí enterraron algunas personas que fueron muertas por enfermedades, por
hambre también, y después volvió a destruir la milpa, en el año 1983, donde se destruyó todo los ár-
boles frutales, que no dejaban nada, que son aguacates, que son manzanas, que son duraznos”. Tes-
timonio colectivo CEH, de Nebaj, Quiché. (T.C. 351).
Reasentamiento militarizado
3324.
A partir de 1983 existió un esfuerzo de control de parte del Ejér-
cito sobre las personas desplazadas sobrevivientes. Estas, ya fuera que se en-
tregaran o fueran capturadas por unidades militares, eran llevadas a los des-
tacamentos o puestos de avanzada más cercanos, por un período indeter-
minado, generalmente hasta dos meses. Durante su permanencia en insta-
laciones militares, eran víctimas de torturas y tratos crueles, y algunas eran
obligadas a participar en rastreos del Ejército para guiar a los soldados a los
lugares de refugio y señalar a aquellas personas que colaboraban con la gue-
rrilla, algunas de las cuales eran ejecutadas.
3325.
En el siguiente testimonio una mujer ixil que se entregó al Ejérci-
to junto con su familia, en diciembre de 1982, relata su experiencia:
“La población se alojaba en unas champitas alrededor de un fogón
dentro del recinto del destacamento …. Las mujeres de la población
en el destacamento debían preparar comida para los soldados. Un día
les tocó el turno a tres mujeres … los soldados llamaron a una de ellas
… le vendaron los ojos, le metieron un trapo en la boca para que no
pudiera hacer ruido y entre dos o tres la violaron”.
1015
3326.
En cuanto a la tortura, el método más común era introducir a las
personas en un agujero cavado en la tierra, de un metro por un metro,
donde aquéllas permanecían “castigadas” durante días, sin comer ni tomar
agua. El propósito de su permanencia en este lugar era obtener una confe-
sión sobre su posible participación en la guerrilla o un castigo ejemplar que
disuadiera cualquier oposición a la ocupación militar.
“Entonces [1983] empezaron a decir que yo era guerrillero, me acu-
saba mucho al Ejército y el Ejército me llamaba seguido, seguido, se-
guido, y llegó un día que nos metieron tres noches y tres días en un ho-
yo, éramos 29, porque yo encabezaba un pelotón de patrulleros, nos
metieron … sin comida, sin bebida, sin nada”.
1016
3327.
Además de las torturas, la población era “depurada” por las autori-
dades militares, quienes seleccionaban a aquellos que podían irse y reasen-
tarse en sus comunidades de origen o en las aldeas modelo y aquellos que
debían ser ejecutados.
“Cuando vienen otra vez, vienen a chapear otra vez, pasa nuestra ga-
na, nos entramos en el pueblo, nos presentamos con ellos, pero cuando
351
1015 C 3776. Diciembre, 1982. Nebaj, Quiché.
1016 El mismo procedimiento es relatado en la entrevista comunitaria en Salquil, Nebaj, Quiché.
nos presentamos nos castigaron. Yo pues cuando me entré me castiga-
ron, me agarraron, me pegaron, pero la aclaración que di es que así
fue, así fue y salió mi vida, algunos que no aclaran su razón pues lo
matan. Yo lo vi cuando me presenté en Salquil, tres, cuatro personas
que colgó bajo un techo así como esto, saber qué delito tiene y lo aga-
rró, le metió lazo, colgó un ratito, se murió”.
1017
3328.
Luego de permanecer este tiempo en las instalaciones militares, a la
población se le permitía volver a sus lugares de origen o eran reasentadas en
aldeas modelo. De cualquier manera, el reasentamiento quebraba los fun-
damentos de la estructura anterior de las comunidades que vivían disper-
sas, al obligarlas a concentrarse en espacios reducidos, en condiciones insa-
lubres. Como señala un sobreviviente, era “igual como tener animales”.
1018
3329.
La concentración de la población en un lugar determinado fue un
mecanismo diseñado primordialmente para la población maya. Como lo
explica uno de sus diseñadores, no fue algo nuevo, la idea viene de las “re-
ducciones de indios” de la época de la conquista española:
“De acuerdo con el entrevistado, el patrón de ubicación concentrada
no es algo desconocido a la cultura indígena. Su argumento es que
cuando empezó a pensar como se construirían los polos de desarrollo
… se puso a leer sobre los mayas, de cómo se habían ‘organizado’ …
[antes de la conquista] vivían dispersos … ‘cuando nos conquistaron
los españoles, usted sabe que ellos vivían como los señores feudales’. Lo
que hicieron entonces fue hacer aquí lo que tenían en España … so-
licitarle [a los indígenas] que se juntaran no era una resolución en
contra de su cultura o de sus intereses. Le estamos haciendo una ciu-
dad organizada”.
1019
3330.
Aun al volver a sus aldeas, la población, bajo control militar,
continuó sufriendo violaciones de derechos humanos. Así, en Viculxcul,
en febrero de 1983, cuatro personas fueron detenidas por el Ejército y
torturadas. Posteriormente, los tiraron al río y dos lograron sobrevivir.
La hija de una de las víctimas también fue detenida y violada sexual-
mente por ocho soldados.
1020
De igual manera, Santiago Pérez y su fa-
milia se entregaron al Ejército en Xoloché, Nebaj. Allí torturaron e in-
352
1017 Testimonio colectivo CEH, Nebaj, Quiché. (T.C. 346).
1018 Así lo expresa la entrevista comunitaria “Entonces varios formaron el ánimo pues de venirse más que
todo, entonces ya fueron varios, llegaron de vivir por acá, pero así como ellos están explicando, ya muy
cerrados, igual como tener animales, más que todo encerrados, porque muy apretado”. Testimonio co-
lectivo CEH, Chajul, Quiché. (T.C. 341).
1019 Myrna Mack Chang, Notas de campo. Abril, 1988.
1020 C 917. Febrero, 1983. Nebaj, Quiché. C 3412. Mayo, 1982. Nebaj, Quiché. C 3809. Febrero,
1983. San Juan Cotzal, Quiché.
terrogaron a Santiago Pérez, preguntándole por sus relaciones con la
guerrilla. Posteriormente fue ejecutado.
1021
3331.
Por ejemplo, en la comunidad de Tuchabuc, en 1984, una perso-
na retornó a vivir a su comunidad; estaba sembrando maíz cuando llega-
ron 30 soldados provenientes de Parramos, Nebaj. Capturaron a su espo-
sa y se la llevaron a una elevación cerca de la aldea, junto con dos mujeres.
Los soldados violaron a la esposa del declarante, la mataron con arma de
fuego y la dejaron semienterrada, desnuda.
1022
3332.
De esta manera, durante el reasentamiento, la población continuó
siendo víctima de violaciones a sus derechos humanos, lo que demuestra
un patrón de acción sostenido en contra del grupo maya ixil.
Actos en contra de los fundamentos del grupo
3333.
A continuación se expone el análisis de hechos investigados que, a
juicio de la CEH, se realizaron con el propósito de atentar en contra de los
fundamentos del grupo. Entre estos, los ataques a personas vulnerables, la
tortura, la violación sexual y la destrucción de elementos materiales y espi-
rituales de la cultura.
Matanza de población civil especialmente vulnerable
3334.
Durante las masacres indiscriminadas ejecutadas en el área ixil el
Ejército hizo víctimas a los miembros más vulnerables de la comunidad,
especialmente a niños y ancianos. Por lo menos en ocho masacres, en
1982, se ejecutó a niños. Las acciones en contra de los niños eran delibe-
radas, incluso existía una forma especial de atacarlos:
“A los niños de pecho los mataban contra el piso o las paredes”.
1023
3335.
Estos hechos son un acto deliberado, dirigido a la matanza de se-
res absolutamente indefensos como los niños, que no reporta ninguna uti-
lidad en términos de ventaja militar. Un niño recién nacido no puede ser
combatiente, ni colaborador de la guerrilla.
“Ah, bastante gente se murió, mucha gente desde el 82, hubo masacres,
todo, habían mujeres que ya había dado luz, se quemaron, niños tam-
bién se quemaron y esa madre que ya había dado luz, acaso tiene la
culpa el bebé pues, ese es el tiempo que fue más duro, más duro”.
1024
353
1021 C 3815. Junio, 1983. Nebaj, Quiché.
1022 C 3068. Septiembre, 1984. Nebaj, Quiché.
1023 C 3002. Septiembre, 1984. Nebaj, Quiché.
1024 Testimonio colectivo CEH, de San Juan Cotzal, Quiché, referente a la tierra arrasada en Asich.
(T.C. 341).
Tortura
3336.
En algunos de estos casos se obligaba a la comunidad a presenciar
y participar en la ejecución. Así lo explica el testimonio colectivo de la al-
dea Salquil:
“Reuní a toda la gente muy bien y bajé corriendo a la aldeita, toqué
la campana y se reunió todita la gente … el oficial se sentó con las tres
personas y allí fue donde dijo: … ‘Qué quieren ustedes con esos hom-
bres, porque están ustedes colaborando con la guerrilla … Miren, mu-
chá, si quieren la paz, ustedes mismos van a colgar a estas personas’ …
así murieron ahorcados”.
1025
3337.
El mismo patrón de actuación se siguió en Chisis, cuando los
soldados llamaron a la población a la cabecera de Cotzal, donde seleccio-
naron a cuatro personas y las ejecutaron.
1026
En la masacre de Acul, el Ejér-
cito ordenó a los principales a tomar a sus hijos y sobrinos y llevarlos al ce-
menterio donde serían ejecutados: “Los hombres del cielo tienen que llevar a
los hombres del infierno”.
1027
3338.
El hecho de obligar a presenciar la ejecución de otra persona así
como el de ser forzado a ejecutarla constituyen grave tortura psicológica.
En esa época también se torturaba de este modo al dejar cadáveres con se-
ñales de tormento, tirados en la vía pública, como en la masacre de Cova-
donga, Chajul, el 5 de abril de 1982:
“Cuando los miembros del Ejército, acompañados por integrantes de
las PAC, encerraron alrededor de 40 personas dentro de la iglesia y el
juzgado, los torturaron y los mataron … En el corredor de la iglesia
les cortaron los testículos a dos personas y con machetes cortaron sus ca-
bezas en pedazos”.
1028
3339.
El propósito de este castigo ejemplar era prevenir cualquier forma
de disenso. Más allá de la tortura individual, estas “torturas colectivas” bus-
caban quebrar la identidad del grupo, debilitándolas moralmente median-
te el terror, y desarticular su organización.
354
1025 Testimonio colectivo CEH. Nebaj, Quiché. (T.C. 351).
1026 “Cuando fuimos al pueblo de Cotzal, los soldados sacaron a las 4 personas ... entonces dijeron esos son
los cuatro señores, esos son mala cizaña, esos son los podridos, les vamos a quitar a esa gente, entonces
ustedes serán libres, si hacen sus mañas, si están colaborando con la guerrilla a diario, entonces así se
les va a hacer a ustedes, miren qué van a hacer”. 4. Testimonio Colectivo CEH, de San Juan Cot-
zal, Quiché. (T.C. 32).
1027 Fundación de Antropología Forense de Guatemala, Informe para la CEH, 1998, pg. 54. CI 107.
1982. Nebaj, Quiché.
1028 C 3515. Abril, 1982. Chajul, Quiché.
“Nosotros estábamos escarbando el hoyo, nosotros no estábamos pen-
sando que íbamos a quedar vivos, nada. Estábamos asustados, ya no
teníamos fuerza. La gente se quedó con susto, con miedo”.
1029
3340.
Otra forma de tortura colectiva consistía en obligar a miembros del
grupo a actuar en contra de sus vecinos. Por ejemplo, en la masacre de la
aldea Ilóm, Chajul, luego de separar a los hombres de las mujeres y los ni-
ños, los soldados:
“Agarraron a tres personas y les dijeron: ‘Andá, mostrá a la gente que
esta metida con la guerrilla’, le dijeron a las dos personas de la misma
comunidad. Uno de ellos dijo: ‘Yo no sé, yo no puedo contar porque
no sé nada, no sé qué gente está metida con la guerrilla y qué gente
no’ …. Entonces los soldados le dijeron: ‘Si no vas a mostrar a la gen-
te te vamos a matar’, y lo mataron. Las otras dos personas le dijeron:
‘Está bueno, te la vamos a mostrar pero si no nos matás’ y allí empe-
zaron a mostrar…”
1030
3341.
Obligar a miembros de la comunidad a señalar a los supuestos co-
laboradores de la guerrilla fue un medio que perseguía hacer a los vecinos
partícipes de los actos de horror en contra de los suyos.
1031
De esta mane-
ra, se afectaban los fundamentos del grupo en dos sentidos. Por una parte,
era imposible confiar en el otro, porque cualquiera podía incurrir en dela-
ción, y por otra, el delator se hacía victimario, cerrando cualquier posibi-
lidad de volver a integrarse a su comunidad.
3342.
Esta táctica del Ejército de volver a miembros de la comunidad en
contra de los suyos, fue utilizada también cuando se creó una unidad mi-
litar llamada Tchakaben, integrada únicamente por ixil. Los jóvenes que
pertenecían a la unidad eran utilizados para detectar a la población que
huía en las montañas.
1032
Violación sexual
3343.
La violación sexual de las mujeres era una práctica cotidiana desde
1980, cuando se inició la presencia del Ejército en el área:
355
1029 CI 107. 1982. Nebaj, Quiché. Relata cómo, durante la masacre en Acul, amarraron a un joven
a un pino y enfrente de toda la comunidad hicieron varios simulacros de ejecución, para final-
mente destrozarle el cráneo con una bala. Su cadáver estuvo expuesto algunas horas frente a to-
da la comunidad.
1030 CI 61. 1982. Nebaj, Quiché.
1031 En el mismo sentido, Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado,; Guatemala, Nunca Más,
Tomo II, pg. 118.
1032 Testigo (militar en situación de retiro) CEH. (T.C. 92).
“Entonces, empezó más el control del pueblo, verdad, que ya no deja-
ban entrar bestias, empezaron a violar las mujeres cuando llegaban a
hacer sus oraciones a la iglesia. Entonces había mucho … control”.
1033
3344.
Durante las masacres en el área ixil también hubo violación sexual
a las mujeres, como en la masacre de Chel, Chajul, en la que los soldados
seleccionaron a catorce adolescentes y las trasladaron a la iglesia donde las
violaron más de una hora.
1034
Un procedimiento similar se llevó a cabo en
la masacre de Pexlá,
1035
aldea de Nebaj, así como en Xix, Chajul.
1036
3345.
Cuando se inicia la represión masiva, las violaciones sexuales tam-
bién se convierten en actos de violencia colectiva. La práctica de violacio-
nes sexuales colectivas se volvió un paso más en el patrón de actuación del
Ejército, previo a las matanzas. La CEH registró violación sexual de muje-
res, por lo menos en cuatro masacres.
3346.
La violación sexual constituye una lesión grave a la integridad físi-
ca y psicosocial de los miembros del grupo.
1037
Física, porque puede lesio-
nar gravemente los órganos reproductores femeninos, especialmente en el
caso de niñas y adolescentes. Psicosocial, porque genera el aislamiento ma-
terial y psicológico de las mujeres violadas dentro de su propia comunidad,
impidiéndoles formar una nueva pareja y con ello una nueva familia.
“Cuando los soldados la soltaron, ella se fue a su champa y le contó a
su esposo lo qué le había pasado. Este se enojó porque fue idea de ella
que se entregaran al Ejército. Al enterarse de la violación la amenazó
con dejarla e irse a la montaña”.
1038
3347.
La violación sexual cometida en forma pública y masiva genera te-
rror. Además, las comunidades vecinas perciben el grado de horror con el
cual se realizan las masacres, por lo que es una causa del desplazamiento de
la población de estas últimas.
3348.
Las violaciones sexuales producen un efecto simbólico de gran tras-
cendencia para la comunidad, ya que en la cultura maya, las mujeres, ade-
356
1033 Testimonio colectivo CEH, San Juan Cotzal, Quiché (T.C. 341).
1034 CI 60. Abril de 1982. Chel, Chajul, Quiché.
1035 C 3318. Febrero, 1982. Nebaj, Quiché.
1036 Testimonio Colectivo CEH, de Chajul. (T.C. 344). Explica cómo en la primera masacre viola-
ron a las mujeres, luego las mataron: “En la primera masacre violaron a las mujeres y después las
dejaron muertas”.
1037 La Asamblea General de la ONU, en este sentido señaló, “Reafirma que la violación sexual du-
rante el conflicto armado constituye un crimen de guerra y bajo ciertas circunstancias un crimen
contra la humanidad y un acto de genocidio como ha sido definido en la Convención para la
Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio ...” Asamblea General de la ONU, 22 de di-
ciembre de 1995, resolución 50/192, parr. 3.
1038 C 3776. Diciembre, 1982. Nebaj, Quiché.
más de ser las reproductoras biológicas, cumplen una función primordial
en la reproducción social del grupo, como encargadas de transmitir a las
nuevas generaciones los valores culturales. Si ellas son afectadas, la comu-
nidad entera se siente profundamente conmocionada.
3349.
Finalmente, la violación sexual, forma de violencia dirigida especí-
ficamente en contra de las mujeres, cuando se realiza en forma masiva y
pública es un indicio de la intención de exterminar al grupo.
3350.
Un estudio, realizado por George Lovell, explica un desfase entre
las proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística en el
área ixil, con la población registrada por el Censo de 1981 y el centro de
salud de la región. Cuando se realiza un enfoque entre 1984 y 1987, se es-
tima que la diferencia entre la población proyectada y la población regis-
trada es de aproximadamente 50 mil personas. El autor considera que una
de las causas de este desfase fue el efecto de la política contrainsurgente en
la fertilidad de las mujeres ixil.
1039
3351.
David Stoll, en un estudio semejante, explica que este desfase po-
dría llegar a las 30 mil personas. Probablemente la desproporción entre
uno y otro estudio esté ligado al gran número de personas desplazadas en
el más profundo anonimato, pero en todo caso ambos estudios consideran
el conflicto armado como la principal causa de esta reducción del grupo
poblacional.
1040
Destrucción de elementos materiales y espirituales de la cultura
3352.
La persecución de sacerdotes o guías espirituales ejecutados fue de
especial trascendencia en el área ixil, donde, como se indicó, siete sacerdo-
tes mayas fueron víctimas de la represión selectiva entre 1980 y 1985. Una
explicación que proporcionó la población al respecto de este ataque fue
que “los sacerdotes mayas eran perseguidos porque se pensaba que mediaban es-
piritualmente a favor de la guerrilla”.
1041
3353.
Además de atacar a los líderes de la religión maya, el Ejército des-
truyó los lugares sagrados. Así en Nebaj:
“En la aldea Cotzol, los soldados cavaron trincheras en el lugar don-
de se celebraban las ceremonias mayas, los soldados tenían órdenes de
asesinar a cualquiera persona que encontraran … La aldea fue ob-
jeto de tierra arrasada, lo quemaron todo: casas, ropa, muertos y ani-
males”.
1042
357
1039 Lovell, George; Maya Survival in Ixil Country, Guatemala, p. 11.
1040 Stoll, David. Mayan Survival in Ixil Country, Guatemala. Cultural Survival Quarterly, Volume
14, 1990, Number 4, pg. 10.
1041 Testigo (funcionario municipal de Nebaj) CEH. (T.C. 254).
1042 C 3316. Enero, 1983. Nebaj, Quiché.
3354.
Asimismo, el Ejército bombardeó las montañas de Juil donde se
encuentra la montaña sagrada de los ixil, causando así la interrupción for-
zada de los ritos mayas.
1043
El Ejército tenía conocimiento de que Juil es el
lugar sagrado de los ixil, ya que así lo especificaron en el análisis militar,
Apreciación de Asuntos Civiles G-5, para el Área Ixil: “La religión de los ixil
es una mezcla de cristianismo y ritos ancestrales de la cosmogonía maya. Ha-
cen costumbre en el cerro sagrado Juil”.
1044
3355.
Por otra parte, al igual que en templos católicos, el Ejército ocupó
los centros religiosos mayas con destacamentos militares. Un testigo re-
cuerda la presencia de destacamento militares en Tzalbal, en lugar sagrado
llamado Bitzach.
1045
3356.
También durante la etapa de reconstrucción el Ejército construyó
aldeas modelo, destruyendo ruinas mayas. Por ejemplo, cuando empezó
a reconstruir Salquil Grande, trazó el camino principal justo sobre una
antigua ruina maya. Estas acciones destruyeron expresiones físicas de la
identidad y son otro indicio serio de la intención de afectar al grupo, en
cuanto tal.
Conclusión
3357.
A juicio de la CEH, el conjunto de acciones violentas perpetradas
por el Estado contra la población maya-ixil durante los años 1980-1983,
permite concluir que se cometieron actos de genocidio, inspirados por una
determinación estratégica que también revistió carácter genocida, por
cuanto un objetivo de la campaña militar contrainsurgente fue la destruc-
ción parcial del grupo víctima, al considerarse que de esta manera se logra-
ría vencer al enemigo.
3358.
El Estado llegó a adoptar esta determinación al considerar que la
población maya-ixil tenía una propensión histórica a convertirse en opo-
sitor y que era o podría servir como base de apoyo al movimiento gue-
rrillero en esa zona. Esta percepción de equivalencia de identidad entre
la totalidad de la población maya-ixil y la guerrilla condujo, en un mo-
mento dado del enfrentamiento, a una campaña orientada a la aniquila-
ción parcial de los primeros en circunstancias de total indefensión. La
motivación principal de los estrategas del Estado fue que el aniquila-
358
1043 “La montaña de Juil, cerca de Chajul, era mencionada por Colby y Van de Berghe como uno de los
lugares más sagrados de los ixil. Los informantes dicen que ya no van a las cuevas que están allí, las
que según informantes contienen altares desde el tiempo de los antiguos mayas. La gente no parecía
muy ansiosa de hablar sobre ellos, pero finalmente un hombre nos dijo que el Ejército había bombar-
deado el área y principalmente las cuevas de manera que nadie las pudiera usar para esconderse”.
CEIDEC, Guatemala: Polos de Desarrollo, 1990, pg. 81
1044 “Apreciación de asuntos civiles G-5 para el área ixil”, ob. cit., pg. 60.
1045 Testigo (dirigente ixil de Nebaj, Quiché) CEH. (T.C. 338).
miento de estos grupos se traduciría en la imposibilidad de éxito de la
guerrilla.
3359.
La intencionalidad con que fueron perpetrados estos actos de vio-
lencia se desprende tanto de su reiteración, como de la determinación de
la voluntad de exterminio, manifestada en declaraciones oficiales respecto
a la naturaleza de la población maya-ixil. Al asociar a grupos étnicos con el
enemigo guerrillero se utilizó, en varias regiones y durante una época espe-
cífica, métodos genocidas para combatirlo, los cuales no encuentran para-
lelo en otros países de Amércia Latina, de acuerdo con la información re-
copilada por la CEH.
3360.
La secuencia, repetición y masividad de los actos brutales a que
fueron sometidos colectivamente los miembros de este grupo étnico evi-
dencian un patrón de agresión que es característico de los actos genocidas.
En una etapa, el objetivo público y selectivo fueron los líderes religiosos y
comunitarios, arrancándose del seno de estas comunidades las bases de su
organización social, política y religiosa. Luego, las matanzas masivas come-
tidas contra aldeas enteras —mujeres, niños y ancianos incluidos— se per-
petraron después de aplicar torturas y violaciones sexuales, lo cual también
contribuyó a destruir fundamentos de cohesión social entre los miembros
del grupo sobreviviente. También evidencian dicho patrón: la persecución,
rastreo, matanza y continua agresión contra la población desplazada, utili-
zando hasta el bombardeo y la ejecución o agresiones graves de quienes no
se desplazaban y de los que se entregaban al Ejército por el hambre, la de-
sesperación o para acogerse a la amnistía. La persecución sistemática que
caracterizó este período dejó a la población ixil sin lugar seguro para salvar
la vida.
3361.
Los resultados de esta campaña militar incluyen el asesinato de
por lo menos 6,986 personas, entre ellas mujeres, ancianos y niños, de los
cuales un 97.8% eran ixiles, habiéndose victimizado al 14.5% de la po-
blación indígena
1046
que sufrió violaciones graves de los derechos huma-
nos, como torturas, violaciones sexuales y desapariciones forzadas. Junto
con la perpetración de matanzas y otros actos de lesión grave a la integri-
dad física y mental, el Ejército arrasó por lo menos el 70% de las comu-
nidades del área ixil, acompañando estas acciones, algunas veces, de la
ocupación o destrucción de lugares sagrados mayas. Esta violencia provo-
có el desplazamiento de más del 60% de la población, que se vio someti-
da a condiciones que podían acarrear la muerte por hambre, por frío y en-
fermedades.
359
1046 Estudio sobre genocidio realizado para la CEH por la Asociación Americana para el Avance de
la Ciencia.
Región II (pueblo maya achi):
municipio de Rabinal, Baja Verapaz
“En ese tiempo querían matar a los indígenas. El manda al país. ¿Es-
te Lucas García estará ya preso? ¿Cómo va esa cosa?”.
1047
3362.
Rabinal es uno de los ocho municipios de Baja Verapaz, departa-
mento situado en la parte central del país, y ocupa un área de 504 Km2,
es decir, algo más del 16% del total del departamento. El municipio lo for-
man un casco urbano o cabecera municipal, catorce aldeas y sesenta case-
ríos. Rabinal contaba con 22,730 habitantes en 1981, de los cuales un
82% pertenecían al pueblo maya-achi.
1048
3363.
El pueblo maya-achi habita en los municipios de Cubulco, Rabi-
nal, San Miguel Chicaj, Salamá y San Jerónimo, del departamento de Ba-
ja Verapaz. En 1972 contaba con 58 mil personas.
1049
El municipio de Ra-
binal fue seleccionado para realizar esta investigación debido a los altos ni-
veles de violencia registrados durante el enfrentamiento armado interno,
según indican las fuentes de la CEH. Asimismo, en la región operaba un
destacamento, cuyos responsables dirigieron la casi totalidad de violacio-
nes de derechos humanos atribuibles a agentes del Estado, cometidas en la
región. En otras palabras, la parte del grupo objetivo de la investigación, a
fin de determinar si se cometieron actos de genocidio, es el grupo maya-
achi que habitaba en Rabinal.
3364.
Desde la Revolución del 44, la población de Rabinal se organizó
en las ligas campesinas que surgieron alrededor de la reforma agraria. Las
ligas campesinas fueron la base social del trabajo político de la guerrilla en
el área.
1050
Julio César Macías narra cómo las primeras incursiones de las
FAR en Rabinal fueron en 1963, para “organizar un grupo de indígenas
achíes que actuaban por sí mismos en nombre del movimiento 13 de noviem-
bre”.
1051
Este foco guerrillero no tuvo mayores repercusiones militares, pe-
ro sí políticas. En efecto, durante la década de los setenta, el EGP retomó
el trabajo que se había realizado en el área.
1052
3365.
Rabinal no era un área de combate. Si bien se registraron varias ac-
ciones guerrilleras, en su mayoría fueron de propaganda.
1053
La región era
360
1047 Testimonio Colectivo CEH, de Xococ. (T.C. 363).
1048 Base de Datos CEH.
1049 Narciso Cojtí, “Estimación de cifras poblacionales por área lingüística”, Proyecto: Aprendamos
con Prensa Libre, 1995.
1050 Entrevista de la CEH con las FAR.
1051 Julio César Macías, La guerrilla fue mi camino, Editorial Piedra Santa, Guatemala, 1997, pg. 39.
1052 Testigo (miembro del EGP) CEH. (T.C. 128).
1053 Así lo explica un testigo: “Yo fui jefe de comisionados militares desde 1981 (...) Lo que había era
propaganda que la subversión pasaba echando ... Tiraban volantes”. C 9213. Marzo, 1981. Rabi-
nal, Baja Verapaz. Ver también EGP, El Informador Guerrillero, Publicación quincenal, No. 4,
del 16 de Febrero de 1982 al 15 de Marzo de 1982, pg. 1, y No. 5, del 16 de Marzo de 1982 al
15 de Abril de 1982, pg. 2.
utilizada como paso, para el abastecimiento logístico, reclutamiento de
cuadros o retaguardia.
1054
La ubicación geográfica del municipio lo sitúa en
el límite entre zonas donde habitan diversos grupos étnicos, achíes, ki’che’s
y poqomchis, y en un corredor para acceder de la Ciudad de Guatemala a
Alta Verapaz y el área de Ixcán, Quiché. De esta manera, el Ejército consi-
deró toda el área como estratégica, razón por la que, según determinó, de-
bía ser sometida a control pleno.
3366.
Por otra parte, a finales de la década de los setenta, la mayoría de
la población se encontraba organizada en el CUC.
1055
Desde esta organiza-
ción las comunidades plantearon sus reivindicaciones, especialmente las
relacionadas con un desalojo impuesto por las necesidades del Proyecto
Hidroeléctrico del INDE.
1056
El conflicto con el INDE surgió porque las
comunidades de la cuenca del río Chixoy se negaban a abandonar sus te-
rrenos. A este conflicto atribuyen muchos pobladores la violencia posterior
en la región:
“Antes en la comunidad estábamos tranquilos, después de la construc-
ción de la presa fue cuando surgieron los problemas”.
1057
3367.
En el período comprendido entre 1981 y 1983, en Rabinal, gru-
pos militares o paramilitares asesinaron por lo menos a 4,411 personas,
(20% de la población).
1058
El nivel de violencia en la región no se puede ex-
plicar por la existencia de combates, ya que, como se indicó, en ella no hu-
bo enfrentamientos y las víctimas fueron todas población civil no comba-
tiente. Sin embargo, el ensañamiento con que fue atacada el área, apoya la
tesis de que era considerada como estratégica por el Ejército y que éste, en
un momento del conflicto, identificó a la población de la región como
enemigo interno.
3368.
El 99.8% de la víctimas registradas por la CEH eran miembros del
pueblo maya-achi. El elevado porcentaje de víctimas dentro de la población
maya-achi, muy superior a la distribución de la población (82% maya
achíes y 18% ladinos), demuestra que la violencia en la región no fue alea-
toria, es decir, no afectó a toda la población por igual ni a cada grupo de
acuerdo a su proporción en el total de la población, sino que fue dirigida
discriminada y mayoritariamente contra la población maya-achi. En nin-
361
1054 C 9157. Marzo 1982. Rabinal, Baja Verapaz.
1055 C 9098. Febrero, 1982. Rabinal, Baja Verapaz.
1056 “Llegó un alemán y me dijo que tenía problemas con una comunidad que estaba allí cerca del río …
no querían que se siguiera con el proyecto ... El INDE tenía como seis años de estarlos engañando con
que les iba a dar, con que les iba a comprar las tierras, que les iba a hacer casas en Rabinal...” Tes-
tigo (alto militar en situación de retiro) CEH. (T.C. 108).
1057 CI 10. Masacre y eliminación de la comunidad de Río Negro. Marzo 1982.
1058 Estudio sobre genocidio realizado para la CEH por la Asociación Americana para el Avance de
la Ciencia.
gún momento se identificó a la población ladina de Rabinal, en su conjun-
to, por su condición de ladina, como sinónimo de enemigo insurgente.
Hechos
3369.
A continuación se describen actos ejecutados por el Ejército o gru-
pos paramilitares contra la población de Rabinal. La descripción se realiza
de acuerdo con la secuencia que siguieron los hechos. Así, se trata en pri-
mer lugar la matanza de líderes, luego las masacres y tierra arrasada, poste-
riormente el desplazamiento y finalmente, la reubicación.
Matanza de líderes
3370.
Los principales blancos de las acciones de represión selectiva fue-
ron los líderes comunitarios. En Rabinal fueron ejecutados catequistas,
promotores de salud y alcaldes auxiliares.
1059
Las detenciones o ejecuciones
se realizaban bajo la acusación de estar organizados o ser guerrilleros:
“Lo agarraron los judiciales, nunca más regresó. Tres días después lo
fueron a buscar al destacamento en Rabinal. La respuesta fue que no
lo buscaran, que iba a llegar solo. La familia fue después y le dijeron
que estaba comprometido con la mierda”.
1060
3371.
Cuando no eran ejecutados, los líderes eran torturados hasta hacer-
los colaborar con el Ejército. En este sentido es elocuente el testimonio de
un patrullero civil:
“Llamaron al presidente del comité y a los dos comandantes de la pa-
trulla, al presidente lo metieron en el bote y a los comandantes al ho-
yo, para sacarles la verdad, para saber si había guerrilla, como de tres
a cinco días, los tenían desnudos. Había gente que decía que habían
muertos en el hoyo”.
1061
3372.
La autoridad que ejercían los líderes tradicionales y los alcaldes au-
xiliares fue suplantada por el poder militar. Los comités, los líderes religio-
sos e incluso las autoridades de las comunidades reconocidas por el Esta-
do, dejaron de ejercer sus atribuciones, las cuales fueron asumidas por je-
fes de patrulla, comisionados militares o miembros del Ejército, quienes
resolvían cualquier conflicto comunitario a través de la violencia:
362
1059 C 9166. Enero, 1982. Rabinal, Baja Verapaz. Asimismo véase notas de prensa del 3 de diciem-
bre de 1981 del diario La Hora que relata, la ejecución del alcalde auxiliar de Vega de Santo Do-
mingo y su acompañante.
1060 Ibid.
1061 C 9155. 1981. Rabinal, Baja Verapaz.
“Un muchacho … jugaba pelota y la pelota hizo corto circuito, des-
pués lo fueron a traer [los comisionados] y lo metieron al pozo, des-
pués llegó la mamá y durmió como dos noches con su hijo, cerca del
pozo”.
1062
3373.
Al convertir en blancos específicos de la represión a los líderes de
diversos sectores del grupo, se aumentó su vulnerabilidad y se amenazó la
continuidad de la existencia del grupo, ya que los líderes eran los encarga-
dos de dirigir, conducir y resolver los conflictos en el seno del mismo.
Masacres
“Esa masacre pasó porque a nuestro pueblo lo acusaron de ser guerri-
llero, pero somos campesinos, no hubo enfrentamiento”.
1063
3374.
En la región de Rabinal, la CEH registró 20 masacres
1064
aunque,
como ocurre respecto a todo este informe, las masacres documentadas por
la CEH constituyen sólo un porcentaje del total. Según un testigo, “no hu-
bo ninguna aldea donde no hubiera una masacre”.
1065
Las masacres se con-
centraron en el período comprendido entre el segundo semestre de 1982
y el primer semestre de 1983.
3375.
La población señala como inicio de la violencia masiva en la región
la masacre de Rabinal, cabecera. El Ejército convocó a los habitantes de las
aldeas para que asistieran a la celebración del 15 de septiembre de 1981.
Cuando la población se había reunido en el parque, luego de un mensaje
del militar al mando del destacamento,
1066
el Ejército cerró las cuatro en-
tradas y empezó una balacera:
“Los patrulleros y el Ejército señalaban a la gente. Andaban con listas
en la mano. Morían también los que estaban por ahí cerca. La plaza
se llenó de muertos, la sangre, los chuchos lamiendo”.
1067
3376.
Después de esta masacre, miembros del Ejército se dirigieron a las
aldeas para seguir con las matanzas. Así, el 20 de septiembre de 1981, el
363
1062 Testigo (líder comunitario achi. El caso ocurrió en Pacux, Rabinal, 1983) CEH. (T.C. 54).
1063 C 9160. Septiembre, 1981. Rabinal, Baja Verapaz.
1064 Base de datos de la CEH.
1065 Testigo (religioso) CEH. (T.C.136).
1066 En la época de la masacre el destacamento se encontraba ubicado en la orilla del pueblo, a la par
del cementerio. Después de estos sucesos, el destacamento se volvió itinerante, posiblemente por
un cambio en la estrategia contrainsurgente. Equipo de Antropología Forense de Guatemala,
Masacres en Rabinal. 1995, pg. 115.
1067 C 9213. Marzo, 1981. Rabinal, Baja Verapaz. La CEH registró 204 víctimas, aunque algunos
testigos mencionan que fueron ejecutadas entre 500 y 800 personas.
Ejército entró en las comunidades de Pichec,
1068
Panacal
1069
y la Ceiba, to-
das vecinas. Se presentaban con listados en las casas y torturaban y ejecu-
taban a los hombres:
“Por lo general, los patrulleros andaban delante de los soldados dela-
tando y señalando a la población de ser mala gente. Entraban a las
casas con una lista y si lo encontraban a uno lo mataban o se lo lle-
vaban”.
1070
3377.
De esta manera ocurrieron también las masacres en Nimacabaj,
1071
las Vegas de Santo Domingo,
1072
Chipuerta,
1073
Chichupac
1074
y la segunda
masacre de Panacal.
1075
3378.
En 1982, se pasó de la represión selectiva a la represión indiscrimi-
nada: “Ya en el 82, cuando se empeoró más el asunto, comenzaron a salir a las
comunidades a matar gente”.
1076
3379.
Los perpetradores realizaron las matanzas tomando como blanco a
todos los miembros de una comunidad, sin hacer ningún tipo de distin-
ción entre personas. Así sucedió en la aldea de Xococ
1077
donde ejecutaron
a pobladores de otras aldeas, y en Río Negro,
1078
Los Encuentros,
1079
Plan
de Sánchez
1080
y Agua Fría.
1081
364
1068 C 9256. Enero, 1982. Rabinal, Baja Verapaz. El Ejército y los comisionados militares llegaron
con una lista a Pichec, después de la celebración de año nuevo, los reunieron en una escuela y
ejecutaron a 32 hombres achíes.
1069 C 9329. Septiembre, 1981. Rabinal, Baja Verapaz.
1070 C 9256. Enero, 1982. Rabinal, Baja Verapaz.
1071 C 9223. Septiembre, 1981. En Nimacabaj, Rabinal, Baja Verapaz, el Ejército ejecutó 12 perso-
nas y desapareció 12.
1072 C 9252. Noviembre, 1981. Rabinal, Baja Verapaz. Comisionados militares ejecutaron a 9 hom-
bres y a una mujer achíes.
1073 C 9463. Diciembre, 1981. Rabinal, Baja Verapaz. El Ejército ejecutó a 10 personas.
1074 C 9307. Enero, 1982. Masacre de Chichupac, Rabinal, Baja Verapaz. Murieron 32 personas. La
masacre la ejecutaron los soldados; llegaron con una lista y los encerraron en la clínica donde los
torturaron. Ese día los soldados repartieron juguetes en la comunidad para reunir a la gente.
1075 C 9253. Diciembre, 1981. Rabinal, Baja Verapaz. Soldados, patrulleros y comisionados de Xo-
coc y Vegas de Santo Domingo capturaron a 58 personas, las llevaron a la Laguna, donde las tor-
turaron y ejecutaron. De acuerdo con un testimonio recogido por el Comité Pro Justicia y Paz:
“Pasaron por las aldeas llamando a los hombres para ir a una comisión, les dijeron que llevaran sus
garrotes y lazos ... [En el campo de pelota de Panacal] amarraron a los que fueron obligados a se-
guir a los soldados ... le cortaron la lengua a Viviano Xitumal; a otros les puyaron los ojos; a otros les
cortaron la oreja; a otros les cortaron un pedazo de mejilla; ... Los regañaron, les gritaron: ‘Los indios
mierdas, los indios sin oficio, hijos de puta ... indios pisados, cerotes...’ Después fueron llevados al cam-
po de la laguna de las Vegas de Santo Domingo ... el número de muertos fue de 52 o 62 ... a puras
patadas”. En este testimonio la masacre aparece con fecha de febrero o marzo de 1982.
1076 C 9213. Marzo, 1981. Rabinal, Baja Verapaz.
1077 C 9098. Febrero, 1982. Rabinal, Baja Verapaz. El Ejército y los patrulleros de Xococ, ejecuta-
ron a 74 personas, 55 hombres, y 19 mujeres, achíes. Masacre de población de Río Negro en
Xococ.
CI 10. Masacre y eliminación de la comunidad de Río Negro. Marzo de 1982.
1078 C 9156. Marzo, 1982. Río Negro, Rabinal. El Ejército y los patrulleros de Xococ, ejecutaron a
177 personas, 70 mujeres y 107 niños achíes en Río Negro.
1079 Ibid. El Ejército ejecutó a 79 personas y desapareció a 15 en la comunidad de Los Encuentros,
todas las víctimas eran achíes.
1080 C 9075. Julio, 1982. Rabinal, Baja Verapaz. Masacre de 268 personas en Plan de Sánchez.
1081 C 9099. Septiembre, 1982. Rabinal, Baja Verapaz. Masacre de Agua Fría, miembros del Ejérci-
to a cargo del teniente Díaz y patrulleros de Xococ ejecutaron 92 personas entre hombres, mu-
jeres y niños, las víctimas eran achíes.
3380.
En estos casos se utilizaron deliberadamente métodos que aumen-
taron el número de víctimas, aprovechando el día de mercado, como en el
caso de Plan de Sánchez
1082
o cercando la comunidad, como en Río Negro.
Asimismo, como parte del patrón de actuación de las masacres, se deshu-
manizaba a las víctimas, satanizándolas.
1083
En el caso de la masacre de Río
Negro, cuando trasladaban a las mujeres y a los niños al lugar donde los
matarían, las arreaban como al ganado.
1084
Al deshumanizar a las víctimas,
se hizo más fácil que los ejecutores las agredieran, pues era menos repulsi-
vo actuar en contra de un ser distinto, inferior.
3381.
En ningún caso las matanzas se produjeron con ocasión o como
consecuencia de enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla. La eviden-
cia recogida durante las exhumaciones demuestra que las víctimas eran po-
blación civil. Así lo expresa el informe de los antropólogos forenses:
“Se puede afirmar con toda certeza que las personas asesinadas en las
masacres ejecutadas el 8 de enero de 1982 en la comunidad de Chi-
chupac, el 13 de marzo en la de Río Negro y el 18 de junio en Plan
de Sánchez, no murieron combatiendo, sino que, según las evidencias
forenses, fueron brutalmente eliminadas sin que tuvieran opción de
defenderse”.
1085
3382.
Las masacres indiscriminadas constituyeron un ataque contra las co-
munidades más que contra los individuos. En estos casos no importaba lo
que habían hecho o dejado de hacer la víctima, ya que incluso niños recién
nacidos, que no tenían posibilidad material de ser una amenaza, fueron eje-
cutados por el Ejército. Se trata de un mecanismo que evidencia cómo la re-
presión iba dirigida en contra de la población maya-achi, por el sólo hecho
de pertenecer a este grupo. En las masacres indiscriminadas se eliminaba, co-
mo enemigos, a todos los miembros del grupo que fuera posible.
3383.
Algunas comunidades, como Río Negro, fueron víctimas de una
persecución sistemática, dirigida a su eliminación total. La comunidad su-
frió dos masacres, la primera en Xococ el 7 de febrero de 1982, con 74 víc-
timas, y la segunda en Río Negro el 13 de marzo de 1982, con 177 vícti-
mas. Un grupo de sobrevivientes se refugió en la comunidad de Los En-
365
1082 C 9075. Julio, 1982. Rabinal, Baja Verapaz. Masacre de Plan de Sánchez.
1083 De esta manera, la guerrilla era A’ques, que significa demonio en achi. Testigo (líder religioso)
CEH. (T.C. 136).
1084 “Cuando los patrulleros trasladaron a las mujeres del pueblo al lugar donde ahora está el cementerio
clandestino, les iban diciendo ox, ox, ox “. Testimonio de Margarito, un sobreviviente de la masa-
cre de Río Negro, publicado por los Sectores surgidos por la represión y la impunidad, abril de
1994. En el mismo sentido véase (T.C. 363), sobreviviente de la masacre de Río Negro. Igual-
mente, antes de la masacre de Plan de Sánchez, “el Ejército puso un papel de medio largo que de-
cía: ‘Coches gordos tarde o temprano van a morir’. C 9075. Julio, 1982. Rabinal, Baja Verapaz. Ma-
sacre de Plan de Sánchez.
1085 Equipo de antropología forense de Guatemala, Masacres de Rabinal, ob.cit., pg. 203.
cuentros, donde el Ejército ejecutó a 79 personas y desapareció a 15 mu-
jeres, el 14 de mayo de 1982. Otros sobrevivientes de Río Negro se diri-
gieron hacia la comunidad de Agua Fría, en el municipio de Uspantán,
Quiché, a donde llegaron el 14 de septiembre de 1982 los patrulleros de
Xococ y soldados y, bajo la acusación de alimentar a la guerrilla, ejecuta-
ron a 92 personas, entre mujeres, ancianos y niños.
1086
3384.
Otras aldeas corrieron la misma suerte; por ejemplo, la población
de Sesiguán, aldea vecina a Plan de Sánchez, huyó a la aldea de Pacoc, mu-
nicipio del Chol, Baja Verapaz, donde poco después fue masacrada.
1087
Es-
ta persecución sistemática dejó como única opción de supervivencia el des-
plazamiento a la montaña, donde los pobladores continuaron siendo per-
seguidos y sometidos a condiciones extremas.
3385.
En los casos recogidos por la CEH, las masacres fueron dirigidas
en contra de población maya-achi. Las comunidades ladinas, por el con-
trario, fueron víctimas de violencia selectiva, dirigida contra personas de-
terminadas y no contra aldeas o comunidades.
1088
De esta manera es posi-
ble afirmar que en el área de Rabinal las masacres fueron actos masivos di-
rigidos discriminadamente en contra de la población maya-achi.
3386.
Se exacerbaron los conflictos étnicos existentes entre comunidades
ladinas e indígenas, lo cual facilitó la violencia en contra de los maya-
achíes.
3387.
En 1981 un periódico publicó una nota con el siguiente titular:
“Vecinos de Rabinal, alarmados; les secuestran a doscientos ladinos”, la nota
indicaba lo siguiente:
“Doscientas personas que vivían en aldeas de Rabinal, Salamá (sic),
fueron plagiadas por grupos ‘subversivos’ que operan en aquella región
… sacaron de sus viviendas a campesinos ladinos y se los llevaron a
las montañas circundantes … los únicos que no fueron secuestrados
son las personas indígenas que habitan en la región”.
1089
3388.
La nota señalaba como lugar afectado la aldea La Esperanza, que
no existía en Rabinal. Asimismo, ninguno de los testimonios recogidos por
la CEH da cuenta de una desaparición masiva de ladinos en el área. Se tra-
tó, sin duda, de una noticia falsa.
366
1086 CI 10. Entre marzo de 1980 y septiembre de 1982. Rabinal, Baja Verapaz.
1087 C 864. Noviembre, 1982. Rabinal, Baja Verapaz.
1088 A la misma conclusión llega el Equipo de antropología forense de Guatemala: “En cuanto a la
condición étnica de las víctimas, en la mayoría de las comunidades indígenas hubo matanzas colec-
tivas, mientras que en comunidades de población ladina, como en las de Chirrum, Toloxoc y San Luis,
los crímenes se realizaron de forma selectiva: sólo se registraron asesinatos individuales, la mayoría de
ellos a manos de insurgentes, y también la ejecución de un líder religioso de Chirrum, a manos de ele-
mentos paramilitares”. Equipo de antropología forense de Guatemala; Masacres en Rabinal, ob.
cit., pg. 203.
1089 Prensa Libre, Guatemala, 10 de octubre de 1981, pg. 12.
3389.
Otro ejemplo es el conflicto que se dio entre la comunidad ladina
de Chirrum y la comunidad maya-achi de Chichupac. En este conflicto el
Ejército logró que los ladinos delataran y les entregaran a sus vecinos ma-
ya-achíes y saquearan su comunidad.
1090
Un testigo lo resume de la mane-
ra siguiente:
“Había un plan maquiavélico sobre todo esto, porque uno lo está
viendo … es como eliminar de raíz todo lo que es indígena … [para
lograr esto] se dio pie para que saliera a flote el racismo latente del
ladino”.
1091
Tierra arrasada
“Destruyeron nuestras casas, robaron nuestros bienes, quemaron nues-
tra ropa, se llevaron a los animales, chapearon la milpa, nos persiguie-
ron de día y de noche…”
1092
3390.
Las matanzas que revistieron la forma de masacres fueron acom-
pañadas de la destrucción y quema de bienes. En el norte de Rabinal, la
región próxima al embalse del Chixoy fue completamente arrasada. En el
área se destruyeron diez comunidades: Río Negro, Los Encuentros, La
Laguna, Agua Fría, Comalmapa, Jocotales, Chitucán, Los Mangales, Pa-
caal y Hacienda de Chitucán. El propósito era el arrasamiento de todas
las comunidades próximas a la cuenca del Chixoy; así lo señaló uno de los
perpetradores: “Cuando se eliminaron las aldeas de arriba, ya dormimos
tranquilos”.
1093
3391.
También las comunidades del sur fueron afectadas, ya que luego de
las masacres el Ejército volvía para continuar con la destrucción; por ejem-
plo, en las masacres de Plan de Sánchez,
1094
Chichupac
1095
y Xeabaj. Un pa-
trullero explica estas comisiones:
367
1090 “Treintidós hombres de la comunidad de Chichupac fueran señalados por 15 personas de la comuni-
dad vecina de Chirrum. Fueron llamados por lista, y entregados al Ejército donde fueron torturados
y ejecutados. El Ejército se llevó a los animales y los habitantes de Chirrum robaron delante de la mis-
ma gente de Chichupac. Chirrum era compuesta por ladinos y Chichupac por indígenas”.
C 9094. Enero, 1982. Rabinal, Baja Verapaz.
1091 Testigo (religioso) CEH. (T.C. 32).
1092 Testimonio de REMHI 5339, declarante hombre achi, Plan de Sánchez.
1093 El testimonio es de un ex patrullero de Xococ, esta comunidad se encontraba al sur de las nue-
ve comunidades arrasadas. Xococ, Informe de Comunidad ejemplar, pg. 5.
1094 “En las semanas siguientes los soldados continuaron llegando y destruían las tejas. A los dos meses des-
truyeron las casas y comenzaron a chingar las siembras también”. C 9075. Julio, 1982. Rabinal, Ba-
ja Verapaz. Masacre de Plan de Sánchez.
1095 Igual sucedió luego de la masacre de Chichupac: “Nosotros nos huimos de la casa porque no tenía-
mos casa, pues las quemaron. Salí del pueblo y me fui a la costa para ganar la vida para los niños”.
C 9094. Enero, 1982. Rabinal, Baja Verapaz. Masacre de Chichupac.
“La segunda comisión fue para botar la milpa y las cañas de la gente
que se iba a la montaña, Chichupac, Xeabaj y Chuateguas. El Ejér-
cito decía que sacaran todo, que era para ellos; había gentes aprove-
chadas; y otros decían: ‘pobrecita la gente’. Si encontraban gente los
dejaban allí muertos”.
1096
3392.
La destrucción intencional de viviendas, instrumentos de labranza,
cosechas, animales domésticos, indudablemente acarreaba el frío, el ham-
bre y la enfermedad. Las matanzas y la destrucción de bienes se realizaban
simultánea o sucesivamente en contra de las mismas comunidades, ya que
ambas acciones formaban parte de un patrón común de actuación en con-
tra del grupo: a aquéllos que se habían salvado de las masacres porque ha-
bían huido, no debía quedarles nada para su subsistencia. Había entonces
dos opciones para las comunidades: una muerte rápida, por machete o ba-
la, y una muy posible muerte lenta, por hambre o por enfermedades. Así
lo explica un testigo:
“Yo dije: aquí me muero de hambre pero no de bala”.
1097
Desplazamiento
3393.
Debido a la represión, especialmente a las masacres, muchas comu-
nidades abandonaron sus aldeas y huyeron al monte o a centros urbanos.
Generalmente, la población efectuaba esfuerzos por mantenerse en las
montañas más cercanas a su aldea, con el fin de retornar a su comunidad
cuando el Ejército se alejara, hasta que el hostigamiento se hacía insosteni-
ble y la población optaba por irse a otras regiones.
1098
“Cada vez que llegaba el Ejército me escondía en el monte como con
treinta familias achi. Así fue durante dos años enteros. Sembrábamos
y los soldados destruían las siembras. No tuvimos ninguna prosperi-
dad por vivir de esa manera. Así, me vino la idea de ir a vivir a la
Trinitaria para salvar mi vida”.
1099
3394.
A pesar de la topografía montañosa del municipio, que hace que la
mayoría de los terrenos se encuentre en pendientes pronunciadas, la esca-
368
1096 C 9155. 1981. Rabinal, Baja Verapaz. Véase también C 9156, sobreviviente de la masacre de
Río Negro, quien recuerda: “[Después de la masacre de Río Negro], sí, otro día llegaron a prender
fuego a las casas. Al otro día los miramos bombardeando las casas. A la tercera llegada fueron a sacar
los animales. Ante nosotros se comieron la carne asada y sólo los huesos nos dejaron. Nosotros
comíamos lombrices porque no había comida ... En todas las casas de Dios, no había nada, hasta rom-
pieron las piedras de moler”.
1097 CI 10. Marzo de 1982. Río Negro, Alta Verapaz
1098 En este sentido véase, “Desplazamiento, sobrevivencia y vida en las aldeas modelo”, Estudio de
una comunidad ejemplar, pg. 8.
1099 C 11385. Mayo, 1982. Rabinal, Baja Verapaz.
sa vegetación limitaba los lugares de desplazamiento y refugio. Por esta ra-
zón, en Rabinal sólo una parte de la población se refugió en la montaña;
otros se fueron a la Costa Sur y otros más a las aldeas vecinas y centros ur-
banos como Cobán o la capital.
1100
3395.
Durante el desplazamiento, los pobladores eran sometidos a con-
diciones que provocaban su muerte, ya que se encontraban muy débiles y
carecían de alimentación, así que eran presa fácil de las enfermedades o
morían por hambre:
“Estuve cuatro años defendiendo mi vida. Intentamos sembrar mil-
pa … El Ejército cortó la milpa, todas nuestras siembras, pedacea-
ron todo, para que nosotros muriéramos de hambre … No teníamos
medicinas, ni ropa ni nada. Comíamos raíces de bejuco, sin cono-
cer, cogollos de palma … cazábamos animales … y con eso pasamos
la vida”.
1101
3396.
Además de las duras condiciones a las que era sometida en el des-
plazamiento, la población continuaba siendo perseguida durante el despla-
zamiento. Por ejemplo, siempre en el área próxima al Río Chixoy, el Ejér-
cito persiguió a los desplazados, incluso con bombardeos:
“Se refugiaron por todo el lado de Río Negro, tal vez quince días en
cada lugar, siempre cambiaban de lugar varias veces porque si no …
el fuego es suficiente señal para los militares … en el 83 … de allí, de
Rabinal, bombardearon por todo el lado de Río Negro con avión”.
1102
3397.
Esta situación dejó a la población sin ninguna opción; en las co-
munidades eran ejecutados y en el desplazamiento también eran persegui-
dos por el Ejército o morían de hambre, enfermedades y frío.
El reasentamiento militarizado
3398.
La tercera fase de la estrategia de tierra arrasada fue la reubicación
de la población sujeta a control militar. En Rabinal, la población se entre-
gó al Ejército para acogerse a sucesivas amnistías:
“Durante tres años la aldea prácticamente desapareció. Unos fueron
al monte, algunos migraron al Ejército. En el año 85 nos dieron de-
recho de volver acá. Nos acogimos a la amnistía; la mayoría se presen-
369
1100 Testigo (religioso) CEH. (T.C. 136).
1101 C 9156. Marzo, 1982. Rabinal, Baja Verapaz.
1102 Testigo (líder achi) CEH. (T. C. 216).
tó con el padre … que hablaba por nosotros al destacamento. El des-
tacamento mandaba una nota para los comisionados”.
1103
3399.
A finales de 1982 se decretó una de las amnistías. Inmediatamen-
te, el Ejército junto con los comisionados militares hizo saber a la pobla-
ción de las aldeas que ya podía volver:
“Cuando Ríos Montt llegó a la Presidencia, dio la amnistía, entonces
a través de avionetas tiraban volantes por todos lados de Río Negro,
entonces dijeron ‘que se entregue toda la gente que está como refugia-
da porque el Gobierno que entró ya no mata gente”.
1104
3400.
En Rabinal, la mayoría de la población volvió a sus comunidades
de origen, únicamente hubo dos aldeas de reasentamiento, San Pablo y Pa-
cux. A la primera trasladaron a las personas de Canchún y Chitucán y a la
segunda a las de Río Negro.
1105
Que no existieran aldeas modelo, no signi-
ficaba una disminución del control militar, ya que el reasentamiento mili-
tarizado fue una constante en todas las aldeas. A la población se le obligó
a formar patrullas
1106
y el Ejército ocupó los espacios de poder. Así lo evi-
dencian los siguientes testimonios:
“La única presencia del Gobierno que hubo eficaz, ejecutada y eva-
luada y retroalimentada fue la acción del Ejército, y fue un auténtico
diseño”.
1107
“Está bueno’, me dijo el juez, ‘mirá don Juan, tenés que esperar entre
15 y 20 días porque tengo que mandar un oficio al área”.
1108
3401.
En otras palabras, la población continuaba bajo el control del Ejér-
cito y de nuevo fue víctima de acciones que no tenían otro sentido que per-
petuar el terror y evitar cualquier posibilidad de reorganización comunita-
ria autónoma.
Actos en contra de los fundamentos del grupo
3402.
A continuación se analizan hechos que se realizaron con el propó-
sito de atentar en contra de los fundamentos del grupo. Entre estos, los
370
1103 C 9075. Julio, 1982. Rabinal, Baja Verapaz. Masacre de Plan de Sánchez.
1104 Testigo (líder achi) CEH. (T.C. 216).
1105 Testigo (religioso) CEH. (T.C. 136).
1106 C 9075. Julio, 1982. Rabinal, Baja Verapaz. Masacre de Plan de Sánchez.
1107 C 9157. Marzo, 1982. Rabinal, Baja Verapaz. Masacre de Río Negro.
1108 C 9156. Marzo, 1982. Declarante padre de uno de los niños de Río Negro que fueron traslada-
dos forzosamente a la comunidad de Xococ.
CI 14. 1982-1984. Río Negro, Baja Verapaz.
ataques a población especialmente vulnerable, la tortura, la obligación de
actuar en contra de miembros de la misma comunidad y las violaciones
sexuales.
Matanza de población civil, especialmente de personas vulnerables
3403.
Durante la represión masiva, los niños, las mujeres y los ancianos
pasaron a ser víctimas directas de la violencia. En 1982, por lo menos en
cuatro masacres, las matanzas se dirigieron en contra de estos sectores.
“A los niños los mataban a patadas. Los niños gritaban y gritaban,
después se quedaban en silencio”.
1109
“En cuanto a los niños, no les costaba mucho porque son niños, llega-
ban los patrulleros donde estaban los niños … los sentaban, los enla-
zaban y los colgaban, para llevarlos, los dejaban caer al suelo, los aga-
rraban de los pies y los estrellaban contra las piedras”.
1110
3404.
En algunos casos, las masacres fueron mayoritariamente de niños,
como la segunda masacre de Río Negro, en la cual murieron 107 niños,
1111
o la masacre de Agua Fría, donde fueron ejecutados 35 niños que habían
huido de la masacre de Los Encuentros.
1112
3405.
Generalmente, las mujeres y los niños fueron excluidos de las ac-
ciones de guerra ya que, sobre todo los niños de temprana edad, no eran
combatientes. Pero en el caso de Rabinal, cuando el objetivo no era vencer
al enemigo sino aniquilarlo, ya no existió distinción entre civiles y comba-
tientes; también las mujeres, los ancianos, los enfermos y los niños se vol-
vieron objetivos de guerra.
Tortura
3406.
Las masacres y las demás violaciones de los derechos humanos eran
realizadas con alarde de violencia, generando conmoción pública en comu-
nidades enteras.
1113
Un ejemplo fue la masacre del 15 de septiembre de
1981, en la cabecera de Rabinal.
1114
Esta masacre, la primera de las gran-
des, no sólo tuvo como objetivo la eliminación de enemigos reales o su-
371
1109 C 9075. Julio, 1982. Rabinal, Baja Verapaz. Masacre de Plan de Sánchez.
1110 C 9156. Marzo, 1982. Rabinal, Baja Verapaz. Declarante sobreviviente de la masacre en Río Ne-
gro.
1111 CI 10. Marzo, 1980 y Septiembre, 1982. Rabinal, Baja Verapaz.
1112 C 9099. Septiembre, 1982. Rabinal, Baja Verapaz. Masacre de Agua Fría.
1113 En este sentido, Equipo de antropología forense de Guatemala, Masacres de Rabinal, ob. cit., pg.
161.
1114 C 9160. Septiembre, 1981. Masacre de Rabinal, Baja Verapaz, donde un patrullero narra lo que
les sucedió a aquellos que intentaron escapar: “Le quemaron los ojos con una brasa y le pusieron
pólvora en el ombligo para hacerlo estallar, el señor todavía quedó vivo y le dieron un tiro de gracia”.
puestos; también se buscó un efecto preventivo general; al mostrar “el cas-
tigo” que se daba en la plaza, el día de la patria, a los supuestos colabora-
dores de la guerrilla, toda la población del municipio sabía lo que les po-
día pasar si no prestaban apoyo incondicional al Ejército.
1115
3407.
Estos hechos, en los cuales se ejecutaba a las personas enfrente de
toda su comunidad, no fueron aislados; se repitieron sistemáticamente en
distintos lugares. Así en Panacal:
“El 4 de diciembre de 1981, los patrulleros de Xococ y soldados del
destacamento de Rabinal, llevaban lazos, garrotes con punta e iban
gritando y tirando, voceando a los hombres para que salieran de las
casas, los amontonaron, a algunos los torturaron, les cortaron las ore-
jas, la nariz y les echaron sal en las heridas. Los trasladaron a La La-
guna y allí los ejecutaron”.
1116
3408.
Igualmente en Chichupac
1117
y Nimacabaj,
1118
miembros de las co-
munidades fueron secuestrados, torturados y ejecutados mientras sus fami-
liares y vecinos escuchaban los gritos.
1119
3409.
El castigo ejemplar también se mostraba con la aparición de cadá-
veres en lugares públicos; así, en septiembre y octubre de 1981 aparecie-
ron cadáveres en las comunidades de Pachalum, Pantulul, Rabinal cabece-
ra, San Juan, Nimacabaj, Vegas de Santo Domingo y Chiac.
1120
3410.
Estos hechos constituyen actos en contra de los fundamentos del
grupo; se dirigieron a quebrar cualquier forma de resistencia organizada de
la comunidad y a forzarla a asumir nuevos patrones de conducta, que aten-
taban contra su identidad. Por su parte, las torturas ocasionaron lesiones
psicológicas permanentes a los miembros del grupo.
Obligar a miembros del grupo a actuar en contra de los suyos
“Estuve viviendo dolorosamente, no trabajaba tranquilo, éramos in-
dígenas los de las patrullas, y hacían pelear a indígenas contra indí-
genas”.
1121
372
1115 Así lo explica un testigo: “Cuando llegamos al parque, estaba lleno de gente, que había venido de
todas las aldeas; los comisionados militares los habían citado desde una semana antes … En eso em-
pezó a hablar un señor que estaba bien enojado ... ‘Ya van a ver lo que les va a pasar si siguen apo-
yando a la subversión, ya se los hemos avisado de antes, pero si no hacen caso, les va a llegar su casti-
go’; así decía, y la gente se ponía muy nerviosa”. Entrevista R-90-5, citada en Equipo de antropo-
logía forense de Guatemala; Masacres de Rabinal, ob. cit., pg. 161.
1116 C 9253. Diciembre, 1981. Rabinal, Baja Verapaz. Testimonio Colectivo CEH.
1117 C 9307. Enero, 1982. Rabinal, Baja Verapaz.
1118 C 9223. Septiembre, 1981. Rabinal, Baja Verapaz.
1119 “Vamos a rezar un rosario para ayudarles, porque están gritando, para que pasen pronto el dolor”.
Informante No. 7, entrevista formal 1-0-Rabinal, citado por Equipo de antropología forense de
Guatemala, Masacres de Rabinal, ob. cit., pg. 210.
1120 Conocimientos del juez de Paz de Rabinal.
1121 C 9165. 1982. San Miguel Chicaj, Baja Verapaz.
3411.
Para efectuar las matanzas, en algunos casos el Ejército utilizó co-
mo instrumento a las Patrullas de Autodefensa Civil. De acuerdo con los
datos de la CEH, los patrulleros actuaron en las cuatro masacres con ma-
yores índices de crueldad, Plan de Sánchez, Río Negro, Xococ, Los En-
cuentros y Agua Fría.
3412.
La importancia de destacar la instrumentalización de los patrulleros
para cometer masacres radica en que, además de implicarlos en las matan-
zas, su utilización fue un método dirigido a desestructurar las comunidades.
El Ejército obligaba a una aldea a actuar en contra de la aldea vecina:
“Llamamos a la gente de Río Negro. Un día y una noche, hombres y
mujeres, patojitos, los metieron en esa casa. Teníamos que cumplir la
orden. Si no la cumplíamos, las mismas PAC decían, ‘quiebrenlos
muchá’. Tuvimos que cumplir de manera forzosa, no voluntariamen-
te … Como a las once de la noche, los pobres ya muertos, los fueron a
enterrar. Si no cumplíamos, los mismos compañeros nos mataban. No
tenían lástima. Fue dura esa situación”.
1122
3413.
Desde ese momento, dos aldeas vecinas, pertenecientes a un mis-
mo grupo étnico, que habían convivido sin problemas durante años, se
volvían enemigas. Así lo explica un declarante:
“Ya no nos tenemos confianza, la gente como que se puso más mala,
ya no respeta. A la gente de la época de la patrulla como que le gustó
manejar arma, empezaron a hacer cosas incorrectas. En la violencia
nos regamos, ya no tenemos comunicación … ya no hay amistad”.
1123
3414.
Los antecedentes reunidos por la CEH indican que la utilización
de los patrulleros para cometer ejecuciones contra comunidades vecinas
formó parte de un plan predeterminado que tenía, entre otros propósitos,
dividir a las comunidades, lo cual constituye un indicio de la intención de
destruir los fundamentos del grupo.
Violación sexual
“Ellos se encargaban de matarla a uno de otras maneras”.
1124
3415.
La violación sexual colectiva y pública en contra de las mujeres for-
mó parte del patrón de actuación durante las masacres. Antes de matarlas,
373
1122 C 9098. Febrero, 1982. Rabinal, Baja Verapaz. Declarante patrullero achi de Xococ. Véase tam-
bién, C 9154. Noviembre, 1981. Rabinal, Baja Verapaz. cuando los patrulleros no daban nom-
bres, el Ejército desconfió de ellos y los ejecutaba.
1123 C 9169. Octubre, 1984. Salamá, Baja Verapaz.
1124 C 9364. Septiembre, 1982. Rabinal, Baja Verapaz.
las violaban. Las mujeres fueron víctimas de esta forma específica de vio-
lencia en su contra, por el sólo hecho de ser miembros del grupo enemi-
go. Así sucedió en Río Negro, en Plan de Sánchez,
1125
en Agua Fría.
1126
“Me di cuenta de que la mayoría de mujeres estaban desnudas, vio-
ladas, había mujeres a las que les faltaban pocos días para dar a luz,
y esos niños nacieron a puros golpes”.
1127
3416.
Esta conducta se repetía en el diario vivir de la comunidad. Los sol-
dados, los judiciales, los comisionados militares y los patrulleros, utilizaban
como mecanismo de control y tortura psicológica de la población, las vio-
laciones sexuales en contra de las mujeres:
“Las mujeres estaban amenazadas, debían permanecer en sus casas,
porque si no, eran violadas sexualmente … tanto el Ejército, como
los patrulleros, convencieron a las mujeres de que las violaciones se-
xuales eran por culpa de ellas, porque estaban fuera de su casa, en la
calle, o fueron al mercado o bien porque iban a reclamar a sus ma-
ridos al destacamento”.
1128
3417.
Las violaciones sexuales también lesionaron gravemente los órga-
nos reproductores femeninos, especialmente en el caso de niñas y adoles-
centes, quienes fueron las principales víctimas de estos hechos:
“Separaban a las mujeres jóvenes de los hombres y las mujeres adul-
tas; luego eran enviadas a casa, les decían que en la casa había un pla-
to de sopa, era un truco del Ejército”.
1129
3418.
Además de las consecuencias físicas, las violaciones masivas tenían
un efecto simbólico, ya que las mujeres mayas tienen a su cargo la repro-
ducción social del grupo. Las mujeres personifican los valores que deben
ser reproducidos en la comunidad,
1130
y fueron mancilladas: “gritaban las
pobres mujeres en manos de ellos; como si fueran caballos, ya no respetaron a
las mujeres…”
1131
374
1125 “Las mujeres fueron llevadas a la casa donde ahora es la capilla, antes había una casa de adobe; vio-
laron diecinueve mujeres. Les rompieron los cortes, les golpearon en las piernas. Los soldados se bur-
laban de las mujeres y las acusaban de guerrilleras”. C 9075. Julio, 1982. Rabinal, Baja Verapaz.
Masacre de Plan de Sánchez.
1126“Los militares violaron a las mujeres de 12 y 13 años. Las mujeres no podían hacer nada porque había
muchos militares que iban haciendo cola y pasando. Primero las violaron y después las mataron”.
C 9099. Septiembre, 1982. Rabinal, Baja Verapaz. Masacre de Agua Fría.
1127 Testigo (líder achi) CEH. (T.C. 362).
1128 C 9306. Enero, 1982. Rabinal, Baja Verapaz.
1129 C 9075. Julio, 1982. Rabinal, Baja Verapaz.
1130 Testigo (religioso) CEH. (T.C. 136).
1131 Testimonio REMHI 536. Rabinal Baja Verapaz.
Traslado forzado de niños
3419.
En algunas comunidades como Río Negro o Pacux, existió el tras-
lado forzado de niños a otras comunidades, donde se les imponía una
nueva identidad. En el caso de Río Negro, durante la masacre de los pa-
trulleros de Xococ, se llevaron a 18 niños, testigos de la muerte de sus fa-
miliares.
1132
3420.
Tanto Río Negro como Xococ son aldeas de población achi, por lo
que los niños continuaron utilizando su lengua materna, en un entorno
aparentemente similar al de su comunidad de origen. Sin embargo, la
identidad se quebró a través de otros métodos, ya que los niños fueron víc-
timas de una fuerte militarización. Así lo relatan:
“Todas las noches me iba a dormir con los patrulleros. Cuando un ni-
ño cumplía los 10 años tenía que ir a dormir con los patrulleros”.
1133
“Desde los 15 años (había que ir) al Ejército porque la educación allá
es buena”
.1134
3421.
Por otra parte, los niños sufrieron graves traumas psicológicos al ser
obligados a convivir con las personas que ellos habían visto matar a sus pa-
dres y hermanos.
3422.
En la comunidad de Pacux, también hubo traslado forzado de ni-
ños; se los quitaron a los padres con el argumento que no podían sostener-
los y se los llevaron a la Casa del Nazareno, que era una casa de acogida ad-
ministrada por pastores evangélicos. Al cabo de dos años los padres se que-
jaron porque los estaban volviendo evangélicos y por intermedio de los sa-
cerdotes del lugar les fueron devueltos.
1135
3423.
De esta manera se rompía la reproducción social del grupo, ya que
los niños crecían en otro medio cultural, y se rompían las relaciones entre
la comunidad y sus niños.
Conclusión
“Donde vienen las raíces es con los altos mandos, nosotros no podemos
complicar sobre una situación más complicada”.
1136
3424.
A juicio de la CEH, el conjunto de violaciones de derechos huma-
nos perpetradas por el Estado contra la población maya-achi durante los
años 1980-1983 permite concluir que se cometieron actos de genocidio
375
1132 CI 14. Traslado forzoso de niños sobrevivientes de la masacre de Río Negro. 1982-1984.
1133 Ibid.
1134 CI 14. Marzo, 1982. Río Negro, Baja Verapaz.
1135 Testigo (religioso) CEH. (T.C. 136)
1136 Testigo (entrevista colectiva en Xococ) CEH. (T.C. 363)
inspirados por una determinación estratégica que también revistió carácter
genocida, por cuanto el objetivo de la campaña militar realizada en el área
de Rabinal fue la destrucción parcial del pueblo maya-achi, como requisi-
to necesario para mantener absoluto control sobre un área militarmente es-
tratégica y separar a la guerrilla de su supuesta base social.
3425.
El Estado llegó a esta determinación al considerar que la población
maya-achi era o podría servir como base de apoyo del movimiento guerri-
llero. Esta percepción de equivalencia de identidad entre la población ma-
ya-achi de Rabinal y la guerrilla, condujo, en un momento del enfrenta-
miento, a una campaña orientada a la aniquilación parcial del pueblo ma-
ya-achi de Rabinal, que se encontraba en total estado de indefensión.
3426.
La intención de destruir total o parcialmente al grupo con que fue-
ron perpetrados estos actos, se desprende de su reiteración, masividad y de
la circunstancia que dichos actos se dirigieron discriminadamente en con-
tra de la población maya-achi.
3427.
Para alcanzar su objetivo, originado en motivaciones contrainsuer-
gentes, el Ejército, a través de acciones de guerra psicológica, alentó el ra-
cismo latente y exacerbó los conflictos interétnicos.
3428.
Las masacres cometidas en las comunidades de Xococ, Río Negro,
Los Encuentros, Agua Fría y Plan de Sánchez, en las cuales se efectuaron
matanzas en contra de niños, incluso recién nacidos, mujeres y ancianos,
son actos que evidencian un patrón de agresión que caracteriza los actos
genocidas, ya que las víctimas fueron seleccionadas por su pertenencia al
grupo.
3429.
Similar patrón caracterizó los actos de represión dirigidos en las co-
munidades de Chuategua, Panacal, Nimacabaj, Chipuerta, Pichec, Chi-
chupac, Vegas de Santo Domingo, Chitucán y Xeabaj: expresión masiva,
generalmente en contra de los varones y especialmente en contra de los lí-
deres del grupo, quienes también constituían población civil indefensa.
3430.
La secuencia, repetición y masividad de los actos brutales a que
fueron sometidos colectivamente los miembros de este grupo étnico, de-
muestran la intención positiva de destruirlo total o parcialmente, como
ocurrió con la sistemática persecución en contra de ciertas comunidades,
como Río Negro, y la que sufriera la población desplazada, quienes se
quedaban en sus comunidades, e incluso los que se entregaban al Ejérci-
to. En el municipio de Rabinal estos actos afectaron discriminadamente
al grupo maya-achi, lo cual constituye otro elemento de convicción acer-
ca del carácter genocida de tales actos. por lo que constituyen actos dis-
criminatorios.
3431.
Esta campaña militar dejó como saldo la muerte de por lo menos
3,637 personas, entre ellas mujeres, ancianos y niños, de las cuales el
98.8% eran achi, habiéndose victimizado el 16% de la población, que su-
376
frió otras violaciones graves de los derechos humanos, como la tortura, la
violación sexual y la desaparición forzada. Junto a las matanzas, otros ac-
tos de lesión grave a la integridad física y mental, y las medidas que impe-
dían los nacimientos en el seno del grupo.
Región III (pueblo-k’iche’): municipio de Zacualpa, K’iché
3432.
El municipio de Zacualpa, uno de los 23 municipios que compo-
nen el departamento de Quiché, ocupa un área de 336 km
2 1137
y en 1981
contaba con una población de 13,743 habitantes.
1138
El 78% de la pobla-
ción vive en el área rural y el 22% en el casco urbano; 12,369 personas,
377
Masacres registradas por la CEH en Rabinal
No. Lugar Fecha No. de víctimas Hechor No. de caso
1. Chuateguá 01/08/81 25 Ejército C.883
2. Rabinal 15/09/81 205 Ejército, judiciales C.9160
y comisionados
3. Panacal 20/09/81 21 Ejército C.2269
4. Nimacabaj 22/09/81 24 Ejército C.9223
5. Chipuerta 01/12/81 10 Ejército C.9463
6. Pacanal 04/12/81 58 Ejército C.9253/C.2269
11,289
7. Rabinal 02/01/82 18 Ejército C.9306
8. Pichec 02/01/82 32 a 100 Ejército C.9256/C.16,186
9. Chichupac 15/01/82 32 Ejército C.9307/9095
y comisionados
10. Xococ 13/02/82 77 Ejército y patrulleros C.9098
11. Río Negro 13/03/82 177 Ejército y patrulleros C.9156
12. Los Encuentros 14/05/82 94 Ejército y patrulleros C.9156
13. Plan de Sánchez 18/07/82 268 Ejército, judiciales, C.9075
comisionados
14. Agua Fría 13/09/82 97 Ejército y patrulleros C.9099
15. Vegas de 25/10/82 5 C.9345
Santo Domingo
16. Vegas de 11/11/82 10 a 21 Comisionados C.9252
Santo Domingo
17. Rabinal 14/11/82 40 C.864
18. Xococ 26/11/82 9 C.13,001
19. Chitucan 07/01/83 6 Ejército C.12,202
20. Xeabaj 02/03/83 8 C.13,002
1137 Fundación Centroamericana de Desarrollo, Diagnóstico y Plan de Desarrollo del Municipio de Za-
cualpa, Departamento de Quiché, Guatemala, 1995, pg. 13.
1138 Instituto Nacional de Estadística; Censo de 1981. Los datos del Censo de 1981 han sido cues-
tionados, ya que ese año fue la peor época del enfrentamiento armado, por esta razón los datos
serán substituidos por los proporcionados por la Base de Datos de la CEH.
que conforman el 90% de los habitantes, son de ascendencia maya k’iche’
y 1,374, el 10%, de ascendencia ladina.
1139
3433.
El pueblo maya-k’iche’ habita en seis departamentos, Sololá, Toto-
nicapán, Quetzaltenango, Quiché, Suchitepéquez y Retalhuleu, y en 1972
lo integraban 925,300 personas.
1140
Sin embargo, la investigación se limitó
a la población maya-k’iche’ que habita el municipio de Zacualpa. En otras
palabras, el grupo étnico específico que fue objeto de la investigación, pa-
ra determinar si fue víctima de actos de genocidio, es la parte del grupo
maya-k’iche’ que reside en el municipio de Zacualpa. Se realizó esta deli-
mitación debido a los altos niveles de violencia registrados por la CEH en
la región. Asimismo, el municipio de Zacualpa se encontraba bajo el con-
trol militar que ejercía un destacamento con jurisdicción sobre esta región
y cuyos responsables encabezaron la mayoría de violaciones de derechos
humanos cometidas en el área.
3434.
Los límites territoriales del municipio de Zacualpa son: al norte,
San Andrés Sajcabajá y Canillá; al este, Joyabaj y Cubulco (Baja Verapaz);
al sur, Joyabaj y Chiché, al oeste, Chiché, Chinique y San Andrés Sajcaba-
já.
1141
Asimismo, Zacualpa se encuentra ubicada en un área estratégica, ya
que conecta los municipios de San Martín Jilotepeque y San José Poaquil,
de Chimaltenango, con la parte central de Quiché y con Baja Verapaz. Los
límites territoriales del municipio de Zacualpa y su ubicación geográfica,
tienen particular importancia, ya que explican, en parte, el porqué de la in-
tensa represión en contra de los vecinos del municipio. En 1981 Zacualpa
contaba con un pueblo, tres aldeas, ocho caseríos, dos parajes, un sitio ar-
queológico y dos fincas. Las comunidades del área rural se caracterizaban
por encontrarse totalmente aisladas e incomunicadas con la cabecera mu-
nicipal.
3435.
En Zacualpa existen conflictos históricos interétnicos, entre la po-
blación de las aldeas, mayoritariamente indígena, y los vecinos de la cabe-
cera, donde reside la población ladina. Un testigo explica de la manera si-
guiente los conflictos interétnicos:
“Si hay problemas entre indígenas y ladinos, pongamos que hay mu-
cha discriminación, como le decía antes, son los ladinos los que están
aquí en el pueblo, son los ladinos los que están en el poder local…”
1142
378
1139 Instituto Nacional de Estadística, Censo de 1981.
1140 Narciso Cojtí, “Estimación de cifras poblacionales por área lingüística”, Proyecto Aprendamos
con Prensa Libre, 1995.
1141 Fundación Centroamericana de Desarrollo, “Diagnóstico y Plan de Desarrollo del Municipio de
Zacualpa, departamento de Quiché”, ob.cit.pg. 15.
1142 Testigo (líder k’iche’ de Acción Católica). (T.C. 277).
3436.
Por ejemplo, hasta principios de la década de los setenta, con el pri-
mer alcalde de ascendencia maya-k’iche’, se suprimieron los trabajos gra-
tuitos en la cabecera municipal, que duraban treinta días y a los cuales es-
taban obligados únicamente los indígenas.
1143
3437.
Durante la década de los sesenta, la población se organizó en las
ligas campesinas para exigir sus derechos, especialmente los derechos la-
borales.
1144
En los años setenta nació el Comité de Unidad Campesina
(CUC). Un gran número de trabajadores se unió a esta organización e ini-
ció una serie de reivindicaciones, entre ellas, lograr el pago del salario mí-
nimo y la mejora de las condiciones de trabajo en las fincas de la Costa
Sur.
1145
3438.
Por otra parte, en el área operaba el Frente Guerrillero Augusto Cé-
sar Sandino, del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP),
1146
que tenía pre-
sencia desde 1979.
1147
El EGP realizó varias acciones de propaganda, entre
éstas, un mitin en la plaza del pueblo, en enero de 1981.
1148
Asimismo, la
CEH registró dos acciones del Ejército en contra del frente Agusto César
Sandino del EGP: una en 1981, cuando cuatro helicópteros bombardea-
ron las faldas de la cierra de Chuacús; y otra en 1982, cuando el Ejército
enfrentó a una columna guerrillera que sufrió dos bajas.
3439.
La ubicación estratégica del municipio y la presencia guerrillera en
el área fueron las principales razones para que el Ejército identificó a la po-
blación de Zacualpa como enemigo interno y, en consecuencia, como un
blanco a eliminar.
3440.
De acuerdo con esta determinación, se violaron los derechos hu-
manos de, al menos, 1,215 personas,
1149
las cuales constituyen el 11.5% de
la población del municipio.
3441.
Sin embargo, el Ejército no identificó a toda la población del mu-
nicipio como enemigo, sino sólo a la población maya-k’iche’. El 99.2% de
las víctimas pertenecen al grupo maya-k’iche’ y el 0.8% son ladinos. Esto
significa que la represión en la región no fue aleatoria, sino que se seleccio-
naba discriminatoriamente a las víctimas de acuerdo con su pertenencia ét-
nica, aunque fuese por motivos de orden político-militar.
379
1143 Un vecino de Arriquín considera: “Antes de la violencia ya teníamos problemas, porque los ladinos
no quieren trabajar, sólo quieren que los indígenas trabajemos para ellos”. C 16201. Octubre, 1981.
Zacualpa, Quiché.
1144 Testimonio Colectivo CEH, de la comunidad de Tzimatzatz, Zacualpa, Quiché CEH. (T.C.
355).
1145 Sobre el proceso organizativo en Zacualpa. C.16201. Octubre, 1981. Zacualpa, Quiché. Testi-
monio Colectivo CEH, comunidad de Pasojoc, Zacualpa, Quiché. (T.C. 357).
1146 Documento de la CEH, La Estrategia político-militar del Ejército Guerrillero de los Pobres, EGP.
1147 Testimonio Colectivo CEH, Aldea de Trapichitos, Zacualpa, Quiché. (T.C. 359).
1148 Testimonio Colectivo CEH, Zacualpa, Quiché. (T.C. 355).
1149 Base de datos de la CEH, Muestra de 7109 casos registrados, 4 de septiembre de 1998.
Hechos
3442.
A continuación se proporcionan los hechos objeto de la investiga-
ción. Primero se examina la matanza de líderes, luego las masacres y las
operaciones de tierra arrasada y finalmente el desplazamiento forzado. Es-
ta secuencia corresponde a la evolución real de los hechos en esta área te-
rritorial, desde las ejecuciones selectivas hasta convertirse en operaciones
masivas que generaron el desplazamiento forzado. En todo caso, los tres
períodos se caracterizaron por una práctica sistemática de violaciones de
derechos humanos.
Matanza de líderes
3443.
En Zacualpa la represión afectó a líderes religiosos, políticos y de
desarrollo. Las principales víctimas de las acciones de represión selectiva
fueron los miembros de la Acción Católica,
1150
los sacerdotes mayas,
1151
los
miembros del CUC,
1152
los integrantes de los comités pro mejoramiento
1153
y los socios de la Cooperativa.
1154
Las víctimas eran seleccionadas por su ca-
lidad de líderes y en muchos casos fueron ejecutados varios dirigentes si-
multáneamente,
1155
o junto con sus familias.
1156
Para ejecutar a un líder exis-
tía un proceso de selección de las víctimas, muchas veces a través de listas:
“Ya teníamos noticias de que había listas, Fidel estaba preocupado
porque ya había recibido amenazas y porque era líder por su cargo
en la cooperativa. El mismo día que llegó el Ejército ya se iba a re-
fugiar y a la salida se topó con los soldados, que se lo llevaron, lo ma-
taron en el Boquerón … Destruyeron la cooperativa y quemaron al-
gunas casas”.
1157
3444.
El alcalde municipal, Nicolás Barrera Cux, K’iche’,
1158
quien había
sido electo para el período 1981-1982, fue desaparecido por grupos para-
militares el 25 de marzo de 1982
1159
y fue substituido por un alcalde ladi-
380
1150 C 2908. 1980. Quiché. C 2928. Julio, 1980. Zacualpa, Quiché.
1151 C 16463. Noviembre, 1982. Zacualpa, Quiché.
1152 C 16218. Marzo, 1982. Zacualpa, Quiché. C 2392. Agosto, 1981. Zacualpa, Quiché.
1153 C 2923. Enero, 1982. Zacualpa, Quiché.
1154 C 16201. Octubre, 1981. Aldea Arriquín, Zacualpa, Quiché.
1155 C 16223. Agosto, 1981. Zacualpa, Quiché.
1156 C 16640. Mayo, 1982. Zacualpa, Quiché.
1157 C 16201. Agosto, 1981. Zacualpa, Quiché.
1158 Nicolás Barrera Cux, fue de los primeros alcaldes maya k’iche’s electos en el municipio hasta an-
tes de la década de los setenta, únicamente ladinos habían ocupado el poder local. C16307. Mar-
zo, 1982. Zacualpa, Quiché.
1159 La desaparición sucedió de la manera siguiente: “Era un día sábado, el alcalde y su esposa se dis-
ponían a construir una enramada para su negocio; en ese instante apareció un Pickup blanco de don-
de bajaron dos sujetos fuertemente armados y los introdujeron en la palangana del vehículo, donde
tenían al jefe de la policía Municipal y a dos comerciantes; se los llevaron por la carretera asfaltada
que conduce a Joyabaj. Al llegar a Tunajá asesinaron a las tres personas, dejaron libre a la esposa y a
él se lo llevaron con destino a Joyabaj, nunca tuvieron noticias de su paradero”. C16307. Marzo,
1982. Zacualpa, Quiché.
no nombrado por el Ejército.
1160
De acuerdo con un testigo, en este caso y
en otros similares, la represión se dirigió en contra de “varios dirigentes in-
dígenas … que fueron parte de una generación indígena que empezó a sobre-
salir y a protagonizar en la vida política de ese lugar”.
1161
3445.
El efecto de la desaparición de sus líderes en la vida comunitaria
fue muy fuerte; las organizaciones sociales, especialmente las organizacio-
nes políticas, religiosas y culturales desaparecieron del municipio, siendo
sustituidas por comisionados militares, jefes de Patrulla, y en el caso de au-
toridades electas democráticamente, por funcionarios nombrados por el
Ejército. De esta manera, al atacar a los líderes del grupo y agredir todas las
formas de organización comunitaria, se estaba atentando contra los funda-
mentos del grupo maya k’iche’ que reside en Zacualpa.
Masacres
3446.
La CEH registró al menos 800 víctimas de ejecuciones extrajudi-
ciales en Zacualpa
1162
de las cuales el 80% murió en masacres, en el perío-
do de 1981-1983. Las primeras apariciones de las fuerzas militares y para-
militares en Zacualpa ocurrieron en 1980, pero el proceso de violencia ma-
siva se inició con la instalación del destacamento militar en la iglesia local,
en 1981.
1163
La violencia fue en aumento, y el período de mayor intensi-
dad se registró en los meses de marzo, abril y mayo de 1982, cuando se
perpetraron nueve masacres, cuatro de las cuales fueron de carácter indis-
criminado.
Masacres selectivas
3447.
Una de las primeras masacres en Zacualpa fue el 8 de mayo de
1981, en la cabecera municipal, cuando hombres armados, vestidos de
particular y enmascarados, capturaron y posteriormente ejecutaron a siete
personas.
1164
Los cadáveres de las víctimas fueron trasladados a un lugar pú-
blico. Al parecer, la acción tenía por objeto generar un impacto de terror
en la población, tanto de las áreas rurales, como urbanas. El puente don-
de fueron abandonados los cadáveres une las comunidades con la cabece-
ra municipal y es el lugar por donde transita la mayoría de personas del
área. De acuerdo con un testigo, a las víctimas:
381
1160 C 308. Julio, 1982. Zacualpa, Quiché.
1161 Testigo (líder k’iche’) CEH. (T.C. 53).
1162 Base de datos de la CEH, Muestra de 7109 casos registrados, 04 de septiembre de 1998.
1163 Así lo explica un testigo: “Entre marzo y abril, recuerdo que Zacualpa se paralizó, ya no había ni
mercado, ya no bajaba la gente a la plaza y todo eso, entonces cuando vino el Ejército al convento, to-
do sufrió porque no había gente”. (T.C. 277) Dirigente k’iche’ de Acción Católica.
1164 Así lo narra un testigo: “Ese día estaba saliendo de viaje hacía allá, era de madrugada, todavía estaba
oscuro, cuando estaba saliendo hacia la calle, se acercaron varios hombres (30 hombres más o menos) ar-
mados, vestidos de particular y enmascarados, los aprehendieron y se los llevaron; por el camino encon-
traron a cinco personas y también las capturaron”. C 16315. Mayo, 1981. Zacualpa, Quiché.
“Les cortaron la lengua, les introdujeron alambres en sus oídos, des-
pués los balearon, dejándolos abandonados en el lugar indicado; sus
cuerpos presentaban varios impactos de bala, siendo encontrados uno
sobre de otros … Los cuerpos aparecieron posteriormente, aparecen en
el puente, a la entrada del pueblo”.
1165
3448.
Algunas masacres fueron selectivas, es decir, existió un proceso de
selección de las personas que iban a ser ejecutadas. El patrón de actuación
en este tipo de masacres generalmente era el siguiente: se procedía a la de-
tención mediante un señalamiento público o anónimo, a través de listados
o señaladores, se trasladaba a los detenidos a lugares públicos y cercanos,
donde finalmente se les torturaba y asesinaba de forma extremadamente
cruel, impidiendo el entierro de los cuerpos. De esta manera ocurrieron las
masacres de Chichá,
1166
Chuchucá,
1167
Tunajá
1168
y Xicalcal.
1169
“El 12 de enero de 1982, llegó un contingente no determinado de mi-
litares y convocó a una reunión con la comunidad; cuando habían lle-
gado casi todas las personas de la comunidad, uno de los militares sa-
có una lista en donde habían unos nombres … Ese día, durante la
reunión, a las 12 horas, aproximadamente, comenzaron a matar a
varias personas de la comunidad”.
1170
3449.
Las primeras masacres selectivas, como se indicó, se dirigieron en
contra de miembros del CUC o integrantes de Acción Católica. Posterior-
mente, una vez conformadas las patrullas, las masacres adquirieron otra
modalidad, se ejecutaba a las personas que no deseaban hacer patrulla o se
les acusaba de no querer patrullar. Así sucedió en El Tablón, donde mata-
ron a cuatro patrulleros,
1171
y en Turbalá.
1172
3450.
Por el temor que causaron los hechos a los sobrevivientes, muchas
veces no se atrevieron a reclamar a sus familiares o a enterrar a los muer-
tos. La exhibición de las víctimas en lugares públicos y el impedimento de
una sepultura adecuada para sus familiares era una forma de deshumani-
382
1165 Ibid.
1166 C 16264. Agosto, 1981. Zacualpa, Quiché. Masacre en Chinchá.
1167 C 16223. Agosto, 1981. Zacualpa, Quiché. Masacre en la comunidad de Chuchucá.
1168 C 16458. Octubre, 1981. Zacualpa, Quiché. Masacre de la comunidad Tunajá.
1169 C 16012. Julio, 1982. Zacualpa, Quiché. Masacre de cinco personas en el Cantón Xicalcal, eran
miembros del CUC.
1170 C 16673. Enero, 1982. Zacualpa, Quiché.
1171 C 13015. Mayo, 1982. Zacualpa, Quiché. Mataron a cinco víctimas en 1982, El Tablón.
1172 Miembros del Ejército y de las PAC de Turbalá destruyeron los bienes de dos miembros del
CUC, los buscaron en un listado que llevaban los soldados de la gente que no hacía patrullas.
Al día siguiente capturaron y posteriormente ejecutaron a cinco hombres, todos acusados de co-
laborar con la guerrilla por no hacer patrullas. C 2576. Mayo, 1982. Zacualpa, Quiché. Masa-
cre en Turbalá.
zarlas y una manera de romper el vínculo entre los ejecutados y los sobre-
vivientes.
Masacres indiscriminadas
3451.
Luego, comenzaron las masacres en contra de familias completas,
ejecutando, niños, mujeres, hombres y ancianos, frecuentemente dentro de
sus casas, las cuales eran quemadas. Esto sucedió en Tzimatzatzs, donde sol-
dados, aparentemente de la Fuerza de Tarea Gumarcaj, ejecutaron a 26 per-
sonas, entre ellas siete niños y una mujer embarazada. Los soldados selec-
cionaron primero a ocho hombres, entre aquellos que asistían a un servicio
religioso, los ejecutaron y posteriormente eliminaron a dos familias comple-
tas.
1173
De la misma manera ocurrió en Potrero Viejo, donde el Ejército eje-
cutó a todos los integrantes de una familia,
1174
y en Tunajá, donde los solda-
dos realizaron una matanza de siete personas, tres de ellas niños.
1175
3452.
En otras comunidades, las masacres se dirigían en contra de todas
las personas que los soldados o patrulleros encontraban en las aldeas. Al
igual que en las anteriores, no había distinción ni por edad, ni por sexo; la
única razón por la que se ejecutaba a una persona era encontrarse en el po-
blado. La CEH registró cuatro casos de masacres indiscriminadas: una en
Piedras Blancas, con 88 víctimas;
1176
otra en Arriquín,
1177
donde los solda-
dos ejecutaron entre 83 y 140 personas, y tres más en San Antonio Sina-
ché,
1178
la primera entre 108 y 201 víctimas, la segunda con 45 y la terce-
ra con 39.
3453.
En estas masacres, los soldados se presentaban por la mañana, ro-
deaban la comunidad, la cateaban casa por casa, violaban a las mujeres y
posteriormente las mataban junto con todos aquellos que estuvieran en el
lugar; en algunos casos también torturaban a las víctimas antes de ejecu-
tarlas; posteriormente incendiaban las viviendas, con las personas que aún
no habían terminado de morir. En algunas oportunidades se quedaban en
la comunidad y festejaban la matanza.
1179
Así por ejemplo, en Piedras
Blancas:
383
1173 El hecho sucedió de la manera siguiente: “Era el 29 de julio de 1981, un grupo de religioso, perte-
neciente a la iglesia Príncipe de Paz, se encontraban en la capilla, aproximadamente a las 15:00 ho-
ras, asistiendo a un servicio religioso. Sorpresivamente apareció un grupo de soldados, ya tenían ro-
deada la capilla, entraron a ella y entre los presentes escogieron a ocho personas, se las llevaron cami-
nando aproximadamente dos kilómetros hacia el centro de la aldea ... las hirieron con arma blanca,
las degollaron y por último les dieron varios disparos”. C 16238. Julio, 1981. Masacre que afectó a
21 víctimas en la comunidad Tzimatzatz, Zacualpa, Quiché.
1174 C 2927. Marzo, 1981. Masacre en Potrero Viejo, Zacualpa, Quiché.
1175 C 16640. Mayo, 1982. Masacre en la comunidad Tunajá, Zacualpa, Quiché.
1176 C 16646. Abril, 1982. Masacre en Piedras Blancas, Zacualpa, Quiché.
1177 CI 80. Masacre de Arriquín. Marzo de 1982.
1178 CI 78. Masacres en San Antonio Sinaché. Marzo a mayo de 1982.
1179 “El alimento lo sacaron con nuestros vecinos, de nuestra aldea, ahí van a traer su comida los patru-
lleros, el Ejército, van a traer todas las gallinas de las casas de los vecinos, hacen un buen sancocho ahí
en la capilla, empiezan a las 3 de la tarde, a las siete u ocho de la noche...” C 16289. Mayo, 1982.
San Antonio Sinaché, Quiché.
“Era un domingo a las cuatro de la mañana cuando entraron … Era
el Ejército, iban a terminar la aldea Piedra Blanca. Quemaron a la
gente en sus casas mientras dormían, mujeres, niños, hombres, a to-
dos parejo … las acuchillaban y luego las tiraban todavía vivas den-
tro de las llamas, así murieron más o menos ochenta personas entre
niños, mujeres y ancianos. Sin embargo, en otras casas los soldados, a
muchas víctimas, antes de darle muerte, las torturaban cortándoles
la lengua”.
1180
3454.
Finalmente, varias comunidades sufrieron más de una masacre.
Así, en Tunajá, Chuchucá y San Antonio Sinaché, la CEH documentó al
menos tres masacres.
1181
En este último caso se evidencia una voluntad de
exterminio, ya que se realizaron tres operaciones militares en contra de la
misma aldea: en la primera oportunidad mataron a las mujeres y a los ni-
ños, ya que el Ejército había enviado a los hombres a realizar un rastreo;
en la segunda masacre realizaron la matanza en contra de población que
huía, ejecutando también a niños, ancianos, mujeres y varones; y en la ter-
cera masacre, torturaron y ejecutaron a 30 hombres.
3455.
En algunos casos, las masacres formaban parte de un operativo mi-
litar mayor, como la primera masacre de Chuchucá, la primera masacre de
San Antonio Sinaché y la masacre de Arriquín, que ocurrieron con días de
diferencia: 12, 16 y 19 de marzo de 1982, y en todas participó el teniente
al mando del destacamento. Asimismo, después de la segunda masacre de
San Antonio Sinaché, el Ejército se dirigió el 15 de mayo a Turbalá, don-
de los soldados mataron al menos a nueve personas,
1182
y posteriormente,
el 18 de mayo, a Chuchucá, donde ejecutaron a nueve personas. Al lugar
llegaron entre 50 y 60 soldados.
1183
3456.
Las masacres fueron el resultado de la ejecución de un plan mili-
tar, donde se había definido como blanco a la población civil no comba-
tiente, ya que, en todos los casos, el ataque fue realizado por unidades mi-
litares, sin que existiera un combate o la población presentara algún tipo
de resistencia. Asimismo, estas unidades actuaron sobre seguro, entraban
en la madrugada, en un momento en el que la mayoría de la comunidad
se encontraba en el poblado, y permanecían varios días en el lugar, proba-
blemente para establecer el movimiento posterior a los hechos:
“El segundo pelotón de soldados entró por otro sector de la comunidad
y aprehendió a una persona … Había un tercer pelotón, que entró
384
1180 C 16646. Abril, 1982. Zacualpa, Quiché.
1181 Cuadro 1.
1182 C 2576. Mayo, 1982. Zacualpa, Quiché.
1183 C 16224. Mayo, 1982. Zacualpa, Quiché.
por otro sector y también llevaba a unas personas. A estas personas las
reunieron con las demás que llevaban del culto”.
1184
“Los soldados prosiguieron su camino hacia el centro de la aldea, se
quedaron dos noches y al tercer día por la mañana se fueron a rastrear
las comunidades de Pacoc y Chuchucá”.
1185
3457.
De esta manera queda en evidencia que los actos en contra de la
población civil del municipio de Zacualpa ocurrieron en forma masiva, co-
mo resultado de operaciones militares previamente planificadas. Las masa-
cres afectaron en a un 99.2% de la población maya-k’iche’ y en un 0.8%
a la población ladina, lo que, además, evidencia que fueron actos dirigidos
discriminadamente contra aquel grupo étnico.
3458.
Además, para lograr su objetivo estratégico, el Ejército azuzó los
conflictos interétnicos y propició el marco adecuado para que este conflic-
to latente se manifestara abiertamente. En la comunidad de San José Sina-
ché, por ejemplo, existían antagonismos entre ladinos e indígenas, los cua-
les fueron exacerbados:
“Campesinos de las comunidades ladinas vecinas, como Capuchinas y
Chinique, acusaron a los pobladores de San José Sinaché de ser gue-
rrilleros, manifestando de esta forma los conflictos étnicos y de tierras
que existían desde antes”.
1186
3459.
El caso más evidente se dio en la aldea de Arriquín, que es una co-
munidad donde históricamente han existido rivalidades por problemas de
discriminación y tierras.
1187
De acuerdo con los testimonios, previo a que
ocurriera la masacre, la población ladina fue alertada, así que se retiró de
la comunidad antes de la matanza; por otra parte, las casas de los ladinos
no fueron afectadas:
“Después pasaron a la siguiente casa, que es de Pedro Gutiérrez Chin-
go, y también lo quemaron porque era indígena. Después otra casa co-
mo a 20 a 25 metros de distancia con la casa de Pedro Gutiérrez; pe-
ro como ésa es de ladino no la quemaron y ahí se quedaron, ya no si-
guieron porque las demás casas que seguían son casas de personas la-
dinas”.
1188
385
1184 C 16238. Julio, 1981. Zacualpa, Quiché.
1185 Ibid.
1186 C 16053. Mayo, 1982. Zacualpa, Quiché.
1187 “Arriquín es una comunidad muy polarizada, existe la rivalidad desde la llegada de los ladinos a es-
ta comunidad. Antes de la violencia ya existían problemas entre indígenas y ladinos, ellos [los ladi-
nos] querían que los indígenas trabajaran para ellos se quedaron con las mejores tierras a la orilla del
río y aumentaron la ganadería”; CI 80. Marzo 1982. Arriquín, Quiché.
1188 CI 80. Marzo 1982. Arriquín, Quiché.
3460.
Esta situación pone de manifiesto que la acción ejecutada por los
militares, junto a las PAC, era producto de un plan que distinguía especí-
ficamente la composición sociocultural de los habitantes del cantón. En es-
te caso existía una acción discriminadamente dirigida contra la población
maya-k’iche’ de la comunidad.
Tierra arrasada
3461.
Desde 1981, las masacres se combinaron con la destrucción de bie-
nes, especialmente la quema de casas. Así sucedió en Tzimatzats, donde,
como parte de las matanzas, quemaron las viviendas de las víctimas.
1189
Ya
en 1982, de la destrucción parcial de bienes, se pasó al arrasamiento com-
pleto de aldeas; por ejemplo, en San Antonio Sinaché, el Ejército quemó
viviendas, granos básicos y plantaciones de la comunidad:
“Quememos todo, son casas de guerrilleros’, decían. Entonces empe-
zaron a quemar toda la cosecha, todo el maíz, el frijol, las semillas;
quemaron la ropa, los güipiles, las chamarras, así como le pasa a su
familia, así le pasa a casi todos los de la comunidad”.
1190
3462.
La CEH registró quema de viviendas, ropa, herramientas, piedras
de moler y granos básicos, en las comunidades de San Antonio Sinaché,
1191
Tzimatzats,
1192
Turbalá,
1193
Piedras Blancas,
1194
Chuchucá,
1195
Chichá
1196
y
Trapichitos.
1197
3463.
Un elemento de carácter fundamental, en el caso de las comunida-
des indígenas, está constituido por los componentes culturales. La piedra
de moler para la cultura maya-k’iche’, a nivel familiar representa el víncu-
lo del árbol genealógico de una determinada familia y, además de consti-
tuir un elemento material, es un elemento subjetivo que representa la con-
tinuidad familiar en un espacio territorial específico, en donde a la vez se
fundamenta la identidad.
1198
De allí que su destrucción afecta los funda-
mentos mismos del grupo.
3464.
Junto a la destrucción física de las aldeas, los soldados y patrulleros
saquearon las comunidades:
386
1189 C 16238. Julio, 1981. Zacualpa, Quiché.
1190 C 2756. Marzo, 1982. San Antonio Sinaché, Zacualpa, Quiché.
1191 Ibid.
1192 C 16238. Julio, 1981. Zacualpa, Quiché.
1193 C 2576. Mayo, 1982. Zacualpa, Quiché.
1194 Testigo (entrevista colectiva con la comunidad de Piedras Blancas, Zacualpa, Quiché). CEH.
(T.C. 356).
1195 Testigo (entrevista colectiva con la comunidad de Chuchucá, Zacualpa, Quiché). CEH.
(T.C.361).
1196 C 16286. Mayo, 1982. Zacualpa, Quiché.
1197 Testigo (entrevista colectiva con la comunidad de Trapichitos, Zacualpa, Quiché).CEH.(T.C.
359).
1198 C 16323. Mayo, 1982. Zacualpa, Quiché. y C 16098. Noviembre, 1982. Zacualpa, Quiché.
“Este año (1982) fue el peor, hubo mucha hambre, los soldados des-
truyeron las viviendas, las botaron con piochas, no las quemaron co-
mo en otros lugares, se robaron las cosechas y los animales y destruye-
ron los sembrados de maíz, frijol y árboles frutales, quemaron parte
del bosque”.
1199
3465.
El saqueo de bienes fue registrado en Xicalcal, Pacoc, Chuchucá,
El Tablón, Potrero Viejo y San Antonio Sinaché. Esta situación provocó el
hambre, ya que se privó a las personas de lo fundamental para vivir, el
maíz, y también provocó el desamparo porque fueron destruidas las vivien-
das y negado el acceso a un techo.
Desplazamiento forzado
3466.
Gran parte de la población de Zacualpa abandonó sus aldeas, al
menos temporalmente, para salvar su vida. Generalmente, cuando el Ejér-
cito se acercaba, se iban a los barrancos o a los bosques, donde permane-
cían hasta que éste abandonaba el lugar:
“En mayo el Ejército continuó llegando a Turbalá. La gente se des-
plazó durante unos días y después regresó a sus casas, es decir … iba
y venía. Esta situación duró unos seis meses hasta que nuevamente fue
posible radicarse de manera más estable. Otros decidieron migrar a la
Costa Sur”.
1200
3467.
De acuerdo con las entrevistas comunitarias, las comunidades de
Xicalcal, Tzimatzatz, Turbalá, San Antonio Sinaché, Arriquín, Trapichitos,
Chuchucá, Pacoc, Chichá y la cabecera de Zacualpa se desplazaron.
1201
Es-
to significa que al menos diez de los dieciséis centros poblacionales del mu-
nicipio, abandonaron sus aldeas para salvar la vida.
3468.
A diferencia de otras áreas de análisis, cuyas comunidades abando-
naron permanentemente sus aldeas, el desplazamiento en Zacualpa fue
más bien temporal. La comunidad que registra el desplazamiento más
prolongado es San Antonio Sinaché, con seis meses en la montañas. De
esta manera, en la región no se registró el proceso de desplazamiento-cap-
tura o amnistía-reubicación. Sin embargo, desde 1980 se instalaron en las
comunidades grupos de rastreo que posteriormente formarían las Patru-
llas de Autodefensa Civil, como una de las facetas del control militar so-
bre los poblados.
1202
387
1199 Testimonio colectivo CEH, de la comunidad de Xicalcal. (T.C. 354).
1200 C 2576. Mayo, 1982. Zacualpa, Quiché.
1201 C 16315. Mayo, 1981. Zacualpa, Quiché. “Entre 1981-1982 todo el pueblo de Zacualpa migró,
se quedó totalmente sólo, una familia fue la única que resistió la época mas violenta. Durante ese
tiempo saquearon las casas, lo poco que tenía la gente se lo robaron”.
1202 Infra, III.B.
3469.
Durante el desplazamiento, la población era sometida a condicio-
nes que podían acarrear su muerte, por hambre, por enfermedades o por
frío.
3470.
Algunas comunidades fueron perseguidas durante el desplazamien-
to. Una de éstas fue San Antonio Sinaché, que en la masacre del 18 de ma-
yo de 1982, ocurrida mientras la población se refugiaba en los bosques, fue
atacada por el Ejército incluso con granadas. Al buscar refugio en unas cue-
vas, hicieron palos con punta, para obligarla a salir y ejecutarlas. Las vícti-
mas se encontraban absolutamente indefensas, al hacerlas salir de su escon-
dite era perfectamente posible detenerlas, sobre todo si se trataba de niños,
pero las asesinaron:
“El 18 nos corrieron a todos para allá, eso que mataron niños … Mu-
rieron debajo de piedras que buscaron como cuevas, debajo de una
piedra, y como los soldados llegaron allí y no pudieron sacar a la gen-
te, buscaron palos, les hicieron puntas y los puyaron allí…”
1203
“Hicieron un palo con punta y lo metieron en el culo a las mujeres, lo
metieron en la panza … de una vez les quitaron la vida”.
1204
“Los soldados no respetaban la edad, tampoco les interesó agarrar a la
gente, de ser así hubieran logrado capturar a la gente anciana y a los
niños, pero no lo hicieron, ellos querían acabar con la gente de esta
comunidad”.
1205
3471.
La persecución durante el desplazamiento evidencia el ánimo de
exterminio: no existiendo lugar seguro para protegerse, el Ejército persi-
guió incansablemente a esta población no combatiente, que fue eliminada
sin ninguna posibilidad de defenderse.
Actos en contra de los fundamentos del grupo
3472.
En este numeral se analizan los actos ejecutados en contra de los
fundamentos del grupo; estos son: los ataques a población vulnerable, las
torturas y la violación sexual.
Matanza de población vulnerable
“En una de las camas, se encontraba un bebé de apenas ocho meses …
un soldado lo tomó en sus brazos y otro le colocó en su boca el cañón
del fusil, y de un disparo le levantó la tapa del cráneo”.
1206
388
1203 C 16150. Mayo, 1982. Zacualpa, Quiché.
1204 CI 78. Masacres en San antonio Sinaché. Marzo-mayo 1982.
1205 Ibid.
1206 C 16646. Abril, 1982. Zacualpa, Quiché.
3473.
En siete de las masacres registradas por la CEH, el Ejército actuó
en contra de hombres, mujeres, niños y ancianos. En algunas oportunida-
des los actos eran dirigidos expresamente en contra de la población vulne-
rable, mujeres, niños y ancianos, como en San Antonio Sinaché, donde
mandaron a los hombres a patrullar a la montaña, antes de efectuar la ma-
sacre:
“A nosotros nos mandaron a patrullar, ahí en la loma. Sacaron a los
hombres y les dijeron que fueran a patrullar, después entraron en las
casas y mataron a las familias, mi papá, mi mamá y mi mujer con
todos los niños”.
1207
3474.
También después de la masacre de Tunajá, un pequeño de dos años
no pudo huir porque sus padres lo soltaron y entonces quedó tirado en el
camino:
“Un vecino de Tunajá, que estaba escondido entre unos pinos, presen-
ció cuando un soldado pasó quitándole la cabeza con un machete”.
1208
3475.
La matanza de personas vulnerables, especialmente de niños, evi-
dencia la intención de destruir al grupo, ya que los actos no se dirigieron
en contra de colaboradores de la guerrilla o supuestos colaboradores: se di-
rigieron en contra de todos aquellos que pertenecieron al grupo, eviden-
ciando de esta forma que la selección de las víctimas se realizaba por su per-
tenencia al grupo étnico objeto de la investigación:
“A todos los acusaron de guerrilleros … No puedo comprender por qué
mataron hasta una niña de apenas un mes”.
1209
Tortura
“Pero como le preguntaban en castilla y ella contestaba en k’iche’, más
duro le daban, más le golpeaban; le decían: ‘India maldita’, y le da-
ban con la culata de las armas”.
1210
3476.
LA CEH registró 217 casos de torturas en el período comprendi-
do de 1981 a 1983, en el municipio de Zacualpa.
1211
A partir de 1981, lue-
go que los militares instalaran el destacamento en la cabecera municipal y
389
1207 C 2756. Marzo, 1982. Zacualpa, Quiché.
1208 C 16142. Agosto, 1982. Zacualpa, Quiché.
1209 C 16640. Mayo, 1982. Zacualpa, Quiché.
1210 C 16215. Enero, 1981. Quiché.
1211 Base de datos de la CEH, Muestra de 7109 casos registrados, 04 de septiembre de 1998.
después de haber constituido las PAC en la mayoría de las comunidades
rurales, las torturas se masificaron en el municipio. Los hechos de torturas
los cometieron los propios patrulleros de las comunidades, quienes gene-
ralmente actuaron obligados por los oficiales a cargo del destacamento mi-
litar. Las torturas representaron un nuevo modo de actuar del Ejército en
contra de la población. Las torturas también fueron parte de las masacres,
donde primero torturaron y luego ejecutaron a las víctimas.
3477.
En la cabecera municipal de Zacualpa se instaló el destacamento
militar sobre la iglesia y el convento. Este lugar se convirtió en un centro
de torturas, así lo explica un ex soldado:
“A los tres días de estar allí vio mucha gente en el convento … eran
como doscientas personas torturadas que se quejaban … Una tarde,
de los quince días que estuvieron en Zacualpa, el oficial encargado de
la compañía les ordenó que cenaran rápido, les dieron equipo de com-
bate y un zarape. Fueron a un lugar cercano de Zacualpa como a
unos dos kilómetros por el rumbo de potrero viejo. Allí asesinaron a
todas las personas que él había visto en el convento”.
1212
3478.
Casi en cada comunidad había un lugar de torturas. Los patrulle-
ros escarbaron hoyos en las aldeas que eran utilizados como lugares de cas-
tigo para quienes eran señalados de dar apoyo a la guerrilla o de negarse a
patrullar. Así, en la comunidad de Pasojoc:
“Los patrulleros de Joyabaj … construyeron un agujero para realizar
los castigos, cuando alguien no cumplía con las ordenes del jefe era in-
troducido en el agujero, le echaban agua encima y lo dejaban allí por
un día; estas instrucciones se las dio el Ejército…”
1213
3479.
Además del “hoyo”, el Ejército obligaba a los patrulleros a ejercer
violencia en contra de sus propios compañeros, como un mecanismo pa-
ra forzar a los vecinos a patrullar y mantenerlos aterrorizados. En estos
casos, el proceso que seguían era el siguiente: se reunía a un gran núme-
ro de patrulleros, algunas veces de varias comunidades, para lograr un
impacto mayor; se señalaba a aquellos acusados de negarse a patrullar o
de colaborar con la guerrilla; bajo amenaza de muerte, se coaccionaba a
otros miembros de la patrulla para que los torturaran y los ejecutaran, la
muerte debía ser lenta, aumentando así el sufrimiento de víctimas y eje-
cutores materiales.
390
1212 C 529. Octubre, 1981. Uspantán, Quiché.
1213 Testimonio Colectivo CEH, de Zacualpa, Quiché. (T.C. 357).
“Estando todos reunidos, llaman a los que se encuentran en la lista.
Separan a las víctimas y los conducen a un lugar con árboles, allí los
amarran. Luego los soldados ordenan a los patrulleros de Tunajá que
les den machetazos a cada uno de los amarrados. Un patrullero se nie-
ga a torturar a sus vecinos, es pateado y golpeado fuertemente por los
de Cruz Chich”.
1214
3480.
Este patrón de actuación, que fue implementado en Turbalá,
1215
Trapichitos,
1216
Pasojoc,
1217
Tunajá y San José Sinaché,
1218
muestra una for-
ma de operar del Ejército con la población: primero pasa por la creación
de las PAC y luego las utiliza como un mecanismos para comprometer a
la población civil en la represión, en contra de su propia comunidad y en
contra de sus familias.
3481.
Además de las ejecuciones, estos hechos causaban lesiones menta-
les graves y permanentes a los miembros del grupo, tanto los obligados a
realizar las torturas y la ejecución, como aquéllos que se veían forzados a
presenciar estos hechos.
“Apenados estábamos … porque de repente nos podía tocar a nosotros
también … y con pena por los que habían muerto”.
1219
“Nunca se recupera de que mataran a su papá, porque como le deja-
ron libre, aunque bien torturado, piensa que si hubiera estado en la
casa hubiera podido también defender a su papá, hablar con los sol-
dados y que no le habrían matado … no le podemos quitar esa pena,
ese dolor, la culpa que siente por la muerte de su papá, sigue siempre
muy triste, ya no puede recuperarse”.
1220
3482.
Finalmente, estos hechos constituyeron actos en contra de los fun-
damentos del grupo, ya que el Ejército obligó a la población civil, vecinos
391
1214 C 16358. Febrero, 1983. Zacualpa, Quiché.
1215 C 16323. Mayo, 1982. Zacualpa, Quiché.
1216 Testimonio colectivo CEH, de Zacualpa, Quiché. (T.C. 359).
1217 Estos hechos continuaron durante 1984. En Pasojoc, el teniente Chechá ordenó a los jefes de las
PAC que convocaran a los patrulleros de varias comunidades para conocer a los que no querían
hacer patrulla, a la “gente mala”, al verse obligados señalaron a las cuatro personas y a ocho más
de Tzimatzatz, “Son guerrilleros, ustedes van hacer ‘justicia’, dijo el teniente a los patrulleros. Ama-
rraron a las víctimas, los patrulleros fueron forzados a ejecutarlas con palos y machetes, de a poquito,
porque tenían que pasar uno por uno y darle un machetazo sin matarlo del todo. La víctima uno ya
no tenía cabeza, pero seguía vivo, un soldado le metió dos tiros. Después de la masacre, el Ejército or-
denó a los patrulleros enterrar a las víctimas, casi a la par de la escuela de Pasojoc”.
C 16200. Enero, 1984. Zacualpa, Quiché.
1218 CI 53. 1982. San José Sinaché, Quiché.
1219 Ibid.
1220 C 16215. Enero, 1981. Zacualpa, Quiché.
y parientes, a enfrentarse unos contra otros. Asimismo, los actos fueron
realizados frente a una gran cantidad de población, lo cual produjo una
conmoción masiva, que extendió el terror incluso a comunidades vecinas.
Violación sexual
3483.
La CEH registró 17 casos de violación sexual en Zacualpa
1221
y por
lo menos en tres masacres violaron pública y colectivamente a las mujeres.
En San Antonio Sinaché, Arriquín y Potrero Viejo, se registraron también
casos de violación pública.
1222
En estos casos la violación sexual era un pa-
so más en el patrón de actuación de las masacres. Generalmente, los solda-
dos entraban en las casas, reunían a las mujeres, las violaban sexualmente
y las ejecutaban; posteriormente incendiaban las viviendas. Un ex soldado
lo explica de la manera siguiente:
“Fueron a Potrero Viejo, que está ubicada como a kilómetro y medio
de Zacualpa. Allí encontraron armas y uniformes de la guerrilla. An-
tes de esto rodearon la aldea y fueron asesinados muchos jóvenes …En
esta oportunidad, como en muchas otras, los soldados violaron a las
mujeres de las comunidades”.
1223
3484.
Además de las violaciones sexuales durante las masacres, las muje-
res del municipio de Zacualpa sufrieron como un castigo cotidiano, por su
supuesta vinculación con la guerrilla. Soldados y patrulleros realizaban fre-
cuentemente este tipo de actos:
“Era un violador, amenazaba de muerte a las viudas y entonces ellas
tenían que aceptar. Llegaba a sus casas y decía: ‘Ustedes están tortean-
do para los guerrilleros porque por eso es que no tienen esposos’, y allá
mismo las violaban, en sus casas”.
1224
3485.
Además de la violación sexual, los miembros del Ejército y los pa-
trulleros realizaron actos de extrema crueldad como la extracción de fetos:
“[La mujer, embarazada de siete meses] la violaron, le abrieron el
vientre con cuchillo y le sacaron el feto, así la encontramos después”.
1225
392
1221 Base de datos de la CEH, Muestra de 7109 casos registrados, 04/09/98, ETVDMET.xls.
1222 C 2881. Julio, 1982. Zacualpa, Quiché. C 16313. Agosto, 1982. Zacualpa, Quiché.
1223 C 529. octubre, 1981. Uspantán, Quiché.
1224 C 16324. 1982. Zacualpa, Quiché.
1225 CI 80. Marzo 1982. Arrinquín, Quiché.
Conclusión
3486.
A juicio de la CEH, la mayor parte de los crímenes perpetrados por
las fuerzas militares contra la población maya-k’iche’ durante los años
1981-1983 constituyeron actos de carácter genocida, inspirados por una
determinación estratégica que también revistió carácter genocida, por
cuanto el objetivo de la campaña militar realizada en el área de Zacualpa
llegó a ser la destrucción parcial del pueblo maya-k’iche’, debido a que el
Ejército consideró que la población indígena del municipio constituía la
base social del movimiento insurgente y, en consecuencia, la identificó co-
mo enemigo interno.
3487.
La identificación del pueblo maya-k’iche’ de Zacualpa con el ene-
migo interno se tradujo en la planificación y ejecución de las masacres en
Arriquín, San Antonio Sinaché, Piedras Blancas, Tzimatzats y Potrero Vie-
jo, en las cuales se afectó a todos los miembros de la comunidad, especial-
mente mujeres, niños y ancianos, en razón de su pertenencia al grupo ét-
nico investigado.
3488.
Igual característica revisten las matanzas en contra de vecinos de
Chichá, Chuchucá, Tunajá, Turbalá, Xicalcal, Pajoso, y Pacoc, realizadas
previa tortura a los hombres, generalmente líderes del grupo, y violaciones
sexuales.
3489.
Las acciones del Ejército y patrulleros en contra de la población ci-
vil del municipio de Zacualpa fueron hechos planificados que se realizaron
de acuerdo con un plan general de acción, el cual se inició con rastreos en
el área, para posteriormente efectuar las matanzas, en las cuales participa-
ban grandes contingentes de soldados y patrulleros, al mando del oficial
encargado del destacamento militar de Zacualpa, iniciándose la acción ro-
deando el poblado para evitar que huyeran y aumentar así el número de
víctimas.
3490.
De acuerdo con los datos de la CEH, en doce de los dieciséis cen-
tros poblacionales de Zacualpa, se efectuaron matanzas y en diez la pobla-
ción se vio obligada a desplazarse, evidenciándose así la masividad de los
actos efectuados por el Ejército.
3491.
En ninguno de los casos registrados por la CEH en el municipio de
Zacualpa se efectuaron masacres indiscriminadas en contra de población
ladina, la cual, en algunos casos, incluso fue alertada para que abandonara
la comunidad antes de las matanzas, como en el caso de Arriquín. Asimis-
mo, un 1.1% de las víctimas eran ladinas y un 98.9% indígenas, porcenta-
jes que contrastan con la distribución étnica del municipio y ponen de re-
lieve que el Ejército no escogió al azar a sus víctimas, sino que dirigió sus
acciones discriminadamente en contra de la población maya-k’iche’.
3492.
Esta campaña militar dejó como saldo el asesinato de por lo me-
nos 1,473 personas, entre ellas mujeres, ancianos y niños, de las cuales
393
98.9% pertenecían al grupo k’iche’, así mismo fue victimizado el 8.6%
1226
de la población, que sufrió otras violaciones graves de los derechos huma-
nos, como la tortura, la violación sexual y la desaparición forzada. Junto a
las matanzas, otros actos de lesión grave a la integridad física y mental, y
las medidas que impedían los nacimientos en el seno del grupo.
394
Masacres registradas por la CEH en el municipio de Zacualpa, Quiché
No. No. Caso Fecha Comunidad No. V
1. 2927 03/81 Potrero Viejo 8
2. 16238 29/0781 Tzimatzatz 26
3. 2392 08/81 Zacualpa 6
4. 16264 01/08/81 Chichá 5
5. 16223 05/08/81 Chuchucá 7
6. 16458 07/10/81 Tunajá 6
7. 529 1982 Zacualpa 200
8. 2923/2925 15/01/82 Chuchucá 7
9. 16222/16262 12/03/82 Chuchucá 11
10. 2756 16/03/82 San Antonio Sinaché 108-201
11. 16202 19/03/82 Arriquín 83-140
12. 16645 25/04/82 Piedras Blancas 80
13. 16640 05/05/82 Tunajá 12
14. 16224 18/05/82 Chuchucá 9
15. 16150 18/05/82 San Antonio Sinaché 45
16. 2576 18/05/82 Turbalá 9
17. 16286 29/05/82 Chichá 10
18. 16289 30/05/82 San Antonio Sinaché 39
19. 16012 10/07/82 Xicalcal 5
20. 16200 28/01/83 Pasojoc 12
21. 16200 28/01/83 Tunajá 7
22. 16451 25/03/83 Tunajá 5
23. 16004 10/04/84 Pasoc 7
Cuadro II
Año
Desaparición Ejecución Muerto por Privación
Torturas
Violación
forzada extrajudicial desplazamiento de libertad sexual
1881 17 94 1 22 38
1982 60 340 76 56 155 15
1983 20 283 6 5 24 3
Total 97 717 83 83 217 18
Fuente: Base de datos, fecha de corte, 4 de septiembre de 1998.
1226 La definición de la región Zacualpa, en este caso, corresponde al municipio de Zacualpa exclu-
sivamente, siendo diferente a la definición de la región Zacualpa que aparece en el Análisis in-
termuestra de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS) que aparece en el
anexo estadístico de este Informe. Para este documento, la región Zacualpa incluye los munici-
pios de Zacualpa, Joyabaj y Chiche. Nótese que en ambos casos se utilizó la misma metodolo-
gía de análisis y cálculo.
Región IV (pueblos maya-chuj y maya q’anjob’al):
municipios de Nentón, San Mateo Ixtatán
y Barrillas, Huehuetenango
3493.
Los pueblos maya chuj y maya q’anjob’al se asientan en los muni-
cipios de San Mateo Ixtatán, al norte del municipio de Nentón y el muni-
cipio de Barillas,
1227
todos en el departamento de Huehuetenango. La re-
gión ocupa un territorio de 2,459 kilómetros cuadrados, compuesto en su
mayoría por áreas montañosas y algunas tierras bajas. Según datos de la
CEH,
1228
en 1981 la región Chuj-Q’anjob’al tenía 64,679 habitantes, de
los cuales el 83% eran maya q’anjob’ales o maya chuj.
3494.
En la historia de Guatemala, los chuj de San Mateo Ixtatán, fue-
ron señalados permanentemente como pueblo rebelde. El origen de estos
señalamientos se remonta a 1876, cuando los chuj de San Mateo Ixtatán
fueron obligados a ceder parte de su territorio para la creación del muni-
cipio de Nentón. Sin embargo, los mateanos lograron preservar mediante
luchas sus tierras comunales en la parte de alta montaña de los cuchuma-
tanes.
1229
Como respuesta, a inicios de siglo se concretó por ley, en los pue-
blos vecinos, que el alcalde y el primer regidor debían ser ladinos.
1230
3495.
Las condiciones de extrema pobreza y la imposición de las migra-
ciones a la Costa Sur, generaron un estado permanente de tensión en las
comunidades del norte de Huehuetenango. La CEH registró indicios de
constantes levantamientos indígenas.
1231
En San Juan Ixcoy, municipio de
San Mateo Ixtatán, la noche del 17 de julio de 1898 fue ejecutado un con-
tratista proveniente de las fincas de la Costa Sur. Aparentemente con el
afán de encubrir el crimen, fueron asesinados 30 ladinos más. Inmediata-
mente, el único sobreviviente ladino informó al Ejército, que respondió
asesinando a 310 indígenas. Posteriormente se desató un gran despojo de
tierras contra los mateanos,
1232
por parte de los ladinos, de las comunida-
des vecinas de Soloma y Chiantla. Asimismo, se conoce de agresiones con-
tra la población indígena del área a las cuales no hubo respuesta, por lo me-
nos públicamente, por temor a ser llamados “levantiscos”, lo que según los
habitantes de la región equivaldría a ser llamados hoy guerrilleros.
1233
395
1227 El área estudiada no corresponde al área total de los municipios, sino a un área delimitada, se-
gún criterios que la CEH especifica en el párr. 4.
1228 El cálculo se realizó en base a Instituto Nacional de Estadística, Censos de población y habitación
de 1973 y 1981, mediante una proyección lineal de los datos.
1229 Beatriz Manz, Guatemala, Cambios en la Comunidad, Desplazamiento y Repatriación, Centro
de Estudios Internacionales de Harvard University, Editorial Praxis, México DF, 1986, pg. 108-
146.
1230 D. McCreery, Tierra, trabajo y conflicto en San Juan Ixcoy, Huehuetenango, 1890-1940, Anales de
la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, año LXV, tomo LXIII, Guatemala, pg. 101-
112.
1231 Ibid.
1232 Beatriz Manz, Guatemala, cambios en la comunidad, desplazamiento y repatriación. Ob.cit.pg.
108-146.
1233 Ibid.
3496.
Durante los años setenta se registraron incidentes en los que la po-
blación civil se enfrentó a la Guardia de Hacienda y la Policía Nacional.
Por ejemplo: en 1974 los vecinos de la aldea Coyá, San Miguel Acatán,
despojaron de sus uniformes y armas a diez agentes de la Guardia de Ha-
cienda. Desde entonces la presencia del Estado en la aldea fue nula, ini-
ciando desde aquella época el señalamiento sobre esta comunidad, como
aldea de “guerreros”.
1234
“Coyá siempre era una aldea especial. Según dice la gente, en Coyá
hay gente sabia, que tiene el secreto de embrujar. Por lo menos así pen-
saba la gente en Coyá, se pensaron capaces de ganar la guerra y echar
al Ejército del poder. De hecho, ellos echaron algunas veces el Ejército
de la aldea. Por lo tanto, se creían más y más fuertes, y pensaron que
por su sabiduría podrían embrujar al Ejército y que incluso tenían el
secreto de bajar aviones y parar las armas”.
1235
3497.
El grupo chuj-q’anjob’al fue percibido no solamente como rebelde
o distinto al grupo ladino, sino también antagónico a la autoridad y espe-
cialmente capaz de organizarse para conseguir sus intereses. Los habitantes
del altiplano de Huehuetenango constituyeron uno de los grupos más im-
portantes en la colonización del Ixcán.
3498.
Una de las áreas más golpeadas de Quiché fue el municipio de Ix-
cán y dentro de Ixcán, el área de la cooperativa Ixcán Grande, colonizada
en su mayoría por habitantes chuj y q’anjob’al, donde se sufrieron masa-
cres y acciones de tierra arrasada. Ixcán fue uno de los lugares más golpea-
dos por la guerra. El Estado invirtió muchos recursos en su control em-
prendiendo distintos proyectos de colonización y control de la población,
abriendo la franja transversal del norte que no pasó del río Xalbal, límite
de la cooperativa Ixcán Grande, colonizando el extremo norte de Ixcán en
proyectos conjuntos del INTA y la Agencia Internacional para el Desarro-
llo de los Estados Unidos (AID). Sin embargo, el área de la cooperativa Ix-
cán Grande tuvo su propio desarrollo, con bastante recelo del Estado y sus
instituciones. Por su parte, la guerrilla del EGP inicialmente se instaló en
Ixcán, cerca de la cooperativa Ixcán Grande, marcando aún más la descon-
fianza del Estado de Guatemala sobre los cooperativistas. Probablemente
junto con el área ixil y el área norte de Huehuetenango, constituyeron tres
de los puntos más estigmatizados por el Ejército como áreas de enemigos.
396
1234 Testimonio colectivo CEH, de los miembros de la corporación municipal de San Miguel Aca-
tán, Huehuetenango. (T.C. 352). Se incluye dentro de la región la Aldea de Coyá, de San Mi-
guel Acatán porque Coyá y Chimbam son el Centro de la Cultura Maya de Huehuetenango. En
este sentido, testigo (miembro del EGP) CEH. (T.C. 154).
1235 Testimonio colectivo CEH, de los Miembros de la Corporación Municipal de San Miguel Aca-
tán, Huehuetenango. (T.C. 352).
3499.
Durante el enfrentamiento armado, el pueblo chuj defendió de
muy diversas formas sus intereses económicos y culturales: un hecho ejem-
plar fue la lucha en 1981 de los mateanos por la preservación de sus bos-
ques. Desde el año 1977 la municipalidad de San Mateo Ixtatán había fir-
mado un contrato con la empresa Cuchumadera para el “saneamiento, re-
forestación, mantenimiento y explotación de los bosques, basados en la urgente
necesidad de aprovechar y mantener los recursos naturales atacados por el gor-
gojo del pino”.
1236
Al enterarse del trato entre la Municipalidad y la empresa,
los mateanos obligaron a las autoridades a realizar un cabildo abierto y expli-
car las características del compromiso”.
1237
“Cada uno de los miembros de la corporación municipal dio su infor-
mación, evidenciándose contradicciones que condujeron a que en esa
misma sesión renunciara el alcalde”.
1238
3500.
Pese a las amenazas que recibieron algunos vecinos de San Mateo,
éstos organizaron un comité local para defender el bosque, iniciando una
demanda legal contra la empresa. Como consecuencia, el proceso de ex-
tracción del bosque quedó detenido.
3501.
Estos antecedentes influyeron para que, en la década de los ochen-
ta, el Ejército llegara a considerar a los pueblos maya-chuj y maya q’anjo-
b’al como enemigos internos.
3502.
La Inteligencia militar afirmaba que la población indígena de Hue-
huetenango era “muy difícil de penetrar”, considerando a la población ladi-
na como “más favorable por haber demostrado su apoyo al Ejército y haber ex-
presado su deseo porque se erradiquen las bandas de facciosos”.
1239
3503.
La percepción de los indígenas del norte de Huehuetenango como
enemigos especialmente peligrosos se confirma mediante las afirmaciones
de la Inteligencia Militar en el sentido que la población indígena había si-
do transformada: “Población transformada por la subversión en su forma de
pensar, sentir y actuar”.
1240
“Nuestras unidades han encontrado gran dificultad
en penetrar a la población siendo sumamente difícil hallar el medio comuni-
cativo entre nuestra gente y el oriundo del lugar por razones de lenguas, origen
y de costumbre que anteponen una barrera infranqueable ante nuestras mues-
tras de acercamiento”.
1241
397
1236 Beatriz Manz; Guatemala, cambios en la comunidad, desplazamiento y repatriación, ob. cit. pgs.
108-146.
1237 César Castañeda Salguero; Lucha por la tierra retornados y medioambiente, FLACSO, Guate-
mala, 1988, pg. 106.
1238 Ibid., pg. 107.
1239 Ejército de Guatemala, Resumen de Inteligencia al plan de operaciones, Gran Ofensiva del área mi-
litar de Huehuetenango, Anexo B, 1981.
1240 Ibid.
1241 Ibid. El mismo plan de Inteligencia señala que “nuestras unidades han encontrado grandes dificul-
tades para penetrar”.
3504.
Los señalamientos sobre el origen, la lengua y la costumbre cons-
tituyen en sí mismos la configuración de un grupo étnico.
1242
Lo que el
Ejército señalaba como “origen” es asociable a lo histórico que, en el caso
de los grupos indígenas mayas, se asocia a una cultura oprimida y trunca-
da por el Estado, y que por lo tanto es capaz de levantarse en “cualquier
momento”. La “lengua” como el elemento identitario de cohesión, la per-
cepción del “nosotros”, y la “costumbre” como una determinada forma de vi-
da que identifica a un grupo. En este sentido, la Inteligencia militar iden-
tificaba definía claramente a este grupo como un grupo étnico inaccesible
y con el cual tenía una barrera infranqueable, paso necesario de su identi-
ficación como enemigo.
3505.
En la definición del enemigo, la Inteligencia militar fue aún más
contundente, dividiendo la situación en dos escenarios: uno, las áreas ha-
bitadas por indígenas: “siendo aún más grave el problema donde el porcenta-
je de indígenas es más elevado y quienes abiertamente han puesto de manifies-
to su aversión hacia el Ejército”.
1243
Otro, las áreas habitadas por ladinos, afir-
mando que “la situación es un poco más favorable donde habitan ladinos,
quienes han manifestado su apoyo al Ejército”.
1244
3506.
La CEH registró datos de que la guerrilla habría despertado sim-
patías en algunas comunidades del norte de Huehuetenango, especialmen-
te, porque proponía reivindicaciones sobre carencias históricas, como la
tierra o la extrema pobreza:
“Nos gustó bastante el mensaje de los guerrilleros pues ellos eran bue-
nos políticos. Nos explicaron que en Guatemala sólo los ricos tienen
terreno, mientras que son los pobres los que trabajan la tierra … va-
mos a quitar la tierra a los ricos y repartirla entre los pobres, nos di-
jeron”.
1245
3507.
Sin embargo, la Inteligencia militar asociaba la capacidad de pene-
tración de la guerrilla con la “credulidad del pueblo indígena”:
398
1242 Según el Concepto de Plataforma Connatural, de Carlos Cabarruz, el grupo étnico estaría cons-
tituido por tres elementos: la lengua, la raza y la historia. La lengua es una condición posibili-
tante del grupo étnico; la comunidad de lengua constituye en cierta medida la unidad étnica. La
raza no se toma en cuenta mediante el sentido estricto de la antropología física, sino como la ex-
presión propia del indígena, permitiendo inferir una relación casi de parentesco entre lo “nues-
tro”, “nuestra gente” entre los miembros de un municipio, identificándose más que por los ras-
gos, por ciertas posturas que constituyen un todo endógeno. Asimismo, este modo espontáneo
de la idea de raza o de los de nuestra sangre, constituye una base para la construcción de lo sus-
tantivo de un grupo étnico; y por último la historia que, en el caso guatemalteco, responde a una
cultura indígena, golpeada, muchas veces truncadas pero que en sí misma configura parte de su
identidad. Carlos Cabarruz, Cosmovisión Q’eqchi’, San Salvador, UCA, 1979, pg. 57.
1243 Ejército de Guatemala, Resumen de Inteligencia al plan de operaciones Gran Ofensiva del área mi-
litar de Huehuetenango, Anexo B, 1981.
1244 Ibid.
1245 CI 84. Julio 1981. Coyá, San Miguel Acatán, Huehuetenango.
“Ideológicamente están siendo instruidos constantemente y para ello
cuentan con personal idóneo … que han llegado a efectuar un cam-
bio radical en el modo de pensar y sentir de la población indígena bo-
rrándoles de la mente el concepto de lo que es la patria, la familia y
sus tradiciones, y machacándoles constantemente su situación de ex-
plotados por los ricos … explotando insatisfacciones reales o figuradas
y toda su doctrina la dirigen a la conciencia y moral del hombre”.
1246
3508.
Desestimadas las causas históricas, el problema agrario y la pobre-
za extrema, la Inteligencia militar afirmaba que el incremento de las movi-
lizaciones de la guerrilla se debía a lo “manipulable” de la población indí-
gena y no a las propuestas históricas, concibiéndola como “masa” capaz de
rebelarse como grupo. Así, para el Ejército el grupo guerrillero era de tal
magnitud, que contaba con un total de 20,111 efectivos en el área de Hue-
huetenango.
1247
3509.
Esta afirmación contrasta con el reconocimiento del EGP, especí-
ficamente por parte de ex combatientes del Frente Ernesto Che Guevara,
que afirmaban no contar con más de 52 hombres armados
1248
en su mo-
mento de mayor despliegue.
3510.
La capacidad operativa de los contendientes debe medirse por la
intensidad de los combates, como lo señalan las normas internacionales
que regulan los conflictos armados.
1249
En este sentido, la CEH solamente
registró dos casos en el área norte de Huehuetenango, en los que los po-
bladores de las comunidades atacadas intentaron defenderse con palos,
machetes y piedras. En ambos casos los ataques terminaron con una ma-
sacre de los pobladores y no hay indicios de bajas por parte del Ejército.
3511.
Al identificar a la población maya del norte de Huehuetenango co-
mo el enemigo interno, el Ejército perpetró distintas violaciones de los de-
rechos humanos. A partir de los antecedentes registrados por la CEH, y
considerando la frecuencia de los casos de represión selectiva y la ruta tra-
zada por los tres operativos militares más violentos, en los que se conoce
fueron atacados los “fundamentos del grupo”,
1250
la investigación se circuns-
cribió a un área que presentaba indicios razonables de que se habrían per-
petrado actos genocidas.
3512.
Esta área está comprendida por el norte del municipio de Nentón,
el norte del municipio de Barillas y el municipio de San Mateo Ixtatán en
399
1246 Ejército de Guatemala, Resumen de Inteligencia al plan de operaciones Gran Ofensiva de la zo-
na militar de Huehuetenango, anexo B, 1981.
1247 Ibid.
1248 Entrevista Colectiva CEH, con el EGP.
1249 Instituto Nacional de Derecho Humanitario, Declaración sobre las Normas del Derecho Inter-
nacional Humanitario Relativas a la Conducción de Hostilidades en los Conflictos Armados no
Internacionales, Revista Internacional de la Cruz Roja, Septiembre de 1990, No. 101, pg. 434.
1250 Según los criterios de la Convención contra el Genocidio.
su totalidad. Tiene una extensión de 180 kilómetros
2
aproximadamente.
Para 1982 tenía una población de alrededor de 64,679 personas.
1251
En la
misma área, según los registros de la CEH confrontados con los de REM-
HI, en un período de 83 días, entre el 2 de junio y el 25 de agosto de 1982,
se realizaron 15 masacres. Murieron 2,636 personas entre niños, mujeres y
hombres. Siete de estas masacres fueron totales, con violaciones sexuales a
todas las mujeres y la ejecución de todos los niños.
3513.
Además se registraron desapariciones de personas y fueron destrui-
das 15 aldeas, incluyendo los cultivos y bienes indispensables para la su-
pervivencia de la población civil.
1252
Toda esta violencia estuvo precedida de
innumerables actos de represión, de los cuales se incluyen en este análisis
los que corresponden a 1980, 1981, 1982 y 1983. El Ejército claramente
delimitó área enemiga, como lo afirma un alto mando militar:
“El concepto de las Fuerzas de Tareas era que de los Cuchumatanes
para el norte, todos eran enemigos”.
1253
Los hechos
3514.
La violencia política se produjo en tres etapas. La primera se carac-
terizó por la represión selectiva, dirigida fundamentalmente contra líderes
comunales, miembros de la Iglesia Católica y alcaldes auxiliares. Este tipo
de violencia fue aplicada desde los años setenta. La segunda etapa, de 1981
a 1983, tenía como propósito la destrucción de las comunidades y la “eli-
minación de su población”, por lo cual fue de carácter masivo y generaliza-
do. La tercera etapa, a partir de 1983, nuevamente adquirió un carácter se-
lectivo pero se particularizó por la persecución en el desplazamiento, con-
trol de población, reorganización social y política, “reeducación” o campa-
ñas psicológicas para “reencontrar” a la población.
Matanza de líderes
3515.
Durante 1980-1983 la represión se dirigió fundamentalmente ha-
cia la población civil no combatiente. Sin embargo, es posible delimitar al-
gunas categorías de víctima, según su participación en la estructura social.
Los promotores sociales, los miembros de las cooperativas, los alcaldes au-
xiliares y las autoridades tradicionales mayas fueron los grupos más golpea-
dos. La eliminación de los promotores sociales aumentó la vulnerabilidad
400
1251 El cálculo es el resultado del promedio de la densidad poblacional de los dos municipios, apli-
cándola a la cantidad de kilómetros
2
del área, lo que da un promedio de habitantes en la región,
aunque no da su localización más precisa.
1252 Según el Artículo 14 del Protocolo II Adicional de 1977 a los convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949 relativos a las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, 8 de
junio de 1977.
1253 Testigo (militar en situación de retiro) CEH. (T.C. 92).
de las comunidades, preparando la etapa de aniquilación. Hubo múltiples
casos de desaparición y detención con posterior asesinato. Todas estas ac-
ciones estuvieron marcadas por el uso desproporcionado de la fuerza, ex-
trema crueldad, ensañamiento con las víctimas.
3516.
Es posible identificar dos focos de violencia contra líderes comuni-
tarios: el área de la finca Chaculá y el área de Barillas. El modus operandi
común a la mayoría de los casos fue: proceder a la detención mediante un
señalamiento público o anónimo, trasladar a los detenidos a destacamen-
tos cercanos, donde finalmente fueron torturados, asesinados o desapare-
cidos, impidiendo el entierro de las víctimas.
3517.
En el área de Chaculá, ubicada entre la cabecera municipal de
Nentón y las aldeas del extremo norte, San Francisco, Yalambojoch y
Campamento, se registraron los siguientes hechos: En noviembre de 1980,
miembros de la Policía Militar Ambulante (PMA) capturaron a cuatro
campesinos en el camino que va del pueblo de Nentón a Chaculá, los ama-
rraron poniéndoles granadas en los cuerpos y haciéndolas estallar; no per-
mitieron que se enterraran los restos de las víctimas.
1254
Según los relatos,
posiblemente se trataba de líderes comunitarios de las aldeas cercanas que
se dirigían a la municipalidad de Nentón, a denunciar abusos del propie-
tario de la finca Chaculá.
3518.
Un profesor maya de el área de Nentón fue asesinado por el Ejér-
cito el 24 de agosto de 1982;
1255
probablemente fue destruida su casa y su
familia tuvo que desplazarse. En diferentes relatos se mencionan casos de
asesinatos de maestros en el área: al final del año 81 y durante todo el año
82 fue paralizado el sistema educativo, tanto por estos asesinatos como por
las amenazas contra los maestros.
3519.
También los líderes religiosos fueron víctimas de la represión, en-
tre ellos especialmente los de la Iglesia Católica. Varios catequistas fueron
asesinados.
1256
El 18 de julio de 1982 fue asesinado un catequista de Nen-
tón; soldados vestidos de “pinto”, probablemente del destacamento de
Nentón, lo capturaron, torturaron, metiendo estacas en su cuerpo hasta
matarlo. Expusieron el cadáver públicamente y prohibieron el entierro.
1257
3520.
En el área del norte de Huehuetenango la selectividad de la violen-
cia trazó una espiral. En un inicio golpeaba a un sector de la población de-
finido únicamente por las sospechas de simpatizar, pertenecer o militar en
la guerrilla o grupos opositores al régimen. Luego fue concentrándose a
partir del cierre de la estratificación social
1258
del enemigo, agregando el ori-
401
1254 C 5733. Noviembre, 1980. Nentón, Huehuetenango.
1255 C 5033. Agosto, 1982. Nentón, Huehuetenango.
1256 Consultar cuadro sobre matanza de líderes.
1257 C 5717. Julio, 1982. Nentón, Huehuetenango.
1258 Según Anthony Giddens, estratificación social es “la existencia entre los grupos de una sociedad
de Desigualdades estructuradas en términos de acceso a recompensas materiales o simbólicas o
a cualquier otro privilegio que afecte sus posibilidades de sobrevivir tanto materiales como sim-
bólicas”. Anthony Giddens, Sociología, Alianza Editorial S.A., pg. 780.
gen socioeconómico, la condición de población rural o urbana, la edad y
la pertenencia étnica. Aquí, la porción de población afectada fue cada vez
más amplia, sobrepasando el concepto de militancia o pertenencia a la gue-
rrilla; la espiral llego a su centro, cuando la identificación del enemigo fue
sólo determinada por el origen étnico:
“Aquí sí, en la Guardia de Honor, estuvimos allí después de que este
señor Ríos Montt quitó a Maldonado Shaadd y a Gordillo, y se que-
dó él solo de Jefe de Estado, una vez llegó a hablarnos … dijo que no-
sotros teníamos la obligación de salvar a la patria, que teníamos que
terminar con los guerrilleros y que no nos temblara la mano cuando
hubiera que matar, porque eran órdenes … que no tuviéramos lásti-
ma porque la gente se miraban así sencillos, pero que todos eran gue-
rrilleros y que había que matarlos pues”.
1259
3521.
En un documento oficial, el Ejército hace un muy preciso análi-
sis de los factores de carácter social,económico, político y militar que le
llevaron a considerar como enemigo a un grupo identificable por su con-
dición étnica:
“El trabajo de su MPM (Mando Político Militar de la guerrilla) po-
co a poco ha ido penetrando en diferentes estratos sociales de estas re-
giones, logrando tener cada día más simpatizantes, colaboradores y al-
zados, esta labor de adoctrinamiento ideológico está siendo impulsa-
da a través de propaganda impresa y contacto directo sobre la pobla-
ción indígena, a la que convencen explotando al máximo los factores
socioeconómico y político”.
1260
3522.
En este punto del conflicto, la lógica de la violencia se centró con-
tra los fundamentos del grupo. En 1980 fueron decapitadas públicamente
un alcalde rezador, Mamín, junto a otras cuatro personas.
“El 19 de julio de 1981, los soldados del Ejército mataron a mi papá
en Chimban, mi padre era rezador de la costumbre maya, tenía 80
años y ya estaba viviendo en Chimban durante dos años. Unos 150
soldados llegaron a Chimban, venían de Soloma y Jacaltenango. Unos
cuarenta soldados llegaron a la casa de mi papá, llevaban un hombre
encapuchado, entonces los soldados sacaron a mi papá de la casa. Yo
seguí los soldados hasta el lugar donde lo mataron, primero lo interro-
402
1259 Testigo REMHI 153, ex soldado participante en la política de tierra arrasada.
1260 Ejército de Guatemala, Resumen de Inteligencia al plan de operaciones Gran Ofensiva de la zona
militar de Huehuetenango, anexo B, 1981.
garon, dijeron que era cierto que fuera guerrillero. Entonces empeza-
ron a tirarle piedras, las cuales hirieron su cabeza, después lo mache-
tearon hasta que murió. Le cortaron un brazo y los soldados llevaron
el brazo en todas las aldeas de los alrededores para enseñar a la gente
qué es lo que pasa con los “subversivos”.
1261
3523.
En las condiciones que se dieron en el conflicto armado guatemal-
teco, una persona con 80 años de edad, como el caso del rezador maya an-
teriormente mencionado, salía de todo parámetro de combatiente. Por lo
tanto, los objetivos de su asesinato estaban vinculados a sus posibilidades
de integrar, dirigir o respaldar al grupo. Además, los actos que siguen al he-
cho, mutilar su cuerpo y llevar el brazo, mostrándolo por todas las comu-
nidades cercanas, solamente pueden asociarse a una “operación psicológica”
que pretendía la destrucción del símbolo y por tanto del grupo.
3524.
Este procedimiento marcó el inicio de actos de profundo ensaña-
miento como el ocurrido en la aldea Ojo de Agua, cercana a la finca Cha-
culá, en el cual después de la tortura, los capturados fueron fusilados y pos-
teriormente los cadáveres fueron pateados, impidiéndose los entierros.
1262
Nuevamente se trataba de personas que se oponían a los abusos del pro-
pietario de la finca. La CEH ha registrado un total de 46 casos de asesina-
tos que se dieron en el área.
1263
3525.
El segundo foco de violencia contra los líderes comunitarios fue el
área sur del municipio de Barillas. En agosto de 1981, un grupo de más de
150 personas, entre soldados y patrulleros, llegaron a Babeltzap, captura-
ron a once personas, llevándoles a otro destacamento cercano, ahí los fusi-
laron y posteriormente los patrulleros fueron obligados a destrozar los
cuerpos. Los testimonios afirman que estas personas eran acusadas de per-
tenecer a la guerrilla, aunque dos de los tres declarantes confirmaron que
las víctimas no pertenecían a la guerrilla, sino más bien, habrían sido ase-
sinados por su condición de líderes de Babeltzap, una comunidad hostiga-
da constantemente por el Ejército.
1264
Masacres y tierra arrasada
“La casa en que mataron a las mujeres era una casa vieja con muchas
cosas adentro. Hubo trigo en el tapanco … entonces es como el zaca-
te y la casa agarró fuego rapidito. El fuego mató a las mujeres y niños
y niñas y los ancianos. Cuando tiraron la bomba estalló y ardió toda
la casa. Ahí sí agarró el fuego. Se escuchó los gritos de las mujeres tam-
403
1261 C 6096. Julio, 1981. San Miguel Acatán, Huehuetenango.
1262 C 5246. Febrero, 1981. Nentón, Huehuetenango.
1263 Base de datos de la CEH.
1264 C 5461. Junio, 1981. Barillas, Huehuetenango.
bién después de que se tiró la bomba. Solo un ratito como un minu-
to se escuchó los gritos de las mujeres. Se escuchó los gritos de los niños.
Estaban bastantes niños. Seguro que quemaron vivos a ellos, las mu-
jeres y niños”.
1265
3526.
En el área delimitada (área chuj q’anjob’al del norte de Huehute-
nango), la CEH registró 19 masacres entre 1981 y 1982, el 80% de las
cuales se registraron entre los meses de junio, julio y agosto de 1982. Apro-
ximadamente, de 2636 víctimas ejecutadas en tres operaciones militares.
1266
Los recorridos de 1981
3527.
El 31 de mayo de 1981 el Ejército entró en la cabecera municipal
de San Mateo Ixtatán, masacrando a 35 personas:
“El Ejército ingresó a la cabecera municipal de San Mateo, desde Ba-
rillas. Se bajaron de vehículos arriba del pueblo en el cantón de Yol-
tán y desde allí entró iluminando las primeras casas del pueblo, ame-
trallando a hombres mujeres y niños, llegando a masacrar a 35 perso-
nas. También mataron al tesorero municipal y robaron el dinero de
la alcaldía, dejando pintadas las letras “EGP BURROS”. Al día si-
guiente los mismos militares volvieron a la cabecera municipal para
investigar los hechos, que quedaron registrados en el libro municipal
de defunciones”.
1267
3528.
El mismo día, antes del amanecer, el Ejército entró en Yoltán, ase-
sinando a 49 personas entre ancianos, mujeres, niños y hombres. Usaron
machetes, ametralladoras y bombardearon parte de la comunidad.
1268
El 27
de junio, otro grupo de soldados entró en San Carlos las Brisas, donde
acribillaron a diez personas; posteriormente al asesinato desmembraron los
cuerpos frente a toda la comunidad.
1269
3529.
El 19 de julio de 1981 unos 300 soldados de Jacaltenango, acom-
pañados de la fuerza aérea, ingresaron a Coya, abatieron a la población con
ametralladoras y bombardeos; aparentemente, la población intentó defen-
derse con machetes y palos. Nuevamente, el 28 de septiembre, el Ejército
entró en Coya matando a varias personas con cuchillo y balas, y masacran-
do a 19 personas en la mina El Rosario.
1270
404
1265 C 6031. Julio, 1982. Barillas, Huehuetenango.
1266 Base de datos de la CEH.
1267 C 6022. Julio, 1982. San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
1268 C 6022. Julio, 1982. San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
1269 CI 83. Masacre de pobladores mayas de Babeltzap en San Carlos las Brisas, junio 1982.
1270 CI 84. Bombardeo y Masacre en Coyá, San Miguel Acatán julio 1981.
Los recorridos de 1982
3530.
En junio de 1982 se empezaron a acantonar un gran número de
tropas por distintos puntos, posiblemente se trató de refuerzos a los desta-
camentos de Nentón, Barillas, Ixquisis y Jacaltenago. Según el REMHI
unos 3,000 soldados habrían llegado a Huehuetenango a mediados de ju-
nio de 1982.
1271
Fue posibleidentificar tres operativos militares en donde se
cometieron la mayor parte de actos de violencia indiscriminada.
3531.
A finales de junio una patrulla de reconocimiento rastreó el área
desde Nentón hasta San Miguel Acatán. Al mismo tiempo, tropas prove-
nientes de Nentón realizaron un recorrido en el área norte de San Mateo
Ixtatán, pasando por la aldea Yulaurel, para luego bajar hasta las aldeas de
Patacal, Octé y Bulej. Nótese que los soldados no causaron mayor daño en
estos recorridos. La realización de estas operaciones de rastreo permite con-
cluir sobre el nivel de planificación de las posteriores acciones del Ejército.
3532.
Sin duda alguna se trataba de una patrulla de reconocimiento que
había sido enviada con el propósito de obtener información, que posterior-
mente fue suministrada a Inteligencia militar, para la preparación de las
operaciones militares realizadas posteriormente.
3533.
Los hechos confirman esta afirmación, puesto que el 26 de junio
inician los tres operativos más violentos que se ha registrado en el área. El
fin último de estos hechos trasciende a la eliminación física de las personas
individuales en su posible condición de enemigo o combatientes armados.
Se intenta destruir al grupo, matando a hombres mujeres y a los niños, vio-
lando a las mujeres y matándolas posteriormente. La mayor parte de recur-
sos, tiempo, equipo y hombres fueron usados para impedir el desplaza-
miento de las víctimas y para agravar el dolor antes de su muerte. Además,
al forzar a los civiles a colaborar en estos actos se pretendía responsabilizar-
los y provocar una obligatoriedad de la culpa que rompía la estructura so-
cial de las comunidades.
3534.
EL 26 de junio, soldados provenientes de Barillas, hicieron un re-
corrido a lo largo de un camino que comunica Barillas con Santa Eulalia:
las aldeas de esta zona habían sido abandonadas probablemente porque ha-
bían corrido noticias de la llegada del Ejército, aunque se conoce de la ma-
sacre de una familia en la aldea Balli, donde también todas las casas fueron
quemadas.
“Los mismos soldados que masacraron en Balli se trasladaron a Qui-
kil donde mataron alrededor de 50 personas … Al amanecer de un
día de 1982 (28 de julio de 1982) unos 60 soldados ya estuvieron en
405
1271 REMHI; Informe las masacres en Huehuetenango, pg. 12.
la comunidad; la matanza empezó como a las diez de la mañana,
aproximadamente fueron (muertas) 50 personas, muchos de mis fa-
miliares”.
1272
3535.
Los soldados avanzaron hacia la aldea Puente Alto que el 4 o 6 de
julio fue masacrada. La masacre de la aldea Puente Alto es un caso repre-
sentativo de la intención de destruir al grupo en su totalidad. Los relatos
permiten comprender que en esta masacre se usaron todos los medios po-
sibles para cercar a los habitantes de la aldea, torturarlos y asesinarlos, de-
jando un caudal de 350 víctimas. Según los relatos, un día antes de la ma-
sacre el Ejército convocó a los aldeanos de Ballí y Puente Alto. Los testi-
gos confirmaron que antes de la masacre la aldea contaba con unos 600
habitantes, actualmente solamente 30 de sus habitantes son originarios de
la aldea.
“El 6 de julio llegó el Ejército a la parte de arriba de Puente Alto y
avisó que el día siguiente había reunión a las ocho de la mañana, que
llegaran hombres, mujeres y niños. Por ser niño entre con mi mamá a
la iglesia, que fue donde se reunieron las mujeres. Sacaron a las mu-
jeres de menos de 17 años y las violaron. Después dijo un hombre que
tenía la cara tapada, ‘les damos tres minutos para que miren lo ya no
van a volver a ver’, luego dijo: ‘Esta leña va a servir para hacerlas chi-
charrón’, todas gritaban, después dijo: queda sólo un minuto, y empe-
zaron a ametrallar. Luego echaron gasolina y nos prendieron fuego.
Cuando desperté un niño que se quemaba, gritaba, no sé cómo logré
salir corriendo. Corrí por el monte y me entregué a un destacamento
para decirles que yo no era guerrillero”.
1273
3536.
Del 12 al 17 de julio de 1982 los soldados volvieron por el área
norte de San Miguel Acatán, pero esta vez masacrando las comunidades de
Sebep (30 a 40 víctimas).
“Cuando habían juntado a todos los hombres apareció un hombre en-
mascarado. Obligaron a los hombres a ponerse en filas. Luego ese
hombre pasó entre las filas señalando a varios hombres de la comuni-
dad. Así sacaron unos 30 hombres. Luego, los soldados escogieron unos
30 patrulleros y les enseñaron cómo matar sus vecinos. El teniente di-
jo, si no quieren matar los vamos a matar a ustedes. Así fue que a al-
gunos les quitaron la cabeza y a otros, otras partes del cuerpo”.
1274
406
1272 C 6187. Junio, 1982. Barillas, Huehuetenango.
1273 C 6031. Julio, 1982. Barillas, Huehuetenango.
1274 C 6075. Julio, 1982. San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
3537.
Los soldados siguieron hasta Yolultac donde se reportaron nueve
víctimas. Probablemente en Yocultac las tropas se dividieron en dos pelo-
tones. Uno se dirigió hacia Bulej, luego a Campamento, Yalambojoch y
San Francisco, donde recibieron refuerzos, un helicóptero y el acompaña-
miento de un capitán y cuatro oficiales.
1275
En San Francisco masacraron a
350 personas, aproximadamente:
Pasaron casa por casa haciendo salir a todos los habitantes, “…después
agruparon a las mujeres y niños en la iglesia, y a los hombres y ancianos en la
alcaldía auxiliar. Luego pidieron que se les entregaran unos bueyes, pidiendo
que se aseguran que fueran de los campesinos y no del patrón. Aseguraron que
iban a tener una fiesta. Como a las dos de la tarde empezaron a sacar a las
mujeres en grupos de diez y 20, algunas escaparon hacia sus casas donde fue-
ron violadas y quemadas vivas junto a las casas. A los niños los empezaron a
sacar por grupos matándolos a golpes. A los ancianos los torturaron acostándo-
los en el piso y pasándoles un machete por el cuello varias veces hasta que los
degollaron. A los hombres los desnudaron, los fueron sacando y los mataron.
Aparentemente al finalizar la masacre asaron la carne de los bueyes y se la co-
mieron, quemaron la aldea antes de retirarse”.
1276
3538.
Después de cometer la masacre de San Francisco los soldados vol-
vieron, dirigiéndose hacia el sur, llevándose como prisionero al administra-
dor de la finca San Francisco. En Yalambojoch se quedaron cuatro días,
forzaron a la gente a participar en varias reuniones para organizar la patru-
lla. Al siguiente día hicieron un hoyo y metieron bombas, haciéndolas es-
tallar, muchas mujeres huyeron. Unos 200 soldados se dirigieron rumbo a
Yaltoya y encontraron a las mujeres a quienes violaron y mataron.
1277
3539.
Aparentemente el otro grupo de soldados tenía órdenes de opera-
ción similares, pero con un segundo rumbo, las comunidades de Petanac
y Sebep, donde nuevamente perpetraron masacres indiscriminadas:
“Los soldados rodearon a casi todas las casas (probablemente urbana)
aprovecharon que la gente ya estaba reunida en el centro, llevaron a
los hombres a una casa, les amarraron las manos por atrás y con una
cuerda los dejaron unidos como una cadena, luego hicieron un círcu-
lo alrededor de la casa, los fueron haciendo entrar uno a uno, matán-
dolos al entrar. A las mujeres las encerraron con los niños y dos ancia-
nos en otra casa, metieron una bomba en la casa y las quemaron vi-
vas. Una intentó escapar de la gran llama, la balearon y le sacaron el
corazón, yo vi algo amarillo en su pecho, sacaba mucha sangre, yo es-
tuve como cuatro o seis metros”.
1278
407
1275 CI 18. Julio, 1982. Nentón, Huehuetenango.
1276 Ibid.
1277 C 6085, Yaltoyat, Huehuetenango, Julio de 1982.
1278 C 6074. Julio, 1982. San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
3540.
El 22 de junio o julio de 1982 aterrizaron cuatro helicópteros en
la aldea Sacchén, llevando aproximadamente cincuenta soldados. Recorrie-
ron un camino que baja desde la frontera norte de Guatemala-México,
hasta la finca Sacchen, pasaron por las aldeas de Xoxlac y Momonlac, ma-
tando a 80 personas, en su mayoría gente que encontraron en los caminos.
Finalmente llegaron a la aldea Nucá
1279
y Cananá,
1280
donde masacraron a
14 personas. Según los testimonios recogidos por la CEH, las aldeas de
Xoxlac, Yalanhuitz y Sacchén quedaron abandonadas y fueron arrasadas
posteriormente por soldados y patrulleros civiles de Pojom, San Mateo Ix-
tatán.
Desplazamiento forzado
3541.
Una gran mayoría de las comunidades de la región sufrieron el des-
plazamiento forzado, que fue temporal, de cuatro a seis semanas en algu-
nos casos y mucho más prolongado, hasta doce años, en otros casos.
3542.
Hasta 1983 oficialmente se registraba un total de 43 mil refugia-
dos, de los cuales el 53.48% eran de Huehuetenango. Los refugiados de el
área norte de Huehuetenango se distribuyeron así: 21% de la población re-
fugiada en Chiapas, 4,830 personas aproximadamente. En el área de los
bosques de Independencia y Trinitaria se ubicaron otros 9,807 refugiados,
de los cuales 46.5% eran q’anjob’ales, y el 34.4% eran chuj. Finalmente,
en la selva de las Margaritas se ubicaron 8,363 refugiados, de los cuales el
95% eran q’anjob’ales y el 4.5% eran mam.
3543.
Después de las masacres la población no tenía opción, podía entre-
garse al Ejército, con el riesgo de morir o de perder a muchos miembros
de la familia. También intentaron sobrevivir en la montaña, pero las con-
diciones eran muy duras. Probablemente la militarización que siguió a la
etapa de gran represión impidió que la población considerara esta posibi-
lidad.
“Vivimos tres meses en la montaña, éramos 150 personas viviendo
atrás de la comunidad de Morelia. Era difícil la vida, tuvimos mu-
chas ganas de llorar. Hay gente que murió, que no aguantó las condi-
ciones difíciles, viviendo bajo la lluvia”.
1281
3544.
El proceso de refugio significó la continuación de la violencia pa-
ra muchos refugiados. Según los testimonios recogidos por la CEH, algu-
nas comunidades que retornaron por el proceso de repatriación sufrieron
diferentes vejámenes, entre torturas, privación de la libertad. Además, fue-
408
1279 C 6023. Mayo, 1981. San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
1280 C 6126. Junio, 1982. Barillas, Huehuetenango.
1281 Testigo (catequista y animador de la fe q’anjob’al) CEH. (T.C. 6017).
ron obligados a negar su identidad cultural, así como obligados a dividir-
se en pequeños grupos y asentarse en áreas bajo control militar y lejanas de
sus lugares de origen.
3545.
El Ejército de Guatemala persiguió a la gente que huía. Por ejem-
plo, la comunidad de Babeletzap fue víctima de un constante hostiga-
miento. La aldea fue quemada en dos ocasiones, además de haber sufrido
una masacre que finalmente provocó el desplazamiento de sus habitantes
hacia la aldea San Felipe. Posteriormente, mediante anuncios de radio, el
Ejército obligó a los habitantes de la aldea San Felipe a expulsar a los de
Babeltzap.
1282
3546.
Solamente durante el año 1983 se registraron 52 incursiones del
Ejército en los campamentos de refugiados en Chiapas, México.
“Los helicópteros sobrevolaron varias veces el camino de vereda y
cuando esto pasaba todos se tenían que esconder entre los árboles, de
noche se tenía que dormir dentro de la montaña, ya que se sabía que
el Ejército los perseguía”.
1283
3547.
Los niños, especialmente, bebés, y los ancianos fueron los grupos
más afectados durante el desplazamiento:
“Ahí quedamos debajo de la selva, sufriendo susto, hambre, sed y frío.
Muchos murieron ahí, sobre todo los pobres bebés no aguantaban”.
1284
3548.
Finalmente, el Ejército creó un cerco que evitó el retorno de la po-
blación mediante las siguientes acciones:
● Instalando unidades de avanzada que constituían una primera barre-
ra que impedía toda posibilidad de retorno sin el conocimiento de
las fuerzas armadas.
● Algunas de las comunidades fueron repobladas con desplazados que
venían del sur del departamento, y a quienes se les impuso la condi-
ción de organizarse en las patrullas de autodefensa para la entrega de
tierras abandonadas, lo que constituyó una tercera barrera.
● Además, los refugiados fueron estigmatizados como parte del enemi-
go, mediante campañas de propaganda que el Ejército desarrolló en
la áreas abandonadas, creando una tercera barrera.
409
1282 C 6274. Julio, 1981. Barrillas, Huehuetenango.
1283 Testigo (relato de testigo q’anjob’al, de Xoxlac, comunidad desplazada de Huehuetenango)
CEH. (T.C. 6017-16).
1284 Ibid., continuación de los relatos sobre el desplazamiento, testigo q’anjob’al de Xoxlac, Huehue-
tenango.
Los programas de resentamiento militarizado.
3549.
El 6 de septiembre de 1984 el primer grupo de 28 familias de la
colonia Pacayal o las Pacayas, se repatrió a Xoxlac, Barillas; fue enviado di-
rectamente al área Militar No.19 de Huehuetenango. Ahí fueron golpea-
dos repetidas veces. Finalmente el 29 de septiembre fueron enviados a
Xoxlac. Este proceso se dio en similares condiciones por lo menos en las
siguientes comunidades: Puente Quemado, Campamento Salamay y El
Aguacate.
Actos en contra de los fundamentos del grupo:
“La gente decía, ojalá nunca nos hubiéramos superado, las mujeres
contaban que les escupían en la cara los soldados, las acusaban de gue-
rrilleras cuando se atrevían a defender a sus maridos, cuando los mi-
raban a los ojos a los soldados, es la cuestión de fondo para mí, es que
los indios, especialmente las indias tienen que bajar la cabeza cuan-
do las miran … a mirarlos con odio, cuando las tenían agarradas y
las estaban violando, agachar la cabeza era un desafío, no tocarlos pe-
ro si golpearlos a ellos en su dignidad, pero sí en la mirada, en la dig-
nidad”.
1285
Matanza de la población civil, especialmente
en contra de los más vulnerables:
3550.
Durante las masacres realizadas en el área norte de Huehuetenan-
go el Ejército hizo víctimas a los miembros más vulnerables de la comuni-
dad, especialmente a las niñas, niños y ancianos. Estos hechos se concreta-
ron mediante el ataque directo a estas personas, torturándolas y asesinán-
dolas y obligándoles a participar de los hechos o a presenciarlos. Esta pre-
sencia forzada de los hechos constituyó un trauma permanente para mu-
cha gente, especialmente para los niños.
“Lo que hemos visto ha sido terrible, cuerpos quemados, mujeres con
palos y enterrados como si fueran animales, listos para cocinar carne
asada, todos doblados, y niños masacrados y bien picados con mache-
tes, las mujeres también matadas como Cristo”.
1286
3551.
La CEH registró, por lo menos, siete masacres donde fueron eje-
cutados todos los niños. Es difícil determinar cuántos niños murieron
porque muchos casos fueron ejecutados junto a sus padres y sus familias.
410
1285 Testigo (pensadora, Quiché) CEH. (T.C. 130).
1286 Testimonio de REMHI, C 0839.
Sin embargo, no fueron menos de 268 que son los casos que la CEH ha
confirmado. Matar a los niños no fue un exceso ni un acto accidental: fue-
ron asesinados con premeditación. Así sucedió en Sebep, Cananá y San
Francisco.
“A los niños y las niñas los sacaron agarrándoles de los pies y les golpea-
ron como sacos contra una columna de madera. Quedaron pedaceados
los cerebros de los chiquitos como masa de maíz. Cuando terminaron
los tiraron dentro de la casa e iban a buscar a otros a la iglesia”.
1287
3552.
En las masacres de Puente Alto, Petanac, Coyá y Piedras Blancas
Barillas encerraron a las mujeres y niños en casas y los incendiaron:
“Juntaron a las mujeres y las encerraron con los niños en una casa,
luego prendieron fuego a la casa hasta que se murieron. Escaparon
cuatro niños de esta matanza, murieron unos 50 o 60 niños ese
día”.
1288
3553.
En el desplazamiento el Ejército encontró a varias mujeres, algunas
embarazadas, que fueron ejecutadas mediante las lesiones de violaciones
sexuales repetitivas o mediante ataques con armas blancas, sacando los fe-
tos de su vientre.
1289
Estos ataques no rindieron ninguna ventaja militar al
Ejército, por eso no pueden interpretarse como una acción contra la gue-
rrilla. Un niño recién nacido no podía ser combatiente ni colaborador de
la guerrilla.
Tortura
3554.
Obligar a las comunidades a presenciar las ejecuciones, obligarlos
a torturar a los miembros de su propia comunidad o ejecutar las masacres
por órdenes de edad, sexo o rol social en la comunidad, constituyeron un
patrón en cuanto a los actos de tortura colectiva. Por ejemplo, en San Car-
los Las Brisas Barillas, el 27 de junio de 1981, el Ejército reunió a unos 200
patrulleros y comisionados militares de el área de Barillas:
“Cuando recién nos habíamos organizado en las PAC tuvo lugar una
masacre en San Carlos las Brisas. Yo me recuerdo que el día 27 de ju-
nio de 1981, a las 3:00 de la mañana, llegó orden del destacamento
de Barillas, de salir de inmediato en rastreo a Amelco para traer diez
guerrilleros. Todas las PAC del área recibieron orden de ir”.
1290
411
1287 CI 18. Julio, 1982. Chuj, Huehuetenango.
1288 C 6020. Mayo, 1982. Barillas, Huehuetenango.
1289 C 6080. Julio, 1981. Barillas, Huehuetenango.
1290 C 6080. Julio, 1981. Barillas, Huehuetenango.
3555.
Posteriormente, en el destacamento de Barillas, los diez acusados
fueron torturados y enviados a San Carlos las Brisas para ser ejecutados pú-
blicamente, al parecer los acusados eran de esta comunidad:
“En el destacamento los diez guerrilleros fueron torturados para sacar
informaciones … el teniente nos dijo: ‘Por la culpa de ellos ustedes tie-
nen que patrullar y sufrir, ahora, qué quieren ustedes que hagamos
con estos pisados’. Entonces decidió el teniente que teníamos que lle-
varles a San Carlos las Brisas, mientras que el ya se adelantó en un
carro. ‘Llévense a los pisados pero hay que golpearles fuerte en el cami-
no’. Los presuntos guerrilleros eran vestidos como yo, como civiles. Yo
no creo que eran guerrilleros”.
1291
3556.
El oficial lesionó psicológica y socialmente a la comunidad, forzán-
dola a estar presente y haciéndola corresponsable de los hechos, no sola-
mente en cuanto a las torturas sino a la destrucción de los cuerpos sin vi-
da. En el acto que se describe a continuación lesiona a la totalidad de la co-
munidad, a los diez torturados y asesinados, a los que fueron obligados a
torturar y asesinar, y a los espectadores forzados, especialmente a los niños.
“Los diez eran casi muertos, tanto les habían golpeado en el camino.
También estaba allí toda la gente de Babeltzap. Como que los diez
presuntos guerrilleros todos eran de Babeltzap también, el teniente
quería que ellos presenciaran los acontecimientos. Uno por uno fusi-
laron a los presunto guerrilleros. En cada caso el teniente contaba,
uno, dos, tres y luego todos tenían que disparar al que tocó su turno
en la tierra, Uno de los presuntos guerrilleros, al esperar su turno, se
dejaba caer en rodillas y llorando empezaba a rezar diciendo: ‘Saber
por qué yo tengo que morir ahora. Soy inocente’. Entonces se enojó
mucho el teniente y dijo: ‘Por qué este pisado me está maldiciendo con
su corazón, ahora acabamos con el pisado’ y dio orden de que le pu-
sieran un arma en la boca y así lo mataron”.
1292
3557.
El hecho adquiere un sentido de destrucción total contra el grupo,
al ser mutilados los cadáveres y prohibido su entierro.
“Después de haber disparado todos, el teniente dijo: ‘Ahora estamos
cansados. Por culpa de ellos ustedes tienen que patrullar para poder
matar tantos pisados, y estos pisados no quieren morir’. Pareció que no
412
1291 Ibid.
1292 CI 83. Junio 1982. Babeltzap, Huehuetenango.
todos estuvieron muertos ya, entonces unos soldados tenían que meter
sus armas en los pechos de los tres que todavía vivieron y disparar otras
balas. Allí se acabó con la vida de los diez. ‘Para terminar, ahora va-
mos a mutilar los pisados. Ustedes tienen que hacerlo, porque yo ya es-
toy cansado de matar tantos pisados’. Así habla el teniente para ani-
mar todos nosotros presentes, para darnos valor de participar en la
matanza. Entonces, soldados, patrulleros y comisionados empezaron a
machetear los cadáveres hasta que sólo quedaron pedazos”.
1293
3558.
Finalmente, al terminar el hecho, el subteniente hace un resumen
del aprendizaje social de la violencia:
“Y qué sintieron ustedes, nos preguntó el teniente. Ahora ya experi-
mentaron un valor para el futuro para matar pisados. Es un alcance.
Ya saben ustedes que también pueden ser como soldados”.
1294
3559.
Un procedimiento de similares características se utilizó en Yalam-
bojoch, donde los soldados permanecieron cuatro días, haciendo explotar
bombas en un hoyo para atemorizar a la gente. Les amenazaban a cada
momento. Durante los cuatro días les obligaron a reunirse varias veces,
manteniéndolos en un estado de nerviosismo permanente. Al final 17 mu-
jeres con algunos niños salieron huyendo de la comunidad y fueron viola-
das y ejecutadas a poca distancia.
1295
3560.
En la comunidad de Campamento, norte de Nentón, en julio de
1980-1981 llegaron a la comunidad 20 soldados del Ejército, capturaron
a once hombres, a quienes les hirieron los pies, los torturaron obligándo-
les a caminar y los mataron.
“Llegaron a la comunidad, cortaron la palma de los pies a once hom-
bres, los obligaron a caminar, quemaron todas las casas y se fueron”.
1296
3561.
En el área norte de Barillas, en el camino que va de desde la fron-
tera mexicana hasta Sacchén, después del paso del Ejército quedaron en el
camino 80 cadáveres, la mayoría ejecutados con arma blanca. En la mayor
parte de los casos fue prohibido el entierro de las víctimas. El Ejército uti-
lizó tiempo y recursos materiales para impedir los entierros.
“Dejaron a dos guardias para que no los pudiéramos enterrar, y ahí se
los comieron los animales”.
1297
413
1293 Ibid.
1294 Ibid.
1295 C 6085. Julio de 1982. Yalambojoch, Huhuetenango.
1296 C 5021. Julio, 1980. Nentón, Huehuetenango.
1297 C 5812. Mayo, 1980. Nentón, Huehuetenango.
3562.
En Yalambojoch, el administrador de la finca San Francisco fue
torturado en diferentes momentos frente a la comunidad, los soldados pre-
tendían obligarlo a acusar a los vecinos de Yalambojoch, pero él se negó va-
rias veces.
3563.
En Jom, San Miguel Acatán, los soldados desnudaron completa-
mente a 18 personas, les sacaron sus zapatos y les pusieron capas, así los
llevaron rumbo a San Miguel Acatán. En La Cruz se detuvieron, hicieron
un fuego y les quemaron la boca, las plantillas de los pies, de las manos y
en la cabeza. En el camino reunieron a otros, hasta sumar 25; en Nubilá
les obligaron a cavar una fosa y los fusilaron enterrándolos ahí mismo.
1298
3564.
La gran mayoría de los testimonios que se refieren a ejecuciones se-
lectivas reflejan que las víctimas fueron torturadas previamente a su asesi-
nato. Los casos de tortura no se dieron solamente con el objetivo de recu-
perar información, puesto que la mayoría de las víctimas no manejaban in-
formación a escalas mayores o significativamente importante para las ope-
raciones del Ejército.
Violaciones Sexuales
3565.
Los actos de violación sexual se repitieron en la mayor parte de ca-
sos donde hubo presencia de mujeres, especialmente de mujeres jóvenes.
También se registraron casos en los cuales los soldados fueron a buscar a la
mujeres de la comunidad para violarlas.
3566.
La CEH registró dos casos, en los cuales el acto mismo de la vio-
lación sexual repetida varias veces significó la muerte de las víctimas. Los
indicios de ataques al grupo mediante lesiones graves, tanto físicas como
psicosociales, se repitieron constantemente. Por ejemplo, en la finca San
Ramón Barillas se registró un caso de violación sexual múltiple que provo-
có la muerte de la víctima:
“Entraron los Ejércitos a la comunidad y registraron todo, posterior-
mente la violaron muchos soldados en repetidas ocasiones, la llevamos
al hospital pero no se recuperó y murió”.
1299
3567.
Durante los intentos de escapar del bombardeo de la aldea Coyá,
una pareja con su hijo huía buscando el camino de Chimbam. En el ca-
mino se encontraron con treinta soldados, quienes violaron a la mujer
hasta que murió. Aparentemente el esposo se mantuvo paralizado, por lo
que no le hicieron nada, logró escapar con el niño hasta llegar a San Mi-
guel Acatán.
1300
414
1298 C 6009. Junio, 1982. San Miguel Acatán, Huehuetenango.
1299 C 6050. 1981. Barillas, Huehuetenango.
1300 C 6201. Julio, 1981. San Miguel Acatán, Huehuetenango.
3568.
Las violaciones colectivas se dieron en la mayor parte de las masa-
cres. Generalmente eran escogidas las mujeres más jóvenes o todas las mu-
jeres, y eran violadas repetidas veces. Así sucedió en San Francisco, donde
algunas mujeres, al intentar escapar, fueron violadas y quemadas vivas en
sus casas; y en Puente Alto, donde fueron seleccionadas las mujeres meno-
res de 17 años y posteriormente violadas y ejecutadas, en Yalambojoch,
donde nuevamente las mujeres que huían fueron violadas y ejecutadas.
1301
La violación colectiva se convirtió en una etapa más de la violencia que
precedía la ejecución.
3569.
La violación sexual conlleva lesiones graves a la integridad física y
mental de los miembros del grupo. Las lesiones físicas dejaron daños a ve-
ces irreversibles en los órganos reproductores femeninos, especialmente en
el caso de las niñas y adolescentes. Socialmente quebraron la secuencia vi-
tal del grupo al estigmatizarlas e impedirles formar familias.
Destrucción de elementos materiales
y espirituales de la cultura
3570.
Dentro de la etapa de destrucción de la tierra arrasada, fueron des-
truidas las casas, las milpas, con maíz y sin maíz; es decir: fueron destrui-
das por su valor alimentario y también por su significado. La religiosidad
maya y católica fueron atacadas con particular interés. Chimban era el cen-
tro de la cultura de los chuj:
“…hay un lugar que se llama Chimban, que es el centro de la cultu-
ra maya en Huehuetenango, entonces una aldea que se llama Chim-
ban, que queda a muy pocos kilómetros de San Miguel Acatán”.
1302
3571.
Según algunos declarantes en este lugar existe un centro ceremonial:
“En una pequeña casita, como cualquier otra de tamaño pequeño.
Probablemente aquí se realizaban reuniones en determinadas épocas
del año, en las cuales los ancianos dirigentes, los mamines, realizaban
su ceremonias, su costumbre”.
1303
3572.
A los inicios del recrudecimiento de la violencia, en 1980, fue ase-
sinado el alcalde rezador de Chimban junto a otras cuatro o cinco autori-
dades de la costumbre maya. Posteriormente, Chimban fue masacrada el
22 de julio, con un saldo de 30 víctimas.
1304
415
1301 C 6085. Julio de 1982. Yalambojoch, Huehuetenango.
1302 Testigo (miembro del EGP) CEH. (T.C. 154).
1303 Ibid.
1304 REMHI, Informe de masacres de Huehuetenango, pg. 16.
“Llegó el Ejército y los decapitó, ahí junto al centro ceremonial, los de-
capitó, les voló la cabeza, ahí frente a toda la gente, como un escar-
miento de que la gente quedara descabezada, entonces decapitaron
pues, ya era un paraje que se quedaban sin jefe y al que siguiera le
iban a hacer lo mismo”.
1305
3573.
Las mujeres y los niños de San Francisco y Puente Alto, dos de las
masacres más violentas, fueron torturados y asesinados en las iglesias. Los
siguientes testimonios no dejan duda sobre tales hechos:
“…después procedieron a agrupar a las mujeres y a los niños en la
iglesia, y a los hombres y ancianos los reunieron en la alcaldía auxi-
liar … luego, las empezaron a matar”.
1306
“Por ser niño, entré con mi mamá a la Iglesia que fue donde reunie-
ron a las mujeres, después dijo, esta leña va a servir para hacerlas chi-
charrón, todas gritaban, después dijo, queda sólo un minuto y empe-
zaron a ametrallar. Luego echaron gasolina y nos prendieron fuego”.
1307
Conclusión
3574.
A juicio de la CEH, la mayor parte de los crímenes perpetrados por
las fuerzas militares contra la población maya k’anjobal y chuj del norte de
Huehuetenango, entre otros las masacres Puente Alto, San Francisco, Ya-
lambojoch, Yocultac y Sebep, en las cuales se afectó a todos los miembros
de la comunidad, especialmente, mujeres, niños y ancianos, en razón de su
pertenencia al grupo étnico investigado, constituyeron actos de carácter
genocida, inspirados por una determinación estratégica que también revis-
tió carácter genocida, por cuanto su objetivo fue la destrucción parcial del
grupo étnico investigado, al identificársele como enemigo del Estado de
Guatemala, aunque los motivos no hayan sido racistas sino de carácter po-
lítico militar.
3575.
La percepción de equivalencia de identidad entre la totalidad de
la población chuj y q’anjob’al y la guerrilla, condujo a una campaña orien-
tada a la aniquilación parcial del grupo. El Ejército consideraba que el
aniquilamiento se traduciría en la imposibilidad de éxito del movimiento
guerrillero.
3576.
La repetición y masividad de los casos, así como la ejecución lógi-
ca y coherente de los mismos y testimonios de variadas fuentes con que
contó la CEH, así como el examen de documentos oficiales, permiten con-
416
1305 Ibid.
1306 CI 18. Julio 1982. Nentón, Huehuetenango. C 6031. Julio, 1982. Barillas, Huehuetenango.
1307 C 6031. Julio, 1982. Barillas, Huehuetenango.
cluir en que estos actos fueron cometidos con pleno conocimiento previo,
participación y resguardo de las instituciones de la Defensa Nacional.
3577.
Esta afirmación se sustenta también en el hecho de que para la per-
petración de los actos de violencia contra la población civil se usaron fuer-
zas combinadas de aire y tierra, con refuerzos de tropa provenientes de
otras regiones.
3578.
La masividad y brutalidad de los actos cometidos contra el grupo
maya-chuj y maya-q’anjob’al evidenciaron un patrón de ataque que carac-
teriza los actos genocidas. En una etapa, el objetivo fueron los líderes co-
munitarios que de forma pública fueron torturados y asesinados, haciendo
más vulnerable al grupo. Las operaciones de aniquilamiento y destrucción
masiva, mujeres, niños y ancianos incluidos, que fueron perpetradas des-
pués de la aplicación de torturas y violaciones sexuales masivas y la perse-
cución en el desplazamiento, incluyendo bombardeos, destruyeron los
fundamentos de cohesión social entre los miembros del grupo. Además, se
intentó quebrar toda posibilidad de reconstrucción de las estructuras so-
ciales del grupo al obligar a sus miembros a cometer los hechos o a presen-
ciarlos.
3579.
Los resultados de las repetidas campañas de violencia cometidas
contra el grupo dejaron un saldo de 2328 muertos de las cuales el 99.3%
eran Chuj o Q’anjob’al, entre niños, mujeres y hombres. Un 80% de la po-
blación se desplazó viéndose sometida a condiciones que podían acarrear
la muerte, por hambre, frío o enfermedad.
3580.
El objetivo de la campaña militar contrainsurgente perpetradas por
el Ejército de Guatemala en el norte de Huehuetenango. Fue la aniquila-
ción parcial del grupo Chuj y k’anjobal ya que esto se consideró como la
única forma de vencer al enemigo; de hecho, un 3.6% del total de la po-
blación fue aniquilada.
1308
Conclusiones finales
3581.
En las cuatro regiones que, para los efectos de este tema, fueron ob-
jeto de la investigación, la violencia fue masiva y afectó en porcentajes
abrumadores a la población maya. En el área Ixil y Rabinal la proporción
de la población afectada fué del 14.5% y el 14.6% respectivamente, mien-
tras en el norte de Huehuetenango y Zacualpa la proporción de población
afectada fue de 3.6% y de 8.6% respectivamente. Asimismo, las víctimas
de las matanzas y de otras violaciones de los derechos humanos, recogidas
por la CEH, fueron mayoritariamente miembros del pueblo maya, en una
proporción mucho mayor que la distribución étnica de la población entre
el grupo ladino y el grupo maya. En el área ixil se afectó en un 97.80% al
417
1308 Estudio sobre Genocidio realizado para la CEH por la Asociación Americana para el Avance de
las Ciencias.
pueblo maya, en el Norte de Huehuetenango en un 99.3%, en Rabinal en
un 98.8% y en Zacualpa en un 98.4%.
3582.
Estos porcentajes abrumadores son un índice de que las violacio-
nes de los derechos humanos se dirigieron objetivamente y discriminada-
mente contra los grupos de población maya que habitaban en estas regio-
nes. Otra indicación de esta discriminación de carácter general en perjui-
cio de la población maya, es la circunstancia de que el Ejército ejecutó rei-
terada y sistemáticamente a quienes, en los grupos mayas, se destacaban
como líderes comunitarios. En las cuatro regiones analizadas, durante los
años 1981 y 1982, el Ejército ejecutó a la mayoría de los líderes comuni-
tarios, ya fueran líderes religiosos como catequistas, sacerdotes mayas, co-
frades y miembros de la Acción Católica; promotores de desarrollo; miem-
bros de comités, como los integrantes del CUC; cooperativistas; y autori-
dades políticas como, por ejemplo, alcaldes auxiliares. Según los datos re-
cogidos por la CEH, un total de 198 líderes fueron asesinados durante el
período investigado.
3583.
Sobre la base de esta discriminación de carácter general en la elec-
ción de las víctimas, que afectó ostensiblemente a los grupos de población
maya, los responsables de las matanzas no hicieron distinción entre edades,
sexos o condición de las víctimas. Por ejemplo, en las cuatro regiones, en
el período de febrero a octubre de 1982, se efectuaron matanzas en contra
de niños, mujeres, ancianos y hombres. El Ejército actuó contra los miem-
bros de la comunidad, sin que existiera contra cada uno de ellos ningún ti-
po de acusación, fundada o infundada, de carácter individual.
3584.
Luego de realizar un examen de las cuatro regiones geográficas se-
leccionadas, la CEH puede confirmar que, en una determinada etapa del
enfrentamiento armado interno, específicamente durante los años 1981 y
1982, el Ejército identificó a grupos del pueblo maya como enemigo in-
terno, porque consideraba que constituían o podían constituir la base de
apoyo de la guerrilla, en cuanto sustento material, cantera de reclutamien-
to y lugar para esconder sus filas. De este modo, el Ejército, inspirado en
la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), definió un concepto de ene-
migo interno que fue más allá de los combatientes, militantes o simpati-
zantes de la guerrilla, incluyendo en dicho concepto la pertenencia de las
personas a determinados grupos étnicos.
Primera conclusión
3585.
Considerando el conjunto de actos criminales y violaciones de los
derechos humanos, correspondientes a las regiones y a las épocas arriba se-
ñaladas, analizados al efecto de determinar si constituían delito de genoci-
dio, la CEH concluye que la reiteración de actos destructivos dirigidos de
forma sistemática contra grupos de la población maya, entre los que se
418
cuenta la eliminación de líderes y actos criminales contra menores que no
podían constituir un objetivo militar, pone de manifiesto que el único fac-
tor común a todas las víctimas era su pertenencia al grupo étnico, y evi-
dencia que dichos actos fueron cometidos “con la intención de destruir to-
tal o parcialmente” a dichos grupos (Artículo II, párrafo primero de la Con-
vención).
3586.
Entre los actos dirigidos a la destrucción de los grupos mayas, iden-
tificados por el Ejército como enemigo, destacan “las matanzas” (Artículo
II, letra “a”. de la Convención), cuya expresión más significativa fueron las
masacres. La CEH constató que, en las cuatro regiones examinadas, entre
1981 y 1982, agentes del Estado perpetraron matanzas que fueron los es-
labones más graves de una secuencia de operaciones militares dirigidas
contra población civil no combatiente. Así, por ejemplo, a partir de febre-
ro de 1982 se desarrolló, en el área ixil, una de las operaciones más san-
grientas de cuantas registró la CEH a lo largo del conflicto armado. Ade-
más, entre los meses de julio y agosto de 1982, se efectuaron en Huehue-
tenango tres operaciones que incluyeron matanzas. De la misma manera,
en Zacualpa, la masacre de San Antonio Sinaché fue precedida y seguida
de masacres en aldeas vecinas y a la gran masacre de Rabinal, del 15 de sep-
tiembre de 1981, siguieron otras en los poblados aledaños.
3587.
De acuerdo con los testimonios y otros elementos de prueba reco-
gidos, la CEH ha establecido que en tales matanzas, con características de
masacre, participaron tanto fuerzas regulares como especiales del Ejército,
al igual que patrulleros de autodefensa civil y comisionados militares. En
muchos casos los sobrevivientes identificaron a los responsables del desta-
camento del municipio más cercano como los jefes que comandaban estas
operaciones.
Segunda conclusión
3588.
El análisis de dichos actos ha permitido a la CEH formarse convic-
ción de que, en casi todos ellos, el propósito de los autores fue matar al ma-
yor número posible de miembros del grupo.
3589.
Prácticamente, en todas esas matanzas el Ejército llevó a cabo algu-
no de los siguientes actos preparatorios: o convocó diligentemente a toda
la población antes de darle muerte, o bien cercó a la comunidad o aprove-
chó situaciones en las cuales la población estaba reunida, en celebraciones
o en días de mercado, para ejecutar las matanzas.
3590.
En el estudio de lo acaecido en las cuatro regiones, la CEH esta-
blece que, junto a las matanzas, que por sí mismas bastaban para eliminar
a los grupos definidos como enemigos, efectivos del Ejército o patrulleros
cometieron sistemáticamente actos de extrema crueldad, incluyendo tor-
turas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, cuyo efecto fue ate-
419
rrorizar a la población y destruir los fundamentos de cohesión social entre
sus miembros, especialmente cuando se obligaba a que éstos presenciaran
o ejecutaran dichos actos.
3591.
Especial frecuencia revistieron las violaciones sexuales colectivas
contra mujeres, practicadas públicamente, y procurando dejar rastros del
hecho con la finalidad de que trascendiera en el tiempo y en la reproduc-
ción social del grupo.
Tercera conclusión
3592.
La CEH concluye que, entre los actos perpetrados con la intención
de destruir total o parcialmente a numerosos grupos mayas, también se co-
metieron múltiples acciones que constituyeron “lesiones graves a la integri-
dad física o mental de los miembros de los grupos” mayas afectados (Artículo
II, letra “b” de la Convención). El efecto de destruir la cohesión social del
grupo, característico de estos actos, se corresponde con la intención de ani-
quilar física y espiritualmente al grupo.
3593.
La investigación realizada también comprobó que las matanzas, es-
pecialmente aquellas que revistieron la forma de masacres indiscriminadas,
fueron acompañadas por el arrasamiento de aldeas. El caso más notable es
el de la región ixil, donde entre el 70% y el 90% de las aldeas fueron arra-
sadas. También en el norte de Huehuetenango, Rabinal y Zacualpa se in-
cendiaron aldeas enteras, se destruyeron los bienes y se quemaron trabajos
colectivos de siembra o cosechas, quedando esas poblaciones sin alimentos.
3594.
Por otra parte, en las cuatro regiones objeto de esta investigación,
la población también fue perseguida durante su desplazamiento. La CEH
ha establecido que en el área ixil se bombardeó a la población que se des-
plazaba. Asimismo, la población que era capturada o se entregaba volun-
tariamente continuaba siendo sometida a violaciones de los derechos hu-
manos, a pesar de encontrarse bajo el absoluto control del Ejército.
Cuarta conclusión
3595.
La CEH concluye que, entre los actos anteriormente señalados,
perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a numerosos
grupos mayas, hubo algunos que significaron “el sometimiento intencional
del grupo a condiciones de existencia que podían acarrear, y en varios casos aca-
rrearon, su destrucción física, total o parcial” (Artículo II, letra “c” de la Con-
vención).
3596.
Como se desprende de este capítulo, los actos anteriormente men-
cionados fueron realizados en las cuatro regiones, conforme a un patrón
común, en el sentido que coincidieron las épocas en que generalmente su-
cedieron los hechos, sus modalidades y la forma de control posterior sobre
la población.
420
3597.
El análisis de la CEH demuestra que en la ejecución de los hechos
hubo una coordinación a nivel nacional de las estructuras militares, que
permitía una actuación “eficaz” de los soldados y patrulleros en las cuatro
regiones estudiadas. Un ejemplo de esta realidad son las operaciones en
las cuales se contó con refuerzo aéreo, que requería la intervención de un
comando superior que lo autorizara y lo coordinara con las acciones por
tierra.
3598.
Los planes de campaña del Ejército que fueron entregados a la
CEH, entregan antecedentes convincentes sobre los fines y objetivos de di-
chos actos. Así por ejemplo, el plan Victoria 82 establece que “la misión es
aniquilar a la guerrilla y organizaciones paralelas”,
1309
y el plan de campaña
Firmeza 83-1 determina que el Ejército debe apoyar “sus operaciones con el
máximo de elementos de las PAC, para poder arrasar con todos los trabajos co-
lectivos de siembra que la subversión posee en determinada área, donde se ha
comprobado plenamente la participación activa y de colaboración de aldeas
comprometidas que simpatizan y están organizadas por la subversión”.
1310
3599.
Todo lo expuesto ha convencido a la CEH de que los actos perpe-
trados con la intención de destruir total o parcialmente a numerosos gru-
pos mayas, no fueron actos aislados o excesos cometidos por tropas fuera
de control; ni fruto de eventual improvisación de un mando medio del
Ejército. Con gran consternación, la CEH concluye que muchas de las
masacres y otras violaciones de los derechos humanos cometidas en contra
de tales grupos, respondieron a una política superior, estratégicamente pla-
nificada, que se tradujo en acciones que siguieron una secuencia lógica y
coherente.
3600.
Además, la CEH tiene información de que hechos análogos ocu-
rrieron y se reiteraron en otras regiones habitadas por el pueblo maya.
Frente a todas las opciones para combatir a la insurgencia, el Estado optó
por la que ocasionó el mayor costo de vidas humanas entre población ci-
vil no combatiente. Negándose a otras opciones, como la lucha política pa-
ra llegar a acuerdos con la población civil no combatiente que considera-
ba desafecta, el desplazamiento de la población de las áreas de conflicto o
el arresto de los insurgentes, el Estado optó por el aniquilamiento de quien
identificó como su enemigo. el Estado tomó esta determinación a pesar de
que contaba con las fuentes de información necesaria para identificar a los
combatientes de la insurgencia y medir su capacidad militar, pudiendo dis-
tinguirlos de la población civil no combatiente.
421
1309 Ejército de Guatemala, plan de campaña Victoria 82, anexo H, numeral I, literal G.
1310 Ejército de Guatemala, plan de campaña Firmeza 83-1.
Quinta conclusión
3601.
En consecuencia, la CEH concluye que agentes del Estado de Gua-
temala, en el marco de las operaciones contrainsurgentes realizadas en los
años 1981 y 1982, ejecutaron actos de genocidio en contra del pueblo ma-
ya que residía en las regiones ixil, Zacualpa, norte de Huehuetenango y Ra-
binal. Esta conclusión se basa en la evidencia de que, a la luz de lo dispues-
to en el Artículo II de la Convención para la Prevención y Sanción del De-
lito de Genocidio, hubo matanzas de miembros de los grupos mayas
(Artículo II, letra “a”), las lesiones graves a su integridad física o mental
(Artículo II, letra “b”) y actos de sometimiento intencional de los grupos
afectados a condiciones de existencia que acarrearon o pudieron haber aca-
rreado su destrucción física total o parcial (Artículo II, letra “c”). Se basa
también en la evidencia de que todos esos actos fueron perpetrados “con la
intención de destruir total o parcialmente” a grupos identificados por su et-
nia común, en cuanto tales, con independencia de cuál haya sido la causa,
motivo u objetivo final de los actos (Artículo II, primer párrafo).
Sexta conclusión
3602.
Sobre la base de esa conclusión fundamental, haber cometido ge-
nocidio, la CEH, atendiendo al mandato de ofrecer elementos objetivos de
juicio sobre lo acontecido durante el enfrentamiento armado interno, se-
ñala que, sin perjuicio de que los sujetos activos son los autores intelectua-
les o materiales del crimen, en los actos de genocidio cometidos en Gua-
temala existe también responsabilidad del Estado, debido a que, en su ma-
yoría, esos actos fueron producto de una política preestablecida por un co-
mando superior a sus autores materiales.
3603.
La conclusión precedente se ve confirmada por la constatación de
que autoridades militares tuvieron conocimiento de masacres cometidas
por sus agentes, pese a lo cual estos hechos no fueron investigados, ni se
sancionaron para que no se repitiesen.
3604.
La falta de investigación de los hechos es responsabilidad tanto de
las autoridades militares como de las autoridades judiciales competentes,
pero también de la autoridad política.
3605.
El Estado de Guatemala no adoptó ninguna acción para investigar
y sancionar a los responsables de estos hechos, a pesar de que muchos de
ellos eran de conocimiento público, como lo demuestran las múltiples de-
nuncias conocidas por Organismos Internacionales, como la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos, que en su visita al país en 1982 requi-
rió al Gobierno que investigara las graves violaciones al derecho a la vida.
1311
422
1311 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Reporte sobre la situación de los derechos huma-
nos en la República de Guatemala, 1983. pg. 70.
Séptima conclusión
3606.
Finalmente, en relación con estos crímenes genocidas, la CEH
concluye que el Estado de Guatemala incumplió su obligación de investi-
gar y sancionar los actos de genocidio cometidos en su territorio, vulneran-
do lo previsto en los artículos IV y VI de la Convención para la Preven-
ción y Sanción del Delito de Genocidio, los cuales prescriben que las per-
sonas que hayan cometido genocidio, ya se trate de gobernantes, funcio-
narios o particulares, serán juzgadas por un tribunal competente del Esta-
do en cuyo territorio el acto fue cometido o ante la corte penal internacio-
nal que sea competente respecto a aquellas de las partes contratantes que
hayan reconocido su juridicción.
423
424
3607.
El marco jurídico internacional aplicable respecto de los hechos de
violencia cometidos por los grupos insurgentes o guerrilleros está descrito
en el derecho internacional humanitario o derecho de los conflictos arma-
dos, específicamente los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por
Guatemala en 1952, y cuyo Artículo 3 común prohíbe, en cualquier tiem-
po y lugar, efectuar atentados en contra de las personas que no participen
directamente en las hostilidades, esto es en contra de la población civil. De
este modo quedan prohibidos “los atentados contra la vida y la integridad
corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas…”
3608.
Por su parte, el Protocolo II Adicional a los Convenios del año
1949, ratificado por Guatemala el 19 de octubre de 1987, que comple-
menta y desarrolla el Artículo 3 común, establece en su Artículo 4 que es-
tán y quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar los atentados contra la
vida. Más expresamente, el Artículo 13 del Protocolo II establece normas
de protección a la población civil, que prohíben que ésta sea objeto de ata-
ques y de actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterro-
rizar a dicha población civil.
3609.
Sin perjuicio de lo indicado, y teniendo presente la existencia de cier-
tos principios generales de universal aplicación en el mundo civilizado, tam-
bién se puede mencionar lo establecido en el Artículo 3 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos de 1948, que establece: “Todo individuo
tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Esta dispo-
sición tiene categoría de derecho consuetudinario y requiere ser respetada no
solamente por autoridades estatales, sino también por fuerzas armadas orga-
nizadas combatiendo en contra de las fuerzas de seguridad del Estado.
XXII. LAS ORGANIZACIONES GUERRILLERAS
Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
3610.
La guerrilla guatemalteca debía observar en todas las circunstancias
las leyes de la guerra y respetar el trato humanitario hacia quienes no par-
ticipaban en las hostilidades, y así también hacia las víctimas de los enfren-
LOS HECHOS DE VIOLENCIA
425
tamientos. No obstante, las organizaciones insurgentes muchas veces no
cumplieron los preceptos que dicha normativa incorpora.
3611.
Según los dirigentes del EGP, si bien no incluían la enseñanza del
derecho humanitario dentro de la formación que dieron a sus combatien-
tes, existía conciencia sobre el trato que debía darse a los prisioneros de
guerra y sobre otras nociones contenidas en estas normas.
“Nosotros empezamos a conocer algo de esto cuando sería 1995, hici-
mos contacto con el CICR [Comité Internacional de la Cruz Roja]
en México, que nos dio algunos folletos…”
“Pero como parte de la formación política, precisamente como parte
del pensamiento revolucionario, siempre se tuvo conciencia de que ha-
bía que tener respeto hacia los prisioneros, y mucho de esto está fun-
damentado en experiencias de otros movimientos revolucionarios.
Dentro del pensamiento del comandante Ernesto Guevara aparece en
varios de sus escritos, y en muchas cosas que se saben sobre su partici-
pación en la guerrilla cubana, realmente de este respeto hacia el ene-
migo, compartir las pocas medicinas, darle la eventual atención que
fuera necesaria, compartir la comida y también el respeto en cuanto
a los malos tratos. Desde el principio lo tuvimos muy presente … Den-
tro de lo que era el proceso de reclutamiento, el trabajo de educación
y formación era crear una actitud de los compañeros de respeto hacia
la gente de la comunidad … eso hacía parte de la disciplina política,
aparte era la disciplina militar, y ahí se contemplaba en primer lugar
que las armas estaban para desarrollar la guerra, y nunca para hacer
otras cosas”.
“En algún momento se implementó todo esto como algo que iba in-
cluido dentro de la mística de la formación del combatiente … mís-
tica del respeto a ciertas normas que no conocíamos escritas de verdad,
pero que era parte de la instrucción a partir de las experiencias”.
1312
3612.
En una publicación de las FAR de marzo de 1984 aparece un
artículo intitulado Derecho Humanitario en los Conflictos Armados Inter-
nos,
1313
en el cual se menciona el Artículo 3 de los Convenios de Ginebra y
otras normas que reglamentan los conflictos armados. Las FAR, en este ar-
tículo, tras analizar la definición de conflicto armado no internacional, con-
cluyen que ésta bien se adapta a la situación existente en Guatemala.
3613.
El Manual del buen combatiente de la ORPA, publicado en 1984
contempla un apartado sobre la materia. Sin embargo, llama la atención
1312 Testigo (ex altos mandos y dirigentes del EGP) CEH. (T.C. 207).
1313 Organo Internacional de las Fuerzas Armadas, Guatemala en Lucha, marzo de 1984.
426
sobre el respeto de la población civil y de sus bienes: “Los guerrilleros como
hijos del pueblo debemos siempre respetarlo, cuidarlo y defenderlo. … Se deben
respetar absolutamente las propiedades de los compañeros de la población: la
casa, la comida, las siembras, los animales”.
1314
3614.
Aunque la CEH desconoce si antes de 1984 se elaboraron otros
documentos de las organizaciones guerrilleras que hicieran referencia ex-
plícita al derecho humanitario o al respeto de la población civil, esto no las
exculpa en su conocimiento, y sobre todo en su aplicación. La ética del
combate cifrada en ocasionar mínimos perjuicios a quienes no participan
directamente en las hostilidades, o a quienes habiendo participado ya no
lo hacen, parte de una lógica política que debe encausar cualquier enfren-
tamiento armado. Esta lógica política del derecho de los conflictos arma-
dos tiene su fundamento en un sentimiento de respeto profundo hacia la
dignidad humana porque, de lo contrario, los conflictos armados tendrían
desenlaces fatales en los que el denominador común sería la barbarie y la
destrucción total.
3615.
Las referencias más explícitas de respeto al derecho humanitario
conocidas por la CEH, aparecen en un proyecto de reglamento militar de
las FAR de 1990. A continuación se transcriben algunas de las alusiones
más importantes sobre la materia:
“Faltas en el combate: actitud negativa frente a los prisioneros y heri-
dos adversarios. Faltas en las relaciones con el pueblo: falta de respeto
a los bienes y propiedades del pueblo. Apropiación indebida de los bie-
nes y propiedades del pueblo. Ocasionar daños a la población por una
mala decisión durante el desarrollo del combate”.
1315
“Artículo 14. Cuando se captura a un civil, en cualquier actividad
que realice la guerrilla, se deberá desarmarlo, interrogarlo, pedirle la
documentación pero sin intimidarlo o causarle daño en lo personal o
a sus bienes. Sólo en caso de sospechas de ser colaborador del enemigo,
se le detendrá hasta verificar información oficial”.
1316
“Pero media vez el enemigo se encuentre desarmado, herido y sin po-
derse defender, el combatiente revolucionario debe llevar a la práctica
los Principios Humanitarios de Guerra, acordados internacionalmen-
te, de los que las fuerzas revolucionarias, de hecho, son signatarias …
Actitudes que deben contemplarse ante el adversario caído: se tratará
1314 Organización del Pueblo en Armas, Manual del buen combatiente, material de campaña, 1984,
pgs. 53 y 58.
1315 FAR. Proyecto de reglamento militar, junio 1990.
1316 FAR. Proyecto de reglamento militar propuesto por el mando del Frente Guerrillero Tecúm
Umán, sin fecha.
427
con respeto y dignidad a los prisioneros y heridos … Respetar la vida
de los prisioneros y heridos, quedando estrictamente prohibido rema-
tarlos. Al enemigo herido, se le debe prestar la asistencia con que se
cuente en este momento … Se debe permitir al adversario la evacua-
ción de las bajas, no interfiriendo y obstaculizando dicha labor”.
1317
“Un [comandante en jefe de las FAR] era de los que siempre decía
hay que cumplir con los Tratados de Ginebra y por ejemplo él recal-
caba: no podemos matar a un solo soldado, porque eso sería asesinar-
lo, todo hombre que está fuera de combate, aunque esté herido o no lo
esté, ése ya no se le debe de tocar. No teníamos manuales, los compa-
ñeros más expertos nos daban las charlas porque nunca pudimos ob-
tener esos manuales, ni siquiera la Cruz Roja Internacional, no tenía-
mos contacto con nadie”.
1318
Tipos de infracciones
3616.
Los datos que reflejan la parte del enfrentamiento armado, llevada
al conocimiento de la CEH, indican a los grupos guerrilleros como respon-
sables en el 3% de los casos de hechos de violencia (Véase G
RÁFICA
22).
3617.
De las cinco principales violaciones, el mayor porcentaje de he-
chos cometidos por los grupos guerrilleros corresponde a ejecuciones ar-
bitrarias (57%), seguido de torturas, desapariciones forzadas y privación
de libertad.
3618.
La CEH ha clasificado en cuatro grandes grupos los hechos de vio-
lencia perpetrados por las organizaciones guerrilleras, de acuerdo con los
1317 Proyecto de reglamento militar de las Fuerzas Armadas Rebeldes, agosto, 1992.
1318 Testigo (ex combatiente de las FAR) CEH. (T.C. 235).
GRÁFICA 22: Total de hechos cometidos por la guerrilla, según año
GUATEMALA (1965-1996)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Años
No. de violaciones
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1995
1996
conceptos y normas del derecho internacional humanitario. El primero
que constituye atentados al derecho a la vida, trata de las ejecuciones ar-
bitrarias; el análisis se centra particularmente en los ajusticiamientos, los
fusilamientos y las masacres. El segundo, sobre hechos que vulneraron el
derecho a la libertad y a la integridad personal, incluye casos de desapari-
ción, secuestro, impuesto de guerra y otro tipo de extorsiones, recluta-
miento forzoso, miembros de las Fuerzas Armadas puestos fuera de com-
bate por detención, tortura, malos tratos y atentados a la libertad de ex-
presión. El tercero, sobre atentados contra bienes civiles, trata acciones
contra municipalidades, otros bienes civiles del Estado, torres de energía,
obras viales, bienes de propiedad de particulares y casos de pillaje. El cuar-
to y último, acerca de infracciones cometidas en operaciones militares,
menciona casos de civiles muertos y heridos en hostilidades, civiles muer-
tos y heridos por utilización de minas u otros artefactos, y de civiles muer-
tos por desplazamiento.
3619.
Esta clasificación no es exhaustiva en cuanto al número de casos ni
al tipo de violaciones. Lo que se pretende es ilustrar y describir hechos de
violencia que fueron responsabilidad de las organizaciones guerrilleras. Al-
gunos análisis sobre las características de la violación se realizan en el apar-
tado correspondiente.
3620.
Los atentados al derecho a la vida son el único apartado que es ex-
plicado a partir de cada una de las organizaciones guerrilleras, puesto que
el tema de las ejecuciones arbitrarias fue el que contó con una mayor ri-
queza de fuentes. Los otros hechos de violencia fueron abordados de mo-
do diferente, ya fuera por la naturaleza del hecho o por la cronología de
los casos.
3621.
Sobre este último aspecto vale la pena subrayar que la mayoría de
los casos que se utilizaron para ilustrar este capítulo pertenecen al EGP y
a las FAR. Esto se explica porque ambas organizaciones suministraron im-
portantes archivos documentales a la CEH, incluyendo sus “partes de gue-
rra” en los que se reconocen la autoría de muchos hechos, demostrando su
compromiso de cumplir con el mandato de esta CEH.
3622.
La CEH no recibió muchas denuncias contra la ORPA. Aun cuan-
do esto pueda significar que dicho movimiento armado no realizó un nú-
mero significativo de infracciones al derecho humanitario, la CEH no pue-
de formular esta afirmación, sobre todo por cuanto dicha organización no
entregó sus “partes de guerra”.
3623.
En muchos casos las víctimas acusan de los hechos a “la guerrilla”,
sin especificar el nombre de la organización, tal vez por temor o por sim-
ple desconocimiento de sus autores. Sin embargo, aunque se respeta el tes-
timonio de cada una de las víctimas, la CEH ha contado con elementos
para determinar la verdadera autoría en muchos de los casos, ya sea por la
428
429
región y época donde ocurrieron los hechos o porque la propia organiza-
ción haya reconocido su participación en acciones concretas.
3624.
En los departamentos de Quiché, Huehuetenango, Chimaltenan-
go, Alta Verapaz, Petén, Sololá fue donde se concentró el mayor porcenta-
je (86%) de las violaciones cometidas por los grupos guerrilleros (Véase
G
RÁFICA
23).
3625.
También es posible observar que existe una correspondencia entre
las regiones en las que se concentra la violencia cometida por los grupos
guerrilleros y las violaciones de los derechos humanos cometidas por agen-
tes del Estado.
3626.
Los departamentos de Quiché, Huehuetenango, Chimaltenango,
Alta Verapaz, Petén y Baja Verapaz, en su orden, fueron los más afectados
por las violaciones cometidas por los grupos guerrilleros, y coinciden con
GRÁFICA 23: Porcentaje de hechos de violencia cometidos
por la guerrilla, según departamento (los 6 más frecuentes)
GUATEMALA (1965-1996)
2%
9%
29%
37%
8%
6%
0 5 10% 15% 20% 25% 30% 35%
40%
SOLOLÁ
PETÉN
ALTA VERAPAZ
CHIMALTENANGO
HUEHUETENANGO
QUICHÉ
Porcentaje
Departamento
GRÁFICA 24: Porcentaje de hechos de violencia cometidos
por la guerrilla (los 5 más frecuentes)
GUATEMALA (1965-1996)
3%
3%
5%
6%
63%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Herido por atentado
Privación de libertad
Desaparición
Torturas, tratos crueles,
inhumanos y degradantes
Ejecución arbitraria
Porcentaje
Tipo de violación
los departamentos donde se registró el mayor número de violaciones a los
derechos humanos cometidos por el Estado.
XXIII. ATENTADOS AL DERECHO A LA VIDA:
LAS EJECUCIONES ARBITRARIAS
3627.
La infracción al derecho humanitario más grave cometida por los
miembros del movimiento guerrillero fueron los atentados a la vida. La
CEH, bajo la denominación de ejecución arbitraria, comprende todas las
muertes imputables a la guerrilla. Para efectos del análisis de estos hechos
de violencia, se ha dividido esta sección en tres partes. La primera, sobre
los ajusticiamientos, se refiere a la denominación que la guerrilla otorgaba
a las ejecuciones de personas ajenas a las organizaciones insurgentes so pre-
texto de aplicar la “justicia revolucionaria”. En este apartado se trata de las
ejecuciones arbitrarias cometidas contra personas ajenas al movimiento
guerrillero, incluyendo tanto a la población civil que no participó en las
hostilidades como a particulares que estuvieron vinculados en el enfrenta-
miento, como los comisionados militares y los miembros de las PAC. La
segunda, sobre los fusilamientos, pues ésta fue la denominación que la gue-
rrilla otorgaba a las ejecuciones realizadas en el seno de las propias organi-
zaciones insurgentes so pretexto de aplicar la “justicia revolucionaria”. En
este apartado se estiman las ejecuciones arbitrarias perpetradas contra
miembros de las organizaciones guerrilleras. Se han querido presentar es-
tos hechos utilizando la terminología empleada por la insurgencia, ya que
permite entender con mayor claridad lo que realmente sucedió. La tercera
y última parte, sobre las masacres, analiza las ejecuciones de carácter colec-
tivo o masivo realizadas por la guerrilla.
Ajusticiamientos
3628.
Los ajusticiamientos perpetrados a lo largo del conflicto por las or-
ganizaciones guerrilleras no fueron casos aislados, ni efecto de descontroles
operativos. Fueron acciones tácticas con claros y definidos objetivos estra-
tégicos, documentados en los escritos de las propias organizaciones y con-
firmados por sus miembros y altos mandos en las entrevistas con la CEH.
Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP)
3629.
Los ajusticiamientos representaron las primeras acciones públicas
del EGP, por medio de los cuales el primer contingente armado decidió su-
brayar su presencia en el territorio guatemalteco y el comienzo de sus ac-
tividades militares.
3630.
Los criterios que guiaban ese tipo de operaciones fueron definidos
a partir de la Primera Conferencia de 1974. “Las acciones de propaganda ar-
430
431
mada deben investigar quiénes son los explotadores y los matones que oprimen
más a los trabajadores de cada lugar, y ajusticiarlos para liberar al pueblo de
sus peores enemigos … eliminar a los terratenientes más crueles, a los comer-
ciantes acaparadores, a los prestamistas, a los comisionados militares delatores
y a todos aquéllos que oprimen al pueblo. Así la propaganda armada va dan-
do más confianza al pueblo y va metiendo miedo al enemigo”.
1319
3631.
Guillermo Monzón fue ajusticiado en el Ixcán, Quiché, el 28 de
mayo de 1975.
1320
Este ajusticiamiento, junto con el de Luis Arenas, cono-
cido como El Tigre de Ixcán, el 7 de junio del mismo año,
1321
formó parte
de la primera acción pública del EGP. “El nombre de este señor feudal esta-
ba vinculado a toda suerte de despojos y arbitrariedades. En algunas de sus fin-
cas utilizaba cepos para castigar a los indios rebeldes…”
1322
3632.
A partir de 1975 las ejecuciones de “todos aquellos que oprimen al
pueblo”, conocidas en el interior del EGP como actos de “justicia revolucio-
naria”, caracterizaron el accionar del EGP en los diferentes departamentos
donde sus frentes estaban operando.
“Don Chepe Sosa, lo mató [a principios de 1980 en el departamen-
to de Suchitepéquez] la guerrilla porque era un represivo, lo mata-
ron cerca de su parcela … era un señor oriental …, él decía, cuando
estaba tomando, que él se cagaba en un indio y se limpiaba con él y
lo dejaba botado, y cuando él quería se volvía a cagar en el indio más
y se volvía a limpiar, y así, él siempre era orgulloso cuando tomaba,
no le faltaba una treinta y ocho en la cintura, decía que el día que lo
mataran, pues, él no se iba a dejar … él despreciaba a la población
indígena … y cuando lo mataron, según los que lo ejecutaron, decían
que no se supo defender. El trataba mal a la gente de Santo Domin-
go … y cuando lo asesinaron se le dijo que sacara la pistola, que se de-
fendiera porque los indios de Santo Domingo lo iban a matar, y lo
mataron”.
1323
“El EGP pasó en diciembre del año 80 y se llevó a un administrador
de la finca que se llamaba Goyo [departamento de Huehuetenan-
go], se había comportado muy mal y tenía uniforme militar, de
guardia de Hacienda … había hecho tantas cosas con la pobre gen-
te … no es porque fue administrador, sino que es por lo que ha he-
cho, incluso en la aldea en los días domingos venía a caballo y si no
se cuidaba la gente, echaba el caballo sobre ellos pues, y bien arma-
1319 EGP, “Sobre nuestro concepto de la propaganda armada como forma táctica principal de lucha
en la nueva fase”, agosto de 1975.
1320 CI 97, Mayo, 1975, Cantabal, Quiché.
1321 CI 59, 1975, Nebaj, Quiché.
1322 Mario Payeras, Los días de la selva, Guatemala, 1989.
1323 Testigo (ex dirigente del EGP) CEH. (T. C. 184).
432
do, venía con pistola. Esta fue la razón por la que la guerrilla ma-
tó a este señor…”
1324
“En una aldea antes de llegar a Raxyuhá [municipio Chisec, depar-
tamento Alta Verapaz] había un coronel retirado del Ejército; él,
juntamente con su esposa, le disparó a la gente o amenazaban a hom-
bres y mujeres, tenían armas, había mucha intimidación en esa aldea
por ellos. Creo que se llamaba Rafael Catalán … ninguna autoridad
le llamaba la atención, aunque estaban los policías, él agarraba su ar-
ma, se alegaba con la comunidad, amenazaba a la gente, disparaba
al aire … Lo ajusticiamos en el tiempo que se ajusticiaron al alcalde
y al juez de Chisec [marzo-abril, 1981]”.
1325
3633.
Los comisionados militares fueron el blanco más perseguido por
las acciones de “justicia revolucionaria” del EGP.
“Lo que hacían era controlar, amenazar; es un informante del Ejér-
cito, denuncia a la gente, cargados de sus armas. Hubieron personas
amenazadas sin que estuvieran con nosotros, sólo con el hecho de no
aceptar las cosas que los comisionados decían, era suficiente para ser
amenazado o matado, lo comprometían con la guerrilla”.
1326
“Según se dijo él estaba pasando información al Ejército de quienes es-
taban colaborando con la guerrilla. Se hablaba de que había un lis-
tado con todos los colaboradores. Mejor matar a éste antes de que el
Ejército extermine a todo el pueblo, decía la guerrilla”.
1327
“El 25 de noviembre de 1981 Pedro Wuch Tzampop se dirigía a Qui-
ché con un camión lleno de naranjas. Hacia las 8 de la noche el ve-
hículo fue detenido en el Zarco, cruce de carretera que conduce de Re-
talhuleu a Quetzaltenango, por personas que vestían como soldados,
en lo que aparentaba ser un puesto de registro. Bajaron del camión al
señor y le dieron un tiro en la frente. Después de esto los responsables
se alejaron, riéndose, y se identificaron como miembros del EGP. Es-
ta persona portaba una credencial del Ejército y había sido comisio-
nado militar desde 1976”.
1328
“Fermín Ajcalón Xep, Matías Cucuj y Rafael Ajcalón, comisionados
militares, fueron ejecutados a las dos de la madrugada del 14 de di-
1324 Testigo (ex miembro del EGP) CEH. (T.C. 79).
1325 Testigo (ex dirigentes del EGP) CEH. (T.C. 157).
1326 Ibid.
1327 C 11481. 1980. Ixcán, Quiché.
1328 C 16404. Noviembre, 1981. Retalhuleu, Retalhuleu.
433
ciembre de 1987, en el parcelamiento Pampojilá. En esa oportunidad
Lucía Cos Ajpuac, esposa de Matías, fue muerta cuando intentó de-
fender a su marido”.
1329
3634.
También los colaboradores del Ejército y los delatores, conocidos
como “orejas”, fueron buscados y ejecutados por el EGP a lo largo del en-
frentamiento:
“El trabajo de los orejas, como nosotros llamábamos a los comisiona-
dos militares, en general todos los agentes del Ejército, … era hacer lis-
tas de todos los que ellos consideraban que estaban metidos con la gue-
rrilla. Guillermo Monzón, una de las acusaciones que había contra él
era eso, que había hecho listas”.
1330
“Sabíamos que el personal de la guerrilla mataba a los que querían
organizarse con el Ejército. Me acuerdo que el 15 de septiembre de
1979, a las cinco de la mañana, la guerrilla mató a Juan Benito
Martín en la aldea Sacchén, municipio de Barillas, Huehuetenango.
El era un líder de un comité que estaba solicitando terreno de un fin-
quero y que arreglaba documentos relacionados con títulos de terrenos.
Ese 15 de septiembre, cuatro guerrilleros y dos guerrilleras, ante la co-
munidad, sacaron de su casa a Juan Benito. Le amarraron las manos
atrás, y en el mero centro le dispararon. En la entrada de Sacchén los
guerrilleros colgaron una manta con las palabras: ‘Por el odio, Juan
Benito, te damos muerte”.
1331
“A un viejito, Lencho Vásquez, del Centro San Miguel, lo mató el
EGP; era muy respetuoso del Ejército. El EGP llegó a una reunión y
nos informó que había ajusticiado a Lencho porque se comunicaba
con el Ejército y les había dado listados. ¿Cómo lo saben? pregunté.
Porque hubo cambio de tropa, y un grupo de guerrilleros se presentó
como soldados a don Lencho, y el supuesto nuevo oficial le preguntó
por dónde llegás al destacamento y a qué hora. Nos puedes dar la lis-
ta de todos los que colaboran; sacó su cuaderno y comenzó a dar nom-
bres. Se confió y dio toda la información”.
1332
“El 23 de enero o febrero de 1982 un grupo de guerrilleros encapu-
chados, disfrazados, en horas de la noche ejecutaron a tres familiares
1329 C 4165. Diciembre, 1987. San Lucas Tolimán, Sololá.
1330 Testigo (ex mandos del EGP) CEH. (T.C. 132).
1331 C 6036. Septiembre, 1979. San Antonio Huista, Huehuetenango.
1332 C 11482. 1980. Ixcán, Quiché.
1333 C 5075. Enero, 1982. Ixtahuacán, Huehuetenango.
434
en el Granadillo, las víctimas habían prestado servicio militar en la
ZM 19 en 1980-82. La guerrilla quiso castigar a la familia descabe-
zándola”.
1333
“21/09/83. Fueron capturados dos infiltrados cuando se encontraban
haciendo trabajo de descomposición dentro de la población (para que
se entregaran al enemigo). Ellos son Jacinto Marcos y Juan Luis, y se
les hizo la justicia revolucionaria a las 10:00 de la noche”.
1334
“El ajusticiamiento de agentes enemigos, responsables de masacres in-
discriminadas y de delaciones en contra de la población civil, es en
primer lugar un acto de justicia revolucionaria reclamado por el pue-
blo, y en segundo lugar permite gradualmente la destrucción del po-
der local enemigo…”
1335
3635.
Según los ex dirigentes del EGP, esa organización guerrillera no te-
nía una política en contra de las autoridades locales.
“Algo propiamente definido hacia las autoridades civiles, no recuerdo
que hayamos tenido lineamientos”.
1336
3636.
En un parte de guerra de 1981 el EGP reportó que el 16 de no-
viembre de 1981 ocupó la población de Tecpán, Chimaltenango, y fueron
ejecutados seis miembros del poder local.
1337
En este caso el EGP no men-
ciona si el móvil fue la misma función de autoridad que desempañaban las
víctimas, o si éstas cometieron acciones represivas en contra de la pobla-
ción. Sin embargo, en los demás casos de ajusticiamiento de alcaldes reco-
gidos por la CEH, el móvil parece encontrarse más en su actitud opresora
o enemiga de la guerrilla, que en el cargo oficial desempeñado por ellos.
3637.
En el departamento de Chimaltenango, donde algunos líderes lo-
cales y alcaldes municipales fueron víctimas de la violencia política perpe-
trada tanto por el Ejército como por la guerrilla, la CEH recibió testimo-
nio de las ejecuciones de Gabino Tubac, Filiberto Osorio Marroquín y Ca-
tarino Galindo Marroquín.
Gabino Tubac, indígena kaqchikel, ganó la alcaldía de San José Poa-
quil en 1980, como candidato del MLN. Su mandato duró sólo tres me-
1334 EGP. Resumen de acciones militares del Frente Guerrillero Ho Chi Minh realizadas por nues-
tras fuerzas guerrilleras permanentes que corresponde al mes de agosto y septiembre de 1983.
1335 EGP. Partes de Guerra del EGP, 5 de octubre de 1981.
1336 Testigo (ex dirigente del EGP) CEH. (T.C. 207).
1337 Informante Internacional, No.1, diciembre de 1981.
435
ses, hasta el 3 de marzo de 1980, en que fue ejecutado por miembros de la
guerrilla en la plaza del pueblo.
1338
Catarino Galindo Marroquín, ladino, originario de Tecpán, fue alcal-
de de ese municipio en dos períodos, de 1960 a 1962 y de 1978 hasta la
fecha en que fue muerto. Era señalado como “un ladino de pueblo, con po-
der, abusivo y discriminador con la gente indígena”. Fue ejecutado por miem-
bros del EGP el 16 de noviembre de 1981.
1339
Filiberto Osorio Marroquín, ladino, ex comisionado militar, fue alcal-
de de Patzún entre 1981 y agosto de 1982. Tenía una habitación con ar-
mas en la alcaldía y expresaba que deseaba “acabar con la gente de Chipia-
cul para convertir dicho lugar en su potrero”. Fue reconocido por algunas
personas cuando acompañó al Ejército en una de las masacres de Chipia-
cul. Fue ejecutado por miembros del EGP el 31 de agosto de 1982.
1340
3638.
En el departamento de Chiquimula, región Chortí, área de in-
fluencia del frente guerrillero 13 de Noviembre, también se produjeron
ejecuciones de alcaldes.
“La guerrilla quería llegar a la población a través de los alcaldes au-
xiliares, el entonces jefe de la guerrilla … le pidió a Silvestre Ramos,
en ese tiempo alcalde auxiliar de Colmenas, que convocara a la po-
blación a una reunión para explicarles que lo que ellos buscaban era
tierra para trabajarla. Silvestre Ramos se negó y el jefe de guerrilla lo
amenazó de muerte. El 25 de diciembre de 1982, días después de ha-
ber sido amenazado, apareció en el camino los cadáveres de Silvestre
Ramos y de su hijo Pedro Ramos, muertos ambos a machetazo”.
1341
3639.
En cuanto a su política hacia los líderes tradicionales, los ex diri-
gentes del EGP señalan que pretendían “… que ellos no sólo nos respetaran
sino que comprendieran cuáles son las ideas que llevábamos y que ayudaran
con la ascendencia que tenían sobre toda la población, que ayudaran a que es-
ta simpatía se tradujera en incorporación, y así fue”.
1342
3640.
Algunos informantes de la CEH han evidenciado cómo la implan-
tación de la guerrilla constituyó un desplazamiento y una pérdida de po-
der para los principales.
“Hubo una época en que ellos empezaron a recoger todas las varas y
los distintivos, y algunos los quemaron, otros los enterraron … y en-
1338 C 15339. 1980. San José Poaquil, Chimaltenango.
1339 C 905. Noviembre, 1981. Tecpán, Chimaltenango.
1340 C 810. Agosto, 1982. Patzún, Chimaltenango.
1341 C 1049. Diciembre, 1982. Jocotán, Chiquimula.
1342 Testigo (ex miembros y altos mandos del EGP) CEH. (T.C. 243).
436
tonces allí desapareció prácticamente la autoridad comunitaria en el
pueblo por otro tipo de autoridad que surgió de parte de la guerri-
lla”.
1343
3641.
Algunos principales fueron ejecutados por el EGP. Después del ase-
sinato, en 1976, de Gaspar Pérez en Cotzal, Quiché, se presentó el caso de
la ejecución de Sebastián Guzmán, en Nebaj, el 13 de diciembre de 1981.
Aunque el objetivo de la guerrilla no era eliminar la práctica espiritual
indígena, sino el ajusticiamiento de un “personaje ambivalente, por una par-
te explotador y represor, y al mismo tiempo representante y máxima autoridad
del grupo étnico ixil dentro de Nebaj … a petición expresa de los mismos in-
dígenas de los que se suponía que era el guía”,
1344
es innegable el significado
simbólico de ataque a la estructura religiosa maya: “Sebastián Guzmán era
principal de los principales, el primero, el más grande entre los principales que
son la autoridad, en lo que se concentra la esencia de la tradición, la cultura,
la fuerza étnica y las costumbres mayas, y sobre cuyas espaldas recae la vida y
el futuro de la comunidad”.
1345
“Su muerte adquirió una doble dimensión: la del ajusticiamiento de un
jerarca indígena traidor a su etnia y la del exponente de una clase que se de-
rrumba definitivamente, los explotadores”.
1346
3642.
La CEH recibió testimonio de un caso de una ejecución de un lí-
der tradicional. El 30 de mayo de 1982, en el cantón Tubalá, del munici-
pio de Zacualpa, departamento de Quiché, miembros de la guerrilla eje-
cutaron a Marcos Ris, guía espiritual maya. Según el declarante, la víctima
nunca aceptó a los insurgentes y hablaba mal de ellos, decía que eran ha-
raganes y que no trabajaban. No les daba comida tampoco cuando la soli-
citaban. El día que llegaron por él intentó atacarlos con machete, pero fue
despojado del mismo. La esposa quiso intervenir y fue amarrada a un pa-
lo. En eso la víctima intentó escapar, corrió, se dirigió hacia una loma cer-
cana y allí cayó muerto cuando le disparó.
1347
3643.
En algunas las ejecuciones la guerrilla pidió la opinión de la pobla-
ción con el propósito de involucrarla en la planificación de la decisión y
ganarse su confianza.
“En abril del 81 estaba en Ixcán, y escuché acerca de la muerte del al-
calde y juez de paz. Fue ajusticiamiento del EGP, porque ellos eran
personas que andaban cobrando cualquier delito que hacía la pobla-
1343 Testigo (ex alcalde municipal) CEH. (T.C. 254).
1344 “Sebastián Guzmán, principal de los principales”, sin firma, publicado en Polémica, números 10-
11, julio-octubre 1983.
1345 Ibid.
1346 Ibid.
1347 C 2848. Mayo, 1982. Zacualpa, Quiché.
437
ción: Obligaban a la gente a traer agua y leña para sus casas. El ajus-
ticiamiento lo pidió la comunidad, fue una opinión de mucha gente
y el EGP confirmó el ajusticiamiento en el momento oportuno, todo
esto fue planificado, previsto, esto ocurrió en el mes de marzo o
abril”.
1348
“Piden que no se hagan ajusticiamientos de los orejas, sino que les de-
mos ideas para que ellos mismos presionen a los orejas, ya lo han he-
cho en algunos momentos, piden que los ajusticiamientos que se ha-
gan sean a los orejas más activos, que son unos tres o cuatro, que se ha-
ga con balas”.
1349
3644.
El procedimiento utilizado por la población para indicar al EGP
quiénes eran los opresores y los informantes del Ejército había adquirido
en ciertas áreas del Altiplano la misma forma utilizada por el Ejército para
individualizar a los supuestos guerrilleros, o sea, mediante la elaboración
de listados. El “juego de los listados” fue, de hecho, aprovechado también
para delatar gente a la guerrilla. Las denuncias de la población se confun-
dían a veces con viejos conflictos locales, entre familias, por tierras u otros
tipos de venganzas.
“Teníamos previsto la injerencia de nosotros en no dejar en las ma-
nos de la población cuestiones de ajusticiamientos, nunca se llegó a
un linchamiento. En algunos casos delicados, lo que sí hubo en 80-
81 eran varios ajusticiamientos de orejas y autoridades locales reac-
cionarias”.
1350
3645.
Según los representantes de las organizaciones guerrilleras, antes de
proceder a un ajusticiamiento siempre investigaban las denuncias que re-
cibían de la población sobre los supuestos colaboradores. “Para no caer en
el error de eliminar a personas que pueden llegar a ser convencidos de la nece-
sidad de la revolución”.
1351
“Nosotros investigábamos porque la primera idea era que puede ha-
ber venganzas, pues, de hecho siempre hay rencillas de diversos tipos
entre la población, pleitos etc., entre familias, personas y otros. Enton-
ces tratábamos de evitar eso. Ahora, si ocurrió o no ocurrió, de todas
1348 Testigo (ex dirigentes del EGP) CEH. (T.C 157).
1349 Informe distrital del frente guerrillero Comandante Ernesto Guevara, 2 de noviembre de 1982.
1350 Testigo (ex dirigente del EGP) CEH. (T.C. 289).
1351 EGP, Sobre nuestro concepto de la propaganda armada como forma principal de lucha en la nue-
va fase, agosto de 1975.
438
maneras, dentro del desarrollo de la guerra donde había acciones mi-
litares, acciones de guerra casi a diario, etc, y de repente por ahí al-
guien resultaba muerto, pero que no habían sido las fuerzas guerrille-
ras, muy probablemente algún vecino con otro tomó una acción de
venganza. Puede ser”.
1352
“Tenía que ser bien comprobado que sí, en realidad, era justo que a
aquel lo ajusticiaran o si no. Ya que muchos ajusticiamientos no se hi-
cieron porque muchas veces hay odios y todo eso teníamos que exami-
narlo muy bien”.
1353
3646.
Como pauta general la guerrilla no procedía de inmediato a la eje-
cución de la víctima designada, sino que le hacían unos llamados de aten-
ción: “… después de haber comprobado los hechos, antes de ajusticiarlo, se se-
guía un procedimiento que consistía en una serie de llamados de atención, an-
tes por parte de la comunidad, después por parte de una pequeña unidad de
combatientes en privado, y por último por los combatientes enfrente de su fa-
milia”.
1354
“Mosquitos les llamábamos, por las llamadas de atención, una, dos y
tres veces; si no hacía caso y si seguían con la actitud mala con la co-
munidad, entonces actuábamos. Siempre les advertimos a través de
un volante firmado como EGP, lo hacíamos directo hasta la casa, a
veces no cambiaban; al contrario, actuaban con más fuerza”.
1355
3647.
En varios casos hablaban con la persona denunciada para que
abandonara sus acciones.
“Venía a sacar informaciones [un comisionado militar], se disfraza-
ba para hacerlo, entonces él se encargaba de hacer la lista y pasarla al
Ejército; en algunos casos, antes de que ese colaborador hiciera masa-
cres, había que eliminarlo para que se muriera él y no un montón de
compañeros, y otras veces sólo se amenazaba, se llegaba a la casa y se
le advertía: ‘mirá vos, estás haciendo ese trabajo, pero dejálo, a quien
estás matando es a tus vecinos, es a tus gentes’. Muchos se salvaron así
y dejaron de ser colaboradores del Ejército”.
1356
1352 Testigo (ex alto mando del EGP) CEH. (T.C. 132).
1353 Testigo (ex miembro del EGP) CEH. (T.C. 222).
1354 Testigo (ex organizador político del EGP) CEH. (T.C. 253).
1355 Testigo (ex dirigentes del EGP) CEH. (T.C. 157).
1356 Testigo (ex combatiente del EGP) CEH. (T.C. 80).
439
3648.
Otras veces se les daba un término de tiempo para que dejaran el
lugar: “El día 3 de octubre, en el municipio La Democracia, Escuintla, ocu-
pamos militarmente la finca Santa Cleotilde. Destruimos los tractores y las ofi-
cinas. Se hizo un juicio popular al administrador de la finca por malos tratos
a los trabajadores. Se le otorgó un plazo para abandonar el lugar”.
1357
“La víctima por ese entonces luchó por no perder su tierra. A la gue-
rrilla no le pareció y lo amenazó públicamente, con pintas y escritos,
primero señalando que sólo le quedaban quince días de vida. Después
apareció otro mensaje público que decía que le quedaban ocho días de
vida. En el día indicado lo mataron. Entraron en su casa por la tar-
de y lo sacaron. Apareció muerto a la mañana siguiente a unos cien
metros de su vivienda, con un lazo en el cuello. Lo enterraron allí, cer-
ca de su casa. A raíz de este caso y una muerte después, casi todos los
que se quedaban todavía, se fueron a México”.
1358
3649.
En los primeros años, cuando la mayoría de los miembros de la Di-
rección Nacional estaba oculta en la montaña, la decisión para autorizar es-
te tipo de acciones era tomada a nivel de Dirección Nacional.
1359
Con el
desarrollo de la organización y la constitución de los frentes guerrilleros, a
partir de 1979-1980, las decisiones empezaron a tomarse a nivel de direc-
ción de frente, por medio del representante de la Dirección Nacional que
se encontrara presente. Sólo en casos excepcionales recurrían directamen-
te a la Dirección Nacional.
3650.
Una vez decidida la sentencia de muerte, el condenado no tenía de-
recho a ninguna defensa, sólo se le explicaban las razones de la decisión, a
veces en privado y otras veces en presencia de la población.
“Los juicios prácticamente se hacían en las reuniones, … pues se
reunía con él y se hablaba todo eso, pero no había posibilidad en lo
absoluto de defensa. Una vez que se tomaba la decisión ya no había
escapatoria, a nadie se le ponía para que lo defendiera; por ejemplo,
en todo caso la reunión que se hacía era para explicar las razones del
porqué. Y muchas veces se hizo frente a la población, y se decía: aquí
está este señor y lo vamos a fusilar por esto, esto y esto, y no se pedía
preguntas, inclusive se decía: nadie del público hable, porque ya no-
sotros habíamos recabado toda la información en el pueblo y la ma-
yoría de la gente quería que se le fusilara”.
1360
1357 EGP, Partes de Guerra, octubre de 1981.
1358 C 5012. Diciembre, 1980. Nentón, Huehuetenango.
1359 Testigo (ex alto mando del EGP) CEH. (T.C. 152).
1360 Ibid.
440
3651.
Sin embargo, según algunos dirigentes del EGP, no todos los ajus-
ticiamientos pudieron contar con la aprobación de la Dirección del Fren-
te: “…no teníamos que solicitar forzosamente la aprobación de nuestros jefes
de distrito u otros, pero dependía de la situación. O sea, a veces eran decisiones
locales y mucho dependía del encargado local”.
1361
3652.
Muchos representantes de la guerrilla dentro de la comunidad abu-
saron de su jerarquía, sobre todo entre 1981 y 1982, en contra de sus co-
munidades, anteponiendo problemas familiares, personales, y ejecutando
a los que estaban en contra de sus órdenes; algunos vecinos informaron
que dentro de ellos mismos masacraron a varias personas.
“Lo que se había perdido, y era evidente, era el control general de par-
te de la Dirección sobre todas las actividades que hacía su organiza-
ción, y entonces algunas las seguían dirigiendo y realizando dos, tres
compañeros allí, con su propio criterio. Lo hacían algunas veces co-
rrectamente, otras oportunidades cometiendo errores”.
1362
3653.
Además de los dos comandantes que se habían insubordinado en
el interior del país durante buena parte de 1982, sólo estaban dos miem-
bros de la Dirección Nacional; sin embargo, se encontraban al norte de
Huehuetenango, con conocimiento parcial de lo que estaba pasando en los
otros frentes.
“Era una situación confusa, también porque yo, por ejemplo, estuve
desconectado mucho tiempo y porque ya no había comunicación con
la Dirección, pero estuve convencido de que el trabajo se hacía … así
sucedió con otros compañeros que cometieron abusos”.
1363
3654.
El frente guerrillero Ho Chi Minh, en Quiché, también se había
quedado fuera del control de la Dirección Nacional, tras la muerte, el 13
de julio de 1982, de su dirigente, único miembro de la Dirección Nacio-
nal que quedaba en la región.
“Decidieron ajusticiamientos, ya no la dirección de frente, sino que
jefes de unidades lo decidieron, sobre todo en el caso concreto del fren-
te Ho Chi Minh …, un tiempo en el que fueron jefes de unidades
… entonces cuando iban a cumplir las misiones que les ordenaba la
jefatura, las iban a cumplir como les daba la gana y cuando alguien
1361 Testigo (ex combatiente del EGP) CEH. (T.C. 79).
1362 Testigo (ex alto mando del EGP) CEH. (T.C. 207).
1363 Testigo (ex combatiente del EGP) CEH. (T.C. 79).
441
de la población o ellos mismos decidían, como eran de allí y tenían
enemigos, ellos decidían que había que ajusticiar a alguien, y lo ha-
cían”.
1364
3655.
A partir de septiembre de 1981 los partes de guerra reportaron un
número muy alto de ejecuciones realizadas por el frente Augusto César
Sandino, que estaba al mando de un comandante que encarnaba la línea
más militarista y cortoplacista dentro del EGP.
“Había una improvisación tremenda, pero también un tipo de aren-
gas por parte de [el comandante del frente Augusto César Sandi-
no], principalmente donde ya llegaban a quedar fuera consideracio-
nes humanas, y por eso dio lugar a una cantidad de excesos”.
1365
“En diferentes municipios hemos aplicado la justicia revolucionaria a
70 agentes del Ejército. Eliminando así el poder local que las fuerzas
represivas tenían en estos municipios y empezando a construir el Po-
der Local Revolucionario”.
1366
Para el mes de septiembre los partes
de guerra habían reportado “ajusticiamos a 97 agentes enemigos im-
plicados en diferentes hechos represivos, en distintas localidades del
país”.
1367
3656.
Las ejecuciones en la ciudad también se decidían en un ámbito de
Dirección Nacional. Esas acciones eran dirigidas contra personas vincula-
das al ejercicio de la violencia política auspiciada por el Estado.
“Personajes con una trayectoria de represión, de involucramiento di-
recto y personal en la represión, personajes conocidos, sí se definieron
una serie de criterios, no era cualquier tipo de acción o cualquier per-
sona que fuera señalada o acusada, sino personajes, porque se plan-
teaban objetivos de justicia revolucionaria, como se le llamaba tex-
tualmente, pero al mismo tiempo objetivos propagandísticos que eso
trascendía, que tuviera resonancia fuerte, por tratarse de personajes
conocidos”.
1368
3657.
Las operaciones eran realizadas por unidades especiales y planeadas
con base en informaciones sobre los desplazamientos y rutinas de la vícti-
1364 Testigo (ex alto mando del EGP) CEH. (T.C. 207).
1365 Testigo (ex alto mando del EGP) CEH. (T.C. 23).
1366 EGP, Partes de Guerra, Guatemala, noviembre de 1981.
1367 EGP, Partes de Guerra, Guatemala, 5 de octubre de 1981.
1368 Testigo (ex alto mando del EGP) CEH. (T.C. 23).
442
ma. El atentado estaba “basado en la sorpresa, la potencia de fuego y la velo-
cidad”, como lo describió Mario Payeras, ex Comandante Benedicto, res-
ponsable del frente urbano entre 1980 y 1981.
1369
3658.
La mayoría de las veces el EGP reivindicó la autoría de esas accio-
nes informando a los medios de comunicación el motivo de las mismas. El
13 de junio de 1980 los esposos Carlos Bickford y Christa Neutze de Bick-
ford, propietarios de la empresa de muebles y artículos de madera CAM-
SA, fueron ejecutados en el Boulevard Vista Hermosa, en la zona 15. En
un comunicado público fechado el 14 de junio, el EGP se responsabilizó
del hecho.
1370
“Todas las acciones de ajusticiamiento las reivindicábamos y lo dába-
mos a conocer en el Informador Guerrillero …explicábamos a la gen-
te por qué hacíamos la justicia”.
1371
“En acción de justicia revolucionaria fue ajusticiado el 15 de abril en
la ciudad capital, el jefe de seguridad de la empresa Coca Cola, cul-
pable del asesinato de tres trabajadores que trataban de impulsar la
organización del sindicato”.
1372
3659.
La primera ejecución en la capital fue realizada el 13 de diciembre
de 1975 y marcó el comienzo de las hostilidades en el frente urbano. La
víctima fue el diputado Bernal Hernández, ex militar del 13 de Noviem-
bre y ex miembro de las FAR, juzgado “traidor del movimiento guerrillero y,
además, delator y responsable de muchos asesinatos de base de apoyo de la gue-
rrilla de los años 60”.
1373
Pocos meses después, el 21 de abril de 1976, el
EGP realizó otra ejecución; esta vez en contra el coronel Elías Osmundo
Ramírez Cervantes, jefe de la unidad de Inteligencia del Estado Mayor
Presidencial.
3660.
Los “ajusticiamientos” realizados por el EGP tuvieron diferentes
modalidades. A veces, por ser el individuo demasiado peligroso o hallarse
armado, o si por otras razones no lograban capturarlo y presentarlo frente
a la población, lo apresaban por medio de emboscadas.
1369 Mario Payeras, El Trueno en la Ciudad, episodios de la lucha armada urbana de 1981 en Guate-
mala, México.1982.
1370 Tanto la información como el comunicado del EGP aparecen en el informe entregado por el
CACIF a la CEH, denominado Informe a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, sobre
algunos hechos de violencia perpetrados en contra del sector empresarial durante el conflicto ar-
mado.
1371 Testigo (entrevista con ex dirigentes del EGP) CEH. (T.C. 157).
1372 EGP, Informador Guerrillero, publicación quincenal, No.6, 16 de abril de 1982 al 1 de mayo de
1982.
1373 Testigo (ex altos mandos del EGP) CEH. (T.C. 150).
443
“Ahí sólo se le ajusticiaba sin presencia de nadie más, se dejaba una
nota explicando”.
1374
“En aquel entonces [1980] estaban los comisionados militares. Héc-
tor Pineda, del centro Cocales; en un día que desconozco la fecha, sa-
lió de su casa para ir a Pueblo Nuevo, y la guerrilla le tendió una em-
boscada y lo mataron”.
1375
“En marzo de 1982, en la aldea Acal, del municipio de San Ildefon-
so Ixtahuacán, fue ejecutado el señor Pedro Ordóñez Domingo, en el
camino cerca del crucero para San Miguel. Junto a su cadáver se en-
contraron unos documentos con letras del EGP”.
1376
3661.
Se presentaron algunos casos en que las víctimas fueron ejecutadas
en sus propias residencias.
“El señor Juan Miguel López había viajado a la cabecera departa-
mental de Huehuetenango el día viernes 7 de mayo de 1982, a ven-
der quince quintales de trigo, y el día sábado 8 regresó a la aldea On-
laj, municipio de Concepción Huista, Huehuetenango. Se recuerda
que en la mañana la víctima estuvo trabajando en su terreno sem-
brando milpa, y que por la tarde fue a ver unas bestias. Se dirigió a
su casa y después de la cena, cuando estaba sentado en la cocina, es-
cuchó que llegaban unos hombres. El declarante refiere que sacaron a
la víctima por la fuerza y que lo llevaron con violencia al patio, y co-
mo a ocho varas de la casa, lo degollaron con un hacha propiedad del
mismo. Dice que los hombres tenían uniforme verde olivo. Se recuer-
da que a la esposa de don Juan le dijeron que él era oreja del Ejérci-
to y que por ese motivo lo estaban ajusticiando, y que si se enteraban
de que ella seguía hablando mal de la guerrilla, volverían en quince
días y también la iban a ajusticiar”.
1377
“El 1 de enero de 1981 fue asesinado [Victoriano Matías, primer
presidente de la Cooperativa Ixcán Grande] por la guerrilla. Lo
acusaron de ser doble agente, es cierto que le daban jalón en helicóp-
tero, era un gran trabajador productivo … El no actuó con precau-
ción, llegaba a su casa de noche. Lo llegaron a buscar tres hombres y
lo llamaron, él salió con su señora y sus niños, y lo mataron”.
1378
1374 Testigo (ex altos mandos del EGP) CEH. (T.C. 152).
1375 C 11481. 1980. Ixcán, Quiché.
1376 C5064. Marzo, 1982. Ixtahuacán, Huehuetenango.
1377 C 5578. Mayo, 1982. Concepción, Huehuetenango.
1378 C 11401. Enero, 1981. Ixcán, Quiché.
444
3662.
Los testimonios también hablan de ejecuciones realizadas en el cur-
so de una acción de propaganda armada, como en el caso del finquero En-
rique Brol, ejecutado públicamente durante la toma de Nebaj, cabecera
municipal de Quiché, en 1980.
1379
3663.
El 18 de diciembre de 1981 un grupo de guerrilleros tomó la ca-
becera municipal de Cunén, Quiché. Los miembros del EGP efectuaron
un mitin en el que dijeron a la población que conocían muy bien a las per-
sonas que el Ejército obligaba a que los alimentaran cada vez que llegaban
al pueblo para reunirse con los miembros de la PMA, lo que era un abuso
contra la población. Antes de terminar los discursos los guerrilleros ejecu-
taron a Felipe Pérez Jerónimo, ayudante del comisionado militar. Los
insurgentes estuvieron buscando al policía municipal para “ajusticiarlo”,
pero no lo encontraron.
“Ese mismo día nuestras unidades guerrilleras tomaron militarmente
la cabecera municipal de Cunén, realizaron acciones de propaganda
armada y varias acciones de sabotaje. Recuperamos medicinas y ajus-
ticiamos a un reaccionario. También hicimos pintas”.
1380
3664.
En algunos casos la población misma fue obligada a participar en
la ejecución. Algunos testimonios recogidos por la CEH se refieren a casos
ocurridos en el departamento de Huehuetenango, Frente Comandante Er-
nesto Guevara, donde en el período 1981-1982 se cometieron los más
crueles “ajusticiamientos” que diseminaron terror en la población, como se
aprecia en el apartado sobre esta unidad guerrillera.
“Hubo, por ejemplo, ese caso cuando la guerrilla ajustició a un señor
de Stikajo [San Miguel Acatán ]. José Francisco se llamaba. El tra-
bajaba para una compañía y se había ido a Huehuetenango para
comprar gasolina. El EGP opinaba que, como la compañía era gu-
bernamental, esto reflejaba mal sobre José Francisco. Ellos prohibieron
la participación en cualquier organización del Gobierno. Además, ese
José Francisco tenía bastante dinero. No muchísimo, pero algo, y por
esa razón los guerrilleros decidieron matarlo. De hecho, lo sacaron de
su casa en Stikajo y lo llevaron al pueblo, donde reunieron a toda la
gente. Tal vez asistieron unas 150 personas, una de ellas el sacerdote
Andrés de Ixtahuacán. La guerrilla colgó a José Francisco en una cei-
ba en el mero centro. Luego, el jefe de la guerrilla obligó a toda la
1379 C 1283 . 1980, Nebaj, REMHI.
1380 EGP, Informador Guerrillero, publicación quincenal, No.2, 16 de enero de 1981 al 31 de ene-
ro de 1982.
445
gente presente matar el señor a puros golpes. Con un garrote grande,
uno por uno, tenían que darle un golpe a José Francisco. También
obligaron al sacerdote a participar, pero él se negó. Entonces el jefe
apuntó su arma para obligarlo a obedecer, pero el sacerdote salió con
la cara pálida”.
1381
“Fue un día en el año 81 que un conocido mío de la aldea Taquiná
salió para Huehuetenango a comprar ropa. Parece que allí en Hue-
hue empezó a chupar, y al regresar a su casa andaba bastante bolo.
Pasando por el caserío Meté, cerca de San Miguel Acatán, él, estando
borracho, se metió a una casa y empezó a molestar a la gente. El due-
ño de la vivienda se encabronó mucho. Lo agarró y decidió entregar-
lo en manos de la guerrilla. Es eso lo que pasó. La guerrilla lo llevó a
San Miguel Acatán y allí convocó a la gente, dando la recomendación
a todos de llevar palos. Entre 400 y 500 personas se presentaron. Yo
también fui a ver lo que iba a pasar. Cuando estábamos reunidos, dos
guerrilleros nos preguntaron: “Ahora, los que quieren que lo matemos,
levanten sus manos”. La mayoría de la gente presente levantó su ma-
no. Estaban de acuerdo en matar al pobre hombre. Entonces los in-
surgentes lo colgaron en un árbol, amarrándole los pies y las piernas
al árbol, así que se encontraba tal vez a un metro de distancia del sue-
lo. Luego llamaron a todos a pegarle al hombre con sus palos. Los pri-
meros en presentarse fueron los dueños de la casa, dos hombres y dos
mujeres. Uno por uno con sus palos le pegaron duro en la cabeza, y le
salió mucha sangre. Después de ellos, se presentaron entre 30 y 34 per-
sonas más, que también le pegaron fuerte. Primero con sus palos y des-
pués, también con machete. Yo pude verlo bien. Era muy feo. Francis-
co, así se llamaba la víctima, estaba gritando y llorando con dolor y
con cada golpe se debilitó más. Sin embargo, la gente no se cansó de
pegarle hasta que lo tenían casi muerto. Cuando ya no gritaba ni se
movía, los guerrilleros, con machete, cortaron el lazo en sus piernas
con el cual lo habían amarrado al árbol. Con un gran golpe se cayó
al suelo, y si no estaba muerto ya, allí se murió. Mientras que los gue-
rrilleros presentes eran bastantes, huyeron, y la gente enterró el cadá-
ver de Francisco en el campo santo”.
1382
3665.
En algunos hechos, por el desarrollo de las operaciones mismas o
por simple suerte o azar, las víctimas sobrevivieron al atentado perpetrado
contra su vida. A continuación, se presentan algunos casos de esas ejecu-
ciones fallidas que ocasionaron lesiones graves.
1381 Testimonio Colectivo CEH. (T.C. 352).
1382 C 6100. 1981. San Miguel Acatán, Huehuetenango.
446
“El 3 de febrero de 1981, en la aldea Santa María Candelaria, Ix-
cán, Quiché, miembros de la guerrilla sacaron de su residencia al al-
calde auxiliar, Jorge Fortunato Funes Argueta, lo tendieron en el sue-
lo y le propinaron cuatro balazos. La víctima se hizo el muerto y los
insurgentes, al creer que se encontraba sin vida, abandonaron el lu-
gar. El señor Funes Argueta perdió un ojo y quedó con insensibilidad
en la mandíbula. En repetidas ocasiones los guerrilleros le habían
amedrentado para que se uniera a sus fuerzas, recibiendo siempre una
negativa por parte de la víctima”.
1383
“El 10 de enero una unidad guerrillera lanzó granadas contra la re-
sidencia de varios comisionados militares. Dos de ellos murieron y un
tercero resultó gravemente herido”.
1384
“El 26 de febrero fuerzas de nuestro Frente Guerrillero Otto René
Castillo realizaron un operativo de ajusticiamiento contra el jefe de
las Reservas Militares, coronel José Vicente Martínez, quien quedó
gravemente herido”.
1385
“El 27 de abril de 1982, en la aldea Xenaxicul, del municipio de
Aguacatán, Huhuetenango, miembros del EGP atentaron contra la
vida de Diego Imul Pú, quien quedó herido. La víctima había sido
soldado, y la razón del hecho fue que les caía mal”.
1386
En una fecha de 1982 un grupo de guerrilleros “vestidos de verde oli-
vo” interceptaron al comisionado militar de la aldea El Granadillo,
colaborador del Ejército, lo sorprendieron a cuchillazos y machetazos
dejándolo moribundo. La víctima se había ganado muchos enemigos
dentro de la comunidad por la actividad que desempeñaba a favor del
Ejército.
1387
“El 30 de mayo de 1983, en la finca Cantoira, municipio de La Go-
mera, Escuintla, Leocaldio Valladares Castañeda fue herido por tres
impactos de bala que lo dejaron inválido. Antes de su atentado había
recibido tres volantes anónimos firmados por las FAR donde se le or-
denaba abandonar su trabajo como administrador de la finca”.
1388
1383 C 11522. Febrero, 1981. Ixcán, Quiché.
1384 EGP, Informador Guerrillero, publicación quincenal, 16 de diciembre de 1981 al 15 de enero
de 1982.
1385 EGP, Informador Guerrillero, publicación quincenal, No.4, 16 de febrero de 1982 al 15 de mar-
zo de 1982.
1386 C 5688. Abril, 1982. Aguacatán, Huehuetenango.
1387 C 5469. 1982. Ixtahuacán, Huehuetenango.
1388 C 638. Mayo, 1983. Escuintla, Escuintla.
447
“El 16 de mayo de 1989, en la aldea San Lucas, municipio Ixcán,
Quiché, el agricultor Mariano Paau Lucas Gómez resultó herido
como consecuencia de un hostigamiento realizado con fuego de fusile-
ría y granadas, por miembros del EGP”.
1389
El Frente Guerrillero Comandante
Ernesto Guevara y la violencia revolucionaria
3666.
Los testimonios recogidos por la CEH apuntan al Frente Guerri-
llero Ernesto Guevara, que operaba en el departamento de Huehuetenan-
go y en el área del Ixcán, en el norte de Quiché, como responsable de los
“ajusticiamientos” más crueles de la guerrilla, cuyo carácter ejemplar y di-
suasorio aterrorizó a la población en los años más encarnizados del enfren-
tamiento. Los casos que se presentan a continuación son muestra de ese
proceder.
3667.
La gran ofensiva lanzada por el Ejército a finales de 1981, como se
explica en el apartado sobre el EGP, dejó los frentes guerrilleros aislados en-
tre sí y fuera de control de la Dirección Nacional.
“El año 82 fue el tiempo en que hubo muchos cortes de lo que es el
funcionamiento de la Dirección Nacional y por lo tanto el funciona-
miento de toda la organización, hubo partes que quedaron secciona-
das del resto”.
1390
“La organización, al ser fuertemente golpeada, perdió numerosos cua-
dros formados con una calidad humanística y política mayor … los
vacíos dejados por estos compañeros con mejor experiencia fueron lle-
nados por compañeros inexpertos … hubo en diferentes momentos de-
cisiones tomadas por mandos inferiores o por compañeros responsables
a niveles zonales…”
1391
3668.
Sin embargo, la violencia que se desató en este frente parece más
bien ser la respuesta del EGP en el ámbito local a la táctica contrainsur-
gente de disputarle su base social.
“Los años 80-81 eran los más fuertes en cuanto a las operaciones de la
guerrilla y el apoyo que gozaba del pueblo … Tal vez al inicio la gue-
rrilla se comportó bien, pero poco a poco empezaron a amenazarnos y
a matarnos. Ya no era voluntaria la organización de la gente … La
1389 Denuncia presentada por la víctima el 12 de agosto de 1993 a la Procuraduría de Derechos Hu-
manos, en el Informe entregado a la CEH compilado por la Asociación Nacional del Café, To-
mo IV.
1390 Testigo (ex alto mando del EGP) CEH. (T.C. 156).
1391 Testigo (ex organizador político del EGP) CEH. (T.C. 253).
448
guerrilla venía a cada rato para pedirnos pisto y comida. También nos
prohibieron salir de nuestras aldeas. Querían que estuviéramos pen-
dientes en nuestras aldeas y los CCL eran los encargados de vigilarnos.
Los guerrilleros amenazaron a todos los que no querían cumplir”.
1392
3669.
La preocupación por la gradual pérdida de su base de apoyo se en-
cuentra expresada en algunos documentos internos del EGP. El 2 de no-
viembre de 1982, en un informe de distrito, el EGP reportaba acerca del
Frente Comandante Ernesto Guevara: “… en casi todas las localidades tene-
mos compañeros en pequeños grupos, porque dentro de ellos se tienen descon-
fianza, por eso no hablan de la organización, porque sí hay mucha gente que
se nos volteó.
1393
En este distrito la gente está en tres partes, una parte pequeña
son los que presionan a los demás para que ya no sigan en la lucha, una bue-
na parte está neutral, y una parte que … son los que nos buscan”.
1394
3670.
En este análisis del EGP, de las 28 comunidades mencionadas (cu-
yos nombres no son legibles) sólo 3 siguen apoyando 100% a los alzados,
mientras 7 resultan totalmente en contra de ellos, y de una decena no tie-
nen información.
3671.
En el mismo documento el EGP mencionaba la falta de colabora-
ción por parte de su base social:
“En la población los compañeros se resisten a que operemos, por ejem-
plo, no quieren guiarnos a donde viven los reaccionarios para ajusti-
ciarlos, tampoco quieren salir a guiar a los compañeros cuando van a
salir a otra parte …; es difícil en realidad operar, ya que si las bases se
queman el enemigo las puede reprimir rápidamente y cortar nuestras
bases de apoyo, y de las bases no en todas hay la disposición de mante-
nernos; dan información y abasto, pero no quieren que tardemos o que
se tenga campamento para no dejar huella, y se pueden quemar”.
1395
3672.
En documentos anteriores el EGP había manifestado su preocu-
pación por mantener el control sobre su base social frente al avance del
Ejército.
“Las condiciones en las que nos encontramos en la actualidad, prin-
cipalmente en lo que respecta a nuestras bases de apoyo, no serán úni-
cas en la actual ofensiva, el enemigo hará esfuerzos por querer arran-
carnos a esta base social o neutralizarla por medio del terror, la con-
1392 C 6251. Agosto, 1982. San Rafael La Independencia, Huehuetenango.
1393 “Voltearse” tiene el significado de “pasar al enemigo”.
1394 Frente Guerrillero Comandante Ernesto Guevara, Informe del Distrito del Frente Guerrillero
Comandante Ernesto Guevara, 2 de noviembre de 1982.
1395 Ibid.
449
fusión y la amenaza. Todos nuestros organismos dependen del pueblo,
y sin el aporte de éste, el cumplimiento de las tareas se hace difícil, y
en algunos casos, imposible”.
1396
3673.
Otra preocupación, comunicada en el mismo documento, son las
armas que se habían quedado en poder de la población que ya se estaba
organizando en patrullas civiles, por ellos denominadas “bandas reaccio-
narias”.
“Es sabido que muchos compañeros de la población tienen armas en
su poder y que en algunas ocasiones nosotros mismos les ayudamos a
arreglarlas, limpiarlas o enseñamos a desarmarlas, disparar, y hasta
tal vez les dimos algunos cartuchos, pero ahora esas armas están apun-
tando contra nosotros. Hay lugares en los que la gente tiene armas y
que aún no han sido tan confundidos por el enemigo con eso de las
patrullas civiles; considero que para evitar que estos compañeros en un
momento dado volteen sus armas contra nosotros se les deben de reco-
ger, decirles a ellos que por medidas de seguridad sus armas estarán en
calidad de depósito con las FIL [Fuerzas Irregulares Locales], GD
[Guerrilla Distrital] o en las unidades militares”.
1397
3674.
A la organización de las PAC respondieron en algunos casos las eje-
cuciones de la guerrilla.
“Se ha de destacar que con la creación de las PAC se invirtieron los
papeles. Lo consiguen a través del terror. Masacran, y a los sobrevi-
vientes les obligan a patrullar. El error del EGP fue no comprender
esto a tiempo, y cometieron muchos errores. Muchos de los que antes
les apoyaban se hicieron patrulleros y los mataron. Dentro de la orga-
nización eso se conoció como terror revolucionario”.
1398
3675.
Entre enero y diciembre de 1982, según un resumen de la activi-
dad militar realizada por el Frente Guerrillero Comandante Ernesto Gue-
vara,
1399
los miembros de “bandas reaccionarias”, “orejas” y colaboradores
“ajusticiados” se encuentran distribuidos en una curva de incremento que,
partiendo de 10 casos en enero, supera los 37 en mayo y el 15 de junio al-
canza un pique de 82, 86 y 52 en julio, agosto y septiembre, para después
bajar de nuevo y cerrarse con 14 en diciembre.
1396 Frente Guerrillero Comandante Ernesto Guevara, Año del X aniversario del reinicio de la gue-
rra popular, 22 de agosto de 1982.
1397 Ibid.
1398 Testigo (ex combatiente del EGP) CEH. (T.C. 218).
1399 EGP, Frente Guerrillero Comandante Ernesto Guevara, Resumen de la actividad militar realiza-
da de enero a diciembre de 1982.
450
3676.
En la región Huista hubo varios “ajusticiamientos” realizados por
miembros del EGP. Durante las entrevistas los ex combatientes han reco-
nocido la autoría de la organización en la mayoría de los casos que se les
atribuyen. Los justificaban asegurando que las víctimas eran traidores, usa-
ban su nombre en acciones ilegales como robos, eran comisionados mili-
tares que habían cometido abusos con los reclutamientos forzosos, habían
criticado a la organización públicamente, eran “orejas” o patrulleros que lle-
vaban listados a los destacamentos militares, etc. Los “ajusticiamientos” en
este frente destacaron por su crueldad.
“Todavía no se había sentido el verdadero choque, pero empezó a sen-
tirse la presencia del EGP en el pueblo, varios comandantes eran de
allí. Ya estaban identificados y se sabía a qué cantón pertenecían. La
población les apoyaba pero también les pedían explicaciones cuando
algo no les gustaba, como cuando mataron a Isaac Armas. Todo el
mundo estaba de acuerdo con que era malacate, pero no con que lo
hubieran matado descuartizándolo. Ese ajusticiamiento fue un miér-
coles, el viernes siguiente entró un convoy del Ejército y tuvo lugar el
primer tiroteo”.
1400
“El 20 de enero de 1982 en Kaibil Balam, Ixcán, departamento de
Quiché, miembros del EGP ejecutaron a Pedro Morales, por haber
cuestionado las actividades de los insurgentes en la comunidad. La
víctima fue obligada a cavar su propia tumba, fue apuñalado y ente-
rrado vivo”.
1401
“El 5 de abril de 1982 fue asesinado Hilario Pérez Pablo, en Todos
Santos, Huehuetenango. El vivía en San Lucas, era negociante y te-
nía un camión Hino. En el camino a Todos Santos, en una embosca-
da de los guerrilleros lo bajaron y lo mataron con el tubo de quitar las
llantas, a puro golpe, y después quemaron el camión. Los que estaban
con él reconocieron que era el EGP “porque eran los mismos que esta-
ban en Ixcán”.
1402
El 23 de junio de 1982, en el caserío Buena Vista, de la aldea la Ba-
rranca, del municipio de Aguacatán, Huehuetenango, ejecutaron a
los transportistas Virgilio Agustín y Mariano Ordóñez. El primero fue
1400 C 5126. Febrero, 1982. San Antonio Huista, Huehuetenango. El caso se fecha en febrero de
1982, sin embargo, tras tener varias entrevistas en San Antonio, es probable que el hecho ocu-
rriera en febrero de 1981.
1401 C 11636. Enero, 1982. Ixcán, Quiché.
1402 C 11128. Abril, 1982. Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango.
451
ahorcado ante los viajeros y su hijo pequeño, y al segundo lo ejecutaron
acusado de maltratar a los pasajeros.
1403
3677.
En este frente el EGP también entró en conflicto con otro grupo
armado, “Nuevo Venceremos” (NV), que había surgido a finales de los
años 70 en La Cumbre y El Granadillo, del municipio de Ixtahuacán, de-
partamento de Huehuetenango, y que había organizado a varios caseríos de
la aldea Papal. Este grupo local, que desapareció en los años ochenta, lu-
chaba por cuestiones de tierra y justicia social. Consideraba que los finque-
ros y los ricos no pagaban bien y que por eso tenían que luchar contra ellos.
3678.
En 1978 o 1980 empezaron las acusaciones entre las dos guerrillas.
NV llegaba a los lugares organizados por el EGP, tratando de convencer a
las familias de que se vincularan con ellos, desprestigiando al EGP. Desde
1980 hasta 1982 el conflicto entre las dos guerrillas se intensificó.
“Miembros del EGP llegaron al caserío Piedra Gallo (Papal, Ixtahua-
cán, Huehuetenango), a la casa de Vicente Sales Maldonado; fue lla-
mado para que saliera de su casa, al no salir, echaron fuego sobre su
casa para forzarle salir, fue baleado frente a su familia, quien luego
contó a los vecinos que la misma guerrilla, por sus ropas, ocasionó la
muerte de la víctima”.
1404
“Los guerrilleros llegaron a la casa de José Domingo Morales, otro
miembro de Nuevo Venceremos … Se mostraron enojados con él por
no querer formar parte del EGP y lo querían llevar, pero se defendió.
Lo pegaron con un chicote. Les dijo que si ellos realmente representa-
ban a los pobres, que le dijeran qué hacía él en contra de la gente de
la comunidad. Finalmente lo liberaron dejando dicho que si contaba
a alguien más de su visita, lo iban a matar a la otra noche”.
1405
3679.
Una manifestación de este conflicto fueron las ejecuciones arbitra-
rias cometidas por el EGP en contra de NV en los caseríos de Papal en el
año 1982. Entre marzo y abril de 1982, hubo varios “ajusticiamientos” de
hombres de Nuevo Venceremos por parte del EGP, en los caseríos Pisu-
che y Piedra Gallo, de la aldea Papal, Ixtahuacán, departamento de Hue-
huetenango.
1403 C 5692. Junio, 1982. Aguacatán, Huehuetenango.
1404 C 5645. Marzo, 1982. Ixtahuacán, Huehuetenango.
1405 Ibid.
452
“Diego Morales y Juan Jiménez Pérez, miembros de Nuevo Vencere-
mos, pasaron el día domingo en la plaza del pueblo de Ixtahuacán.
Salieron de allí, dirigiéndose a sus caseríos de Papal. Ya habían pasa-
do el caserío Tumiche (de Acal) cuando los agarró el EGP del Frente
Guevara. Les quitaron sus machetes a las víctimas y los usaron para
matarlas. Dejaron sus cuerpos en medio camino”.
1406
3680.
Entre el 21 ó 22 de septiembre de 1982, en el caserío El Chorro
del municipio de Ixtahuacán, Huehuetenango, miembros de la guerrilla
ejecutaron a dos integrantes de la organización armada Nuevo Vencere-
mos. Sus cuerpos fueron encontrados fuera de sus viviendas, con signos de
haber sido degollados con un hacha, las lenguas mutiladas.
Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)
3681.
Los “ajusticiamientos” de comisionados militares y colaboradores del
Ejército también fueron parte de la estrategia de las FAR y se desarrollaron
ya en el marco de sus primeras acciones militares en la ciudad capital, co-
mo en el Oriente del país. En la capital las ejecuciones cesaron en 1987.
“Eliminamos también el ajusticiamiento en la ciudad. Los altos jefes
militares podían dormir tranquilos en sus casas con sus familias, no-
sotros no les íbamos a hacer nada, independientemente de que si los
tuviéramos en nuestros archivos, y que los tuviéramos a la mano o en
la mira”.
1407
3682.
El primer caso de “ajusticiamiento” en la historia de las FAR se dio
el 24 de enero 1962, en pleno centro de la ciudad capital, por ex oficiales
del Ejército integrantes del MR 13 de Noviembre. La víctima fue el jefe del
Departamento de la Policía Judicial, Ranulfo González Ovalle (conocido
con el apodo de Siete Litros), a quien responsabilizaron de la muerte de Ale-
jandro de León Aragón, uno de los alzados el 13 de noviembre de 1960.
3683.
La gran mayoría de las ejecuciones de estos primeros años se die-
ron en el oriente del país, donde las FAR estaban implantando sus frentes
guerrilleros. Los objetivos eran sobre todo comisionados militares e inte-
grantes de grupos de ultraderecha. En un documento de 1964 se encuen-
tra testimonio de estas acciones tácticas:
“Acto seguido los guerrilleros se apersonaron en la casa del comisiona-
do militar, quien se había caracterizado por la persecución y atrope-
1406 C 5647. Junio, 1982. Ixtahuacán, Huehuetenango.
1407 Testigo (ex alto mando de las FAR) CEH. (T.C. 224).
453
llos cometidos contra los campesinos del lugar. Pero el mencionado ha-
bía huido desde que oyó los primeros tiros, evitando así ser juzgado
por los guerrilleros. Sin embargo, se le dejó una seria advertencia por
los crímenes cometidos, procediéndose a incautar el equipo militar que
el comisionado tenía en su casa”.
1408
3684.
Entre los “ajusticiados” de estos años la CEH recibió testimonio del
caso de Avelardo Cordón Castañeda, Indalecio Ventura y Javier (o Daniel)
Franco, tres ancianos de San Jorge, Zacapa. Eran la élite de su comunidad,
“no eran comisionados militares. Fueron fusilados en la plaza”. Sobre Rigo
(Rigoberto Orellana, de la Aldea Rosario, Río Hondo): “Las FAR lo secues-
traron y lo fusilaron en la montaña, en la Sierra de las Minas”.
1409
3685.
La Asociación Nacional del Café (ANACAFE) presentó a la CEH
los casos de Baudilio Barahona, encargado de los cobros de rentas y terra-
jes a los campesinos de la finca El Pilar, y el de Alfonso Alas, administra-
dor del aserradero de la misma finca, asesinados el 4 de enero de 1966.
1410
3686.
Durante el primer semestre de 1968, en una nueva ola de acciones
militares en la ciudad capital, las FAR realizaron varias ejecuciones, como
el reportado en una entrevista por un miembro de dicha organización:
“Dentro de las acciones que hemos realizado está … el ajusticiamien-
to de un traidor llamado Mauricio Rosal Paz … Ahora mismo se aca-
ba de ajustician al segundo jefe del Segundo Cuerpo de la Policía Na-
cional, coronel Baquiaj. … También ajusticiamos a José Torón Ba-
rrios, Alfonso Alejos y Luis Aldana (alias El Gitano), todos ellos ele-
mentos activos de las bandas terroristas de ultraderecha…”
1411
3687.
El “ajusticiamiento” de comisionados militares siguió siendo una
práctica común también en los años setenta y ochenta. En los partes de
guerra del Regional Sur capitán Santos Salazar son reportados varios casos.
“Agosto 18 [1982], Aldea Chulate, Suchitepéquez, ajusticiamiento de
dos comisionados, recuperación de dos armas”.
1412
“12 de mayo
[1983]: a las 20:00, en la aldea El Semillero, Tiquisate, Escuintla,
1408 Organo divulgativo del movimiento revolucionario 13 de noviembre, Las Guerrillas en Acción,
octubre, 1964.
1409 Testigo (familiar de un ex jefe de comisionados militares) CEH. (T.C. 120).
1410 Voz Campesina, suplemento de Revolución, órgano del Frente Guerrillero Alejandro de León,
No.13, Sierra de las Minas, Izabal, 6 de enero de 1966, En el Informe compilado por la Asocia-
ción Nacional del Café entregado a la CEH, Tomo I, sin número de página.
1411 Entrevista a Camilo Sánchez, publicada en El terrorismo, un elemento de la estrategia contra-
guerrillera, Guatemala, junio de 1970.
1412 Fuerzas Armadas Rebeldes, 20 Años de Lucha Ininterrumpida, 1963-1983, 7 de febrero de
1983.
454
fue ajusticiado el jefe de comisionados militares del lugar, Pedro Me-
xicano. Nuestras fuerzas no tuvieron problemas”.
1413
“El 20 de octubre de 1989 la guerrilla volvió a entrar al pueblo [El
Arbolito, municipio La Libertad, Petén] a hacer los famosos mitines,
a llevarse a dos asociados bien maneados, y a 500 metros de la orilla
de la población los acribilló a balazos … Les destrozó el cráneo. Re-
gresaron a amenazar a toda la población que tenía que dar de comer,
cruzarle comida para el otro lado ahí en México, y que se iban a lle-
var a todos los jóvenes y dejar sólo a las mujeres y los ancianos … Los
ajusticiados, uno era ayudante del comisionado actual y el otro ya ha-
bía entregado el cargo de comisionado militar a otra persona”.
1414
3688.
El “ajusticiamiento” de los colaboradores del Ejército, llamados
“confidenciales”, “orejas” o “esbirros”, también orientó la estrategia de las
FAR a lo largo del enfrentamiento. De junio 1981 los partes de guerra de
las FAR reportan: “En la finca El Salto, a los 8:00 PM, fue ajusticiado fren-
te a la parada del bus que de esa finca cercana de la ciudad de Escuintla con-
duce a dicha cabecera departamental, el esbirro conocido como Salomón. El
motivo de este ajusticiamiento fue porque éste era enemigo de los sindicalistas,
había participado en la entrega de un dirigente sindical de la mencionada fin-
ca y además participó en la masacre de los locutores de Radio Tropicana en Es-
cuintla, hecho conocido nacional e internacionalmente”.
1415
“6 de diciembre [1981]: a las 19:00 en la finca La Viña, aldea Los
Cerritos, municipio de Chiquimulilla, departamento de Santa Rosa,
fue ajusticiada la delatora de origen salvadoreño, María Trinidad Al-
faro Portillo, por una unidad militar. Esta persona había entregado
a varios compañeros y colaboraba con el Ejército de Pasaco…”
1416
“El 5 de abril [1982] a las 20:00 horas, una unidad militar ajusti-
ció a los esbirros: Roberto Mejía, jefe de confidenciales y miembro de
la odiada Policía Judicial; Julio César Aroche, militar retirado con
grado de cabo de Infantería; y el soplón Alberto Ceballo. Estos tres es-
birros venían cumpliendo la función de denunciar a la población y a
compañeros revolucionarios. La acción se realizó en Pueblo Nuevo, La
Reforma, Los Cerritos, Chiquimulilla, Santa Rosa”.
1417
1413 Partes de Guerra No.7, Regional Sur Capitán Santos Salazar, noviembre de 1983.
1414 Testimonio Colectivo CEH. (T.C. 239).
1415 Fuerzas Armadas Rebeldes, Complemento a la información de acciones del Regional Sur de
marzo, 7 de diciembre de 1981.
1416 Fuerzas Armadas Rebeldes, Informe de acciones - Regional Sur de las FAR, diciembre de 1981.
1417 Fuerzas Armadas Rebeldes, Comunicado de prensa, Guatemala, 28 de mayo de 1982.
455
3689.
Los partes de guerra de 1982 reportan unos 60 casos de ejecucio-
nes de “esbirros” en los frentes de las FAR.
1418
Entre febrero y octubre de
1983 el Regional Sur capitán Santos Salazar, realizó unos diez ajusticia-
mientos de “esbirros u orejas”; en 1984 fueron 27.
1419
El sector de milicias
del mismo regional denominado Jacobo Arbenz Guzmán realizó en 1985
19 ajusticiamientos y 15 durante 1986.
“Domingo 15 de mayo de 1988. La unidad militar ajustició a 2 ore-
jas del Ejército, uno en la aldea San Francisco, este oreja respondía al
nombre de Vidal Jerez Vielman. El otro oreja fue ajusticiado en la al-
dea Huitzitsil, éste respondía al nombre de Francisco Osorio Pú. Las
aldeas pertenecen al municipio de Tiquisate, departamento de Es-
cuintla”.
1420
3690.
El Regional Sur de las FAR, dentro de su política de “ajusticiamien-
to” ejecutó a algunas autoridades municipales, incluyendo a alcaldes. El 13
de abril ejecutó al señor Pedro Gregorio Herrera Marroquín, alcalde de
Nueva Concepción, Escuintla.
1421
El 13 de septiembre asesinó al “alcalde
auxiliar de nombre Timoteo, en la aldea El Semillero”.
1422
“20 de julio [de 1983]: En el municipio de San Gabriel, departa-
mento de Suchitepéquez, fue ajusticiado el esbirro José López Tupul,
alcalde municipal de ese municipio, quien era colaborador del Ejérci-
to y obligaba a los campesinos a trabajar gratuitamente en obras pú-
blicas y dirigía las Patrullas de Autodefensa Civil”.
1423
3691.
Las ejecuciones eran reivindicadas por las FAR en comunicados di-
rigidos al pueblo guatemalteco y a los medios de comunicación nacionales
y extranjeros.
“El 1 de marzo de 1979 la unidad militar Mario Mujía Córdova
ajustició al industrial Leopoldo Zúñiga Signé, responsable directo del
asesinato del dirigente sindical Mario Mujía”.
1424
1418 Fuerzas Armadas Rebeldes, 20 años de Lucha Ininterrumpida, 1963-1983, 7 de febrero de
1983.
1419 Fuerzas Armadas Rebeldes, Regional Capitán Santos Salazar; Parte de Guerra No. 1, Epoca II,
septiembre de 1985.
1420 Fuerzas Armadas Rebeldes, Regional Capitán Santos Salazar; Informe de Tareas militar y mili-
cias, del sector Jacobo Arbenz (Regional Sur Capitán Santos Salazar), 9 de mayo, 1988.
1421 Fuerzas Armadas Rebeldes, Detalle de acciones realizadas en 1987 por el Regional Sur.
1422 Fuerzas Armadas Rebeldes, Informe sobre las actividades militares y milicianas efectuadas du-
rante nuestra campaña del 20 de agosto al 18 de septiembre para neutralizar una campaña que
nos lanzó el Ejército, Regional Sur Capitán Santos Salazar, octubre de 1987.
1423 Fuerzas Armadas Rebeldes, Regional sur Capitán Santos Salazar; Parte de Guerra No. 7, noviem-
bre de 1983.
1424 CI 16, Julio. 1978. Huehuetenango.
456
3692.
Las modalidades de los “ajusticiamientos” variaron según los casos;
muchos se cometieron, como está documentado en los partes de guerra,
1425
durante la ocupación de poblaciones o fincas, como en los ejemplos si-
guientes.
3693.
Regional Norte, capitán Androcles Hernández, 29 de abril [de
1982]: “Toma de la población [aldea Josefinos, La Libertad, Petén], acción
de propaganda armada y ajusticiamiento de esbirros, recuperación de un revól-
ver 38”. “Toma de la aldea [El Sargento, San Martín Jilotepeque, Chimal-
tenango], mitin con la población, ajusticiamiento de un kaibil”. Regional Sur,
capitán Santo Salazar, 3 de junio [de 1982]: “Toma de la finca [Torolita, Es-
cuintla], acciones de propaganda y ajusticiamiento de esbirros, recuperación de
armas y otros recursos”.
3694.
En algunos casos las víctimas, antes de ser ejecutadas recibían lla-
mados de atención: “No siempre nosotros hemos llegado con el fusil y matado
a un comisionado sólo por matarlo, sino nosotros lo que hicimos fue llamarle
la atención: ‘Vos estás cometiendo esto y esto, y este error y mirá, está murien-
do gente por tu culpa, pues’ entonces, en vez de matarlo, nosotros lo que hacía-
mos era esclarecerle que él no se prestara a ser un material para el Ejército y se-
guir cometiendo crímenes en contra de su mismo pueblo … Entonces esa gen-
te si no entendía por una llamada de atención, pues había que decir lo último,
pues mirá, desocupás de aquí, andate porque aquí vas a tener más problemas,
y muy serios, si seguís aquí”.
1426
3695.
En caso de que alguna persona fuera capturada con vida, antes de
ser ejecutada, en algunas oportunidades las FAR le informaban cuáles eran
las acusaciones en su contra: “Benito Corado, en nombre de la guerrilla, lle-
garon y violaron a las dos muchachas de allí [1983]. Nosotros, y ahí sí que lo
tomamos nosotros, hicimos el fusilamiento de Benito Corado … Yo ordené, y
ahí sí nosotros somos la responsabilidad de eso, pero no había más que llevarlo
capturado. Y se le explicó al hombre: “Se le va a ajusticiar por eso y eso”. El
hombre temblaba. Llevaba el revólver y el carnet [de la G-2 de Poptún]”.
1427
El 12 de diciembre “la unidad militar capturó, interrogó y posteriormen-
te ajustició a los individuos Jesús Monroy, comisionado militar, al alcalde au-
xiliar Felipe Ruano y Víctor Aguilar, en la aldea San Juan La Noria, Tiqui-
sate, Escuintla”.
1428
3696.
En casos específicos la víctima era juzgada por un “tribunal revolu-
cionario”. El 20 de junio de 1980 las FAR ejecutaron al ex teniente del
Ejército y miembro de la G-2, Francisco Javier Rodas Flores, quien era je-
1425 Fuerzas Armadas Rebeldes, 20 años de lucha ininterrumpida, 1963-1983, 7 de febrero de 1983.
1426 Testigo (ex combatiente de las FAR) CEH. (T.C. 225).
1427 Testigo (ex combatiente de las FAR) CEH. (T.C. 221).
1428 Fuerzas Armadas Rebeldes, Actividades milicianas y militares del regional Sur Capitán Santos
Salazar en los últimos meses de 1987, diciembre, 1987.
457
fe de Personal de la Coca-Cola.
1429
Esa acción fue reivindicada por las FAR
a través de un comunicado público.
“Una unidad militar de nuestras Fuerzas Armadas Rebeldes ajustició
el día 20, a las 14.10 horas, al teniente del Ejército y miembro del G-
2, Francisco Javier Rodas Flores, después de haber sido juzgado por un
tribunal revolucionario y popular y encontrado culpable de graves he-
chos represivos contra la clase trabajadora guatemalteca”.
1430
3697.
Las denuncias eran investigadas generalmente por los responsables
de frente. “A comienzos de 1991 como resultado de una investigación, el man-
do de las FAR consideró que Martir Leonardo Estrada Méndez, “Nayo”, comi-
sionado militar y comandante de las patrullas civiles del caserío Santa Rosita,
municipio de San Andrés, había sido la persona que avisó al Ejército sobre la
presencia guerrillera en la región y decidió ‘ajusticiarlo’.
1431
Mientras tanto, otra
unidad militar de las FAR había capturado a Juan Pop, conocido “confiden-
cial” de la región y luego de acusarlo de ser informante del Ejército, lo ejecuta-
ron.
1432
No obstante, hubo períodos y regiones en que este trabajo previo de in-
vestigación y control resultó imposible. En Chimaltenango, por ejemplo, por
falta de coordinación con el EGP, que operaba en los mismos municipios, in-
vestigar las acusaciones era muy difícil. Esto considerando también el alto nú-
mero de “ajusticiamientos” realizado, como se recoge en un documento que re-
sume el trabajo de las FAR en Chimaltenango, en febrero de 1982: “Se ha
ajusticiado de dos a tres esbirros diariamente” [no se hace explícito el perío-
do concreto a que se refiere].
1433
Organización del Pueblo en Armas (ORPA)
3698.
Por falta de entrega de sus partes de guerra, los casos de “ajusticia-
miento” realizados por la ORPA para que fueran de conocimiento de la
CEH son insuficientes, factor que impide aportar elementos de análisis
acerca de la dimensión real del fenómeno. Se pueden, sin embargo, iden-
tificar unas constantes en cuanto al tipo de víctimas y a los procedimien-
tos característicos, sobre la base de algunos casos presentados a la CEH.
3699.
Los comisionados militares y los colaboradores del Ejército, “ore-
jas” o “confidenciales”, fueron el objetivo más frecuente. Según un ex diri-
gente de la ORPA:
1429 CI 67. 1977-1980. Ciudad de Guatemala.
1430 Fuerzas Armadas Rebeldes, Comunicado de la Dirección Nacional de las Fuerzas Armadas Re-
beldes, 20 de junio de 1980.
1431 CI 29. 1991. Petén.
1432 Ibid.
1433 Fuerzas Armadas Rebeldes, Criterios centrales del organismo de dirección de la Región Central
para el impulso y sus tareas, capítulo Regional de Occidente, febrero de 1982.
458
“En casos muy extremos,
1434
para detenerlos en su actividad de Inteli-
gencia. Nunca ajusticiamos a nadie en la ciudad, en la montaña sí,
en casos extremos, como por ejemplo, un comisionado militar, alguien
vestido de civil se metía a explorar la montaña, estábamos en comba-
te, teníamos heridos, en caso de extrema necesidad, para preservación
de nuestras fuerzas”.
1435
“A Artemio Ventura, quien era comisionado militar, la ORPA lo eje-
cutó en el año 1983 en la finca Las Cruces del municipio de San Ra-
fael Pie de la Cuesta, en el departamento de San Marcos”.
1436
“Nosotros salimos a cumplir una misión y, como en este lugar hay co-
misionados militares … nos llegó la información de que aquí en esta
aldea ya habían llevado a todos los compañeros secuestrados por el
Ejército. Entonces, como allí llegó la información de que un señor de
aquí, fue él que entregó a todos, como era señor sabía quiénes eran los
compañeros, que nos abastecían a nosotros como combatientes en la
montaña, entonces por eso nos mandaron a nosotros a cumplir esa mi-
sión de llevar a esa persona … Entonces lo que nosotros queríamos era
llevar a ese señor, y en ese momento, cuando llegó, le hablamos y le di-
jimos que teníamos un mandado para él y que si nos hacía el favor de
ir con nosotros, y él cargaba un machete bien afilado, entonces creímos
que estaba listo para machetearnos a nosotros, pues sabíamos que era
malacate, no se dejaba, estaba bien orientado por el Ejército. Ese señor
ya había entregado a dieciséis compañeros, entonces no quiso ir. ‘Si
quieren mátenme, muchá’, dijo, ‘o digan lo que quieren ustedes’; y lo
que hicimos nosotros fue darle agua”.
1437
“En el año 1990, Carmelo Dolores Fuentes Gómez, de la comunidad
agraria El Porvenir (San Pablo), fue secuestrado por elementos de la
guerrilla. Según la declarante, algunos miembros de la ORPA comu-
nicaron a los padres de la víctima que lo iban a ejecutar por haber
pasado información al Ejército”.
1438
3700.
A veces los miembros de la comunidad elaboraban listados de co-
laboradores del Ejército, que posteriormente eran entregados a miembros
de la ORPA con la intención de que fueran ejecutados.
1434 Testigo (ex altos mando de la ORPA) CEH. (T.C. 164).
1435 Testigo (ex dirigente de la ORPA) CEH. (T.C. 162).
1436 C 7242. 1983. San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos.
1437 “Dar agua” significa que lo mataron. Testimonio Colectivo CEH-Sololá, con combatientes de la
ex ORPA, 17 de diciembre de 1997.
1438 C 7021. Septiembre, 1990. San Pablo, San Marcos.
459
“Fíjese que nosotros les decíamos: ‘Miren, queremos un listado de los
principales colaboradores del Ejército, porque queremos decirles que se
vayan del lugar, pues si realmente les han hecho mucho daño, qué ac-
ción se toma’, entonces era la característica, el gran pliego: 30, 40, 50
nombres y ponían en el encabezado ‘esta es la lista de los orejas que
hay que ajusticiar’, o sea de una vez nos pedían que les pasáramos la
cuenta”.
1439
3701.
También se presentaba la situación de que miembros de la propia
comunidad colaboraban en la captura de una persona. Los siguientes ca-
sos ilustran eventos de este tipo, con la particularidad de que las víctimas
fueron expulsadas del lugar de su residencia.
“En algunos casos sí [ajusticiamientos en las fincas], pero muy selec-
tivamente, era muy difícil porque nosotros optábamos, antes del ajus-
ticiamiento, la expulsión del administrador y la prohibición de que
llegara el finquero. En casos extremos de gente que sí colaboró en cap-
turas, torturas de población civil, sí, se procedía, pero era la última
medida. Cuando no existía hecho represivo criminal, entonces optá-
bamos por la expulsión de ellos: ‘A usted le damos tres días para que
se vaya de la finca y no vuelva más’. Entonces sí, lo que desarrollamos
como represalia fue la quema de la finca”.
1440
“Nosotros les decíamos mire nosotros sabemos que usted está colabo-
rando con el Ejército, no siga haciéndolo …, les hacíamos dos o tres
advertencias, cuando él continuaba en esas actividades le decíamos:
‘bueno, se le da un plazo para irse del lugar’; ya cuando había gente
muy comprometida que no se iba, y se sentía muy seguro de que el
Ejército lo protegía, hasta ese momento el mando del Frente tomaba
sus acciones”.
1441
3702.
Según un dirigente de la ORPA, la decisión de ejecutar a una per-
sona era premeditada.
“Era una situación muy delicada, se tomaba [la decisión] a nivel del
mando del frente y en muchas ocasiones informado al comandante en
jefe de la organización, producto de un detallado y minucioso traba-
jo de investigación de testimonios de varias personas que cayeron”.
1442
1439 Testigo (ex dirigentes de la ORPA) CEH. (T.C. 165).
1440 Testigo (ex alto mando de la ORPA) CEH. (T.C. 163).
1441 Testigo (ex dirigentes de la ORPA) CEH. (T.C. 165).
1442 Testigo (ex dirigentes de la ORPA) CEH. (T.C. 165).
460
“Se dieron hechos que escaparon de nuestra ocupación, aprobación,
pero en un momento dado sí hubo una orientación como parte del en-
frentamiento ahora ellos están inertes, pero antes hacían mucho más
daño. Entonces son casos muy mencionados. Allí (Santiago Atitlán)
hubo dos jefes de comisionados, uno de ellos se quedó paralítico. Eso le
pasó como producto de la acción de justicia de parte nuestra, pero eran
selectivos…”
1443
3703.
Hubo veces en que la ORPA, tras el “ajusticiamiento”, dejó una no-
ta explicativa, como en el caso de Rufino Asunción Mejía y Mejía, comi-
sionado militar, ejecutado por la ORPA el 12 de junio de 1985 en Santa
Rosa, finca Dos Marías, del municipio La Reforma, departamento de San
Marcos:
“Al ejecutarlo le dejaron unos papeles de la ORPA, escritos a máqui-
na, entre las bolsas del pantalón, donde decía: ‘por colaborar con los
ricos’ … Fue muerto de un balazo en el cielo de la boca”.
1444
“Ajusticiamiento” de patrulleros - política
de las organizaciones guerrilleras frente
a las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC)
1445
3704.
A partir del segundo semestre de 1981 el Ejército empezó a orga-
nizar la población en Patrullas de Autodefensa Civil, empezando por Chi-
maltenango, Baja Verapaz, el área ixil en Quiché y expandiéndose hacia el
departamento de Huehuetenango, durante el primer semestre de 1982.
Las organizaciones guerrilleras, frente a este fenómeno surgido repentina-
mente, que estaba absorbiendo su base social volteándola en su contra, fue-
ron tomadas de sorpresa. En un primer momento no hubo una clara di-
rectriz en cuanto a la acción que debían tomar con respecto a la nueva si-
tuación.
“Tuvo diferentes momentos, no se vio homogéneo dentro del EGP en
los diferentes frentes guerrilleros, sino fueron tiempos y experiencias di-
ferentes”.
1446
3705.
La guerrilla, analizando la situación, señaló dentro de los objeti-
vos del Ejército no sólo el propósito de disputarle la población, sino so-
bre todo el “Intento de transformar la guerra revolucionaria en guerra civil,
1443 Ibid.
1444 C 7191. Junio, 1985. La Reforma, San Marcos.
1445 Sobre las PAC véase el apartado correspondiente en este capítulo.
1446 Testigo (entrevista con ex dirigentes del EGP) CEH. (T.C. 146).
461
obligando a la guerrilla a entrar en confrontación con grupos importantes de
la masa …, hacer de las patrullas civiles la primera línea de choque contra la
guerrilla”.
1447
“Eso nosotros afortunadamente lo vimos muy, muy claro, toda la pe-
lícula inmediatamente, porque ya fue cuando se habían agotado los
comisionados militares … Entonces el gran salto es las Patrullas de
Autodefensa Civil. Eso era dar una escalada en la guerra y convertir-
la en un enfrentamiento militar, en una guerra civil, ya tendría otras
características”.
1448
3706.
La política de la ORPA desde un comienzo fue “…no considerar a
las PAC ni adversarios políticos ni militares y tratar de ganarlos políticamen-
te”.
1449
La regla era no enfrentarse con las patrullas civiles; “fue nuestra polí-
tica no enfrentarlas, sino comunicarnos con ellos y convencerlos políticamente
de que no éramos enemigos”.
1450
Y según los dirigentes de la ORPA: “La bús-
queda de una buena relación política con las patrullas daban una sensación de
seguridad porque entonces el combatiente sentía que no estaba peleando contra
los mismos campesinos, sino que estaba peleando contra una institución bien
definida que era el Ejército”.
1451
3707.
El EGP, en un primer momento, quiso detener a la gente para que
no se organizara en PAC; pero respecto a la fuerte represión del Ejército re-
conocieron que la incorporación en la patrullas representaba para la pobla-
ción un medio de sobrevivencia.
“Ahí viene la orientación ésta que se va dando por parte de la organi-
zación, que entonces la gente se incorpore, que no esperen más porque
tampoco podíamos proteger de otra manera a la población. Que ahí
está la pregunta, cómo reaccionábamos nosotros, qué posibilidades ha-
bían de proteger a la población de esa barbarie…”
1452
3708.
En algunas ocasiones los que se incorporaron a las patrullas y que
habían estado en las Fuerzas Irregulares Locales FIL del EGP mantuvieron
su vinculación con la guerrilla, “…los miembros de la URNG … están al-
gunos infiltrados, en las PAC”.
1453
“… Teniendo una PAC amiga de la guerri-
1447 EGP, Nuestra política con respecto a las Patrullas Civiles en la presente fase estratégica, sin fe-
cha (probablemente elaborado por Mario Payeras en 1982/1983 en Nicaragua).
1448 Testigo (ex altos mandos de la ORPA) CEH. (T.C. 164).
1449 Testigo (ex dirigentes de la ORPA) CEH. (T.C. 165).
1450 Ibid.
1451 Testigo (ex altos mandos de la ORPA) CEH. (T.C. 164).
1452 Testigo (ex alto mando del EGP) CEH. (T.C. 146).
1453 Testigo (ex combatiente del EGP) CEH. (T.C. 255).
462
lla, probablemente era una PAC que protegía también a la guerrilla. O sea,
las PAC se prestaban como un juego de Inteligencia y Contrainteligencia, estu-
vieron en el medio”.
1454
“En el sur de Huehuetenango éstas se denominaron ‘bandas de pan-
talla’. Llegábamos a un lugar y forzosamente tenían que estar organi-
zados en las patrullas civiles, entonces hacíamos contacto, llevábamos
al responsable nuestro, y algunas veces incluso era el responsable el je-
fe de las patrullas, y: ‘Compas, les traigo el desayuno y ahorita tengo
que ir porque no voy a poder venir hasta la tarde, porque tenemos que
patrullar a los guerrilleros, entonces vamos a estar patrullando en to-
da esta parte, ustedes se quedan aquí y en la noche venimos otra vez’.
En la noche venían y decían: ‘Miren, vamos a patrullar mañana por
acá, se van a mover ustedes para allá…’
1455
El EGP diferenció, en su
política frente a las PAC, entre patrullas civiles forzadas y ‘bandas
reaccionarias’. Las ‘bandas reaccionarias …”
“Se distinguen por el tipo de armamento, el tipo de preparación y sus
antecedentes: muchos son ex soldados y llevan M16, ametralladoras,
carabinas, están dispuestos a librar la guerra en contra del pueblo …
las patrullas forzadas iban con machetes, palos, rifles o escopetas …
Ellos no quieren pero son reclutados forzosamente, participan para sal-
var su propia vida porque si no se van son acusados de guerrilleros”.
1456
3709.
Hasta 1983 la política del EGP con respecto a las “bandas reaccio-
narias” siguió una línea dura, sobre todo en el Frente Guerrillero Coman-
dante Ernesto Guevara, que cubría Huehuetenango y el área del Ixcán en
el norte de Quiché.
“Nosotros, como dirección del EGP, la orientación que dimos desde ese
primer inicio fue que a esos grupos que les denominamos bandas reac-
cionarias había que atacarlos sin compasión.
1457
La política en cuan-
to a los demás fue de ‘advertencia a los confundidos y vacilantes’, lla-
madas fraternales, a quienes participan en ellas como resultado de las
amenazas y chantajes enemigos”.
1458
1454 Testigo (ex alto mando del EGP) CEH. (T.C. 146).
1455 Testigo (ex dirigente del EGP) CEH. (T.C. 145).
1456 Testigo (ex dirigentes del EGP) CEH. (T.C. 244).
1457 Testigo (ex alto mando del EGP). (T.C. 146).
1458 EGP, Patrullas civiles, maniobra enemiga, Informador Guerrillero, Organo de difusión interna-
cional del EGP, No.12, 31 de julio de 1982.
463
“Se trataba de sobrevivientes de masacres, de gente obligada a formar
grupos paramilitares, todo el tema del mimetismo, de la sobreviven-
cia, y cómo había que entender eso para tratar de hacer un trabajo de
recuperación de esa gente, partiendo de que eran víctimas, en gran
medida, de haberlos empujado o arrastrado a una situación para la
cual nadie estaba preparado”.
1459
3710.
En el Frente Guerrillero Ernesto Guevara los ataques y hostiga-
mientos a las PAC fueron reportados en un número considerablemente al-
to con respecto a los otros frentes. En junio de 1982 los partes de guerra
reportan cuatro ataques y seis “ajusticiamientos” de patrulleros, mientras
entre agosto y la primera semana de octubre reportaron treinta ataques y
hostigamientos, y dieciséis “ajusticiamientos” de patrulleros.
3711.
En un informe de la Zona Militar 19 el Ejército reporta los nom-
bres de algunos civiles ejecutados por la guerrilla en el departamento de
Huehuetenango entre 1980 y 1983: Perfecto Fabián Ramos y Felicita Fa-
bián Ramos, en febrero de 1980 en la aldea Siete Pinos, Paquix, Chiantla;
Daniel García Tomás, en febrero de 1980 en la aldea La Capellanía,
Chiantla; Pedro Fabián Funes, en diciembre de 1980 en la aldea Siete Pi-
nos, Paquix, Chiantla, Mario Mérida, en febrero de 1981 en la aldea Mix-
laj, Chiantla; Pío Alvarado, en junio de 1981 en el Campamento San Jo-
sé Las Flores, Chiantla; Pedro Alvarado, en agosto de 1981, en el Campa-
mento San José Las Flores, Chiantla; Gumercida Saucedo, Saturnino Sau-
cedo y Reinaldo Saucedo, en diciembre de 1981 en el Campamento San
José Las Flores, Chiantla; Gerónimo Galicia e Ignacio Rodríguez en mar-
zo de 1982 en la aldea Mixlaj, Chiantla; Gustavo López, el 15 de abril de
1982 en la aldea San Nicolás, Chiantla; Francisco Javier Velásquez, en ju-
lio de 1982 en la cabecera municipal de Chiantla; Juan Del Valle y Ricar-
do del Valle, el 12 de agosto de 1982 en la aldea Tajumuco, Chiantla; Vi-
dal Granados, en noviembre de 1982 en la vereda La Quebradilla , Chian-
tla; Félix Carrillo, en diciembre de 1982 en la aldea Chichalum , Chian-
tla, y Toribio Fabián Velasquez, en abril de 1983 en la aldea La Capellanía,
Chiantla.
1460
3712.
Parte del municipio de Chiantla, así como parte del municipio de
Aguacatán, estaba bajo el control del frente, guerrillero Ho Chi Minh. Los
1459 Testigo (ex alto mando del EGP) CEH. (T.C. 23).
1460 Ejército de Guatemala, Zona Militar 19, Asesinatos y violaciones a los derechos humanos atri-
buidos a la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (URNG) en el departamento de
Huehuetenango, informe entregado a la CEH, 10 de octubre de 1997, nómina de personal ci-
vil con datos incompletos sobre asesinados por la URNG, sin página.
Contrastada esta información con la base de datos de la CEH, sólo pudo confirmarse la identi-
dad de las dos primeras víctimas en el C 3699, en el que no consta la calidad de patrulleros ci-
viles. Habrían sido ejecutados arbitrariamente por negarse a colaborar con la guerrilla.
464
partes de guerra de este frente, a disposición de la CEH, reportaron ata-
ques y hostigamientos a las patrullas civiles a partir de agosto de 1982. Sin
embargo, hasta noviembre sólo mencionaron tres y dos casos esporádicos
de “ajusticiamiento” de patrulleros, mientras entre el 21 de noviembre y el
12 de diciembre los casos de enfrentamientos y hostigamientos a las patru-
llas civiles que se desplazaban con el Ejército se elevaron a 12.
1461
3713.
Los patrulleros eran perseguidos también cuando se encontraban
fuera de combate, como señala un parte de guerra de 1982. “Capturamos
[6 de junio] y ajusticiamos a 3 miembros de bandas reaccionarias, de San Luis
y la Nueva Comunidad, en el camino entre San Luis y Barillas, cuando trans-
portaban ganado”.
1462
“De nuevo atacamos la banda reaccionaria [8 de junio de 1982], en
San Luis, cuando estaban reunidos en una casa. Desconocemos los re-
sultados de la acción”.
1463
3714.
El 4 de febrero de 1982 en la comunidad de Chipaj del municipio
de Uspantán, departamento de Quiché, miembros de la guerrilla ejecuta-
ron a Estela López y Pedro Chamatúm, miembros de las PAC conocida co-
mo “Los Arones”.
1464
3715.
Algunos de estos casos presentaron características de extrema
crueldad.
“El 4 de abril de 1982 la guerrilla llega en la noche a la aldea de Chi-
nillá del municipio de San Andrés Sajcabajá, Quiché, y ataca con ar-
mas de fuego las casas de los patrulleros, y éstos responden de igual for-
ma. Varios patrulleros son capturados y siete son ejecutados de mane-
ra arbitraria. Un testigo sobreviviente observó los cadáveres de tres de
ellos: uno fue quemado, otro degollado con arma blanca y al tercero
le cortaron los testículos y la lengua”.
1465
3716.
El 24 de junio de 1983, entre las aldeas Ojo de Agua y El Tabacal
del municipio de Santa Ana Huista del departamento de Huehuetenango,
miembros del destacamento militar de El Tablón obligaron a la población
de las aldeas de Ojo de Agua y Buena Vista a realizar un rastreo, la mayo-
ría portaba machetes y contaban con muy pocas armas de fuego.
1461 Frente Guerrillero Ho Chi Minh; parte de guerra en documento “Resumen de la Actividad Mi-
litar” realizada de enero a diciembre de 1982 por el FG Comandante Ernesto Guevara y El EGP
informa, Nos. 1, 2, 3 y 4.
1462 Frente Guerrillero Ho Chi Minh, El EGP Informa, No.1, agosto de 1982.
1463 Ibid.
1464 C 2776. Febrero, 1982. San Miguel. Uspantán, Quiché.
1465 Testigo (ex combatiente del EGP) CEH. (T.C. 256).
465
3717.
Los pobladores fueron emboscados por miembros del EGP en dos
puntos diferentes. Uno a la altura de Buena Vista, donde fueron muertos
dos patrulleros y otros dos resultaron heridos. Además, capturaron a Ca-
siano Francisco Andrés Pérez, a quien le informaron que lo iban a matar
por ser el caporal de la finca. Lo llevaron cerca del Tabacal y “allí le arran-
caron la cara en vivo y de eso murió”. Los guerrilleros se quedaron velándo-
lo para que sus compañeros no se lo pudieran llevar. El segundo punto de
la emboscada fue a la altura de Coyegual, donde, a pesar de que la patru-
lla estaba mejor armada, los guerrilleros hirieron a dos personas y rápida-
mente desarmaron a la patrulla. Capturaron a Francisco Leonzo Armas, a
quien rociaron con gasolina y lo quemaron. Sus compañeros de patrulla no
pudieron recuperar el cadáver abandonado y lo enterraron en la aldea.
1466
3718.
En 1983 el EGP optó por evitar la ocupación de poblaciones don-
de había patrullas civiles, porque los enfrentamientos “con estos grupos ar-
mados se producían dentro de la población que producía bajas de ambas par-
tes en lucha pero naturalmente esas balas allí en el centro mataban a gente que
no estaba participando en el enfrentamiento directo”.
1467
3719.
La consigna que el EGP dio finalmente, siempre en 1983, fue
combatir en exclusiva al Ejército y no enfrentarse a las PAC, aun cuando
se tratara de las “bandas reaccionarias”.
“Las PAC, yo creo que a nosotros en ningún momento nos orientaron
nuestros jefes acerca de qué íbamos a enfrentar con las PAC, yo creo
que en ningún momento”.
1468
“Se chocaron con la patrulla civil, le preguntaron los patrulleros: ‘¿A
dónde van?’ ellos respondieron: ‘Nosotros nos vamos a la montaña’, y
se identificaron. ‘Nos hagan nada, nosotros somos guerrilleros y no te-
nemos problemas con ustedes; entiéndannos, por favor, y les explica-
mos el objetivo que nosotros tenemos. Ustedes son pobres, nosotros so-
mos pobres, y no hay por qué pelearnos’, dijo el compañero a los pa-
trulleros y estos entendieron y no dijeron nada”.
1469
“Mientras que en otros lugares había compañeros que cometieron
abusos de verdad, había responsabilidades personales, porque recuer-
do que nunca hubo órdenes, las únicas órdenes fueron de que había
que retirarse, que no había que disparar con las patrullas, que fueron
compañeros que habían sido obligados, por lo tanto no podíamos
1466 C 5512. 1983. Buena Vista y Coyegual, Huehuetenango.
1467 Testigo (ex altos mandos del EGP) CEH. (T.C. 146).
1468 Testigo (ex combatiente del EGP) CEH. (T.C. 257).
1469 Testigo (ex combatiente del EGP) CEH. (T.C. 256).
466
enfrentarlos hasta que nos dijeran cobardes …, pero hasta que ya no
aguantáramos. Hasta entonces habría necesidad de disparar, incluso
a matar algunos, en esas carreriadas que nos hacían …”
1470
3720.
La percepción de algunos patrulleros era que los guerrilleros no los
querían matar: “con las armas que tenían, si hubieran querido, nos hubieran
matado”.
1471
3721.
Pese a la nueva consigna de no atacar a las patrullas, los partes de
guerra del Frente Guerrillero Comandante Ernesto Guevara, de junio y ju-
lio de 1983, por ejemplo, reportaron unos doce ataques en contra de las
“bandas reaccionarias”, con un total aproximado de treinta muertos. En
más de la mitad de los casos los patrulleros estaban de operación con el
Ejército. En noviembre y diciembre del mismo año los partes de guerra re-
portaron unos doce casos entre hostigamientos y enfrentamientos con pa-
trullas y Ejército. En el FG Ho Chi Minh, no obstante, los partes de gue-
rra sólo mencionan dos hostigamientos a las patrullas de autodefensa civil
en el mes de agosto y en septiembre 1983. En octubre del mismo año son
reportados once hostigamientos a patrullas que causaron cinco muertos.
3722.
Asimismo, siguieron las ejecuciones de patrulleros fuera de comba-
te. “Ese mismo día [8 de octubre de 1983] a las 15:10, hostigamos a las PAC
cuando cortaban milpa. Les causamos una baja”.
1472
“En enero de 1984 en la aldea Las Majadas, del municipio de Agua-
catán, Huehuetenango, miembros de la guerrilla dispararon contra
los patrulleros, asesinando a Diego Mejía Imul. Ese mismo día en ho-
ras de la noche, los guerrilleros sorprendieron a los patrulleros de tur-
no en las garitas ubicadas a las afueras de la comunidad, y dieron
muerte a Francisco Yat Pú. Posteriormente se desarrolló un combate
entre los patrulleros y los guerrilleros, en el que resultó herido el patru-
llero Joaquín Yat Pú, quien en mal estado se refugió en su casa, don-
de minutos más tarde fue muerto a golpes y a patadas, por cinco hom-
bres vestidos de verde olivo, quienes registraron su casa y se llevaron di-
nero y granos básicos”.
1473
3723.
Las FAR, como el EGP y la ORPA, señalaron reiteradamente que
su consigna, a lo largo del enfrentamiento armado, era no atacar a los pa-
trulleros.
“Nuestra política nunca fue combatir contra los patrulleros, nunca,
nunca, porque vimos como política o como objetivo principal, ni si-
1470 Testigo (miembro del EGP) CEH. (T.C. 79).
1471 C 11243. 1981. Ixcán, Quiché.
1472 Frente Guerrillero Ho Chi Minh, Parte de guerra, octubre de 1983.
1473 C 5596. Enero, 1984. Aguacatán, Huehuetenango.
467
quiera secundario, simple y sencillamente evadíamos los combates con
ellos, porque estábamos conscientes de que dentro de los patrulleros es-
taban nuestros compañeros y que ellos, de manera obligatoria, tenían
que ir a cumplir con ese deber que se les imponía”.
1474
3724.
Sin embargo, hubo ejecuciones de patrulleros también por parte de
las FAR, reportados en sus partes de guerra. El 15 de agosto de 1982,
miembros de las milicias populares y revolucionarias del Frente Tecún
Umán, ejecutaron “…al jefe de las fuerzas paramilitares (‘patrullas civiles’) de
Quixcayá [municipio de San José Poaquil, departamento de Chimaltenan-
go], junto a 5 paramilitares que lo acompañaban”.
1475
“30 [octubre 1982],
Chimaltenango, se ajustició a 7 miembros de bandas paramilitares”.
1476
“24 de
julio [de 1983]: a las 21.30 horas, comandos de nuestras fuerzas ajusticiaron
al esbirro Oscar Cano Pérez, quien dirigía las Patrullas de Autodefensa Civil
en la aldea Papaturro, departamento de Santa Rosa. Nuestras fuerzas se reti-
raron sin problemas”.
1477
Fusilamientos
3725.
Bajo este título se enuncian las ejecuciones arbitrarias cometidas
por las organizaciones guerrilleras en el seno del movimiento armado. Es
decir, fueron los asesinatos perpetrados contra combatientes de la insur-
gencia.
Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP)
3726.
En relación con los fusilamientos en contra de miembros del mo-
vimiento guerrillero, los dirigentes del EGP intentaban promover en pri-
mer lugar la autocrítica a través de llamadas de atención; en algunos ca-
sos optaban por una sanción de carácter político, como el retiro de la or-
ganización, pero “en los casos de traición y violación sexual se aplicaba el fu-
silamiento”.
1478
“Se hacía un énfasis muy grande en la parte consciente, conciencia de
la disciplina … Ser consciente de la disciplina daba mucha autori-
dad moral sobre los compañeros para las llamadas de atención o las
sanciones … sanciones que tenían como base la dignidad del compa-
ñero, y sobre todo, carácter formativo … las sanciones más graves que
1474 Testigo (ex combatiente de las FAR) CEH. (T.C. 235).
1475 Frente Guerrillero Tecún Umán, 1982.
1476 Fuerzas Armadas Rebeldes, 20 Años de Lucha Ininterrumpida, 1963-1983, 7 de febrero de
1983.
1477 Fuerzas Armadas Rebeldes, Parte de Guerra no 7, Regional Sur Capitán Santos Salazar, noviem-
bre de 1983.
1478 Testigo (ex altos mandos del EGP) CEH. (T.C. 152).
468
conocí fueron desarmar a uno o definitivamente suspenderlo en su
funcionamiento o en su participación”.
1479
Según otros testimonios, el fusilamiento era aplicado también como
sanción en casos de extrema gravedad. “… Hubo casos en algunos que ocu-
paron puestos de mando, hicieron algunas cosas y no informaron, y así, sin
orientación, se excedieron allí y al detectar esto, una de dos, o se les expulsaban
o se tomaban otras medidas contra ellos …; si eran cosas más graves, de plano
algunos fueron fusilados…”
1480
“Precisamente uno fue fusilado a raíz de una de las masacres, no sé si
la de Chacalté … por haber dirigido la unidad, y esa fue decisión de
la Dirección de Frente cuando supieron lo que había hecho…”
1481
3727.
La decisión de los fusilamientos era tomada por la Dirección Na-
cional y, al crearse los frentes, por la Dirección de Frente. Una vez adopta-
da la decisión, el condenado no tenía posibilidad alguna de defensa. Hu-
bo casos, no obstante, en que algunos jefes de unidades militares dictaron
fusilamientos sin informar a la Dirección de frente.
“Desgraciadamente ya no se pudo, por parte de la Dirección, tomar
un control donde pudiéramos revisar lo que había ocurrido y tomar
medidas disciplinarias … porque transcurrió tiempo en lo que la or-
ganización terminaba de readecuarse y retomar su funcionamiento,
transcurrió tiempo para que esas unidades se deshicieran”.
1482
3728.
En la primera época de la guerrilla la deserción era también casti-
gada con el fusilamiento.
“Posteriormente esa ley cambió, no porque discutiéramos y lo decidié-
ramos ordenadamente, sino porque las circunstancias obligaran a que
así fuera, resultaba que teníamos varias deserciones, entonces empe-
zamos a analizar: bueno, no podemos fusilar a seis que se deserta-
ron…”
1483
3729.
El primer fusilamiento en contra de uno de sus miembros fue un
caso de intento de deserción de un combatiente de nombre Minche.
1479 Testigo (ex altos mandos y dirigentes del EGP) CEH. (T.C. 207).
1480 Testigo (ex combatiente del EGP) CEH. (T.C. 159).
1481 Testigo (ex alto mando del EGP) CEH. (T.C. 23).
1482 Ibid.
1483 Ibid.
469
“El quería irse, y en ese momento se consideró, por parte de este gru-
po inicial, que si este señor se iba, pues obviamente estaba en una ba-
ja moral muy grande, él no aguantaría y contaría todo ante una sola
pregunta … y la guerrilla estaba apenas llegando allí … entonces por
eso se decidió a fusilar a éste, a uno de los primeros combatientes; en
otras condiciones no estuviera fusilado, y justa o injusta la decisión,
pero así fue”.
1484
Este caso, recordado por Mario Payeras: “A otro, en cambio, nos
vimos obligados a fusilarlo. Fue una decisión dolorosa y extrema
que, sin embargo, fue la culminación de un proceso, a lo largo del
cual agotamos los recursos que teníamos a nuestro alcance para res-
catarlo…”
1485
3730.
Otro fusilamiento que impactó mucho a los mismos guerrilleros,
y que fue uno de los primeros hechos de esta naturaleza, fue el de Fonse-
ca, por traición. Fonseca era un joven combatiente ixil, “compañero queri-
dísimo por todos nosotros”,
1486
que en marzo de 1976 fue capturado por el
Ejército. Bajo tortura contó al Ejército todo lo que sabía y entregó nom-
bres de los responsables del EGP. Después de algunos meses logró huir y
se presentó al destacamento para informar a los guerrilleros. La dirección
del EGP tomó la decisión de ajusticiarlo. Mario Payeras dedicará al caso de
Fonseca un capítulo en su libro Los días de la selva.
3731.
En la historia del EGP el caso más controvertido fueron los fusila-
mientos llevados a cabo en Nicaragua en 1982, de Guisela Irasema López,
Aída Marilú Castillo Estrada, Carlos Ranferí Morales López, Eugenio
Contreras, Ligia de Contreras y otra persona cuyo nombre se desconoce.
Los tres primeros eran miembros de la organización, fueron ejecutados por
supuesta infiltración; y los otros tres, por investigar lo ocurrido.
1487
3732.
La situación en 1982 era muy difícil para el EGP, ya que una gran
cantidad de personas habían sido capturadas por las Fuerzas de Seguri-
dad.
1488
Asimismo, muchos de los miembros de la guerrilla que se encon-
traban detenidos eran utilizados para que delatasen a otros miembros o
presentados a los medios de comunicación donde, luego de admitir públi-
camente su militancia, exhortaban a los integrantes del grupo guerrillero a
abandonar las armas. Los casos más conocidos fueron los de Pellecer Fae-
na y Emeterio Toj. Por estas razones, gran parte de las personas que esta-
1484 Testigo (ex altos mandos del EGP) CEH. (T.C. 152).
1485 Payeras, Mario, Los días de la selva, Joan Boldó I Climent, Editores, 1989, pg. 56.
1486 Testigo (ex organizador político del EGP) CEH. (T.C. 253).
1487 CI 20. 1982. Nicaragua y Huehuetenango.
1488 Ibid.
470
ban en la ciudad fueron evacuadas a México y sobre todo a Nicaragua, a
fin de que recibieran entrenamiento político y militar.
3733.
Esta época es descrita por un miembro de la organización como:
“Un período de gran incertidumbre, donde la desconfianza se encontraba a flor
de piel. Tanto por las personas que habían caído en manos de las fuerzas de se-
guridad como los problemas políticos al interior de la organización. En reali-
dad, se estaba en medio de una derrota”.
1489
“Y la responsabilidad por esta de-
rrota se le atribuía fundamentalmente a la infiltración de personas afines al
Ejército dentro de la organización”.
1490
3734.
En este contexto, miembros de la Dirección Nacional que se en-
contraban en Nicaragua acordaron y realizaron el fusilamiento de los seis
miembros de la organización, acusados de traición.
1491
“Jamás fue demostrado, ni siquiera con la gente que se fusiló por sos-
pechas de infiltración, nunca se llegó a comprobar al 100%, lo que
hubo fueron dudas, desconfianzas, sospechas, yo creo que, además de
la infiltración, pesaron mucho los errores, la rutina, el triunfalismo
mismo que hacían actuar de una manera irresponsable … fueron los
hechos más terribles, la expresión más dura, más desesperada de una
situación de derrota no asimilada, no asumida, de una situación de-
sesperada por tratar de preservar lo poco que quedaba”.
1492
Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR)
y Organización del Pueblo en Armas(ORPA)
3735.
En los reglamentos disciplinarios de las FAR la pena de muerte es-
taba contemplada como pena máxima por faltas graves. “Las sanciones por
faltas cometidas serán impuestas por los mandos jefes y oficiales, de acuerdo con
la gravedad de la misma …, El propósito de una sanción es disciplinario, edu-
cativo y de superación política, pero a las faltas más graves habrá que imponer
sanciones ejemplares, para sentar precedentes. Cuando se debe imponer la pe-
na máxima [pena de muerte] es necesaria la autorización del Mando Supre-
mo, pero además deberá estar plenamente comprobada la falta”.
1493
El acusa-
do tenía la posibilidad de defenderse frente a un “tribunal revolucionario”:
“[Para] esto se establecerá un tribunal militar, dando al acusado to-
das las posibilidades para demostrar su inocencia. Se deben establecer
los procedimientos y mecanismos para celebrar un juicio imparcial
apegado a la realidad, donde se cometió la falta”.
1494
1489 Ibid.
1490 Testigo (ex alto mando del EGP) CEH. (T.C. 23).
1491 CI 20. 1982. Nicaragua y Huehuetenango.
1492 Testigo (ex alto mando del EGP) CEH. (T.C. 23).
1493 Proyecto de Reglamento Militar, junio, 1990.
1494 Ibid.
471
“Se hacía la reunión a nivel de columna y había que enjuiciar, real-
mente confirmarle, comprobar el delito o los errores que había come-
tido y, de acuerdo con eso, se le consideraba responsable, para poder
tomar medidas…”
1495
Sin embargo, el acusado no siempre tenía la oportunidad de de-
fenderse. “…Se pensaba que este compañero tenía muy buen rum-
bo, o ya la base formada … desgraciadamente no había nada de eso
y lo que hacía, era obtener la información de que este compañero ha-
bía ido a darse la vida buena por ahí, y ya cuando lo llevaron, él
quería caminar, y caminaba, pero por carretera no por hierba, y fue
cuando dijo: Ya no marchamos, porque ya es noche, si quieren pare-
mos una camioneta y nos vamos en ella, y nada, entonces tuvimos
que caminar aunque fuera de noche, hasta que llegáramos, no qui-
so, y ahí fue donde el jefe que iba allí ordenó que lo fusilaran, el otro
no hizo caso, la orden es orden, y lo hizo el mismo jefe, el mismo sar-
gento le disparó…”
1496
3736.
En 1982 y 1983 también las FAR atravesaban un período de crisis.
“En ese tiempo yo dije que la Dirección, como quien dice, abandonó
mucho lo que era el trabajo, en ese tiempo, militar en la región [Fren-
te Turcios Lima, Petén], se retiró por mucho tiempo … según anda-
ba [la Dirección] por una gira en Cuba, creo”.
1497
3737.
Fue un período en el cual comprobaron muchas deserciones den-
tro de las filas de las FAR, algunas de las cuales fueron castigadas con el fu-
silamiento.
“Iban desertados los dos [1983, Frente Turcios Lima], se oyeron los
disparos, y tomó la dirección el otro guía, salió una comisión a encon-
trar a la muchacha … Se la trajo al campamento, y ellos dijeron quié-
nes más iban a desertar … Terminó en un desastre, porque a la mu-
chacha la fusilaron, tenía tres meses de embarazo, se le enjuició, se lu-
chó mucho por esa situación…”
1498
1495 Testigo (ex combatiente de las FAR) CEH. (T.C. 223).
1496 Ibid.
1497 Ibid.
1498 Ibid.
472
3738.
Gustavo Orellana “era guerrillero, pero cuando se arrepintió de estar
con ellos, lo fusilaron”.
1499
3739.
La deserción fue una práctica también castigada con la ejecución
arbitraria por parte de la ORPA.
“A nivel interno se manejaba, digamos, un reglamento, que sólo con-
sideraba la pena de muerte para casos de traición, pero que, incluso,
nosotros manejamos, revisamos un concepto que también nos dio muy
buen resultado. En el caso de la deserción, por ejemplo en el 71, an-
tes de que empezáramos el proyecto nuestro, al que desertaba lo perse-
guíamos para fusilarlo, se le consideraba el desertor, entonces había es-
ta práctica y nosotros, en el 71, fijamos un principio que fue empezar
a hacer un trabajo político muy intenso en el cual la participación era
absolutamente voluntaria, y hasta el momento en que uno quisiera es-
tar y planteara que se quería ir, se le daba la baja inmediatamente, y
no se le iba a retener nunca”.
1500
El caso del Movimiento Revolucionario
del Pueblo Ixím (MRP-Ixím)
3740.
A finales del año 1979 “dos de los frentes que se habían desarrollado
como ORPA se separaron”.
1501
Los miembros de estos dos frentes, unos se-
senta, crearon un grupo disidente. Según otros ex miembros y el ex co-
mandante en jefe de la ORPA, el grupo se llamaba Nuestro Movimiento
Revolucionario.
1502
De este proceso surgió en 1982 el MRP-Ixím, integra-
do también por miembros disidentes del EGP que compartían la preocu-
pación por el papel indígena en el proceso revolucionario, característica
esencial de este nuevo grupo.
3741.
En su fase de implantación del frente guerrillero específico, el
MRP-Ixím entró en conflicto con el EGP que, según un ex líder de esta
organización, empezó a plantear acusaciones contra los escindidos:
“Ellos decidieron iniciar un trabajo para la construcción de un fren-
te en el área Mam, principalmente Ixtahuacán y Cuilco. Pero como
había presencia del EGP, entonces se generó una contradicción, que
era gente del enemigo y eran bandas a favor del Ejército”.
1503
3742.
Al cabo de dos años de existencia el MRP-Ixím desapareció. Según
el ex comandante de la URNG: “En la ciudad cayeron, fueron capturados o
1499 Testigo (ex comisionado militar de Zacapa) CEH. (T.C. 120).
1500 Testigo (ex altos mandos de la ORPA) CEH. (T.C. 164).
1501 Testigo (ex combatiente del EGP) CEH. (T.C. 8).
1502 Testigo (ex comandantes en jefe de la URNG). (T.C. 231).
1503 Testigo (ex organizador político, indígena, del EGP). (T.C. 61).
473
fueron destruidos por las acciones del Ejército”.
1504
Según el libro Señores ba-
jo los árboles de Mario Roberto Morales entre el segundo y tercer trimes-
tres de 1982, 32 miembros del Frente Guerrillero de la Estrella, del MRP-
Ixím, fueron ejecutados por no izar la bandera del EGP.
1505
“Concretamente denuncié que una organización de la URNG había
asesinado a 32 compañeros del Movimiento Revolucionario del Pue-
blo-Ixím, y había torturado a otros 20…”
1506
A la ORPA se le atri-
buye la muerte de tres militantes del MRP-Ixím en 1987.
1507
Las masacres
3743.
En esta sección, se analizan las ejecuciones arbitrarias de carácter
colectivo o masivo que realizaron las organizaciones guerrilleras. Al igual
que se hizo al considerar los hechos perpetrados por el Ejército, se presen-
tan aquí ejecuciones de cinco o más personas, realizadas en un mismo lu-
gar y como parte de una misma operación.
3744.
Los casos de masacres perpetradas por la guerrilla de las que tuvo
conocimiento la CEH con suficientes elementos de convicción, apuntan
casi en su totalidad a la responsabilidad del EGP, dentro del contexto de su
visión sobre las PAC.
3745.
Un solo hecho fue atribuido a otras organizaciones, y más precisa-
mente a la ORPA, que lo realizó en noviembre de 1988 en la aldea de El
Aguacate, San Andrés Itzapa, Chimaltenango.
1508
Aunque la ejecución de
colaboradores del Ejército formara parte de la estrategia de la ORPA, este
hecho, en el que resultaron muertas 23 personas, no fue consecuencia de
una decisión o planificación a escala nacional. La ORPA, como organiza-
ción, reconoció ante la CEH la responsabilidad de la masacre, pero desco-
noció categóricamente cualquier autoría de los superiores jerárquicos di-
rectos e indirectos en el proceso de decisión y de ejecución.
“Yo diría que ORPA en sí, como organización guerrillera no fue res-
ponsable, lo que sí sé es que una patrulla del Frente que estaba cum-
pliendo ciertas tareas en la zona y bajo la orden de este oficial, que de
manera inconsulta y sin ninguna orientación de la jefatura del Fren-
te organizó la acción”.
1509
3746.
Los casos de masacres que se van a presentar son responsabilidad
del EGP. Algunos han sido reconocidos por sus ex dirigentes y fueron per-
1504 Testigo (ex Comandantes en Jefe de la URNG). (T.C. 231).
1505 Esta aseveración no logró ser contrastada con otra fuente.
1506 Morales, Mario Roberto, Siglo XXI, 20 de abril de 1998.
1507 Crónica, 8 de agosto de 1997.
1508 CI 86. Noviembre, 1988. Chimaltenango.
1509 Testigo (ex alto mando de la ORPA) CEH. (T.C. 214).
474
petrados mayoritariamente entre abril y julio de 1982. De los casos regis-
trados, consta la actuación del Frente Guerrillero Ho Chi Minh en Qui-
ché y área limítrofe de Huehuetenango; del Frente Augusto César Sandi-
no y del Frente Ernesto Guevara, en las Verapaces.
3747.
El número de los casos de masacres perpetradas por el EGP, las
condiciones en que se desarrollaron y las áreas golpeadas, no reflejan ser
consecuencia de una estrategia militar planificada de alcance nacional.
3748.
1982 fue un período en que los frentes habían empezado a perder
los canales de comunicación, entre sí y con la Dirección Nacional. En el
Ho Chi Minh muchas acciones fueron decididas por los jefes militares
que tuvieron como resultado varios hechos de violencia, “hubo muchas co-
sas negativas ahí, ajusticiamientos, combates contra las patrullas civiles…”
1510
De la misma forma, en el Frente Augusto César Sandino, la línea dura y
militarista de su responsable había desatado, después de la toma de Solo-
lá el 28 de octubre de 1981, una espiral de violencia que incluyó ejecu-
ciones masivas.
3749.
Aunque la mayor parte de los casos aquí reportados se relacionan
de una forma o de otra con los grupos paramilitares que operaban en las
áreas rurales, particularmente las Patrullas de Autodefensa Civil, también
dicen relación con actos dirigidos contra informantes o colaboradores del
Ejército.
3750.
En Panajxit, municipio de Santa Cruz del Quiché, el 16 de agosto
de 1981 el EGP bloqueó el camino que une los cantones de Panajxit y sus
alrededores con el municipio de Santa Cruz, y empezó a detener los carros
con destino a Santa Cruz. Así lo cuenta un testigo:
“…Vi dos hombres enmascarados, con armas, estaban esperando a los
hombres en el camino. Había un camión que viajaba a San Antonio,
sacaban a los señores de allí del camión y los llevaban para allá. En-
tonces cuando vi que salió un hombre que tenía un papel como pla-
nilla, como folder, algo así, entonces allí buscaba el nombre … No es-
taba vestido como soldado, sino que era vestido como verde olivo. Al-
gunos enmascarados y otros con una cosa roja, aquí sólo la boca tenían
cubiertos y otros con pañuelos rojos, aquí sobre la nuca … en eso es-
taba un señor que se llamaba Reyes Velásquez Chanchavac, entonces
el que tenía la lista dijo fuerte: Reyes Velásquez Chanchavac, se paró
el señor y se lo llevaron. Entonces oí el ruido de que estaban disparan-
do … es el montón de muertos y todos eran conocidos”.
1511
1510 Testigo (ex altos mandos del EGP) CEH. (T.C. 206).
1511 La CEH logró identificar a 14 víctimas, mientras que según los testimonios de REMHI fueron
32 las víctimas y que los responsables se presentaron como miembros del EGP.
475
El cadáver tenía las manos amarradas y la cabeza fuera del cuerpo,
en condiciones similares fueron encontradas varias de las personas eje-
cutadas. Niños y mujeres que lograron huir informaron que a algu-
nos les dieron muerte con balas y a otros con cuchillo.
1512
3751.
Un ex miembro del EGP confirmó los hechos y la responsabilidad
de la organización guerrillera y recordó:
“Durante ese tiempo un grupo de personas liderado por dos personas
activas del EGP conocidos como “los hermanos Arturos”, reivindica-
ban dos derechos al interior del EGP: “mayor autonomía en la adqui-
sición y control de las armas y constitución de una estructura propia”.
Seguidamente y no resuelto el problema orgánico, se creó una “facción”
que no obedecía las instrucciones de la Dirección General”.
1513
3752.
En el caserío de Chuacruz, departamento de Sololá, el 17 de di-
ciembre de 1981, fueron ejecutadas catorce personas consideradas “orejas”
o colaboradores del Ejército, entre quienes se encontraban agricultores, co-
merciantes y patrulleros.
“Estaban en la casa el día sábado cuando entraron dos hombres, “son
guerrilleros … tienen armas … hablan castilla pero al final hablaron
en k´iché´”. Al ver lo que sucedía los señores se escondieron bajo las
camas: “ellos pensaron que son el Ejército [pero] los sacaron y les pe-
garon mucho y luego sacaron tiros a la casa, luego llevaron radio, ma-
chetes, azadón, dinero, todas las cosas que tienen a la casa y los trajes
de típico, sombrero. Se llevaron a los señores; uno de los guerrilleros se
quedó vigilando a las esposas y cuando la guerrilla ya estaba lejos, las
señoras salieron y se escondieron entre las milpas hasta que amaneció.
Un grupo de ellas se dio cuenta que habían otras mujeres buscando a
sus esposos. Se fueron a buscar en el camino por donde habían rastros
de sangre; siguieron la sangre y los encontraron enterrados en la mon-
taña que se llama Chuicampana o Chiquek´bon. Algunas víctimas
habrían sido torturadas antes de su ejecución”.
1514
3753.
Uno de los casos que más impactó a la población por su ferocidad
y escenario aterrorizante, y por permanecer en la memoria colectiva de los
habitantes de la zona, ocurrió en la cabecera municipal de San Miguel Aca-
1512 C 16697. Junio, 1981. Santa Cruz del Quiché, Quiché.
1513 Ibid.
1514 C 4281. Diciembre, 1981. Sololá, Sololá.
476
tán, Huehuetenango. De este caso, en el cual fueron ejecutadas cinco mu-
jeres, la CEH recibió dos versiones distintas.
3754.
La primera indica que las mujeres eran colaboradoras del Ejército.
La segunda sólo menciona que vendían comida al destacamento militar.
“Era tal vez diciembre 81 o enero 82 cuando la guerrilla mató a cin-
co mujeres. Tres de ellas eran vendedoras de comida … Las tres mu-
jeres eran conocidas de colaborar con el Ejército y denunciaron a per-
sonas que sospecharon de guerrillero. Estas personas denunciadas des-
pués desaparecieron o aparecieron asesinadas … ellas siempre acom-
pañaban a los soldados. Incluso andaban uniformadas … Las dos
acompañaban también a los soldados varias veces en rastreos buscan-
do guerrilleros. Por ejemplo, fueron con ellos a la aldea Ch´ech, don-
de acusaron a varias personas de guerrillero. No sé de cuantas se tra-
taba, pero esas personas que ellos denunciaron, fueron secuestradas y
después desaparecieron o resultaron muertas … Por eso la guerrilla te-
nía sus nombres sobre una lista igual que los nombres de las tres ven-
dedoras … creo que las mataron con cuchillo…”
1515
[L] otra versión señala: “…los elementos estaban bajo el mando del
comandante … quien trajo un listado de quince personas acusadas de
haber colaborado con el Ejército; entre ellas, cinco mujeres que ven-
dían atol, frijol y comida en el destacamento militar. Al llegar al mu-
nicipio la guerrilla detuvo a estas quince personas y las amarraron
frente a los árboles en la municipalidad. Después de quemar los libros
de la municipalidad, realizar pintadas y repartir volantes, la guerri-
lla dejó libre a las personas amarradas menos a las cinco mujeres …
Estas mujeres fueron llevadas con manos atadas a una casa particular
en el cantón Yinculuz, donde las embrocaron
1516
y luego cortaron sus
cabezas con un hacha. Después la guerrilla salió del municipio advir-
tiendo “cuidado a los que están llorando por su familia”.
1517
3755.
Antes de ser ejecutadas las mujeres permanecieron amarradas du-
rante varias horas a los árboles que rodeaban la municipalidad. Unos me-
ses después del hecho, la comunidad decidió talar los árboles en un inten-
to de borrar el hecho de la memoria colectiva.
3756.
Según el expediente judicial, una de las víctimas presentaba heri-
das de bala y las otras presentaban quemaduras y señales de estrangula-
miento. Los testigos directos aseguraron que los que habían capturado a
1515 Relato 3 del C 6004. Diciembre, 1981. San Miguel Acatán, Huehuetenango.
1516 Acostadas boca abajo.
1517 Relato 1 del C 6004. Diciembre, 1981. San Miguel Acatán, Huehuetenango.
477
los 14 hombres pertenecían a la guerrilla, por la forma en que se vistieron;
por eso supieron que no eran soldados.
1518
3757.
Con el propósito de combatir a las PAC, el 12 de junio de 1982 el
EGP desarrolló una operación militar en Chacalté, municipio de Chajul,
Quiché. La aldea de Chacalté había sido armada por el Ejército y organi-
zada para la defensa de la comunidad. Por orden del comandante del Des-
tacamento de Chajul, los patrulleros permanecían en el juzgado, la iglesia
y la escuela de la aldea. En la madrugada del 12 de junio de 1982, el EGP
ejecutó una operación para capturarlos y quitarles las armas. El ataque se
inició con la abertura de un boquete en el techo de la iglesia, por el que
luego se lanzó una granada, los patrulleros que se encontraban en el inte-
rior de la iglesia, a pesar de estar armados, huyeron del lugar buscando re-
fugio en las casas de la aldea; al darles alcance, los guerrilleros ejecutaron a
75 personas, entre las que había patrulleros y población civil.
3758.
También en otra ocasión el EGP penetró en una comunidad don-
de existían patrullas, disparando indiscriminadamente. El hecho aconteció
en la comunidad de Salacuím, Alta Verapaz, el 10 de mayo de 1982, don-
de se contabilizaron 22 muertos. Los guerrilleros pertenecían al Frente Co-
mandante Ernesto Guevara y procedían de Ixcán, El Quiché.
3759.
Aunque la información recogida por la CEH hace indudable la au-
toría de dicha organización guerrillera, el Informador Guerrillero
1519
del 2 al
15 de mayo de 1982 ofreció una versión del hecho que no es compartida
por la CEH: “En la aldea Salacuim del departamento de Alta Verapaz, fue-
ron masacrados otros veinte campesinos incluyendo mujeres y niños. En su cri-
minal política de rendir por hambre a la población, las tropas del Ejército ves-
tidas de civil destruyeron las reservas de granos de la cooperativa local e incen-
diaron las viviendas de sus víctimas”.
3760.
En la tarde del 9 de mayo de 1982 los miembros del Ejército ha-
bían abandonado la comunidad de Salacuim, Alta Verapaz, para participar
en una actividad en el destacamento de Playa Grande, Ixcán. A la mañana
siguiente los pobladores de la comunidad y de sus alrededores se alistaban
para ir a trabajar a sus parcelas cuando por diferentes puntos del lugar in-
gresaron un número considerable de guerrilleros (de 50 a 100 según el nú-
mero estimado por los declarantes), disparando indiscriminadamente y
asesinando a todas aquellas personas acusadas de pertenecer a la
Institución Armada (comisionados militares y patrulleros). Los patrulleros
que se encontraban haciendo turno trataron de hacer frente a los guerrille-
ros que tomaban la comunidad. Sin embargo, debido a la superioridad nu-
mérica y de armamento con que contaban los insurgentes, los patrulleros
1518 C 4281. Diciembre, 1981. Sololá, Sololá.
1519 Publicación quincenal del EGP.
478
fueron reducidos casi de inmediato. Como resultado de esta acción, fue-
ron muertas 22 personas que fueron enterradas en el cementerio de la co-
munidad, en dos fosas comunes.
1520
“La comunidad reconoció a la guerrilla por su ropa y porque supo que
ellos tenían problemas con la patrulla de Salacuím”.
1521
Otra víctima
“fue herido en una pierna, corrió al puesto de salud y se encontraba
dentro del mismo cuando éste fue quemado”.
1522
Una de los testigos
“tenía una tienda que la guerrilla robó y luego quemó”.
1523
También
un “menor al escuchar las detonaciones se asustó y casi de inmediato
murió”.
1524
3761.
El EGP recurrió también al camuflaje para engañar a los patrulle-
ros, atraparlos y ejecutarlos por colaborar con el Ejército. El siguiente caso
del Frente Guerrillero Ho Chi Minh destaca además por la crueldad con
que fueron abatidas las víctimas, según refiere el hijo de una de ellas.
“El 17 de mayo de 1982 a las 6 de la mañana llegaron a la aldea de
Batzul, municipio de Chajul, Quiché, tres hombres uniformados co-
mo soldados del Ejército, de pinto, pero unos 30 hombres que iban
vestidos de verde olivo estaban escondidos en las afueras de la aldea.
Juntaron a todos los hombres y les pidieron que fueran a patrullar pa-
ra cuidar el puente de río Chicá. Pero antes dijeron que iban a hacer
una reunión en la escuela de Batzul. Llevaron a los 17 hombres en fi-
la hasta el lugar. Amarraron a todos y los mataron uno por uno. A
unos le taparon la boca, a otros les cortaron los huevos. Los mataron
con machetes, estrangulados con lazo y baleados. Mientras los iban
matando les iban gritando que eran colaboradores del Ejército y por
eso los estaban matando”.
1525
3762.
En julio de 1982 hubo dos casos de masacres: uno realizado por el
Frente Augusto César Sandino y el otro por el Ho Chi Minh, cuyos obje-
tivos parecen haber sido punitivos y basados en sentimientos de venganza.
En éstos fueron asesinados, de forma indiscriminada, patrulleros y no pa-
trulleros.
3763.
El primer caso trata de la masacre que tuvo lugar en Papumay, al-
dea Xenimaquín, municipio San Juan Comalapa, del departamento de
Chimaltenango.
1520 C 11031. 1982. Salacuim, Alta Verapaz.
1521 Declarante 1 del C 11031. 1982. Salacuim, Alta Verapaz.
1522 Declarante 4 del C 11031. 1982. Salacuim, Alta Verapaz.
1523 Declarante 2 del C 11095. 1982. Salacuim, Alta Verapaz.
1524 C 11031. 1982. Salacuim, Alta Verapaz.
1525 C 3362. Mayo, 1982. Chajul, Quiché.
479
3764.
Dos versiones atribuyeron la autoría al Ejército: El Informador
Guerrillero
1526
y la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala.
1527
Sin
embargo dos testigos reconocieron, aunque de forma distinta, la responsa-
bilidad del EGP en la masacre, señalando como factor que la desencadenó
la fuerte presencia de la patrulla civil en la comunidad.
“Las PAC de Papumay se fueron envalentonando, quemando algunas
casas de la gente de Patzaj y destruyendo algunos buzones del EGP en
esa montaña. Luego en un patrullaje de las PAC, matan a dos com-
batientes de la patrulla del EGP …, hora en ese contexto la patrulla
del EGP decide hacer una emboscada a las PAC. Se dio un fuerte
combate, cayeron varios miembros de las PAC y la guerrilla recuperó
varias armas … Es posible que el combate se haya ido adentrando ha-
cia el centro del caserío y que puedan haber habido víctimas que no
eran de las PAC, aunque no se supo el número de personas de Papu-
may que se murieron ese día”.
1528
3765.
Esta primera versión considera la masacre como consecuencia del
desbordamiento de una acción dirigida en contra de patrulleros, mientras
que la segunda, de un ex combatiente del EGP que dijo haber participa-
do en los hechos, señala la intención precisa de la unidad del EGP de rea-
lizar una acción ejemplar para vengarse de la muerte de dos de sus com-
batientes.
“El mando a cargo ideó una actividad de justicia revolucionaria y
actuaron en consecuencia. Mataron a la gente de casa en casa. Mu-
cha gente a esa hora [cinco de la tarde] estaba tomando su baño en
el temascal [baño de vapor de origen maya] y allí mismo los ejecu-
taron, otras personas estaban comiendo o iban a hacerlo y también
los ejecutaron. El objetivo militar eran los patrulleros del lugar, a
quienes masacraron, pero también mataron a la demás gente para
que la población en general aprendiera que no debían ir en contra
de la guerrilla”.
“Los autores intelectuales y materiales [participaron unos 24 perso-
nas] del hecho celebraron la masacre de Papumay. Se reunieron y ex-
presaron su satisfacción y creían que habían logrado un gran objetivo
con los patrulleros del lugar. Otros [entre ellos el testigo declarante]
1526 EGP, Informador Guerrillero, publicación quincenal, N° 12, 31 de julio de 1982.
1527 CDHG, febrero de 1983, pg. 78.
1528 Testigo (ex responsable regional del EGP) CEH. (T.C. 247).
480
no estuvieron de acuerdo con dicha actitud ante la masacre y empe-
zaron a considerar su dimisión de la organización. El autor intelec-
tual fue sancionado por sus superiores, quienes no estaban de acuerdo
con dicha operación. La sanción consistía en no poder participar en
acciones militares y la pérdida de sus responsabilidades de mando”.
1529
3766.
El 27 de julio de 1982, hubo otra masacre realizada por el EGP en
la aldea Chex, del municipio de Aguacatán, del departamento de Huehue-
tenango, donde operaba el Frente Guerrillero Ho Chi Minh.
“Unos 100 hombres vestidos de verde olivo y fuertemente armados en-
traron a Chex y ejecutaron a 21 personas, varios de ellos miembros de
las PAC, pero también murieron mujeres, niños y ancianos. Ocho per-
sonas quedaron heridas. Los sobrevivientes culpan de la masacre al
EGP de la aldea Chortíz [Santa María, Nebaj, Quiché] que ha-
brían vengado así la acción del Ejército y las PAC de Chex”.
1530
3767.
Chex había solicitado formar una patrulla civil a principios de
1982, cuando todavía esa práctica no se había implantado con carácter
obligatorio. Al parecer, la zona militar respondió a su petición que para te-
ner armas, tenían que entregar a la gente de su comunidad involucrada con
la guerrilla. A finales de junio los soldados de la zona militar 19 captura-
ron a 28 hombres de la aldea a quienes acusaban de guerrilleros y nunca
más se supo de ellos. Con la ayuda de varios patrullleros de Chex el Ejér-
cito arrasó la aldea Chortíz, masacrando a todos. Todo eso provocó que la
guerrilla tomara venganza en contra de los pobladores de Chex.
1531
XXIV. ATENTADOS AL DERECHO A LA INTEGRIDAD
PERSONAL Y A LA LIBERTAD
3768.
El derecho a la integridad física y a la libertad personal, se hallan
en el núcleo básico de derechos protegidos por el Artículo 3 común de los
Convenios de Ginebra, en caso de conflicto armado no internacional, y
por los principios generales comunes al derecho internacional de los dere-
chos humanos y del derecho internacional humanitario. En todo tiempo y
lugar, las partes enfrentadas deben respetar ambos derechos de quienes no
participan en las hostilidades y sobre todo de la población civil. Sin embar-
go, de diversos modos y en algunas ocasiones el derecho a la libertad y la
integridad no fueron respetados por las organizaciones guerrilleras. La de-
1529 C 683. Julio, 1982. Comalapa, Chimaltenango.
1530 C 5003. 1982. Aguacatán, Huehuetenango.
1531 C 5003. 1982. Nebaj, Quiché.
481
saparición, entendiendo por ésta el caso donde se desconoce la suerte final
de la víctima; el secuestro, que no es otra cosa que una toma de rehenes en
los términos del Artículo 3 común; el impuesto de guerra y otro tipo de
extorsiones; el reclutamiento forzoso; los miembros de las fuerzas armadas
puestos fuera de combate por detención, así como la tortura y los tratos
crueles, inhumanos y degradantes, fueron algunas de esas conductas que
desconocieron la normativa humanitaria.
La desaparición
3769.
En algunos casos de privación de libertad, responsabilidad de las
organizaciones guerrilleras, el paradero de las víctimas continúa siendo
desconocido hasta el día de hoy. La negativa de informar sobre el parade-
ro de la víctima o de no señalar el destino final de la persona, permite sos-
tener que son casos de desaparición, máxime cuando los familiares de las
víctimas no saben realmente lo que sucedió.
3770.
El 17 de diciembre de 1978, en la aldea Marimba, municipio de Ca-
motán, cerca del cerro Nenojá, fue ejecutado Leonardo Mendoza Agustín.
Según el declarante los guerrilleros: “mataron a él como él era alcalde auxiliar.
Casi siempre era auxiliar. Trabajaba mucho con la municipalidad”. Aunque el
declarante dijo que lo ejecutaron nunca encontraron el cadáver.
1532
3771.
El 2 de febrero de 1982, en la aldea San Lucas, Ixcán, Quiché, fue
capturado Pedro Mario Esteban por miembros del EGP cuando se dirigía
de la aldea San Lucas a la aldea Playa Grande a realizar algunas compras.
Hasta la fecha se desconoce su paradero.
1533
3772.
El 15 de mayo de 1982, en la aldea Las Majadas, del municipio de
Aguacatán, Huehuetenango, miembros de la guerrilla capturaron a los me-
nores Gaspar Santos Lux y Pablo Santos Lux, que se habían escondido en
el techo de su casa. Los insurgentes, que iban armados y vestidos de civil,
amarraron y golpearon a la madre de los menores. Hasta la fecha, se des-
conoce el paradero de los dos capturados.
1534
3773.
El 26 de agosto de 1982, en la aldea Pajuil País del municipio de
Aguacatán, Huehuetenango, fueron desaparecidos cinco patrulleros que
cumplían su servicio en una cumbre próxima a la aldea. Durante años no
se supo el paradero de las víctimas, hasta que un ex guerrillero que inter-
vino en los hechos informó que habían sido ejecutados y enterrados en una
fosa común. Los familiares exhumaron los cadáveres del lugar indicado y
encontraron sus restos, que fueron identificados por sus ropas.
1535
1532 C 1084. Diciembre, 1978. Camotán, Chiquimula.
1533 Denuncia presentada el 12 de agosto de 1983 a la Policía Nacional del municipio de Ixcán, en
el Informe entregado a la CEH compilado por la Asociación Nacional del Café, Tomo III, sin
página. El caso no consta en otras fuentes.
1534 C 5619. Mayo, 1982. Aguacatán, Huehuetenango.
1535 C 5536. Agosto, 1982. Aguacatán, Huehuetenango.
482
3774.
En marzo de 1983, en la cabecera del municipio de Aguacatán,
Huehuetenango, miembros del EGP ingresaron en la casa de Gaspar Ai-
lón Ortíz, quien fue herido en un brazo y le indicaron: “Este no es el que
buscamos, te salvaste”. Gaspar fue internado en el hospital de la localidad,
hasta que fue sacado por la fuerza el sábado en la tarde por cuatro hom-
bres vestidos de civil que llevaban los rostros cubiertos con pasamontañas,
quienes además robaron algunos medicamentos. Hasta la fecha se desco-
noce el paradero de la víctima.
1536
El secuestro
3775.
La privación de la libertad de una persona, realizada con el objeto
de exigir por su libertad algo a cambio, fue una táctica utilizada a lo largo
del enfrentamiento armado por las organizaciones guerrilleras. Los secues-
tros realizados por la insurgencia persiguieron objetivos políticos (tales co-
mo la propaganda y el canje de prisioneros) y económicos. “Tuvimos la ne-
cesidad de llegar a esos extremos para ser escuchados en este país”.
1537
3776.
La práctica de tomar rehenes, que es una evidente infracción a las
normas humanitarias, fue perpetrada por todas las organizaciones que con-
formaron la insurgencia en Guatemala y dirigida esencialmente contra
funcionarios públicos que desempeñaban cargos representativos del poder
del Estado, integrantes de la clase política dirigente y personas adineradas
del sector empresarial, industrial y agrícola del país.
3777.
Los primeros secuestros políticos durante el enfrentamiento arma-
do fueron realizados por las FAR en las personas de Romeo Augusto De
León, presidente de la Corte Suprema, Baltazar Morales de la Cruz, secre-
tario de Información del Gobierno de la República; y Héctor Menéndez
de la Riva, vicepresidente del Congreso. Tuvieron lugar en la capital du-
rante 1966: los dos primeros el 4 de mayo y el último el 26 de mayo. Su
finalidad era rescatar a un grupo de personas del PGT, FAR y MR 13 que
estaban desaparecidas desde marzo de ese mismo año, caso que se conoció
como el de los 28 desaparecidos.
1538
Menéndez de la Riva logró fugarse
quince días después de ser secuestrado. Posteriormente, en un puesto de
registro instalado por las fuerzas de seguridad, fue detenido José María Vi-
des “Chema”, jefe de los comandos de la resistencia urbana de las FAR. Es-
ta circunstancia y la sospecha que a esas alturas tenía la dirección de las
FAR que los 28 desaparecidos estaban muertos, determinaron un cambio
en las condiciones.
1539
1536 C 5172. Marzo, 1983. Aguacatán, Huehuetenango.
1537 Testigo (ex alto mando de las FAR) CEH. (T.C. 224).
1538 CI 68, 1966, Ciudad de Guatemala.
1539 CI 032. Mayo 1966. Ciudad de Guatemala.
483
“El planteamiento era solicitar la entrega con vida de los 28 captura-
dos, le dieron plazo al Gobierno, creo, hubo plazo, después se fue ne-
gociando, y ya después hubo otro incidente no, como por ejemplo el je-
fe de la región urbana de las FAR, fue capturado … y finalmente se
canjea a los dos, a Romeo Agusto y a Baltazar por este compañe-
ro…”
1540
3778.
A partir de 1967 las FAR justifican entre sus tácticas preferenciales
la de realizar secuestros con fines económicos:
“Nuestros enemigos son la oligarquía (terratenientes y burgueses) y el
imperialismo yanqui y todos sus agentes conscientes … Aprovechare-
mos toda oportunidad que se presente para arrancarles a los enemigos
parte de lo que se han robado, ya sea en forma de impuestos en dine-
ro o en especie, en la ciudad o en el campo, voluntariamente o bajo
presión, como en el caso de los secuestros…”
1541
3779.
El 28 de agosto de 1968 es ejecutado el embajador estadouniden-
se en Guatemala, John Gordon Mein, cuando un grupo guerrillero inten-
taba secuestrarlo.
“Lo que pasa es que lo de Gordon Mein, aquí había un capitán que
dirigía lo que llamábamos la Resistencia de la Ciudad, que era Ra-
miro Díaz, él era el que sustentaba las posiciones más duras dentro de
las FAR … Camilo Sánchez es capturado en la ciudad Guatemala y
estos, esta gente de [Ramiro Díaz] precisamente quiso aprovechar el
momento también para liberarlo, pero no sólo liberarlo, sino dar un
golpe espectacular y demostrar que en la ciudad debería estar la direc-
ción, y van y capturan a Gordon Mein, él no se deja capturar y lo ma-
tan”.
1542
3780.
Uno de los años en que más secuestros se practicaron en la capital
fue 1970. El 27 de febrero fue secuestrado Alberto Fuentes Mohr cuando
ejercía el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, y el 6 de marzo tuvo
lugar el de Sean Holly, agregado laboral de la embajada estadounidense.
1543
Las víctimas ambas, secuestradas por las FAR, fueron liberadas luego de
que el Gobierno accediera a las exigencias planteadas por los guerrilleros,
1540 Testigo (ex miembro de las FAR) CEH. (T.C 38).
1541 Fuerzas Armadas Rebeldes, “Situación y perspectiva del movimiento revolucionario guatemalte-
co”, marzo de 1967.
1542 Testigo (ex alto mando de las FAR) CEH. (T.C. 224).
1543 Sobre el caso de Sean Holly, véase el Documentro desclasificado de los EE UU.; HD 13.2.
484
consistentes en la liberación, en el primer caso, de Vicente Girón Calvillo;
y en el segundo, de José Manuel Aguirre Monzón y Vitalina Monzón, jun-
to con la indicación del paradero de dos militantes de la organización.
3781.
El 31 de marzo de 1970, en la Avenida de las Américas, de la ciu-
dad capital, fue secuestrado por miembros de las FAR el embajador alemán
Karl von Spreti. El 1 de abril las FAR confirmaron que el embajador esta-
ba en su poder y exigían la liberación de numerosas personas detenidas
que, según los portavoces insurgentes, corrían peligro de ser asesinadas,
número que se amplió a 22 personas; y agregaron como exigencia el pago
de 700,000 dólares. Establecieron como plazo para cumplir estas condicio-
nes las tres de la tarde del 4 de abril y manifestaron que de lo contrario
“…proceder[ían] a ajusticiar al autor intelectual y material de la política im-
perialista”, en alusión al diplomático secuestrado.
1544
3782.
El 5 de abril, los plagiarios señalaron que el plazo estaba agotado y
en la noche se descubre el cadáver del embajador en las cercanías de San
Pedro Ayampuc, a diecisiete kilómetros de la capital. Un dirigente de las
FAR declaró a la CEH:
“El Gobierno no accedió a las presiones … era una posición de fuer-
za … el comando de esta región urbana ejecuta al embajador para
demostrar que no estaban jugando y que hablaban en serio”.
1545
3783.
Durante la década de los setenta realizaron múltiples secuestros
contra el sector empresarial las FAR. Rudy Weissemberg, hombre de ne-
gocios, fue secuestrado el 24 de abril de 1970 en la zona 12 de la capital.
Ricardo Manuel Echevarría Herrera, cafetalero y hombre de negocios, fue
secuestrado el 16 de octubre de 1970. Juan José Zaror Michelén, empre-
sario de la industria de repostería, fue secuestrado el 6 de noviembre de
1970. Roberto Gabriel Abularach fue secuestrado el 14 de diciembre de
1970 en la casa de su madre en la avenida La Reforma y 4 calle de la zona
9 de la capital. Rodolfo Rosenberg, empresario y dueño de salas de cine,
fue secuestrado el 10 de octubre de 1972. Olga Novella Alvarado, hija de
uno de los principales socios de la empresa Novella, fue secuestrada el 8 de
abril de 1976 en su residencia de la zona 10 de la capital. Juan José Her-
mosilla Montano, arquitecto, fue secuestrado el 4 de enero 1977 cuando
salía de su residencia. Luis Arimany Comas, industrial, fue secuestrado en
diciembre de 1977 y liberado a comienzos de 1978.
1546
1544 CI 088. 1970. Ciudad de Guatemala.
1545 Ibid.
1546 CACIF, “Informe a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, sobre algunos hechos de vio-
lencia perpetrados en contra del sector empresarial durante el conflicto armado”, Guatemala,
enero de 1998, pgs. 23-27.
485
3784.
A finales de 1977 el EGP empezó a realizar los primeros secuestros
económicos aunque sin reconocer su autoría:
“Tampoco hubo ante las familias identificación de qué organización
lo estaba haciendo”.
1547
A los móviles económicos agregaron motivacio-
nes políticas por lo cual empezaron a reivindicar los hechos. “En casos
como estos el EGP sí tenía capacidad de documentar, de justificar es-
te tipo de acciones, lo cual le daba un buen resultado político, y como
implicaba también exigirle a las familias la publicación de estos co-
municados, incluso también lectura por radio, televisión, publicación
por escrito en los medios principales, esto se le daba una resonancia po-
lítica muy grande”.
1548
3785.
Uno de los primeros intentos de secuestro del EGP fue el cometi-
do el 13 de diciembre 1977 en contra de Luis Canella, industrial y conse-
jero de Estado.
1549
“[A] Canella se le señalaba parte incluso de los más duros, de los más
radicales dentro de este grupo … se le ligaba con Arana directamen-
te, y financiero de grupos paramilitares”.
1550
El secuestro sin embargo
no pudo llevarse a cabo porque Canella murió en el momento de su
captura: “Canella opuso resistencia y uno de los que participaba en el
operativo, que también era un defecto de él, una tendencia a dispa-
rar, y le disparó en una pierna, pero le rompió la vena femoral y el
hombre empezó a desangrarse…”
1551
El mismo mes, el 31 de diciembre de 1977, secuestraron al también
consejero de Estado y ex ministro de gabinete, Roberto Herrera Ibar-
güen, para realizar la liberación del secuestrado, la organización gue-
rrillera exigió el pago de una suma de dinero, la publicación de un co-
municado en los medios de prensa y la liberación de un combatiente
de dicha organización que se encontraba en poder del Ejército.
1552
3786.
El secuestro de Jorge Raúl García Granados, realizado por miem-
bros del EGP el 7 de octubre de 1979, pretendía golpear al sector econó-
mico. El señor García Granados fue liberado luego que la familia diera
cumplimiento a las condiciones exigidas por la organización guerrillera.
1553
1547 Testigo (ex alto mando del EGP) CEH. (T.C. 23).
1548 Ibid.
1549 CI 089. Diciembre, 1977. Ciudad de Guatemala.
1550 Testigo (ex alto mando del EGP) CEH. (T.C. 150).
1551 Testigo (alto mando del EGP) CEH. (T.C. 23).
1552 CI 089. Diciembre, 1977. Ciudad de Guatemala.
1553 “Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, Guatemala, testimonio de una agresión”, To-
mo II, junio de 1998, pg. 259.
486
“En este caso … el que estaba sindicado de pertenecer a todo este gru-
po y a todo este sector era el padre, Raúl García Granados, y la nego-
ciación fue con el padre, fue con Raúl”.
1554
3787.
En 18 de julio de 1979, para lograr la liberación de dos de sus com-
batientes, las FAR secuestraron el vicecanciller Alfonso Alonzo Lima;
1555
sin
embargo el canje no tuvo éxito.
“Los mataron muy rápido y parece que la captura de Alonzo Lima
aceleró la muerte de los dos. El Gobierno no dio ni un solo cacahuete
para él, o sea no les importó que nosotros hiciéramos lo que quisiéra-
mos con Alonzo Lima, porque tampoco era un objetivo de peso. No
era un personaje de peso. Era un funcionario de tercera categoría en
las relaciones internacionales, pero nosotros se la jugamos también,
porque dijimos: Nosotros no vamos a repetir lo que pasó con Gordon
Mein o con von Spreti, y más que ganar políticamente, vamos a per-
der mucho, además les vamos a dar un ejemplo a estos que nosotros no
somos matones. Les entregamos a su vicecanciller y no nos entregaron
a nuestros compañeros, así fue”.
1556
3788.
En el año de 1980 las FAR en varias de sus publicaciones reivindi-
ca para sí los secuestros económicos.
“En los primeros días del mes de junio [1980], en la ciudad capital,
fue capturado el empresario Hastedt Villagrán. Este prisionero será li-
berado cuando se pague el impuesto de guerra correspondiente”.
1557
“A
las 7 horas con 40 minutos, del día 16 de junio, fue capturado el em-
presario José A. de Lima por dos unidades de nuestra organización …
El empresario capturado es presidente de la compañía Nestlé-Cindal
para México y toda Centramérica. Para su liberación se exige la pu-
blicación de un Manifiesto y el pago de un impuesto de guerra”.
1558
3789.
También el PGT practicó secuestros. El columnista y propietario
del diario Prensa Libre, Alvaro Contreras Vélez, fue secuestrado en marzo
de 1982. “Un grupo de hombres armados llegó a la casa del periodista Con-
treras Vélez, dijo llevar un mensaje de la Casa Presidencial y una vez adentro,
1554 Testigo (alto mando del EGP) CEH. (T.C. 23).
1555 Las razones de este secuestro aparecieron en un comunicado público de la Dirección Nacional
Ejecutiva de las FAR, 31 de julio de 1979.
1556 Testigo (ex alto mando de las FAR) CEH. (T.C. 224).
1557 Fuerzas Armadas Rebeldes, Verdad Proletaria, órgano propagandístico de las FAR, No.6, julio de
1980.
1558 Fuerzas Armadas Rebeldes, Verdad Proletaria, órgano propagandístico de las FAR, No.6, julio de
1980.
487
abrieron fuego en contra de uno de los guardaespaldas, que cayó muerto. Con-
treras Vélez fue llevado con lujo de fuerza…”
1559
En relación con la autoría
de este hecho, el testimonio de un miembro del PGT señala:
“El Partido tuvo en sus manos a Alvaro Contreras Vélez, es muy co-
nocido este tipo de operaciones de recuperación … se hicieron algunas
operaciones de este tipo”.
1560
3790.
El 10 de septiembre de 1983, con el fin de liberar a tres miembros
de las FAR en poder del Ejército, esta organización secuestró a las herma-
nas de los generales Mejía Víctores y Ríos Montt. Celeste Aída Mejía Víc-
tores, viuda de Velasco, fue secuestrada a las siete de la noche cuando salía
de su trabajo del IGSS de la zona 9. Durante el secuestro la víctima estu-
vo en un cuarto que siempre tenía la luz encendida y con música todo el
tiempo. La insultaban y le decían que la tenían capturada porque Oscar
(en alusión a Oscar Humberto Mejía Víctores, su hermano y jefe de Esta-
do en esa época) no iba a hacer nada para que la liberaran. Los captores se
comunicaron con su familia y se identificaron como miembros de las FAR
y exigieron a cambio de su liberación la publicación de unos comunicados
en países centroamericanos, los Estados Unidos y Francia, exigencia que
fue cumplida por sus familiares. El 26 de octubre de 1983 fue liberada jun-
to con Marta Elena Ríos Montt de Rivas.
1561
“Además quiero decirles que ya nosotros habíamos orientado que ese
tipo de acciones no se hicieran, los compañeros que estaban en ese mo-
mento en la ciudad, acuérdense que era toda esta camada de gente que
hacía cosas … Nosotros reprobamos el hecho y lo condenamos inter-
namente, y destituimos a los compañeros que habían hecho esa acción,
un castigo ejemplar, y los sancionamos drásticamente. No se ejecuta-
ron ni nada, pero sí se les suspendió de sus actividades. Luego ordena-
mos que se liberaran a las dos…”
1562
3791.
A partir de mediados de la década de los ochenta las organizacio-
nes guerrilleras empiezan a utilizar otra serie de tácticas como son la exi-
gencia del impuesto de guerra y otro tipo de extorsiones, con el objeto de
financiar la lucha armada. Sin embargo, los secuestros no desaparecieron
de la realidad guatemalteca.
1559 Prensa Libre, Guatemala, 5 de marzo de 1982.
1560 Testigo (miembro del PGT) CEH. (T.C. 430).
1561 C 960. Septiembre, 1983. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
1562 Testigo (ex alto mando de las FAR) CEH. (T.C. 224).
488
3792.
Uno de los últimos secuestros realizados por un grupo guerrillero
antes de la firma de la paz, fue el de la señora Olga de Novella, apresada
en la zona 6 de la ciudad capital el 25 de agosto de 1996. Fue canjeada por
el Comandante Isaías, de la ORPA, el 20 de octubre del mismo año, sien-
do responsable del operativo un comando urbano de esta organización.
1563
El impuesto de guerra y otro tipo de extorsiones
3793.
Durante el conflicto armado el movimiento guerrillero exigió a la
población o a personas civiles con violencia y fuerza o mediante intimi-
dación o chantaje, alguna conducta o bien material. En un informe de
ANACAFE,
1564
se indica que entre 1960 y 1996 se contabilizaron 117 ex-
torsiones.
3794.
El impuesto de guerra fue una práctica a la que las organizaciones
guerrilleras recurrieron en una fase tardía del conflicto.
“Los impuestos de guerra se empezaron a cobrar como en el 86, 87 …
Entonces vino la Comandancia y decretó en contra de todos los fin-
queros el impuesto de guerra … eso en dependencia en cantidad de re-
cursos que tuviera la finca y qué capacidad productiva … nosotros
hacíamos una pequeña valoración de todos esos recursos que él tenía
entonces basado en eso, se le pedía una cantidad de dinero”.
1565
3795.
El impuesto de guerra, según dirigentes de las FAR, fue utilizado
políticamente en el tiempo de las negociaciones de paz.
“El impuesto de guerra fue necesario, no para enriquecer la guerrilla,
porque de ahí no obteníamos absolutamente nada, pero fue un arma
política para sentar a la oligarquía en la mesa de negociaciones, que
no se quería sentar…”
1566
3796.
Los dos siguientes casos precisamente se produjeron en 1994,
cuando las negociaciones de paz con el Gobierno estaban bastante ade-
lantadas.
El 24 de febrero de 1994 un grupo de personas no identificadas ingre-
só a la finca Rancho Sacol, ubicada en el kilómetro 350 de la Transversal
del Norte en el departamento de Alta Verapaz. Sus integrantes afirmaron
pertenecer a la URNG, solicitando el pago del impuesto de guerra a los
1563 CI 103. 1996. Ciudad de Guatemala.
1564 ANACAFE, “Informe a la Comisión de Esclarecimiento Histórico, sobre algunos hechos delic-
tivos perpetrados en contra del sector agrícola durante el conflicto armado”, 5 de febrero de
1998, pg. 17.
1565 Testigo (ex combatiente de las FAR) CEH. (T.C. 225).
1566 Testigo (ex alto mando de las FAR) CEH. (T.C. 224).
489
trabajadores del lugar. Ante la negativa, los guerrilleros quemaron la casa
patronal, mataron seis bovinos cargados y realizaron varias pintas con con-
signas alusivas a los grupos guerrilleros. El Procurador de los Derechos Hu-
manos, en providencia del 17 de mayo de 1994, estableció la responsabi-
lidad de la URNG por los mencionados hechos.
1567
3797.
A los finqueros que no querían pagar el impuesto les golpeaban, de
una u otra forma, su propiedad.
“Me recuerdo por ejemplo en, creo que por el lado de aquí en la fran-
ja, hubo uno, donde el finquero no quería dar, pues entonces: Mirá,
vamos a llamar a la gente y te vamos a matar cinco vacas y las vamos
a repartir con los campesinos o los trabajadores … Y parece que llega-
ron a unos lugares, que yo no sé específicamente dónde, a la destruc-
ción de maquinaria, verdad, o cosas por el estilo”.
1568
3798.
En los años anteriores a las negociaciones de paz, según un miem-
bro de la guerrilla, hubo una contribución financiera por parte de la po-
blación “más voluntaria”.
“Hacíamos un mitin y miren señores este, nosotros para las necesida-
des de continuar la lucha de la fuerza guerrillera, nosotros les pedimos
lo que es voluntad’, y nos daban Q1, Q2, Q50 … Entonces nosotros
no pedimos impuesto de guerra en ese tiempo”.
1569
3799.
Sin embargo, otra fuente señala lo contrario, que en la década de
los sesenta el MR 13 recurría a este método.
“Varios empresarios ricos y finqueros han de hecho pagado sumas
considerables, bajo amenaza de muerte o de destrucción de sus pro-
piedades…”
1570
3800.
La organización guerrillera que más utilizó el impuesto de guerra
como base de su estrategia fue, sin embargo, la ORPA. Su relación con los
finqueros se definía en función del tamaño de las propiedades y también
de acuerdo a las actitudes que tuvieron los mismos finqueros frente al
Ejército.
1567 Procurador de los Derechos Humanos, Ref. Exp. Gua. 106-94 / DI OF. 2º.
1568 Testigo (ex combatiente de las FAR) CEH. (T.C. 220).
1569 Testigo (ex combatiente de las FAR) CEH. (T.C. 221).
1570 “Persistent reports claim that “several” wealthy businessmen and landowners have actually paid
considerable sums extorted from them on threat of death or destruction to their properties (...)”,
Documento desclasificado de los EE.UU.; HD/8.5, incoming telegram, department of State,
noviembre de 1965.
490
“Aislamiento de los recalcitrantes que era en general de grandes fin-
queros, que mantuvieron siempre una política activa, que montaron
destacamentos, que usaron los helicópteros de las fincas, los sistemas de
vigilancia y los recursos contra nosotros y una buena cantidad, la ma-
yoría que fue neutral y otra parte, que fue la que colaboró, ahora po-
demos decir que colaboraron muchos finqueros y colaboraron una
gran cantidad de administradores de las fincas que al final eran los
que determinaban en la táctica”.
1571
El reclutamiento forzoso
3801.
Fueron frecuentes los casos en que la guerrilla alistó o dispuso de
manera constreñida y obligada a la población civil o a personas civiles con
el objeto de que se vincularan a su organización.
“Al principio la incorporación era voluntaria pero esto cambió cuan-
do comenzó la represión y entonces comienza el reclutamiento enga-
ñando a la gente diciéndole: ‘Vamos a luchar porque ya vamos a
triunfar, nos vamos a la montaña porque ya todos somos iguales’. Hay
testimonios, gente que fue fusilada cuando intentaba salir, porque lo
dejaban salir y en el camino le fusilaban o a veces a algunos les fusi-
laron delante de toda la comunidad para meter miedo”.
1572
3802.
Así se refieren algunos testimonios comunitarios recibidos por la
CEH, sobre las intimidaciones y violencia que ejercía la guerrilla para obli-
gar a la población a vincularse con su movimiento armado.
“Lo primero que pasó en nuestra comunidad fue que llegaron los gue-
rrilleros e hicieron una reunión y nos hablaron, cómo es que estaban
organizados ellos. Nos decían que nosotros los pobres estamos oprimi-
dos por los ricos y que debíamos de salir a las montañas. Nosotros no
queríamos hacerles caso. Si no nos íbamos con ellos, nos decían que nos
iban a matar”.
1573
“La guerrilla empezaba a amenazar a la gente que todavía no se ha-
bía integrado con ellos, incluso empezaron a castigar a personas y
también a matar. Fue en este momento cuando el miedo empezó a en-
trar en la gente. Poco a poco la participación de la gente cambiaba de
voluntaria a más forzada. Por el miedo de que nos mataran si no par-
1571 Testigo (ex altos mandos de la ORPA) CEH. (T.C. 165).
1572 Testigo (ex organizador político, indígena del EGP) CEH. (T.C. 61).
1573 Testimonio Colectivo CEH. Cobán, Alta Verapaz.
491
ticipábamos, la mayoría de la gente se organizó … Los dos represen-
tantes que la guerrilla nombró en Xoxlac eran bastante bravos. Ellos
a veces entraron de noche en las casas para golpear, torturar y amena-
zar de muerte la gente que no quería organizarse”.
1574
“En una reunión, la guerrilla dijo que ya había matado a estos tres
orejas y que viéramos si queríamos colaborar con el Ejército o con la
guerrilla … El Ejército nos llamaba y nos decía: ‘Miren lo que hizo
la guerrilla, mató a los comisionados militares por no estar de acuer-
do con ellos y a ustedes no porque están con ellos’ y era cierto, porque
con la pena de que nos maten colaborábamos con la guerrilla. La gen-
te tenía por el miedo que colaborar”.
1575
“Ellos decían, si ustedes no colaboran, vamos a matar a la gente, los
que no quieren colaborar los matamos. Entonces la gente se ponía a
pensar si colaboraba con ellos o no, pero si colaboraba también el Ejér-
cito los mataba, entonces la gente ya no hallaba qué hacer y cuando
no hizo caso, tal vez por eso que llegaron a matar a la gente de la co-
munidad “.
1576
3803.
Fueron muy frecuentes las amenazas contra los civiles desarmados
para que se vincularan con el movimiento guerrillero.
“Cuando los guerrilleros nos organizaron, hablaron en su propagan-
da que los que no se van a organizar no van a tener vida. Esto quie-
re decir que la gente que estuvo bajo el control del EGP estuvo bajo
amenazas, digamos, siempre les metían miedo…”
1577
“En algunas co-
munidades no fue por voluntad sino por amenaza de muerte personal
y familiar”
1578
“…Sí, se dieron cosas en que los responsables fueron y
decían, te tenés que ir vos, y no le puedo decir que no haya habido
amenazas, sabemos de casos mismos compañeros, nos han reclamado
de amenazas que hubo”.
1579
“En otras aldeas … se resistieron [a participar en la guerrilla] y si al-
guien se quejaba al Ejército, la guerrilla lo sacaba. En esos momentos
1574 Testimonio Colectivo CEH. Sobre la implantación del EGP en Xoxlac., Barillas. Huehuetenan-
go.
1575 Testigo (ex responsable de CCL) CEH. (T.C. 72).
1576 Testimonio (autoridades comunitarias). (T.C. 288).
1577 Testimonio (autoridades comunitarias) CEH. (T.C. 287).
1578 C 5058. Febrero, 1982. Ixtahuacán, Huehuetenango.
1579 Testimonio (ex combatiente del EGP) CEH. (T.C. 212).
492
es cuando empezaron a presionar a la gente, cuando la presión del
Ejército también se intensificó [y se decía] o te quedas o te vas, es de-
cir, o te alías o te matamos”.
1580
3804.
Las amenazas contra los pobladores de las comunidades para obli-
garlos a vincularse a la lucha armada incluso se presentaron durante la dé-
cada de los sesenta en el Oriente del país.
“Nos obligaron [FAR] a tomar partido [en el municipio de Río
Hondo, Zacapa], no hay conciencia política, no hay interés político.
El único interés es conservar la vida. Lo que está al final del túnel es
la muerte. La guerrilla tomó el carro, un Chevrolet modelo 60, de Vi-
cente Marroquín, operador de la Hidroeléctrica Río Hondo. Con el
Chevrolet bajaron al pueblo. Llegando a la policía mataron a “Pana-
má”, jefe de la policía, y un policía más. Sembraron el miedo. Se lla-
maron “acciones de ablandamiento”, mataron al jefe de la policía, se-
leccionaron a gente conocida, miembros de la élite local, gente que ha-
blaba mal sobre ellos. En esta etapa la población civil protegía a las
FAR. La guerrilla estaba en el campo y mataba a mucha gente. A no-
sotros jamás nos convencieron. Nos sometieron con amenazas de
muerte y sé que se dieron en algunos casos”.
1581
3805.
También durante la década de los ochenta, las FAR recurrieron al
reclutamiento forzoso, sobre todo en el primer semestre de 1982. En un
documento interno que incluía críticas a sus propias acciones en Chimal-
tenango antes de estructurar el Frente Tecúm Umán, se planteaba: “Bajo
amenazas se reclutó población, por lo que no todos aceptaron conscientemente,
esto dio como resultado la infiltración”.
1582
3806.
Los amedrentamientos para forzar a la gente a participar con las or-
ganizaciones guerrilleras, se tradujeron en algunas ocasiones en ejecuciones
arbitrarias.
“La gente estaba bajo la orden de la guerrilla, si no se organizaban
con la guerrilla lo mataban. La gente se organizó para no tener dos
enemigos”.
1583
“La guerrilla mató personas que no querían unirse con
ellos, o que estaban en contra de sus actividades, mataban por proble-
mas personales o por caerles mal”.
1584
1580 Testimonio Colectivo CEH. (T.C. 096). Zacualpa, Quiché.
1581 Testimonio CEH. (T.C. 120).
1582 Fuerzas Armadas Rebeldes, “Consideraciones de la situación política y militar de la Región Már-
tires de Occidente antes de que surgiera el Frente Guerrillero, Capitán Ixel”, sin fecha.
1583 Testimonio CEH. (T.C. 284).
1584 C 5064. Enero, 1982. Ixtahuacán, Huehuetenango. C 5114. Febrero, 1982. Ixtahuacán, Hue-
huetenango.
493
“Muchas penas hemos pasado, primero nos organizó la guerrilla más
bien, el que no se mete con la guerrilla nos mataban, el que no se me-
te con la guerrilla nos perseguían, la guerrilla mataron alcalde, ma-
taron comisionados, mataron las autoridades más bien, ellos no que-
rían ley más, ellos no querían justicia … entonces hubieron algunos
que se murieron por no querer organizarse porque ellos sabían que ir
a sufrir a la montaña era difícil, pero con el temor de que para que
no se morían tuvieron que ir a la montaña y otros que se opusieron
los mataron…”
1585
3807.
La ORPA también cometió ejecuciones arbitrarias contra personas
civiles que se negaron a vincularse a ella. En 1980 en Lacamá I, municipio
de Chichicastenango, El Quiché, miembros de la ORPA sacaron de sus ca-
sas a Tomás Toj Sen, Juan Toj Morales y Pedro Toj Morales, los amarraron
y los llevaron a un puesto de vigilancia en el cantón Sacpulub. Allí las dos
primeras personas fueron ahorcadas y arrojadas a un hoyo.
“Los mataron porque no querían organizarse”. Al último le cortaron
una mano y logró escapar para contar lo sucedido.
1586
3808.
En la guerrilla, aunque la mayoría de niños y adolescentes comba-
tientes se incorporó voluntariamente a las organizaciones, también hubo
casos aislados de reclutamiento forzoso, en clara infracción a las normas del
derecho humanitario sobre protección a la población civil en medio de un
conflicto armado.
3809.
De un total de 4.188 personas desmovilizadas de la guerrilla que
fueron entrevistadas en 1997 por la URNG, un 1.2% ( 51 niños) tenían
entre 10 y 15 años, de los cuales un gran número eran hijos nacidos en los
campamentos de la guerrilla. El 20% de los encuestados ( 831 jóvenes de
ambos sexos) tenían edades entre 16 y 20 años, y constituían el grupo de
edad más numeroso dentro de las columnas de la guerrilla.
1587
3810.
Hay testimonios que dan cuenta de reclutamientos forzados de
menores de edad.
“Estuvimos capturados por la guerrilla durante un año sin permiso de
salir, teníamos que buscar comida y cocinar para ellos, casi todos los
que se escondieron entre la montaña eran controlados por la guerrilla.
Después de un año hizo mi papá un trato de que dos de mis herma-
1585 Testigo CEH. (T.C. 158).
1586 C 2110. 1980. Chichicastenango, Quiché.
1587 Puede precisarse el número exacto porque había bastantes hijos de combatientes.
494
nos se iban a quedar con la guerrilla y el resto de la familia iba a po-
der salir a México, así fue que llegamos a México”.
1588
“A Miguel se le murió su mamá y él se quedó viviendo con una seño-
ra que era su madrina. Cuando llegaron los guerrilleros a la aldea a
masacrar a la gente, Miguel estaba pastoreando ovejas. Cuando los
guerrilleros lo encontraron se lo llevaron para la montaña. Él era pe-
queño todavía y se fue llorando … Después, poco a poco le enseñaron
como se utilizan las armas y con el tiempo le dieron arma. Con el
tiempo, Miguel supo que una de sus hermanas se encontraba en la al-
dea … Él decidió ir con ella porque en la montaña estaba sufriendo
mucho”.
1589
Los miembros de las fuerzas armadas puestos
fuera de combate por detención
3811.
Bajo esta denominación, contemplada en el Artículo 3 común de
los Convenios de Ginebra, se quiere hacer referencia a los militares com-
batientes que cayeron en poder de la guerrilla.
1590
Lo anterior dispone que
en un conflicto armado no internacional, el combatiente que caiga en ma-
nos del enemigo no goza del estatuto de prisionero de guerra. A pesar de
que a estos combatientes no se les puede otorgar esa especial calificación,
deben recibir un trato humano y digno, similar al que prevé el Convenio
para los prisioneros de guerra, puesto que la situación de todas las perso-
nas privadas de la libertad en un conflicto armado es idéntica.
1591
3812.
Las organizaciones guerrilleras capturaron de vez en cuando a
miembros del Ejército. Cada una de ellas daba argumentos de los motivos
que había provocado estas retenciones. A continuación se explican los ra-
zonamientos conocidos por la CEH sobre el particular, tanto del EGP co-
mo de la ORPA y FAR respectivamente.
“No nos proponíamos tomar prisioneros, para nada … Se les retenía
por algunas horas o un par de días para interrogarles … se le trataba
de hacer conciencia de que había una diferencia entre la guerrilla, con
los prisioneros, y viceversa”.
1592
1588 Testimonio REMHI. 9017.
1589 Testimonio REMHI. 4255.
1590 La CEH entiende que está fuera de combate toda persona que está en poder del enemigo, o que
exprese claramente su intención de rendirse, o que esté inconciente o incapacitada en cualquier
otra forma a causa de heridas o de enfermedad y sea, por consiguiente incapaz de defenderse; y
siempre que, en cualquiera de estos casos, se abstenga de todo acto hostil y no trate de evadirse.
Numeral 2. del Artículo 41 del Protocolo I de 1977.
1591 En la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebrada en Estambul en septiembre de
1969 se aprobó la Resolución XVIII sobre el “Estatuto de combatientes en los conflictos arma-
dos no internacionales”.
1592 Testigo (ex altos mandos del EGP) CEH. (T.C. 107).
495
“Había orientación que siempre se nos dio es que al capturar a al-
guien del Ejército había que respetarles su integridad física y buscar
la manera de entregarlo, y de esta forma ir rompiendo el concepto
que se tenía del guerrillero insensible y lo que iba a hacer era ma-
tarlo…”
1593
“Nosotros muchas veces capturamos a algunos soldados, nosotros lo que
aplicamos siempre, nuestros responsables superiores siempre nos estu-
vieron inculcando durante la guerra el respeto a los Acuerdos de Gi-
nebra, en este caso, entonces ahí se da el respeto al derecho de un pri-
sionero … lo que hacíamos era llevar al prisionero y en una carrete-
ra, verdad, hacer un mitín y amontonar un montón de personas y an-
te los ojos de ellos, y allí lo dejábamos pues…”
1594
3813.
Las anteriores manifestaciones contrastan con lo ocurrido en reali-
dad. Aparentemente no fueron muy frecuentes los casos de militares rete-
nidos por la guerrilla. La CEH no recibió directamente testimonios de víc-
timas sobre el particular, pero a continuación se presentan cuatro testimo-
nios reportados por los grupos guerrilleros.
“Los primeros presos que tuvimos fueron tres o cuatro oficiales del
Ejército en 1976 cuando allá en La Shenandoa se derrumbó aquel
helicóptero … allí capturaron a un teniente coronel y un capitán de
la Fuerza Aérea y un mecánico, el único que estaba herido … y en-
tonces de inmediato les dijeron que estaban prisioneros de la guerri-
lla, que no temieran nada, que nada le iba a ocurrir y que lo único
que íbamos a hacer era interrogarlos, … la … que es médico se en-
cargó de curar al herido, y a los dos oficiales se le interrogó separados
y juntos, ellos estaban muy asustados porque creían que los íbamos a
matar … después de un par de horas se les dejó ahí mismo en liber-
tad…”
1595
“Un grupo de soldados logró salir y capturamos a dos, además de otros
dos que capturamos en combate. Les hablamos. Uno era un auténti-
co esqueleto uniformado. Nos preocupó su situación y les dimos de co-
mer. Si un soldado caía herido la orden era atenderlo antes que a los
propios compañeros. Recuerdo que uno de los cuatro era menor de
edad y celebramos su cumpleaños matando una gallina. Los tuvimos
1593 Testigo (ex altos mandos de la ORPA) CEH. (T.C. 165).
1594 Testigo (ex combatiente de las FAR) CEH. (T.C. 225).
1595 Testigo (ex altos mandos del EGP) CEH. (T.C. 207).
496
retenidos, no prisioneros, durante el tiempo que ubicábamos a sus fa-
milias y se los entregábamos, pero no se quisieron ir”.
1596
“Una vez capturamos dos, un oficial del Ejército … pero está vivo to-
davía, te tienes que rendir y te perdonamos, claro porque así está fir-
mado pues. Vamos pues, se rindió, tirá el fusil, le dijimos porque el
equipo cargaba granada también, nosotros tenemos nuestro médico, le
dijimos, y vino el jefe lo orientó, mirá hay que hacer una media y le
dejó una cuantas pastillas para el dolor, y lo dejamos. Nosotros perdo-
namos”.
1597
“Lo que sí se dieron casos de prisioneros fue en Tajumulco, en este com-
bate capturaron a un soldado gravemente, se le cura y cuando ya se le
pide al Ejército que se le acepte entonces lo acusa que se desertó y bue-
no, eso fue un problema muy fuerte … al final se entregó este soldado
a una comunidad de San Marcos, fue la demostración palpable que
nuestra intención no era pues matarlo”.
1598
3814.
En la mayoría de las veces, los militares retenidos efectivamente
fueron liberados. En un comunicado de prensa de las FAR se hace referen-
cia a un caso de varios soldados puestos fuera de combate por rendición,
como resultado de una emboscada realizada por el regional Norte, el 19 de
abril en el sector Palestina, del municipio de La Libertad, en el departa-
mento de El Petén. La parte pertinente dice: “…6 más resultaron heridos y
se rindieron, habiéndose dejado en libertad después de que entregaron su equi-
po militar”.
1599
3815.
Este hecho es consecuente con las siguientes palabras de un excom-
batiente de las FAR de esa región:
“Lo persuadíamos para que cuando darle libre a él, contara pues a los
demás cómo era la guerrilla y que no los mataba. Una persuasión pa-
ra que él se sintiera que no éramos como el Ejército … lo teníamos un
día o dos, pero siempre le hacíamos trabajo de persuasión…”
1600
3816.
Sin embargo, se presentaron casos en que los miembros del Ejérci-
to puestos fuera de combate resultaron ejecutados. En un parte de guerra
del Frente Guerrillero Ho Chi Minh se reporta: “08/08/83. A las 11:15
1596 Testigo (ex miembro del EGP) CEH. (T.C. 22).
1597 Testigo CEH. (T.C. 257).
1598 Testigo (ex altos mandos de la ORPA) CEH. (T.C. 165).
1599 Fuerzas Armadas Rebeldes, “Comunicado de prensa”, Guatemala, 20 de abril de 1983.
1600 Testigo (ex combatiente de las FAR) CEH. (T.C. 221).
497
hostigamos a las FVE [Fuerzas Vivas del Ejército] y PC [Patrullas Civiles] en
Xe Xecom, les causamos 8 muertos y un capturado, que luego fue ajusticiado”.
Este hecho contradice pues lo dicho por un miembro del EGP de la
zona: “La idea de los compañeros que tienen cargo superior, dijeron que si es
prisionero de guerra, tenemos que respetar la vida de un soldado … según la
idea que nos dieron a nosotros, si vamos a capturar a uno, los vamos a man-
dar a casa”.
1601
La tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes
3817.
La tortura, como una violación en sí misma, es una infracción al
derecho humanitario que no fue utilizada de modo sistemático por las or-
ganizaciones insurgentes. El causar sufrimiento físico o mental a las vícti-
mas no fue una de las técnicas tradicionales usada por los guerrilleros. Sin
embargo, la CEH tuvo conocimiento de hechos que respondían a estas ca-
racterísticas, realizados en una época y región concretas por una unidad
guerrillera en particular.
3818.
El Frente Comandante Ernesto Guevara del EGP perpetró tortu-
ras durante 1981 y 1982. Algunas fueron realizadas antes de ejecutar a las
víctimas y tuvieron la característica de ser particularmente crueles y otras
fueron realizadas solo con el propósito de ocasionar sufrimiento a las víc-
timas. Algunos casos de las primeras ya fueron mencionados en el aparte
de “ajusticiamientos” y a continuación se presentan algunos hechos, tanto
de la primera como de la segunda modalidad.
3819.
El 13 o 14 de abril de 1981 en la aldea Tziquiná del municipio de
Santa Eulalia, Huehuetenango, miembros de la guerrilla capturaron al je-
fe de los comisionados militares de Santa Eulalia, Simón García. La vícti-
ma fue colgada de una viga de su casa aproximadamente por una hora.
“Luego lo bajaron, probablemente cuando pensaron que ya había
muerto aunque sólo fue inconsciente…”
1602
3820.
El 28 de mayo de 1981 la guerrilla entró en horas de la noche en
la comunidad de Las Majadas, municipio de Aguacatán, Huehuetenango,
y fue a la casa de Cipriano Alvarado Alvarez, comisionado militar. Como
él no se encontraba allí, torturaron a su esposa para que les revelara su pa-
radero. Le tomaron sus manos y picaron sus palmas con arma blanca. Ella
les dijo que su esposo se encontraba durmiendo en una cabaña cerca de
donde cuidaba sus ovejas. Fueron allí y lo mataron.
1603
Este hecho demues-
1601 Testigo CEH. (T.C. 255).
1602 C 6282. Abril, 1981. Santa Eulalia, Huehuetenago.
1603 C 5544. Mayo, 1981. Aguacatán, Huehuetenango.
498
tra incluso que las torturas fueron practicadas contra familiares de las per-
sonas que supuestamente buscaba la guerrilla.
3821.
El 4 de octubre de 1981 Francisco Alonso Pascual fue capturado
por guerrilleros del EGP en la aldea Bulej, del municipio de San Mateo Ix-
tatán, Huehuetenango, en compañía del mexicano Rubén Pérez Altazar.
Francisco fue golpeado, amarrado y llevado por la fuerza a las afueras de la
comunidad; durante la noche le introdujeron debajo de su camisa garra-
patas y unas hormigas rojas de gran tamaño conocidas en la región como
“aradoras” que lo picaron durante horas. Tanto las marchas forzadas como
las torturas se repitieron durante cuatro días hasta que fue dejado en liber-
tad bajo amenazas de muerte. A Rubén se lo acusó de ser oreja del Ejérci-
to, le robaron 75,000 pesos y se presume que fue ajusticiado en vista que
no se volvió a saber de él.
1604
3822.
El 19 de febrero de 1982, Isaac Armas Argueta fue ejecutado por
miembros del EGP en la cabecera municipal de San Antonio Huista, Hue-
huetenango. La víctima, que era comisionado militar y había sido militan-
te del MLN, ya había sido amenazada por varios vecinos, cuya militancia
en el EGP era pública en la comunidad. La noche del hecho los guerrille-
ros tomaron el pueblo, bloquearon las vías de acceso y cortaron las comu-
nicaciones. Los guerrilleros buscaron al comisionado en varias casas hasta
encontrarlo escondido en el centro del pueblo; ellos evacuaron a las perso-
nas que se encontraban en la casa y torturaron a la víctima acusándolo de
guardar armas del Ejército y exigiéndole que las entregara. Cuando los gue-
rrilleros se retiraron, sus familiares pudieron constatar que el comisionado
había sido picado a machetazos y presentaba por los menos 16 orificios de
bala en el cuerpo: “…había un brazo por un lado, una oreja por el otro, la
cara desfigurada…”
1605
3823.
La guerrilla guatemalteca no tuvo como política atentar contra la
integridad de las personas mediante la aplicación de tratos crueles, inhu-
manos y degradantes. Sin embargo, la CEH recibió algunos testimonios en
los que se denuncia a miembros de las organizaciones guerrilleras por co-
meter malos tratos contra miembros de la población civil.
3824.
El siguiente es un caso ocurrido hacia 1981 en la comunidad de
Tunajá, municipio de Zacualpa, Quiché. Era la época del corte de café, Va-
lentina y su hija se encontraban en el cafetal ubicado en Tunajá, cuando
unos ruidos interrumpieron su actividad y repentinamente aparecieron
unos hombres fuertemente armados, vestidos de verde olivo, las encañona-
ron, las aprehendieron y las llevaron a la orilla del río. A la hija de la vícti-
ma le pegaron con las culatas de las armas, la metieron en el río, sumer-
1604 C 5330. Octubre, 1981. San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
1605 C 5126. Febrero, 1982. San Antonio Huista, Huehuetenango.
499
giéndola y diciéndole: “Ustedes están del lado de los ricos, opresores, explota-
dores, somos del EGP”. La joven les dijo que no, que ellas eran pobres como
todos, que ellos eran mozos. Los guerrilleros no la escucharon y continua-
ron pegándole y le dijeron: “Ustedes son ricos, están en contra de nosotros los
pobres”. Ella se indignó y forcejeó con uno de ellos hasta quitarle el arma:
“Yo no sé cómo tuve fuerzas para quitársela, yo quería matarlo, porque si ellos
dicen que son pobres, no tenían por qué hacernos esto”. Inmediatamente tres
hombres auxiliaron a su compañero y le quitaron el arma. A la víctima la
tiraron entre el río y se pararon sobre ella hasta dejarla muy golpeada.
1606
3825.
A mediados de 1981, en el caserío El Salvador en la aldea Quilén
Novillo, del municipio de Aguacatán, Huehuetenango, miembros del
EGP irrumpieron en la casa de Epifanio Vicente López y a la vez que lo
amenazaban de muerte, su esposa, Julia López Ajanel, quien se encontra-
ba embarazada, fue fuertemente golpeada en el pecho con la culata de un
rifle; a raíz de este golpe la víctima tuvo meses después, un parto difícil y
su hijo sobrevivió en extremo débil. Posteriormente ingresaron en la casa
de Santiago López, donde amenazaron a sus miembros y sacaron a la fuer-
za a su hijo mayor, Valerio López Ixcoy, a quien condujeron a un río cer-
cano donde fue golpeado y más tarde puesto en libertad para que le dijera
a su padre que volverían por él. Epifanio era acusado de colaborar con el
Ejército y Santiago de haber rehusado unirse a la guerrilla.
1607
Atentados contra la libertad de expresión
3826.
El derecho a la libertad de expresión también fue vulnerado por las
fuerzas guerrilleras. Para ello utilizaron diferentes métodos, como la toma
de radios tanto en la ciudad como en el interior del país para dar a cono-
cer sus planteamientos. Algunas veces tales tomas resultaron en acciones
violentas y de intimidación de quienes se encontraban dentro de las insta-
laciones. Otras veces las acciones insurgentes destinadas a acallar a quienes
emitían opiniones en su contra significaron la muerte de los opositores, tal
como el asesinato del copropietario del periódico Prensa Libre, Isidoro Zar-
co Alfasa. El 28 de enero de 1970, Zarco fue ultimado a tiros en la déci-
ma avenida, a inmediaciones del puente de La Barranquilla zona 5, frente
a la tribuna principal del estadio Mateo Flores, como a las 13:15 horas.
3827.
Antes de este hecho otro periodista, en 1966, Baltazar Morales de
la Cruz fue secuestrado por miembros de la Resistencia Urbana en busca
de que el Gobierno diera información sobre el paradero de los “28 desapa-
recidos”. Morales de la Cruz era secretario de Relaciones Públicas del coro-
nel Enrique Peralta Azurdia. Aunque fue dejado en libertad después, en las
1606 C 16654. Diciembre, 1982. Santa Cruz del Quiché, Quiché.
1607 C 5484. Junio, 1981. Aguacatán, Huehuetenango.
500
acciones que se llevaron a cabo para apresarlo resultó muerto su hijo Fer-
nando Morales.
1608
3828.
Otro caso registrado por la CEH es el que concierne al periodista
de El Imparcial Mario Rivas Montes. Este era también un periodista de de-
recha y que escribía comentarios de opinión favoreciendo al Ejército. Aun-
que este fue uno de los motivos para que se le seleccionara como víctima,
su ejecución estuvo envuelta en una estrategia seguida por el Ejército Gue-
rrillero de los Pobres de enfrentar a facciones de derecha con otras faccio-
nes afines.
“Lo que no se reivindica, más bien se quiere que se piense y que fue
en este caso, agudizar contradicciones; que fue el Ejército, que fue la
derecha, o que fue el MLN o que fue Arana, obviamente estimula la
impunidad y fue así como se asesinó a un periodista, Mario Rivas
Montes”.
Creo que todavía existía el Diario El Imparcial y estaba en el Diario
El Imparcial, ahora a eso me refiero pues ya claramente que razones
habían, era un periodista de derecha, era un hombre que escribía a
favor del Ejército, vinculado a Arana, lo que fuera, pero ya no se tra-
taba de un agente represivo, ya era por su pensamiento político plas-
mado en los editoriales.
Este asesinato nunca se reivindicó porque “Entra justamente a esa tác-
tica … yo no recuerdo los detalles en este momento, pero probablemente él ha-
ya escrito algo en ese momento contra alguien, en esa lucha de unos sectores con-
tra otros, él haya hecho un editorial o una nota de opinión atacando a alguien,
lógicamente si dos o tres días después es ametrallado es fácil que se responsabi-
lice y eso da lugar a acusaciones y contra acusaciones, la táctica de agudizar
contradicciones, la táctica de enfrentar a unos sectores del enemigo con otros sec-
tores del enemigo, esa era una táctica correcta, lo grave en este caso es que esa
táctica implica vidas humanas de gente que no necesariamente se pudiera equi-
parar a otro tipo de agente represivo”.
1609
3829.
En otros casos la razón de que la insurgencia actuara contra algu-
na persona era para que el Gobierno permitiera que se hicieran publicacio-
nes sobre la guerrilla, especialmente cuando los gobernantes habían im-
plantado estados de sitio.
“Nosotros tuvimos en ese tiempo al hijo del Ministro de Gobernación
que también era G-2 … estudiaba ingeniería, cuando se le capturó
1608 CI 36. Guatemala, mayo de 1966.
1609 Testigo CEH (ex-miembro de la dirigencia del EGP). (T.C.23).
501
se le encontró una credencial de la G-2. Este fue un objetivo específi-
camente para abrir la Prensa, porque él [Ríos Montt] había dicho
que no se publicaría nada que tuviera que ver con la insurgencia. En-
tonces después de la captura se le obligó a hacer publicaciones en Mé-
xico, en Guatemala Flash y en otros radio periódicos…y el objetivo si
fue cumplido. A él se le soltó. Los periodistas que pudieran tener al-
gún interés en una entrevista con alguien de la dirección del partido
del movimiento revolucionario, tampoco le publicaban nada, para
contrarrestar eso se hizo esta operación”.
1610
3830.
En otros casos, aunque en principio lo que se buscaba era la aper-
tura de los medios a los comunicados insurgentes, las acciones degenera-
ron después en otros objetivos, como el caso del periodista Alvaro Contre-
ras Vélez, al que luego de cumplido el primer requerimiento del Partido
Guatemalteco del Trabajo aún permaneció secuestrado para cobrar una su-
ma de dinero por su rescate.
3831.
Contreras Vélez fue secuestrado el 5 de marzo, exigiéndose para li-
berarle, la publicación de un manifiesto que denunciaba “el fraude electoral
que se ha preparado para el domingo 7, y a la vez, hace un llamado al pueblo
para que no se preste a esta farsa. Este documento deberá aparecer en los me-
dios de comunicación masiva de Guatemala, de los demás países de Centroa-
mérica, de México, de Panamá y de los Estados Unidos”.
1611
3832.
La liberación se produjo hasta el 31 de julio de ese mismo año, des-
pués de pagarse un rescate económico. En 1983 el mismo PGT secuestró
a Pedro Julio García, también copropietario de Prensa Libre y que en esa
época desempeñaba la dirección del periódico.
XXV. ATENTADOS CONTRA BIENES CIVILES
3833.
Las organizaciones guerrilleras tuvieron como una de sus tácticas
político-militares, realizar atentados y sabotajes contra algunos bienes de
carácter civil. En particular, el EGP y las FAR fueron las dos organizacio-
nes que más enfocaron este tipo de acciones. Así las explican respectiva-
mente estos dos movimientos armados.
“Los objetivos de los sabotajes, como forma de lucha, tenderán a ser
cada vez más complejos y de mayor envergadura en el avance y desa-
rrollo de la Guerra Popular Revolucionaria. Interrumpir la libre cir-
culación por las carreteras, romper las comunicaciones del enemigo,
1610 Testigo CEH, dirigente del PGT (T.C.430).
1611 Alvaro Contreras Vélez, Los Ruidos del Silencio. Tomografía de un secuestro. Artemis y Edinter,
Editores Guatemala, 1983. Segunda Edición.
502
destruir puentes, paralizar ingenios y desmotadoras, son algunas de las
tareas que nuestros compañeros deben realizar”.
1612
“Los golpes al enemigo deberán ser toda una campaña de sabotaje y
hostigamiento … estos golpes contemplarán la destrucción de todas las
líneas posibles: de luz, teléfonos, telégrafos, etc. Sabotaje de todas las
carreteras, principalmente de las de mayor circulación e importancia,
colocando obstáculos, piedras, palos, traileres quemados … No debe
pensarse que ésta es una medida anárquica o desesperada. Es la res-
puesta correcta que debemos dar para frenar al primer impulso de los
enemigos del pueblo para ir neutralizando su actividad y finalmente
inflingirles una gran derrota político-militar”.
1613
3834.
La ORPA, en cuanto a los sabotajes, tenía otra visión y empezó a
realizar acciones de este tipo a finales de los años ochenta.
“Nosotros no considerábamos el sabotaje, incluso cuando llegamos a
realizar por los años 87,88, a finales del 89 digamos. Fíjate que no-
sotros no hicimos digamos sabotaje, y siempre dijimos que no hacía-
mos guerra económica …; primero, eso tenía mucho costo político, te
lo manipulaban mucho … estaba prohibido que fueran a tocar un
poste de energía … muy selectivo, entonces fue muy ligado a presionar
a la exportación en momentos previos a que se pudiera hablar de ne-
gociación…”
1614
3835.
Desde 1970 la guerrilla reivindica para sí atentados de esta natura-
leza. La Sección Nacional de Propaganda de las FAR, en junio de 1970,
menciona entre otros, los siguientes hechos:
“Hemos destruido propiedades de la burguesía, como el incendio del
Express Aéreo de Aviateca, el incendio de la Aduana Central, el de
algunos almacenes … Hemos colocado bombas en el Palacio Nacio-
nal…”
1615
3836.
La cantidad de atentados realizados durante el enfrentamiento no
es posible precisarla. Las fuentes a que tuvo acceso la CEH son tan dife-
rentes, que bien vale la pena mencionar los dos siguientes ejemplos: Según
1612 EGP, Compañero, órgano de difusión internacional del EGP, No.6, julio de 1982.
1613 Fuerzas Armadas Rebeldes, “Nuestras tareas fundamentales en la actual situación política y nuestra
preparación para su inminente cambio futuro”, documento interno de las FAR, enero de 1968.
1614 Testigo (ex alto mando de la ORPA) CEH. (T.C. 209).
1615 Fuerzas Armadas Rebeldes, Sección Nacional de Propaganda, junio de 1970, pgs. 8 y 9.
503
el ya citado informe de ANACAFE se registraron 183 destrucciones con-
tra la infraestructura del país.
1616
En un resumen de las acciones reportadas
por los cuatro regionales de las FAR durante 1982, señalan haber realiza-
do 58 sabotajes y 37 atentados a la producción.
1617
3837.
La naturaleza de los bienes afectados cubre una amplia variedad.
Para ilustrar esta diversidad, véase por ejemplo los siguientes hechos que
aparecen en el Resumen de acciones de las FAR durante 1983, perpetra-
das por el Regional Norte: la quema de dos caballerías de caña en la finca
San Antonio Torolá, Escuintla, el 3 de febrero; el incendio de un camión
de la Nello Teer entre La Gloria y San Diego, en el municipio La Libertad,
Petén, el 25 de marzo; la quema de un bus de pasajeros en la carretera en-
tre Flores y Santa Ana, Petén, el 17 de mayo; la quema del puente Bucut
en el kilómetro 37 entre Flores y Poptún, Petén, el 17 de junio; la destruc-
ción de la torre de comunicaciones, dos plantas generadoras y cuatro ta-
bleros de control en las instalaciones de Guatel, en el kilómetro 8 del ae-
ropuerto de Santa Elena, Petén, el 7 de agosto; la destrucción de una avio-
neta en la toma de campamento de “rateros” en la laguna El Guayacán, Pe-
tén, el 13 de septiembre; la destrucción de oficinas, taller, lancha, motores,
plantas eléctricas y combustible en la estación de aforo del Ministerio de
Comunicaciones y Obras Públicas, en las márgenes del río Usumacinta, La
Libertad, Petén, el 28 de noviembre; el incendio de un camión de propie-
dad estatal del INDE en la carretera de Flores a Poptún, Santa Ana, Petén,
el 15 de diciembre.
1618
3838.
A continuación se mencionarán algunos de estos hechos, que se
han agrupado de conformidad con la naturaleza de los bienes afectados:
atentados contra municipalidades, contra otros bienes del Estado, contra
torres de energía, contra obras viales y atentados contra bienes de propie-
dad de particulares.
Atentados contra sedes municipales
3839.
Las quemas de sedes municipales por parte del EGP se realizaron
sobre todo en el departamento de Huehuetenango:
“A los finales del 81 e inicios del 82 se quemaron muchas municipa-
lidades, casi todas. Sacamos la cuenta y fue alrededor de 24 munici-
palidades las que destruimos de las 31 que tiene Huehuetenango y pa-
ra el norte dejaron de funcionar”.
1619
1616 ANACAFE, “Informe a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, sobre algunos hechos de-
lictivos perpetrados en contra del sector agrícola durante el conflicto armado”, 5 de febrero de
1998, pg. 17.
1617 Fuerzas Armadas Rebeldes, Guatemala en Lucha, No. 4, año III, febrero de 1983, pg. 25.
1618 Fuerzas Armadas Rebeldes, Resumen de acciones de las FAR durante 1983, 3 de enero de 1984.
1619 Testigo (ex dirigentes del EGP) CEH. (T.C. 145).
504
3840.
De acuerdo a la información entregada por ACNUR, 33 registros
civiles fueron destruidos durante el enfrentamiento armado. (véase anexo
No. 5, capítulo III).
“Algunas veces después que se iba a tomar una población resultaba la
alcaldía quemada, quemaban todos los archivos, nosotros revisamos
esto como un error y orientamos que no se hiciera … no nos reporta-
ba ningún beneficio ni a nosotros ni a la población, al rato a la po-
blación le estaba causando graves trastornos … Entonces, ahora, esto
de las quemas de las alcaldías no era un concepto de sabotaje”.
1620
3841.
La población resultó perjudicada por estas acciones. Cuando que-
maron los libros oficiales, por algún tiempo no tenían ni donde apuntar
las actas de defunción.
“En el municipio tuvimos que turnarnos con los miembros del conse-
jo municipal para guardar los libros en nuestras casas, esto lo hicimos
porque ya habían quemado municipalidades vecinas y no había que-
dado nada de los registros”.
1621
3842.
El 19 de julio de 1981 la sede municipal de Chichicastenango,
Quiché, fue atacada e incendiada por miembros del EGP. Dice un testigo:
“Otra vez en la madrugada de un día domingo … me despertó una
explosión o un bombazo … habían asaltado a la policía otra vez. Yo
estaba agarrando fuego, pero como nosotros no íbamos por bomba si-
no por rescate y subimos [pero al llegar] ya cuando íbamos a cruzar
ahí nos gritaron: ¡Aléjense! porque les damos a ustedes también! En-
tonces ya estaba la guerrilla apostada en ese lugar y nos sacaron y no
pudimos entrar … El incendio fue más fuerte, se terminó toda la te-
sorería municipal … Logramos todavía detenerlo y salvamos pues la
municipalidad otra vez”.
1622
3843.
El 13 de noviembre de 1981 miembros del EGP tomaron la po-
blación de Zacualpa, Quiché y destruyeron la sede municipal y el 16 de
diciembre de 1981 miembros del EGP se tomaron el municipio de Tec-
pán, Chimaltenango, destruyendo la sede municipal, la oficina de correos
y telégrafos y la estación de policía. Según el parte de guerra de la organi-
zación, en este último hecho además:
“Fueron ajusticiados 6 elementos del poder local reaccionario. Se hi-
cieron pintas y se saboteó la carretera interamericana”.
1623
1620 Testigo (ex dirigentes del EGP) CEH. (T.C. 154).
1621 Testigo (ex combatiente del EGP) CEH. (T.C. 376).
1622 Testigo CEH. (T.C. 377).
1623 EGP, Informador Internacional, No.1, diciembre de 1981, pgs. 9-10.
505
3844.
El 21 de diciembre de 1981 los guerrilleros llegaron a la cabecera
municipal de Cunén, Quiché. Aprovechando la ausencia de efectivos del
Ejército abrieron la sede municipal y sacaron los documentos de registro
civil y de correos y los quemaron al frente del edificio. Realizaron un mi-
tin y reunieron aproximadamente a 20 personas para que los escucharan.
Los guerrilleros robaron un camión en el que se llevaron varias máquinas
de escribir que habían sustraído de la sede de la municipalidad. Algunos
vecinos apagaron el fuego y lograron salvar casi todos los documentos. El
EGP describe dicha acción así:
“El 21 de diciembre tomamos la cabecera municipal de Cunén, ha-
biendo destruido las oficinas de correos y telégrafos, así como la muni-
cipalidad”.
1624
3845.
La ORPA realizó acciones de este tipo. “Alguna vez, no te lo voy a
negar que quemamos algunas municipalidades, pero nos dimos cuenta de esa
falla y tratamos entonces de evitarla”.
1625
Atentados contra otros bienes civiles del Estado
3846.
A partir de 1975, en la ciudad capital algunos edificios del Estado
sufrieron atentados con bombas, como fue el caso del edificio del INTA
en la capital el 12 de noviembre de 1975.
“Que era con un objetivo político, porque sabemos, el problema de la
tierra, el significado que tiene para el país, y realmente el INTA, le-
jos de resolver los conflictos de tierra ha sido pues un algo que ha en-
torpecido la solución al problema agrario de nuestro país. Ha sido el
administrador de tierras para dárselas a los pudientes y a los milita-
res, para eso era”.
1626
3847.
Sobre este tipo de acciones realizadas en la capital, dice un ex
miembro de la Dirección del Frente Urbano del EGP: “Eramos muy cuida-
dosos, con el horario, la forma y el momento operativo, dando avisos. En uno
de los casos se dio un problema donde la población civil, en la que se puso en
la plaza central, estaba ahí un funcionario que fue la única víctima que regis-
tramos…”
1627
3848.
Las otras dos organizaciones, FAR y ORPA, también realizaron es-
tos tipos de operaciones como parte de su estrategia.
1624 EGP, Informador Guerrillero, 16 de diciembre de 1981 al 15 de enero de 1982, pg. 3.
1625 Testigo (ex altos mandos de la ORPA) CEH. (T.C. 163).
1626 Testigo (ex altos mandos del EGP) CEH. (T.C. 150).
1627 Testigo (ex altos mandos y dirigentes del EGP) CEH. (T.C. 207).
506
“El 11 de febrero de 1982 una escuadra de la columna guerrillera
Luis Augusto Turcios Lima de nuestro Frente Feliciano Argueta Rojas
del Regional Norte Androcles Hernández, en el departamento de Pe-
tén, emboscó a un camión de propiedad del Instituto de Fomento y
Desarrollo del Petén, FYDEP (institución estatal). Se redujo sus ocu-
pantes y escolta y luego fue incendiado el vehículo, que contenía 600
galones de combustible”.
1628
“El 28 de noviembre [1983] unidades milicianas del mismo frente
[Frente Lucio Ramírez de las FAR] tomaron la estación de aforo del
Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas situadas en las már-
genes del río La Pasión [Petén]. Las instalaciones gubernamentales
fueron destruidas y se explicó a los trabajadores la naturaleza crimi-
nal del régimen de Mejía Víctores”.
1629
“Un comando urbano de la ORPA incendió el 21 de diciembre [de
1983] el anexo de la Secretaría de Relaciones Públicas de la Presi-
dencia, encargada de la propaganda gubernamental para televisión
y radio. La dependencia estatal instalada en el lujoso edificio Plaza
en la zona 9 de la capital contaba con modernos estudios y equipos
de grabación de radio y TV propiedad del canal 5 del Ejército guber-
namental…”
1630
3849.
Durante el enfrentamiento armado la guerrilla también destruyó
pozos petroleros. Estas acciones fueron realizadas principalmente por las
FAR:
“Las FAR hicieron bastante daño a las petroleras, nosotros no, no por-
que no quisiéramos, sino porque no pudimos, porque no estaban en el
área donde nosotros estábamos”.
1631
Atentados contra torres de energía
3850.
Las torres de energía eléctrica también fueron objeto de atentados
por parte de la guerrilla, el propósito de estos hechos era hostigar a las uni-
dades militares del Ejército, sin embargo, también ocasionaban molestia
en la población civil.
1628 Fuerzas Armadas Rebeldes, Guatemala en Lucha, No. 2, año II, mayo de 1982, pg. 27.
1629 EGP, Informador Guerrillero, publicación quincenal, No.30, 10 de enero de 1984.
1630 EGP, Informador Guerrillero, año III, No.30, Guatemala, 1984, pg. 6.
1631 Testigo (ex dirigentes del EGP). (T.C. 154).
1632 Testigo (ex dirigentes del EGP) CEH. (T.C. 154).
507
“Claro, al cortar la energía que llegara al cuartel se cortaba la ener-
gía de toda la población, había gente que no le gustaba…”
1632
Después esos sabotajes se generalizaron para “provocar ya un descon-
trol total en todo el país e ir preparando condiciones para pasar a un
período casi, casi de pre-insurrección…”
1633
3851.
“El día 19 [enero 1982] en la noche, en conmemoración de nuestro
Aniversario, nuestras unidades guerrilleras dinamitaron las instalaciones del
Instituto Nacional de Electrificación (INDE) en Villa Nueva y Escuintla, lo
cual interrumpió el suministro eléctrico en veintiuno de los veintidós departa-
mentos de la República … También en Santa Cruz del Quiché una bomba
destruyó la planta de energía eléctrica del INDE, lo cual ocurre por segunda
vez en un corto lapso, pues el 16 de noviembre pasado nuestra Organización
destruyó instalaciones de energía eléctrica en la misma cabecera departamental
dejando sin suministro a todos los municipios que la rodean”.
1634
Atentados contra obras viales
3852.
Los siguientes hechos reconocidos por la propia insurgencia, mues-
tran los efectos de este tipo de atentados:
“El 27 de enero [de 1982] realizamos operaciones de sabotaje que des-
truyeron totalmente dos puentes que comunican las poblaciones de
San Miguel Uspantán, Nebaj y Chajul en Quiché. En el mismo de-
partamento nuestras fuerzas destruyeron totalmente el puente El Teso-
ro el 18 diciembre pasado”.
1635
“… Además [el 23 de abril de 1982] se sabotearon insistentemente
las carreteras de acceso a la cabecera departamental [Huehuetenan-
go] incendiando y atravesando autobuses en las mismas, al punto
que, según estimaciones de la prensa local, más del 60% del transpor-
te en ese departamento está paralizado”.
1636
3853.
Según información suministrada por la zona militar 19, los puen-
tes destruidos en la ruta interamericana CA-1 en el departamento de Hue-
huetenango en 1982 fueron: el puente Pucal ubicado en el kilómetro 243;
1633 Ibid.
1634 EGP, Informador Guerrillero, publicación quincenal, No.2, 16 de enero de 1982 al 31 de enero
de 1982.
1635 EGP, Informador Guerrillero, publicación quincenal, No.2, 16 de enero de 1982 al 31 de enero
de 1982.
1636 EGP, Informador Guerrillero, publicación quincenal, No.6, 16 de abril de 1982 al 1 de mayo de
1982.
508
el puente San Juan, ubicado en el kilómetro 280, el puente Chanjón, ubi-
cado en el kilómetro 295, el puente El Cable, ubicado en el kilómetro 308,
y el puente El Boquerón, ubicado en el kilómetro 315.
1637
3854.
La mayoría de estos sabotajes fueron admitidos por el EGP; por
ejemplo en el caso del puente San Juan lo reconocen de la siguiente mane-
ra: “…el 5 de junio [de 1982], unidades de zapadores de nuestro Frente Er-
nesto Guevara, destruyeron el estratégico puente San Juan, de 55 metros de lon-
gitud, que se encuentra sobre la carretera Interamericana a la altura del kiló-
metro 280, con lo que el tránsito de Guatemala hacia México se encuentra de
nuevo interrumpido”.
1638
3855.
Las tres organizaciones guerrilleras justificaban estas acciones argu-
mentando que afectaban, por un lado, los intereses económicos del Esta-
do y de los sectores productivos, y por el otro, que vulneraban al Ejército.
El EGP explica así su proceder:
“Destruir infraestructura con el concepto de decir vamos a destruir la
infraestructura del país, para dañar el país, eso no. Siempre tenía una
explicación … en relación a la guerra que estábamos viviendo y en re-
lación al momento táctico que para qué íbamos a volar este puente, sí
lo íbamos a volar para que el Ejército no pasara y para que no siguie-
ra con su barbarie … para cortarle el avance y la retirada…”
1639
“Volca[mos] todos los puentes para que no entrara el Ejército fácil-
mente a destruir…”
1640
“Pero lo que es de Nentón para el norte, la carretera se cerró [finales
81 inicio 82], no entraba el Ejército, no entraba ninguna autori-
dad, estaban cortados los postes de telegrafía que eran los medios de
comunicación que habían aparte de la carretera”.
1641
“[El 18 de di-
ciembre de 1982] realizamos una acción de sabotaje contra dos
puentes de la carretera a la altura del Parcelamiento Santo Tomás,
Ixcán. Esta acción impidió la movilización de vehículos militares en
Playa Grande”.
1642
1637 Ejército de Guatemala, Zona Militar 19, “Asesinatos y violaciones a los derechos humanos a tri-
buidos a la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) en el departamento de
Huehuetenango”, informe entregado a la CEH, 10/10/97, pgs. 1 y 2.
1638 EGP, Informador Guerrillero, publicación quincenal, No.9, 1 de junio de 1982 al 15 de junio de
1982.
1639 Testigo (ex dirigentes del EGP) CEH. (T.C. 146).
1640 Testigo (ex dirigentes del EGP) CEH. (T.C. 154).
1641 Testigo (ex dirigentes del EGP) CEH. (T.C. 145).
1642 EGP, El EGP informa: coyuntura, comunicados, partes de guerra, boletines de prensa, No.4, febre-
ro de 1983.
509
3856.
Las FAR, por su parte, señala que persiguió los mismos objetivos,
la “…[Obstaculización] de la coordinación, comunicación y movilización de
las fuerzas enemigas, por un lado, y por el otro la obstaculización del desarro-
llo de los procesos productivos que impulsan las clases dominantes”.
1643
Para la
ORPA el objetivo era sobretodo golpear la economía de exportación del
país: “…Después del golpe de Serrano, el sabotaje fuerte que hicimos con OR-
PA fue sobre las vías de comunicación que afectaban directamente a los expor-
tadores, se paralizaba la caña, la exportación de banano y de café…”
1644
Atentados contra bienes civiles propiedad de particulares
3857.
Las propiedades de los particulares, como las fincas y las maquina-
rias, fueron muchas veces objeto de atentados. Según el informe de ANA-
CAFE , entre 1960 y 1996 se realizaron 184 destrucciones de propiedades
de fincas y 100 robos a las mismas.
1645
3858.
Como ejemplo de sabotajes se puede citar el siguiente reporte del
EGP donde se relacionan varios atentados en la ciudad capital de propie-
dades de particulares:
“Unidades de trabajadores en armas de nuestro Frente Guerrillero
Otto René Castillo realizaron, entre muchas otras, acciones de sabota-
je en la ciudad capital, dirigidas contra lujosos edificios que sirven de
sede a negocios y organizaciones gremiales de los grandes ricos explota-
dores … nuestras principales acciones contra los grandes millonarios
consistieron en la virtual demolición [el 21 de diciembre de 1981]
de tres suntuosos edificios: el de la Cámara de Industria, la Torre Pa-
namericana donde funciona el Banco del Café, y el Centro Financie-
ro donde funciona el Banco Industrial … Una semana después, el 28
de diciembre, nuestras unidades sabotearon también con explosivos el
edificio Centro Financiero, en donde está instalado el Banco Indus-
trial y muchas oficinas más. El Centro Financiero ya lo habían sabo-
teado nuestras guerrillas urbanas el pasado 19 de octubre”.
1646
3859.
Las otras organizaciones guerrilleras también realizaron atentados
en la capital, teniendo objetivos variados que incluyeron agencias de avia-
ción y sedes diplomáticas.
1643 Fuerzas Armadas Rebeldes, “Plan para el Frente Tecún Umán”, documento interno de las FAR,
mayo de 1982.
1644 Testigo (ex altos mandos de la ORPA) CEH. (T.C. 209).
1645 ANACAFE, “Informe a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, sobre algunos hechos
delictivos perpetrados en contra del sector agrícola durante el conflicto armado”, 5 de febrero de
1998, pg. 17.
1646 EGP, Informador Guerrillero, publicación quincenal, 16 de diciembre de 1981 al 15 de enero de
1982.
510
“15 septiembre [de 1981]. A las 23:50 horas una Unidad Militar
[de las FAR] colocó una carga explosiva en las instalaciones centrales
de la reaccionaria Corporación Financiera Nacional (CORFINA)
dañando al mismo tiempo las instalaciones de otras instituciones bur-
guesas y transnacionales. Las pérdidas causadas con ese atentado fue-
ron mayores de Q300 mil”.
1647
“[En 1982] …la hermana organización Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias (FAR) realizó varias acciones en los departamentos en don-
de operan, destacando la destrucción con explosivos de las oficinas de
la agencia de aviación hondureña SASHA en la capital de Guate-
mala…”
1648
“Unidades guerrilleras del frente urbano de ORPA atacaron con gra-
nadas y fusilería la sede de la embajada de Honduras en la capital
de Guatemala el 1º de diciembre [de 1983]. La acción se produjo en
protesta por la actitud entreguista del gobierno de Honduras y por el
intervencionismo estadounidense en Centro América”.
1649
“Con fue-
go de fusilería y granadas fue atacada el día 13 de diciembre [de
1983] la Embajada de El Salvador en Guatemala. La acción de
ORPA reportó una baja entre el personal de seguridad de la sede di-
plomática”.
1650
3860.
Las transnacionales sufrieron atentados contra sus instalaciones en
varias partes del país.
“[El 28 de octubre de 1981] saboteamos las instalaciones de la refi-
nería Texaco en la carretera al Puerto San José … La transnacional
Texaco se ha distinguido en todos los países de Centroamérica por su
política de rapiña, chantaje, manipulación de precios y represión a los
trabajadores”.
1651
El 2 de febrero de 1990 en la aldea Sabaneta, del municipio de Dolo-
res, departamento de Petén, miembros de las FAR quemaron cuatro ca-
miones cisterna que transportaban combustible de propiedad de la com-
pañía ESSO, que se dirigían a la cabecera departamental de Flores.
1652
1647 Fuerzas Armadas Rebeldes, “Organo Informativo”, Edición Internacional, No.17, 01/12/81, pg.
4.
1648 EGP, Informador Guerrillero, No.12, Guatemala, 31 de julio de 1982, pg. 4.
1649 EGP, Informador Guerrillero, Año III, No.30, Guatemala, 1984, pg. 5.
1650 Ibid, pg. 6.
1651 EGP, Partes de Guerra, noviembre de 1981.
1652 Denuncia presentada por la comunidad de la aldea Sabaneta, 27 de agosto de 1990 a la Procu-
raduría de Derechos Humanos, en el informe entregado a la CEH compilado por la Asociación
Nacional del Café, Tomo IV.
511
3861.
Las acciones de sabotaje en contra de las fincas fueron las más ge-
neralizadas y comunes a las tres organizaciones.
3862.
En varios partes de guerra del EGP se reconocen las acciones con-
tra estas propiedades. Por ejemplo, el 18 de enero de 1982 miembros del
Frente Luis Turcios Lima tomaron la finca Santa Marta, Santo Domingo,
Suchitepéquez, ejecutaron a dos personas y sustrajeron varias armas; el 27
de enero de 1982 miembros del mismo Frente ocuparon la finca San Ra-
fael, Suchitepéquez, destruyeron varios tractores y sustrajeron armas; el 5
de febrero de 1982 destruyeron varios tractores y cabezales en la finca San
Cristóbal Pantaleón, en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
1653
“La economía de los terratenientes que apoyan al gobierno genocida
de Lucas ha sido continuamente saboteada por nuestras Organizacio-
nes Guerrilleras hermanas. El 27 de enero [de 1982] en el beneficio
de café La Esperanza, cerca de Antigua Guatemala, capital del depar-
tamento de Sacatepéquez, bombas incendiarias calcinaron 3.500 qq.
de café y los edificios que los guardaban…”
1654
3863.
Los partes de guerra de las FAR también mencionan este tipo de
acciones. En uno del 9 de marzo de 1982 se lee: “Finca La Negra, propie-
dad de un esbirro, miembro de escuadrón de la muerte. Acción de sabotaje,
quema de instalaciones y maquinaria, colocación de mantas”.
1655
“7 de abril
[de 1982], Cooperativa Tikalito en finca Acumat, Petén. Acción de propagan-
da armada, sabotaje a las instalaciones y maquinaria agrícola, recuperación de
una escopeta calibre 12, una escuadra, un rifle 22”.
1656
3864.
La ORPA también llevó a cabo varios atentados contra las fincas.
“Del 25 de junio al 21 de julio [1982], fuerzas guerrilleras de OR-
PA incendiaron la finca El Matasano, en el Quetzal; la finca Pano-
rama, en San Rafael Pie de la Cuesta; dos tractores de la finca Caro-
lina y la finca Platanillo, en el Tumbador, San Marcos. Todas estas
fincas fueron incendiadas por colaborar con el Ejército y en la finca
Platanillo se recuperó equipo militar”.
1657
1653 EGP, Informador Internacional, No.2, 1982, pgs. 10-11.
1654 EGP, Informador Guerrillero, publicación quincenal, No.2, 16 de enero de 1982 al 31 de enero
de 1982.
1655 Fuerzas Armadas Rebeldes, “20 Años de Lucha Ininterrumpida”, 1963-1983, 7 de febrero de
1983.
1656 Fuerzas Armadas Rebeldes, “20 Años de Lucha Ininterrumpida”, 1963-1983, 7 de febrero de
1983.
1657 EGP, “El EGP informa: coyuntura, comunicados, partes de guerra, boletines de prensa”, No.2,
septiembre de 1982.
512
También hubo atentados contra el transporte privado. Un comunica-
do de prensa de las FAR fechado el 30 de mayo de 1983, menciona la si-
guiente acción realizada el 17 de mayo de 1983 por el Regional Norte.
“A las 9 horas de ese mismo día, una unidad de la guerrilla Rigober-
to Florián tomó un tramo de la carretera que de Flores conduce a San-
ta Ana, en el departamento de Petén. Se procedió a bajar a los pasa-
jeros y se hizo un mitin … Posteriormente se prendió fuego al vehícu-
lo quedando totalmente destruido. El sabotaje se efectuó a la Empre-
sa Pinita que se ha caracterizado por haber monopolizado el transpor-
te extraurbano de la región, perjudicando así a los pequeños transpor-
tistas, y además por el mal trato a los usuarios”.
1658
3865.
Estos atentados, los realizados contra obras viales, también fueron
objeto de justificación por parte de las organizaciones insurgentes. El EGP
explica que estos actos tenían como finalidad: “…dañar o destruir en diver-
sos grados y formas las fuentes económicas del adversario de clase”,
1659
y “…se
dirige[n] contra la maquinaria y los medios de producción de los finqueros que
desplazan mano de obra, condenando a las familias trabajadoras al desempleo,
el sabotaje contra las avionetas fumigadoras que envenenan a los trabajadores
y sus familias, el sabotaje contra los cascos de las fincas utilizados como centros
de operaciones y entrenamiento por el ejército y cuerpos represivos…”
1660
3866.
Las FAR señalan sobre el particular:
“Nuestros regionales del Sur y de Occidente han realizado acciones de
sabotaje, hostigamiento, propaganda y ajusticiamiento de esbirros.
Los sabotajes se han dirigido en contra de las explotaciones agropecua-
rias e industriales de los grandes terratenientes y burgueses de la re-
gión. Cientos de manzanas de caña de azúcar han sido quemadas por
nuestros combatientes, también se ha destruido maquinaria, instala-
ciones, vehículos terrestres y aviones. En una acción nuestras fuerzas
lograron incendiar más de diez mil pacas de algodón que estaban lis-
tas para su exportación, allí le causaron pérdidas millonarias al ene-
migo explotador”.
1661
3867.
La ORPA explica así los actos realizados contra propiedades de los
particulares.
1658 FAR, Comunicado de Prensa, Guatemala, 30 de mayo de 1983.
1659 EGP, Informador Guerrillero, publicación quincenal, No.2, 16 de enero de 1982 al 31 de enero
de 1982.
1660 EGP, Compañero, órgano de difusión internacional del EGP, No.6, julio de 1982.
1661 Fuerzas Armadas Rebeldes, Las FAR informan, en “Guatemala en Lucha”, julio de 1981.
513
“Hubieron quemas de fincas, ¿por qué? Porque en las fincas era un es-
tado tal de cosas … los finqueros no pagaban ni siquiera el salario mí-
nimo estipulado por la ley. Vivían en condiciones terribles los traba-
jadores, entonces empezamos una larga campaña de toma de fincas
que además tenía una razón muy concreta, que era exigir tres cosas:
el pago del salario mínimo, mejores condiciones de vida y no robo en
la medida y el peso de la tarea … Nosotros poníamos una condición,
el finquero que no cumpliera estas tres condiciones y que además de
eso, para resguardarse, como casi siempre sucedía cuando no querían
cumplir, que llamaran al Ejército para que amenazara o amedrenta-
ra a la población que se acercaba a nosotros, nosotros tomábamos la
medida de quemar las instalaciones de la finca”.
1662
El pillaje
3868.
En las diferentes operaciones militares realizadas por la guerrilla, en
algunas ocasiones, sus miembros llegaron a realizar actos de pillaje. Varias
aldeas de la cumbre de Aguacatán, localizadas a poca distancia de los bas-
tiones guerrilleros en Nebaj, sufrieron presencia de los alzados, que les ro-
baron bienes para su uso.
1663
“La guerrilla nos obligaba. No pagaban. No tenían dinero. Robaban
vacas, gallinas. Tuvimos que dejar comida a la guerrilla”.
1664
3869.
En la ciudad capital durante 1982 se presentaron hechos con igua-
les características.
“En 82 se llamaba de recuperación económica casi a cualquier cosa,
es un momento de descontrol orgánico…”
1665
“…si no eran ya estar en
el bandolerismo, era estar muy cerca de esto, el terror por el terror, la
pérdida de perspectiva … Hacen secuestros económicos y realizan al-
gunas actividades, pero ya sí es la época en la que lo fundamental de
la actividad era la sobrevivencia, ya asaltar gasolineras, farmacias,
pollos campero, autobuses. Ya la degeneración en el bandolerismo era
fuerte…”
1666
3870.
Estos actos fueron incluso objeto de curiosas interpretaciones por
parte de los comandantes guerrilleros.
1662 Testigo (ex altos mandos de la ORPA) CEH. (T.C. 163).
1663 Testimonio colectivo, de Paujil País, Paujil Chex, Quilén Novillo. Aguacatán. Huehuetenango.
1664 Testigo (familiar de ex jefe de patrullas, Zacapa) CEH. (T.C. 20).
1665 Testigo (ex alto mando del EGP) CEH. (T.C. 23).
1666 Ibid.
514
“Dentro de las anécdotas terribles, cuando se toma parte de lo que era
la Policía Nacional, la Guardia de Hacienda y la PMA en Sololá,
1667
sí se recupera una serie de armas, muchas eran armas viejas, inservi-
bles, pero de pronto uno de los que entra, viene saliendo con una má-
quina de coser e improvisa el mecapal. Una operación militar, contra
un puesto de policía, incluso donde habían armas, pero él en su men-
talidad campesina y de gente pobre, y de casi repartirse un botín, en-
tre cargar cuatro escopetas o llevarse una máquina de coser, se llevó la
máquina de coser”.
1668
XXVI. INFRACCIONES COMETIDAS
EN OPERACIONES MILITARES
3871.
Los hechos de violencia no se presentaron exclusivamente dentro
del contexto del enfrentamiento armado. En las operaciones militares se
produjeron hechos que afectaron a la población civil no combatiente. Al-
gunos de estos casos, que se expondrán a continuación, tratan de los civi-
les muertos o heridos
1669
en hostilidades, es decir, como víctimas de ataques
que en principio eran dirigidos por miembros de la guerrilla contra com-
batientes u objetivos militares. Otros son los civiles muertos o heridos por
colocación de minas, bombas trampa u otros artefactos; estas armas con-
vencionales que pueden considerarse como excesivamente nocivas y de
efectos indiscriminados, también fueron utilizadas por la guerrilla y por
sus características afectaron a civiles que no participaban en el conflicto. Fi-
nalmente, se quiere mencionar otros casos de civiles que fueron obligados
por elementos de los grupos guerrilleros a migrar de manera forzosa de su
residencia o de su sitio habitual de trabajo, y que durante su desplazamien-
to murieron por causas diversas como enfermedad y hambre, entre otras.
Civiles muertos o heridos en hostilidades
3872.
Durante las operaciones militares planificadas por las organizaciones
guerrilleras contra el Ejército, tales como emboscadas y combates, en algu-
nas ocasiones miembros de la población civil resultaron afectados. Se dieron
hechos en que quienes no participaban en los enfrentamientos, resultaron
muertos y heridos. Las tres organizaciones realizaron acciones de estas carac-
terísticas, que se sucedieron sobre todo durante la década de los ochenta.
1667 La toma de la cabecera departamental de Sololá por parte de la ORPA ocurrió el 28 de octubre
de 1981.
1668 Testigo (ex alto mando del EGP) CEH. (T.C. 23).
1669 La CEH entiende por herido a cualquier persona que esté inconciente o incapacitada a causa de
perforación o desgarramiento en algún lugar de su cuerpo.
515
3873.
La toma de la cabecera departamental de Sololá, el 27 de octubre
de 1981, según testigos presenciales, fue una experiencia terrorífica. Al
principio cuando escucharon el tiroteo, pensaban que eran cohetes, pues-
to que el 28 de octubre es la Fiesta de San Simón. Pero cuando siguió la
balacera se dieron cuenta que era un combate. La gente que se encontraba
paseando o trabajando en el centro urbano se escondió donde pudo. Sin
embargo algunos civiles fueron muertos por el EGP, incluyendo una niña
de sexto de primaria y el director de la Escuela Tipo Federación, miembro
de la corporación municipal, “la guerrilla entró y le ametrallaron”.
1670
“Allí atacamos puestos de fuerzas represivas, demolimos instalaciones
gubernamentales, le causamos bajas al enemigo, entre ellas el gober-
nador departamental y el jefe de la Policía local…”
1671
3874.
El 11 de junio de 1982 el EGP tomó la aldea de Las Pacayas del
municipio de San Cristóbal Verapaz. La acción de la guerrilla produjo co-
mo respuesta un combate con las PAC que arrojó como resultado cerca de
35 personas muertas, la mayoría civiles.
“En este enfrentamiento hubo 22 guerrilleros muertos, el Ejército no
reportó bajas, un promedio de 19 a 20 personas muertas civiles”.
1672
Civiles muertos o heridos por colocación
de minas, armas trampas u otros artefactos
3875.
Las minas, trampas y otros artefactos, al no estar dirigidas de for-
ma directa contra un objetivo militar, representan un peligro para la po-
blación civil; no sólo durante la época de hostilidades donde existe una po-
sibilidad real de ocasionar un mayor número de víctimas, sino inclusive
después de finalizado el conflicto armado, pues hasta no haber sido retira-
das el peligro no cesa.
“La mina puede describirse como un combatiente que nunca yerra el
blanco, que ataca a ciegas, que no porta armas abiertamente y que
puede causar víctimas mucho después de que hayan cesado las hosti-
lidades. En resumen, este artefacto, que practica un terrorismo ini-
maginable, es el mayor violador del derecho internacional humani-
tario”.
1673
1670 Testigo (destacado vecino de Sololá) CEH. (T.C. 278).
1671 EGP, Compañero, revista internacional del Ejército Guerrillero de los Pobres, no 5, enero de
1982
1672 C 9241. 1981. San Cristobal, Alta Verapaz.
1673 Opinión de un ex delegado del CICR en Gerald C. Cauderay, Las minas antipersonal en “Re-
vista Internacional de la Cruz Roja”, Ginebra, julio de 1993 a agosto de 1993, pgs. 289-305.
516
3876.
Las organizaciones guerrilleras recurrieron a este tipo de armas y
por su carácter indiscriminado causaron muertos y heridos dentro de la
población civil. La CEH pudo contrastar algunos casos que se reportan a
partir de la década de los ochenta en regiones donde los tres grupos insur-
gentes tuvieron presencia armada.
3877.
A raíz del desplazamiento forzado que se vio obligada a realizar la
familia Caal Pacay, como resultado de una operación militar desarrollada
en octubre de 1982 en el parcelamiento Chisubín, del municipio de Lan-
quín, Alta Verapaz, lograron internarse en las selvas de Petén. Una noche,
José Caal Pacay, enredó su pie en una pita que había en la espesura y cre-
yendo que se trataba de un bejuco, tiró el pie cuando se escuchó una tre-
menda explosión y con la luz de la detonación se vio “volar” el cuerpo de
José hecho pedazos.
1674
3878.
El 20 de agosto de 1984 en la aldea Barranca de Gálvez, munici-
pio de San Marcos, departamento de San Marcos, el menor de 12 años Ed-
gar Gabriel Rodríguez resultó herido por la explosión de una granada de
fragmentación lanzada por los guerrilleros quienes la tiraron al advertir cer-
cana a sus campamentos la presencia del niño.
1675
3879.
El 15 de enero de 1990 miembros de la guerrilla realizaron una “ta-
pada”
1676
en la carretera que comunica San Lucas y Santa Rosa en Ixcán,
Quiché. Cuando varias personas procedieron a desbloquear la carretera, al
mover el último tronco de madera que obstaculizaba el paso, estalló una
mina. Como consecuencia de la explosión murieron Antonio Martínez
Castañeda, Eduardo Morales y otra víctima mortal sin identificar; también
resultaron heridas siete personas.
1677
3880.
El 30 de marzo de 1992 en la aldea San Lucas Ixcán como efecto
de una mina Claymore resultó muerto el menor Enrico Pelico Herrera, de
14 años, y herido su hermano Anacleto Pelico Herrera.
1678
“Fue un día martes 3, salió de la comunidad de Sacuchum, Dolores,
y en el trabajo le detonó una bomba un día jueves 5 de marzo de
1995. Julio Eliseo Ramos Gómez, de 19 años … había ido a traba-
jar al corte de mimbre en la finca El Porvenir, San Pablo [departa-
mento de San Marcos] … era un trabajo por su cuenta. Iban con
otros compañeros e iba otro, mi hijo con él, Emilio Moisés Ramos …
Le trajeron al hospital de San Marcos y luego le trasladaron para Xe-
1674 C 12012. Octubre, 1982. Lanquín, Alta Verapaz.
1675 C 7062. Marzo, 1984. San Marcos, San Marcos.
1676 Expresión utilizada para referirse al bloqueo de una carretera con palos y piedras.
1677 C 11138. Enero, 1990. Ixcán, Quiché.
1678 Denuncia presentada el 12 de agosto de 1993 a la Auxiliatura de la Procuraduría de los Dere-
chos Humanos, en el informe entregado a la CEH compilado por la Asociación Nacional del
Café, Tomo IV.
517
la pero no le recibieron porque iba de gravedad, entonces lo manda-
ron a Guatemala al hospital general y ahí falleció … Fue una bom-
ba porque a él le destruyó su cabeza … Ellos venían en una vereda y
al pararse ahí le estalló la bomba, … A Emilio solo le lastimó la es-
quirla, pero Eliseo se paró directamente en la bomba, por eso fue que
le causó más daño … Falleció un día viernes 6 de mayo … Pues el
que ponía las bomba era la guerrilla más bien … como les buscaba
mucho el Ejército … Y ellos [las víctimas] por necesidad se iban a me-
ter mucho ahí, para trabajar…”
1679
Civiles muertos por desplazamiento
3881.
Durante el enfrentamiento armado, miembros de las organizacio-
nes guerrilleras de manera forzada obligaron a los residentes de algunas co-
munidades a abandonar sus hogares. Durante esa migración, algunas per-
sonas fallecieron por diversas causas; por abandono, enfermedad, hambre,
entre otras. A continuación se presentan tres casos recogidos por la Comi-
sión, en los años y regiones donde fue más grave el conflicto, que corres-
ponden al EGP.
En 1981 miembros de la guerrilla obligaron a un grupo de civiles de
la comunidad San Juan Chactelá del municipio de Ixcán, Quiché, a que
los acompañaran a sus campamentos en la montaña. Las hermanas Cata-
lina y Magdalena Che Hub, de seis y siete años respectivamente, que fue-
ron constreñidas junto con sus padres a seguir a la guerrilla, no resistieron
la larga y rápida caminata, por lo que fueron abandonadas en un camino
de la montaña sin que hasta la fecha se conozca de su suerte final.
1680
En un día de 1982 miembros del EGP entraron disparando en la co-
munidad de Santa María Candelaria, Ixcán, Quiché, y procedieron a que-
mar las humildes viviendas de los campesinos, cinco en total. Ante tales he-
chos tuvieron que abandonar su lugar de residencia e irse “sólo con lo que te-
nían puesto y cargando a sus tres hijos menores”, a San Luis, Valle I, Ixcán. Es-
tando en el lugar se encontraron sin nada con que alimentar a los menores
y a la intemperie, por lo que éstos enfermaron de sarampión. Cuando el
padre regresó se encontró con que uno de sus hijos había fallecido y que ya
lo habían enterrado. Pasadas 48 horas, murió el segundo, y el tercero ocho
días después. Dice la madre que no se podía comprar medicinas porque la
guerrilla tenía sitiada totalmente a la comunidad y no permitía ni la salida
ni la entrada de personas. En esa ocasión se desató una epidemia de saram-
pión y murieron al menos 45 niños, “a diario enterrábamos a cuatro”.
1681
1679 C 7018. Marzo, 1995. San Pablo, San Marcos.
1680 C 11534. 1981. Ixcán, Quiché.
1681 C 11527. 1982. Ixcán, Quiché.
518
En otro caso, un declarante afirmó haber sido amenazado si no salía de
su aldea con los demás miembros de la comunidad: “Me dijo [un miembro
de la guerrilla], si no, tal vez vas a pasar información sobre nosotros al Ejérci-
to. Por eso yo, forzosamente, tenía que huirme también”.
1682
3882.
Asimismo la guerrilla perpetró casos en que restringió la libertad de
circulación. Un testimonio colectivo recogido en Santiago, Ixcán, Quiché,
dice lo siguiente: que ocurrió a principios de la década de los ochenta.
“La organización con los guerrilleros significaba que ellos casi no nos
dejaban trabajar. Nos ordenaron de siempre estar pendientes en nues-
tro lugar y encargaron un grupo en la aldea para vigilar que nadie en
la comunidad saliera. No podíamos salir a trabajar en otra parte por-
que la guerrilla tenía miedo de que alguien pudiera ir a la zona mi-
litar para denunciar”.
1683
1682 C 6017. Septiembre, 1982. San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
1683 C 6019. 1982. Barillas, Huehuetenango.
Apéndices
NÚMERO DE MASACRES POR DEPARTAMENTO
PERPETRADAS POR FUERZAS DEL ESTADO
(1962-1996)
1
FUENTE: CEH, Base de datos; total de masacres perpetradas por fuerzas del Estado: 626; 1 masacre no fue
posible identificar el departamento.
520
2
El sujeto colectivo en el derecho internacional, y sus derechos: grupo racial, étnico, nacional, religioso,
lingüístico; minorías, poblaciones, pueblos indígenas
Instrumento
1 Convenio sobre el
Instituo Indigenista
Interamericano
2 Carta de la OEA
3 Carta
Interamericana de
Garantías Sociales
4 Declaración
Universal de los
Derechos Humanos
Sujeto protegido
“Masas indígenas"
Población aborigen,
indio/s, tribus,
agrupaciones
autóctonas
–Individuos.
–Indirecto:
grupos
étnicos,
raciales,
lingüísticos,
religiosos,
nacionales, etc.
Contenido: derechos protegidos
Aprobación del Convenio que crea el Instituo Indigenista Interamericano y la adhe-
sión que hizo el Gobierno de Guatemala el 29-10-1945.
Art. 74, d)
“Promover igualmente la adopción de programas especiales de instruc-
ción, educación y cultura para las masas indíginas de los países americanos”.
Art. 39.
“En los países donde exista el problema de la población aborigen se adop-
tarán las medidas necesarias para prestar al indio protección y asistencia, amparán-
dolo de la opresión y la explotación, protegiéndolo de la miseria y suministrándole
adecuada educación. // El Estado ejercerá su tutela para preservar, mantener y de-
sarrollar el patrimonio de los indios o de sus tribus, y promoverá la explotación de las
riquezas naturales, industriales, extractivas o cualesquiera otras ... en el sentido de
asegurar, cuando sea oportuna, la emancipación económica de las agrupaciones
autóctonas. // Deben crearse instituciones o servicios para la protección de los in-
dios, y en particular para hacer respetar sus tierras, legalizar su posesión por los mis-
mos y evitar la envasión por parte de extraños”.
Art. 2.1.
“Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
politica o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, na-
cimiento o cualquier otra condición”.
Art. 18.
“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y
de religión ... de manifestarla individual o colectivamente...”
Art. 26.2.
“La educación ... favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad en-
tre... todos los grupos étnicos o religiosos...”
Vigencia
internacional
Para varios Estados
americanos,
1-11-1940
OEA
2-5-1948
OEA 2-5-1948
ONU, 1948
Vigencia para
Guatemala
Decreto de
aprobación 269:
10-8-1946
2-5-1948
2-5-1948
1948
521
2
Instrumento
5 Declaración
Americana de los
Derechos y Deberes
del Hombre
6 Convención para la
Prevención y la
Sanción del Delito
de Genocidio
7 Cuatro Convenios
de Ginebra de 1949,
referidos al derecho
humanitario en la
guerra
8 Convenio 107 de la
OIT
Sujeto protegido
–Individuos
–Indirecto:
grupos
raciales,
linguísticos,
religiosos
Grupo
nacional,
étnico, racial o
religioso
Directo:
individuos.
Indirecto:
Grupos de una
raza, color,
religión,
creencias
Poblaciones
indíginas,
tribales y
semitribales
Contenido: derechos protegidos
Art. II .
“Todas las personas son iguales ante la Ley y tiene los deberes y derechos
consagrados en esta Declaración sin distinción de raza, sexo idioma, credo ni
otra alguna.”
Art. III.
“Toda persona tiene el derecho de profesar libremente una creencia religiosa
y de manifestarla y practicarla en público y en privado".
Art. XIII.
“Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la cu-
munidad...”
Art. I
"Las Partes Contratantes confirman que el genocidio, ya sea cometido en tiem-
pos de paz o en tiempos de guerra, es un delito de derecho internacional que ellas
se comprometen a prevenir y sancionar".
Art. II.
“...se entiende por genocidio cualquiera de los actanos mencionados a conti-
nuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente a un grupo
nacional, étnico, racial o religioso, como tal:
a) Matanza de miembros del grupo; b) lesión grave a la integridad física o mental de
los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de exis-
tencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas para
impedir nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por fuerza de niños del grupo
a otro grupo”.
Art. 3 común a los 4 convenios:
“En caso de conflicto armado sin carácter internacio-
nal que surja en el territorio de una de las Altas Partes contratantes, cada una .... ten-
drá la obligación de aplicar, por lo menos, las disposiciones siguientes: 1. Las perso-
nas que no participen directamente en las hostilidades, incluso los miembros de las
fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas que hayan quedado
fuera de combate ... serán en toda circunstancia, tratadas con humanidad, sin distin-
ción alguna de carácter desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o las
creencias, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo”.
Protección e
“integración”
de las poblaciones indígenas. Derechos relativos a tie-
rras, constratación y condiciones de empleo, seguridad social, educación, derecho
consuetudinario, etc.
Vigencia
internacional
OEA ,1948
ONU, Adoptada el
9-12-1948, en vigor
desdes 12-1-1951
ONU Conferencia
Diplomática
Internacional,
Ginebra, abril-agosto
de 1949
OIT, aprobado el
26-6-57
Vigencia para
Guatemala
1948
Aprobada por
Decreto 704 del
30-11-1949
Depósito:13-1-1950
Publicada el 6-1-1950
Decreto 881 del
16-4-1952
Depósito: 14-5-1952
Publicación: 1-2 y
3-9-1952
No fue ratificado
522
2
Instrumento
9 Convenio 111 OIT
relativo a la
Discriminación en
materia de Empleo y
Ocupación
10 Convención Relativa
a la Lucha contra
las Discrimanciones
en la Esfera de la
Enseñanza
11 Convención
Internacional sobre
la Eliminación de
todas las Formas de
Discrimanación
Racial
Sujeto protegido
Trabajadores
Individuos y grupos
Miembros de
minorías nacionales,
raciales, religiosas,
lingüísticas
Personas, grupos o
instituciones que
pertenezcan a una
raza, color, linaje u
origen nacional o
étnico
Contenido: derechos protegidos
Art. 1.
“…el término discriminación comprende: a) Cualquier distinción, exclusión o
preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión politica, as-
cendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igual-
dad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”.
Art. 1.
“…se entiende por ‘discriminación’ toda distinción, exclusión, limitación o
preferencia fundada en la raza, el color, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opi-
niones políticas o de cualquier índole, el origen naciona o social, la posición econó-
mica o el nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la igual-
dad de trato en la esfera de la enseñanza, y en especial: a) Excluir a una persona o
a un grupo del acceso a los diversos grados y tipos de enseñanza, b) Limitar a un
nivel inferior la educación de una persona o de un grupo … d) Colocar a una perso-
na o a un grupo en una situación incompatible con la dignidad humana…”
Art. 5.1.
a) La educación debe fomentar la comprensión, la tolerancia y la amis-
tad entre todos los grupos raciales o religiosos.
Art. 5.1.
c) “…debe reconocerse a los miembros de las minorias nacionales el de-
recho a ejercer actividades docentes que les sean propias … emplear y enseñar en
su propio idioma…”
Art. 1.1.
“la expresión ‘discriminación racial’ donotará toda distinción, exclusión,
restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o
étnico que tenga por objeto menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en con-
diciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las
esferas política, económica y social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pú-
blica”.
Art. 3. Estados prohibirán y elimanarán la segregación racial y el
apartheid.
Art. 4. Estados declararán como acto punible el odio racial, propaganda, organiza-
ción y actos de violencia contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u
origen étnico.
Art. 14.
“Todo Estado podrá declarar en cualquier momento que reconoce la compe-
tencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones de persona o grupos de
personas…”
Vigencia
internacional
ONU, OIT,
en vigor desde
el 15-6-1960
ONU, UNESCO,
adoptada el
14-12-1960,
en vigor: 22-5-1962
ONU,
adoptada el
21-12-1965
En vigor desde el
4-1-1969
Vigencia para
Guatemala
Decreto-Ley 112-82
del 20-12-1982
Depósito: 4-2-1983
Publicada:
10-3-1983
Vigente desde el
4-5-1983 (según Art.
14, a 3 meses de
depósito de
ratificación)
Aprobada por
Decreto-Ley 105-82,
el 30-11-1982
Depósito: 18-1-1983
Publicada el
6-1-1984
(La declaración del
Art. 14 no ha sido
hecha)
523
2
Instrumento
12 Pacto Internacional
Derechos
Económicos,
Sociales y
Culturales
13 Pacto Internacional
de Derechos Civiles
y Políticos
14 Convención
Americana sobre
Derechos Humanos
Aceptación de la
Competencia de la
Corte
Sujeto protegido
–De modo directo:
Individuos
–Indirecto: grupos
raciales, étnicos,
lingüísticos,
religiosos
Individuos
pertenecientes a
minorías étnicas,
religiosas o
lingüísticas
Directo: Individuos,
Referencial: grupo
de personas (grupo
racial, religioso,
lingüístico, etc.)
Contenido: derechos protegidos
Art. 2.2. Derecho de no discrimanción en el ejercicio de derechos por motivos de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, o cual-
quier otra condición.
Art. 13.1. La educación debe favorecer la comprensión, tolerancia y amistad entre to-
dos los grupos raciales, étnicos o religiosos.
Art. 15.1 Los Estados Partes en el presente pacto, reconocen el derecho de toda per-
sona a: a) participar en la vida cultural.
Art. 2.1. Derecho de no ser discrimando en el ejercicio de derechos por raza, co-
lor, idioma, religión, origen nacional, social, o cualquier otra condición.
Art. 18.3 Libertad de manifestar la propia religión o creencias.
Art. 20.2.
“Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incita-
ción a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”.
Art. 27.
“En los Estados que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no
se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les co-
rresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida
cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma”.
Art. 1. Derecho de no discriminación en el ejercicio de derechos por motivo de ra-
za, color, sexo, idioma, religión ... o cualquier otra condición.
Art. 12. Libertad de conciencia y religión, y de su divulgación colectiva.
Art.13.5
“Estará prohibida por ley ... toda apología del odio nacional, racial o religio-
so que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar
contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de
raza, color, religión, idioma u origen nacional”.
Vigencia
internacional
ONU,
adoptado el
16-12-1966
En vigor desde el
3-1-1976
ONU,
adoptado el
16-12-1966
En vigor desde
23-3-1976
OEA
Vigencia para
Guatemala
Aprobado por
Decreto 69-87 del
30-9-1987
Depósito: 19-5-1988
Publicado: 8-8-1988
Aprobado por
Decreto 9-92, del
19-2-1992
Depósito: 5-5-1992
Publicado el
11-9-1992
Decreto 6-78 del
30-3-78
Depósito: 25-5-78
Publicado: 13-7-78
Competencia
de la Corte:
Acuerdo 123-87
Depósito: 9-3-87
Publicado: 21-8-87
524
2
Instrumento
15 Declaración sobre la
Raza y los
Prejuicios Raciales.
16 Declaración sobre la
Eliminación de
Todas las Formas
de Intolerancia y
Discrimanción
Fundadas en la
Religión o las
Convicciones.
Sujeto protegido
Individuos y grupos
Pueblos
Directo: individuos
Indirecto: colectivos
o grupos
Contenido: derechos protegidos
Art. 1.2.
“Todo los individuos y los grupos tienen derecho a ser diferentes, a consi-
derarse y ser considerados como tales. Sin embargo, la diversidad de las formas de
vida y el derecho a la diferencia no pueden en ningún caso servir de pretexto a los
prejuicios raciales; no pueden legitimar ni en derecho ni de hecho ninguna práctica
discriminatoria, ni fundar la política del
apartheid
que constituye la forma extrema de
racismo.”
Art. 1.3. Derecho de conservar la identidad cultural.
Art. 2.3. Prejuicio racial, vinculado a las desigualdades de poder.
Art. 4.
Apartheid
y otras políticas y prácticas de segregación y discriminación racia-
les contituyen
“crímenes contra la conciencia y la dignidad de la humanidad”.
Art. 6.1.
“El Estado asume responsabilidades primordiales en la aplicación de los de-
rechos humanos y de las libertades fundamentales por todos lo individuos y todos los
grupos humanos en condiciones de plena igualdad de dignidad y derechos”.
6.2 Es-
tado deberá tomar medidas para prohibir y
eliminar el racismo
y (6.3.) crear aparato
administrativo para investigar sistemáticamente los casos de discriminación racial.
Art. 9.1.
“El principio de igualdad en dignidad y derechos de todos los seres huma-
nos y de todos los pueblos, cualquiera que sea su raza, su color y su origen, es un
principio generalmente aceptado y reconocido por el derecho internacional. En con-
secuencia toda forma de discriminación racial practicada por el Estado constituye
una violación al derecho internacional que entraña su responsabilidad internacional”.
Art. I. Libertad de pensamiento, conciencia y religión, y de manisfertarla individual
y colectivamente, en público y en privado.
Art. 2.1. Nadie será objeto de discriminación por motivos de religión o conviccio-
nes.
Art. 2.2.
“…se entiende por ‘intolerancia y discrimanación basada en la religión
o las convicciones’ toda distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en
la religión o en la convicciones y cuyo fin o efecto sea la abolición o el menoscabo
del reconocimiento, el goce o el ejercicio en pie de igualdad de los derechos huma-
nos y las libertades fundamentales.”
Art. 6. Libertades que comprende el derecho.
Vigencia
internacional
ONU,
aprobada y
proclamada por la
Conferencia General
de la UNESCO
(París, XX reunión,
27-11-1978)
ONU,
proclamada en la
Asamblea General de
la ONU, el 25-11-
1981 (Res. 36/55)
Vigencia para
Guatemala
27-11-1978
(p.c.)
25-11-1981
525
2
Instrumento
17 Convención contra
la Tortura y otros
Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos
y Degradantes.
18 Convenio 169 de la
OIT sobre Pueblos
Indígenas y Tribales
en Países
Independientes.
19 Declaración sobre
los Derechos de las
Personas
Pertenecientes a
Minorías Nacionales
o Étnicas,
Religiosas y
Lingüísticas.
Sujeto protegido
Directo: individuos
Indirecto: grupos
discriminados
–Pueblos indígenas-
PI en países
independientes
–Individuos
miembros de PI
Contenido: derechos protegidos
Art. 1.
“…se entenderá por el término ‘tortura’ todo acto por el cual se inflijan inten-
cionalmente a una persona dolores o sufrimiento graves, ya sean físicos o mentales,
con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de casti-
garla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar
o coaccionar a esa persona o a otras, por cualquier razón basada en cualquier tipo
de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un fun-
cionario público u otra personas en el ejercicio de funciones públicas, a instigación
suya, o con su consentimiento o aquiescencia…”
Parte I Art. 1. Definición PI. Art. 2. Protección de los Derechos e integridad de los PI.
mediante acción coordinada entre gobiernos y PI. Art. 3. Ejercicios de los derechos de
los pueblos y de sus miembros. Art. 5. Reconocimiento y protección de valores, prácti-
ca sociales, culturales, religiosas y espirituales. Respeto a la integridad de valores,
prácticas e instituciones de PI. Art. 6. Derecho de Consulta. Art. 7. Decisión y parti-
cipación en desarrollo. Art. 8 y 9. Reconocimiento y respeto del derecho
consuetudinario, costumbres, instituciones, métodos, siempre que no violen dere-
chos humanos. Art. 12 Derecho a recursos legales e intérpretes. Parte II Tierras, III
Contratación y condiciones de empleo, IV Formación profesional, V Seguridad social,
VI Educación, Art 28,3 Derecho a preservar y desarrollar lenguas indígenas.
Art. 1.1.
“Los Estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cul-
tural, religiosa y lingüística de las minorías dentro de su territorio respectivo y fo-
mentarán las condiciones para la promoción de esa identidad”.
Art. 2.1. Personas pertenecientes a minorías
“tendrán derecho a disfrutar su propia
cultura, a profesar y practicar su propia religión, y a utilizar su propio idioma, en
privado y en público…”
Art. 2.3. Derecho de participar en decisiones referidas a la minoria a la que pertenez-
can o la región donde vivan.
Art. 3. Ejercicio de derechos individual o en comunidad.
Art. 4. 2. Desarrollo de la cultura,idioma, religión, tradiciones y costumbres, sal-
vo que tales prácticas violen la legislación.
Art. 4.3. Aprendizaje del idioma materno.
Vigencia
internacional
ONU,
adoptada: 10-12-1984
En vigor: 26-6-1984
ONU, OIT,
adoptado en 1989
Vigente desde 1991
Aprobada por
Asamblea General
Por (Res. 47/135 del
18-12-1982)
Vigencia para
Guatemala
Decreto 52-89 del
12-10-1989
Depósito: 5-1-1990
Publicada: 26-4-1990
Decreto de
aprobación 9-96 del
5-3-1996
Depósito ratificación:
6-6-1996
En vigor: 6-6-1997
(según Art. 38.3, a
un año del registro
de la ratificación).
18-12-1992
526
PROTECCIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS
EN EL DERECHO INTERNO
3
Constitución
o Estatuto
1 Constitución
de 1945
2 Estatuto
Político de la
República de
Guatemala
3 Constitución
de 1956
4 Carta
Fundamental
de Gobierno
5 Constitución
de 1965
6 Estatuto
Fundamental
de Gobierno
7 Constitución
de 1985
Fecha de
vigencia
15-3-1945
Agosto
1954
1-3-1956
9-4-1963
5-5-1966
27-4-1982
14-1-1986
Sujeto
colectivo
Grupos
indígenas,
comunidades
(Art. 84)
Grupos
indígenas
Grupos
indígenas
(Art. 110), y
comunidades
Grupos
indígenas y
comunidades
Grupos
indígenas,
comunidades
indígenas,
grupos étnicos
(Art. 58 y 66)
Derechos protegidos
1.
“Se declara de utilidad e interés nacionales el desa-
rrollo de una política integral para el mejoramiento
económico, social y cultural de los grupos indígenas.
A este efecto pueden dictarse leyes, reglamentos y
disposiciones especiales para los grupos indígenas
contemplando sus necesidades, condiciones, prácti-
cas, usos y costumbres”
(Art. 84).
2. Tierras ejidales y de comunidades son inalienables,
imprescriptibles, inexpropiables e indivisibles (Art. 96).
3. Estado dotará de terrenos a comunidades (Art. 94).
4. Crear instituciones que atiendan el
“problema indíge-
na”
(Art. 137, inciso 15).
5. Cláusula abierta de protección de DDHH (Art. 50)
1. Se deroga toda la Constitución, y todas las leyes en
lo que se opongan al Estatuto (Art. 44).
2. Derechos no enumerados, inherentes a la persona
humana, o cláusula abierta de protección (Art. 17).
1.
“Se declara de interés público el fomento de una po-
lítica integral para promover el desarrollo de la cultu-
ra y el mejoramiento económico y social de los gru-
pos indígenas”
(Art. 110).
2. Cláusula abierta de protección de DDHH (Art. 72).
1. Normas que se opongan a la Carta son inaplicables
(las demás quedan vigentes) (Art. 43).
2. Goce de derechos y garantías tiene como límite las
medidas de seguridad del Gobierno.
1.
“El Estado fomentará una política que tienda al mejo-
ramiento socioeconómico de los grupos indígenas
para su integración a la cultura nacional”.
2. Se dictarán leyes tutelares sobre las tierras de las co-
munidades y grupos indígenas (Art. 133).
3. Cláusula abierta de protección de DDHH (Art. 77).
1. Se deroga la Constitución (Art. 109).
2. Se darán leyes tutelares sobre tierras y bienes de co-
munidades y grupos indígenas (Art. 67).
3. Cláusula abierta de protección de DDHH (Art. 23,20).
1.
“Se reconoce el derecho de las personas y de las co-
munidades a su identidad cultural de acuerdo con sus
valores, su lengua y sus costumbres”
(Art. 58).
2.
“Protección a grupos étnicos … El Estado reconoce,
respeta y promueve sus formas de vida, costumbres,
tradiciones, formas de organización social, el uso del
traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dia-
lectos”.
(Art. 66).
3. Protección especial a tierras de comunidades indíge-
nas (Art. 67).
4. Estado proveerá de tierras a comunidades indígenas
para su desarrollo (Art. 68).
5. Protección de actividades laborales que impliquen
traslación de trabajadores fuera de sus comunidades
(Art. 69).
6. Se dará ley especial (Art. 70).
7. Cláusula abierta de protección de DDHH (Art. 44).
527
NORMAS CONSTITUCIONALES CITADAS
4
Fuente
1 Constitución
de 1945
2 Constitución
de 1956
3 Constitución
de 1965
4 Constitución
de 1985
Titular del
derecho
Grupos indígenas,
comunidades
Grupos Indígenas
Grupos Indígenas
Personas,
comunidades
Grupos étnicos,
grupos indígenas,
comunidades
Contenido del derecho
Art. 84. Se declara de utilidad e interés nacionales el desarrollo
de una política integral para el mejoramiento económico, so-
cial y cultural de los grupos indígenas. A este efecto pueden
dictarse leyes, reglamentos y disposiciones especiales para los
grupos indígenas contemplando sus necesidades, condiciones,
prácticas, usos y costumbres”.
Art. 96. Tierras edijales y de comunidades son inalienables
imprescriptibles, inexpriopables e indivisibles.
Art. 94. Estado dotará de terrenos a comunidades
Art. 137. inc. 15. Crear instituciones que atiendan el
"proble-
ma indígena”.
Art. 87.
“Las artes e industrias populares son elementos de
la cultura nacional y gozarán de especial protección, tendien-
do a conservar su autenticidad artística y a mejorar su pro-
ducción y distribucción”.
Art. 110.
“Se declará de interés público el fomento de una polí-
tica integral para promover el desarrollo de la cultura y el me-
joramiento económico y social de los grupos indígenas”.
Art. 109.
“Las artes e industrias populares, típicas de la Na-
ción gozarán de protección especial por parte del Estado, con
el fin de preservar su autenticidad y promover mayores facili-
dades para su producción y distribución”.
Art. 110.
“El estado fomentará una política que tienda al me-
joramiento socioeconómico de los grupos indígenas pa-
ra su integración a la cultura nacional”.
Art. 109.
“La artesanía e industrias populares típicas de la
Nación, gozarán de protección especial del Estado, con el fin
de preservar su autenticidad y gozarán de las facilidades cre-
diticias necesarias para promover su producción y comercia-
lización. El arte y el folklore nacionales en todas sus mani-
festaciones, gozarán de la misma protección y se cultivarán
en centros de educación públicos y privados”.
Art. 58.
“Identidad Cultural. Se reconoce el derecho de las
personas y de las comunidades a su identidad cultural de
acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres”.
Art. 66.
“Protección de grupos étnicos. Guatemala está forma-
da por diversos grupos étnicos entre los que figuran los indíge-
nas de ascendencia maya. El estado reconoce, respeta y pro-
mueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas
de organización social, el uso del traje indígena en hombres y
mujeres, idiomas y dialectos”.
Art. 57.
“Derecho a la cultura. Toda persona tiene derecho a
participar libremente de la vida cultural y artística de la comu-
nidad”.
Art. 61. Protección de centros arqueológicos.
Art. 62. Protección al arte, folklore y artesanías tradicionales.
Art. 67.
“Protección a las tierras y cooperativas agricolas indí-
genas ... Las comunidades indígenas y otras que tengan tierras
que históricamente les pertenecen y que tradicionalmente han
administrado en forma especial, mantendrán ese sistema.”.
Cultura y derechos socioeconómicos
528
NORMAS CONSTITUCIONALES CITADAS
4
Fuente
1 Constitución
de 1945
2 Constitución
de 1956
3 Constitución
de 1965
4 Constitución
de 1985
Titular del
derecho
Toda persona
Toda persona
Toda persona
Toda persona
Contenido del derecho
Art. 21.
“...se declara ilegal y punible cualquier discriminación
por motivo de filiación sexo, raza, color, clase, creencias reli-
giosas o ideas políticas”.
Garantías individuales, Art. 42.
“Se declara ilegal cualquier
discriminación por motivo de raza, color, sexo, religión naci-
miento, posición económica o social, u opiniones políticas.”
Garantías y derechos individuales, Art. 43
“…Se prohibe
cualquier discriminación por motivo de raza, color,sexo, reli-
gión, nacimiento, posición económica o social, u opiniones
políticas.”
Derechos Humanos. Derechos individuales, Art. 4.
“Libertad
e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son li-
bres e iguales en dignidad y derecho. El hombre y la mujer,
cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales opotunida-
des y responsabilidades...”
El derecho de no discriminación en las constituciones guatemaltecas
Fuente
1 Cosntitución
de 1945
2 Código del
Trabajo de
1947 (vigente
a la fecha
con
modificacio-
nes, el Art. 9
sigue igual).
3 Acuerdos del
3 de Agosto
de 1950
sobre
Alfabetos
para 4
lenguas
indígenas
4 Constitución
de 1956
5 Constitución
de 1965
6 Constitución
de 1985
Titular del
derecho
Personas,
comunidades
Contenido del derecho
Art. 4.
"El idioma oficial de la República es el español."
Art. 9.
" se prohibe el uso de idiomas extranjeros en las órde-
nes, instrucciones, avisos o disposiciones que se den a los
trabajadores.// Los cargos de quienes dirijan o vigilen en for-
ma inmediata la ejecución de labores, deben ser desempe-
ñados por personas que hablen el idioma español, pero si el
trabajo se realiza en una región donde esté extendido el uso
entre los trabajadores de algún dialecto indígena, dichas
personas deben hablar también ese dialecto".
Adopción de alfabetos oficiales de cuatro idiomas indígenas:
caqchiquel, quiché, kekchí y mam.
Art. 5.
"El idioma oficial de la República es el español".
Art. 4.
"El idioma oficial es el español".
Art. 143.
"Idioma Oficial. El idioma oficial de Guatemala es el
español. Las lenguas vernáculas forman parte del patrimonio
cultural de la nación."
Art. 58.
"Identidad cultural. Se reconoce el derecho de las
personas y comunidades a su identidad cultural de acuerdo
a sus valores, su lengua y sus costumbres."
Art. 66
"Protección de grupos étnicos ... El estado reconoce,
Idioma
529
Fuente
Acuerdo
Gubernativo
1046-87 del
23-11-87
Decreto 65-90
del 18-10-90
Código Penal
de 1992
Titular del
derecho
Contenido del derecho
respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradi-
ciones, formas de organización social, el uso del traje indíge-
na en hombres y mujeres, idiomas y dialectos."
Art.76.
"Sistema educativo y enseñanza bilingüe... En las
escuelas establecidas en zonas de presominante población
indígena, la enseñanza deberá impartirse preferentemente
en forma bilingüe."
Disposición transitoria y final 18:
"En el curso de su vigencia,
esta Constitución será ampliamente divulgada en Quiché,
Mam, Cakchiquel y Kekchi."
Oficialización del Alfabeto que corresponde a los 21 idiomas
mayas. se derogan los Acuerdos Gubernativos del 3-8-1950.
Ley de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, se
crea como maxima entidad rectora para la promoción y de-
sarrollo de las lenguas mayas en el país.
Derecho de contar con intérprete o traductor en las declara-
ciones (Art.90,91).
Los actos procesales deberán también realizarse en idioma
indígena y traducidos al español simultáneamente. (Art.142)
Declaración en otro idioma por medio de intérprete o traduc-
tor (Art. 143).
Lista de intérpretes que tendrá la Defensa Pública en diferen-
tes idiomas y dialectos indígenas. (Art.541).
4
Idioma
530
Fuente
1 Constitución
de 1945
2 Constitución
de 1956
3 Constitución
de 1965
4 Cosntitución
de 1985
Titular del
derecho
Toda persona
Toda persona
Iglesias
Toda persona
Iglesias
Toda persona
Iglesias
Contenido del derecho
Art. 21.
"...se declara ilegal y punible cualquier discrminación
por motivo de filiación, raza, color, clase, creencias religio-
sas o ideas políticas."
Art. 29.
"Es libre la profesión de todas las religiones, así
como el ejercicio de todos los cultos, sin preeminencia algu-
na y en el interior de los templos..."
Garantías individuales, Art. 42.
"Se declara ilegal cualquier
discriminación por motivo de raza, color, sexo, religión, na-
cimiento, posición económica y social, u opiniones políticas."
Art. 50.
"Se reconocen como personas jurídicas las iglesias
de todos los cultos, las cuales podrán adquirir y poseer bie-
nes y disponer de ellos, siempre que los destinen exclusiva-
mente a fines religiosos, de asistencia social o a la educa-
ción..."
Art. 51.
"Se garantiza el ejerccico de todas las religiones.
Toda persona tiene derecho a exteriorizar su religión o
creencia., individual o colectivamente, tanto en público como
en privado, por la enseñanza, el culto y la observancia, sin
más limite que la paz y el orden públicos. Las asociaciones
y agrupaciones religiosas y los ministros de los cultos no
pueden intervenir en la política."
Garantías y derechos individuales Art. 43.
"...Se prohibe
cualquier discriminación por motivo de raza, color, sexo, reli-
gión, nacimiento, posición económica o social, u opiniones
políticas."
Art. 66.
“Se garantiza la libertad para el ejercicio de todas
las religiones. // Toda persona tiene derecho a practicar su
religión o creencia, tanto en público como en privado, por
medio de la enseñanza, el culto y la observancia, sin más lí-
mite que la paz moral, el orden público y el respeto debido a
los símbolos patrios. Se prohibe a las asociaciones y agrupa-
ciones religiosas intervenir en política partidista y a los minis-
tros de los cultos militar en ella.”
Art. 67.
“Se reconocen como personas jurídicas la Iglesia
Católica y las de otros cultos y podrán adquirir y poseer
bienes y disponer de ellos siempre que los destinen a fines
religisosos, de asistencia soscial o de educación. Sus bienes
inmuebles gozarán de exensión de impuestos, contribucio-
nes y arbitrios...”
Art. 36.
“Libertad de religión. El ejercicio de todas las reli-
giones es libre.Toda persona tiene derecho a practicar su re-
ligión o creencia, tanto en público como en privado, por me-
dio de la enseñanza, el culto y la observancia, sin más lími-
tes que el orden público y el respeto debido a la dignidad de
la jerarquía y a los fieles de otros credos.”
Art. 37.
“Personalidad jurídica de las iglesias. Se reconoce la
personalidad jurídica de la Iglesia Católica. Las otras igle-
sias, cultos, entidades o asociaciones de cáracter religioso
obtendrán el reconocimiento de su personalidad jurídica con-
forme la regla de su institución y el Gobierno no podrá negar-
lo si no fuese por razones de orden público…”
Religión
4
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Fuente
1 Constitución
de 1945
2 Constitución
de 1956
3 Constitución
de 1965
4 Constitución
de 1985
Titular del
derecho
Toda persona
Toda persona
Toda persona
Toda persona
Contenido del derecho
Art. 40.
“Los habitantes de la Repblica tienen libre acceso an-
te los tribunales para ejercer sus derechos conforme señalan
las leyes..."
Art. 59.
"Toda persona tiene libre acceso a los tribunales pa-
ra ejercer sus acciones de conformidad con la ley..."
Art. 74.
"Toda persona tiene libre acceso a los tribunales pa-
ra ejercer sus acciones de conformidad con la ley..."
Art. 29.
"Libre acceso a tribunales y dependencia del Estado.
Toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependen-
cias y oficinas del Estado, para ejercer sus acciones y hacer
valer sus derechos de conformidad con la ley..."
Acceso a la justicia
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Fuente
1 Constitución
de 1945
2 Constitución
de 1956
3 Constitución
de 1965
4 Constitución
de 1985
Titular del
derecho
Toda persona
Contenido del derecho
Art. 84.
“Se declara de utilidad e interés nacionales el desa-
rrollo de una política integral para el mejoramiento económi-
co, social y cultural de los grupos indígenas. A este efecto
pueden dictarse leyes, reglamentos y disposiciones especia-
les para los grupos indígenas contemplando sus necesida-
des, condiciones, prácticas, usos y costumbres”.
Art. 40, 201.
“Los municipios se rigen por corporaciones mu-
nicipales autónomas, que presiden uno o varios alcaldes.
Tanto las corporaciones como los alcaldes son electos en
forma popular.”
Art. 202. “…Cada municipio organizará su policía local, que
estará exclusivamente bajo las órdenes del Alcalde.”
Art. 164.
“…Los funcionarios municipales actuarán como jue-
ces menores en los casos que establece la ley”.
Art. 192.
“…Los funcionarios municipales actuarán como jue-
ces menores en los casos que establece la ley”.
Art. 241.
“…Los alcaldes municipales actuarán como jueces
menores en los casos y en la forma que establece la ley”.
Art. 259.
“Juzgado de Asuntos Municipales. Para la ejecución
de sus ordenanzas y el cumplimiento de sus disposiciones,
las municipalidades podrán crear de conformidad con la ley,
su Juzgado de Asuntos Municipales y su cuerpo de Policía
de acuerdo con sus recursos y necesidades, los que funcio-
narán bajo órdenes directas del alcalde”.
Art. 203. Exclusividad de la función jurisdiccional por tribuna-
les de justicia del Organismo Judicial.
Art. 58.
“Identidad cultural. Se reconoce el derecho de las
personas y de las comunidades a su identidad cultural de
acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres.”
Art. 66.
“Protección de grupos étnicos. Guatemala está for-
mada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los
indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respe-
ta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones,
formas de organización social, el uso del traje indígena en
hombres y mujeres, idiomas y dialectos.”
Art. 57.
“Derecho a la cultura. Toda persona tiene derecho a
participar libremente de la vida cultural y artística de la co-
munidad.”
Derechos/derecho consuetudinario/costumbres
4
